B.IA.LEGAL

SCP 0805/2023-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 31 de julio de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
31 de julio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
Expediente
55860-2023-112-AL
Departamento
Chuquisaca
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante en representación de AA -quien también es su hija-, denuncia la lesión del derecho a la libertad de la mencionada menor de edad; en razón a que, la Fiscal de Materia y servidor público accionados, ante la denuncia de la presunta comisión del delito de abuso sexual en contra de su representada, determinaron enviarla a un centro de acogida “…específicamente a la central de las defensorías de la niñez y adolescencia…” (sic), y pese a que su persona, así como la abuela y tía de la indicada niña, como familia ampliada de la misma, se apersonaron al lugar señalando que pueden hacerse cargo de ella de manera circunstancial y hasta que el Juez competente resuelva la situación de la menor de edad; no obstante, en la DNA del Distrito 1 del municipio de Sucre, les indicaron que por orden de la autoridad accionada, emitida mediante requerimiento fiscal, AA debía permanecer en ese sitio hasta que se realice el anticipo de prueba, lo que constituye una restricción indebida de los derechos de la misma, considerando la situación de presunta violencia sexual por la que fue retirada de la casa de su madre, y siendo que corresponde no apartarla de su familia ampliada, como establece la norma, para que de esa forma se evite revictimizarla.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 05/2023 de 18 de junio, cursante a fs. 8 vta. a 10, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Chuquisaca; y, en consecuencia:

1º CONCEDER la tutela solicitada, por lesión del derecho a la libertad de la menor de edad AA, vinculado al resguardo de su integridad emocional y el derecho a la familia, en garantía además de la aplicación del principio del interés superior de la niña, niño y adolescente, conforme los razonamientos y fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional; y,

2º Disponer que, los servidores públicos de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Distrito 1 del municipio de Sucre del departamento de Chuquisaca, en aplicación del art. 54.II segundo párrafo del Código Niña, Niño y Adolescente, consideren el fondo de la solicitud del padre de la menor de edad AA y/o de la abuela y tía de la referida niña, respecto a su acogimiento circunstancial, previa realización de una valoración psico-social y determinen lo que corresponda en derecho; a menos que, por el transcurso del tiempo, la situación de AA ya hubiese sido definida, conforme corresponda en derecho, por la autoridad judicial competente

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad y presupuestos de activación
  2. III.2. Principio de presunción de veracidad en la acción de libertad
  3. III.3. Alcance y dimensión sustantiva del principio del interés superior de la niña, niño y adolescente. Jurisprudencia reiterada
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0805/2023-S3 Sucre, 31 de julio de 2023 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 55860-2023-112-AL Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 05/2023 de 18 de junio, cursante de fs. 8 vta. a 10, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por JJ en representación sin mandato de AA contra Belinda Romero Ferrufino, Fiscal de Materia; y, el representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) del Distrito 1 del municipio de Sucre, ambos del departamento de Chuquisaca.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 17 de junio de 2023, cursante a fs. 2 y vta., el accionante por la menor de edad AA, manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

La DNA del Distrito 1 del municipio de Sucre del departamento de Chuquisaca, en la fecha de interposición de esta acción de defensa, rescató a la menor AA de diez años de edad de la casa de su madre, llevándola a un centro de acogida, “…específicamente a la central de las defensorías de la niñez y adolescencia…” (sic) de la indicada ciudad. Decisión asumida por orden de Belinda Romero Ferrufino, Fiscal de Materia -ahora accionada-; por cuanto, existe un proceso penal iniciado en contra de la pareja de la indicada progenitora, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, siendo la víctima de ese ilícito su representada, quien también es su hija.

Preocupado por esta situación, se presentó al señalado lugar con su madre y hermana -abuela y tía de AA- para que les sea entregada la niña, al constituirse en su familia ampliada; empero, en la referida Defensoría les indicaron que por orden de la autoridad fiscal accionada, emitida mediante requerimiento fiscal, la menor debía permanecer encerrada ahí hasta que se realice el anticipo de prueba, lo que podía llevarse a cabo “…el lunes o martes de la siguiente semana hecho que (…) nos afecta y causa dolor…” (sic), al igual que a AA; por cuanto, al margen de ser víctima de un presunto hecho delictivo, se le privó de su libertad y de estar con su familia. Sobre ese tema, el protocolo de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia es claro cuando establece que, cuando una niña o niño es rescatado de su casa y tiene familia ampliada, aquellos deben ser entregados a ésta de forma circunstancial hasta que se resuelva el problema legal para no apartar a los menores de edad de su familia y revictimizarlos.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante por su representada AA, alega la lesión del derecho a la libertad de la indicada menor de edad, sin citar norma constitucional que lo contenga.

