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SCP 0807/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 24 de julio de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
24 de julio de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
56408-2023-113-AAC
Departamento
Beni
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes fundamentación y motivación, valoración de la prueba, a la defensa y a la presunción de inocencia; toda vez que, las autoridades demandadas al emitir el Auto de Vista 270/2022, que confirmó el Auto Interlocutorio 76/2022, respecto al art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 034/2023 de 13 de junio, cursante de fs. 96 a 97 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El principio de inmediatez en la acción de amparo constitucional
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0807/2025-S2 Sucre, 24 de julio de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 56408-2023-113-AAC Departamento: Beni En revisión la Resolución 034/2023 de 13 de junio, cursante de fs. 96 a 97 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Amparo Mariaca Zabala contra Norka Díaz Morales y Narda Virginia Vega Leigue, Vocales; y, Haider Echalar Justiniano, ex Vocal, todos de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 10 de mayo de 2023, cursante a fs. 1 y 58 a 64, la accionante manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, en el art. 48 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas -Ley 1008 de 19 de julio de 1988-, cuestiona su vinculación al caso; debido a que, pese a encontrarse sujeta a medidas sustitutivas a la detención preventiva, no se acreditó su participación en los medios que se investigan. El 18 de febrero de 2022, aproximadamente a horas 11:30, en oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN)-Unidad Móvil Policial para Áreas Rurales (UMOPAR) de Riberalta, en cumplimiento del mandamiento de allanamiento emitido por Pedro Alberto Aquim Vargas, Juez de Instrucción Penal Segundo de Riberalta del departamento de Beni, se intervino en un inmueble ubicado en zona Los Tajibos, sobre la av. Tarumá, entre las calles Sinini y Piña. En dicho operativo se encontró a dos personas de sexo masculino que se dieron a la fuga, logrando aprehender a Luis Fernando Siani Ordóñez. De la requisa se encontró una bolsa con 130 envoltorios de sustancias controladas. El inmueble figura registrado en Derechos Reales a nombre de la accionante; sin embargo, al momento de los hechos, se encontraba en posesión de Mara Isabel Bazán Noza de Chávez, a quien se contrató como cuidadora por Verónica Sanjinés. Las autoridades demandadas, al emitir el Auto de Vista 270/2022 de 31 de octubre, confirmaron el Auto Interlocutorio 76/2022 de 28 de julio, respecto al elemento sustancial del art. 233.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), incurrieron en la vulneración al debido proceso en sus componentes fundamentación y congruencia, debido a la falta de valoración de la prueba, por cuanto no consideraron que: a) De la valoración intelectiva realizada por el Juez a quo, se tiene que, al momento del allanamiento ejecutado por UMOPAR, únicamente se encontró en el lugar a Luis Fernando Siani Ordóñez, quien se abstuvo de prestar declaración ante el Ministerio Público, hechos que le fueron atribuidos directamente, sin que supiera quién era el propietario del bien inmueble; b) Mara Isabel Bazán Noza de Chávez, en su declaración, afirmó ser la cuidadora del inmueble y desconoce quién era la propietaria, señalando que fue contratada por Verónica Sanjinés, y que vivía ahí hace un año como cuidante; c) Luis Fernando Siani Ordóñez fue sorprendido introduciendo la sustancia controlada al inmueble, generando duda razonable sobre la participación de su persona, quien reitera no se encontraba en el lugar de los hechos ni fue individualizada como autora o partícipe del delito investigado; d) De la imputación formal así como de la relación fáctica del Ministerio Público e informe de la FELCN, se advierte que un tercer sujeto introdujo la sustancia desde un inmueble colindante el cual no fue objeto del allanamiento; e) La afirmación de que la sola condición de propietaria del inmueble constituye un indicio suficiente de participación no es bastante ni demuestra que tuviera conocimiento que en el lugar se suministraba sustancias controladas, máxime si no se encontraba presente ni se le encontró “droga” en su poder. Esto se afianza cuando demostró que su domicilio, trabajo y familia se encuentra en la comunidad El Encerrado, ubicada en la provincia Ballivián, próxima a la localidad de Santa Rosa del Yacuma del departamento de Beni; y, f) Su vinculación al proceso penal deviene únicamente del requerimiento fiscal dirigido a la oficina de Derechos Reales (DD.RR.), mediante el cual se acredita su calidad de propietaria del bien inmueble.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes fundamentación y motivación, valoración de la prueba, a la defensa y a la presunción de inocencia; citando al efecto los arts. 115.II, 116 y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: 1) La revocatoria del Auto de Vista 270/2022; y, 2) Se ordene se dicte uno nuevo, tomando en cuenta lo esgrimido y fundamentado, respecto a la duda razonable del elemento sustancial de autoría del art. 233.1 del CPP.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 13 de junio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 94 a 95 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Narda Virginia Vega Leigue, Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, en audiencia de garantías, sostuvo que, el Auto de Vista impugnado objeto de la presente acción tutelar, fue notificado de forma oral en audiencia de 31 de octubre de 2022, por lo que acción de amparo constitucional se encuentra planteada fuera del plazo de los seis meses establecido por ley. Norka Diaz Morales, Vocal; y, Haider Echalar Justiniano, ex Vocal, ambos de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, no presentaron informe alguno, ni se conectaron a la audiencia de garantías virtual programada, pese a sus notificaciones cursantes de fs. 71 a 72.

