Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 24 de julio de 2025
Concede en parte la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; así como a los principios de favorabilidad y seguridad jurídica como persona de la tercera edad; toda vez que, el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, a través de Auto de Vista 10/2023-SP1, dispuso declarar procedente los recursos de apelación del Ministerio Público y de la DNA, por lo que, se revocó el Auto Interlocutorio 152/2022, manteniendo incólume su detención preventiva, sin la debida fundamentación y motivación, al no considerar ni valorar íntegramente la prueba documental; agravando su situación jurídica, más aún cuando no se hizo ninguna consideración respecto a su estado de vejez digna. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 07/2023 de 3 de febrero, cursante de fs. 83 a 86 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 10/2023-SP1 de 19 de enero, en relación al riesgo procesal de peligro de obstaculización previsto en el art. 235.2 del Código de Procedimiento Penal, para que en el plazo de cuarenta y ocho horas emita una nueva resolución, siempre y cuando la situación jurídica del accionante no haya cambiado por el transcurso del tiempo, tomando en cuenta lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional; y, 2º DENEGAR la tutela solicitada, con relación al riesgo procesal de peligro de fuga en su vertiente riesgo para la víctima, con base en los fundamentos expuestos.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0807/2025-S3 Sucre, 24 de julio de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 53706-2023-108-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 07/2023 de 3 de febrero, cursante de fs. 83 a 86 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Fidel Tito Mamani contra José Miguel Vásquez Castelo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.
Por memorial presentado el 2 de febrero de 2023, cursante de fs. 36 a 47 vta., el accionante expresó que:
Dentro el proceso penal que le sigue el Ministerio Público y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) del Gobierno Autónomo Municipal de Challapata, por la presunta comisión del delito de violación con agravante, radicado en el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Challapata del departamento de Oruro; el 30 de octubre de 2021, mediante Auto Interlocutorio 271/2021, se dispuso su detención preventiva por el plazo de seis meses. A razón de ello solicitó audiencia de modificación de su situación jurídica, la cual se llevó a cabo el 20 de diciembre de 2022, actuado en el que se dictó el Auto Interlocutorio 152/2022, por el que se determinó la cesación a su detención preventiva; resolución judicial contra la que el Ministerio Público y la incidental en mérito al art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP). El 19 de enero de 2023, en la audiencia de apelación, el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, emitió el Auto de Vista 10/2023-SP1, disponiendo la revocatoria del Auto Interlocutorio 152/2022; sin embargo, “…el Vocal accionando, de manera subjetiva argumenta que no se hubiese presentado prueba a efectos de enervar la naturaleza del hecho, y la vulnerabilidad que tuviese la victima pero los motivos y razones, para mantener concurrente los riesgos procesales fueron otros máxime cuando en la audiencia de cesación, se hubiese presentado nuevos elementos de prueba, que para ese entonces desconocía el juez cautelar” (sic); así también, el Tribunal de alzada celebró dicha audiencia pese a su inasistencia y la de su abogado, tampoco consideró ni valoró íntegramente la prueba adjunta, razón por la cual, emitió una Resolución que carece de fundamentación y motivación, lo cual agravó su situación jurídica, al encontrarse detenido preventivamente, vulnerando su derecho a la libertad y a la vejez digna.
El accionante denunció la vulneración de su derecho a la libertad y al debido proceso; así como los principios de favorabilidad y seguridad jurídica como persona adulta mayor, consagrados en los arts. 23.I, 67, 68, 115 y 116.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 1, 2, 4, 11, 18, 24, 25 y 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH).
Solicitó se conceda la tutela; en consecuencia, se disponga la nulidad del Auto de Vista 10/2023-SP1 y que el Vocal emita una nueva resolución, valorando de manera objetiva y razonable las pruebas ofrecidas en audiencia, debiendo ordenar la restitución de su derecho a la libertad.
Celebrada la audiencia pública el 3 de febrero de 2023, según consta en acta cursante de fs. 77 a 82 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante por intermedio de su abogado ratificó el contenido íntegro de la acción de libertad.
José Miguel Vásquez Castelo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, en audiencia, solicitó se deniegue la tutela, en mérito a los siguientes argumentos: a) La acción de libertad no tiene sustento ni guarda relación alguna con las causales de procedencia dispuestas en el art. 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo); b) Se estableció que la declaración de la víctima constituye prueba fundamental de los hechos, lo cual respaldó citando la SCP 0353/2018-S2 de 18 de julio; c) La audiencia de apelación fue celebrada pese a la ausencia del imputado, lo cual no constituye causal de suspensión y diferimiento del actuado; toda vez que, se encontraba presente su defensa técnica para fundamentar sus alegatos; y, d) El accionante alegó ser inocente, que inclusive su vida estaría en riesgo; empero, no tomó en cuenta la situación de la víctima que es menor de edad y que la tramitación del proceso penal se sustenta sobre base de pruebas.
