B.IA.LEGAL

SCP 0805/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 12 de julio de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
12 de julio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
47280-2022-95-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante alegó la lesión de sus derechos a la libertad y a la defensa; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, impugnó la determinación que dispuso su detención preventiva y remitiéndose obrados a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; el 19 de abril de 2022, tomó conocimiento de que se desarrolló su audiencia de apelación de medidas cautelares, confirmándose lo resuelto en primera instancia, sin que el mismo o su abogada hubieran sido notificados a dicha audiencia, aun habiéndose apersonado de forma correcta. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos denunciados son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para tal efecto, se analizarán los siguientes temas: 1) Sobre el trámite y resolución de recursos de apelación incidental de medidas cautelares en el marco de la Ley 1173; y, la inasistencia o demora del imputado o su abogado a la audiencia programada; 2) Legitimación pasiva en la acción de libertad; y, 3) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 07/2022 de 22 de abril, cursante de fs. 40 a 41 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada respecto a Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 205/2022 de 12 de abril, emitido por el mismo, debiendo señalarse nueva audiencia de apelación incidental en el plazo de 48 horas desde su notificación con el presente fallo constitucional, si es que la situación jurídica del accionante no hubiera mejorado. 2° DENEGAR la tutela respecto a Silvia Maritza Portugal Espinoza, de conformidad a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre el trámite y resolución de recursos de apelación incidental de medidas cautelares en el marco de la Ley 1173; y, la inasistencia o demora del imputado o su abogado a la audiencia programada.
  2. III.2. Legitimación pasiva en la acción de libertad
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0805/2023-S1 Sucre, 12 de julio de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 47280-2022-95-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 07/2022 de 22 de abril, cursante de fs. 40 a 41 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por María Eugenia Quispe Condori en representación sin mandato de Julio Hernán Canaviri Poma contra Silvia Maritza Portugal Espinoza y Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 21 de abril de 2022, cursante de fs. 11 a 14, el accionante a través de su representante sin mandato expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, se emitió en primera instancia el Auto Interlocutorio 096/2022 de 19 de marzo, que dispuso su detención preventiva; es así, que impugnada dicha determinación, la misma fue sorteada a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que observó la apelación devolviéndola al Juzgado; entonces, el 8 de abril de 2022 se subsanó la misma y entre el 11 al 19 de abril del mismo año, se hizo seguimiento al trámite; sin embargo, la auxiliar de la Sala, le indicó que debía tener paciencia; puesto que, dicha Sala no contaba con secretaria. Es entonces que el 19 de abril del citado año, al apersonarse a la Sala, le indicaron que el expediente se encuentra en despacho ya que se desarrolló la audiencia de apelación, extremo que le generó extrañeza; puesto que, nunca se le notificó con el señalamiento de audiencia; desarrollándose la misma sin imputado y sin abogado defensor, pese a contar con el número de celular de este último, conforme el apersonamiento realizado en primera instancia, lesionando con tal situación su derecho a la defensa; no obstante, se dispuso simplemente ratificar la resolución inicial.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció como lesionados sus derechos a la libertad y a la defensa, citando al efecto los arts. 119 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada, y en consecuencia se deje sin efecto el Auto de Vista de 12 de abril de 2022, señalándose nueva audiencia de consideración de la apelación de medida cautelar.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 22 de abril de 2022 según acta cursante de fs. 37 a 39., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El peticionante de tutela, en audiencia ratificó el extenso de su demanda de acción de libertad.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Silvia Maritza Portugal Espinoza, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito cursante a fs. 22 manifestó que: su persona no presidió la audiencia de apelación de medida cautelar; por lo que, carecería de legitimación pasiva. Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito cursante a fs. 36 señaló que: las partes fueron legalmente notificadas en base a los datos remitidos por el Juez a quo; sin embargo, pese a la notificación, no se hizo presente el abogado de la defensa, planteando la presente acción de libertad por negligencia, que no puede ser subsanada por esta vía; por lo que, solicitó se deniegue la tutela.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 07/2022 de 22 de abril, cursante de fs. 40 a 41 vta., denegó la tutela impetrada, bajo los siguientes fundamentos: a) De la revisión de antecedentes se advierte que el 19 de marzo de 2022 se emitió la Resolución 096/2022, dentro del proceso penal caratulado Ministerio Público contra Julio Hernán Canaviri Poma por el presunto delito de violencia familiar o doméstica, determinándose la detención preventiva del -ahora accionante- en el Recinto Penitenciario del Penal de San Pedro; resolución, que una vez puesta en conocimiento de las partes, fue apelada conforme el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), ordenando la remisión al Tribunal de Alzada en el plazo de 24 horas; es así, que una vez remitido por el juzgado de origen la Sala Penal Primera lo recepcionó el 25 de abril de 2022 a horas 08:30, no evidenciándose conforme lo manifestó el -ahora solicitante de tutela- que se haya observado y devuelto al juzgado de origen para que subsane y sea remitido nuevamente para considerar la apelación incidental de medida cautelar; no obstante de ello, se advierte el memorial de apersonamiento y señalamiento de domicilio procesal para fines de notificación, en el que se proporciona número de celular y WhatsApp 71535280 correspondiente a María Eugenia Quispe Condori, memorial que es presentado ante el Juez Tercero de Instrucción en lo Penal de la ciudad de El Alto, de este apersonamiento no se advierte la fecha en que recibió el Juzgado Tercero de Instrucción; sin embargo, del informe proporcionado por la oficial de diligencias de la Sala Penal Primera Ruth Noemi Murga Vargas, se establece que fueron notificados a los números telefónicos celulares proporcionados por el juzgado de origen y se infiere del informe de 24 de marzo de 2022 de Doris Quispe Apaza, Auxiliar del Juzgado de Instrucción Penal Tercero de El Alto, que la misma señaló el número celular 74556082 correspondiente a Felicidad Carlo Mayta -abogada-del imputado Julio Hernán Canaviri, a este número telefónico celular se ha notificado en fecha 11 de abril del mismo año, así se evidencia de la diligencia de notificación de la Sala Penal Primera; b) De acuerdo a estos antecedentes si bien existió de acuerdo a los fundamentos de la acción, vulneraciones a los derechos y garantías del imputado en cuanto se refiere a la defensa y al debido proceso, es atribuible al juzgado de origen; puesto que, remitió al superior en grado un informe con los datos de domicilios procesales y números telefónicos de celular errados, a los cuales la Sala Penal Primera -ahora demandada-, solo dio cumplimiento con la comunicación para la realización de audiencia de consideración de apelación incidental de medida cautelar; c) En ese contexto, bajo la compulsa de estos antecedentes no existe legitimación pasiva de Silvia Portugal Espinoza -ahora demandada- al no haber presidido la audiencia de apelación incidental de medida cautelar, y tampoco de la autoridad codemandada para responsabilizar sobre las supuestas vulneraciones de derechos y garantías; por lo que, no son atendibles los fundamentos de la acción de libertad para la procedencia.

