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SCP 0805/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 24 de julio de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
24 de julio de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
56382-2023-113-AAC
Departamento
Chuquisaca
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso “…EN SU DIMENSIÓN ADJETIVA VALORACIÓN IRRACIONAL DE LA PRUEBA” (sic), fundamentación, motivación y congruencia; toda vez que, en la tramitación de la demanda ordinaria de resolución de contrato de compraventa de un departamento en propiedad horizontal, pago de mejoras realizadas, daños y perjuicios que siguió el tercero interesado en su contra, por Auto Supremo 61/2023, los exmagistrados demandados declararon infundado el recurso de casación que formuló contra el Auto de Vista 350/2022; empero: a) Incurrieron en una falta de valoración probatoria, pues si bien se sostuvo por las autoridades demandadas que el compromiso de venta era de un departamento en propiedad horizontal, se ignoró que el comprador sabía que no era un edificio y que no se regulaba por la propiedad horizontal; y, b) Se vulneró la debida fundamentación para interpretar la cláusula segunda del referido contrato; ya que, no consideró los arts. 184, 199 y 200 del CC; y que para determinar la intensión común de las partes, los demandados debieron efectuar un análisis con base en los arts. 510.II, 514 y 515 del citado Código, encontrando que la voluntad de las partes era diferente al texto de la cláusula segunda del referido contrato de compraventa. Ante ello, los demandados señalaron que en la cláusula segunda del contrato de compraventa -se entiende de 15 de marzo de 2017-, se estableció la venta de un departamento en propiedad horizontal en la primera planta. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 093/2023 de 11 de julio, cursante de fs. 114 a 118, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se efectuó un análisis de fondo de la problemática expuesta.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La interpretación de legalidad ordinara y sus requisitos
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0805/2025-S2 Sucre, 24 de julio de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 56382-2023-113-AAC Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 093/2023 de 11 de julio, cursante de fs. 114 a 118, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Eloy Arévalo Ríos contra Juan Carlos Berríos Albizu y Marco Ernesto Jaimes Molina, exmagistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 26 de abril y 5 de mayo de 2023, cursantes a fs. 1, 54 a 59 vta.; y, 63 a 70, el accionante manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Por Sentencia 100/2022 de 10 de agosto, se declaró probada en todas sus partes la demanda ordinaria de resolución de contrato de compraventa de un departamento en propiedad horizontal, pago de mejoras realizadas y daños y perjuicios interpuesta por Lucio Arévalo Ríos, por sí y en representación legal de Elizabeth Quispe Moscoso -tercero interesado-. Fallo confirmado a través del Auto de Vista 350/2022 de 18 de octubre; por lo que, formuló recurso de casación, el cual fue declarado infundado por Auto Supremo 61/2023 de 17 de enero, emitido por Juan Carlos Berríos Albizu y Marco Ernesto Jaimes Molina, exmagistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia -demandados-, quienes: a) Ante la denuncia de interpretación errónea de la Ley de Régimen de Propiedad Horizontal de 30 de diciembre de 1949, sostuvieron de manera absurda e ilógica que dicho cuerpo normativo únicamente regula la comunidad de vecinos que ya habitan en un edificio como propietarios, facilitando que se conciban como parte de una comunidad; afirmación que resulta incorrecta; dado que no es posible creer que una ley sea elaborada y aprobada para aplicarse exclusivamente a un grupo determinado de personas y no a la población en general; y, b) Lesionaron el debido proceso, en sus componentes de fundamentación y motivación, e incurrieron en errónea valoración de la prueba al momento de analizar el contrato de compraventa -se entiende de 15 de marzo de 2017-; dado que, en el segundo y tercer punto de la expresión de agravios del recurso de casación se denunció la violación de los arts. 184, 199 y 200 e incorrecta aplicación de los arts. 510, 514 y 515, todos del Código Civil (CC); empero, los demandados, efectuando una interpretación literal de las cláusulas segunda, tercera y cuarta del referido contrato, concluyeron que: El departamento objeto de la litis fue transferido en términos claros y precisos; la intensión común de las partes contratantes fue la compraventa de un departamento en propiedad horizontal por un monto determinado. El vendedor se comprometió a realizar el saneamiento y la evicción conforme a ley dentro de un plazo establecido a ese efecto ante las instancias competentes. Tal aseveración resulta irracional e ilógica; toda vez que, la cláusula segunda del contrato, no describió a qué piso individualizado o compartimiento corresponde el objeto del contrato; qué material se usó en la construcción -si fue cemento armado u otro material similar incombustible- o, si se observó o no las reglas técnicas y demás requisitos, conforme establecen los arts. 184, 189 y 200 del CC. Asimismo, debieron considerar que el tercero interesado antes de tener la condición de comprador fue anticresista; razón por la cual, conocía las características del inmueble. Es por ello, que los demandados no podían analizar el contrato en el sentido literal de las palabras, sino, debieron apreciar el comportamiento total y las circunstancias del contrato, para identificar la intensión común de las partes; también correspondía que interpreten unas cláusulas por medio de las otras, otorgando a cada una el sentido que resulta del conjunto del acto en el marco de los arts. 510.II, 514 y 515 del indicado Código, lo cual no aconteció.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