Orlando Zapata Sánchez, Fiscal Departamental de Oruro, en audiencia mencionó que, si bien no se encuentra demandado con la presente acción tutelar; no obstante, pidió que se tenga presente que el Ministerio Público asistió al actuado, aclarando que, se ausentó del mismo, debido a otra audiencia programada a horas 17:30.
Beymar Chiri Monzón, representante de la DNA del Municipio de Challapata del departamento de Oruro, en audiencia expresó que; si bien, no se encuentra demandado en la presente acción de libertad; empero, se considera tercer interesado, citando el art. 188 del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA); asimismo que, al tratarse de una persona que ha sido sentenciado dentro de un proceso penal por la comisión del delito de violación con agravante, donde la DNA patrocinó la defensa de la víctima -menor de edad-, su actuar se debe por velar dichos intereses.
El Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Oruro, por Resolución 07/2023 de 3 de febrero, cursante de fs. 83 a 86 vta., declaró “improcedente” la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: 1) El accionante hizo alusión que la autoridad demandada emitió una resolución carente de motivación y fundamentación, basada en la vulnerabilidad de la víctima y la última declaración de ésta; omitiendo hacer consideraciones sobre su avanzada edad; 2) La autoridad judicial consideró todas las pruebas al momento de emitir el Auto de Vista 10/2023-SP1; por lo que, resulta infundado lo alegado por el impetrante de tutela; y, 3) Se tiene pendiente de resolución un recurso de apelación restringida a cargo de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; el que dilucida la causa de origen.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Auto de Vista 10/2023-SP1 de 19 de enero, emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, se declaró “PROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por el MINISTERIO PUBLICO así como la DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA y en su mérito REVOCA el Auto Interlocutorio No. 152/2022 de fecha 20 de diciembre de 2022, por lo que en este caso se mantiene firme y subsistente la medidas cautelares de la detención preventiva del citado justiciable quedando subsistente el estado en la cual se encontraba antes de la ameritada resolución” (sic [fs. 29 a 35]).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; así como a los principios de favorabilidad y seguridad jurídica como persona de la tercera edad; toda vez que, el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, a través de Auto de Vista 10/2023-SP1, dispuso declarar procedente los recursos de apelación del Ministerio Público y de la DNA, por lo que, se revocó el Auto Interlocutorio 152/2022, manteniendo incólume su detención preventiva, sin la debida fundamentación y motivación, al no considerar ni valorar íntegramente la prueba documental; agravando su situación jurídica, más aún cuando no se hizo ninguna consideración respecto a su estado de vejez digna. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0336/2025-S4 17 de abril, menciona: «Sobre el particular, la SCP 0621/2020-S4 de 20 de octubre, reiterando a la SCP 0584/2019-S4 de 29 de julio; estableció que: “‘Considerando que las medidas cautelares, ostentan los caracteres de excepcionalidad, instrumentalidad, provisionalidad, temporalidad y variabilidad, provocando que su aplicación y vigencia esté regida por específicos requisitos procesales, cuya verificación de cumplimiento está a cargo de la autoridad jurisdiccional competente que conoce la causa en cada una de las etapas del proceso penal, trasciende la obligación de dichas autoridades, de fundamentar y motivar, suficiente y debidamente la decisión de imponer, modificar o revocar una medida cautelar. Entonces, todas las autoridades jurisdiccionales en general y, específicamente los jueces y tribunales que conocen una solicitud de aplicación de medidas cautelares, deben fundamentar suficientemente sus determinaciones, en ese entendido se pronunció la SCP 0759/2010-R de 2 de agosto, con el siguiente razonamiento: «…la jurisprudencia constitucional ha dejado establecido que el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda resolución sea debidamente fundamentada; es decir, que cada autoridad que dicte una resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma. Consecuentemente, cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho, que vulnera de manera flagrante el citado derecho, que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido o lo que es lo mismo, cuál es la ratio decidendi que llevó al juez a tomar la decisión. En ese entendido, ‘…toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución, tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso sino que también la decisión está normada por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra manera de resolver los hechos juzgados, sino de la forma en que se decidió. Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se tienen los canales que la Ley Fundamental le otorga para que, en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales y así pueda obtener una resolución que ordene la garantía del debido proceso, que faculta a todo justiciable a exigir, del órgano jurisdiccional a cargo del juzgamiento, una resolución debidamente fundamentada, así se ha entendido en varios fallos de este Tribunal, entre ellos, las SSCC 1369/2001-R, 0752/2002-R…’ (…) Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y fondo. En cuando a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas», (SC 1365/2005-R de 31 de octubre). Del referido desglose jurisprudencial, es posible concluir que las autoridades judiciales a quienes les corresponda conocer y resolver la situación jurídica del procesado, deberán efectuar una fundamentación y motivación clara, debida y suficiente, en base a la compulsa de las pruebas y de las normas jurídicas aplicables al caso’”» (las negrillas pertenecen a texto original).
