Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 12 de julio de 2023
Deniega la tutela
El accionante, a través de sus representantes sin mandato, denuncia que se vulneraron sus derechos a la vida, la libertad personal, a la dignidad, al debido proceso, a la defensa, a una justicia pronta, oportuna y transparente, a ser oído, a la igualdad y los principios de presunción de inocencia y legalidad; por cuanto el Fiscal de Materia demandado presentó una dirección equivocada de la víctima, actuando de manera dolosa al no revisar el cuaderno de investigación; disponiendo el Juez codemandado su detención preventiva con el argumento que su persona tenía el mismo domicilio que el de la víctima y que podía influenciar en la misma, sin realizar una correcta valoración de las pruebas de descargo, cuando lo evidente es que tienen domicilios distintos; sin que el Vocal codemandado valore la prueba presentada, ratificando el Auto Interlocutorio 132/2022, dejándole en indefensión, al no escuchar sus reclamos y no tomar en cuenta la declaración de la víctima. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: i) La protección de los derechos de la víctima en casos de violencia en razón de género, en el marco de un enfoque integral del problema jurídico; ii) La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso; y iii) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 07/2022 de 22 de abril, cursante de fs. 30 a 32 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0806/2023-S1 Sucre, 12 de julio de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 47255-2022-95-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 07/2022 de 22 de abril, cursante de fs. 30 a 32 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jhamil Gustavo Espinoza Arce y Olker Cristian Cossío Fernández en representación sin mandato de Jesús Roberto Lazo de la Vega Arroyo contra Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del mismo departamento; y, Franklin Antonio Alborta Alandia, Fiscal de Materia.
Mediante memorial presentado el 21 de abril de 2022, cursante de fs. 16 a 19 vta., el accionante a través de sus representantes sin mandato, manifestó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de violación con agravante, fue imputado solicitando la representación fiscal su detención preventiva por tres meses, presentando una dirección equivocada de la víctima por cuanto en su cédula de identidad su domicilio es en la calle Venancio Burgoa 316 zona Belén, citando la misma dirección en el croquis domiciliario, actuando de manera dolosa al no revisar el cuaderno de investigación y emitir resoluciones en hechos inexistentes, poniendo en riesgo su libertad, afectando directamente su derecho a la vida al negarle como procesado a estar en libertad en la audiencia, afectando por conexitud su derecho a la defensa material. El Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, ahora demandado, por Auto Interlocutorio 132/2022 de 23 de febrero, dispuso su detención preventiva con el argumento que su persona tenía el mismo domicilio que el de la víctima y que por ello no contaba con un domicilio conocido habitual, indicando respecto al trabajo que de acuerdo a su declaración informativa sería estudiante, cuando indicó que era chofer de la Alcaldía por lo que no concurren los riesgos procesales atribuidos. Asimismo, no realizo una correcta valoración de los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público, ni de las pruebas de descargo, es así que respecto al domicilio señalado, sin revisar el croquis domiciliario de la víctima, el cual fue llenado de manera personal por la víctima con puño y letra, señaló como domicilio la calle “Venancio Burgoa” 316 zona Belén, adjuntando su cédula de identidad en la cual señaló como domicilio la calle “Benancio Burgo” 316 zona Belén, sin realizar una revisión a fondo de este extremo, refiriendo en la audiencia de consideración de medida cautelar que no tiene domicilio y que convivía con la víctima y podía influenciar en la misma, cuando lo evidente es que vive en la avenida Nieves Linares 234 de la zona Villa Armonía, siendo domicilios distintos, acreditando además su domicilio, manteniendo latente los numerales 2 y 7 del art. 234 del Código de Procedimiento Penal (CPP) modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, negándole a estar en libertad en la audiencia de consideración de medidas cautelares. Por su parte, el Vocal codemandado no tomó en cuenta los hechos denunciados ni valoró la prueba presentada, confirmando el Auto Interlocutorio 132/2022 a través del Auto de Vista 159/2022 de 25 de marzo, dejándole en indefensión al no valorar la prueba, no escuchar sus reclamos y no tomar en cuenta la declaración de la supuesta víctima.
El impetrante de tutela señala como lesionados sus derechos a la vida, la libertad personal, a la dignidad, al debido proceso, a la defensa, a una justicia pronta, oportuna y transparente, a ser oído, a la igualdad y los principios de presunción de inocencia y legalidad, citando al efecto los arts. 22, 23, 115, 116, 117, 119 y 120 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela disponiendo su inmediata libertad y determinando la responsabilidad que corresponda.
Verificada la audiencia de acción de libertad el 22 de abril de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 28 a 29, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, reiteró los argumentos de su acción de libertad, y ampliándolos señaló que: a) La víctima prestó su declaración informativa el 2 de agosto de 2021 proporcionando su domicilio real ubicado en calle Nieves Linares 234-B de la zona de Villa Armonía al igual que su persona con domicilio en la misma calle e inmueble que de la presunta víctima, pero no se acreditó que la víctima tenga su domicilio en calle Venancio Burgoa 316 de la zona de Alto San Pedro, fundamento que fue sostenido por las autoridades jurisdiccionales, para sustentar que junto con la víctima contarían con el mismo domicilio y en la misma zona; b) Se “…acredita que el señor imputado no cuenta con domicilio por que no puede fincar un domicilio en el mismo lugar donde reside la víctima de agresión sexual aspectos que han sido considerados por el señor Juez Cautelar Anticorrupción y contra la Violencia hacia la mujer Primero para emitir la resolución Nro 132/2022 de fecha 23 de Febrero de 2022…” (sic); c) No cometió el delito porque el 31 de julio de 2021 a horas 8:00 se ausentó a su fuente laboral, por lo que mal podría haber cometido en esa fecha el presunto delito de violación en contra de la supuesta víctima; d) El Juez demandado observó que no presentó certificación actualizada de su fuente laboral en el Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de La Paz y que la documental aparejada se encontraba fuera de vigencia, concluyendo que expiró, por lo que al no contar con domicilio y trabajo se identificó los riesgos procesales del art. 234.1 y 2 del CPP modificado por la Ley 1173; e) El Juez de la causa no efectuó una debida valoración, asumiendo el criterio que concurría la probabilidad de autoría porque habría planificado los hechos, empero de acuerdo al dictamen de toxicología se identificó la presencia de sustancias controladas en las muestras colectadas en la víctima, siendo dicha sustancia metabólicos de marihuana; f) Desde el mes de septiembre de 2021 se determinó los dictámenes periciales de genética forense y biología forense, pero hasta la fecha no existen los resultados del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) habiendo transcurrido muchos meses desde la orden que determinó mediante requerimiento fiscal las pericias científicas; y, g) El inmueble ubicado en la calle Nieves Linares 234-B de la zona de Villa Armonía, que es donde está su residencia, el derecho propietario le corresponde a su madre Isabel Arroyo Mendieta, con quien suscribió un contrato de anticresis, inmueble en el cual viven su esposa e hijos, así como sus hermanos, siendo su núcleo familiar y social; siendo que la víctima tiene su domicilio en la calle Venancio Burgoa 316 de la zona de Alto San Pedro.
Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través del informe escrito de 22 de abril de 2022, cursante a fs. 27 y vta., manifestó que emitió el Auto de Vista 159/2022, confirmando la Resolución apelada ante la ausencia de agravios previstos por el art. 398 del CPP, por cuanto se pretendió que el Tribunal de apelación cumpla roles de investigador y valore indicios, actividad que corresponde únicamente al Ministerio Público, conforme prevé el art. 279 del Código mencionado; en cuanto a los riesgos y probabilidad de autoría se pronunció en forma objetiva y motivada; “Empero lo sustancial radica en la defensa material de la víctima, esta vez favoreciendo al imputado, sin considerar que con la denuncia ha accionado la participación de diversas Instituciones del Estado, MP, Órgano Judicial, Policía Boliviana…” (sic). Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, por informe escrito de 22 de abril de 2022, cursante a fs. 23 y vta., pidió se deniegue la tutela solicitada, indicando que emitió el Auto Interlocutorio 132/2022, el cual fue confirmado mediante Auto de Vista “139/2022 de 29 de marzo”, evidenciándose que no vulneró ningún derecho del accionante, por cuanto la Resolución que pronunció fue revisada en grado de apelación y confirmada. Franklin Antonio Alborta Alandia, Fiscal de Materia, a tiempo de pedir que se rechace la acción de defensa, en audiencia manifestó que no se identificó cuál es el derecho vulnerado, no expiró aún la duración del tiempo de detención preventiva que fenece el 23 de mayo de 2022, anticipándose en su reclamo, por cuanto el Ministerio Público aún cuenta con un mes para recabar elementos de prueba y concluir el desarrollo de la etapa preparatoria, además que no le incumbe remitir el cuaderno de investigaciones cuando se presenta un recurso de apelación por parte del imputado, labor que corresponde al apelante; no se precisó bajo qué modalidad se presentó al acción de libertad, es decir, si es correctiva, preventiva o reparadora.
El Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 07/2022 de 22 de abril, cursante de fs. 30 a 32 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) Con relación a la falta de emisión de dictámenes periciales en genética forense y biología forense por parte del IDIF, se establece que no existe reclamo formal al Ministerio Público o al Juez de control jurisdiccional, contando el Fiscal demandado con un mes aún para concluir el desarrollo de la etapa preparatoria, presentar requerimiento conclusivo y recabar los dos dictámenes periciales; 2) No se hizo uso de los recursos intra procesales ante el Fiscal de Materia o Juez de la causa, por lo que no corresponde admitir el reclamo de la falta de presentación de los dictámenes de pericia del IDIF; 3) El accionante en ningún momento puso en tela de juicio la probabilidad de autoría en relación al delito de violación, señalando únicamente que la víctima habría consumido marihuana y debía estarse a las resultas de los dictámenes de biología y genética forense, haciéndose énfasis a los riesgos procesales previstos en el art. 234.1 del CPP modificado por la Ley 1173, relacionado a que el Fiscal de Materia y autoridades judiciales demandadas exigieron la actualización del certificado de trabajo, con relación a su fuente laboral en el GAM de La Paz, aspecto que puede ser obtenido sin ningún problema en mérito a los principios de temporalidad, variabilidad y revisabilidad de las medidas cautelares, razón por la cual no puede alegarse estado de indefensión o vulneración al debido proceso, siendo clara y razonable la decisión asumida por las autoridades demandadas; y, 4) Con relación al domicilio como riesgo procesal previsto en el art. 234.1 del código adjetivo penal, el Juez refirió que el imputado, ahora accionante, no contaba con un domicilio en consideración a que la víctima en su declaración informativa señaló que su domicilio real estaba ubicado en calle Nieves Linares 234-B de la zona de Villa Armonía, al igual que el sindicado, pero que no acreditó, que la víctima tenga su domicilio en calle Venancio Burgoa 316 de la zona de Alto San Pedro, nuevo domicilio de la víctima que inicialmente desconocía el Juez de la causa, ya que el imputado después de la celebración de la audiencia de consideración de medidas cautelares donde se determinó la medida extrema en su contra y después de formular su recurso de apelación presentado el 29 de marzo de 2022 “…adjunta una copia simple de la cédula de identidad de Samady Katia Rojas Carrasco y de mutuo propio refiere y reconoce que la misma YA NO VIVE EN MI DOMICILIO (…) Esta documentación no fue objeto de debate o discusión ni presentada inicialmente en la audiencia de medidas cautelares a las autoridades accionadas, por lo que el recurso es manifiestamente excesivo, correspondiendo DENEGAR la TUTELA” (sic).
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta Auto Interlocutorio 132/2022 de 23 de febrero, dictado por Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, demandado, por el cual dispuso la detención preventiva del imputado Jesús Roberto Lazo de la Vega Arroyo -ahora accionante- por el plazo de tres meses en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz (fs. 4 a 9 vta.). II.2. Cursa Auto de Vista 159/2022 de 25 de marzo, pronunciado por Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, ahora demandado, declarando admisible e improcedente el recurso de apelación planteado por el impetrante de tutela y confirmando el Auto Interlocutorio 132/2022 (fs. 24 a 26 vta.).
El accionante, a través de sus representantes sin mandato, denuncia que se vulneraron sus derechos a la vida, la libertad personal, a la dignidad, al debido proceso, a la defensa, a una justicia pronta, oportuna y transparente, a ser oído, a la igualdad y los principios de presunción de inocencia y legalidad; por cuanto el Fiscal de Materia demandado presentó una dirección equivocada de la víctima, actuando de manera dolosa al no revisar el cuaderno de investigación; disponiendo el Juez codemandado su detención preventiva con el argumento que su persona tenía el mismo domicilio que el de la víctima y que podía influenciar en la misma, sin realizar una correcta valoración de las pruebas de descargo, cuando lo evidente es que tienen domicilios distintos; sin que el Vocal codemandado valore la prueba presentada, ratificando el Auto Interlocutorio 132/2022, dejándole en indefensión, al no escuchar sus reclamos y no tomar en cuenta la declaración de la víctima. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: i) La protección de los derechos de la víctima en casos de violencia en razón de género, en el marco de un enfoque integral del problema jurídico; ii) La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso; y iii) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, asumió el siguiente entendimiento: La comisión de un hecho delictivo y su correspondiente denuncia o descubrimiento, constituye el germen del proceso penal, y la víctima es la persona a quien el Estado debió proteger, para impedir que en su contra se consumara el atentado al bien jurídico tutelado; de ahí, que si bien la protección de los derechos del acusado es fundamental dentro del proceso penal; empero, también es necesario precautelar los derechos de la víctima; por ello, no puede dejar de abordarse el problema jurídico material que dio inicio al proceso penal, equilibrando los derechos del imputado y de la víctima, en particular, en delitos de violencia contra la mujer; en los cuales, el Estado, a través de las instancias de investigación, de acusación y de juzgamiento, tiene la obligación de actuar con la debida diligencia, en el marco de las normas constitucionales y los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos. En ese marco, es importante desarrollar los derechos de las víctimas en un Estado Constitucional, y de manera concreta, el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación; y el consiguiente deber del Estado y la sociedad, de eliminar toda forma de violencia en razón de género.
Con referencia a los derechos de las víctimas de un delito, la SC 0815/2010-R de 2 de agosto, señala que la Constitución Política del Estado vigente, asume una nueva visión de protección a las mismas; pues, si bien el Estado asume el ius puniendi -poder punitivo-, cobran importancia trascendental los derechos de la víctima; pues, conforme al art. 121 de la CPE, tiene derecho a ser oída antes de cada decisión judicial. Asimismo, la indica SC 0815/2010-R, hizo referencia a la Declaración Sobre los Principios Fundamentales de Justicia Para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de la Resolución 40/34 de 29 de noviembre de 1985.
Dicha Declaración, establece los derechos de las víctimas, entre ellos, el acceso a la justicia y trato justo; según el cual:
Acceso a la justicia y trato justo
4. Las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad. Tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional.
1El FJ III.5, señala: “La Constitución Política del Estado vigente, asume una nueva visión del principio de eficacia y la protección a la víctima -arts. 180.I y 113.I CPE-, a partir de estos postulados fundamentales deben desarrollarse la normatividad, la doctrina y la jurisprudencia, orientando el sistema constitucional hacia un Estado más garantista y respetuoso de los Derechos Humanos. Desde esta nueva perspectiva garantista aplicada al caso concreto; en la ponderación de bienes superiores, nítidamente se contraponen dos criterios de protección: 1. Los derechos de la víctima, al acceso efectivo a la justicia y la reparación del daño; y, 2. El derecho del procesado a ser juzgado dentro de un plazo razonable. (…) En este esquema, si bien es el Estado el que asume el ius puniendi, actualmente cobran importancia trascendental los derechos de la víctima, que antes pasaron a un segundo plano, en la medida en que los mismos fueron “confiscados” por el Estado como único titular de la facultad sancionadora. (…) Al respecto, la Organización de Naciones Unidas (ONU) adoptó en la Asamblea General de 29 de noviembre de 1985, en la Resolución 40/34, la primera declaración sobre la protección a la víctima: `Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder´, estableciendo los siguientes derechos de las víctimas: 1. Acceso a la justicia y trato justo: Las víctimas deben ser tratadas con compasión y respeto a su dignidad, superando los paradigmas del proceso penal para facilitar el acceso y permitir el pago por los daños y perjuicios ocasionados por la existencia de un hecho delictivo, para ello, los procesos judiciales y administrativos deberán adecuarse a las necesidades de la víctima, lo que comprende: (…)
d) Proteger su dignidad, minimizar molestias, garantizar su seguridad, el de la familia y testigos a su favor contra intimidaciones y represalias; (…)
`Dentro de la concepción de Estado Social de Derecho, que reconoce como principios esenciales la búsqueda de la justicia y el acceso a la misma, el derecho procesal penal no sólo debe operar como manifestación del poder sancionador del Estado, a favor del incriminado, sino que debe procurar también por los derechos de la víctima. Debe entonces -el proceso penal- hacer compatibles los intereses de ambos sujetos procesales, pues, el perjudicado con el delito no puede convertirse en una pieza suelta e ignorada por la política criminal del Estado ya que, como se ha explicado, los derechos de los sujetos procesales constituyen valores y principios reconocidos por la Constitución Política…´” (el resaltado es nuestro).
