Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 28 de agosto de 2023
Deniega la tutela
La accionante alega la lesión de sus derechos a la vida, a la salud, a la igualdad, a una renta justa y al debido proceso, vinculado con los principios in dubio pro operario, verdad material y seguridad jurídica; toda vez que, mediante Dictamen 64326/2021 de 10 de mayo, los miembros del Tribunal Médico de Calificación de la EEC, establecieron como origen del fallecimiento de su esposo, enfermedad por riesgo común, conclusión a la que arribaron sin valorar toda la documentación que fue presentada y por la cual se establecía que la muerte fue por COVID-19, contagiado en el cumplimiento de sus funciones; y no obstante haber solicitado la revisión del indicado Dictamen, adjuntando prueba que demostraba su alegación, tal decisión fue confirmada por RA APS/DP/DJ/ 900/2021 de 25 de agosto, emitida por la Dirección Ejecutiva de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, que aprobó el Dictamen de Revisión 318/2021 de 16 de agosto, elaborado por el Tribunal Médico de Revisión de la APS, sin valorar la documentación presentada. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 117/2022 de 16 de mayo, cursante de fs. 185 a 191, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0807/2023-S4 Sucre, 28 de agosto de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional Expediente: 48945-2022-98-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 117/2022 de 16 de mayo, cursante de fs. 185 a 191, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Aurora Poma Zacarías Vda. de Morales contra Javier Ibar Molina Quevedo, Director Ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS); Marcelo Flores Torrico y Karla Emery Noya Barrera, Tribunal Médico Calificador de Revisión de la APS; y, Jaqueline Gonzales Montesinos, Boris Inca Castro y Susan Aparicio Gutiérrez, Tribunal Médico de Calificaciones de la Entidad Encargada de Calificar (EEC).
Por memoriales presentados el 11 de marzo de 2022, cursante de fs. 95 a 103; y, de subsanación de 5 de abril de igual año (fs. 108 a 114), la accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Como consecuencia del fallecimiento de su esposo Nelson Morales Choquehuanca, acaecido el 10 de enero de 2021, a causa del COVID-19 –contagiado en el cumplimiento de sus funciones, cuando cumplía servicios en la Sección Personal Operativo del Comando Nacional del Componente Policial de la Fuerza de Tarea Conjunta Yungas – Caranavi, conforme a los documentos adjuntos–, el 15 de enero de 2021 solicitó la pensión de seguro por muerte, oportunidad en la que se le hizo firmar varias hojas sin mayor explicación, pero que revisadas luego, consistían en: Solicitud de pensión por muerte; y, solicitud de pensión por vejez, siendo que lo que impetró era la primera y no así la segunda, aspecto que constituye un vicio que conlleva la nulidad o anulabilidad de los actos posteriores. No obstante, el 28 de mayo de 2021 fue notificada con el Dictamen 64326/2021 de 10 de igual mes y año, emitido por el Tribunal Médico de Calificación de la EEC, documento que establece como origen del fallecimiento “enfermedad correspondiente a riesgo común”, conclusión a la que se arribó sin valorar toda la documentación que fue presentada; y por la cual, se establecía que la muerte de su esposo fue por COVID-19, contagiado en el cumplimiento de sus funciones; y, a pesar de haber solicitado la revisión del indicado Dictamen, adjuntando al efecto el Informe 05/2021 de 9 de febrero, elaborado por la Trabajadora Social de la Policía Forestal y Preservación del Medio Ambiente (POFOMA); por el cual, se establecía que su esposo llegó a contagiarse con COVID-19, cuando cumplía sus funciones, similar a lo afirmado también en el Certificado de Trabajo 004/2021 de 29 de enero, que igualmente fue acompañado, el 8 de septiembre de 2021 fue notificado con la RA APS/DP/DJ/ 900/2021 de 25 de agosto de 25 de agosto, emitido por el Director Ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, por la cual, se aprobó el Dictamen de Revisión 318/2021 de 16 de agosto, elaborado por el Tribunal Médico de Revisión de la precitada entidad, y en consecuencia, ratificó el origen del fallecimiento antes indicado, sin valorar la documentación presentada. Bajo esos antecedentes, el 14 de septiembre de 2021 fue habilitada su pensión por muerte, por Bs2 570,47 (dos mil quinientos setenta 47/100 bolivianos), pese a que presentó todos los requisitos para acceder a la pensión por muerte, originado en el cumplimiento de servicios del asegurado, monto que no le alcanza para cubrir sus obligaciones básicas; toda vez que, del mismo se descuenta además el 3% para el seguro de vida. El 15 de diciembre de 2021, María Ester Cruz López, Directora Ejecutiva Interina de la APS, emitió respuesta a la solicitud de modificación de RA APS/DP/DJ/ 900/2021, respuesta en la que se señaló que no existía una relación de causalidad en el fallecimiento del asegurado, dado que, al constituir una pandemia, la población en general se encontraría expuesta al contagio, por lo que, la determinación del origen del riesgo del mismo sería incierta; justificando de esa manera el Dictamen de Revisión 318/2021, aprobado mediante RA APS/DP/DJ/ 900/2021, nuevamente sin valorar la documentación presentada.