La SCP 0435/2025-S3 de 27 de mayo, menciona: «Sobre el particular, la SCP 0754/2024-S1 de 31 de diciembre precisó que: “El art. 119.I de la CPE, señala que: Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que les asistan, sea por la vía ordinaria o por la indígena originaria campesina. Así mismo la Constitución Política del Estado en su art. 120.I establece que: Toda persona tiene derecho a ser oída por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial,… De igual manera, respecto al derecho que tiene la víctima de intervenir en un proceso penal, el art. 121.II de la Norma suprema, refiere que: La víctima en un proceso penal podrá intervenir de acuerdo a ley, y tendrá derecho a ser oída antes de cada decisión judicial… En ese marco constitucional, incumbe precisar que dentro el derecho penal como aplicación de última ratio, en la cual interviene todo el ius puniendi estatal a través del Ministerio Público para la sanción del ilícito penal, convergen intereses contrapuestos; es decir, por un lado la víctima, denunciante o querellante, incluido el Ministerio Público en delitos de orden público; y por otro lado, está el supuesto autor del delito, que por su condición de inculpado, todo el proceso penal en su contra debe estar rodeado de los principios y garantías constitucionales que aseguren el ejercicio pleno de sus derechos frente a ese ius puniendi del Estado; empero, no se debe perder de vista los derechos de las víctimas que tienen igualdad en la participación penal, y con mucha mayor razón al tratarse de víctimas de violencia sexual; consecuentemente, su participación cobra mayor relevancia para la justicia ordinaria, instancia en la cual tiene la posibilidad de ser oída antes de una decisión por ejemplo, o de prestar su declaración informativa a efectos de su compulsa como medio probatorio dentro el proceso penal. Ahora bien, respecto a los delitos de violencia cometidos en contra de las mujeres, dentro de un proceso penal, se debe tomar presente que para la presentación de las pruebas a producirse por parte de la víctima, debe tomarse en cuenta aspectos fundamentales descritos en la norma especializada al respecto, a lo cual los arts. 92 y 93 de la Ley 348 de 9 de marzo de 2013 (Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia), establece que: ARTÍCULO 92. (PRUEBA). Se admitirán como medios de prueba todos los elementos de convicción obtenidos, que puedan conducir al conocimiento de los hechos denunciados. La prueba será apreciada por la jueza o el juez, exponiendo los razonamientos en que se funda su valoración jurídica. ARTÍCULO 93. (MEDIOS ALTERNATIVOS). Para la presentación de la prueba, la mujer en situación de violencia podrá decidir si se acoge al procedimiento regular o a los medios optativos siguientes: 1. Prestar declaración o presentar pruebas por medios alternativos, sin que comparezca al juzgado. 2. Aportar pruebas en instancias judiciales sin verse obligada a encontrarse con el agresor. En ese marco; tratándose de delitos de violencia sexual, en las que la víctima opte por realizar la declaración, esta debe ser valorada por los operadores de justicia -tribunales, jueces y fiscales- como una prueba fundamental de los hechos denunciados, declaración que debe ser tomada como cierta, pese a que en el fondo de dichas alegaciones puedan existir contradicciones o inconsistencias internas, las que no deben ser tasadas como si el hecho no hubiere existido o que la víctima hubiese mentido en la misma. Así fue entendido en la jurisprudencia emitido por la Corte IDH, así tenemos el Caso Fernández Ortega y Otros Vs. México[26] al indicar: En primer lugar, a la Corte le resulta evidente que la violación sexual es un tipo particular de agresión que, en general, se caracteriza por producirse en ausencia de otras personas más allá de la víctima y el agresor o los agresores. Dada la naturaleza de esta forma de violencia, no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y, por ello, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho. Entendimiento, reiterado por dicha Corte, en el Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú[27] en la Sentencia de 20 de noviembre de 2014, la que determinó que las imprecisiones en la declaración de la víctima no significa que sean falsas o que los hechos carezcan de veracidad, al