I.1.3. Petitorio

Solicita se restablezca el derecho a la libertad de AA, ordenándose a la Fiscal de Materia accionada que la libere y permita que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Distrito 1 del municipio de Sucre, entregue a la indicada niña a él y a su familia ampliada, hasta que sea el “Juez de familia” quien señale cuál será la situación legal de la menor de edad.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia publica virtual el 18 de junio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 7 a 8 vta.; conectados la parte accionante asistida de su abogado; ausentes la representación del Ministerio Público, y de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Distrito 1 del municipio de Sucre; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante por su representada AA, en audiencia, a través de su abogado, ratificó los términos de la demanda tutelar y ampliándolos señaló lo siguiente: a) Siendo infructuoso el intento de sacar a la aludida niña del centro de acogida en el que fue internada, junto a sus familiares se comunicó con la Fiscal de Materia accionada, a efecto de que pueda “soltar” a la indicada menor de edad, autoridad que expresó que, hasta que se cumpla con el anticipo de prueba consistente en la declaración en la cámara gessel, su representada se quedaría en el centro de acogida; b) No hay manera de presentar su solicitud al Juez de la causa penal de origen; por cuanto, como los hechos sucedieron el “sábado”, no existe forma de hacer conocer esa arbitrariedad a dicha autoridad; c) Al respecto, el art. “…54 (…) en su parágrafo segundo…” (sic) del Código de la Niña, Niño y Adolescente (CNNA), dispone que cuando un menor de edad es rescatado del hogar y si aparecen los familiares, padre, madre o tutor, el mismo debe estar bajo el cuidado de los mismos; por otro lado, el art. 55 de la Ley de Abreviación Procesal para Garantizar la Restitución del Derecho Humano a la Familia de las Niñas, Niños y Adolescentes -Ley 1168 de 12 de abril de 2019-, señala que debe ser el juez de la niñez y adolescencia el único que tiene la facultad de hacer que un menor de edad se quede en un centro de acogida; es decir, el Ministerio Público, no tiene competencia ni atribución por ley para ordenar que un menor de edad se quede encerrado en ese lugar, siendo dicho proceder arbitrario y abusivo; d) Como familia ampliada de AA, no tiene contacto con la madre de ésta, quien tiene la guarda; y, cuando se conversó con la autoridad accionada, manifestó que si bien se le quitó la niña a la progenitora, es la prenombrada quien obliga a que AA esté detenida en el centro de acogida; e) En cuanto a que la referida niña pueda ser influenciada o contaminada en su declaración en el proceso penal de origen, la familia ampliada es ajena a dicha causa; por cuanto, no tiene contacto con los familiares del imputado que está siendo acusado; en consecuencia, no existe ninguna razón o motivo para influir o tratar de entorpecer aquel proceso de investigación; en todo caso, si no quieren entregar a la niña a su persona -quien es padre de AA-, ni a su abuela, pueden hacerlo a su tía -hermana del prenombrado-, quien nada tiene que ver con el imputado; y, f) Al no poder estar con su familia ampliada, AA está sufriendo; está encerrada en un centro de acogida sin permitirle verlo, no le dan acceso a él ni a la familia ampliada, tampoco pudieron obtener una copia del requerimiento fiscal. Cuando pidió -se entiende a los servidores públicos de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia- junto a sus familiares, que le pasen foto de la determinación fiscal, aquella solicitud no fue atendida.

I.2.2. Informe de la parte accionada

La Fiscal de Materia accionada, no acudió a la audiencia de garantías ni presentó informe alguno, pese a su citación que consta a fs. 5 y vta.

La representación de la DNA del Distrito 1 del municipio de Sucre, no se presentó a la audiencia de garantías tampoco interpuso ningún informe; no obstante, su citación cursante a fs. 6 y vta.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Chuquisaca, constituido en Juez de garantías, a través de la Resolución 05/2023 de 18 de junio, cursante de fs. 8 vta. a 10, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) Deben tomarse en cuenta todas la categorías sospechosas de discriminación por razones de género; la representada del accionante, es parte de un proceso penal en el que presuntamente es víctima del delito de abuso sexual; por ello, debe considerarse lo dispuesto por el art. 61.1 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, que establece con claridad que las y los fiscales de materia que ejerzan la acción penal pública en casos de violencia hacia la mujer, ciertamente también hacia la niñez y adolescencia, deberán adoptar, en el ejercicio de sus funciones, las medidas de protección que sean necesarias a fin de garantizar a la mujer en situación de violencia la máxima protección y seguridad, así como a sus hijas e hijos; tiene que pedir a la autoridad su homologación y las medidas cautelares previstas por ley cuando el hecho constituya un delito; a su vez, debe aplicarse lo dispuesto en el art. 389 del Código de Procedimiento Penal (CPP), disposición que establece medidas de protección especial que deben fijarse específicamente en relación a niñas, niños y adolescentes; 2) Entre las medidas de protección establecidas en el aludido Código, se encuentra la prohibición al presunto agresor de concurrir o frecuentar lugares de custodia, albergue, estudio o emplazamiento a los que concurre la víctima; por lo que, se advierte claramente que dicha medida va implícita en relación a entregar a una casa de acogida a un niño, niña o adolescente que prohíbe al agresor acercarse a estos lugares, donde la víctima menor de edad se encuentra bajo custodia o albergue; de modo que, una medida de protección clara y precisa, es la que involucre a menores de edad como víctimas, al disponer que deban ingresar a casas de acogida cuando en el contexto familiar no existe otra medida que les resulte más favorable y de mayor protección; justamente, cumpliendo esas condiciones en las cuales debe velarse por el interés superior de una niña o niño, previsto en el art. 60 de la CPE; 3) El art. 389 ter del Código de Procedimiento Penal (CPP), es claro respecto a que en casos de urgencia, y habiéndose establecido la situación de riesgo en la que se encuentra la víctima, y cuando las circunstancias del caso así lo exijan, la inmediata protección a su integridad, las medidas previstas en el parágrafo primero del artículo precedentemente citado, podrán ser dispuestas por la o el fiscal, la servidora o servidor policial o cualquier otra autoridad prevista para la atención a mujeres en situación de violencia, y para la defensa de los derechos de la niñez y adolescencia que tomen conocimiento del hecho; asimismo, dicha norma establece el plazo de veinticuatro horas de haberse dispuesto una medida de esa naturaleza, en este caso, la entrega de AA a una casa de acogida; el fiscal o servidor público a quien le haya correspondido imponer una medida de protección, comunicará al juez de la causa a objeto de efectuarse el respectivo control de legalidad y su consiguiente ratificación; en el presente, la autoridad accionada procedió en el marco de las normas anteriormente mencionadas; es decir, entregar a dicha niña presuntamente víctima de un hecho delictivo que afecta su identidad sexual, a una casa de acogida, justamente como una medida de protección de inmediato socorro, tal como exige proceder el art. 60 de la CPE; entonces, no se advierte que dicha autoridad fiscal hubiese actuado con arbitrariedad o al margen de la ley; de modo que, no puede entenderse que la presencia de la señalada menor de edad en una casa de acogida es una restricción de su derecho a la libertad o que se encuentre en una situación de detención; al contrario, se está ejerciendo una medida que tiene por objeto garantizar su seguridad física, inclusive psicológica y se le debe brindar pronto socorro y asistencia a todo nivel, ya sea alimentario, de vestimenta y otros que cumplen esas casas de acogida; y, 4) La Fiscal de Materia accionada, vio por conveniente no entregar a AA a la supuesta familia ampliada, posiblemente consideró que hasta ese momento la madre de la aludida niña estaba ejerciendo la guarda o tutela de la misma; también atendió a la circunstancia de constituirse en víctima.