El impetrante de tutela denuncia la lesión de su derecho al debido proceso “…EN SU DIMENSIÓN ADJETIVA VALORACIÓN IRRACIONAL DE LA PRUEBA” (sic), fundamentación, motivación y congruencia, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicita “...que se resuelva la acción de amparo constitucional disponiendo se conceda la tutela” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 11 de julio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 103 a 113 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El peticionante de tutela, a través de sus abogados, ratificó in extenso el contenido de su acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Juan Carlos Berríos Albizu y Marco Ernesto Jaimes Molina, exmagistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, por informe escrito cursante de fs. 99 a 102, solicitaron se deniegue la tutela impetrada, expresando que: 1) En la cláusula segunda del contrato de compraventa -se entiende de 15 de marzo de 2017-, suscrito entre el accionante como vendedor y el tercero interesado como comprador, se estableció la transferencia de un departamento en propiedad horizontal en la primera planta. Al efecto, el comprador canceló la suma pactada al impetrante de tutela, quien incumplió con la evicción y saneamiento; asimismo, el nombrado indicó que los arts. 184 y 200 del CC, no son aplicables al inmueble objeto de la venta ya que este no tiene las características que dichos preceptos describen; no obstante, asumió el compromiso de sanear el bien inmueble, de adecuarlo para que se pueda tramitar el correspondiente traspaso a nombre de los compradores bajo el régimen de horizontalidad. En tal sentido, las cláusulas en su totalidad, interpretadas una por medio de la otra en términos claros se encuentran en correlación armónica del objeto del contrato que expresa de manera precisa la compraventa de un departamento en propiedad horizontal en la primera planta del bien inmueble del accionante quien asumió la obligación de evicción y saneamiento; y, 2) El hecho de que el Auto Supremo 61/2023 no resulte favorable para el nombrado, no significa que sea lesivo de sus derechos y garantías constitucionales como erradamente manifiesta.

