B.IA.LEGAL

SCP 0803/2023-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 28 de agosto de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
28 de agosto de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
48876-2022-98-AAC
Departamento
Chuquisaca
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación y al principio de legalidad; en virtud a que, las autoridades ahora demandadas mediante el AS 04/2022, arbitrariamente determinaron declarar procedente su extradición, disponiendo su entrega a su país de origen; ello sin cumplir con los requisitos legales para la procedencia de la extradición; por cuanto: i) No se verificó a cabalidad el cumplimiento del principio de doble incriminación exigida por el art. 150 del CPP, ante la disimilitud entre los tipos penales; y, ii) No se analizó sobre la prescripción de los delitos atribuidos como causal de improcedencia de la extradición de acuerdo a lo previsto en el art. 151.3 del mismo Código. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 094/2022 de 22 de julio, cursante de fs. 925 a 929, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre los presupuestos necesarios para la excepcional revisión de la interpretación de la legalidad ordinaria mediante la acción de amparo constitucional
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0803/2023-S4 Sucre, 28 de agosto de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional Expediente: 48876-2022-98-AAC Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 094/2022 de 22 de julio, cursante de fs. 925 a 929, pronunciado dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Kalte Artem Valentinovich contra Ricardo Torres Echalar, Estaban Miranda Terán, José Antonio Revilla Martínez, Marco Ernesto Jaimes Molina, Juan Carlos Berrios Albizu, María Cristina Díaz Sosa, Carlos Alberto Egüez Añez, Olvis Egüez Oliva y Edwin Aguayo Arando, todos Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado, el 23 de junio de 2022, cursante de fs. 1; y, 824 a 835, el accionante, expuso los siguientes argumentos:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Habiendo sido detenido preventivamente con fines de extradición; por cuanto, fue sometido al proceso de extradición a solicitud de la Embajada de la Federación de Rusia, por la presunta comisión de delitos cometidos en dicho Estado, las autoridades ahora demandadas, emitieron el Auto Supremo (AS) 04/2022 de 26 de enero, declarando procedente la señalada solicitud, sin cumplir con los requisitos legales para la procedencia de la extradición y sin una fundamentación y motivación respecto a la causal de improcedencia establecida en el art. 151.3 del Código de Procedimiento Penal boliviano (CPPb); la cual tiene relevancia constitucional; ya que, se le acusa de hechos sucedidos entre enero a junio de la gestión 2012, siendo una causal de improcedencia, de conformidad a las Leyes del Estado requerido (Boliviano) como del Estado requirente (Ruso) que el delito que motiva la solicitud de extradición haya prescrito; pues, a la fecha transcurrieron casi diez años desde que se dieron los supuestos delitos, lo que se configura como una causal de improcedencia prevista en la norma señalada supra. Se alegó causales de suspensión o de interrupción; empero, en el expediente no existe prueba alguna al respecto; por ello, las autoridades deben basar su decisión de forma expresa y fundamentada de acuerdo a los antecedentes; por lo que, el Tribunal Supremo de Justicia debió fallar en base a los antecedentes procesales. Asimismo, existe una fundamentación y motivación arbitraria e insuficiente en relación a los tipos penales, inobservando el art. 150 del CPP, que determina como primer requisito para la extradición, que la legislación de ambos Estados, tenga como delitos los hechos supuestamente cometidos por el extraditable, a lo que, la doctrina llama principio de doble incriminación; y, como segundo requisitos, requiere que la sanción en ambos Estados debe ser de penas privativas de libertad cuyo mínimo legal sea de dos o más años, ante el incumplimiento de uno de estos requisitos, no procede la extradición; sin