Denunció la lesión de sus derechos a la vida, a la salud, a la igualdad, a una renta justa y al debido proceso, vinculado con los principios in dubio pro operario, verdad material y seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 8.II; 9 num. 4; 13; 35.I y II; 45.I, II, III y IV; y, 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) La anulación del Dictamen 318/2021 de 16 de agosto, aprobado mediante RA APS/DP/DJ/ 900/2021 de 25 de agosto; y, b) El pago en su favor por riesgo profesional, conforme a la Ley de Pensiones (LP) –Ley 065 de 10 de diciembre de 2010– y su Reglamento.
Celebrada la audiencia virtual el 16 de mayo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 175 a 184, presentes la parte accionante al igual que la parte demandada y ausente el tercero interesado, se produjeron los siguientes actuados:
La parte impetrante de tutela ratificó los términos expuestos en su memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolos manifestó que: 1) Por la documentación que se acompaña al expediente constitucional, se acredita que la muerte del asegurado Nelson Morales Choquehuanca, fue por COVID-19 y contagiado en el ejercicio de sus funciones policiales, de manera que no puede señalarse que la causa fue por enfermedad por riesgo común, lo cual resulta vulneratorio del derecho a la seguridad social, previsto en el art. 45 de la CPE; y, 2) No ha sido la primera persona que falleció por esta enfermedad, dado que otros camaradas también perdieron la vida por la misma enfermedad, empero, respecto de estos últimos su calificación fue por enfermedad por riesgo profesional, recibiendo por lo tanto, un trato distinto en relación a los mismos.
María Esther Cruz López, Directora Ejecutiva de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, así como de Marcelo Flores Torrico y Karla Emery Noya Barrera, Tribunal Médico Calificador de Revisión de la APS, a través de sus representantes legales, por memorial presentado el 3 de mayo de 2022, cursante de fs. 162 a 170 vta., luego de precisar los antecedentes del caso, en lo pertinente informaron que: i) La acción de amparo constitucional fue presentada extemporáneamente; toda vez que, la RA APS/DP/DJ/ 900/2021, fue notificada por Futuro de Bolivia Sociedad Anónima (S.A.) AFP a la ahora accionante, el 8 de septiembre de 2021, mediante nota GRLP.SCZ.16190/2021, de manera que, realizado el cómputo desde esa fecha hasta el 11 de marzo de 2021, la presentación de esta acción de tutela está fuera del plazo de los seis meses previstos en el art. 129.II de la CPE, por lo que debe declararse la improcedencia; ii) Bajo el marco normativo aplicable al caso, el Tribunal Médico Calificador de Revisión de la APS, realizó el correspondiente análisis y revisión de todos los documentos cursantes en el expediente para emitir el Dictamen 318/2021, en cuya razón, y conforme a lo precisado en el Manual Único de Calificación – compuesto por el Manual de Normas de Evaluación y Calificación del Grado de Invalidez (MANECGI) y la Lista de Enfermedades Profesionales (LEP), aprobado mediante Decreto Supremo (DS) 25174 de 15 de septiembre de 1998– estableció que dentro del acápite de enfermedades respiratorias no se especificaba al virus o contagio por COVID-19 como una enfermedad profesional, y si bien el Capítulo 1 del Manual Único de Calificación establece que aquellas enfermedades no contempladas en la LEP pueden ser incluidas siempre y cuando cumplan lo establecido en el Capítulo 2 de la misma norma citada, referente a la relación de causalidad, cumpliendo al efecto los siguientes criterios: a) Antecedente de exposición a determinado riesgo ocupacional presente en el puesto de trabajo; b) Comprobación del daño o el efecto ocasionado por dicho riesgo en el trabajo; y, c) Determinación de una asociación de causalidad que concluya que efectivamente dicho riesgo ocupacional es el que ocasionó el daño o efecto en el trabajador…(); en el caso de análisis, el Tribunal Médico Calificador de Revisión de la APS, evidenció que no existía relación de causalidad en el fallecimiento del asegurado Nelson Morales Choquehuanca, con CUA 30249247, dado que al constituirnos todas las personas en situación de pandemia, la población en general se encontraba y se encuentra expuesta al contagio, y consiguientemente la determinación del origen del mismo es incierta, dado que puede darse