En el marco de dicho derecho, la referida Declaración señala también que:
6. Se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas:
a) Informando a las víctimas de su papel y del alcance, el desarrollo cronológico y la marcha de las actuaciones, así como de la decisión de sus causas, especialmente cuando se trate de delitos graves y cuando hayan solicitado esa información;
b) Permitiendo que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones siempre que estén en juego sus intereses, sin perjuicio del acusado y de acuerdo con el sistema nacional de justicia penal correspondiente;
c) Prestando asistencia apropiada a las víctimas durante todo el proceso judicial;
d) Adoptando medidas para minimizar las molestias causadas a las víctimas, proteger su intimidad, en caso necesario, y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y represalia;
e) Evitando demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución de los mandamientos o decretos que concedan indemnizaciones a las víctimas. (…) [las negrillas son agregadas]. A partir de dichas normas, la SC 0815/2010-R antes citada, concluyó que el derecho procesal penal, no solo debe operar como manifestación del poder sancionador del Estado, a favor del incriminado, sino, que debe procurar también por los derechos de la víctima, haciendo: “…compatibles los intereses de ambos sujetos procesales, pues, el perjudicado con el delito no puede convertirse en una pieza suelta e ignorada por la política criminal del Estado ya que, como se ha explicado, los derechos de los sujetos procesales constituyen valores y principios reconocidos por la Constitución Política…”. En la misma línea, la SC 1388/2011-R de 30 de septiembre, señala que todo hecho punible, genera una colisión entre las garantías fundamentales de la víctima, del imputado, y en último término, de la sociedad; por ello:
…se requiere lograr un justo equilibrio entre los derechos constitucionales de la víctima y las garantías procesales del imputado, que naturalmente nadie niega y todos deben respetar; así encontramos entre los valores en el que se sustenta el Estado Plurinacional, el ‘equilibrio’ y ‘el bienestar común’ reconocidos por el art. 8.II de la CPE; valores éstos que forman parte del concepto ‘buen vivir’ y del modelo Boliviano de ‘Estado de Derecho del vivir bien’, asumiendo el Estado una responsabilidad fundamental (las negrillas son incorporadas). En el marco de la jurisprudencia anotada precedentemente, es evidente que en las diferentes acciones de defensa, que llegan a conocimiento de la jurisdicción constitucional, emergentes de procesos penales, no se debe pasar por alto el equilibrio que se busca entre los derechos del imputado y de la víctima; especialmente, cuando éstos se encuentran en conflicto. En ese sentido, ya sea que la acción de defensa sea presentada por la víctima o por el imputado, este Tribunal debe considerar los derechos de la otra parte dentro del proceso penal; y por ende, sus resoluciones no pueden limitarse a analizar el problema jurídico planteado en la acción de defensa de manera unilateral, sino también, examinando el contexto y los derechos en conflicto, cuando corresponda; más aún, tratándose de los casos de violencia hacia las mujeres, en los cuales, se deben aplicar los estándares initernacionales e internos para la tutela de sus derechos, conforme se analizará en el siguiente fundamento.
La magnitud de la violencia contra las mujeres a nivel nacional e internacional y los resultados adversos que ocasiona a la víctima, pone de manifiesto el grave problema que la sociedad enfrenta. Detrás de estos cuadros de violencia contra la mujer, se devela una discriminación estructural, resultante de categorías, roles y diferencias culturales y sociales, donde predominó y continúa predominando una visión patriarcal; es decir, la posición subordinada de la mujer respecto del varón, se origina en una estructura social construida sobre la base de un modelo de masculinidad hegemónica; ya que en el caso de la mujer, no existen razones naturales o biológicas que la releguen a una posición de subordinación o dependencia; puesto que, su situación no es asimilable a otros sectores poblaciones, que por sus características físicas o psíquicas resultan vulnerables. Sin embargo, la construcción cultural y social vista desde una visión patriarcal, es la que tiende a situarla en un escenario de desigualdad.
Ahora bien, la violencia de género, se presenta como un reflejo de esta situación de desigualdad, basada en la distribución de roles sociales que fueron transcendiendo históricamente; lo cual, engloba a las diversas aristas que adquiere la violencia contra la mujer, que según el espacio físico o personal en el que ocurre el hecho de violencia, comprende aquella que la mujer sufre en el ámbito doméstico o familiar. Ello, nos demuestra que la violencia hacia las mujeres, y en particular, la violencia en el seno familiar, no es un problema que deba resolverse entre particulares, por la trascendencia y connotación social que adquirió, como una violación a los derechos humanos de las mujeres y los demás miembros del núcleo familiar, que limita el desarrollo pleno de sus potencialidades, y que el Estado no puede desatender. Estos aspectos fueron visibilizados en la comunidad internacional; así, la Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, establece: “…la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales e impide total o parcialmente a la mujer gozar de dichos derechos…”. Asimismo, señala que esta clase de violencia:
…constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto de hombre. Esta Declaración, entiende por violencia contra la mujer, a todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada.
Así los Estados Partes; por una lado, deben identificar los actos que constituyen violencia y su carácter vulnerador de los derechos humanos; y por otro, su procedencia específica de las pautas culturales, en concreto, de la visión patriarcal, que atribuye diferentes características y roles a mujeres y varones, ubicándolos en una jerarquía distinta, en la que el varón ostenta un lugar superior, mientras se perpetúa la condición inferior que se le atribuye a la mujer en la familia, el lugar de trabajo, la comunidad y la sociedad.
Estos elementos fueron evidentes para el constituyente boliviano, incidiendo en el reconocimiento de derechos; de modo tal, que la Constitución Política del Estado, contienen en su catálogo de derechos fundamentales, específicamente en el art. 15, la disposición que señala:
I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual (…) Todas las personas, en particular las mujeres, tienen II. derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad; III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional (…) tanto en el ámbito público como privado (…) [el resaltado es adicionado].
El reconocimiento de los derechos a la integridad física, psicológica y sexual; y, a una vida digna, no podría adquirir efectividad en un escenario de violencia; razón por la que, se requiere del Estado, acciones positivas -medidas legislativas, administrativas, entre otras-, que atenúen esta situación, a fin de garantizar el ejercicio efectivo de los mismos.
Ahora bien, una de las pautas que guían a la justicia constitucional, es el principio de interpretación conforme a los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos; por el cual, las normas internas deben ser interpretadas sobre la base no solo del texto constitucional, sino también, de las disposiciones normativas consignadas en los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos, a partir de lo dispuesto en los arts. 13 y 256 de la CPE y a la aplicación preferente de los Tratados Internacionales en Derechos Humanos, siempre que el reconocimiento o interpretación que derive de éstos, contenga un estándar de protección más favorable al derecho en cuestión.