señalar que: 150…al analizar dichas declaraciones se debe tomar en cuenta que las agresiones sexuales corresponden a un tipo de delito que la víctima no suele denunciar, por el estigma que dicha denuncia conlleva usualmente. La Corte, igualmente, ha tenido en cuenta que las declaraciones brindadas por las víctimas de violencia sexual se refieren a un momento traumático de ellas, cuyo impacto puede derivar en determinadas imprecisiones al recordarlos. Por ello, la Corte ha advertido que las imprecisiones en declaraciones relacionadas a violencia sexual o la mención de algunos de los hechos alegados solamente en algunas de éstas no significa que sean falsas o que los hechos relatados carezcan de veracidad. En ese sentido, en el referido Caso Fernández Ortega y Otros Vs. México, sobre estas imprecisiones en la declaración de la víctima, indicó que: … la Corte considera que no es inusual que el recuento de hechos de esta naturaleza contenga algunos aspectos que puedan ser considerados, a priori, imprecisiones en el relato. No es la primera vez que un tribunal internacional de derechos humanos debe observar eventuales divergencias en los relatos de personas que se refieren a violaciones sexuales de las cuales habrían sido víctimas. Determinaciones asumidas por este este Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 0353/2018-S2 de 18 de julio en su Fundamento Jurídico III.3, al establecer que: Dada la naturaleza de esta forma violencia, no se puede esperar que, dentro de un proceso penal de este tipo, se presenten pruebas gráficas o documentales, y por ello, la declaración de la víctima se constituye en una prueba fundamental sobre los hechos. Concluyendo que en delitos de violencia sexual no es un requisito sine quanon que la víctima presente pruebas documentales, para demostrar los hechos, siendo su declaración la prueba fundamental sobre la existencia del delito, la que debe ser valorada conforme a la naturaleza del hecho. En ese entendido, adelantándose a los posibles actos de contradicciones o inconsistencias en las que pudiese incurrir la víctima de violencia sexual en su declaración, a causa del trauma causado por dicho vejamen, la referida SCP 0353/2018-S2 en el antedicho Fundamento Jurídico III.3, prescribió que. Las contradicciones de la persona víctima de violencia sexual, no pueden reducirse a la conclusión que la víctima hubiere mentido, sino, que deben ser valoradas conforme a la naturaleza del hecho. Por lo que se concluye, que en los procesos penales en las que la víctima de violencia sexual opte por brindar su declaración sobre la existencia de hechos de dicha naturaleza, las autoridades llamadas por ley, deben valorar la referida declaración como prueba fundamental de la comisión del delito, sin que por evidenciar inconsistencias o contradicciones en sus alegaciones, deban juzgárselas a priori como si fueran falsas o que la declaración carece de veracidad y desestimar la denuncia; ya que, al realizar dicho acto por parte de los administradores de justicia, se ingresa en una ineficacia judicial frente a casos de violencia contra las mujeres, propiciando un ambiente de impunidad que promueve la repetición de dichos hechos, enviando un mensaje a la sociedad que la violencia contra las mujeres puede ser tolerada o aceptada, constituyéndose en un acto de discriminación de la mujer en el acceso a la justicia, determinaciones descritas por la Corte IDH en el Caso Veliz Franco y Otros Vs. Guatemala[28], al indicar que: La Corte reitera que la ineficacia judicial frente a casos individuales de violencia contra las mujeres propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general y envía un mensaje según el cual la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad de las mujeres, así como una persistente desconfianza de estas en el sistema de administración de justicia. Dicha ineficacia o indiferencia constituye en sí misma una discriminación [de la mujer] en el acceso a la justicia. Por ello, cuando existan indicios o sospechas concretas de violencia de género, la falta de investigación por parte de las autoridades de los posibles móviles discriminatorios que tuvo un acto de violencia contra la mujer, puede constituir en sí misma una forma de discriminación basada en el género”» (las negrillas corresponden al texto original).