I.2.3. Intervención de la autoridad judicial

Pedro Alberto Aquim Vargas, Juez de Instrucción Penal Segundo de Riberalta del departamento de Beni, no remitió escrito alguno ni se presentó en audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 91.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, por Resolución 034/2023 de 13 de junio, cursante de fs. 96 a 97 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) Si bien se alega que la notificación fue efectuada el 17 de marzo de 2023 mediante la Oficina Gestora de Procesos en Riberalta, en atención a la devolución del expediente al Juzgado de origen, corresponde considerar que, en el presente caso, durante la audiencia celebrada el 31 de octubre de 2022, se dictó en la misma fecha el Auto de Vista 270/2022, disponiéndose que, por el carácter oral del acto, todos los sujetos procesales conectados a la sala virtual quedaron legalmente notificados a horas 15:46 del lunes 31 de octubre de 2022; y, ii) Conforme a la jurisprudencia aplicable al Código de Procedimiento Constitucional, el término de seis meses para interponer la acción de amparo constitucional se computa desde el hecho lesivo o desde la última notificación. En el presente caso, se estableció que la notificación fue realizada de manera oral en audiencia de medidas cautelares, momento en el cual la accionante quedó legalmente notificada. Por tanto, no corresponde computar el plazo desde la fecha alegada por su abogado, en consecuencia, al haberse presentado la acción de amparo constitucional el 10 de mayo de 2023, y habiendo vencido el término en abril del mismo año, determinó denegar la tutela solicitada, por haberse interpuesto fuera del plazo de los seis meses establecidos por ley.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Auto Interlocutorio 76/2022 de 28 de julio, Pedro Alberto Aquim Vargas, Juez de Instrucción Penal Segundo de Riberalta del departamento de Beni, declaró procedente la imputación formal de 11 de julio de 2022 presentada contra Amparo Mariaca Zabala -ahora accionante-, disponiendo que la investigación continúe en la siguiente fase preparatoria. Asimismo, resolvió reducir la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público, sustituyéndola por otra más favorable que la detención preventiva prevista en el art. 231 Bis numerales 1 al 9, en consideración al parágrafo III del CPP. En el mismo acto, el abogado de la impetrante de tutela, al momento de solicitar la complementación y enmienda, anunció la interposición del recurso de apelación incidental (fs. 35 a 39). II.2. Cursa Auto de Vista 270/2022 de 31 de octubre, emitido por Haider Echalar Justiniano, entonces Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni -autoridad demandada-, mediante el cual confirmó el Auto Interlocutorio "...78/2022 de fecha de 29 de julio..." (sic) -siendo lo correcto 76/2022 de 28 de julio-. En su parte in fine estableció: "...por el carácter oral que tiene la presente audiencia todos y cada uno de los sujetos procesales hoy conectados a esta sala virtual quedan legalmente notificados a horas 15:46 p.m., del día lunes 31 de octubre del 2022" (sic [fs. 46 a 49 vta.]). II.3. Consta acusación fiscal presentada por el Fiscal de Materia contra Luis Fernando Siani Ordoñez y la accionante, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, previsto y sancionado por el art. 48 en relación con el art. 33 inc. m) de la Ley 1008, en las modalidades de poseer dolosamente, transportar, tener en depósito o almacenamiento, entregar, suministrar, comprar, vender o realizar transacción a cualquier título, en grado de autoría conjunta, conforme a lo establecido en el art. 20 del Código Penal (CP). En dicha acusación, se solicitó la imposición de la pena máxima; además, de requerir que los antecedentes del caso sean remitidos al Tribunal de Sentencia competente para la celebración de juicio inmediato (fs. 53 a 55 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes fundamentación y motivación, valoración de la prueba, a la defensa y a la presunción de inocencia; toda vez que, las autoridades demandadas al emitir el Auto de Vista 270/2022, que confirmó el Auto Interlocutorio 76/2022, respecto al art. 233.1 del CPP, no consideraron que: a) De la valoración intelectiva del Juez a quo, se estableció que, al momento del allanamiento efectuado por UMOPAR, únicamente se encontró a Luis Fernando Siani Ordóñez, quien se acogió a su derecho al silencio ante el Ministerio Público; además, los hechos ya le habían sido atribuidos y manifestó no conocer al propietario del inmueble; b) Mara Isabel Bazán Noza de Chávez, en su declaración, indicó ser la cuidadora del inmueble y desconocer quién era su propietaria, señalando que fue contratada por Verónica Sanjinés y que residía en el lugar desde hacía un año; c) Luis Fernando Siani Ordóñez fue sorprendido introduciendo sustancia controlada al inmueble, lo que generó una duda razonable respecto a su participación, quien afirma no haber estado presente en el lugar ni haber sido identificada como autora o partícipe del hecho delictivo; d) Según la imputación formal del Ministerio Público y el informe elaborado por la FELCN, un tercer sujeto introdujo la sustancia desde un inmueble colindante, el cual no fue objeto de allanamiento; e) La condición de propietaria del inmueble, por sí sola, no constituye un indicio suficiente de la participación penal ni demuestra que la misma tuviera conocimiento del almacenamiento de sustancias controladas en el lugar. No fue hallada en posesión de drogas tampoco se encontraba en el inmueble al momento de los hechos; además, demostró que su domicilio, trabajo y familia se encuentran en la comunidad de El Encerrado, provincia Ballivián, cercana al municipio de Santa Rosa del Yacuma, en el departamento de Beni; y, f) La única vinculación al proceso penal surge de un requerimiento fiscal ante DD.RR., en el que acreditó su condición de propietaria del bien inmueble. Ante ello: 1) Narda Virginia Vega Leigue, Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, señaló que el Auto de Vista impugnado fue notificado en audiencia de 31 de octubre de 2022; por lo que, la acción de amparo constitucional se encuentra planteada fuera del plazo de los seis meses establecido por ley; y, 2) Norka Diaz Morales, Vocal; y, Haider Echalar Justiniano, exvocal, ambos de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, no presentaron informe alguno.