En ese marco, a continuación se anotarán algunos de los estándares más importantes, aplicables al caso, sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y las obligaciones que genera para el Estado:
i) Debida diligencia: El Comité Para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), supervisa el cumplimiento de las normas contenidas en la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; la cual, se constituye en el instrumento jurídico internacional del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, que significó un importante avance en el reconocimiento de la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres. El CEDAW, emitió la Recomendación General 19 de 29 de enero de 1992 -sobre La Violencia Contra la Mujer-; la cual, afirma que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación, que impide gravemente que ésta, goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre; y que dicha violencia, conlleva responsabilidad estatal, no solamente por actos violentos cometidos por agentes estatales, sino por particulares, cuando el Estado no implementa los mecanismos necesarios para proteger a las mujeres, y cuando no adopta medidas con la diligencia debida, para impedir la lesión de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas. El mismo CEDAW, en la Recomendación General 33 de 3 de agosto de 2015, sobre el Acceso de las Mujeres a la Justicia, encomendó a los Estados a ejercer la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer la reparación, por los delitos cometidos contra mujeres, ya sea, perpetrados por agentes estatales o no estatales; garantizando que la prescripción se ajuste a los intereses de las víctimas, tomando medidas apropiadas para crear un entorno de apoyo, que las aliente a reclamar sus derechos, denunciar delitos cometidos en su contra y participar activamente en los procesos; revisando las normas sobre pruebas y su aplicación específicamente en casos de violencia contra la mujer, mejorando la respuesta de la justicia penal a la violencia en el hogar.
Por su parte, en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), en su art. 7, establece, entre otras, las obligaciones de los Estados de:
b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;
c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (…) [las negrillas son añadidas]. Asimismo, el Estado boliviano al ratificar la Convención de Belém do Pará, mediante Ley 1599 de 18 de octubre de 1994; por ende, asume la norma de la debida diligencia; en ese sentido, la violencia hacia la mujer es un asunto que compromete y responsabiliza al mismo, que está obligado a realizar acciones -legislativas, administrativas y judiciales- para prevenir, intervenir, erradicar y sancionar los diferentes tipos de violencia ejercidos contra la mujer, entre ellos, la violencia en la familia. Para ello y como punto de partida, se dejó atrás aquella postura pasiva, en la cual, se sostenía que por principio, todas las cuestiones relativas a la familia formaban parte de la esfera privada de sus integrantes, y por lo tanto, estaban exentas de toda intromisión estatal.
En Bolivia, esta problemática inicialmente fue abordada desde la perspectiva privada, a partir de la promulgación de la Ley Contra la Violencia en la Familia o Doméstica -Ley 1674 de 15 de diciembre de 1995-. Posteriormente, a través de la Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, dada la gravedad e intensidad de la violencia contra la mujer, se visibiliza a la misma como sujeto afectado en los contenidos de las tipificaciones penales, buscando así la prevención de estos delitos, sumado a que el Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad, la erradicación de la violencia hacia las mujeres, en el marco de lo dispuesto en su art. 3.I, que tiene el siguiente texto: “El Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género”.
La declaratoria de prioridad nacional, implica que todas las instituciones públicas deben adoptar las medidas y políticas necesarias para erradicar la violencia contra las mujeres, asignando los recursos económicos y humanos suficientes con carácter obligatorio. Asimismo, la Ley 348 que acoge el contenido de las disposiciones internacionales, define como tareas específicas coordinar y articular la realización de instrumentos, servicios, acciones y políticas integrales de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres, tanto en el nivel central como con las entidades territoriales autónomas (ETA). Rompiendo progresivamente las tradicionales prácticas, procedimientos y decisiones, que revelan sesgos de género, que relativizaban los hechos de agresión hacia la mujer, y por ende, su vida e integridad.
ii) Protección a las víctimas: El CEDAW, en la referida Recomendación General 19, señala que los Estados Partes, entre otras medidas, deben velar porque las leyes contra la violencia y los malos tratos en la familia, la violación, los ataques sexuales y otro tipo de agresión contra la mujer, protejan de manera adecuada a todas las mujeres, respetando su integridad y su dignidad; proporcionando protección y apoyo a las víctimas; capacitando a los funcionarios judiciales, a los agentes del orden público y a otros funcionarios públicos, para que apliquen la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer .
Por otra parte, la Convención de Belém do Pará, en el art. 7.d. y f. establece que los Estados tienen el deber de: d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; (…)
f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; (…) [las negrillas son nuestras].
iii) Sensibilidad de la justicia por temas de género
-perspectiva de género-: El mencionado CEDAW, en la citada Recomendación General 33, examinó las obligaciones de los Estados Partes, para asegurar que éstas tengan acceso a dicho derecho, al advertir que existen obstáculos y restricciones que les impiden efectivizarlo en el marco de la igualdad; asimismo, hace referencia a la justiciabilidad, estableciendo que se requiere el acceso irrestricto de la mujer a la justicia; y para ello, recomienda que se debe mejorar la sensibilidad del sistema de justicia a las cuestiones de género, empoderando a las mujeres para lograr la igualdad de jure y de facto -de derecho y hecho-; asegurando que los profesionales de los sistemas de justicia, tramiten los casos, teniendo en cuenta las cuestiones de género; y, revisando las normas sobre la carga de la prueba, para asegurar la igualdad entre las partes, en todos los campos, en aquellas relaciones de poder que priven a las mujeres a la oportunidad de un tratamiento equitativo de su caso.
En el mismo sentido, la Convención de Belém do Pará, en su art. 8, establece que los Estados Partes deben adoptar, entre otras, medidas específicas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, para contrarrestar prejuicios, costumbres y todo tipo de prácticas, que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer, que legitimizan o exacerban la violencia contra la misma; así, como para fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal, a cuyo cargo esté la concreción de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer.
En el marco de lo anotado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Gonzáles y Otras (“Campo Algodonero”) vs. México, en la Sentencia de 16 de noviembre de 2009, sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, estableció que debían removerse todos los obstáculos de jure o de facto -de derecho y hecho- que impidan la debida investigación de los hechos y el desarrollo de los respectivos procesos judiciales; además, que debía incluirse una perspectiva de género en la investigación.
Por ende, en los procesos penales, la perspectiva de género debe ser adoptada desde el inicio de la etapa preparatoria, tanto en el control jurisdiccional como en la fase de la investigación.
iv) Reparación integral a la víctima: El CEDAW, también recomienda a los Estados Partes, establecer y hacer cumplir recursos adecuados, efectivos; atribuidos con prontitud, holísticos y proporcionales a la gravedad del daño sufrido por las mujeres; recursos, que deben incluir, según corresponda, la restitución -reintegración-, la indemnización -en forma de dinero, bienes o servicios- y la rehabilitación -atención médica, psicológica y otros servicios sociales-.
Por su parte, la Convención de Belém do Pará, señala en su art. 7.g, la obligación para los Estados de establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia, tenga acceso efectivo al resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces. Por tanto, la protección que otorgan los Estados, a través de este instrumento internacional, se extiende a los distintos momentos en los que se identifiquen indicios de violencia que afecta el ejercicio de los derechos de las mujeres, pero va más allá, ya que la simple sanción al agresor no resulta suficiente; pues lo que se busca, es la reparación y compensación justa del daño causado, superando la naturaleza sancionadora del hecho de violencia, encaminándose hacia un enfoque integral para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres. Todo lo cual, representa la obligación de los Estados de adecuar sus estructuras orgánicas, procesos y procedimientos; y, de armonizarlos con la Convención de Belém do Pará; lo cual, aconteció con la Ley 348 en el caso boliviano, conforme se analizará en el punto siguiente.
Los estándares anotados en el anterior Fundamento Jurídico, deben guiar la actuación de las y los servidores públicos de las diferentes instituciones y órganos del Estado, siendo necesario resaltar al estándar de la debida diligencia; pues, se generaron normas de desarrollo internas, contenidas en la Ley 348, que deben ser aplicadas de manera exclusiva en los procesos judiciales -en especial penales- y administrativos, por violencia en razón de género.
Así, la Ley 348, en el Título IV sobre Persecución y Sanción Penal, en el Capítulo I, hace referencia a la denuncia, estableciendo específicamente en su art. 45, las garantías que debe tener toda mujer en situación de violencia, entre ellas:
ARTÍCULO 45. (GARANTÍAS). Para asegurar el ejercicio de todos sus derechos y su efectiva protección, el Estado garantizará a toda mujer en situación de violencia: (…)
3. El acceso a servicios de protección inmediata, oportuna y especializada, desde el momento en que el hecho constitutivo de violencia se ponga en conocimiento de las autoridades ordinarias o indígena originario campesinas y afrobolivianas. (...)