La SCP 0276/2018-S2 de 25 de junio, señaló: “Como se indicó, la detención preventiva debe ser el resultado de una debida fundamentación y motivación de las resoluciones que la disponen, lo cual impide que la autoridad jurisdiccional funde su determinación en meras presunciones, las cuales implican reconocer como cierto un probable acontecimiento, acción o conducta, sin necesidad de probarla. Así, la resolución judicial destinada a aplicar medidas cautelares de carácter personal, tiene que ser el resultado de la valoración integral y razonable de los diferentes riesgos procesales y elementos probatorios; valoración que, además, debe ser objetiva y generar convicción en la autoridad judicial, para sostener que el imputado es con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y que no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad o que existe peligro de reincidencia. En ese contexto, se reitera que ningún peligro procesal debe estar sostenido en presunciones, lo cual implica que, si la autoridad judicial funda su decisión en supuestos como ‘el imputado en libertad podría asumir una determinada conducta’ -propia del peligro de fuga y obstaculización-, tal argumento no satisface la exigencia de una debida motivación; por cuanto, el juzgador debe asumir absoluta convicción para establecer la concurrencia o no de un determinado riesgo procesal; es decir, le corresponde a la autoridad judicial definir si existe o no algún peligro procesal; por consiguiente, lo que no está permitido es que al momento de asumir la decisión respecto a la situación jurídica del imputado, el juez se base en probabilidades, sin sustento en suficientes elementos de convicción valorados objetiva, razonable e integralmente -podría o no podría-; pues, de sustentarse en ellas, se vulnera el debido proceso del imputado, conforme lo entendió la SC 1635/2004-R de 11 de octubre, reiterada por las SSCC 1747/2004-R, 0001/2005-R, 0129/2007-R, 0514/2007-R, 0670/2007-R, 0040/2010-R, 1048/2010-R, 1154/2011-R y 1813/2011-R; y, la SCP 0795/2014 de 25 de abril, entre otras” (las negrillas nos corresponden).
La SCP 0977/2015-S1 de 19 de octubre, señaló: «La SCP 0763/2015-S2 de 8 de julio, señala que: "…la jurisprudencia constitucional, al conocer y resolver una acción tutelar, relativa a medidas cautelares y la celeridad en el tratamiento, la tramitación, consideración y concreción de la cesación a la detención preventiva, estableció inicialmente, que dicha solicitud debía será tendida en un 'plazo razonable', tratándose de señalamientos de día y hora de audiencia para considerar este beneficio; empero, ello no fue suficiente, instituyendo posteriormente una nueva norma adscrita, que conceptualizó 'plazo razonable' como un término brevísimo, de tres días hábiles como máximo, incluidas las notificaciones, en el que los jueces o tribunales en materia penal deben atender dichas solicitudes, en razón a que el art. 239 del CPP, no señalaba un plazo específicamente determinado, en el que el juez o tribunal debía señalar la audiencia para resolver la indicada solicitud. En la actualidad el ordenamiento jurídico boliviano, cuenta con la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal, que tiene por objeto implementar procedimientos para agilizar la tramitación de las causas penales, a efecto de descongestionar el sistema penal y reducir la retardación de justicia para garantizar una justicia pronta, oportuna y eficaz, en el marco de la Constitución Política del Estado. Norma legal que en su Capítulo III, incluye las modificaciones al Código de Procedimiento Penal, concretamente en el art. 8, que describe todos aquellos artículos modificados y sustituidos, entre los que se encuentra el art. 239 que establece: 'La detención preventiva cesará:
1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida;
2. Cuando su duración exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga;
3. Cuando su duración exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, asesinato, violación a infante, niña, niño, adolescente, e infanticidio; y,
4. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad terminal. Planteada la solicitud, en el caso de los Numerales 1 y 4, la o el Juez deberá señalar audiencia para su resolución en el plazo máximo de cinco (5) días. En el caso de los Numerales 2 y 3, la o el Juez o Tribunal dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, correrá traslado a las partes quienes deberán responder en el plazo de tres (3) días. Con contestación o sin ella, la o el Juez o Tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro de los cinco (5) días siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos.
En los casos previstos en los Numerales2, 3 y 4 del presente Artículo, la o el Juez o Tribunal aplicará las medidas sustitutivas que correspondan, previstas en el Artículo 240 de este Código'. En consecuencia, y en cuanto a este tipo de solicitudes se refiere, corresponde a los tribunales y jueces imprimir la dinámica procesal adecuada en su tramitación y pronunciamiento, con la prontitud y oportunidad necesarios; toda vez que la indicada Ley Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Penal, tiene por objeto implementar procedimientos para agilizar la tramitación de las causas penales y reducir la retardación de justicia para garantizar una justicia pronta, oportuna y eficaz, en el marco de la Constitución Política del Estado".
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; así como a los principios de favorabilidad y seguridad jurídica; toda vez que, el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, a través de Auto de Vista 10/2023-SP1, declaró procedente los recursos de apelación del Ministerio Público y de la DNA, sin la debida fundamentación y motivación, al no considerar ni valorar íntegramente su prueba documental; agravando su situación jurídica, más aun cuando no se hizo ninguna consideración respecto a su estado de vejez. De la parte conclusiva se tiene que, el Vocal demandado, a través del Auto de Vista 10/2023-SP1, determinó procedente los recursos de apelación del Ministerio Público y de la DNA; en consecuencia, revocó el Auto Interlocutorio 152/2022 y por ende, se mantuvo vigente la detención preventiva del imputado -ahora accionante- (Conclusión II.1).