dentro como fuera de las oficinas; la calificación de origen, causa y fecha de fallecimiento la realizan médicos calificados, habilitados en el Sistema Integral de Pensiones, de manera que, los argumentos vertidos por la accionante no corresponden ser objeto de análisis, dado que no son suficientes para calificar el contagio por COVID-19, como enfermedad profesional; iii) Bajo los indicados antecedentes, la RA APS/DP/DJ/ 900/2021, realizó una correcta aprobación del Dictamen 318/2021, al establecerse que la muerte del asegurado Nelson Morales Choquehuanca, fue ocasionada por enfermedad de riesgo común, siendo su fecha de fallecimiento el 10 de enero de 2021, de modo que los argumentos esgrimidos en la presente acción de tutela no tienen sustento válido alguno, debido a que el procedimiento de revisión del dictamen fue enmarcado en la Ley 065, DS 0822 y el Manual Único de Calificación, habiéndose actuado en sujeción al principio de legalidad; iv) En cuanto a la acusada lesión al principio de seguridad jurídica, tampoco se advierte su vulneración, al haberse sujetado la indicada Resolución Administrativa a la normativa aplicable al caso; y, v) Tampoco se advierte lesión al derecho a la seguridad social, porque la accionante accedió a una prestación de riesgos desde la presentación de la solicitud el 15 de enero de 2021, percibiendo la pensión por muerte de Bs2 570,47.- , equivalente al 70% del referente salarial (Bs3 672,09.- [tres mil seiscientos setenta y dos 09/100 bolivianos]) del asegurado fallecido, conforme a lo establecido en el art. 33 de la Ley 065, aspecto que, conforme a lo señalado en audiencia, constituye en su criterio un acto de consentimiento que conlleva la improcedencia de la acción de defensa. Argumentos bajo los cuales solicitaron que se deniegue la tutela impetrada y se declare improcedente la acción de defensa interpuesta. Jaqueline Gonzales Montesinos, miembro del Tribunal Médico de Calificaciones de la EEC, en audiencia manifestó que: a) El caso llegó al Tribunal Médico Calificador el 10 de febrero de 2021, solamente con el certificado de defunción emitido por el Registro Civil, en el que se indicaba como causa de la muerte “shock séptico pulmonar”, y debido a que el mismo no dilucidaba la causa principal que haya llevado a presentar el shock séptico, se solicitó certificado médico único de defunción, el cual fue entregado el 6 de abril del mismo año, el mismo que señala como causas básicas de la defunción, y que ha determinado resolver como enfermedad común el caso concreto, “a) shock séptico pulmonar; b) neumonía intrahospitalaria; c) adenocarcinoma infiltrante de pulmón derecho; y, d) metástasis prioral y de hombro derecho”; última causa básica nombrada que se consideró como la causa principal que produjo el fallecimiento del paciente; y, anotándose como causas contribuyentes que incidieron, pero que no son la causa básica, en la muerte del paciente, se anota: “convaleciente de neumonía viral por COVID-19, es decir, ni siquiera se señala que es paciente con COVID-19 en etapa aguda, o algo así, solo señala, convaleciente”; y, b) El certificado único de defunción es emitido en base a normas proporcionadas por el Ministerio de Salud, y es llenado por un especialista, que en el caso concreto es Gonzalo Poma, especialista de terapia intensiva, de lo que se concluye que la causa de la muerte identificada es carcinoma infiltrante de pulmón derecho con metástasis pulmonar a hombro derecho, lo cual es considerado como enfermedad común. Boris Inca Castro, miembro del Tribunal Médico de Calificaciones de la EEC, en audiencia expresó que, concordante con la explicación brindada por Jaqueline Gonzales Montesinos, también se puede evidenciar que el fallecimiento fue por adenocarcinoma de pulmón con la metástasis, la cual se comprendió que fue la siembra del tumor, ya no solamente en el pulmón sino también en otros órganos a distancia, en este caso la pleura, y también el hombro derecho; asimismo, al ser una enfermedad terminal, porque estar sembrado el tumor en diferentes partes del organismo, y la enfermedad base ha sido esta, y siendo que la pandemia afecta a toda la población en general, es difícil determinar el origen del contagio, que puede ser en el lugar de trabajo o en otros lugares diferentes. Susan Aparicio Gutiérrez, miembro del Tribunal Médico de Calificaciones de la EEC, en