Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 24 de julio de 2025
Deniega la tutela
La parte accionante denuncia la lesión de los derechos de AA a la vida, a la integridad física y psicológica, a la libertad; a la educación, y al principio del interés superior del niño; toda vez que, los demandados incurrieron en las siguientes ilegalidades: 1) La expareja de Olga Vanesa Huanca Mamani -Ronaldiño Blanco Conde- en agosto de 2023, con engaños secuestro a su hijo AA, arrancándolo del seno de su hogar con rumbo desconocido, separándolo de su hermana, manteniéndolo escondido, manipulándolo y utilizándolo en su contra para demandarle y denunciarle falsamente, pretendiendo así justificar la lesión de los derechos de su hijo; 2) El Juez demandado dentro del proceso de asistencia familiar seguido en su contra, le impuso el pago de dicho beneficio en favor del secuestrador de su hijo, inobservando su solicitud de restitución del menor a su hogar; y, 3) El Fiscal codemandado a cargo de la investigación dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión de violencia familiar o doméstica, amenazó con disponer su detención, además no aplicó los principios de certeza y objetividad, ya que se está manipulado a su hijo, quien hace casi dos años se encuentra con su secuestrador, no resultando posible que se le acuse de maltrato.
En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado, el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 19/2025 de 5 de junio, cursante de fs. 41 a 45, emitida por el Juez del Ejecución Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0802/2025-S3 Sucre, 24 de julio de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 74503-2025-149-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 19/2025 de 5 de junio, cursante de fs. 41 a 45, pronunciada dentro la acción de libertad interpuesta por Raúl Antonio Gamarra Céspedes, Cristina Mamani Mamani y Olga Vanesa Huanca Mamani en representación sin mandato de AA contra José Luis Hidalgo Guarachi, Juez Público de Familia Sexto de El Alto del departamento de La Paz; Freddy Wilson Ticona Mamani, Fiscal de Materia; y, Ronaldiño Blanco Conde.
Por memorial presentado el 4 de junio de 2025, cursante de fs. 7 a 9 vta., la parte accionante manifestó lo siguiente:
En agosto de 2023, la expareja de Olga Vanesa Huanca Mamani, Ronaldiño Blanco Conde -ahora codemandado-, con engaños secuestró a su hijo AA, arrancándolo del seno de su hogar con rumbo desconocido, separándolo de su hermana; por lo que, se sometió a sus chantajes y falsas promesas; empero, hasta el presente entiéndase de interposición de la presente acción tutelar lo mantiene escondido, manipulándolo y utilizándolo en su contra para demandarle y denunciarle falsamente, pretendiendo así justificar la lesión de los derechos de su hijo; toda vez que, instauró en su contra una demanda de asistencia familiar, radicada ante José Luis Hidalgo Guarachi, Juez Público de Familia Sexto de El Alto del departamento de La Paz -ahora autoridad demandada-, razón por la cual, hizo conocer el secuestro de su hijo, solicitando la restitución a su hogar; sin embargo, se le impuso el pago de asistencia familiar a favor del secuestrador. Posteriormente Olga Vanesa Huanca Mamani, presentó dos denuncias contra su exnovio, por violencia familiar o doméstica, en el primero de ellos; no obstante, de existir un certificado médico forense que le otorgó dos días de impedimento, se benefició al secuestrador de su hijo con el arresto domiciliario; y en el segundo caso, no habiéndose presentado su expareja a efectos de prestar su declaración informativa policial, no se expidió el respectivo mandamiento de aprehensión; sin embargo, fue denunciada por presuntamente maltratar a su hijo, caso a cargo de Freddy Wilson Ticona Mamani, Fiscal de Materia -ahora codemandado- quien amenazó con disponer su detención.
Asimismo, son constantes las amenazas y agresiones en contra suya y de su familia, sugiriendo que debería retirar sus reclamos en relación al secuestro de su hijo y deje de pedir su libertad, ya que solo así podrían ayudarle; amenazas y chantajes que rechazó terminantemente, ya que reclamar por los derechos de su hijo no es delito, puesto que está siendo maltratado, manipulado y traumado por su secuestrador al separarlo de su madre y su hermana, ocasionando traumas irreparables y privándolo de sus derechos a la libertad, a la educación y a vivir con su familia de origen, debido a que no le permiten verlo, además que se impide que asista a clases, resultado evidente que los demandados coadyuvan a la total distorsión de la verdad histórica de los hechos, actuaciones completamente anacrónicas e ilegales que dejaron en indefensión a su hijo, conculcando sus derechos fundamentales, poniendo la administración de justicia al servicio de la arbitrariedad.