Con carácter previo, es necesario establecer que, en la resolución primigenia -Auto Interlocutorio 271/2021-, se dispuso la detención preventiva por la concurrencia de los riesgos procesales establecidos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP; posteriormente, mediante Auto Interlocutorio 152/2022, se otorgó la cesación de la detención preventiva, aduciendo que se habían desvirtuado ambos riesgos procesales. Ahora bien, sobre la supuesta falta de fundamentación y motivación del Auto de Vista 10/2023-SP1, resulta necesario extraer los motivos del recurso de apelación incidental planteado por el Ministerio Público y la DNA, que expusieron los siguientes agravios: Fiscal de Materia i) Se desvirtuó el peligro efectivo para la sociedad o para la víctima o denunciante -art. 234.7 del CPP-, sustentado en el dictamen pericial emitido el 18 de marzo de 2022, por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), puesto que, de su contenido se estableció que el acusado -ahora accionante- quedó excluido de la paternidad, siendo que no es el padre biológico del menor; por lo que, no se consideró los aspectos que dieron origen a la detención preventiva (naturaleza del hecho, la vulnerabilidad y el estado de embarazo); y, ii) En cuanto al peligro de obstaculización referente a que el imputado amenace o influya negativamente en los partícipes, víctima, testigos o peritos -art. 235.2 del CPP-; el Tribunal de alzada aseveró que el proceso penal concluyó con la emisión de la Sentencia; empero, la misma no fue ejecutoriada; motivo por el cual no se realizó una debida valoración.
Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de Challapata del departamento de Oruro a) Falta de valoración y consideración a la declaración realizada por la víctima en virtud a la presunción de verdad, transgrediendo el art. 193 inc. c) del CNNA; de la misma manera, en cuanto al razonamiento jurisprudencial de la SCP 0353/2018-S2, referente a la declaración de la víctima como prueba fundamental sobre los hechos; y, b) La Sentencia -no se consignó número- emitida dentro del proceso penal, absolvió al acusado de la agravante establecida en el art. 310 inciso k) del Código Penal (CP); por lo que, ante esta omisión se vulneró el art. 252 del CPP, incumpliendo los preceptos normativos de los arts. 234.7 y 235.2 del mismo Código. De igual forma, en audiencia de apelación incidental de 19 de enero de 2023, el ahora accionante contestó los agravios con las siguientes declaraciones: 1) Con relación al peligro para la sociedad o para la víctima o el denunciante establecido en el art. 234.7 del CPP, en el Auto Interlocutorio 152/2022, en su Considerando II, se estableció que, de la declaración de la madre de la víctima se advirtió que, el autor de la agresión sexual es un estudiante de la Unidad Educativa Beni Moro y que su hija le habría manifestado este extremo; también que, Mary Cloty Morales Fernández, Jueza del Tribunal de Sentencia de las Provincias Eduardo Avaroa, Ladislao Cabrera y Sebastián Pagador del departamento de Oruro, hizo alusión que no se puede condenar a un inocente -ahora accionante-, en virtud a los fundamentos y a las pruebas que denotan que el acusado no es el padre biológico, extremo que fue desvirtuado con el dictamen pericial del IDIF. Fue citada la SCP 0353/2018, resaltando que, “no se puede juzgar o condenar a un inocente existiendo prueba” (sic); toda vez que, fue absuelto de la agravante; y,
2) Respecto al peligro de obstaculización establecido en el art. 235.2 del CPP, aseveró que no se expuso ningún agravio, inclusive no existe la forma en que el acusado influya sobre la víctima, toda vez que, el proceso penal se encuentra concluido y con Sentencia. En consideración a los agravios, el Vocal demandado mediante Auto de Vista 10/2023-SP1 declaró procedente el recurso de apelación incidental planteado por el Ministerio Público y la DNA, con base en los siguientes fundamentos: i) Si bien, el Auto Interlocutorio 152/2022 dispuso la cesación de la detención preventiva para el acusado, fue en virtud a que se desvirtuó el riesgo procesal de peligro de fuga establecido en el art. 234.7 del CPP, con base en la siguiente documentación: Informe psicológico, Dictamen Pericial correspondiente a la prueba de paternidad (MP-D8), Entrevista policial informativa de la madre de la víctima (MP-D3), Entrevista policial informativa de la tía de la víctima (MP-D4), y Disco Compacto -CD- correspondiente a la entrevista de la víctima realizada en Cámara Gessell; esta documentación fue considerada como nuevos elementos de prueba que viabilizaron este beneficio; empero, no hubo una debida fundamentación y valoración de los antecedentes para promover la cesación de la detención preventiva; por lo que, no se consideró la declaración de la víctima en relación a las ocasiones que fue agredida sexualmente por el acusado, lo cual fue motivo para la detención preventiva prevista en el Auto Interlocutorio 271/2021; no obstante, de manera posterior, en el Auto Interlocutorio 152/2022, no se consideró este extremo, razón por la cual surgió la impugnación. ii) En cuanto al riesgo procesal de peligro de obstaculización prevista en el art. 235.2 del CPP, si bien existe una Sentencia condenatoria 22/2022 que absuelve de la agravante -art. 310 inc. k) del CP- al acusado; empero, quedó subsistente el delito de violación; por otra parte, este resulta ser un tema de fondo y no es motivo de la presente problemática. En el Auto Interlocutorio 152/2022 existió una contradicción en el pronunciamiento de la autoridad judicial, toda vez que, indicó que la acción penal habría concluido; no obstante, se encontraría en etapa de impugnación; sin embargo, el peligro para la víctima es latente, siendo que los domicilios tanto de la víctima como del acusado son cercanos, similar situación surge con los testigos, los cuales podrían ser influenciados por el procesado; por consiguiente, al ser desvirtuado el riesgo procesal careció de fundamentación y motivación.