II. CONCLUSIONES

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Memorial de 15 de marzo de 2022; por el cual, el imputado -ahora accionante-, se apersonó ante el Juzgado de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, señalando como nueva defensora a María Eugenia Quispe Condori y solicitando que futuras diligencias se las haga conocer en su domicilio procesal ubicado en Av. Jorge Carrasco 20, Segundo Piso, Of. 205, edificio Leito II, esq. Calle 10 a una cuadra de Derechos Reales El Alto; celular/WhatsApp 71535280 y correo electrónico quispecme@gmail.com (fs. 10). II.2. Consta Auto Interlocutorio de 19 de marzo de 2022, emitido por el Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz; a través del cual, se dispuso la detención preventiva de Julio Hernán Canaviri Poma -ahora accionante-. Determinación que fue impugnada en audiencia conforme el art. 251 del CPP. (fs. 6 a 8). II.3. Se tiene Informe de 24 de marzo de 2022, pronunciado por Doris Quispe Apaza, Auxiliar del Juzgado De Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz; por el cual, informa que: Felicidad Carlo Mayta (abogada y ahora representante sin mandato del accionante) cuenta con número de celular “74556082” (fs. 24). II.4. Se observa Formulario de Notificación de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; por el cual, se hace constar que a Felicidad Carlo Mayta, se le notificó con señalamiento de audiencia al WhatsApp 74556082 el 11 de abril de 2022 a horas 16:05 (fs. 25). Adjuntando capturas de pantalla, que indican que la notificación a Felicidad Carlo Mayta se realizó al WhatsApp 74556082 (fs. 32 a 33). II.5. Cursa Auto de Vista 205/2022 de 12 de abril, formulado por Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas; por el cual, se declara la admisibilidad del recurso de apelación, confirmándose la Resolución 096/2022 de 19 de marzo, en razón de la falta de fundamentación y ausencia del imputado y su defensa sin justificación alguna pese a su legal notificación (fs. 34 a 35). II.6. Consta Informe de 22 de abril de 2022, expresado por Ruth Noemy Murga Vargas, Oficial de Diligencias de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; por el cual, señaló que las notificaciones se realizó de conformidad al informe expedido por el Juzgado que remitió la apelación. (fs. 23).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante alegó la lesión de sus derechos a la libertad y a la defensa; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, impugnó la determinación que dispuso su detención preventiva y remitiéndose obrados a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; el 19 de abril de 2022, tomó conocimiento de que se desarrolló su audiencia de apelación de medidas cautelares, confirmándose lo resuelto en primera instancia, sin que el mismo o su abogada hubieran sido notificados a dicha audiencia, aun habiéndose apersonado de forma correcta. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos denunciados son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para tal efecto, se analizarán los siguientes temas: 1) Sobre el trámite y resolución de recursos de apelación incidental de medidas cautelares en el marco de la Ley 1173; y, la inasistencia o demora del imputado o su abogado a la audiencia programada; 2) Legitimación pasiva en la acción de libertad; y, 3) Análisis del caso concreto.