En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. El principio de inmediatez en la acción de amparo constitucional

El principio de inmediatez se encuentra previsto en el art. 129.II de la CPE, que señala: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial”. De manera similar el art. 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), establece que la acción de amparo constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, que será computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho. El mismo artículo, en el parágrafo II, también refiere que: “Para los casos de solicitud de complementación, aclaración y enmienda de una decisión judicial o administrativa, el plazo se computará desde la notificación con la resolución que la conceda o rechace”. Al respecto, la SCP 0064/2025-S2 de 26 de febrero, señaló: “…En ese contexto, la SCP 0113/2013-L de 20 de marzo, en relación a las solicitudes de complementación, aclaración y enmienda y el plazo de inmediatez, sostuvo: ‘…no es necesario, ni exigible, verificar si la solicitud presentada, fue concedida o rechazada, para establecer si el plazo procesal se suspende o no, debiendo por ello, computarse por el mismo, desde el momento en el que se notificó a las partes con la resolución de explicación y enmienda; razonamiento, que a su vez llega a ser extensible, tanto para la interposición de los recursos ordinarios, como para la interposición de la acción de amparo constitucional…’. La mencionada Sentencia Constitucional Plurinacional estableció la aplicación de la referida regla, instituyendo la siguiente subregla que la aclara: Los plazos para la interposición de los recursos ordinarios o las acciones de defensa, se computarán de acuerdo a lo dispuesto por el art. 221 del Código de Procedimiento Civil abrogado (CPCabrog) y del art. 55.II del CPCo respectivamente; es decir, a partir de la notificación con el Auto de explicación o complementación que fuese solicitado ‘…siempre y cuando dicha solicitud, se la haya presentado dentro del plazo procesal establecido por el art. 196.2) del CPC; o sea, dentro de las veinticuatro horas siguientes, ya que si se hubiese presentado la solicitud de aclaración, complementación y enmienda de una resolución de carácter definitivo, de manera manifiestamente extemporánea y la misma haya sido rechazada por dicho motivo, no podrá ser aplicable el presente razonamiento, puesto que se entenderá que esta solicitud, fue realizada con la intensión de dilatar el proceso y obtener de esa manera, un plazo mayor para poder interponer los recursos ordinarios o acciones extraordinarias de defensa; debiendo en cuyo caso, computarse el plazo desde la notificación con la sentencia o resolución de carácter definitivo’. Criterio que fue reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0606/2023-S1 de 12 de junio, 0101/2022-S2 y 0083/2018-S2 de 4 de abril, entre otras. En ese sentido, la solicitud de aclaración, complementación y enmienda de una resolución de carácter definitivo rechazada por extemporánea, no es considerada a efecto de suspender el plazo de presentación de la acción de amparo constitucional, dicho de otra manera, resulta imposible que la solicitud de aclaración, complementación y enmienda presentada después del vencimiento del plazo legal, sea tomada en cuenta como válida a efecto de ampliar el plazo de presentación de la acción de defensa, tal situación se constituye en una dilación indebida del proceso y desnaturaliza el principio de inmediatez que rige la acción de amparo constitucional”.