Bajo ese contexto, de acuerdo al Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, referido a la fundamentación y motivación de las resoluciones de medidas cautelares, se establece que, las autoridades judiciales a tiempo de resolver una petición de medidas cautelares deben estar debidamente fundamentadas y motivadas de manera idónea y suficiente, debiendo exponerse los hechos, el fundamento legal y las normas jurídicas aplicables al caso, a efecto de satisfacer los puntos demandados. Con respecto al Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional referido a las inconsistencias o contradicciones en la declaración de la víctima, se tiene que, la víctima dentro del proceso penal, tiene el derecho de intervenir y a ser oída; si bien, existe intereses contrapuestos entre las partes procesales; empero, debe precautelarse los derechos de la víctima y con mayor razón en delitos de violencia sexual, por su trascendencia para la justicia ordinaria; por cuanto, debe ser valorada debidamente por los jueces, tribunales y fiscales, al constituirse en prueba fundamental de los hechos denunciados, debiendo ser considerar como cierta, pese a sus contradicciones o inconsistencias. Con relación al Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional establece que, ningún riesgo procesal debe fundarse en presunciones; debiendo la autoridad judicial asumir una absoluta convicción para determinar la concurrencia o no de un determinado peligro de fuga y de obstaculización; por lo cual, toda decisión debe pronunciarse en virtud a aspectos objetivos, que demuestren la veracidad de lo alegado. De la relación de los hechos, se advierte que, el Auto Interlocutorio 271/2021, dispuso la detención preventiva del imputado -ahora accionante-por el lapso de seis meses; posteriormente, se solicitó la modificación de situación jurídica, misma que fue resuelta mediante Auto Interlocutorio 152/2022 disponiendo la cesación a la medida cautelar; dicha resolución fue impugnada por el Ministerio Público y la DNA. La audiencia de apelación se efectuó el 19 de enero de 2023, actuado en el que se emitió el Auto de Vista 10/2023-SP1 por el que se revocó revocando dicho beneficio; no obstante, el impetrante de tutela aseveró que, la autoridad demandada de manera subjetiva hizo mención de la inexistencia de pruebas para enervar la naturaleza del hecho; no obstante, los motivos por el cual se mantuvieron los riesgos procesales fueron “otros”; sin embargo, el solicitante de tutela presentó nueva prueba documental que desconocía el Juez cautelar; por otra parte, dicha audiencia fue celebrada pese a la ausencia del inculpado y de su abogado, así también, omitiendo la valoración de la prueba proporcionada y careciendo la citada resolución de fundamentación y motivación. Ahora bien, ingresando al análisis de los agravios denunciados, se tiene el presunto incumplimiento por el Vocal demandado en relación a la falta de consideración y valoración de la prueba documental ofrecida, de la misma manera, con la carencia de fundamentación y motivación en la concurrencia de los riesgos procesales previstos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP; estas supuestas omisiones conllevaron a la revocatoria del Auto Interlocutorio 152/2022 que otorgó la cesación a la detención preventiva, motivo por el cual, se dispuso la aplicación de la medida cautelar -detención preventiva-. Bajo ese entendido, este Tribunal Constitucional Plurinacional establece que los razonamientos aplicados en el Auto de Vista 10/2023-SP1 son correctos, sobre la base de las siguientes puntualizaciones: a) En lo que respecta al peligro de fuga en su acápite de peligro efectivo para la víctima previsto en el art. 234.7 del CPP; el Vocal demandado aplicó los criterios idóneos en relación a la perspectiva de género, también precautelando el interés superior de la menor -víctima-; puesto que el razonamiento jurisprudencial citado en la SCP 0435/2025-S3 de 27 de mayo, la cual hizo mención a la SCP 0754/2024-S1 de 31 de diciembre, que “…no se debe perder de vista los derechos de las víctimas (…) y con mucha mayor razón al tratarse de víctimas de violencia sexual; consecuentemente, su participación cobra mayor relevancia para la justicia ordinaria. (…) esta debe ser valorada por los operadores de justicia -tribunales, jueces y