7. La protección de su dignidad e integridad, evitando la revictimización y maltrato que pudiera recibir de cualquier persona responsable de su atención, tratamiento o de la investigación del hecho.
8. La averiguación de la verdad, la reparación del daño y prevención de la reiteración de los actos de violencia. (…) [las negrillas son añadidas]. La misma Ley 348, en el Capítulo II sobre las Investigaciones -del mismo Título I-, en su art. 59, dispone que la investigación debe ser seguida de oficio, independientemente del impulso de la denunciante; norma que está vinculada directamente con la consideración de la violencia en razon género dentro del ámbito público y no privado; por ello, aun la víctima desista o abandonde la investigación, el Ministerio Público debe seguirla de oficio; por ello, no es sostenible rechazar denuncias por falta de colaboración de la víctima, o porque ésta, una vez efectuada la denuncia, no volvió a oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) o del Ministerio Público; pues, dichas afirmaciones vulneran no solo la norma expresa contenida en el citado art. 59 de la Ley 348, sino también, el principio de la debida diligencia; la obligación internacional del Estado de investigar, sancionar y reparar los hechos de violencia hacia las mujeres; y, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
De igual modo, en el Capítulo III sobre Persecución Penal -del referido Título I-, específicamente en el art. 61 de la Ley 348, se determina que además de las atribuciones comunes establecidas en la Ley Orgánica del Ministerio Público -Ley 260 de 11 de julio de 2012-, las y los Fiscales de Materia que ejerzan la acción penal pública en casos de violencia hacia las mujeres, deberán adoptar en el ejercicio de sus funciones, entre otras, las siguientes medidas:
1. Adopción de las medidas de protección que sean necesarias, a fin de garantizar a la mujer en situación de violencia la máxima protección y seguridad, así como a sus hijas e hijos, pedir a la autoridad jurisdiccional su homologación y las medidas cautelares previstas por Ley, cuando el hecho constituya delito.
2. Recolección de las pruebas necesarias, como responsable de la investigación de delitos de violencia en razón de género, sin someter a la mujer a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes que no sean los imprescindibles, debiendo recurrir a métodos de investigación alternativa, científica y con apoyo de la tecnología, a fin de averiguar la verdad.
3. En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer. En caso de delito flagrante, será el imputado el responsable de pagar por éstos, así como por el tratamiento médico y psicológico que la mujer requiera; si fuera probadamente insolvente, se recurrirá a los servicios del Sistema de Atención Integral de su jurisdicción (el resaltado es agregado). Por otra parte, en el Título V sobre Legislación Penal, en el Capítulo III, específicamente en el art. 86 de la Ley 348, se establecen los principios procesales que deben regir los hechos de violencia contras las mujeres, disponiendo que:
ARTÍCULO 86. (PRINCIPIOS PROCESALES). En las causas por hechos de violencia contra las mujeres, las juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, además de los principios establecidos en el Código Penal deberán regirse bajo los siguientes principios y garantías procesales:
1. Gratuidad. Las mujeres en situación de violencia estarán exentas del pago de valores, legalizaciones, notificaciones, formularios, testimonios, certificaciones, mandamientos, costos de remisión, exhortes, órdenes instruidas, peritajes y otros, en todas las reparticiones públicas.
2. Celeridad. Todas las operadoras y operadores de la administración de justicia, bajo responsabilidad, deben dar estricto cumplimiento a los plazos procesales previstos, sin dilación alguna bajo apercibimiento.
3. Oralidad. Todos los procesos sobre hechos de violencia contra las mujeres deberán ser orales.
4. Legitimidad de la prueba. Serán legítimos todos los medios de prueba y elementos de convicción legalmente obtenidos que puedan conducir al conocimiento de la verdad.
5. Publicidad. Todos los procesos relativos a la violencia contra las mujeres serán de conocimiento público, resguardando la identidad, domicilio y otros datos de la víctima.
6. Inmediatez y continuidad. Iniciada la audiencia, ésta debe concluir en el mismo día. Si no es posible, continuará durante el menor número de días consecutivos.
7. Protección. Las juezas y jueces inmediatamente conocida la causa, dictarán medidas de protección para salvaguardar la vida, integridad física, psicológica, sexual, los derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia.
8. Economía procesal. La jueza o juez podrá llevar a cabo uno o más actuados en una diligencia judicial y no solicitará pruebas, declaraciones o peritajes que pudieran constituir revictimización.
9. Accesibilidad. La falta de requisitos formales o materiales en el procedimiento no deberá retrasar, entorpecer ni impedir la restitución de los derechos vulnerados y la sanción a los responsables.
10. Excusa. Podrá solicitarse la excusa del juez, vocal o magistrado que tenga antecedentes de violencia, debiendo remitirse el caso inmediatamente al juzgado o tribunal competente.
11. Verdad material. Las decisiones administrativas o judiciales que se adopten respecto a casos de violencia contra las mujeres, debe considerar la verdad de los hechos comprobados, por encima de la formalidad pura y simple. 12. Carga de la prueba. En todo proceso penal por hechos que atenten contra la vida, la seguridad o la integridad física, psicológica y/o sexual de las mujeres, la carga de la prueba corresponderá al Ministerio Público.
13. Imposición de medidas cautelares. Una vez presentada la denuncia, la autoridad judicial dictará inmediatamente las medidas cautelares previstas en el Código Procesal Penal, privilegiando la protección y seguridad de la mujer durante la investigación, hasta la realización de la acusación formal. En esta etapa, ratificará o ampliará las medidas adoptadas.
14. Confidencialidad. Los órganos receptores de la denuncia, los funcionarios de las unidades de atención y tratamiento, los tribunales competentes y otros deberán guardar la confidencialidad de los asuntos que se someten a su consideración, salvo que la propia mujer solicite la total o parcial publicidad. Deberá informarse previa y oportunamente a la mujer sobre la posibilidad de hacer uso de este derecho.
15. Reparación. Es la indemnización por el daño material e inmaterial causado, al que tiene derecho toda mujer que haya sufrido violencia (el resaltado es nuestro).
En el mismo Capítulo III -del referido Título V-, respecto a las directrices de procedimiento, en el art. 87.4 de la referida Ley 348, se dispone que en todos los procedimientos administrativos, judiciales e indígena originario campesinos (IOC), se aplicarán, entre otras, la siguiente directriz: “Obligación de investigar, proseguir y procesar hasta lograr la sanción de todos los hechos que constituyan violencia hacia las mujeres” (el resaltado es nuestro).
Esta obligación se complementa con lo previsto en el art. 90 de la Ley 348, que determina que todos los delitos contemplados en el referido cuerpo normativo, son de acción pública; de ahí, el deber no solo de perseguir de oficio, sino también, de investigar, proseguir y procesar hasta lograr la sanción de los hechos de violencia hacia las mujeres; obligación, que se refuerza con lo previsto por el art. 94 de dicha Ley 348, que con el nombre de Responsabilidad del Ministerio Público, señala que:
Ninguna mujer debe tener la responsabilidad de demostrar judicialmente aquellas acciones, actos, situaciones o hechos relacionados con su situación de violencia; será el Ministerio Público quien, como responsable de la investigación de los delitos, reúna las pruebas necesarias, dentro el plazo máximo de ocho (8) días bajo responsabilidad, procurando no someter a la mujer agredida a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes, careos que constituyan revictimización.
En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer. Si se tratara de delito flagrante, será el imputado el responsable de pagar por éstos; si fuera probadamente insolvente, se recurrirá a los servicios gratuitos de los Servicios Integrales de Atención.
La o el Fiscal deberá acortar todos los plazos de la etapa preparatoria hasta la acusación en casos de violencia contra la mujer por su situación de riesgo (las negrillas son añadidas).
De lo anotado, se concluye que en el marco de los estándares internacionales e internos de protección a las mujeres víctimas de violencia, el Estado tiene la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; debida diligencia que, en la labor de investigación, se traduce en la investigación de oficio de los hechos de violencia hacia las mujeres, la celeridad en su actuación, la protección inmediata a la misma, la prohibición de revictimización y que la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público y no a la víctima.