embargo, los Magistrados hoy demandados; concluyeron que, los delitos guardan identidad en cuanto a la conducta constitutiva; ya que, se encontrarían previstos y sancionados en los arts. 132 Bis y 185 Bis del Código Penal boliviano (CPb); asimismo, afirmaron que los delitos sobrepasan el mínimo requerido para la procedencia de la extradición; es decir, que se cumpliría con ambos requisitos; resultando dichas afirmaciones arbitrarias; por cuanto, no es evidente que los tipos penales guarden identidad con los delitos citados en el Auto Supremo, que estableció identidad de conducta punible con el delito de legitimación de ganancias ilícitas, cuando el delito que trae el Estado requirente (Rusia) es el delito de fraude lo implica la defraudación de la propiedad ajena por la vía del engaño; el cual, no se asemeja a la conducta de legitimación de ganancias ilícitas (en Bolivia), sino al delito de estafa; por lo que, no se tiene identidad de delito; pese a ello, los Magistrados ahora demandados afirmaron una identidad en la conducta en relación al delito de fraude Ruso con el delito de legitimación de ganancias ilícitas de Bolivia, lo que no es evidente. Por lo expuesto, las autoridades demandadas incurrieron en doble vulneración del derecho a la debida fundamentación y motivación; siendo, la primera violación, la afirmación de existencia de identidad en la conducta de los tipos penales fraude del Código Penal ruso y el delito de legitimación de ganancias ilícitas del Código Penal boliviano, cuando el mismo no es evidente, resultando una fundamentación arbitraria, ya que no responden a los datos del proceso de extradición, menos a las normas legales; por lo que, la conclusión a la que arribaron no deviene de un análisis comparativo de las normas penales; y, la segunda violación es la fundamentación insuficiente, toda vez que, consideraron que el delito de fraude es lo mismo que el delito de legitimación de ganancias ilícitas, sin verificar si se cumple a cabalidad con el principio de doble incriminación; por lo tanto, no se efectuó una fundamentación adecuada sobre el cumplimiento del primer requisito legal que es el principio de doble incriminación.

En cuanto al segundo tipo penal de organización de la asociación criminal prevista en el art. 210 párrafo tercero del CP de Rusia, los Magistrados señalaron que este tipo penal se asemeja al delito de organización criminal estipulado en el art. 132 Bis del CPb; estableciendo que, concurre el párrafo tercero de la indicada normativa ruso, referido a la “utilización de su posición oficial” y en el Código Penal boliviano que prevé como agravante “cuando el miembro de la organización sea un funcionario público encargado de prevenir, investigar o juzgar la comisión de delitos”, que más allá de que tienen identidad respecto a la utilización de posición oficial con funcionario público, las autoridades debieron fundamentar la pena básica del delito, que en Bolivia por el delito de organización criminal es de uno a tres años y que la agravante referida al funcionario público es de un tercio, llegando a ser la pena mínima un año y cuatro meses; pena mínima que no permite la extradición; ya que, el segundo requisitos para la procedencia de la extradición conforme al art. 150 del CPPb es que los delitos se sancionen con penas privativas de libertad cuyo mínimo legal sea de dos o más años; por lo que, ni siquiera verificaron el quantum de la pena para afirmar que sobrepasan el mínimo legal requerido. Existiendo de esta manera lesión al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y al principio de legalidad respecto a la causal de improcedencia establecida en el art. 151.3 del CPPb.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante señaló como lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación y al principio de legalidad; citando al efecto el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se deje sin efecto el AS 04/2022, restableciendo sus derechos con la emisión de una nueva resolución considerando los fundamentos fácticos y legales esgrimidos y tutelados por la presente acción de defensa.

