B.IA.LEGAL

SCP 0804/2026-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 15 de mayo de 2026

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
15 de mayo de 2026
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
60852-2024-122-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la igualdad, a la defensa y al trabajo, toda vez que: a) En el Auto de procesamiento se le atribuyó la falta prevista en el art. 13.21 de la Ley 101; empero, posteriormente, infringiendo el principio de congruencia se amplió por los arts. 12.14, 12.25 y 12.9 de la indicada norma legal, y se le sancionó por la comisión de faltas graves previstas en los arts. 12.14, 12.25 y 13.21; b) Se le absolvió por la falta de uso arbitrario o indebido de los vehículos oficiales de la institución para fines particulares; pero contradictoriamente, se le sanciona porque supuestamente no habría reparado el vehículo patrullero; c) También por el hecho de haber omitido dar el parte respecto al siniestro de un vehículo institucional; no obstante, contradictoriamente también se manifiesta que “en el parte”, habría omitido informar el hecho; d) La Resolución impugnada fue emitida fuera del plazo legal de diez días hábiles; y, e) Omitieron valorar la prueba de reciente obtención consistente en el acta de conformidad emitido por el municipio de Caracollo que evidencia que el vehículo siniestrado -perteneciente a la jefatura provincial de Lajma- fue devuelto y reparado por su persona en conformidad y perfecto estado.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 280/2024 de 25 de noviembre, cursante de fs. 150 a 151 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto a la omisión de valoración de la prueba de reciente obtención, conforme los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° Disponer lo siguiente:

a) Dejar sin efecto la Resolución 078/2023 de 07 de marzo, emitida por el Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana. b) Que los demandados o quienes ejerzan esas funciones, emitan nueva resolución, conforme los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, siempre y cuando el peticionante de tutela no haya consentido la resolución que se emitió en cumplimiento a lo determinado por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. 3° DENEGAR la tutela con relación a la incongruencia y la demora en el pronunciamiento del fallo de segunda instancia, conforme los fundamentos jurídicos del presente fallo.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre el principio de subsidiariedad en la acción de amparo constitucional
  2. III.2. De la relevancia constitucional. Jurisprudencia reiterada
  3. III.3. Sobre la revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0804/2026-S3 Sucre, 15 de mayo de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 60852-2024-122-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 280/2024 de 25 de noviembre, cursante de fs. 150 a 151 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Juan Carlos Calle Mamani contra Boris Benjamín Mendoza Méndez, Miguel Ángel Moncada Mendieta, Víctor Chura Patzi y Román Paco Rafael; miembros del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 26 de septiembre de 2023, cursante de fs. 103 a 107, el accionante manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso disciplinario iniciado por la Policía Boliviana en su contra por la presunta comisión de faltas disciplinarias graves previstas en el art. 13 núm. 21 de la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana -Ley 101 de 4 de abril de 2011-, se emitió resolución absolutoria respecto al uso arbitrario o indebido de vehículos oficiales para fines particulares y se dispuso la sanción de retiro temporal de la institución policial de dos años, con pérdida de antigüedad y sin goce de haberes, por haber omitido dar parte sobre la desaparición del vehículo y los daños materiales del mismo; al respecto señaló que, tenía el deber de reparar el daño sufrido en el vehículo y efectivamente así lo hizo, además que la decisión tomada en su contra resulta ambigua e incongruente, pues supuestamente habría omitido dar parte; no obstante, contradictoriamente se manifestó que “en el parte” habría pasado por alto el hecho; consiguientemente, se pregunta si se le acusa de haber omitido el parte o por el contrario, habiendo dado el mismo, no informó el hecho de la desaparición del vehículo en cuestión. Tal ambivalencia, representa vulneración al debido proceso, “igualdad de partes”, derecho a la defensa y al trabajo; por otro lado, la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana fue emitida fuera de plazo, pues el cuaderno procesal en grado de apelación fue presentado el 6 de diciembre de 2021 y la citada resolución, recién dictada el 7 de marzo de 2023, cuando conforme a normativa, existe el plazo de diez días hábiles y no se tomó en cuenta documentación de reciente obtención.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, a la igualdad, a la defensa y al trabajo, citando al efecto, el art. 117 de la CPE.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga: a) Dejar sin efecto legal la Resolución 78/2023 de 7 de marzo emitida por el Tribunal Permanente Superior de la Policía Boliviana; y, b) La inmediata reincorporación a su fuente laboral, sin restricción ni represalias.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia el 25 de noviembre de 2024, según consta en acta cursante de fs. 147 a 149 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su abogado, reiteró íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola manifestó que: 1) Una de las acusaciones tuvo que ver con omitir la reparación del vehículo que estaba bajo su responsabilidad; no obstante, arbitrariamente se añadió otra por el uso indebido del mismo, cuando en ningún momento se demostró un uso arbitrario de los vehículos oficiales por parte de su persona; y, 2) A pesar que no era su responsabilidad, procedió a la reparación del vehículo oficial y en su momento emitió el parte de novedades haciendo referencia a que el 14 de marzo de 2021, su hija había sido atendida y tuvo que salir de emergencia.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Edgar José Cortez Albornoz, presidente del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana, mediante informe escrito presentado el 25 de noviembre de 2024, cursante de fs. 144 a 146 vta.; y en audiencia, manifestó que: i) Ningún servidor policial puede aducir desconocimiento de los alcances de la norma disciplinaria, siendo que el proceso iniciado contra el impetrante de tutela, tuvo que ver con el siniestro de un vehículo de la institución policial que constituye un bien público; ii) En relación al vencimiento de plazo para emitir la resolución señaló que, la pérdida de competencia de una autoridad debe cumplir con el principio de especificidad; vale decir, debe estar expresamente establecido en alguna norma, lo que no ocurre en el presente caso; y, iii) Tanto la omisión de dar el parte sobre novedades, como no reparar los daños materiales ocasionados a la institución, se encuentran tipificados como faltas graves; respecto de las cuales, el demandante de tutela ejerció su derecho a la defensa sin restricciones.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 280/2024 de 25 de noviembre de 2024, cursante de fs. 150 a 151 vta., concedió en parte la tutela impetrada, disponiendo dejar sin efecto la Resolución 78/2023 de 7 de marzo, debiéndose emitir una nueva en el término de tres días a partir de su pronunciamiento y denegó lo relativo a la reincorporación a la Policía Boliviana; la cual, dependerá de la nueva disposición, determinación que se dio con base al fundamento de que la decisión emanada del referido Tribunal Disciplinario Superior respecto a una apelación presentada, debe ser pronunciada en el plazo no mayor a diez días hábiles, lo cual genera seguridad jurídica; no obstante, en el presente caso, la apelación fue presentada el 11 de noviembre de 2021 y hasta el día de emisión de la resolución correspondiente que fue el 7 de marzo de 2023, transcurrieron más de dos años, lo que implica vulneración del debido proceso, afectando el derecho a la defensa, a una justicia plural, pronta, oportuna, transparente y sin dilaciones.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Resolución Administrativa (RA) 036/2021 de 19 de julio; mediante la cual, el Tribunal Disciplinario Departamental de Oruro declaró probada en parte la acusación fiscal en relación a omitir el parte de novedades, faltar a la verdad u omitir hechos y no reparar y restituir los daños materiales ocasionado a los bienes de la institución (fs. 42 a 64).