Además, cabe señalar, que en la adopción de medidas cautelares, se debe privilegiar la protección y seguridad de la mujer durante la investigación; entendimiento que ya fue plasmado en la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, que al momento de establecer los criterios de peligro para la víctima, contenidos en el art. 234.10 del CPP, señaló en su Fundamento Jurídico III.2, que:
a) En los casos de violencia contra las mujeres, para evaluar el peligro de fuga contenido en el art. 234.10 del CPP, deberá considerarse la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así como las características del delito, cuya autoría se atribuye al mismo; y, la conducta exteriorizada por éste contra las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos tanto de la víctima como del denunciante;
Los principios y garantías procesales a favor de las víctimas mujeres de violencia, que fueron descritos en el anterior Fundamento Jurídico, no solo se aplican a los procesos penales, sino, como manda la misma Ley 348, a todas las causas por hechos de violencia contra las mujeres, en todas las materias; consiguientemente, también en la justicia constitucional; pues, en el marco de lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia, es obligación del Tribunal Constitucional Plurinacional, analizar el problema jurídico planteado en las acciones de defensa de manera integral, considerando los derechos de las partes en conflicto; más aún, tratándose de casos que emerjan de hechos de violencia en razón de género; pues en éstos asuntos, aun el peticionante de tutela sea el imputado, corresponderá analizar el contexto del proceso penal, para verificar si se cumplieron los estándares internacionales e internos respecto a la protección de los derechos de las mujeres; de lo contrario, se cohonestaría actuaciones contrarias a la normativa internacional e interna; incumpliendo con las responsabilidades internacionales asumidas por el Estado boliviano.
Entendimiento, que es coherente con el principio de verdad material contemplado en el art. 180.I de la CPE, a partir del cual, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, la o el juzgador debe buscar la paz social, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos, encontrando la verdad de los hechos, por encima de mecanismos formales o procesales; con la finalidad que las partes, accedan a una justicia material, eficaz y eficiente. Así, la SCP 1662/2012 de 1 de octubre, entendió en el Fundamento Jurídico III.3, que el contenido del principio de verdad material:
…implica la superación de la dependencia de la verdad formal o la que emerge de los procedimientos judiciales, por eso es aquella verdad que corresponde a la realidad, superando cualquier limitación formal que restrinja, parcialice o distorsione la percepción de los hechos a la persona encarga de juzgar a otro ser humano, o de definir sus derechos y obligaciones, dando lugar a una decisión injusta e irrazonable que no responda a los principios, valores y valores éticos consagrados en la Norma Suprema de nuestro país, a los que todas las autoridades del Órgano Judicial y de otras instancias, se encuentran impelidos de aplicar, entre ellas, al principio de verdad material, por sobre la limitada verdad formal (el resaltado es ilustrativo).
El principio de verdad material no solo es predicable respecto a las o los jueces, sino, que como todo principio, se irradia hacia la actividad de las y los diferentes operadores jurídicos, cuyas actuaciones se enmarcan en la debida diligencia, en el marco de los estándares de la Corte IDH y lo previsto expresamente por el art. 86.11 de la Ley 348; según el cual, las decisiones administrativas o judiciales, que se adopten respecto a casos de violencia contra las mujeres, deben considerar la verdad de los hechos comprobados, por encima de la formalidad pura y simple.
En mérito a lo anotado, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional, considera que en las acciones de defensa que emerjan de procesos judiciales o administrativos en los que se debatan hechos de violencia hacia las mujeres, la justicia constitucional está obligada a efectuar un análisis integral del problema jurídico, sin limitarse a la denuncia efectuada por la o el accionante, sino también, analizando los derechos de la víctima y las actuaciones realizadas por las autoridades policiales, fiscales o judiciales, de acuerdo al caso; pues, solo de esta manera, se podrá dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por el Estado y se respetarán los derechos de las víctimas de violencia en razón de género, entre ellos, el derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, así como a una vida libre de violencia.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, reiterada por la SCP 0353/2018-S2 de 18 de julio, asumió el siguiente entendimiento: El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como un derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la CADH; y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.
En el Fundamento Jurídico III.3, de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso, como son:
a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso.
7El cuarto Considerando, indica: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma. …consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”. 8El FJ III.3, refiere: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”. 9El FJ III.2.3, señala: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cual es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados. En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”.
Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: i) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; ii) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; iii) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; iv) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, v) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-.
10El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”. 11El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación: (…) (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia. (…) b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´. (…) c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”. 12El FJ III.2, establece: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo.
Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: a) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; b) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; c) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, d) Por la falta de coherencia del fallo, que se manifiesta: d.1) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto o parte resolutiva-; y, d.2) En su dimensión externa, que implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo señaló que el pronunciamiento debe guardar 5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”. 13El FJ III.3, expresa: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. 14El FJ III.3.1, señala: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”.
15El FJ III.2, indica: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”. 16El FJ III.1, refiere: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa.
La jurisprudencia contenida en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013 citadas anteriormente, fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, estableció:
Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna.
El accionante, reclama que el Fiscal de Materia presentó una dirección equivocada de la víctima, actuando de manera dolosa al no revisar el cuaderno de investigaciones; habiéndose dispuesto su detención preventiva por el Juez codemandado con el argumento que su persona tenía el mismo domicilio que el de la víctima y que podía influenciar en la misma, sin realizar una correcta valoración de las pruebas de descargo, cuando lo evidente es que tienen domicilios distintos; omitiendo el Vocal codemandado valorar la prueba presentada, ratificando el Auto Interlocutorio 132/2022, dejándole en indefensión, al no escuchar sus reclamos y no tomar en cuenta la declaración de la víctima. Del memorial de acción de libertad, en primer lugar se advierte que el accionante denunció que supuestamente el representante del Ministerio Público Franklin Antonio Alborta Alandia, habría presentado una dirección equivocada de la víctima por cuanto en su cédula de identidad su domicilio sería la calle Venancio Burgoa 316 zona Belén, actuando de manera dolosa -según el impetrante de tutela- al no revisar el cuaderno de investigación y emitir resoluciones en base a hechos inexistentes, poniendo en riesgo su libertad, afectando directamente su derecho a la vida, al negarle como procesado a estar en libertad en la audiencia afectando por conexitud su derecho a la defensa material; al respecto se debe tomar en cuenta que esta denuncia o agravio ha sido resuelto por las otras autoridades judiciales codemandadas -conforme se verá más adelante-, al momento de establecer la concurrencia del riesgo procesal de peligro de fuga previsto por el art. 234.1 del CPP modificado por la ley 1173, entre otros, primero por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz y después por el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que es la autoridad competente de última instancia para pronunciarse sobre los supuestos actos ilegales que ahora impugna el accionante, en virtud a que dicha autoridad puede revisar y corregir la actuación de las autoridades que intervinieron en el trámite de imposición de medidas cautelares de carácter personal; consiguientemente, el análisis de fondo se circunscribirá a determinar si los otros codemandados -Juez y Vocal- vulneraron