III.1. Sobre el trámite y resolución de recursos de apelación incidental de medidas cautelares en el marco de la Ley 1173; y, la inasistencia o demora del imputado o su abogado a la audiencia programada.

A partir de la puesta en vigencia de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres –Ley 1173 de 03 de mayo de 2019–, el Código de Procedimiento Penal y las disposiciones conexas al mismo han sufrido cambios trascendentales que tienen como finalidad efectivizar la tramitación de las causas penales; en ese contexto, incumbe remitirnos sobre el trámite de la apelación incidental de medidas cautelares y las inasistencias o demoras tanto del imputado como de su abogado a las audiencias programadas en apelación:

En cuanto a la apelación de las medidas cautelares, el art. 11 de la indicada Ley 1173, modificó el art. 251 del CPP bajo el siguiente texto:

“Artículo 251. (APELACIÓN). La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas. Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad. El Vocal de turno de la Sala Penal a la cual se sortee la causa, resolverá, bajo responsabilidad y sin más trámite, en audiencia, dentro de los tres (3) días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior”.

Asimismo, la Disposición Adicional Segunda de la antedicha Ley 1173, modificó el art. 58 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, con el siguiente contenido:

“Artículo 58. (ATRIBUCIONES DE LAS SALAS EN MATERIA PENAL). I. Las atribuciones de las salas en materia penal, son:

1. Substanciar y resolver conforme a Ley, los recursos de apelación de autos y sentencias de juzgados en materia penal y contra la violencia hacia las mujeres;

2. Resolver las excusas presentadas por sus vocales y secretarias o secretarios de sala;

3. Resolver las recusaciones formuladas contra sus vocales; y,

4. Otras establecidas por Ley. Las apelaciones de las medidas cautelares de carácter II. personal y las consultas de las excusas y recusaciones, serán resueltas por el Vocal de Turno de la Sala a la cual sea sorteada la causa” (el resaltado es nuestro). De las normas descritas, inicialmente se tiene que, es atribución de las Salas Penales resolver las apelaciones de las medidas cautelares mediante el Vocal de turno; en tal sentido, la apelación emergente de una medida propia del régimen cautelar (aplicación o modificación) se la deberá efectuar en el plazo de setenta y dos (72) horas ante el tribunal o juez que emitió la resolución, a efectos de remitir los antecedentes ante la instancia de apelación en el término de veinticuatro (24) horas bajo responsabilidad; para luego, ya en instancia superior, el Vocal de turno resuelva el caso en audiencia dentro los tres (3) días siguientes de recibidos los actuados sin la posibilidad de plantear otro medio de impugnación.

Lo descrito, permite concluir en que, el trámite y la resolución de la apelación incidental emergente del régimen de medidas cautelares se constituye en un procedimiento sumario y rápido que no admite dilación alguna, salvo las excepciones previstas por la misma ley respecto a la imposibilidad de desarrollar la audiencia como se verá seguidamente. Respecto de las inasistencias o demoras del imputado y su abogado defensor a la audiencia de apelación En cuanto al marco normativo relacionado a las audiencias en el proceso penal, la indicada Ley 1173, mediante su art. 7 modificó el art. 113 del CPP, con el siguiente texto:

“Artículo 113. (AUDIENCIAS). (…)

II. Las audiencias se realizarán con la presencia ininterrumpida de las partes, salvo las excepciones establecidas en este Código.