II.2. Consta memorial de interposición de recurso de apelación, presentado el 11 de noviembre de 2021 por Juan Carlos Calle Mamani-ahora impetrante de tutela- (fs. 65 a 71 vta.). II.3. Se tiene memorial presentado el 22 de diciembre del 2022, por el prenombrado, en el cual adjuntó como prueba de reciente obtención el acta de conformidad de 2 de septiembre de 2022 y el acta de devolución del vehículo automotor de color verde con placa de control 2882-CLN (fs. 79). II.4. Cursa Resolución 78/2023 de 7 de marzo, emitida por el Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana que confirma en su totalidad la RA 036/2021 de 19 de julio (fs. 86 a 91).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la igualdad, a la defensa y al trabajo, toda vez que: a) En el Auto de procesamiento se le atribuyó la falta prevista en el art. 13.21 de la Ley 101; empero, posteriormente, infringiendo el principio de congruencia se amplió por los arts. 12.14, 12.25 y 12.9 de la indicada norma legal, y se le sancionó por la comisión de faltas graves previstas en los arts. 12.14, 12.25 y 13.21; b) Se le absolvió por la falta de uso arbitrario o indebido de los vehículos oficiales de la institución para fines particulares; pero contradictoriamente, se le sanciona porque supuestamente no habría reparado el vehículo patrullero; c) También por el hecho de haber omitido dar el parte respecto al siniestro de un vehículo institucional; no obstante, contradictoriamente también se manifiesta que “en el parte”, habría omitido informar el hecho; d) La Resolución impugnada fue emitida fuera del plazo legal de diez días hábiles; y, e) Omitieron valorar la prueba de reciente obtención consistente en el acta de conformidad emitido por el municipio de Caracollo que evidencia que el vehículo siniestrado -perteneciente a la jefatura provincial de Lajma- fue devuelto y reparado por su persona en conformidad y perfecto estado.

III.1. Sobre el principio de subsidiariedad en la acción de amparo constitucional

Al respecto, la SCP 0144/2020-S2, estableció que: El art. 19 de la CPE instituye el amparo constitucional con la finalidad de restituir los derechos y garantías fundamentales de las personas que hubieren sido vulnerados mediante actos ilegales u omisiones indebidas, siempre que no hubiere otro medio o recurso legal para su protección.

Conforme a esa norma, la jurisprudencia constitucional ha desarrollado el principio de subsidiariedad del amparo, entendido “...como el agotamiento de todas las instancias dentro del proceso o vía legal, sea administrativa o judicial, donde se acusa la vulneración, dado que donde se deben reparar los derechos fundamentales lesionados es en el mismo proceso o en la instancia donde han sido conculcados, y cuando esto no ocurre queda abierta la protección que brinda el Amparo Constitucional” (SSCC 374/2002-R y 489/2002-R, entre otras).

En ese sentido, la persona que se considere agraviada, antes de acudir a esta acción extraordinaria, debe agotar todos los recursos ordinarios que le franquea la ley; dado que no le corresponde a la justicia constitucional pronunciarse sobre aspectos que deben ser reparados en las vías ordinarias, judiciales o administrativas, previstas en el ordenamiento jurídico, ya que el ámbito de protección que brinda la jurisdicción constitucional está referido a los casos en que agotadas esas instancias, no se ha logrado la reparación de las garantías y derechos lesionados. Ahora bien, el carácter subsidiario del amparo constitucional, no sólo se agota en el aspecto formal, es decir en la obligación de que la persona utilice todos los recursos establecidos por el ordenamiento jurídico, sino que es preciso que a través de esos medios la persona reclame todos los actos ilegales que supuestamente le causan agravio; dado que si la persona no efectuó el reclamo pertinente, pese a haber utilizado el medio de defensa previsto por ley, se entiende que consintió con todas aquellos presuntos actos ilegales u omisiones indebidas que no impugnó oportunamente, impidiendo con ello que las autoridades judiciales o administrativas se pronuncien sobre el particular (SC 1337/2003-R, de 15 de septiembre). De lo dicho se concluye que la jurisdicción constitucional sólo podrá analizar aquellos actos u omisiones demandados de ilegales que fueron reclamados oportunamente ante la vía judicial o administrativa pertinente; esto es en el momento hábil de producido el agravio el cual debe ser invocado necesariamente en las subsiguientes instancias sino es reparado en la primera, a través de los medios o recursos que franquea la ley. En consecuencia, aquellas lesiones no acusadas ante la vía ordinaria, oportunamente en cada instancia, no pueden ser analizadas a través del recurso de amparo constitucional; dado que, de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional glosada precedentemente, de manera general, son los jueces y tribunales ordinarios los llamados a reparar los derechos y garantías constitucionales presuntamente lesionados en el mismo proceso (judicial o administrativo), y sólo excepcionalmente, y en defecto de aquéllos, la jurisdicción constitucional podrá hacerlo; en cambio, si el reclamo se efectúa en forma directa a través del recurso de amparo constitucional, no se activa la jurisdicción constitucional, dada la naturaleza subsidiaria del amparo; pues, como quedó precisado, en esos casos, las autoridades judiciales o administrativas no tuvieron oportunidad de conocer los agravios formulados por el recurrente y, en su caso, repararlos.

