Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 28 de abril de 2026
Deniega la tutela
La parte accionante, denuncia la lesión de su derecho a la libertad personal y de circulación; toda vez que, el Juez demandado por Auto Interlocutorio 36/2022 declaró fundadas las excepciones de falta de acción y de prejudicialidad, sin suspender el proceso penal ni disponer la libertad de los imputados conforme a los efectos de los arts. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 31/2022 de 28 de octubre, cursante de fs. 36 a 37, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0802/2026-S2 Sucre, 28 de abril de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 51441-2022-103-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 31/2022 de 28 de octubre, cursante de fs. 36 a 37, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Alofia Verónica Ramos Félix en representación sin mandato de Juan Víctor Siquita Peñafiel, Jorge Mamani Tintaya y Ariel Choquehuanca Sanca contra Edwin José Blanco Soria, Juez de Sentencia Penal Decimotercero de la Capital del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 27 de octubre de 2022, cursante a fs. 1 y 13 a 16, los accionantes, a través de su representante sin mandato, manifestaron lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de la Sociedad International Mining Company Sociedad Anónima (IMCO S.A.) en su contra, por la presunta comisión del delito de avasallamiento de área minera; ante la interposición del incidente de actividad procesal defectuosa y excepciones de falta de acción y prejudicialidad, Edwin José Blanco Soria, Juez de Sentencia Penal Decimotercero de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandado-, mediante Auto Interlocutorio 36/2022 de 3 de octubre, declaró fundadas las referidas excepciones e infundada el citado incidente planteados por la defensa, por tanto debió operar de manera inmediata los efectos de los arts. 309 y 312 del Código de Procedimiento Penal (CPP), de suspender el proceso y poner en libertad a sus personas. Contra dicha resolución plantearon complementación y enmienda solicitando se libre el mandamiento de libertad; empero, el mismo fue rechazado.
La parte acusadora apeló el Auto Interlocutorio 36/2022, pero dicha apelación es incidental y tiene efecto devolutivo (no suspensivo), por lo que la orden de libertad y suspensión del proceso debe ejecutarse de inmediato. El Juez demandado remitió el cuaderno de investigaciones al Tribunal de alzada de forma “ilegal”, incluyendo piezas posteriores a la resolución y omitiendo pronunciarse sobre el pedido de dejar sin efecto los mandamientos de detención preventiva formulados el 10 de octubre de 2022, que pondría en situación de detención indebida en el caso de Juan Víctor Siquita Peñafiel y el peligro de ser detenidos en cualquier momento.
Denunciaron la lesión de su derecho a la libertad personal y de circulación; citando al efecto los arts. 21.7 y 23.I de la Constitución Política del Estado (CPE), 9 y 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) y, 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)
Solicitaron se conceda la tutela, disponiendo dejar sin efecto los mandamientos de detención preventiva y disponer la inmediata libertad de Juan Victor Siquita Peñafiel.
Celebrada la audiencia virtual el 28 de octubre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 33 a 35 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La parte impetrante de tutela, a través de su abogada, en audiencia de garantías ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad.
Edwin José Blanco Soria, Juez de Sentencia Penal Decimotercero de la Capital del departamento de La Paz, por informe escrito cursante a fs. 32 y vta., solicitó se deniegue la tutela, manifestando que: a) Por Auto Interlocutorio 36/2022, declaró fundadas las excepciones de falta de acción y prejudicialidad, dicho Auto Interlocutorio fue objeto de recurso de apelación incidental y remitido a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento el 20 de octubre de 2022; b) Mediante memorial presentado el 10 de ese mes y año, la parte accionante solicitó dejar sin efecto los mandamientos de detención preventiva, escrito que mereció el decreto de 11 del mismo mes y año, disponiendo únicamente la suspensión de los mandamientos de detención preventiva mientras se resuelva el recurso de apelación incidental; y, c) En esta acción tutelar, el reclamo no se ajusta a la verdad de los hechos y que no se puede superar el principio de subsidiariedad excepcional debido a la existencia del recurso de apelación incidental aún pendiente.
Vladimir Lorenzo Flores Quispe, representante de IMCO S.A., en audiencia de garantías, refirió que: 1) Los accionantes plantearon múltiples incidentes y excepciones que fueron declarados infundados previamente; 2) El Auto Interlocutorio 36/2022 no adquirió calidad de cosa juzgada por haber sido apelada por su persona y que el Juez demandado actuó correctamente al mantener en suspenso los mandamientos de detención preventiva hasta que se resuelva dicha apelación; y, 3) Solicitó se deniegue la tutela por incumplimiento del principio de subsidiariedad excepcional, en virtud a que el accionante Juan Víctor Siquita Peñafiel no interpuso recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 36/2022.
El Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 31/2022 de 28 de octubre, cursante de fs. 36 a 37, concedió la tutela solicitada, ordenando a la autoridad demandada librar el correspondiente mandamiento en favor del accionante Juan Víctor Siquita Peñafiel; y, con relación a los impetrantes de tutela Jorge Mamani Tintaya y Ariel Choquehuanca Sanca no se pronunció en razón de que el Juez demandado ya dejó en suspenso los mandamientos -de detención preventiva-; decisión tomada con base en los siguientes fundamentos: i) La parte accionante reclamó el cumplimiento del art. 309 del CPP, respecto a la disposición del mandamiento de libertad para Juan Víctor Siquita Peñafiel y con relación a los coacusados Jorge Mamani Tintaya y Ariel Choquehuanca Sancas se deje sin efecto los mandamientos de detención preventiva; ii) La autoridad demandada por Auto Interlocutorio 36/2022, declaró fundadas las excepciones de falta de acción y de prejudicialidad interpuestos por los acusados con las consecuencias legales que ambos articulados generan para el proceso, e infundado el incidente de actividad procesal defectuosa; y, iii) Constató que según la norma procesal penal, si se acepta la procedencia de excepciones como la de falta de acción y prejudicialidad, se debe suspender el proceso y disponer la libertad del imputado, por lo que determinó que la disposición de libertad debe ser taxativa e imperativa una vez dictada la resolución que declara probados los incidentes, independientemente de que existan apelaciones pendientes.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso que los expedientes y causas sorteadas a los mismos, sean devueltas a Comisión de Admisión, para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional (fs. 41 a 43); en cumplimiento a dicha determinación, el presente fallo constitucional es emitido dentro del plazo establecido por ley.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Auto Interlocutorio 36/2022 de 3 de octubre, Edwin José Blanco Soria, Juez de Sentencia Penal Decimotercero de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandado-, declaró fundadas las excepciones de falta de acción y de prejudicialidad formuladas por los acusados, con las consecuencias legales que ambos articulados generan para el proceso; y, declaró infundado el incidente de actividad procesal defectuosa (fs. 7 a 11). II.2. Consta memorial presentado el 10 de octubre de 2022, ante el Juez demandado, mediante el cual Ariel Choquehuanca Sanca -ahora accionante-, solicitó se deje en suspenso y sin valor la vigencia de los mandamientos de la detención preventiva dispuestos por dicha autoridad a través del Auto de 27 de mayo de ese año; dicho escrito, mereció el decreto de 11 de octubre de igual año, mediante el cual se dispuso únicamente la suspensión de los mandamientos de detención preventiva, mientras se resuelva el recurso correspondiente (fs. 12 y vta.; y, 29).
La parte accionante, denuncia la lesión de su derecho a la libertad personal y de circulación; toda vez que, el Juez demandado por Auto Interlocutorio 36/2022 declaró fundadas las excepciones de falta de acción y de prejudicialidad, sin suspender el proceso penal ni disponer la libertad de los imputados conforme a los efectos de los arts. 309 y 312 del CPP, resolución que fue apelada por la empresa IMCO S.A.; solicitaron se emita mandamiento de libertad; empero, el mismo fue rechazado; y, por memorial presentado el 10 de octubre de 2022, solicitaron al Juez demandado deje en suspenso y sin valor la vigencia de los mandamientos de detención preventiva, la falta de pronunciamiento del referido escrito pondría en situación de detención indebida a Juan Víctor Siquita Peñafiel y el peligro de ser detenidos en cualquier momento de los otros dos procesados. Ante ello, el Juez demandado refirió que por Auto Interlocutorio 36/2022 declaró fundadas las excepciones de falta de acción y prejudicialidad, dicho Auto fue objeto de recurso de apelación incidental y remitido a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz el 20 de octubre de 2022; mediante memorial presentado el 10 de ese mes y año, la parte impetrante de tutela solicitó dejar sin efecto los mandamientos de detención preventiva, y por decreto de 11 del mismo mes y año, dispuso únicamente la suspensión de los mandamientos de detención preventiva mientras se resuelva el recurso de apelación incidental; y, no se puede superar el principio de subsidiariedad excepcional debido a la existencia del recurso de apelación incidental aún pendiente. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0037/2012 de 26 de marzo, desarrolló el entendimiento en relación a este tópico, estableciendo que: “Esta garantía de carácter procesal constitucional se encuentra consagrada en el art. 125 de la CPE, donde dispone que: ‘Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y, solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad’ … (…) …el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta garantía, se encuentra configurado por sus presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: a) Atentados contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución indebida” (las negrillas nos corresponden). A partir de dicho entendimiento asumido en base a la norma constitucional, la viabilidad de apertura y consecuente concesión de tutela de esta acción de defensa, emergen de la verificación material de la existencia de un acto ilegal u omisión indebida, en el marco de uno o más de los presupuestos referidos.