I.2.4. Trámite procesal

Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio, se dispuso la priorización en el sorteo de casos de niñas, niños y adolescentes a efectos de hacer efectiva su atención prioritaria y eficaz protección; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, no cursa antecedente ni documental alguna sobre la situación de la menor de edad AA a la que representa el accionante, tampoco del proceso penal que derivó en su permanencia en un centro de acogida, ni la forma de ingreso al mismo, constando únicamente en el expediente constitucional lo siguiente:

II.1. En la diligencia de citación a Belinda Romero Ferrufino, Fiscal de Materia

-ahora accionada- con la interposición de la presente acción de libertad y Auto Interlocutorio 162 de 17 de junio -de fijación de audiencia de consideración de la demanda tutelar-, se advierte su realización por la Oficina Gestora del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca a un número de teléfono, a través de WhatsApp.; asimismo, el acta de la audiencia de garantías y la Resolución 05/2023 de 18 de junio, fueron notificados a dicha autoridad fiscal al mismo número telefónico y aplicación móvil; habiendo respondido la Fiscal de Materia accionada positivamente respecto a la última diligencia (fs. 5 y vta.; y, 11 y vta.). Igualmente, a través de la notificación realizada también por WhatsApp, se comunicó a la DNA del Distrito 1 del municipio de Sucre, sobre la interposición de este mecanismo de defensa, así como el señalado Auto Interlocutorio, constando su ubicación en el “Pasaje Urioste”, la consignación de un número de celular, y fotografía de dicha comunicación (fs. 6 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante en representación de AA -quien también es su hija-, denuncia la lesión del derecho a la libertad de la mencionada menor de edad; en razón a que, la Fiscal de Materia y servidor público accionados, ante la denuncia de la presunta comisión del delito de abuso sexual en contra de su representada, determinaron enviarla a un centro de acogida “…específicamente a la central de las defensorías de la niñez y adolescencia…” (sic), y pese a que su persona, así como la abuela y tía de la indicada niña, como familia ampliada de la misma, se apersonaron al lugar señalando que pueden hacerse cargo de ella de manera circunstancial y hasta que el Juez competente resuelva la situación de la menor de edad; no obstante, en la DNA del Distrito 1 del municipio de Sucre, les indicaron que por orden de la autoridad accionada, emitida mediante requerimiento fiscal, AA debía permanecer en ese sitio hasta que se realice el anticipo de prueba, lo que constituye una restricción indebida de los derechos de la misma, considerando la situación de presunta violencia sexual por la que fue retirada de la casa de su madre, y siendo que corresponde no apartarla de su familia ampliada, como establece la norma, para que de esa forma se evite revictimizarla.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad y presupuestos de activación

Sobre la referida temática, la SCP 0907/2020-S3 de 17 de diciembre, asumió el siguiente razonamiento: «Sobre los presupuestos de procedencia de la acción de libertad en función a su naturaleza jurídica y alcance determinado por los bienes jurídicos protegidos, la SCP 0037/2012 de 26 de marzo, sostuvo que: “La acción de libertad conocida en el derecho comparado y en nuestra legislación abrogada como ‘recurso de habeas corpus’, encuentra fundamento en innumerables instrumentos normativos de orden internacional como en la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, disposiciones normativas que forman parte del bloque de constitucionalidad, de conformidad a lo dispuesto por el art. 410 de la CPE. Se trata de un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares; así como a la vida, cuando esté en peligro. Esta garantía de carácter procesal constitucional se encuentra consagrada en el art. 125 de la CPE, donde dispone que: ‘Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y, solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad’. Norma constitucional concordante con el art. 65 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), la cual establece que su objeto es la garantía, protección o tutela de los derechos a la vida, a la libertad física y a la libertad de locomoción, para el restablecimiento inmediato y efectivo de esos derechos, en los casos en que sean restringidos, suprimidos o amenazados de restricción o supresión.