I.2. Audiencia y Resolución del Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 22 de julio de 2022, según consta en el acta, cursante de fs. 919 a 924, presente el representante del impetrante de tutela y ausentes las autoridades judiciales demandadas, el representante del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado; y, el representante de la Fiscalía General del Estado se produjo los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

Ante la ausencia del accionante a la audiencia pública de la presente acción de defensa, no se tiene ratificación o ampliación alguna de esta acción tutelar.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Estaban Miranda Terán, José Antonio Revilla Martínez, Marco Ernesto Jaimes Molina, Juan Carlos Berrios Albizu, Carlos Alberto Egüez Añez y Olvis Egüez Oliva, todos Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, mediante memorial presentado el 22 de julio de 2022, cursante de fs. 914 a 918, manifestaron lo siguiente: a) La procedencia de la extradición contra Kalte Artem Valentinovich –ahora accionante–, se estableció en función a la máxima asistencia judicial internacional y los principios de cooperación y reciprocidad que rigen en las solicitudes de extradición; tal como, lo prevén los arts. 138 y 149 del CPP, así como la Convención de las Naciones Unidad contra la Delincuencia Organizada Transnacional; de igual manera el art. 157 inc. a) de la indicada norma procesal penal, exige los documentos necesarios al Estado requirente, lo cual fue cumplido por la Federación de Rusia, no siendo posible exigir requisitos adicionales sin la debida acreditación u oposición del sujeto extraditable; b) Los reclamos formulados en la presente acción de defensa, son recientes; ya que, en ninguno de los escritos presentados por Kalte Artem Valentinovich, cuestionó que el delito por el cual era perseguido en la Federación de Rusia hubiera prescrito; c) En cuanto al principio de la doble incriminación como requisito de procedencia de la extradición establecida en el art. 150 del CPP; para lo cual, es suficiente que la conducta constitutiva del delito respecto del cual se solicita asistencia, sea delito con arreglo a la legislación de ambos Estados; en ese entendido, el enfoque de este requisito de procedencia, se la realiza en función al principio de cooperación; es decir, en brindar la máxima asistencia judicial y al principio de reciprocidad y solidaridad internacional entre Estados; por consiguiente, no se recurren a rigorismos técnicos en la calificación del delito, ni en atribuir a una conducta de mala fe al Estado requirente; en tal tesitura , el hecho por el que es perseguido el hoy impetrante de tutela en la Federación de Rusia, es por pertenecer a una asociación criminal, encargada del robo de dinero a empresas nacionales, cuya pena atribuida por la Federación de Rusia oscila entre diez a veinte años de privación de libertad, siendo estos elementos debidamente cotejados en el Auto Supremo cuestionado; d) No hubo reclamo alguno en cuanto a que el delito hubiera prescrito, menos existe elementos que acredite tal extremo, lo que da a entender una mera inconformidad con la extradición dispuesta; no obstante, tomando en cuenta los principios de reciprocidad, solidaridad y cooperación internacional en los trámites de extradición, tampoco resulta atendible este reclamo; ya que la Federación de Rusia, hizo constar que el ahora accionante, se escondió por mucho tiempo de la investigación y fue declarado justificadamente en búsqueda federal e internacional; en consecuencia, la presente acción constitucional no resulta un exceso; e) Por lo expuesto, se tiene que no es cierto lo acusado por el impetrante de tutela; dado que, su petición únicamente va dirigida a dilatar la extradición dispuesta por el AS 04/2022, soslayando establecer la finalidad de la extradición; así como, los principios que la rigen; en tal sentido, el pedido del solicitante de tutela es inconsecuente; debido a que, no solo pretende aludir el derecho internacional, sino también, evitar el enjuiciamiento por la comisión de un delito en la Federación de Rusia, lo cual sin duda volvería inerte el trámite de extradición como medio de cooperación internacional; y, f) Del contenido de la acción de amparo constitucional;

se apreció que, no se acreditó una vulneración al debido proceso como indebidamente pretende establecer el solicitante de tutela. Edwin Aguayo Arando, Ricardo Torres Echalar; y, María Cristina Díaz Sosa, Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, no presentaron informe escrito alguno; así como tampoco, se hicieron presentes en audiencia de la presente acción de defensa, pese a sus legales notificaciones, cursante a fs. 880; 881; y, 882, respectivamente.