fiscales- como una prueba fundamental de los hechos denunciados, declaración que debe ser tomada como cierta, pese a que en el fondo (…) puedan existir contradicciones o inconsistencias internas (…)”; por lo tanto, tomando en cuenta los fundamentos de la Resolución refutada, se tiene que la misma guarda una debida fundamentación, toda vez que las pruebas ya fueron valoradas en la Sentencia, no obstante, si bien el Dictamen Pericial del IDIF -signado como prueba documental MP-D8-, excluyó la paternidad del acusado siendo absuelto de la agravante prevista en el art. 310 inc. k) del CP; empero, este extremo no desvirtuó las características del hecho donde la víctima declaró que fue agredida sexualmente en dos ocasiones, constituyéndose en prueba fundamental dentro del proceso penal; por consiguiente, este riesgo procesal fue debidamente acreditado; y, b) En lo concerniente al peligro de obstaculización, en su acápite que establece que el imputado amenace o influya negativamente sobre la víctima o los testigos, citado en el art. 235.2 del CPP, el accionante hizo alusión de que se emitió Sentencia, dando por concluido el proceso penal; por lo que no existiría manera de que se influya en las partes procesales; no obstante, en contraposición el Fiscal de Materia alegó que el acusado estando en libertad puede influir negativamente en los testigos, toda vez que se interpuso recurso de apelación restringida, el cual estaría pendiente de resolución, siendo que, los testigos nuevamente participarían en la audiencia para dilucidar los extremos controvertidos; esta aseveración resulta subjetiva, puesto que, hace alusión a probabilidades de ciertos eventos futuros o meras presunciones; este extremo desplaza el aspecto objetivo dentro del proceso penal; por tanto, este riesgo procesal resulta carente de fundamentación y motivación.
Bajo ese contexto, con relación al riesgo procesal citado en el art. 234.7 del CPP, el Tribunal Constitucional Plurinacional concluye que el Vocal demandado, realizó una debida fundamentación y motivación en relación a que existió una debida concurrencia de los presupuestos para ser procedente la aplicación del peligro de fuga en su vertiente de riesgo para la víctima, toda vez que, de la declaración de la víctima se advirtió la existencia de la agresión sexual ocurrida en dos ocasiones; aspecto que cobró relevancia con la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, al considerarse dicha declaración como prueba fundamental dentro del proceso; por consiguiente, corresponde denegar la tutela impetrada. Ahora bien, respecto al riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del CPP, este Tribunal concluye que, la autoridad demandada lesionó el derecho al debido proceso -en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia- del accionante, toda vez que al emitir el Auto de Vista 10/2023-SP1, definió la situación jurídica del impetrante de tutela con base en meras suposiciones en relación al riesgo de obstaculización, omitiendo el sustento objetivo, extremo que fue respaldado con el razonamiento jurisprudencial del Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Por consiguiente, siendo evidente la lesión en relación a este extremo, corresponde conceder la tutela solicitada. En consecuencia, la Jueza de garantías al haber declarado “improcedente” la tutela impetrada, obró de manera parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 07/2023 de 3 de febrero, cursante de fs. 83 a 86 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 10/2023-SP1 de 19 de enero, en relación al riesgo procesal de peligro de obstaculización previsto en el art. 235.2 del Código de Procedimiento Penal, para que en el plazo de cuarenta y ocho horas emita una nueva resolución, siempre y cuando la situación jurídica del accionante no haya cambiado por el transcurso del tiempo, tomando en cuenta lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional; y, 2º DENEGAR la tutela solicitada, con relación al riesgo procesal de peligro de fuga en su vertiente riesgo para la víctima, con base en los fundamentos expuestos. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0807_2025-S3.pdf · páginas 1 a 18.
Huella digital del PDF (SHA-256): a9246196501f2e7f20c7297898121672e06ac368012d94e0a9030bd18cf48585
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