En tal sentido, debe señalarse que la ingeniería dogmática de la acción de libertad está diseñada sobre la base de dos pilares esenciales, el primero referente a su naturaleza procesal y el segundo, compuesto por los presupuestos de activación. En cuanto al primer aspecto que configura el contenido esencial de esta garantía, es decir, su naturaleza procesal, se establece que se encuentra revestida o estructurada con una tramitación especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, informalismo, generalidad e inmediación; procede contra cualquier servidor público o persona particular, es decir, no reconoce fueros ni privilegios. Postulados que pueden ser inferidos de la norma constitucional antes referida. Ahora bien, el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta garantía, se encuentra configurado por sus presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: a) Atentados contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución indebida”.»

III.2. Principio de presunción de veracidad en la acción de libertad

Respecto a este tópico procesal de connotación constitucional, la SCP 0025/2023-S3 de 10 de marzo de 2023, efectuando la sistematización de la jurisprudencia constitucional asumida al respecto, expresó que: “La SC 0650/2004-R de 4 de mayo, cuyo entendimiento fue confirmado por las SSCC 0245/2007-R de 10 de abril, 0478/2011-R de 18 de abril, y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0872/2016-S1 de 20 de septiembre, y 0989/2017-S2 de 25 de septiembre, entre otras, determinó: ‘…el funcionario recurrido, una vez citado legalmente con el recurso no comparece a la audiencia del hábeas corpus -hoy acción de libertad- y no presenta informe alguno, por lo mismo, no niega ni desvirtúa las denuncias formuladas por el recurrente; en ese caso, el silencio del recurrido será considerado como confesión de haber cometido el hecho ilegal o indebido denunciado en el recurso’. Asimismo, la SC 0785/2010-R de 2 de agosto, que fue citada en la SC 0038/2011-R de 7 de febrero, y la SCP 1054/2017-S1 de 11 de septiembre, entre otras señalaron que: ‘…se tendrán por probados los extremos denunciados cuando las autoridades denunciadas, no desvirtúen los hechos demandados, situación que concurre cuando no obstante su legal notificación no comparecen a la audiencia ni presten su informe de ley’. En consecuencia, la autoridad accionada en una acción de libertad, tiene la carga de la prueba y se halla constreñido a desvirtuar la lesión o amenaza de vulneración del derecho, que se les atribuye, siempre que la denuncia haya sido puesta a su conocimiento y de acuerdo a las formalidades previstas por ley, en su defecto se tendrían por probados los hechos consignados en la denuncia”.(las negrillas corresponden al texto original).

III.3. Alcance y dimensión sustantiva del principio del interés superior de la niña, niño y adolescente. Jurisprudencia reiterada

En cuanto al principio constitucional referido, la SCP 0818/2018-S1 de 5 de diciembre -cuyos entendimientos fueron reiterados en su similar 1317/2022-S3 de 28 de septiembre-, asumió el siguiente razonamiento: [Sobre el particular y realizando un desarrollo normativo constitucional como de instrumentos supra nacionales, la SCP 1074/2015-S3 de 5 de noviembre, señala: «La Constitución Política del Estado en cuanto a los derechos de la niñez, adolescencia y juventud, establece:

“Artículo 58. Se considera niña, niño o adolescente a toda persona menor de edad. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de los derechos reconocidos en la Constitución, con los límites establecidos en ésta, y de los derechos específicos inherentes a su proceso de desarrollo; a su identidad étnica, sociocultural, de género y generacional; y a la satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones”.

“Artículo 60. Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado”.

La normativa legal precedente, emerge de un proceso paulatino de modificación a la legislación nacional, para garantizar los derechos de la niñez y adolescencia reconocidos en instrumentos internacionales; cuyo hito trascendental, surge a partir de la aprobación por la Asamblea General de las Naciones Unidas de la “Convención sobre los Derechos del Niño” Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su Resolución 44/25 el 20 de Noviembre de 1989, (ratificada por el Estado boliviano el 14 de mayo de 1990 mediante Ley 1152); a través de la cual, se estableció un cambio de paradigma en la concepción de la niñez y adolescencia, al reconocer a los menores como sujetos de derechos y partícipes de su propio desarrollo, bajo la premisa del respecto por el “interés superior del niño”, constituyéndose en la esencia reguladora de la normativa a desarrollarse en torno a los derechos de la niñez y adolescencia, traduciéndose en la responsabilidad de protegerlos a través de una efectiva tutela legal y judicial.

La Convención sobre los Derechos del Niño estipuló -entre otros aspectos-:

“Artículo 3

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”.

(...)

Los lineamientos de estos instrumentos internacionales universales, también se encuentran reconocidos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cuando:

La Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, adherida por Decreto Supremo (DS) 16575 de 13 de junio de 1979 (elevado al rango de Ley 1430 de 11 de febrero de 1993), establece:

“ARTÍCULO 19

Derechos del Niño

Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”.