audiencia manifestó que, tomando en cuenta el tiempo de evolución que tuvo la enfermedad del asegurado, desde su contagio con COVID-19, hasta su fallecimiento (cuando ya estaba en una etapa de convaleciente), permite concluir también que la causa principal de la muerte no fue el COVID-19, aun se haya contagiado en su trabajo, cuyo origen además no es posible determinar con certeza. Karla Emery Noya Barrera, miembro del Tribunal Médico Calificador de Revisión de la APS, en audiencia informó que: 1) En el caso concreto, hubo muchos eventos y problemas de base que presentó el asegurado; de todos modos, cuando se habla de enfermedades profesionales se debe determinar si tiene que ver o no una determinada causa, y el efecto del riesgo, la exposición no del puesto de trabajo, relacionado al trabajo o no; y, 2) En el caso de análisis, el asegurado era policía y como tal, en la etapa inicial de la pandemia determinaba que la exposición y el riesgo, eran altos, debido a que estaba vigente la cuarentena rígida donde solo personas que estaban al frente (policías, médicos y bomberos) eran los únicos que estaban trabajando; empero, cuando dicha etapa concluyó y todos las personas reiniciaron normalmente sus labores, ya esa relación de causalidad y de riesgo bajó, lo que además ha determinado que la muerte del asegurado sea calificada como riesgo común. Marcelo Flores Torrico, miembro del Tribunal Médico Calificador de Revisión de la APS, en audiencia expresó que Nelson Morales Choquehuanca no falleció en una época de cuarentena rígida, puesto que a esa fecha ya estaba expuesto a un riesgo que cualquier persona está sometido a partir de enero de 2021, lo que hace que su muerte no esté relacionada a la labor que se encontraba realizando en su trabajo con el COVID-19, aun así haya tenido una enfermedad preexistente, pues su contagio con el COVID-19 no guarda relación con el trabajo que el asegurado venía realizando.
Marco Antonio Erquicia Dávila, en representación legal de Futuro de Bolivia S.A.: AFP, por memorial presentado el 3 de mayo de 2022, cursante de fs. 131 a 133, expresó que: i) De la exposición de hechos y las pruebas ofrecidas por la parte accionante, no se observa que la acción de amparo constitucional interpuesta repercuta de forma favorable o desfavorable a los intereses o derechos de la AFP, dado que la misma no emitió las decisiones administrativas que se acusan de lesivas a los derechos fundamentales de la ahora accionante, sumado al hecho de que no tienen la cualidad de parte procesal en el proceso administrativo del que derivó el Dictamen de Revisión emitido por la APS y que, a decir del accionante, lesiona sus derechos fundamentales; ii) No obstante lo indicado, aportando con la información requerida por la Sala Constitucional, sus acciones se encuentran sujetas a la Ley de Pensiones Ley de Pensiones (LP) –Ley 065 de 10 de diciembre de 2010–, sus Decretos Supremos Reglamentarios y demás normativa conexa que regula el trámite para la otorgación de las prestaciones y beneficios del Sistema Integral de Pensiones, entre ellas, la Pensión por Muerte derivada de Riesgos; iii) En el marco de lo dispuesto en el art. 159.II del Reglamento de Desarrollo Parcial a la Ley 065, el Dictamen de Revisión emitido por el Tribunal Médico Calificador de la APS, y aprobado mediante RA APS/DP/DJ/ 900/2021, adquirió firmeza administrativa; iv) La AFP, en cumplimiento de sus obligaciones y en el marco de lo dispuesto en el art. 177 de la Ley 065, procedió a verificar los requisitos de cobertura para el acceso a una pensión por muerte derivada de riesgos, en cumplimiento a la indicada Ley de Pensiones, su Decreto Supremo Reglamentario y demás normativa conexa, también calculó la pensión por muerte derivada de vejez y/o solidaria de vejez (jubilación) a la que hubiera accedido el asegurado fallecido; y, v) Efectuadas las verificaciones y comparaciones, la precitada administradora de fondos otorgó la pensión por muerte derivada de riesgos, por ser esta la más alta o beneficiosa para los derechohabientes del asegurado fallecido, ello en estricta aplicación a lo establecido en el art. 138 inc. c) del Reglamento de Desarrollo Parcial de la indicada Ley, en materia de prestaciones de vejez, prestaciones por riesgos, pensiones por muerte derivadas de estas y otros beneficios, como el aprobado por DS 0822 de 16 de marzo de 2011.