I.2.3. Intervención del tercero interesado

Lucio Arévalo Ríos, no presentó escrito alguno ni asistió a la audiencia de garantías pese a su notificación cursante a fs. 76.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, por Resolución 093/2023 de 11 de julio, cursante de fs. 114 a 118, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) El Auto Supremo 61/2023 no vulneró el derecho al debido proceso; toda vez que, los exmagistrados demandados identificaron los puntos plasmados en la expresión de agravios y establecieron los parámetros legales, jurisprudenciales, doctrinales y normativos para resolverlos; ii) Los nombrados concluyeron que el objeto del contrato de compraventa -se entiende de 15 de marzo de 2017- es la transferencia de un departamento en propiedad horizontal, para ello analizaron las circunstancias en las que se suscribió el referido documento, la existencia de un anterior contrato de anticrético -suscrito entre el accionante y el tercero interesado-, la forma de pago y todos los elementos inherentes; razón por la cual, señalaron que no entienden cómo el impetrante de tutela sostiene que el tercero interesado sabía que el inmueble no correspondía a una propiedad horizontal dadas sus características y condiciones, cuando tal hecho también era de su conocimiento; además, ambas partes se obligaron de manera voluntaria a asumir compromisos que están claramente delimitados y reflejados en el citado contrato; iii) Si bien la motivación efectuada por los demandados en cuanto al agravio de interpretación errónea de la Ley de Régimen de Propiedad Horizontal, en efecto resulta insuficiente, dado que, solamente consideraron un aspecto de la misma; empero, no incide en la relevancia que pudiera tener para la resolución de la presente causa inherente exclusivamente a la interpretación del contrato de compraventa -se entiende de 15 de marzo de 2017-, respecto al cual se tiene un análisis integral y sistémico de todas sus cláusulas para determinar la intencionalidad de las partes y no solamente de la segunda como denunció el peticionante de tutela; iv) En cuanto a la denuncia de transgresión de los arts. 184, 199 y 200 e incorrecta aplicación de los arts. 510, 514 y 515 todos del CC, el impetrante de tutela no expuso cómo debieron ser interpretados dichos preceptos ni cuál podría ser el resultado de un análisis diferente al que efectuaron los demandados, falencia que no puede ser suplida por la justicia constitucional, más aun cuando los nombrados otorgaron una respuesta efectiva a los cuestionamientos planteados en casación con base en los términos del contrato y aplicando las previsiones contenidas en los referidos artículos; y, v) El accionante pudo reconvenir la demanda de resolución de contrato, pago de mejoras, daños y perjuicios que siguió en su contra el tercero interesado o en su caso suscribir una adenda, plantear la nulidad o anulabilidad del documento.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Auto Supremo 61/2023 de 17 de enero, Juan Carlos Berríos Albizu y Marco Ernesto Jaimes Molina, exmagistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia -demandados-, declararon infundado el recurso de casación formulado por Eloy Arévalo Ríos -accionante- contra el Auto de Vista 350/2022 de 18 de octubre (fs. 2 a 9 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso “…EN SU DIMENSIÓN ADJETIVA VALORACIÓN IRRACIONAL DE LA PRUEBA” (sic), fundamentación, motivación y congruencia; toda vez que, en la tramitación de la demanda ordinaria de resolución de contrato de compraventa de un departamento en propiedad horizontal, pago de mejoras realizadas, daños y perjuicios que siguió el tercero interesado en su contra, por Auto Supremo 61/2023, los exmagistrados demandados declararon infundado el recurso de casación que formuló contra el Auto de Vista 350/2022; empero: a) Incurrieron en una falta de valoración probatoria, pues si bien se sostuvo por las autoridades demandadas que el compromiso de venta era de un departamento en propiedad horizontal, se ignoró que el comprador sabía que no era un edificio y que no se regulaba por la propiedad horizontal; y, b) Se vulneró la debida fundamentación para interpretar la cláusula segunda del referido contrato; ya que, no consideró los arts. 184, 199 y 200 del CC; y que para determinar la intensión común de las partes, los demandados debieron efectuar un análisis con base en los arts. 510.II, 514 y 515 del citado Código, encontrando que la voluntad de las partes era diferente al texto de la cláusula segunda del referido contrato de compraventa. Ante ello, los demandados señalaron que en la cláusula segunda del contrato de compraventa -se entiende de 15 de marzo de 2017-, se estableció la venta de un departamento en propiedad horizontal en la primera planta. El tercero interesado canceló la suma pactada al impetrante de tutela quien incumplió con la evicción y saneamiento pese a que asumió el compromiso; en tal sentido, las cláusulas interpretadas una por medio de la otra se encuentran consignadas en términos claros y correlación armónica del objeto del contrato. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La interpretación de legalidad ordinara y sus requisitos