Así, conforme este plexo jurídico-normativo interno como del Sistema Universal e Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SUDH y SIDH), se consolida la vigencia y respeto del principio del interés superior del niño, el cual constituye el principio rector y básico de preeminencia del resguardo a los niños, niñas o adolescentes, que tiene un alcance esencialmente interpretativo de las medidas que puedan afectarles directa o indirectamente; permitiéndose conforme a este postulado a partir de una interpretación sistemática del texto constitucional y de la normativa especial familiar, reforzar el deber de garantizar la prioridad del interés superior de los menores de edad, que dentro del mandato constitucional conlleva actuaciones imperativas tendientes al respeto de sus derechos y la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia -art. 60 de la CPE-] (las negrillas nos corresponden).

En esta misma línea de hermenéutica constitucional, la SCP 0088/2021-S3 de 20 de abril, resaltó que: «...otorga al niño el derecho a que se considere y tenga en cuenta de manera primordial su interés superior en todas las medidas o decisiones que le afecten, tanto en la esfera pública como en la privada, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, imponiendo con ello a los Estados parte, el deber de atención primordial del interés superior del niño, debiendo garantizarse su protección y cuidado necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres.

(...)

Por su parte, el art. 1 del CNNA prevé y regula el régimen de prevención, protección y atención integral que el Estado y la sociedad deben garantizar a toda niña, niño y adolescente; esto con el fin de asegurarles un desarrollo físico, mental, moral, espiritual, emocional y social en condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad y justicia; determinando además en el art. 12 literal b del citado Código, como prioridad social, que es deber de la familia, de la sociedad y del Estado asegurar a la niña, niño y adolescente, con absoluta prioridad el ejercicio y el respeto pleno de sus derechos, estableciendo además, que toda niña, niño y adolescente, tiene derecho a ser atendido con prioridad por las autoridades, judiciales y administrativas.

En ese marco, la SCP 0195/2018-S4 de 14 de mayo, establece que: “Teniendo en cuenta que las niñas, niños y adolescentes carecen de la madurez biológica y psicológica suficiente y necesaria, para afrontar un conflicto por sí solos, debido a las etapas de desarrollo que atraviesan antes de convertirse en adultos, diferenciándose de estos incluso por sus necesidades emocionales y educativas, el Estado está obligado a adoptar políticas especiales y acciones afirmativas en favor de ellos, al constituir un grupo vulnerable reconociendo previamente su condición de sujetos de derechos y garantías, destinadas a eliminar las situaciones de discriminación o intolerancia que sufren en razón de su edad, promoviendo la efectiva observancia del principio de igualdad, en consideración a sus características especiales”.

(…)

En suma, resulta evidente que los derechos de los niños son prevalentes mereciendo un trato prioritario al contar con interés superior dentro del contexto jurídico vigente; por lo que tanto los jueces y tribunales de garantías como este Tribunal Constitucional Plurinacional, no podrán abstenerse de conocer acciones de tutela que los involucren, precisamente como se tiene establecido por la preeminencia que da la Norma Suprema a este sector de vulnerabilidad y la tutela necesaria que deben merecer en casos de evidente transgresión a sus derechos fundamentales…”» (el resaltado nos pertenece).

III.4. Análisis del caso concreto

El objeto procesal de la presente acción de defensa, converge en sentido que, la Fiscal de Materia y servidor público accionados, ante la denuncia de la presunta comisión del delito de abuso sexual en contra de la menor de edad AA, ahora representada por el impetrante de tutela, los accionados determinaron enviarla a un centro de acogida “…específicamente a la central de las defensorías de la niñez y adolescencia…” (sic), y pese a que su persona -padre de AA-, su abuela y tía, como familia ampliada de la niña, se apersonaron al lugar indicando que podían hacerse cargo de ella de manera circunstancial y hasta que el juez competente resuelva la situación de la aludida menor de edad, en la DNA del Distrito 1 del municipio de Sucre, les indicaron que por orden de la autoridad accionada, emitida mediante requerimiento fiscal, la referida niña debía permanecer ahí hasta que se realice el anticipo de prueba, lo que constituye una restricción indebida de los derechos de la misma, considerando la situación de presunta violencia sexual por la que fue retirada de la casa de su madre; y, además que corresponde no apartarla de su familia ampliada, tal como establece la norma, y de esa manera evitar revictimizarla.