I.2.3. Intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado; y, el representante de la Fiscalía General del Estado

Rogelio Mayta Mayta, Ministro de Relaciones Exteriores, y Fausto Juan Lanchipa Ponce, Fiscal General del Estado, no presentaron informe escrito alguno; así como, tampoco se hicieron presentes en la audiencia de esta acción de defensa, pese a su legal citación, cursante de fs. 912; y, 930 respectivamente.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, por Resolución 094/2022 de 22 de julio, cursante de fs. 925 a 929, denegó la tutela solicitada, con base a los siguientes fundamentos: 1) La presente acción de amparo constitucional fue recibida en la Sala Constitucional el 23 de junio de 2022, a las 14:32 e ingresó a despacho el 24 del indicado mes y año, emitiéndose ese día el Auto de Admisión 0156/2022 de la citada acción tutelar, atendiendo al mismo tiempo la solicitud de medida cautelar de conformidad con el art. 34 del Código Procesal Constitucional (CPCo), disponiendo dejar sin efecto la ejecución de la extradición del accionante, dispuesta por el AS 04/2022; hasta que, se resuelva la presente acción de defensa; no obstante, de acuerdo al Informe DNI-DDI-DIV.ECO.FIN 1536/2022 de 1 julio, emitido por la Interpol a las 08:30 de 24 de junio, se tiene que, el personal de la Dirección Departamental de Interpol-Santa Cruz, se constituyó en el Centro Penitenciario Santa Cruz “Palmasola”, a objeto de dar cumplimiento el Mandamiento de Excarcelación emitido por la Juez de Instrucción Penal Tercero del departamento de Chuquisaca; en virtud a lo indicado, de manera simultánea a la admisión de la acción tutelar y antes del conocimiento de dicha determinación y de la medida cautelar dispuesta por la Sala Constitucional, ya se había ejecutado el aludido Mandamiento de Excarcelación del impetrante de tutela, trasladándolo al Aeropuerto Internacional Viru Viru, y entregándolo a los funcionarios de la Federación Rusa y posterior abandono del territorio Boliviano; 2) Lo expuesto, pone en evidencia que, la presentación de la acción de defensa se realizó en las últimas dos horas laborables del 23 de junio de 2022; siendo que, al siguiente día a las 08:30 se inició la ejecución de la entrega a los funcionarios de la Federación Rusa requirente de la extradición del impetrante de tutela, de manera que la admisión de la acción de amparo constitucional y la medida cautelar dispuesta por esta Sala, no fue de conocimiento oportuno de los encargados de la ejecución de la extradición, ni pudo tener los efectos pretendidos por el solicitante, quien dejó transcurrir el tiempo desde el conocimiento del AS 04/2022, activando mecanismos manifiestamente inidóneos; a consecuencia de lo anotado, se concretó la entrega del ciudadano Ruso a los funcionarios de la Federación requirente y salió de la jurisdicción del Estado boliviano; y, 3) Entendiendo que mediante la presente acción de defensa se cuestionó el AS 04/2022, que dispuso su extradición y consiguiente entrega a su país de origen, denunciando que dicha determinación es arbitraria y lesiva al debido proceso, por no haber fundamentado ni analizado la prescripción de los delitos atribuidos, como causal de improcedencia de la extradición de acuerdo a lo previsto en el art. 151.3 del CPP y que tampoco se verificó la inconcurrencia de la doble incriminación exigida por el art. 150 del mismo Código, pidiendo dejar sin efecto el Auto Supremo precitado; puesto que, a su entender resultaría improcedente su extradición porque los delitos que se le atribuye hubiesen ocurrido en el año 2012; esta Sala entiende que, un eventual análisis y pronunciamiento sobre estos aspectos, resultaría inocua e ineficaz para el fin pretendido, puesto que, al haberse concretado la extradición del ciudadano Ruso Kalte Artiom Valentinovich, con la entrega a los funcionarios de la Federación Rusa y posterior traslado a su país de origen, de manera simultánea a la admisión de la acción y antes de que la misma pueda ser de conocimiento de los encargados de dicha ejecución, se operó una sustracción de la materia; porque, salió de los alcances de la jurisdicción boliviana, tornando el petitorio de tutela en insubsistente; pues, cualquier determinación que pudiera asumir la Sala Constitucional, resultaría ineficaz para la reparación de los derechos subjetivos del impetrante de tutela, puesto que su petitorio, resulta insubsistente al presente debido a los acontecimientos que se produjeron y que en gran medida fueron consecuencia de la dejadez del propio accionante; en ese entendido, de los fundamentos expuesto, no amerita el análisis de fondo de la problemática; ya que, no tendría ningún efecto dadas las circunstancias.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del trámite de extradición solicitada por la Embajada de la Federación de Rusia al Estado Plurinacional de Bolivia en contra del ciudadano Kalte Artiom Valentinovich –ahora accionante–, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia –hoy demandado–, pronunció el AS 29/2020 de 4 de marzo; a través del cual, dispuso la detención preventiva con fines de extradición de Kalte Artiom Valentinovich, de nacionalidad Rusa, quien se encontraría en el Estado Plurinacional de Bolivia, de quien al no tenerse certeza sobre su paradero, se ordenó se oficie al Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, a fin de que comisione al Juez de Instrucción Penal de Turno de su jurisdicción, para que en conocimiento de la presente Resolución, expida mandamiento de detención contra el mencionado (fs. 553 a 555).