La parte accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad personal y de circulación; toda vez que, el Juez demandado por Auto Interlocutorio 36/2022 de 3 de octubre, declaró fundadas las excepciones de falta de acción y de prejudicialidad, sin suspender el proceso penal ni disponer la libertad de los imputados conforme a los efectos de los arts. 309 y 312 del CPP, resolución que fue apelada por la empresa IMCO S.A.; solicitaron se emita el mandamiento de libertad, mismo que fue rechazado; y, por memorial presentado el 10 de octubre de 2022 ante la autoridad demandada, solicitaron se deje en suspenso y sin valor la vigencia de los mandamientos de detención preventiva, la falta de pronunciamiento del referido escrito pondría en situación de detención indebida de Juan Victor Siquita Peñafiel y el peligro de ser detenidos en cualquier momento de los otros dos procesados.
Sobre el particular, corresponde señalar que la acción de libertad constituye una garantía constitucional de carácter extraordinario, inmediato y sumarísimo, cuyo objeto se encuentra estrictamente delimitado por el art. 125 de la CPE; ahora bien, conforme se desarrolló en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, su tutela únicamente procede cuando el acto u omisión denunciado se adecúe a alguno de sus presupuestos de activación, consistentes en: a) Atentados contra el derecho a la vida; b) Afectación de la libertad física o de locomoción; c) Procesamiento indebido; y, d) Persecución indebida. En este sentido y bajo las identificadas condicionantes procesales-constitucionales de necesaria observancia, corresponde señalar que en este caso, la denuncia constitucional formulada por los impetrantes de tutela es de resguardar los derechos a la libertad personal y de circulación; dado que, en cuanto al Auto Interlocutorio 36/2022 que declaró fundadas las excepciones de falta de acción y prejudicialidad e infundado el incidente de actividad procesal defectuosa interpuestos por la parte impetrante de tutela que ahora cuestiona, no habrían sido considerados los efectos de los arts. 309 y 312 del CPP, de suspender el proceso y de disponer la libertad de los imputados; y, al memorial presentado el 10 de octubre de 2022, tampoco se habría pronunciado a dicho escrito. Ahora bien, corresponde señalar que dicho reclamo no se adecúa a los presupuestos de activación de la acción de libertad; pues, no involucra un atentado contra su derecho a la vida; tampoco implica la existencia de actos de persecución indebida; y, si bien uno de los accionantes se encuentra privado de libertad, la controversia no se centra en la legalidad de una decisión que disponga o mantenga directamente esa restricción, sino en la forma en que la autoridad jurisdiccional interpretó y consideró los efectos de los arts. 309 y 312 del CPP; del mismo modo, el cuestionamiento al supuesto procesamiento indebido tampoco concurre; toda vez que, conforme a los antecedentes la razón de su privación de libertad es la detención preventiva impuesta en contra de sus personas bajo el régimen de medidas cautelares dentro del proceso penal que se les sigue, además de que el decreto de 11 de octubre de 2022, suspende los mandamientos de detención preventiva mientras se resuelva el recurso de apelación incidental interpuesto por la parte acusadora; asimismo, en el presente caso no se evidencia que los peticionantes de tutela se encuentren limitados en el ejercicio del derecho a la defensa, toda vez que de los antecedentes remitidos se tiene que se encuentran haciendo uso de los recursos y mecanismos intraprocesales en ejercicio de su defensa dentro el proceso penal que se les sigue. Debe tenerse presente que no toda actuación jurisdiccional desarrollada dentro de un proceso penal puede ser revisada mediante la acción de libertad; pues, cuando la controversia no se adecua a los presupuestos de activación previstos por el art. 125 de la CPE, corresponde que sea reclamada a través de los mecanismos procesales ordinarios o, de ser el caso, mediante la acción de amparo constitucional; ya que admitir lo contrario implicaría desnaturalizar el objeto de esta garantía constitucional. En consecuencia, al evidenciarse que el acto denunciado no se adecúa a ninguno de los presupuestos de activación de la acción de libertad desarrollados en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, corresponde denegar la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática denunciada. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de manera incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 31/2022 de 28 de octubre, cursante de fs. 36 a 37, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0802_2026-S2.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): 8a66f69cb42d66d2973c4d7282ac89e1a782d03d06e140e67f5ed5c6a6b5118d
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