los derechos del solicitante de tutela. En este contexto, con el objetivo de comprender y resolver la problemática planteada, es importante conocer los fundamentos utilizados por las autoridades judiciales codemandadas, en ese sentido se tiene: El Auto Interlocutorio 132/2022 de 23 de febrero, que entre los argumentos más relevantes estableció que: a) La víctima reconoció a su agresor, el cual sería su padrastro ahora imputado, relatando con día y hora cuando sucedió el hecho, indicando además que primero se encontraba con una pijama y al momento de despertar estaba ya con otra ropa, que cuando tenía quince años el sindicado -ahora accionante- procedía a abrazarla y besarla en la boca cuando llegaba del colegio, elementos que hacen ver que el día del hecho no solamente se han dado estos aspectos, sino también en la niñez y adolescencia de la víctima, a la cual se le habría puesto en un estado de indefensión, dopándola, encontrándosele en la sangre muestras de marihuana, existiendo actos investigativos pendientes, estableciéndose que el encausado es con probabilidad autor del hecho de violación con agravante, por cuanto la víctima se encontraba en estado de inconciencia; b) El imputado si bien presentó pruebas de donde vivía, figurando el domicilio en la avenida Nieves Linares 234 B, zona Villa Armonía; sin embargo, “…esta autoridad encuentra contradicción en referencia de que el ahora imputado si tuviera el mismo domicilio de la víctima lo que esta autoridad considera que la documentación que a arrimado si bien es cierto que el Ministerio Público tiene que demostrar que el ahora imputado tuviera o no un domicilio no es menos cierto que el día de hoy el ahora imputado debería presentar documentación que no se encuentra propiamente pues alado de la víctima el agresor que hasta el día de hoy imaginamos que ha tenido vida normal y su domicilio junto igual a la víctima con su agresor en ese entendido esta documentación hoy pone su fundamento es insuficiente para poder demostrar que tuviera el ahora imputado un domicilio por que el mismo domicilio que tiene el imputado sería el domicilio también de la víctima en el entendido esta autoridad considera que el imputado no cuenta con un domicilio conocido habitable habitual” (sic); c) El imputado en su declaración informativa refirió que era estudiante, pero no se respaldó con ningún documento dicha aseveración, refiriendo además que trabaja en la Alcaldía Municipal de La Paz, sin que presente ningún documento actualizado respecto a su actividad laboral, concurriendo el art. 234.1 del CPP modificado por la Ley 1173 y al no demostrar un arraigo natural y social también concurre el numeral 2 del citado artículo; d) Tomando en cuenta el tipo penal, la víctima pertenece a un grupo vulnerable al ser mujer, la cual fue agredida sexualmente por su padrastro, siendo un peligro para la víctima, más aún si se toma en cuenta que el imputado empezó a abusar sexualmente a la víctima desde cuando era menor de edad, de acuerdo a las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) que ha establecido cuales son los grupos vulnerables, se debe actuar con criterio diferenciador de género al encontrarse la víctima en peligro frente a su agresor el cual “…es también parte de la familia y se encuentra al interior del domicilio de la ahora víctima…” (sic), concurriendo el riesgo procesal previsto por el art. 234.7 del CPP modificado por la Ley 1173, peligro efectivo para la víctima; e) Con relación al art. 235.1 del Código anotado, al encontrarse en pleno inicio de la etapa de investigación se tienen actuados que realizar, como el perfil genético, dictamen pericial psicológico, desdoblamiento de cámaras de seguridad, entre otros actuados, estableciéndose que el sindicado vive en el mismo lugar de los hechos y al existir pericias pendientes como el perfil genético del imputado y su comparación con el antígeno prostático como también del espermatozoides que se encontró en la víctima, así como la pericia psicológica está vigente el riesgo previsto en el citado numeral y artículo; y, f) Respecto al art. 235.2 del CPP modificado por Ley 1173, el imputado estando en libertad puede influir negativamente en la víctima ya que conoce donde vive y las actividades diarias de la misma, con capacidad de intimidar inducir y amenazar de manera directa a la víctima con el objeto de que pueda desistir o comportarse de manera reticente, al conocer la madre los actos que realizaba el imputado y al no haber declarado esta, encontrándose dentro de los testigos, el sindicado puede influenciar negativamente, advirtiéndose que la víctima ya fue influenciada negativamente, porque el prenombrado tiene la calidad de padrastro, habita en la misma casa y vive con la madre de la víctima, encontrándose latente el mencionado riesgo procesal, es así que la víctima a pesar de los elementos colectados en la investigación hizo conocer que se habría equivocado respecto a la denuncia, olvidándose que se le había realizado el informe psicológico, el examen de antígeno prostático y espermatozoides a la espera de su análisis con el imputado, el certificado médico forense y la pericia toxicológica, aspectos que hacen ver que el procesado influye y va a influir respecto a la víctima y como se comporte en la investigación. El Auto de Vista 159/2022 de 25 de marzo, señaló que: 1) Con relación a la probabilidad de autoría, la parte apelante mencionó que se desvirtúa con el certificado médico forense, el informe psicológico, el examen toxicológico y la ampliación de declaración, de modo que ya no ameritaría que esté vigente la probabilidad de autoría; sin embargo, se debe tomar en cuenta que se está en etapa investigativa, de manera que el Tribunal de apelación no tiene competencia para analizar los elementos o indicios por los cuales se inició la investigación, ya que lo contrario sería incurrir en la infracción del art. 279 del CPP; 2) No se evidencia agravio respecto al domicilio en la Resolución apelada al indicar ”…se ha tomado en cuenta precisamente que el imputado vivía Jesús Roberto Lazo de la Vega en la avenida Nieves Linares N° 234 B, zona de Villa Armonía presento folio real una factura de La Paz de EPSAS, etc., empero el Juez que sostiene que si es insuficiente esta documentación porque es el mismo domicilio que tiene el imputado con el de la víctima y no cuenta con domicilio conocido que sea habitable o habitual” (sic), analizando el Juez a quo los domicilios de la calle Venancio Burgoa y avenida Nieves Linares, bajo los criterios de la sana crítica no se evidencia que el Juez inferior en grado haya incurrido en un análisis absurdo de los elementos puestos a su disposición, no evidenciándose agravio; 3) Respecto a la actividad primigenia de que es estudiante, indicando luego que trabajaría en la Alcaldía Municipal, señalando en la presente audiencia que está presentando documentación y certificado de querer trabajar en el Concejo Municipal el 13 de mayo de 2021, empero en la audiencia no hizo conocer este elemento, ni a las partes que en apelación iba a presentar algún elemento a objeto de que pueda contrastarse con un análisis de la parte contraria, por cuanto cualquier medio que se desee utilizar debe conocer la otra parte y no presentar a último momento “…y deberá constituir una adulación al derecho a la defensa por lo que no se evidencia agravio…” (sic); 4) Sobre el art. 234. 7 del CPP modificado por la Ley 1173, el sindicado sostiene que ya no vive en el domicilio de la víctima, presentando certificado de antecedentes policiales, pero el Juez de la causa ha tomado en cuenta que persiste el peligro hacia la víctima porque ha tomado en cuenta elementos básicos de condición de mujer como la vulnerabilidad, normas constitucionales, la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, por lo que sobre este punto no se evidencia agravio; 5) En lo que se refiere al art. 235.1 del CPP modificado por la Ley 1173, el Juez de la causa consideró elementos por los que se puede destruir, obstaculizar y modificar la investigación, como el perfil genético y el dictamen psicológico, no evidenciándose agravio “…y más aún que el imputado vive en el mismo lugar de los hechos textual y existen pericias pendientes que realizar por el Señor Fiscal…” (sic); 6) En cuanto al art. 235.2 del CPP modificado por la Ley 1173, se menciona entre los testigos a personas ya identificadas, la madre de la víctima, la misma víctima como testigo, sin que se evidencie agravio; y, 7) En su defensa material la víctima indicó que la denuncia es falsa, coordinando con su pareja, si es así el Fiscal de Materia bajo el principio de objetividad debe adoptar lo que por ley corresponda. En mérito a lo expuesto se establece que el Auto de Vista 159/2022, se encuentra debidamente motivado y fundamentado, por cuanto si bien el mismo no es extenso en sus fundamentos; sin embargo, contiene lo más relevante y sustancial respecto a los aspectos cuestionados de la Resolución de primera instancia, referidos a la probabilidad de autoría y otros riesgos procesales, es así que el Vocal demandado como Tribunal de alzada refirió que no evidenció agravio con relación al domicilio en la Resolución apelada, por cuanto el Juez a quo habría fundamentado que se tomó en cuenta precisamente que el imputado Jesús Roberto Lazo de la Vega Arroyo -ahora accionante- vivía en la avenida Nieves Linares 234 B, zona de Villa Armonía y que si bien este presentó folio real y una factura de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS) de La Paz, etc.; pero que dicha documental era insuficiente -en su criterio- para acreditar domicilio, por ser el mismo domicilio que tenía la víctima, por lo que no contaba con un domicilio