La parte accionante denunció la lesión de los derechos de AA a la vida, a la integridad física y psicológica, a la libertad, a la educación, y al principio del interés superior del niño, sin citar norma constitucional alguna.
Solicitaron se conceda la tutela; y en consecuencia: a) Se disponga la restitución de su hijo a su familia de origen, junto a su madre; y, b) Se deje sin efecto el proceso de asistencia familiar con el Número de Registro Judicial (NUREJ) 204212615, así como el proceso de violencia familiar o doméstica con Código Único de Denuncia (CUD) 201502022503747, por haber incurrido en inobservancia y violación de derechos y garantías constitucionales de su hijo.
Celebrada la audiencia pública el 5 de junio de 2025, según consta en el acta cursante de fs. 35 a 40, se produjeron los siguientes actuados:
La parte accionante en audiencia pública ratificó el contenido de su acción de libertad y ampliándolo, refirió que: 1) Hicieron conocer el secuestro de su hijo ante el Juez demandado, solicitando la restituido a su hogar; sin embargo, se le impuso el pago de asistencia familiar a favor de su expareja, restringiéndole las visitas; 2) El Fiscal demandado a cargo de la investigación dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión de violencia familiar o doméstica; no aplicó los principios de certeza y objetividad, ya que se está manipulado a su hijo, quien hace casi dos años se encuentra con su secuestrador, no resultando posible que se le acuse de maltrato; 3) Se está influyendo psicológicamente en su hijo para que mienta, ya que el Juez demandado pudo haber aplicado el art. "54.3.4" del Código Niño, Niña y Adolescente (CNNA), concordante con el art. "3.1, 3.2" del Código de las Familia y del Proceso Familiar (CFPF), disponiendo la reinserción de su hijo al seno del hogar; y, 4) Fue amenazada por el secuestrador de su hijo, quien no le permite verlo, además de sufrir agresiones físicas y verbales, "...yo quiero que se devuelva a mi hijo, no lo puedo ver, no sé cómo está viviendo mi hijo, y esto me ha dejado con deudas, en la cual yo me estoy responsabilizando, en lo cual yo mediante WhatsApp le doy dinero, compro tenis, todo, y con estas demandas que me han hecho, desde el momento que me ha puesto la asistencia familiar, no tengo contacto con mi hijo, no me deja verlo..." (sic).
José Luis Hidalgo Guarachi, Juez Público de Familia Sexto de El Alto del departamento de La Paz, en audiencia pública manifestó que: i) En el Juzgado a su cargo, se tramitó la demanda de asistencia familiar presentada por Ronaldiño Blanco Conde contra la accionante, quien solicitó la restitución del menor a su familia de origen, y se dejen sin efecto los procesos de asistencia familiar y violencia familiar o doméstica; ii) En su condición de Juez de Familia no comprende cómo podría perseguir o procesar indebidamente a un niño; iii) La accionante refirió que su expareja en agosto de 2023, secuestró a su hijo, extremo que ratificó en la presente audiencia, advirtiéndose que asumió una conducta pasiva durante dos años, hasta la interposición de la demanda de asistencia familiar el 18 de febrero de 2025; iv) Su autoridad actuó en función a lo solicitado y conforme a la admisión de la demanda de asistencia familiar, ya que no puede extralimitarse y disponer la restitución del menor; en ese sentido, la accionante fue mal asesorada, no siguió el conducto regular ni interpuso los recursos oportunamente, puesto que no apelación la Sentencia 383/2025 de 5 de mayo; v) No comprende cómo es posible dejar sin efecto una demanda de asistencia familiar a través de la acción de libertad, siendo lo lógico que la parte accionante a través de su abogado plantee las demandas correspondientes; vi) El régimen de visitas no causa estado ya son provisionales; vii) El CFPF reconoce el derecho de los progenitores que no tienen la guarda de tener una relación paterno-materno filial con el hijo; por lo que, tiene expedita la vía ordinaria para efectuar su reclamo; y, viii) Su autoridad no vulneró derecho alguno del menor, sino más bien, le otorgó la asistencia familiar en protección de los mismos; razón por la cual, solicitó se deniegue la tutela impetrada. Freddy Wilson Ticona Mamani, Fiscal de Materia, presente en audiencia pública señaló que: a) La parte accionante no precisó ni individualizó la participación del Ministerio Público respecto a qué acto procesal investigativo de la etapa preliminar habría vulnerado derecho alguno, ya que la detención domiciliaria a la que se hizo referencia corresponde a la tramitación de otro proceso, pretendiendo confundir al Juez de garantías; y, b) Se encuentra a cargo del proceso investigativo iniciado a raíz de la denuncia verbal de Ronaldiño Blanco Conde, quien señaló que el 14 de mayo de 2025, se encontraba con su hijo de siete años, siendo víctimas de un hecho de agresión por parte de su expareja y madre del menor, quien le agredió física y