II.2. En cumplimiento de dicha determinación, la Jueza de Instrucción Penal Tercera del departamento de Chuquisaca, emitió el Mandamiento de detención preventiva en contra del mencionado (fs. 589). II.3. Los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, emitieron el AS 04/2022 de 26 de enero; por el cual, determinaron declarar procedente la solicitud de extradición del citado ciudadano Ruso, disponiendo su entrega al Gobierno de la Federación de Rusia a través de, los órganos competentes del Poder Ejecutivo, debiendo el Juez de Instrucción Penal Tercero del departamento de Chuquisaca, emitir el respectivo Mandamiento de Excarcelación con fines de traslado por extradición a la indicada Federación (fs. 737 a 740). II.4. Mediante Informe DNI-DDI-DIV.ECO.FIN 1536/2022 de 1 de julio, librado por el investigador asignado al caso, informó al Director Departamental de la Interpol–La Paz, que el 24 de junio del señalado año, a las 08:30, personal de la Dirección Departamental de la Interpol-Santa Cruz, se constituyó en el Centro Penitenciario Santa Cruz “Palmasola”, a objeto de dar cumplimiento al Mandamiento de Excarcelación con fines de extradición del ciudadano Ruso Kalte Artiom Valentinovich, para posteriormente ser trasladado al aeropuerto internacional de Viru-Viru donde se procedió a la entrega oficial del mencionada a los funcionario designados por la Federación Rusa, efectuando el acta de entrega correspondiente (fs. 869 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación y al principio de legalidad; en virtud a que, las autoridades ahora demandadas mediante el AS 04/2022, arbitrariamente determinaron declarar procedente su extradición, disponiendo su entrega a su país de origen; ello sin cumplir con los requisitos legales para la procedencia de la extradición; por cuanto: i) No se verificó a cabalidad el cumplimiento del principio de doble incriminación exigida por el art. 150 del CPP, ante la disimilitud entre los tipos penales; y, ii) No se analizó sobre la prescripción de los delitos atribuidos como causal de improcedencia de la extradición de acuerdo a lo previsto en el art. 151.3 del mismo Código. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. Sobre los presupuestos necesarios para la excepcional revisión de la interpretación de la legalidad ordinaria mediante la acción de amparo constitucional

De manera reiterada este Tribunal ha dejado claramente establecido que la interpretación de las normas legales infra constitucionales, de manera general, es atribución exclusiva de los Jueces y Tribunales ordinarios; así, a través de la presente acción de defensa, no es posible que esta labor sea conocida por la jurisdicción constitucional como una instancia de casación adicional o complementaria ante la que pueda solicitarse un nuevo análisis de la interpretación efectuada, salvo que la problemática concreta adquiera relevancia constitucional, cuando se advierta afectación a algún derecho fundamental o garantía constitucional y un evidente desconocimiento de los principios rectores en los que se fundamenta la jurisdicción ordinaria, esto, con la única finalidad de procurar la eficacia de los enunciados constitucionales y la sujeción de todos los poderes públicos a los valores y principios que contienen; en ese entendido, la SC 1970/2010-R de 25 de octubre, concluyó que: “La interpretación de la legalidad ordinaria entendida, como aquella labor exclusiva de los tribunales ordinarios a momento de interpretar y aplicar la norma al caso concreto es respetada y tomada en cuenta por este Tribunal; puesto que por previsión del art. 179.I de la Constitución Política del Estado vigente (CPE): ‘La jurisdicción ordinaria se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales de justicia, los tribunales de sentencia y los jueces; la jurisdicción agroambiental por el Tribunal y jueces agroambientales; la jurisdicción indígena originaria campesinas se ejerce por sus propias autoridades’; no obstante, también en coherencia con una de las finalidades del Tribunal Constitucional, que es el respeto y protección a los derechos fundamentales, de manera excepcional y si es que en dicha labor o competencia exclusiva de interpretación se han lesionado derechos fundamentales, se abre la tutela o protección que brindan las acciones de defensa, claro está sujeta a requisitos o exigencias desarrolladas jurisprudencialmente también por este Tribunal; los cuales son: ‘1) Exponer de manera adecuada, precisa y debidamente fundamentada, los criterios interpretativos que no fueron cumplidos o fueron desconocidos por el juez o tribunal que realizó la interpretación de la norma al caso concreto; es decir, por qué le resulta «insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, identificando, en su caso, las reglas de interpretación que fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo» 2) Exponer qué principios fundamentales o valores supremos no fueron tomados en cuenta o fueron desconocidos en la interpretación que considera lesiva a sus derechos, siendo insuficiente «la mera relación de hechos o la sola enumeración de las normas legales supuestamente infringidas». 3) Qué derechos fundamentales han sido lesionados con dicha interpretación que considera arbitraria y a los resultados que hubiese arribado con la interpretación que indica es la correcta, «estableciendo el nexo de causalidad entre éstos y la interpretación impugnada; dado que sólo de esta manera la problemática planteada por el recurrente, tendrá relevancia constitucional’ (SC 0854/2010-R de 10 de agosto).