Esto implica que para cumplir la exigencia de subsidiariedad, los hechos que se relacionan como lesivos a los derechos o garantías en sede judicial o administrativa, no pueden ser distintos de los hechos que se expresan en sede constitucional; pues al haber omitido impugnarlos allí oportunamente, no es posible que se active la tutela que brinda el art. 19 Constitucional, por ser subsidiaria.

III.2. De la relevancia constitucional. Jurisprudencia reiterada

Sobre esta temática la SCP 1003/2025-S3 de 27 de agosto, señaló lo siguiente:

Al respecto, la SCP 0401/2021-S3 de 28 de julio, calcula lo siguiente: «“El Tribunal Constitucional en la SC 0995/2004-R de 29 de junio, estableció que: ‘…los errores o defectos de procedimiento que materialmente no lesionan derechos y garantías fundamentales no tienen relevancia constitucional y por lo mismo, no son susceptibles de corrección por la vía del amparo, a menos que concurran necesariamente, los presupuestos jurídicos que se detallan a continuación: a) cuando el error o defecto procedimental en el que incurra el Juez o Tribunal, provoque una lesión evidente del debido proceso en cualquiera de sus elementos constitutivos; b) los errores o defectos procedimentales que ocasionan una indefensión material en una de las partes que interviene en el proceso judicial, impidiéndole toda posibilidad de que pueda hacer valer sus pretensiones, alegando, contrastando o probando; y c) esas lesiones tengan relevancia constitucional, es decir, que esa infracción procedimental de lugar a que la decisión impugnada tenga diferente resultado al que se hubiera dado de no haberse incurrido en los errores o defectos denunciados’. Por su parte, la SCP 2542/2012 de 21 de diciembre, señaló que: ‘…es posible concluir que el error o defecto procesal será calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando provoquen indefensión material a la parte procesal que los denuncia y sea determinante para la decisión final adoptada, ya sea en un proceso judicial o un proceso administrativo interno, esto en razón de que no tendría sentido jurídico alguno conceder la tutela y disponer se subsanen los posibles defectos procedimentales, si es que finalmente se llegará a los mismos resultados a los que ya se arribó mediante la decisión objetada por los errores procesales’”. En este sentido, a partir del lineamiento jurisprudencial que sobre la relevancia constitucional fue desarrollado por este Tribunal y no obstante que el enfoque del razonamiento se encuentra relacionado con aspectos que tienen vinculación con errores o defectos procesales/procedimentales sean en instancias judiciales o administrativas; no se puede obviar que la esencia medular de la verificación de la relevancia constitucional se encuentra relacionada con la razón o sentido jurídico-constitucional de abrir el ámbito de protección tutelar de las acciones de defensa trasuntadas en la concesión de la tutela pretendida, situación que a su vez, trasunta en determinados casos también en la existencia de una verdad material con connotación en la pretensión y en la eficacia de una eventual tutela.