Si el imputado, de manera injustificada, no comparece a una audiencia en la cual sea imprescindible su presencia, o se retira de ella, la jueza o el juez librará mandamiento de aprehensión, únicamente a efectos de su comparecencia. Si el defensor, de manera injustificada, no comparece a la audiencia o se retira de ella, se considerará abandono malicioso y se designará un defensor estatal o de oficio. La jueza, el juez o tribunal sancionará al defensor conforme prevé el Artículo 105 del presente Código. Sin perjuicio, se remitirán antecedentes al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, para fines de registro. Si el querellante, de manera injustificada, no comparece a la audiencia solicitada por él o se retira de ella sin autorización, se tendrá por abandonado su planteamiento. La incomparecencia del fiscal será inmediatamente puesta en conocimiento del Fiscal Departamental para la asignación de otro, bajo responsabilidad del inasistente. En ningún caso la inasistencia del fiscal podrá ser suplida o convalidada con la presentación del cuaderno de investigación. La jueza, el juez o tribunal en ningún caso podrá suspender las audiencias por las circunstancias señaladas en el presente Parágrafo, bajo su responsabilidad, debiendo hacer uso de su poder ordenador y disciplinario y disponer todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia de las partes. Excepcionalmente, ante la imposibilidad de llevar a cabo la audiencia por causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados o ante la necesidad del abogado estatal o de oficio de preparar la defensa, la jueza, el juez o tribunal señalará audiencia dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas, debiendo habilitarse incluso horas inhábiles. La o el abogado ni la o el fiscal podrán alegar como causal de inasistencia por fuerza mayor o caso fortuito, la notificación para asistir a un otro acto procesal recibida con posterioridad. En ningún caso podrá disponerse la suspensión de las audiencias sin su previa instalación. La jueza, el juez o tribunal podrá disponer que la audiencia se lleve a cabo mediante videoconferencia precautelando que no se afecte el derecho a la defensa, debiendo las partes adoptar las previsiones correspondientes, para garantizar la realización del acto procesal. III. Verificada la presencia de las partes, la jueza, el juez o tribunal deberá establecer el objeto y finalidad de la audiencia, debiendo dictar las directrices pertinentes, moderar la discusión y moderar el tiempo del debate. En ningún caso se permitirá el debate de cuestiones ajenas a la finalidad y naturaleza de la audiencia. Las decisiones serán emitidas inmediatamente de concluida la participación de las partes. (…)” [el resaltado es añadido]. A efectos de una comprensión acertada de la disposición descrita, incumbe efectuar las siguientes precisiones: Primero. Por regla general las audiencias deben desarrollarse con la presencia de las partes; pero además, toda audiencia debe ser instalada para luego recién disponer su suspensión si fuera el caso; no obstante, en la práctica forense propia de la tramitación procesal penal, debido a la inconcurrencia de las partes, en muchas oportunidades las referidas audiencias no pueden desarrollarse. En tal antecedente, la Ley 1173, ha previsto las formas de proceder ante inconcurrencias de los sujetos procesales, siendo las siguientes:

i) Si el imputado no comparece a la audiencia en la cual sea imprescindible su presencia, o se retira de ella, sin justificación alguna; la autoridad jurisdiccional, librará mandamiento de aprehensión a efectos de su comparecencia. ii) Si el defensor injustificadamente no asiste a la audiencia o se retira de ella, este actuar será considerado como un abandono malicioso y se designará un defensor estatal o de oficio; asimismo, el juez o tribunal procederá a sancionarlo conforme dispone el art. 105 del CPP (sanción por abandono malicioso) 1 , posibilitando también la remisión de antecedentes al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, unicamente para fines de registro.

iii) Si el querellante sin justa causa no comparece al actuado solicitado por el o se retira de ella sin autorización, el juez o tribunal, dará por abandonado su planteamiento.

iv) Ante la inasistencia del fiscal, el juez o tribunal, inmediatamente pondrá en conocimiento del Fiscal Departamental a efectos de la designación de otro fiscal bajo pena de imponer responsabilidades en contra del inasistente; sobre este punto, incumbe precisar que la presentación del cuaderno de investigación no convalida la inasistencia del indicado representante del Ministerio Público.