Entre las Sentencias Constitucionales dictadas en la presente gestión, la SC 0083/2010-R de 4 de mayo, siguiendo la línea jurisprudencial trazada, en lo pertinente señaló que: ‘…este Tribunal, en las SSCC 1846/2004-R y 1917/2004-R, ya ha establecido que la interpretación de la legalidad ordinaria corresponde a la jurisdicción común y que si bien a la jurisdicción constitucional le corresponde verificar si en esa labor interpretativa no se han quebrantado los principios constitucionales informadores del ordenamiento jurídico, entre ellos, los de legalidad, seguridad jurídica, igualdad, proporcionalidad, jerarquía normativa y debido proceso; no es menos cierto que el demandante o accionante debe invocar y fundamentar cuáles fueron las infracciones a las reglas de la interpretación admitidas por el derecho; situación que tampoco acontece en el presente caso, pues no ha expresado con precisión las razones que sustentan su posición, ni identificó con claridad qué criterios o principios interpretativos no fueron empleados o fueron desconocidos por las autoridades judiciales demandadas’. De la misma manera la SC 0423/2010-R de 28 de junio, expreso que: ‘…es facultad de los jueces y tribunales ordinarios, sin que por lo demás la accionante haya fundamentado de manera alguna las razones por las cuales considera que dichos Vocales asumieron esa conducta, cuando a los efectos de revisar esa «mala interpretación» tenía la obligación de señalar con precisión los valores supremos o principios fundamentales que en su criterio fueron desconocidos o vulnerados con dicha interpretación, indicando qué principios o criterios interpretativos no fueron empleados en esa labor, además de identificar qué derechos o garantías constitucionales fueron vulnerados y por qué motivos considera que fueron lesionados, explicando de qué manera se habría producido la lesión a sus derechos con la interpretación o aplicación equivocada de disposiciones legales, limitándose a efectuar una relación de los hechos, lo cual es insuficiente para que este Tribunal pueda contar con los elementos necesarios que le permitan ingresar a revisar la interpretación y aplicación de la legalidad ordinaria, motivo que determina se deba denegar la tutela sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada’” (las negrillas fueron agregadas).

III.2. Análisis del caso concreto

Ahora bien, de los antecedentes adjuntos al expediente desarrollados en Conclusiones de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; se tiene que, dentro del trámite de extradición solicitada por la Embajada de la Federación de Rusia al Estado Plurinacional de Bolivia en contra del ciudadano Kalte Artiom Valentinovich –ahora accionante–, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, pronunció el AS 29/2020 de 4 de marzo; a través del cual, dispuso la detención preventiva con fines de extradición de Kalte Artiom Valentinovich, de nacionalidad Rusa, quien se encontraría en el Estado Plurinacional de Bolivia, de quien al no tenerse certeza sobre su paradero, se ordenó se oficie al Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; a fin de que, comisione al Juez de Instrucción Penal de Turno de su jurisdicción, para que en conocimiento de la presente Resolución, expida mandamiento de detención contra el mencionado; por lo que, en cumplimiento de dicha determinación, la Jueza de Instrucción Penal Tercera del departamento de Chuquisaca, emitió el Mandamiento de detención preventiva en contra del mencionado (Conclusiones II.1 y II.2). Asimismo, los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia –hoy demandado–, emitieron el AS 04/2022 de 26 de enero, por el cual, determinaron declarar procedente la solicitud de extradición del citado ciudadano Ruso, disponiendo su entrega al Gobierno de la Federación de Rusia a través de los órganos competentes del Poder Ejecutivo, debiendo la Jueza de Instrucción Penal Tercera del citado departamento, emitir el respectivo Mandamiento de Excarcelación con fines de traslado por extradición a la indicada Federación (Conclusión II.3). Ante tal circunstancia, el accionante interpuso la presente acción de defensa en contra de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, quienes emitieron el AS 04/2022, que ahora el impetrante de tutela considera lesiva a sus derechos fundamentales y garantías constitucionales invocados a través de esta acción de defensa, considerando que mediante el citado Auto Supremo, arbitrariamente determinaron