Conforme a ello, la verificación de la relevancia constitucional por parte de esta jurisdicción, adquiere matices trascendentales no solo para el objeto de las acciones tutelares sino ante todo para materializar y efectivizar con la viabilidad de la tutela el alcance de su naturaleza jurídica y ámbito de resguardo de los bienes jurídicos que se encuentren dentro de sus paraguas protectivos; en el entendido de que, la constatación de que la motivación como pretensión constitucional planteada dentro de una acción tutelar contiene la referida relevancia, permitirá a este Tribunal en el ejercicio del control de constitucionalidad tutelar que de evidenciarse la afectación a derechos y/o garantías constitucionales o convencionales reestablezca a partir del resguardo adoptado la lesión constatada; y, por el contrario, si la problemática formulada no se encuentra revestida de la trascendencia que permita dilucidar una exigencia de actuación jurisdiccional en sede constitucional, no será posible ingresar a efectuar análisis alguno sobre la misma al no tener el sentido jurídico y connotación fáctica que justifique la apertura de la labor constitucional tutelar y que eventualmente se plasme en un reproche de fondo»(las negrillas nos pertenecen).

III.3. Sobre la revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional

Con relación a la revisión de la valoración de la prueba, la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, luego de sistematizar la línea jurisprudencial sobre esta temática, estableció lo siguiente:

… es posible efectuar la revisión de la valoración de la prueba, conforme a los siguientes criterios: i) La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas y jueces de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial o de las autoridades administrativas; ii) La justicia constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando: ii.a) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; ii.b) Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, ii.c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; iii) La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, iv) Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales.

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la igualdad, a la defensa y al trabajo, pues el pronunciamiento de la parte demandada, resulta ambiguo, acusándolo de haber omitido dar el parte de novedades respecto al siniestro de un vehículo institucional; no obstante, también se manifiesta que “en el parte” respectivo, habría pasado por alto informar el hecho; quedando duda sobre si se le acusa de haber omitido brindar el parte o aceptando que al darlo habría omitido informar el hecho de la desaparición del vehículo en cuestión, además que fue emitido fuera de plazo y sin tomar en cuenta la documentación de reciente obtención. Con relación a la vulneración del principio de incongruencia En lo que concierne a la incongruencia entre la acusación y la resolución final, si bien en la apelación de forma abstracta se hace alusión a que se habría incurrido en una lesión flagrante del derecho a la defensa y al principio de congruencia, incorporando un hecho que no conformó el ámbito de acusación y del propio auto del inicio del procesamiento, no se precisa a qué hecho se refiere; es más, resulta evidente que el peticionante de tutela no expresó como agravio explícitamente que supuestamente se habría ampliado y sancionado su conducta por la comisión de las faltas graves previstas en los arts. 12.14, 12.25 de la Ley 101 que no se hallaban consignadas en el auto del procesamiento; asimismo, tampoco existen agravios explícitos respecto a la incongruencia que advierte por el hecho de habérsele absuelto por la falta de uso arbitrario o indebido de los vehículos oficiales de la institución para fines particulares; y que empero, contradictoriamente se le sanciona porque supuestamente no habría reparado el vehículo patrullero; y; a la incongruencia que advierte por la sanción del hecho de haber omitido dar el parte respecto al siniestro de un vehículo institucional, contradictoriamente también se manifiesta que “en el parte”, habría omitido informar el hecho; consiguientemente, tales aspectos no fueron abordados por el Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana; siendo que, de esta forma el impetrante de tutela incumplió con la condición de subsidiariedad para la acción de amparo constitucional, esto, conforme los razonamientos inmersos en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia, que explica que para el cumplimiento de este requisito se hace necesaria la exigencia de que la persona que se considere afectada reclame todo aquél acto ilegal que le cause agravio a través de los medios de impugnación previstos -en este caso el recurso de apelación-, pues si no se reclamó un punto específico, pese a haber utilizado el recurso respectivo, consintió en tales actos que no impugnó en su debido tiempo; consiguientemente, la justicia constitucional sólo puede analizar elementos demandados de ilegales que fueron reclamados oportunamente, siendo en este caso, las autoridades disciplinarias de alzada los llamados a reparar los derechos y garantías constitucionales presuntamente lesionados en el mismo, y sólo excepcionalmente, y en defecto de aquéllos, la jurisdicción constitucional podrá hacerlo.