A efecto de considerar la problemática identificada, y tomando en cuenta que la parte accionada no remitió documental alguna ni prestó informe en el presente mecanismo de defensa, es necesario remitirse al razonamiento expuesto en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, en el cual se estableció que, si el servidor público accionado, una vez citado legalmente con la demanda tutelar, no comparece a la audiencia de garantías ni presenta informe alguno; en consecuencia, no niega ni desvirtúa las denuncias formuladas por quien activa esta acción de defensa, será tenido como convalidación del hecho ilegal o indebido denunciado. En aplicación de dicho razonamiento, se advierte que tanto la Fiscal de Materia accionada, como el representante de la DNA del Distrito 1 del municipio de Sucre, fueron citados por la Oficina Gestora 1 del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, a efecto de informar sobre la interposición de esta acción de libertad y el señalamiento de la audiencia de consideración, tal como fue establecido en la Conclusión II.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Incluso, la indicada Fiscal de Materia, cuando se le notificó con el acta de audiencia de garantías y la Resolución pronunciada en dicho acto procesal, respondió “…por este medio me daré por notificada” (sic); evidenciando su pleno conocimiento, por la vía telemática utilizada; y, por ende, su citación legal, con este mecanismo de defensa. No obstante, la Fiscal de Materia y funcionario accionados, no asistieron a la audiencia de garantías ni presentaron informe a efecto de desvirtuar lo alegado por la parte accionante; consecuentemente, corresponde tener por evidente la actuación que desplegó y que es el objeto de reclamo expuesto por el impetrante de tutela, a nombre de su representada AA. En ese entendido, conforme a la exposición de hechos de la acción de libertad y la ampliación efectuada en la audiencia fijada al efecto, se tiene que la niña AA, presunta víctima de abuso sexual, el sábado 17 de junio de 2023 fue rescatada del lugar donde vivía con su madre -se asume, también con la pareja de ésta quien se constituye en el denunciado dentro la causa penal de origen- por los servidores públicos de la DNA del Distrito 1 del municipio de Sucre, como acto seguido a la denuncia interpuesta contra la pareja de la aludida progenitora por la presunta comisión del referido ilícito. También se tiene que, habiendo tenido noticia de este extremo, el accionante y representante de la menor AA, en su condición de padre, así como la abuela y tía de aquélla, se presentaron ante la referida Defensoría a efecto de solicitar su acogida circunstancial como familia ampliada; empero, los servidores públicos de dicha repartición municipal, informaron que ello no era posible, porque el acogimiento de la niña en el centro de acogimiento en el que se encontraba fue dispuesto a través de requerimiento fiscal emitido por la Fiscal de Materia accionada, entretanto se celebre el anticipo de prueba constitutiva de su declaración en cámara gesell sobre los hechos denunciados; lo que, supuestamente ocurriría recién el “…lunes o martes de la siguiente semana…”(sic) -se asume, 19 y 20 de junio-. Igualmente, con base a lo expuesto por la parte peticionante de tutela, se tiene que la existencia del requerimiento fiscal que dispuso dicha medida, fue ratificado por la propia autoridad accionada, quien ante la llamada del padre de la menor de edad AA, corroboró que la niña se quedaría en el centro de acogida hasta que se obtenga el anticipo de prueba descrito. En ese marco fáctico, es necesario remitirse a la normativa establecida en el art. 53 del CNNA, que dispone: “El acogimiento circunstancial es una medida excepcional y provisional, efectuada en situaciones de extrema urgencia o necesidad en favor de una niña, niño y adolescente, cuando no exista otro medio para la protección inmediata de sus derechos y garantías vulnerados o amenazados” (énfasis añadido); en consecuencia, el acogimiento circunstancial es una medida de protección especial, excepcional y urgente, que puede ser asumida tanto por personas o entidades; empero, una vez realizada, debe comunicarse a la DNA y a la autoridad jurisdiccional, ello a efecto del control de su necesidad y mantenimiento en favor de la integridad personal y psicológica de la niña, niño o adolescente. La referida medida de protección, prevista legislativamente en favor de las niñas, niños y adolescentes, se encuentra acorde al mandato constitucional previsto en el art. 60 de la CPE, el cual establece que: “Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado”. En cuanto al referido principio constitucional, de acuerdo a lo asumido en la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, constituye el principio rector y básico de preeminencia del resguardo a las niñas, niños o adolescentes, que tiene un alcance esencialmente garantista y ponderativo de las medidas que puedan afectarles directa o indirectamente; permitiéndose, conforme a este postulado, a partir de una interpretación sistemática del texto constitucional y de la normativa especial familiar, reforzar el deber de garantizar la prioridad del interés superior de los menores de edad, que dentro del mandato constitucional conlleva actuaciones imperativas tendientes al respeto de sus derechos y la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia. En ese marco normativo y jurisprudencial, es posible concluir que si la medida de acogimiento circunstancial se sujeta al procedimiento legal establecido a efecto de que cumpla su finalidad, cual es la de protección de la niña, niño o adolescente, no implica de modo alguno privación de libertad; en sentido contrario, si la medida de acogimiento circunstancial no se rige al procedimiento y, por ende, no observa el principio constitucional descrito, se convierte en una restricción de la libertad del menor de edad vinculado con su derecho a la familia, previsto en el art. 59.II de la CPE, que reconoce a: “Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a vivir y a crecer en el seno de su familia de origen o adoptiva. Cuando ello no sea posible, o sea contrario a su interés superior, tendrá derecho a una familia sustituta, de conformidad con la ley”; por cuanto, tener a un menor de edad en un centro de internamiento fuera de los casos previsto en la norma legal, constituye privación de libertad ilegal e indebida; y, a su vez, repercute en los elementos vivir y tener familia de su derecho a la familia. En ese marco, en cuanto al procedimiento al que se sujeta el acogimiento circunstancial, es necesario remitirse al art. 54 del Código citado, modificado por la Ley 1168, que dispone: “(OBLIGACIÓN DE COMUNICAR EL ACOGIMIENTO CIRCUNSTANCIAL). I. Las personas y entidades que reciban a la niña, niño o adolescente, están obligadas a comunicar el acogimiento circunstancial a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia o autoridades comunitarias dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes del momento del acogimiento. II. La Defensoría de la Niñez y Adolescencia deberá poner en conocimiento de la autoridad judicial en materia de Niñez y Adolescencia o autoridad judicial de turno, el acogimiento circunstancial, dentro de las setenta y dos (72) horas de conocido el hecho. Si en el transcurso de este plazo la madre, padre, guardadora o guardador, tutora o tutor, solicita a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia la reintegración de la niña, niño o adolescente, ésta deberá ser otorgada previa valoración psico-social, suscribiéndose un acta de compromiso de protección por una única vez, que no será aplicable en caso de reincidencia.