La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través de la Resolución 117/2022 de 16 de mayo, cursante de fs. 185 a 191, denegó la tutela, bajo los siguientes fundamentos: a) La acción de amparo constitucional fue presentada extemporáneamente, puesto que al haber sido notificado el 8 de septiembre de 2021 con la RA APS/DP/DJ/ 900/2021, el plazo de los seis meses previsto en el art. 129.II de la CPE, vencía el 8 de marzo de 2022, de manera que, al haber sido presentada la acción el 11 del mismo mes y año, evidentemente se concluye que su interposición está fuera de plazo; y, b) La accionante, al aceptar espontánea y voluntariamente los pagos por los montos calculados en base a la RA APS/DP/DJ/ 900/2021, ha consentido de manera inequívoca el acto acusado de lesivo, con mayor razón si la activación de la presente acción de defensa constitucional ha sido realizada extemporáneamente.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados se establece lo siguiente: II.1. Por Certificado de Defunción 023916, se acredita el fallecimiento de Nelson Morales Choquehuanca, ocurrido el 10 de enero de 2021, registrándose como causa de la muerte “choque séptico a foco pulmonar” (fs. 6). II.2. El 15 de enero de 2021, Aurora Poma Zacarías, esposa de Nelson Morales Choquehuanca, solicitó a la AFP Futuro de Bolivia S.A., la asignación de la pensión por muerte (fs. 23). II.3. A través de nota GRLP.SC 3485/2021 de 8 de marzo, la indicada AFP solicitó a la ahora accionante, la presentación de una copia del Certificado Médico Único de Defunción elaborado para el caso; ello con el objeto de que dicho documento sea remitido a la EEC (fs. 44). II.4. Mediante nota Cite: GRLP.SC.8992/2021 de 19 de mayo, recibida por Aurora Poma Zacarías el 28 de igual mes y año, la indicada AFP procedió a notificar a esta última con el Dictamen EEC-64326/2021 de 10 de mayo, y el formulario de fecha de muerte, elaborados por la Entidad Encargada de Calificar (fs. 45 a 46; 47; y 48). II.5. Por nota de 7 de junio de 2021, con cargo de recepción de la misma fecha, la hoy impetrante de tutela constitucional solicitó a la AFP Futuro de Bolivia S.A., la revisión del Dictamen EEC-64326/2021, argumentando que, debido a la enfermedad que padeció el asegurado y la documentación adjunta, corresponde su calificación como riesgo profesional y no como riesgo común; solicitud que mereció el Auto de Admisión de 22 de junio de 2021, dictado por el Director Ejecutivo de la APS (fs. 54 y 63).
II.6. A través de nota GRLP.SC 16190/2021 de 7 de septiembre, con cargo de recepción el 8 del mismo mes y año, la indicada AFP procedió a notificar a la ahora accionante con la RA APS/DP/DJ/ 900/2021 de 25 de agosto, emitido por el Director Ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, por la cual se aprobó el Dictamen 318/2021 de 16 de agosto, emitido por el Tribunal Médico Calificador de Revisión de la APS, que concluye que la muerte del asegurado fue ocasionada por enfermedad de riesgo común (fs. 64; 65 a 68; y, 69). II.7. Mediante nota de 14 de septiembre de 2021, la derechohabiente solicitó a Futuro de Bolivia S.A. Administradora de Fondo de Pensiones, el abono en su cuenta de la pensión por muerte correspondiente al asegurado Nelson Morales Choquehuanca, suscribiendo a su vez las condiciones generales y particulares de la Declaración de Prestaciones y Pagos del Sistema Integral de Pensiones (fs. 75; y, 76 a 81). II.8. Por memorial presentado el 10 de noviembre de 2021, Aurora Poma Zacarías solicitó a la Dirección Ejecutiva de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, la modificación de la RA APS/DP/DJ/ 900/2021; solicitud que fue respondida por nota Cite. APS-EXT.I.DP/5169/2021 de 15 de diciembre, rechazando lo impetrado (fs. 82 a 83; y, 84 a 85).