En cuanto a la imposibilidad de desarrollar las audiencias, la indicada norma en estudio, ha previsto que excepcionalmente por causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados o ante la necesidad del abogado estatal o de ofició para preparar la defensa, el juez o tribunal señalará audiencia dentro el plazo de cuarenta y ocho (48) horas con la habilitación incluso horas inhábiles. En este punto, resulta pertinente señalar que el abogado ni el fiscal podrán alegar como causal de inasistencia por fuerza mayor o caso fortuito, la notificación para asistir a un otro acto procesal recibida con posterioridad; es decir, no resulta eficaz el hecho de justificar su inasistencia sustentando en la notificación a otra audiencia despues o con posterioridad al señalamiento efectuado por el tribunal o juez.

Lo descrito precedentemente, se constituye en reglas generales a aplicarse en el señalamiento y desarrollo de las audiencias dentro el proceso penal; directrices que necesariamente merecen ser precisadas para el desarrollo de audiencias en instancias de apelación incidental emergente de la aplicación del régimen de medidas cautelares. Ahora bien, en cuanto a la inasistencia del imputado a las audiencias señaladas o se retire de ella sin justificación; tal como se tiene precisado lineas arriba, el juez o tribunal, al advertir que su presencia es imprescindible, librará mandamiento de aprehensión a efectos de su comparecencia; no obstante de ello, el Tribunal Supremo de Justicia el 10 de junio de 2019 emitió el “Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal”, en cuyo art. 25 respecto a la tramitación de la audiencia de vista y resolución del recurso de apelación incidental de medida cautelar, estableció que:

I. La incomparecencia del imputado no justificada, tendrá los efectos previstos por el Código de Procedimiento Penal.

II. La inasistencia del imputado a los Tribunales de alzada, como efecto de los recursos de apelaciones restringidas, incidentales y/o de medidas cautelares, encontrándose presente el abogado defensor, no

será causal de suspensión debiendo el abogado defensor exponer el alegato correspondiente (el resaltado es añadido).

Consecuentemente, resulta evidente que la inasistencia del imputado a una audiencia de apelación sea restringida, incidental o propios del régimen de medidas cautelares, no suspenderá el actuado procesal cuando el abogado defensor se encuentre en audiencia; es decir, a efectos de asegurar la celeridad de los actuados procesales y el ejercicio de la defensa técnica, el tribunal que conoce las apelaciones, deberá desarrollar las audiencias con la sola presencia del abogado defensor a efectos de que este fundamente los agravios y las pretensiones de su defendido; contexto, que conlleva a enfatizar que, bajo ningún motivo los tribunales de apelación deberán prescindir u omitir la participación amplia del abogado defensor antes de emitir la resolución que corresponda, garantizando de esa forma el derecho a la defensa técnica del procesado penalmente. Respecto a la inasistencia injustificada del abogado defensor a la audiencia de apelación incidental, la indicada norma ha previsto que dicho causídico debe ser reemplazado con la designación de un abogado defensor estatal o uno de oficio (lo que supone una posible sanción al abogado inasistente); medida que, conlleva a que el juez o tribunal suspenda la audiencia y señale otra dentro las cuarenta y ocho (48) horas a efectos de que el abogado estatal o el de oficio, preparé su defensa; de ello, se colige que, el legislador ordinario ha previsto la suspensión excepcional de las audiencias; excepcionalidad, que también aplica a las audiencias donde se resuelvan solicitudes propias del régimen de medidas cautelares en primera instancia y apelación; de igual forma, el legislador ha previsto que el procesado penalmente debe contar en todo momento con un abogado defensor en el desarrollo de las audiencias que implica también los actuados donde se resuelvan medidas cautelares en ambas instancias; razonamiento que se ajusta a garantizar el derecho a la defensa del procesado; sobre el particular, el indicado “Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal”, mediante su art. 24 epigrafiado como (INCONCURRENCIA DEL ABOGADO DE LA DEFENSA), regula lo siguiente:

“I. La inconcurrencia del abogado defensor del imputado, será sancionado conforme a lo previsto por el Código de Procedimiento Penal. II. Cuando el abogado defensor no pueda estar presente a la audiencia convocada por la autoridad judicial, deberá hacer conocer su impedimento justificado antes de las cuarenta y ocho horas de la fecha y hora del señalamiento de audiencia, en cuyo caso la oficina gestora asignará inmediatamente abogado defensor. III. Ante la eventualidad de que el abogado defensor no pueda concurrir a la audiencia programada, por un caso fortuito o fuerza mayor sobreviniente, deberá hacer conocer a la oficina gestora dicho impedimento, a los fines de evitar las sanciones establecidas por el Código de Procedimiento Penal, debiendo excepcionalmente, señalarse nueva audiencia dentro del término de cuarenta y ocho horas”.