III. Durante el plazo de las setenta y dos (72) horas previstas en el Parágrafo precedente, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia asumirá el cuidado y protección de la niña, niño o adolescente.

IV. La Jueza o Juez Público en materia de Niñez y Adolescencia, a partir del conocimiento del acogimiento circunstancial, emitirá en el plazo de veinticuatro (24) horas la resolución de acogimiento circunstancial de la niña, niño o adolescente. V. Cuando un municipio no cuente con las condiciones para proceder al acogimiento circunstancial de una niña, niño o adolescente, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia pondrá a conocimiento de la Jueza o Juez Público Mixto de turno de su jurisdicción, a fin de que se disponga la notificación a la Instancia Técnica Departamental de Política Social, para que proceda al acogimiento conforme al procedimiento y los plazos establecidos en éste Código, conforme al principio de interés superior del niño. Durante el acogimiento circunstancial, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del municipio remitente deberá agotar la búsqueda e identificación de la familia de la niña, niño o adolescente en coordinación con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del municipio receptor. VI. El acogimiento circunstancial tendrá una duración máxima de treinta (30) días, tiempo en el cual la Defensoría de la Niñez y Adolescencia agotará la búsqueda e identificación de la familia de la niña, niño o adolescente. Esta medida será evaluada permanentemente por la autoridad judicial y su aplicación no se considerará privación de libertad. VII. Transcurrido el plazo establecido en el Parágrafo precedente, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia deberá solicitar dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas a la Jueza o Juez Público en materia de Niñez y Adolescencia, el cese del acogimiento circunstancial y la integración de la niña, niño o adolescente a una familia sustituta o su derivación a un centro de acogida; recibida la solicitud la Jueza o Juez Público en materia de Niñez y Adolescencia dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes emitirá la resolución de acogimiento institucional” (el resaltado y subrayado nos pertenece). A partir de la normativa procesal especial inherente a este grupo vulnerable, así como la jurisprudencia constitucional glosada precedentemente, corresponde señalar que, en el caso concreto, se tiene que la Fiscal de Materia accionada, quien como se explicó precedentemente no remitió informe en la presente acción de defensa, hubiera emitido un requerimiento fiscal a través del cual dispuso que la DNA del Distrito 1 del municipio de Sucre acoja circunstancialmente a la niña AA, como efecto de la denuncia de presunto abuso sexual que ella hubiera sufrido por parte de la pareja de su madre, lo que generó que sea retirada de ese domicilio y acogida circunstancialmente, actuación que en ese momento no se advierte se constituya en indebida o ilegal; pues, se asume fue dispuesta ante el hecho inicial, debido a la necesidad de asumir protección de la aludida menor de edad presunta víctima. En efecto, en atención del principio de interés superior de la niñez y adolescencia, que impele a las autoridades judiciales y servidores públicos a actuar en preeminencia de sus derechos y la primacía en recibir atención y socorro en cualquier circunstancia, es razonable que ante la noticia de la presunta comisión de abuso sexual contra AA, siendo el supuesto agresor la pareja de su progenitora, quien -se entiende- vivía en el mismo lugar con la indicada menor; la autoridad fiscal accionada, con carácter de urgencia, determinó sacar a la niña del hogar para que la citada DNA, la acoja circunstancialmente, habiendo ocurrido todo ello el sábado 17 de junio de 2023 -día en que se interpuso la presente acción de defensa-, sin que pueda considerarse dicha actuación fuera del marco legal, debido a que no existe norma expresa que impida a dicha autoridad a proceder de ese modo; al contrario, la actuación referida se circunscribió a un mandato constitucional que obliga al Fiscal de Materia a actuar diligente y oportunamente para la protección de los derechos de la niña, presunta víctima de violencia sexual. No obstante lo señalado, y conforme la dimensión del planteamiento de reclamo de esta acción de defensa, se tiene que la autoridad accionada, luego de asumida la medida antes descrita, habría conocido la intención del padre de AA y de su familia ampliada -abuela y tía-, de asumir su acogimiento circunstancial, entretanto la autoridad judicial de la niñez y adolescencia defina su situación; empero, sin considerar las circunstancias de acogida dispuesta en relación a la señalada menor, y el requerimiento efectuado por su progenitor, la referida autoridad fiscal condicionó dicha pretensión a la necesaria recepción de la declaración de la aludida niña en cámara gesell; lo que, presuntamente ocurriría recién a los dos o tres días de ejecutado el acogimiento; determinación en la cual, no se advierte justificación legal ni razonabilidad en pos de la protección de la menor de edad AA.