declarar procedente su extradición, disponiendo su entrega a su país de origen; ello sin cumplir con los requisitos legales para la procedencia de la extradición; por cuanto: i) No se verificó a cabalidad el cumplimiento del principio de doble incriminación exigida por el art. 150 del CPP ante la disimilitud entre los tipos penales; y, ii) No se analizó sobre la prescripción de los delitos atribuidos como causal de improcedencia de la extradición de acuerdo a lo previsto en el art. 151.3 del mismo Código. Por lo que, solicitó se conceda la tutela impetrada, disponiendo dejar sin efecto el AS 04/2022, restableciendo sus derechos con la emisión de una nueva resolución considerando los fundamentos fácticos y legales esgrimidos y tutelados por la presente acción tutelar. Ahora bien, previo a ingresar al análisis correspondiente, concierne aclarar que, si bien de antecedentes, se tiene que el hoy accionante en la demanda de esta acción de defensa, también solicitó la medida cautelar a efectos de suspender la extradición dispuesta en el AS 04/2022 hasta la resolución de esta acción de amparo constitucional; empero, la mismo fue interpuesta el 23 de junio de 2022, siendo admitida la misma mediante Auto de Admisión 0156/2022 de 24 del indicado mes (fs. 844 y vta.); por el cual, también se concedió la medida cautelar; sin embargo, del Informe DNI-DDI-DIV.ECO.FIN 1536/2022 de 1 de julio, librado por el investigador asignado al caso; se tiene que, en la misma fecha a las 08:30 el personal de la Dirección Departamental de la Interpol-Santa Cruz, se constituyó en el Centro Penitenciario Santa Cruz “Palmasola” a objeto de dar cumplimiento al Mandamiento de Excarcelación con fines de extradición del ciudadano Ruso Kalte Artiom Valentinovich, para posteriormente ser trasladado al aeropuerto internacional de Viru-Viru donde se procedió a la entrega oficial del mencionada a los funcionario designados por la Federación Rusa, efectuando el acta de entrega correspondiente, resultando inejecutable la medida cautelar; por lo que, mediante Auto de 8 de julio de 2022 (fs. 876), la Sala Constitucional, determinó dejar sin efecto la medida cautelar dispuesta por Auto 0156/2022. Lo que no significa en el presente caso la existencia de hecho superado o sustracción de materia como erróneamente entendió la Sala Constitucional, correspondiendo en consecuencia, ingresar al análisis de de la problemática planteada. En ese entendido, en el marco de la problemática planteada por el accionante; se advierte que, mediante la presente acción de amparo constitucional se pretende que, esta jurisdicción constitucional efectué una nueva interpretación de la legalidad ordinaria, cuestionando la efectuada por los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, respecto a los arts. 150 y 151.3 del CPPb, referidos al cumplimiento de los requisitos de procedencia para la extradición (principio de doble incriminación) y a la causal de improcedencia de la extradición concerniente a la prescripción de los delitos atribuidos; en virtud de lo cual, corresponde con carácter previo, dilucidar si se cumplieron los presupuestos necesarios para la excepcional revisión de dicha interpretación mediante esta acción tutelar; por lo que, conforme al entendimiento plasmado en la jurisprudencia y normativa contenida en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional; se tiene que, para que la justicia constitucional ingrese a revisar la interpretación de la legalidad ordinaria, debe explicarse por qué se considera que dicha labor –que compete a las autoridades de las demás jurisdicciones, incluyendo en esta a los procedimientos administrativos desarrollados por la administración pública en general– no resulta razonable y cómo es que la misma lesionó sus derechos fundamentales y garantías constitucionales, estableciendo además la relevancia constitucional a tal efecto, y no así limitarse a un relato de los antecedentes o la exposición de argumentos o fundamentos legales, como si se tratasen de argumentos de defensa o de cierre en sede ordinaria. En ese entendido, en el presente caso, se evidencia que: a) No se expuso de manera adecuada, precisa y debidamente fundamentada, los criterios interpretativos que no fueron cumplidos o fueron desconocidos por las autoridades demandadas, al realizar la interpretación de las normas al caso concreto; es decir, no se estableció por qué el AS 04/2022, cuestionado le resulta