III.2. Análisis del caso concreto

Previamente a ingresar al análisis fondo de la problemática planteada, corresponde observar que la accionante optó por la acción de amparo constitucional para efectuar su reclamo contra el Auto de Vista 270/2022 de 31 de octubre, por lo que se entiende que se sometió a los requisitos y condiciones que rigen dicha acción tutelar. Ahora bien, en el caso concreto, la impetrante de tutela denuncia que dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, mediante Auto Interlocutorio 76/2022 de 28 de julio, el Juez a quo declaró procedente la imputación formal de 11 de julio de 2022, disponiendo que la investigación continúe en su contra en la siguiente fase preparatoria y resolvió reducir la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público a otra más favorable (Conclusión II.1). Esta determinación, fue apelada y posteriormente confirmada por Auto de Vista 270/2022, en lo que respecta al art. 233.1 del CPP; sin que se hubieran considerado varios aspectos relevantes. Al respecto, ante la afirmación de Narda Virginia Vega Leigue, Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni -autoridad demandada-, en sentido de que el Auto de Vista impugnado fue notificado en audiencia de 31 de octubre de 2022, y que, por tanto, la presente acción tutelar fue interpuesta de forma extemporánea, corresponde previamente verificar si dicha acción cumple con los presupuestos necesarios que permitan ingresar al fondo de la temática propuesta.

En ese entendido, conforme al marco normativo contenido en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, y de la revisión de expediente constitucional, se establece -según consta en el apartado de Conclusiones de este fallo- que la determinación cuestionada en el proceso penal, sobre la cual la peticionante de tutela activó este mecanismo de defensa constitucional, denunciando la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación y congruencia, así como a la defensa y a la presunción de inocencia, es el Auto de Vista 270/2022, emitido en audiencia de apelación incidental celebrada el 31 de octubre de 2022. De la revisión de antecedentes, se verifica que la accionante estuvo presente en dicha audiencia y fue notificada con la decisión de manera oral en sala virtual el 31 de octubre de 2022 (Conclusión II.2). En consecuencia, conforme a los arts. 160 y 161 del CPP, fue legalmente notificada en la fecha señalada; no obstante, interpuso la presente acción de amparo constitucional recién el 10 de mayo de 2023, conforme consta con Número de Registro Judicial (NUREJ) 8065863 del Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ), cursante a fs. 1; por lo tanto, se constata que dicha acción tutelar fue presentada fuera del plazo de seis meses previsto por ley. Por consiguiente, incumple el principio de inmediatez exigido para la procedencia de la presente acción de defensa constitucional, sin que se advierta que la accionante hubiese solicitado complementación, aclaración o enmienda respecto al fallo cuestionado, lo que en su caso, haga aplicable el art. 55.II del CPCo. Por ello, corresponde denegar la tutela impetrada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 034/2023 de 13 de junio, cursante de fs. 96 a 97 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0807_2025-S2.pdf · páginas 1 a 9.

Huella digital del PDF (SHA-256): 8b8652ac280123605f1107c06227503436d16e316c89ccf1430a946060cb8b2d

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