En ese marco, es posible concluir que, ante la inconcurrencia del abogado defensor a la audiencia o cuando se retire de ella de forma injustificada, será pasible a sanciones por parte del juez o tribunal; empero, en el caso de la inasistencia, el causídico a efectos de evitar alguna sanción tiene la opción de justificar su ausencia con la debida anticipación tal como refiere la normativa descrita. No obstante, las previsiones regulatorias destinadas a sancionar al abogado inasistente, se tiene que estas a su vez basicamente resguardan el derecho a la defensa del procesado penalmente tal como se vio ut supra; bajo ese entender, debe quedar en claro que, ante la inasistencia del abogado defensor a las audiencias en instancias de apelación, las autoridades jurisdiccionales luego de verificar dicho extremo, deben designar a un abogado defensor estatal o uno de oficio previó a proseguir con el desarrollo de la audiencia, lo cual conlleva la posibilidad de que el juez o tribunal excepcionalmente suspenda la audiencia y señale otra dentro las cuarenta y ocho (48) horas a efectos de que el abogado estatal o el de oficio, preparé su defensa.

Consecuentemente, ante la ausencia del imputado o de su abogado en las audiencias de apelación de medidas cautelares, es posible concluir en los siguientes aspectos:

a) La inasistencia del imputado a una audiencia de apelación incidental propia del régimen de medidas cautelares, no suspenderá el actuado procesal cuando el abogado defensor se encuentre en audiencia; es decir, el Tribunal debe llevar adelante el actuado garantizando la participación amplia del abogado defensor antes de emitir la resolución que corresponda. b) Ante la inasistencia del abogado defensor a la audiencia de apelación incidental, el Tribunal debe designar a un abogado defensor estatal o uno de oficio, lo que supone una suspensión excepcional de la audiencia y el señalamiento de otra dentro las cuarenta y ocho (48) horas a efectos de que el abogado estatal o el de oficio, preparé su defensa; en ese orden, no está permitido que las autoridades jurisdiccionales en instancias de apelación, desarrollen las audiencias sin la presencia de los abogados defensores.

Finalmente, incumbe señalar que, el derecho a la defensa del imputado o acusado, en su amplia dimensión en materia penal, no está constreñido únicamente a la defensa técnica a ser ejercida por un letrado, sino también implica la defensa material como una garantía fundamental que se encuentra vigente en todo el proceso penal, cuya ejericicio amplio no puede ser coartado bajo ningún concepto; toda vez que, la actuación en ese sentido implicaría una flagrante vulneración del art. 115.II de la CPE y lo previsto por el art. 8.2 inc. d) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), referido a que toda persona inculpada tiene derecho de “…defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor”.

III.2. Legitimación pasiva en la acción de libertad

La SC 691/01-R de 9 julio de 2001 estableció respecto a la legitimación pasiva como la “…calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción…”.

En relación a la legitimación pasiva en acción de libertad es importante establecer que la misma recae en la autoridad o persona particular que incurrió en el acto ilegal o la omisión indebida y de cuya acción u omisión se advierta la vulneración del derecho a la vida, a la libertad física y de locomoción.

En ese sentido, para la procedencia de ésta acción tutelar es imprescindible que esté dirigida contra la persona que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto, la legitimación pasiva en la acción de libertad, es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción, ahora bien, también es preciso aclarar que la inconcurrencia de este presupuesto neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados. Desarrollo jurisprudencial que se encuentra plasmado en la SC 1651/2004-R de 11 de octubre, señalando que en la acción de libertad es imprescindible que la misma esté dirigida contra la autoridad que cometió el acto ilegal o la omisión indebida lesiva del derecho a la libertad, ya que la inobservancia de este entendimiento, en aplicación del presupuesto procesal de la legitimación pasiva, impide ingresar al análisis de fondo de la problemática, entendimiento que fue reiterado en la amplia jurisprudencia de este Tribunal como ser en la SC 0039/2010-R de 20 de abril; refiriendo que, para la procedencia de la acción de libertad:

“…es ineludible que el recurso sea dirigido contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; su inobservancia neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados, ello debido a la falta de legitimación pasiva….” Asimismo, la SCP 0018/2012 de 16 de marzo, precisó que para la procedencia de esta acción tutelar es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales, razonamiento ratificado en la SCP 0330/2013-L de 16 de mayo, que refirió que no existe legitimación pasiva cuando la autoridad o persona demandada no participó en la vulneración de los derechos invocados. El mismo razonamiento fue empleado en la SCP 1055/2016-S1 de 26 de octubre, al señalar:

“Con relación a la legitimación pasiva el art. 125 de la CPE, establece que la acción de libertad podrá ser planteada por cualquier persona que considere que su vida está en peligro, o que esta ilegalmente perseguida, indebidamente procesada o privada de su libertad personal, a cuyo efecto, deberá dar cumplimiento a lo previsto por el art. 126.I de la Norma Suprema, que prevé que una vez interpuesta la acción de defensa se citará ya sea de forma personal o por cédula, a la autoridad o persona denunciada; en ese contexto normativo, se concluye que la legitimación pasiva recae sobre la persona particular o servidor público que hubiere incurrido en un acto ilegal u omisión indebida, que restringió, suprimió o amenazó los derechos protegidos por ésta acción tutelar”. En ese entendido, la jurisprudencia constitucional señala que, no existe legitimación pasiva cuando la autoridad o persona demandada no participó en la vulneración de los derechos alegados.

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante alega la lesión de sus derechos a la libertad y a la defensa;

toda vez, que dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, impugnó la determinación que dispuso su detención preventiva y remitiéndose obrados a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; el 19 de abril de 2022, tomó conocimiento de que se desarrolló su audiencia de apelación de medidas cautelares, confirmándose lo resuelto en primera instancia, sin que el mismo o su abogada hubieran sido notificados a dicha audiencia, aun habiéndose apersonado de forma correcta. De las conclusiones del presente fallo constitucional se tiene que:

el 15 de marzo de 2022, el -ahora accionante- se apersonó ante el Juzgado de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, haciendo conocer a su nueva abogada defensora y que las notificaciones se realicen entre otros, al WhatsApp 71535280 (Conclusión II.1). Consecutivamente, el 19 del mismo mes y año, se desarrolló su audiencia de medidas cautelares; en la cual, se dispuso su detención preventiva, anunciándose en audiencia la apelación incidental contra dicha determinación (Conclusión II.2). El 24 de marzo de 2022, la Auxiliar del Juzgado señalado, emitió informe; por el cual, hacía conocer como medio de notificación al imputado el número de celular 74556082 (Conclusión II.3) y la Sala Penal Primera, asumiendo conocimiento de la apelación ejecutó la notificación con el señalamiento de audiencia de 12 de abril del indicado año, al número de WhatsApp referido anteriormente (Conclusión II.4). Posteriormente, se emitió el Auto de Vista 205/2022 de 12 de abril, por el Vocal Wenceslao Portocarrero Cuevas, quien determinó confirmar la resolución de primera instancia, en función a que el imputado ni su abogado se apersonaron a audiencia de apelación a efectos de asumir defensa (Conclusión II.5). Constando finalmente informe emitido por la Oficial de Diligencias de la Sala Penal Primera, quien hizo conocer que las notificaciones se realizaron conforme a los datos remitidos por el Juzgado que remitió la apelación (Conclusión II.6). Con esos antecedentes, es así que corresponde ingresar al fondo de la problemática planteada, partiendo del análisis del Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, que sobre el trámite y resolución de recurso de apelación incidental estableció la necesidad de desarrollar las audiencias de apelación de medidas cautelares contando siempre con la presencia del imputado y su abogado defensor, agregando que en caso de que el imputado no asista a la audiencia, deberá emitirse mandamiento de apremio correspondiente a efectos de garantizar su presencia en la audiencia y que en caso de ausencia del abogado defensor, los Vocales deberán designar abogado defensor estatal o de oficio, declarando el abandono malicioso y la sanción correspondiente si es que la falta del abogado se encuentra injustificada. Por lo descrito, corresponde aclarar previamente, que conforme a lo descrito en la Conclusión II.3 es evidente que el Juzgado a quo, a través de su Auxiliar, de forma errónea hizo conocer a la Sala Penal Primera que el número de celular de la abogada del imputado es el 74556082 cuando el número de la misma es el 71535280 conforme lo dio a conocer en su memorial de apersonamiento (Conclusión II.1) y tal aspecto, conllevó a que la Oficial de Diligencias de la referida Sala, notifique con el señalamiento de audiencia de 12 de abril de 2022 en el número erróneo y por ende, que ni el imputado ni su abogada defensora se hicieran presentes en audiencia. Sin embargo, no puede dejarse de lado, que conforme el art. 160 del CPP, el objeto de las notificaciones, es hacer conocer a las partes procesales las resoluciones judiciales y por ende, la Auxiliar de la Sala Penal Primera, no podía determinar la efectividad de su notificación, sin tener la certeza de que la misma fue de conocimiento del imputado o de su abogada, puesto que si bien se demuestra la notificación realizada al número erróneo, no se evidencia una constancia de correcta recepción y menos que con dicha notificación se pueda asegurar que el imputado tenga conocimiento de su audiencia de apelación. Ahora bien, el Vocal -ahora demandado-, al momento de instalar la audiencia correspondiente y verificar la inasistencia de las partes, tenía la obligación de corroborar que las mismas notificaciones se desarrollaron de forma apropiada a efectos de fundar una determinación de forma adecuada y dentro de los parámetros normativos y jurisprudenciales; esto, en función a que toda resolución judicial de este tipo debe fundarse en aspectos objetivos que den claridad a lo que vaya a disponerse; sin embargo, de forma contraria y errónea, el Vocal -ahora demandado- decidió primero: instalar la audiencia de apelación sin considerar que dicha audiencia no se podía desarrollar en ausencia del imputado y su abogado defensor conforme se desarrolló previamente; y mucho menos, podía confirmar la resolución de primera instancia, bajo los argumentos de que ni el imputado ni el abogado se hicieron presentes a la audiencia ratificando con ello su detención preventiva y sin considerar los agravios a plantearse por la parte imputada. Entonces, el actuar del Vocal -ahora demandado- al corroborar la inasistencia de las partes, debió limitarse a realizar un nuevo señalamiento de audiencia asegurando con ello la presencia de la parte imputada a la audiencia de apelación incidental. Por lo descrito, es que evidentemente se observa una lesión al derecho a la defensa vinculado a la libertad del imputado; puesto que, de forma ilegal, en audiencia se emitió una resolución que determina su detención preventiva, fundándose en la inasistencia del mismo y su abogado, omitiendo verificar además, si las notificaciones se realizaron de forma adecuada por el personal que se encuentra a su cargo. Por lo que, en consecuencia corresponde: conceder la tutela solicitada. Finalmente, conforme al Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, se advierte que para la procedencia de la acción de libertad, es ineludible que la misma sea dirigida contra la persona, autoridad o funcionario que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en ese sentido, respecto a Silvia Maritza Portugal Espinoza, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandada-, corresponde denegar la tutela al evidenciarse que la misma no fue parte de la audiencia de apelación incidental y tampoco emitió la resolución ahora observada que confirmó la situación jurídica del -ahora solicitante de tutela-. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada actuó de forma parcialmente incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 07/2022 de 22 de abril, cursante de fs. 40 a 41 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada respecto a Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 205/2022 de 12 de abril, emitido por el mismo, debiendo señalarse nueva audiencia de apelación incidental en el plazo de 48 horas desde su notificación con el presente fallo constitucional, si es que la situación jurídica del accionante no hubiera mejorado. 2° DENEGAR la tutela respecto a Silvia Maritza Portugal Espinoza, de conformidad a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Notas al pie

1 Art. 105 CPP “(Sanción Por abandono malicioso). Si el abandono tiene como propósito dilatar el desarrollo del proceso, el juez o tribunal sancionará con multa al defensor, equivalente a un mes de remuneración de un juez técnico y remitirá antecedentes al Colegio Profesional correspondiente a efectos disciplinarios”

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0805_2023-S1.pdf · páginas 1 a 16.

Huella digital del PDF (SHA-256): 2bbb7e5e32cf12b3e21ea542ff452db2b42cfe5acad277e49ed1825e7c67baae

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