insuficientemente, fundamentada, motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, identificando, en su caso, las reglas de interpretación que fueron omitidas en este caso por los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia; limitándose a exponer la falta de fundamentación, motivación y la supuesta interpretación errónea de las autoridades demandadas respecto al cumplimiento de los requisitos de procedencia para la extradición (principio de doble incriminación) y a la causal de improcedencia de la extradición concerniente a la prescripción de los delitos atribuidos, establecidos en los arts. 150 y 151.3 del CPPb; por cuanto, no se hubiera verificado a cabalidad el cumplimiento del principio de la doble incriminación, ya que no existiría similitud en los tipos penales; asimismo, se requeriría que la sanción en ambos Estados sea de penas privativas de libertad cuyo mínimo legal sea de dos o más años; empero, las autoridades no habrían verificado el quantum de la pena para afirmar que sobrepasan el mínimo legal requerido; finalmente, no se hubiera analizado sobre la prescripción de los delitos atribuidos como causal de improcedencia de la extradición; toda vez que, se le acusaría de hechos sucedidos entre enero a junio de la gestión 2012, siendo una causal de improcedencia; en consecuencia, no existe la carga argumentativa suficiente sobre los criterios o reglas de interpretación omitidos al respecto; b) Si bien el impetrante de tutela, señaló como lesionado el principio de legalidad vinculado al debido proceso; empero, no indicó de manera adecuada en qué forma no fue tomado en cuenta o fue desconocido en la interpretación que considera lesiva a su derecho, siendo insuficiente la mera relación de hechos o la sola enumeración de las normas legales supuestamente infringidas, conforme lo señalado precedentemente; y, c) Respecto a la vulneración del debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia, corresponde precisar que “…complementando la doctrina de las autorestricciones de la jurisdicción constitucional, se establece que en los casos en los cuales se impugnen resoluciones judiciales o administrativas denunciando falta de fundamentación, motivación y congruencia de un fallo y acusando errónea interpretación y/o aplicación de la legalidad ordinaria (…); la jurisdicción constitucional se verá impedida de ingresar a analizar el fondo de la problemática; por cuanto, si la parte accionante no cumple con la carga argumentativa y los presupuestos exigidos por la doctrina de las autorestricciones para que esta instancia revise la labor de la justicia ordinaria, menos podrá emitir pronunciamiento, cuando de aquellas causas emane una decisión, cuya fundamentación, motivación y congruencia se reclame de deficiente” (SCP 0340/2016-S2 de 8 de abril); en ese entendido, y en coherencia con lo precedentemente manifestado, no es posible exigir a esta jurisdicción un expreso pronunciamiento respecto a una supuesta falta de motivación y fundamentación de un fallo judicial, cuando la resolución que se cuestiona como lesiva de derechos fundamentales y garantías constitucionales, deviene de una supuesta errónea interpretación de la legalidad ordinaria. Por consiguiente, enfatizando que la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a la revisión del criterio emitido por los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia hoy demandados, respecto al AS 04/2022, ahora cuestionado, por corresponderle a éste la interpretación de las normas legales infra constitucionales en los procesos ordinarios puestos a su conocimiento, como facultad propia de la jurisdicción ordinaria y no de la constitucional, dada su finalidad protectora de derechos fundamentales y no de instancia de apelación o casacional; al no haberse cumplido con las exigencias que permitan a la jurisdicción constitucional de manera excepcional proceder a la revisión de la legalidad ordinaria, como se tiene explicado precedentemente, situación ésta atribuible a la parte accionante, este Tribunal se encuentra impedido de ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada; correspondiendo en consecuencia, denegar la tutela impetrada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 094/2022 de 22 de julio, cursante de fs. 925 a 929, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0803_2023-S4.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): 1c5f93d24ef2317e358c0d004879533dcd0f8a2f5545bbb775e99b5eb0d59aab

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