Al respecto, desde la SCP 1631/2013 de 4 de octubre, se estableció que: “…vía jurisprudencia se determinó que la errónea interpretación debe ser invocada por el accionante a efectos de abrir la jurisdicción constitucional para la verificación de la actividad interpretativa de la jurisdicción común, y más adelante se precisó que la parte procesal que se considera agraviada con los resultados de la interpretación debe expresar de manera adecuada y precisar los fundamentos jurídicos que sustenten su posición, en ese sentido se estableció que ante la ausencia de carga argumentativa corresponde denegar la tutela solicitada. Esta línea se profundizó señalando que es atribución del Tribunal Constitucional interpretar la Constitución, y de la jurisdicción común, interpretar el resto del ordenamiento jurídico; o lo que es lo mismo, la legalidad infra constitucional u ordinaria, precisando que ello no implica llegar a la conclusión tajante de que la labor interpretativa de la legalidad ordinaria no está sujeta al control constitucional para verificar la vulneración de derechos y garantías de la Constitución, ante ello la SC 0085/2006-R de 25 de enero, precisó que el accionante que pretende la revisión de la legalidad ordinaria debe: 1) Explicar por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, identificando, en su caso, las reglas de interpretación que fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo; y; 2) Precise los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, estableciendo el nexo de causalidad entre éstos y la interpretación impugnada; dado que sólo de esta manera la problemática planteada por el recurrente, tendrá relevancia constitucional, la SC 0194/2011-R de 11 de marzo, incorporó el tercer elemento que debe contener la exposición señalando: ‘3) Establezca el nexo de causalidad entre la ausencia de motivación, arbitrariedad u otra situación absurda, por no aplicar la interpretación que considera debió efectuarse, y los derechos y/o garantías que conforman el bloque de constitucionalidad, y que han sido lesionados con dicha interpretación, explicando sí el resultado, cuál la relevancia constitucional’” (las negrillas fueron añadidas). En consecuencia, quien pretenda la tutela que brinda la acción de amparo constitucional, a través de la revisión de la actividad jurisdiccional de otros tribunales, debe cumplir los referidos requisitos, exponiendo la carga argumentativa pertinente al efecto; explicando de manera clara y precisa los supuestos precedentemente desglosados, solo así es viable ejercer tal labor sin afectar la separación entre justicia constitucional y jurisdicción ordinaria.

III.2. Análisis del caso concreto

De la revisión de antecedentes se tiene que, a través de la Sentencia 100/2022 de 10 de agosto, se declaró probada en todas sus partes la demanda ordinaria de resolución de contrato de compraventa de un departamento en propiedad horizontal, pago de mejoras realizadas, daños y perjuicios que siguió el tercero interesado contra el accionante; fallo confirmado por Auto de Vista 350/2022 de 18 de octubre, ante lo cual, el nombrado interpuso recurso de casación que fue declarado infundado mediante Auto Supremo 61/2023 de 17 de enero, suscrito por Juan Carlos Berríos Albizu y Marco Ernesto Jaimes Molina, exmagistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia -demandados- (Conclusión II.1). Ahora bien, en lo que respecta al punto a), las autoridades demandadas confirmaron la resolución del contrato civil, considerando que de la cláusula segunda del contrato de compraventa del departamento, se desprende expresamente que: “...por así convenir a sus intereses, transfiere en calidad de venta real y enajenación perpetua, EN PROPIEDAD HORIZONTAL un departamento...” (sic); es decir, resultaba necesaria la documentación correspondiente para regular el inmueble como propiedad horizontal; no obstante, la demanda y su subsanación reproducen parcialmente la resolución ahora impugnada y sostienen que se realizó una valoración arbitraria del contrato, argumentando que el comprador, al momento de la adquisición, tenía conocimiento de que no se trataba de un edificio sometido al régimen de propiedad horizontal, puesto que carecía de estatutos y documentación que así lo acreditara.