Al respecto, se denota que la Fiscal de Materia accionada, al informar sobre los hechos alegados ni haberse presentado a la audiencia de garantías, admitió tácitamente la actuación ahora cuestionada; es decir que, fuera de su competencia se rehusó a viabilizar la consideración del acogimiento circunstancial de la presunta víctima menor de edad por parte de su padre y familia ampliada; facultad que, conforme se analizará, es inherente a la DNA y del Juez en materia de niñez y adolescencia, a su turno, sin que además dicha autoridad accionada hubiese expuesto un argumento o hecho razonable que justifique en la situación fáctica la necesidad de permanencia de la menor de edad en un centro de acogida, “…específicamente a la central de las defensorías de la niñez y adolescencia…” (sic) de la ciudad de Sucre, y la imposibilidad de acceder a que la misma sea acogida -como una mejor alternativa y de forma temporal- por su familia ampliada, no advirtiéndose al efecto que, el referir que debía cumplir con su declaración sobre el hecho investigado, pueda constituir un elemento que justifique esa disposición; pues al contrario, por el mismo presunto delito denunciado es que se debía evitar cualquier circunstancia que pueda revictimizar a la aludida menor de edad, como el hecho de ser apartada de su familia ampliada, a más que tampoco se tiene que, hubiese existido una razón válidamente considerable de posible influencia en la declaración de AA, que haya impelido a asumir dicha decisión; por ende, corresponde conceder la tutela solicitada respecto a la Fiscal de Materia accionada, por lesión del derecho a la libertad de la niña AA en el marco de lo asumido en el fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, vinculado con el derecho a preservar su integridad emocional, y evitar una posible revictimización. En cuanto a la DNA del Distrito 1 de Sucre, ni su representante coaccionado u otro funcionario de dicha institución presentaron informe a la acción de tutela presentada, tampoco acudieron a la audiencia de garantías, pese a que fueron citados a dicho acto procesal; por ende, se tiene por ciertos los hechos denunciados de lesivos de derechos en cuanto a su actuación en el acogimiento circunstancial de AA, como efecto del requerimiento fiscal emitido por la Fiscal de Materia accionada; dado que, como se tiene explicado precedentemente, si bien en un primer momento dicha medida -se asume- fue necesaria en protección de la aludida menor de edad; empero, se advierte que, no obstante haber tomado conocimiento de que el padre y los familiares de la nombrada, querían acogerla circunstancialmente hasta que la autoridad judicial competente defina la situación que corresponda; en desconocimiento de sus obligaciones de velar por el interés superior de la menor de edad, se negaron a considerar dicha posibilidad, pese a que la misma está prevista en el art. 54.II segundo párrafo del CNNA, modificado por la Ley 1168; norma que determina que “Si en el transcurso de este plazo la madre, padre, guardadora o guardador, tutora o tutor, solicita a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia la reintegración de la niña, niño o adolescente, ésta deberá ser otorgada previa valoración psico-social, suscribiéndose un acta de compromiso de protección por una única vez, que no será aplicable en caso de reincidencia”. El referido presupuesto legal, se aplica independientemente del aviso a la autoridad judicial (en el plazo de setenta y dos horas), y de la decisión que ésta asuma de manera formal (en veinticuatro horas), a través de una resolución judicial por el plazo máximo de treinta días. En consecuencia, se advierte que los personeros de la DNA del Distrito 1 del municipio de Sucre que conocieron el caso de acogimiento circunstancial de AA, lesionaron sus derechos a la libertad vinculado con la protección a su integridad emocional y a la familia, al no cumplir con lo establecido con la norma procesal referida precedentemente; máxime, si se considera que la acogida circunstancial en un centro, ni siquiera fue de conocimiento de una autoridad judicial; correspondiendo conceder la tutela solicitada, disponiendo que, en aplicación del art. 54.II segundo párrafo del CNNA, consideren el fondo de la solicitud del accionante y/o de los demás familiares de la indicada menor de edad sobre su acogimiento circunstancial, previa realización de una valoración psico-social y determinen lo que corresponda en derecho; a menos que, por el transcurso del tiempo, la situación de la aludida menor de edad ya hubiese sido definida por la autoridad judicial competente. En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela impetrada, no adoptó la decisión correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 05/2023 de 18 de junio, cursante a fs. 8 vta. a 10, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Chuquisaca; y, en consecuencia:

1º CONCEDER la tutela solicitada, por lesión del derecho a la libertad de la menor de edad AA, vinculado al resguardo de su integridad emocional y el derecho a la familia, en garantía además de la aplicación del principio del interés superior de la niña, niño y adolescente, conforme los razonamientos y fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional; y,

2º Disponer que, los servidores públicos de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Distrito 1 del municipio de Sucre del departamento de Chuquisaca, en aplicación del art. 54.II segundo párrafo del Código Niña, Niño y Adolescente, consideren el fondo de la solicitud del padre de la menor de edad AA y/o de la abuela y tía de la referida niña, respecto a su acogimiento circunstancial, previa realización de una valoración psico-social y determinen lo que corresponda en derecho; a menos que, por el transcurso del tiempo, la situación de AA ya hubiese sido definida, conforme corresponda en derecho, por la autoridad judicial competente

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0805_2023-S3.pdf · páginas 1 a 18.

Huella digital del PDF (SHA-256): 468fad2bfbb742bb5eb4b5804763c3fbf63a2785788ac6cc5883eb8e80f88bbb

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