La accionante alega la lesión de sus derechos a la vida, a la salud, a la igualdad, a una renta justa y al debido proceso, vinculado con los principios in dubio pro operario, verdad material y seguridad jurídica; toda vez que, mediante Dictamen 64326/2021 de 10 de mayo, los miembros del Tribunal Médico de Calificación de la EEC, establecieron como origen del fallecimiento de su esposo, enfermedad por riesgo común, conclusión a la que arribaron sin valorar toda la documentación que fue presentada y por la cual se establecía que la muerte fue por COVID-19, contagiado en el cumplimiento de sus funciones; y no obstante haber solicitado la revisión del indicado Dictamen, adjuntando prueba que demostraba su alegación, tal decisión fue confirmada por RA APS/DP/DJ/ 900/2021 de 25 de agosto, emitida por la Dirección Ejecutiva de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, que aprobó el Dictamen de Revisión 318/2021 de 16 de agosto, elaborado por el Tribunal Médico de Revisión de la APS, sin valorar la documentación presentada. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Por disposición del art. 129.II de la CPE, el plazo máximo para interponer la acción de amparo constitucional es de seis meses, los que deben ser computados a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial, o de conocido el hecho, último supuesto que se encuentra establecido en el art. 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo). Cabe precisar que dicho principio tiene su génesis en el art. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), cuando tal disposición manda a los Estados miembros del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, disciplinar a favor de las personas un recurso sencillo, rápido y efectivo para la defensa de sus derechos reconocidos en la Constitución, la ley o la citada Convención; de manera que, al ser el Estado boliviano miembro del indicado cuerpo normativo internacional de derechos humanos, debe ser cumplido fielmente en virtud al principio “pacta sunt servanda”, que traducido español significa “lo pactado obliga”. Sobre el principio de inmediatez, la SC 1039/2010-R de 23 de agosto, entre otras, estableció que: “…es una condición esencial para que el control de constitucionalidad pueda operar a través del amparo constitucional, en virtud a este presupuesto de orden procesal-constitucional, éste se consagra como un mecanismo caracterizado por su prontitud y efectividad para brindar la tutela debida”. Sobre el mismo principio también, la SCP 1463/2013 de 22 de agosto, precisó que: “El principio de inmediatez se caracteriza por tener una doble dimensión; positiva y negativa, la primera consistente en que el amparo constitucional es la vía idónea para la protección inmediata de derechos fundamentales y garantías constitucionales restringidos o suprimidos indebida o ilegalmente; la segunda, la activación de esta garantía jurisdiccional depende que su interposición se realice en un plazo razonable, que la Norma Fundamental fijó en seis meses computables a partir de la comisión del acto ilegal u omisión indebida del servidor público o del particular, o de notificado con la última decisión judicial o administrativa”. La SCP 2058/2012 de 8 de noviembre, refiriéndose al plazo de inmediatez de la acción de amparo constitucional ha señalado que: “…no puede obviarse que quien ocurre ante la jurisdicción constitucional en busca de la tutela que este mecanismo extraordinario ofrece, a efectos de alcanzar una protección eficaz, debe hacerlo dentro del tiempo prudencial establecido por la Constitución y las leyes, lo contrario involucra inactividad procesal por parte del propio accionante, que conlleva a la inevitable denegatoria de tutela, siendo que la falta de ejercicio, en los plazos legalmente establecidos, de los mecanismos que otorga el ordenamiento jurídico vigente para el reconocimiento y preservación de los derechos individuales, sea en la vía ordinaria o constitucional, no puede argumentarse en beneficio propio, menos aun cuando existen derechos de terceros que pudieran ser afectados con la resolución; en similar sentido ha razonado este Tribunal mediante la SCP 0040/2012 de 26 de marzo, al señalar que: ‘…la interposición de la acción de amparo constitucional fuera del plazo de los seis meses, previsto en el art. 129.II de la CPE, no implica una simple y llana exigencia, sino más bien responde al tiempo prudente de tolerancia o aceptación del acto lesivo que se acusa, de lo contrario da lugar al principio de preclusión del derecho de acudir a esta acción tutelar ante la jurisdicción constitucional; por cuanto el ciudadano o afectado en sus derechos o garantías, por su propio interés debe ser diligente y acudir sin ningún tipo de espera a la protección de los mismos, de no ser así su actitud llega a ser negligente en causa propia llevándolo a una consecuencia jurídica, que es la extemporaneidad de la presentación de la acción; lo que significa que no se puede ingresar al análisis de fondo‴ (las negritas corresponden al texto original). En ese marco, se establece que la acción de amparo constitucional es un mecanismo sencillo, rápido y efectivo para la protección de los derechos fundamentales y/o garantías constitucionales que no son tutelados por otros medios o recursos específicos; así, la rapidez del mecanismo de protección como característica del principio de inmediatez se encuentra circunscrita al plazo máximo de seis meses para su interposición, lo cual se encuentra plasmado en el art. 129.II de la Norma Suprema, de manera que, la activación de tal mecanismo de tutela constitucional fuera del indicado plazo, simplemente conlleva a su improcedencia, sin que se permita al órgano contralor de constitucionalidad, ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada.