Sin embargo, para que la justicia constitucional revise la valoración probatoria efectuada por la jurisdicción ordinaria, se requiere -conforme a la SCP 0033/2025-S2 de 24 de febrero- que se cumpla con los siguientes presupuestos: “1) De manera individualizada identificar qué pruebas fueron valoradas al margen de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir, no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas, o en su caso, fueron producidas pero eran ilícitas, 2) Cómo la valoración o falta de valoración produjo lesión a derechos y garantías tutelados por la acción de amparo constitucional; y, 3) Que la prueba tiene incidencia o relevancia constitucional en la resolución final de forma que su producción o su no valoración podrían haber cambiado la forma de la decisión del caso -SC 0685/2006-R de 17 de julio-”. En el presente caso, tales exigencias no se cumplen, ya el accionante no identificó qué pruebas no fueron valoradas ni cómo estas evidenciarían que el comprador conocía y, sobre todo, consintió que el departamento adquirido no estaba sometido al régimen de propiedad horizontal; en consecuencia, sobre este punto, corresponde denegar la tutela solicitada. En cuanto al punto b), se alega que los demandados realizaron una interpretación literal de las cláusulas segunda, tercera y cuarta del contrato de compraventa de 15 de marzo de 2017, concluyendo que la intensión común de las partes contratantes fue la compraventa de un departamento en propiedad horizontal por un precio determinado, señalando además que la parte demandante incumplió con la obligación de saneamiento y evicción asumida. A criterio del accionante, dicho análisis resulta irracional e ilógico; toda vez que, la cláusula segunda del contrato no se adecua a lo previsto en los arts. 184, 199 y 200 del CC; además, el tercero interesado, quien fue anticresista del mismo bien, conocía que el inmueble adquirido no estaba sometido al régimen de propiedad horizontal ni contaba con documentación correspondiente; por lo que, para determinar la verdadera intensión de las partes, los demandados debieron ir más allá del tenor literal de la cláusula segunda del contrato y efectuar un análisis conforme a los arts. 510.II, 514 y 515 del citado Código. Al respecto, se advierte que, para cuestionar la interpretación realizada por la jurisdicción ordinaria, el impetrante de tutela debió cumplir con los requisitos desarrollados en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, extremos que no fueron satisfechos; ya que no explicó de qué manera la normativa invocada resulta aplicable al caso concreto ni cuál sería la interpretación correcta que permitiría desvirtuar la valoración efectuada por las autoridades demandadas respecto de la cláusula segunda, la cual sirvió de base para interpretar el resto del contrato.

En realidad, de la revisión del memorial de la presente acción de amparo constitucional se advierte que, si bien el accionante realiza una relación de los antecedentes de los que deriva el Auto Supremo 61/2023 que considera lesivo, no identifica prueba concreta ni explica, dentro del marco fáctico, de qué manera la normativa invocada desvirtúa la interpretación literal efectuada por las autoridades demandadas respecto de la cláusula segunda del contrato de compraventa de un departamento en propiedad horizontal. Estas deficiencias en la demanda se evidencian también en el petitorio, que se limita a solicitar: “...se conceda la tutela”. Pese a que la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante providencia de 28 de abril de 2023 (fs. 60) dispuso que se precisara el contenido del petitorio; empero, en el memorial de subsanación el peticionante de tutela reiteró simplemente: “...que se resuelva la acción de amparo constitucional disponiendo se conceda la tutela” (sic), sin aclarar su alcance. En consecuencia, al no especificar los fundamentos y objetivos de la tutela solicitada, la demanda incumple lo previsto en el art. 33.8 del Código Procesal Constitucional (CPCo), correspondiendo denegar la tutela sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 093/2023 de 11 de julio, cursante de fs. 114 a 118, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se efectuó un análisis de fondo de la problemática expuesta. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0805_2025-S2.pdf · páginas 1 a 9.

Huella digital del PDF (SHA-256): 7600163dda7f29a76fc94c70e716206f519786d926d8d93c25b545c3e7ecdf41

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