Respecto al pronunciamiento fuera de plazo En relación a la emisión de la Resolución impugnada fuera de plazo establecido en el art. 98 de la Ley 101, establece que dentro del proceso el Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana, una vez recibidos los actuados deberá pronunciar resolución en el plazo de diez días hábiles, cabe precisar que la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, ha establecido que con relación a los defectos de procedimiento en los que se incurra en la tramitación de un proceso judicial o administrativo, no corresponde el pronunciamiento de fondo de la justicia constitucional si la problemática formulada no se encuentra revestida de la trascendencia que permita dilucidar una exigencia de actuación jurisdiccional en sede constitucional; puesto que, en la medida el defecto denunciado no incide en el fondo de la decisión que se impugna, no tiene sentido abrir el control constitucional sobre el defecto procesal. Dicho entendimiento corresponde ser aplicado, con relación a la referida denuncia; toda vez que, al no estar prevista la sanción de nulidad de la resolución jerárquica pronunciada extemporáneamente por el referido Tribunal Disciplinario Superior, no amerita el pronunciamiento de fondo, sin perjuicio de remitir antecedentes ante el Comandante General de la Policía Boliviana para la investigación disciplinaria, en su caso, respecto a la demora denunciada. Con relación a la omisión de variación probatoria La jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en el marco de las auto restricciones establecidas por la doctrina constitucional, ha establecido que es posible que la jurisdicción constitucional ingrese a revisar la valoración de la prueba efectuada por los tribunales de las otras jurisdicciones; entre otros casos, cuanto omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente. En ese marco, de la revisión de los documentos cursantes en el expediente constitucional se advierte que el peticionante de tutela, mediante memorial presentado el 22 de diciembre del 2022, adjuntó como prueba de reciente obtención el acta de conformidad de 2 de septiembre de igual año y el acta de devolución del vehículo automotor de color verde con placa de control 2882-CLN (Conclusión II.3). Ahora bien, el art. 98 de la Ley 101, le faculta al Tribunal Disciplinario Superior, recibir únicamente prueba documental de reciente obtención; sin embargo, los demandados, a tiempo de resolver la apelación han omitido pronunciarse sobre esa prueba; puesto que, no se expiden sobre si la misma es admisible y si en tal caso, incide o no sobre la atenuación o supresión de la responsabilidad del funcionario policial con relación a la falta grave prevista en el art. 13.21 de la referida Ley, por el que fue sancionado; consiguientemente, resulta evidente que las autoridades demandadas al haber omitido valorar la prueba de reciente obtención presentada en apelación por el accionante, han vulnerado el derecho a la defensa del que forma parte el derecho a presentar prueba; y, el debido proceso en su elemento de motivación del cual forma parte la valoración probatoria; razón por la cual, corresponde conceder la tutela solicitada, respecto a esta denuncia. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder en parte la tutela solicitada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 280/2024 de 25 de noviembre, cursante de fs. 150 a 151 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto a la omisión de valoración de la prueba de reciente obtención, conforme los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° Disponer lo siguiente:

a) Dejar sin efecto la Resolución 078/2023 de 07 de marzo, emitida por el Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana. b) Que los demandados o quienes ejerzan esas funciones, emitan nueva resolución, conforme los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, siempre y cuando el peticionante de tutela no haya consentido la resolución que se emitió en cumplimiento a lo determinado por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. 3° DENEGAR la tutela con relación a la incongruencia y la demora en el pronunciamiento del fallo de segunda instancia, conforme los fundamentos jurídicos del presente fallo.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0804_2026-S3.pdf · páginas 1 a 11.

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