La accionante alegó la lesión de sus derechos a la vida, a la salud, a la igualdad, a una renta justa y al debido proceso, vinculado con los principios in dubio pro operario, verdad material y seguridad jurídica; toda vez que, mediante Dictamen 64326/2021 de 10 de mayo, los miembros del Tribunal Médico de Calificación de la Entidad Encargada de Calificar (EEC), establecieron como origen del fallecimiento de su esposo, enfermedad por riesgo común, conclusión a la que arribaron sin valorar toda la documentación que fue presentada y por la cual se establecía que la muerte fue por Covid-19, contagiado en el cumplimiento de sus funciones; y no obstante haber solicitado la revisión del indicado Dictamen, adjuntando prueba que demostraba su alegación, tal decisión fue confirmada por R RA APS/DP/DJ/ 900/2021 de 25 de agosto, emitida por la Dirección Ejecutiva de la APS, que aprobó el Dictamen de Revisión 318/2021 de 16 de agosto, elaborado por el Tribunal Médico de Revisión de la APS, sin valorar la documentación presentada. De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente constitucional y conforme con las Conclusiones del presente Fallo, se tiene que, ante el fallecimiento de Nelson Morales Choquehuanca (esposo de Aurora Poma Zacarías), acaecido el 10 de enero de 2021, la hoy accionante presentó el 15 del mismo mes y año, a la AFP Futuro de Bolivia S.A., solicitud de asignación de pensión por muerte; sin embargo, con el objeto de establecer la causa y origen de la muerte del asegurado, mediante nota GRLP.SC 3485/2021 de 8 de marzo, la indicada AFP solicitó a la hoy impetrante de tutela la presentación de una copia del Certificado Médico Único de Defunción elaborado para el caso. En ese sentido, presentada la documentación exigida y mencionada anteriormente, por nota Cite: GRLP.SC.8992/2021 de 19 de mayo, recibida por Aurora Poma Zacarías, el 28 de igual mes y año, la indicada AFP notificó a esta última con el Dictamen EEC-64326/2021 de 10 de mayo, y el formulario de fecha de muerte, ambos documentos elaborados por la EEC; por los cuales se estableció, además de la fecha de la muerte, que el origen del deceso del asegurado fue por enfermedad por riesgo común; decisión respecto de la cual, por nota de 7 de junio de 2021, con cargo de recepción de la misma fecha, la beneficiaria solicitó su revisión, argumentando que, debido a la enfermedad que padeció su esposo y la documentación adjunta, correspondía su calificación como riesgo profesional y no como riesgo común; solicitud que luego de su admisión mediante Auto de 22 de junio de 2021, dictado por el Director Ejecutivo de la APS, mereció como respuesta de fondo, la RA APS/DP/DJ/ 900/2021de 25 de agosto, emitido por el Director Ejecutivo de la APS; por la cual, se aprobó el Dictamen 318/2021 de 16 de agosto, emitido por el Tribunal Médico Calificador de Revisión de la precitada autoridad, que concluye que la muerte del asegurado fue ocasionada por enfermedad de riesgo común. Cabe señalar que la notificación a la ahora accionante, con la señalada R.A. APS.DP.DJ. 900/2021, fue efectuada por indicada AFP el 8 de septiembre de 2021, a través de nota GRLP.SC 16190/2021 de 7 de septiembre, hecho que inclusive se encuentra reconocido por la propia accionante en su memorial de acción de amparo constitucional, razón por la que, mediante nota de 14 del mismo mes y año, la derechohabiente solicitó a la AFP Futuro de Bolivia S.A., el abono en su cuenta de la pensión por muerte correspondiente al asegurado Nelson Morales Choquehuanca; suscribiendo a su vez, las condiciones generales y particulares de la Declaración de Prestaciones y Pagos del Sistema Integral de Pensiones. No obstante, por memorial presentado el 10 de noviembre de 2021, Aurora Poma Zacarías solicitó a la Dirección Ejecutiva de la APS, en el marco del derecho de petición comprendido en el art. 24 de la CPE, la modificación de la RA APS/DP/DJ/ 900/2021, solicitud que fue