conocido que sea habitual; concluyendo el Vocal que el Juez inferior en grado actuó bajo los criterios de la sana crítica, sin evidenciar agravio alguno; argumento que es correcto y coherente, por cuanto de la lectura del Auto Interlocutorio 132/2022, se puede evidenciar que el Juez ahora demandado manifestó que la víctima reconoció a su agresor, quien sería su padrastro -imputado-, relatando el día y hora cuando sucedió el hecho, estableciendo que el sindicado es con probabilidad autor del hecho de violación con agravante, por cuanto la víctima se encontraba en estado de inconciencia; que si bien el procesado presentó pruebas haciendo figurar como domicilio la Avenida Nieves Linares 234 B, zona Villa Armonía, este sería el mismo que el de la víctima, donde se cometió el supuesto delito, cuando debió acreditar otro domicilio diferente al de esta última, por lo que concluyó que el ahora impetrante de tutela no cuenta con domicilio conocido habitable o habitual; fundamento que fue ratificado por el Vocal demandado, considerando que es precisamente el imputado quien debe desvirtuar los riesgos procesales, en este caso acreditando domicilio, aspecto que no aconteció. De la misma forma, el accionante debe tomar en cuenta -como acertadamente entendió el Tribunal de garantías- que no puede pretender que las autoridades demandadas consideren documentos como la copia simple de la cédula de identidad de la víctima, por la cual supuestamente hubiese reconocido que ya no vivía con el imputado, al no haber sido objeto de debate o discusión, ni presentada inicialmente en la audiencia de consideración de medidas cautelares, toda vez que hubiese presentado dicha documental -según el mencionado Tribunal- después de la celebración de dicho acto procesal donde se determinó la medida extrema en su contra y después de formular su recurso de apelación incidental; consiguientemente, el accionante no puede alegar que el Vocal demandado no tomó en cuenta los hechos denunciados, la declaración de la víctima o que no hubiese valorado la prueba presentada. Con relación a los otros riesgos procesales, el Auto de Vista 159/2022, fue claro al establecer que para acreditar trabajo, el impetrante de tutela no podía presentar en audiencia -se entiende de apelación- documentación y certificado de querer trabajar en el Concejo Municipal, por cuanto dicha documental no fue presentada en la audiencia de consideración de medidas cautelares, como tampoco fue de conocimiento de la parte contraria para preservar su derecho a la defensa, por lo que en criterio del Vocal ahora demandado no existió ningún agravio por parte del Juez inferior en grado, el cual al momento de fundamentar el Auto Interlocutorio 132/2022, estableció que el sindicado en su declaración informativa indicó que era estudiante, sin respaldar con ningún documento dicha aseveración, refiriendo además que trabajaba en la Alcaldía Municipal de La Paz, pero que no presentó ningún documento actualizado respecto a su actividad laboral, concurriendo el art. 234.1 del CPP modificado por la Ley 1173. De igual manera se puede establecer que el Vocal demandado de manera acertada sostuvo con relación al art. 234.7 del CPP modificado por la Ley 1173, que el Juez de instancia no cometió agravio alguno, en consideración a que tomó en cuenta que persistía el peligro para la víctima por su condición de mujer y su vulnerabilidad, aplicando normas constitucionales, la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer y otros instrumentos internacionales, tal es así que el Juez codemandado en la presente acción tutelar, al momento de razonar sobre el mencionado riesgo procesal tomó en cuenta el tipo penal, estableciendo que la víctima pertenece a un grupo vulnerable por ser mujer, misma que fue agredida sexualmente por su padrastro, representando un peligro para la víctima, más aún en razón a que el sindicado hubiese empezado a abusarla sexualmente desde que era menor de edad, actuando con criterio diferenciador de género al encontrarse la víctima en peligro frente a su agresor, al ser parte de la familia, argumentos de las autoridades jurisdiccionales que en todo caso sobrevienen de la jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional. En cuanto se refiere al peligro de obstaculización previsto en el art. 235.1 y 2 del CPP modificado por la Ley 1173, sobre el primer riesgo el Vocal demandado expresó que el Juez a quo consideró elementos por los que el imputado puede destruir, obstaculizar y modificar la investigación, por cuanto vive en el mismo lugar de los hechos, y más aún cuando existen pericias pendientes por realizar por parte del Ministerio Público; y respecto a que el sindicado pueda influir negativamente, consideró que la autoridad judicial señaló como testigos a personas ya identificadas, como la madre de la víctima y la misma víctima como testigo, concluyendo que no existía agravio alguno, razonamiento que es congruente por parte de la autoridad de alzada, con lo dispuesto en el Auto Interlocutorio 132/2022, que estableció que el procesado estando en libertad podía influir negativamente en la víctima, ya que conoce donde vive y las actividades diarias de la misma, con capacidad de intimidar inducir y amenazar de manera directa a la víctima con el objeto de que pueda desistir o comportarse de manera reticente, además de figurar como testigo, señalando que la víctima ya fue influenciada negativamente, porque el encausado tiene la calidad de padrastro, el cual vive en la misma casa y con la madre de la víctima, encontrándose latente el mencionado riesgo procesal. Por último, el Vocal demandado señaló que si bien la víctima manifestó que la denuncia era falsa, empero que era el Ministerio Público quien debía adoptar la decisión que corresponda en el marco de la ley, criterio que es correcto, por cuanto debe ser el Fiscal de Materia como titular de la investigación quien debe determinar lo que en derecho corresponde en la etapa de investigación; máxime si existen pericias pendientes que coadyuvaran en el descubrimiento de la verdad histórica de los hechos, en ese sentido este Tribunal concluye que los administradores de justicia demandados, no vulneraron ningún derecho constitucional del accionante, por cuanto está detenido preventivamente conforme a ley, dentro de un debido proceso dado que luego de ser oído de manera oportuna, se motivó y fundamentó debidamente el por qué debía imponérsele la medida cautelar de carácter personal de acuerdo al entendimiento jurisprudencial contenido en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, sin vulnerársele su derecho a la defensa y el principio de presunción de inocencia, por cuanto en todo momento se respetó dicha presunción, actuando en libertad en la audiencia de consideración de medidas personales, toda vez que no existe prueba alguna de que al accionante se le hubiese negado o restringido su libertad de manera ilegal en la aludida audiencia, como denuncia en la acción de defensa.
En consecuencia, el Tribunal de garantías al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 07/2022 de 22 de abril, cursante de fs. 30 a 32 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada, MSc. Georgina Amusquivar Moller, es de Voto Aclaratorio.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
2 Entendimiento asumido de la Sentencia C-277/98, emitida por la Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia.
3 Preámbulo de la Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la Resolución 48/104 del 20 de diciembre de 1993. Disponible en: https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx 4Ibídem.
5 Adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su Resolución 34/180 de 18 de diciembre de 1979. Ratificada por Bolivia mediante Ley 1100 de 15 de septiembre de 1989. Depósito del instrumento de ratificación de 8 de junio de 1990.
6 El principio de prevalencia del derecho sustancial respecto al formal, se vincula con el principio de verdad material, conforme lo entendió la SCP 1662/2012 de 1 de octubre, al sostener en el FJ III.3, que: “…el principio de verdad material consagrado por la propia Constitución Política del Estado, corresponde ser aplicado a todos los ámbitos del derecho; en ese orden, debe impregnar completamente la función de impartir justicia. Por ende, no es posible admitir la exigencia de extremados ritualismos o formalismos, que eclipsen o impidan su materialización, dado que todo ciudadano tiene derecho a una justicia material, como se desprende de lo estipulado por el art. 1 de la CPE, por lo que, debe garantizarse que las decisiones de las autoridades jurisdiccionales a cargo del proceso, sean producto de apreciaciones jurídicas, procurando la resolución de fondo de las problemáticas sometidas a su jurisdicción y competencia; pues si bien, las normas adjetivas prevén métodos y formas que aseguren el derecho a la igualdad de las partes procesales, para garantizar la paz social evitando cualquier tipo de desorden o caos jurídico; sin embargo, los mecanismos previstos no pueden ser aplicados por encima de los deberes constitucionales, como es la de otorgar efectiva protección de los derechos constitucionales y legales, accediendo a una justicia material y por lo tanto, verdaderamente eficaz y eficiente. Todo ello con el objetivo final de que el derecho sustancial prevalezca sobre cualquier regla procesal que no sea estrictamente indispensable para resolver el fondo del caso sometido a conocimiento del juez”.
trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0806_2023-S1.pdf · páginas 1 a 33.
Huella digital del PDF (SHA-256): 89b5d6b89f0b3b9891ac2b685d792b770c77654fcfe515a6295e3bbf8fe30953
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