verbalmente; por lo que, acudió ante el Ministerio Público a efecto de realizarse los exámenes médicos correspondientes, otorgándosele tres días de incapacidad; investigación que se lleva adelante por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, causa que cuenta con la autoridad de control jurisdiccional, bajo el CUD 201502022503747; razón por la cual, comparte el criterio referente a que la parte accionante no está siendo asesorada correctamente, operando en consecuencia el principio de subsidiariedad, motivo por el cual, solicitó se deniegue la tutela. Ronaldiño Blanco Conde, presente en audiencia pública, expresó que: 1) Existen una serie de solicitudes e incongruencias en el planteamiento de la presente acción de libertad, conforme señalaron precedentemente tanto la autoridad de control jurisdiccional como el representante del Ministerio Público, en cuanto a las supuestas vulneraciones denunciadas; 2) Llama la atención que desde agosto de 2023, recién la accionante se acuerde de su hijo, el cual habría estado secuestrado; por lo que, debió efectuar su denuncia ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia o cualquier institución pública que sea competente para atender la misma, a efecto que mediante funcionarios policiales se recupere al menor; 3) El Juez Público de Familia Sexto de El Alto del departamento de La Paz, emitió la Sentencia 383/2025 otorgando en su favor el pago de asistencia familiar, debido a que tiene a su hijo bajo su cuidado y guarda; 4) Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, existe una orden de detención domiciliaria en su contra, así como una, Acta de Cuidado emitida por la Dirección de Niñez, Género y Atención Social, que claramente refiere que la progenitora ahora accionante cometió actos de violencia contra su hijo; por lo que, se le entregó el cuidado del menor; 5) La parte accionante no respaldo con ningún elemento probatorio las denuncias efectuadas; sin embargo, su persona presentó como prueba la valoración e informe psicológico de 23 de mayo de 2025; 6) Su persona pese a que se encuentra con detención domiciliaria cubre los gastos económicos de su hijo, puesto que la solicitante de tutela no cumplió con el pago de la asistencia familiar; y, 7) Dentro del proceso penal que sigue contra la accionante por violencia familiar o doméstica, cuenta con medidas de protección emitidas a su favor como de su hijo; motivo por el que, la accionante no puede acercarse a ninguno de los dos; sin embargo, dicha medida fue incumplida, puesto que la solicitante de tutela fue a su domicilio a hacer un escándalo el 31 de mayo de 2025, razones por las cuales solicitó se deniegue la tutela. 1.2.3. Resolución El Juez del Ejecución Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante la Resolución 19/2025 de 5 de junio, cursante de fs. 41 a 45, denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: i) Conforme a la intervención de la parte demandada, y el legajo adjunto por la parte accionante, se tiene el inicio de la acción penal seguida contra Ronaldiño Blanco Conde a denuncia de Olga Vanessa Huanca Mamani, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, bajo el CUD 201503022500319; dentro del cual, tanto el representante del Ministerio Público como los funcionarios policiales, actúan bajo el control jurisdiccional; ya que toda acción penal debe ser puesta a conocimiento del Juez de Instrucción Penal en el término de veinticuatro horas; ii) En relación al secuestro que hubiera sucedido en agosto de 2023, no se presentó ni acompañó documento idóneo al legajo de la acción tutelar, mucho menos en audiencia; sin embargo, tanto las decisiones de la autoridad que ejerce el control jurisdiccional como las del representante del Ministerio Público son sujeto de revisión; por lo que, la parte accionante a través de los mecanismo legales está plenamente facultada a ejercer su derecho a la doble instancia; iii) La SCP "0721/2018-S2" moduló el principio de certeza, señalando que la parte accionante tiene que demostrar de manera objetiva y fehaciente el acto ilegal que vulnera y restringe el derecho a la libertad y demandar a la autoridad que conculcó el mismo, situación que no se dio en el caso en examen, ya que el secuestro del menor no fue demostrado bajo el principio de verdad material, pese a la data del tiempo; iv) En cuanto a los hechos alegados respecto al pago de la asistencia familiar, merecen otro tratamiento en aplicación del derecho a la doble instancia; v) La SC 0451/2010-R de 28 de junio, precisó las condiciones para que se viabilice la tutela en la acción de libertad, cuando considere que la vida esté en peligro, que es ilegalmente perseguida, que es indebidamente procesada, y/o que es ilegalmente privada de libertad personal, además corresponde aclarar que cuando se refiere al debido proceso, no abarca a todas las formas que puede ser vulnerado, sino queda reservada para aquello entornos