contestada por Nota Cite. APS-EXT.I.DP/5169/2021 de 15 de diciembre, rechazando lo impetrado. Ahora bien, conforme a lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de amparo constitucional es un mecanismo sencillo, rápido y efectivo para la protección de los derechos fundamentales y/o garantías constitucionales que no son tutelados por otros medios o recursos específicos; así, la rapidez del mecanismo de protección como característica del principio de inmediatez se encuentra circunscrita al plazo máximo de seis meses para su interposición; lo cual, se encuentra plasmado en el art. 129.II de la Norma Suprema, de manera que, la activación de tal mecanismo de tutela constitucional fuera del indicado plazo, simplemente conlleva a su improcedencia, sin que se permita al órgano contralor de constitucionalidad, ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada; fundamento que, en el caso de examen corresponde ser aplicado, tomando en cuenta que la presentación de la acción de esta acción de defensa constitucional fue activada luego de haber vencido el plazo de los seis meses arriba descrito, debido a que este plazo vencía el 8 de marzo de 2022, y la acción recién fue interpuesta el 11 de igual mes y año, es decir, tres días posteriores a su vencimiento. Tal como fue razonado en la SCP 0040/2012 de 26 de marzo, citada en el indicado Fundamento Jurídico, la interposición de la acción de amparo constitucional dentro del indicado plazo de caducidad responde al tiempo prudente de tolerancia o aceptación del acto lesivo que se acusa, de lo contrario da lugar al principio de preclusión del derecho de acudir a la jurisdicción constitucional, por cuanto el ciudadano o afectado en sus derechos o garantías, por su propio interés, debe ser diligente y acudir sin ningún tipo de espera a la protección de los mismos, de no ser así su actitud, llega a ser negligente en causa propia, acarreando como consecuencia jurídica la inviabilidad de que la justicia constitucional pueda ingresar al análisis de fondo. Si bien de la revisión de los antecedentes adjuntos al legajo constitucional se advierte también que la ahora accionante, por memorial presentado el 10 de noviembre de 2021, solicitó a la Dirección Ejecutiva de la APS, la modificación de la R.A. APS.DP.DJ. 900/2021, solicitud que fue respondida por Nota Cite. APS-EXT.I.DP/5169/2021 de 15 de diciembre, rechazando lo impetrado, cabe señalar que dicho actuado, al no ser idóneo, porque no se encuentra previsto en el correspondiente procedimiento, no puede ser tomado en cuenta para efectos del cómputo del plazo de los seis meses previstos para presentar la acción de defensa constitucional, tomando en cuenta que, dicho plazo debe ser computado en el caso, a partir de notificada con la última decisión administrativa, que resulta ser, la RA APS/DP/DJ/ 900/2021, cuya decisión, como se anotó anteriormente, fue notificada por la AFP Futuro de Bolivia S.A., el 8 de septiembre de 2021, mediante nota GRLP.SC 16190/2021 de 7 de septiembre. En ese sentido, al haberse establecido que la presente acción de amparo constitucional fue presentada a los tres días de haber vencido el plazo de los seis meses, previsto en el art. 129.II de la CPE, corresponde denegar la tutela impetrada, en similar razonamiento al expuesto por la Sala Constitucional, aclarando que no se ingresa al fondo de lo denunciado en el memorial de acción de amparo constitucional. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, efectuó un correcto análisis de los antecedentes.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 117/2022 de 16 de mayo, cursante de fs. 185 a 191, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
René Yván Espada Navía Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0807_2023-S4.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): a5b1adb243b2205ea1eb00f0331c3f271a100d38f388d8ffa267cc7d1e012836
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