que conciernen directamente a los derechos a la libertad física o de locomoción, caso contrario deberá ser tutelado por mediante la acción de amparo constitucional, previo agotamiento de los medios idóneos dentro de la jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa; vi) La demanda de asistencia familiar o la citación a la accionante por la supuesta comisión de maltrato infantil, no tienen vinculatoriedad directa con la restricción al derecho a la libertad; es decir, que en caso de existir lesiones al debido proceso, quien fue objeto de esa lesión debe solicitar la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso a través de los medios y recursos que prevé la ley, y solo agostados estos se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través de la acción de amparo constitucional; por lo que, al no estar vinculado con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión, no tiene por cumplidos los presupuestos de activación, no corresponde ingresar al fondo de su análisis; máxime, si en relación al procesamiento indebido, la jurisprudencia constitucional fue uniforme al señalar que la vía idónea para su impugnación es la acción de amparo constitucional; y, vii) Sin perjuicio ante un eventual hecho, aunque se tiene claramente demostrado que el menor tiene ciertas medidas de protección dispuestas por la autoridad fiscal; empero, en los casos que se encuentren involucrados derechos fundamentales y garantías constitucionales de grupos de atención prioritaria como en la presente causa, tomando en cuenta que los derechos de los niños, niñas y adolescentes son relevantes y merecen una atención especial y oportuna a la luz del principio de interés superior del niño, los jueces y fiscales deben observar en todo momento los principios de favorabilidad, igualdad y no discriminación, reiterando que las partes deben acudir a la autoridad correspondiente, y no activar de manera directa la acción de libertad, porque los hechos descritos y señalados son diferentes al supuesto de secuestro, que por cierto no fue demostrado. En vía de enmienda, complementación y aclaración, la parte accionante señaló que: a) La SC 1879/2012 de 12 de octubre, mencionó que, a partir del interés superior del niño, se prescinde de la subsidiariedad excepcional que caracteriza a la acción de libertad; y, b) "...no se está viendo la verdad material de los hechos. La verdad material está por encima de los procedimiento, incluso por encima de las acciones del Ministerio Público o del Juez, lo que realmente ha sucedido es lo que los Fiscales y Jueces tienen que buscar no tiene que buscar pruebas, su autoridad se está basando en las medidas de protección que ha dictado el Ministerio Público, no está viendo la verdad material, la verdad material es lo que han manifestado las dos víctimas acá presentes y que a su autoridad han manifestado textualmente que se están violando los derechos de vida" (sic). Ante lo cual, el Juez de garantías, declaró no ha lugar lo solicitado; toda vez que, la solicitud de enmienda, complementación y aclaración, está prevista para precisar conceptos obscuros, corregir errores materiales o subsanar omisiones de forma; empero, de ninguna manera para efectuar un nuevo análisis, pretensión que no es viable a los alcances de este presupuesto procesal, ya que la fundamentación para la emisión de la presente Resolución fue desarrollada de manera clara y concisa. 1.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio, cursante de fs. 52 a 57, se dispuso la priorización en el sorteo de casos de niñas, niños y adolescentes con el fin de hacer efectiva su atención prioritaria y eficaz protección; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. A través de acta de cuidado de 26 de marzo de 2025, emitida por la Dirección de Niñez, Género y Atención Social, se tiene que al realizar el abordaje del menor AA, el mismo mencionó querer estar con su progenitor; por lo que, en aplicación del art. 12 inc. e) del CNNA, se realizó la presente acta de cuidado y protección con Ronaldiño Blanco Conde -ahora demandado-, hasta que se resuelva la situación jurídica de la tenencia, cabe hacer mención que la progenitora se negó a solucionar la situación de forma pacífica, ya que "la misma se niega y menciona que los niños ingresen al albergue 24 hrs" (sic), motivo por el cual el nombrado se comprometió al cuidado diligente y responsable de su hijo AA (fs. 33 y vta.). II.2. Mediante la Sentencia 383/2025 de 5 de mayo, José Luis Hidalgo Guarachi, Juez Público de Familia Sexto de El Alto del departamento de La Paz -ahora autoridad demandada-, declaró probada en parte la demanda de asistencia familiar interpuesta por Ronaldiño Blanco Conde contra Olga Vanesa Huanca Mamani, disponiendo se otorgue una asistencia familiar mensual de Bs650.- (seiscientos cincuenta bolivianos) en favor de su hijo AA (fs. 30 a 32 vta.). II.3. Cursa citación de 23 de mayo de 2025, emitida por Freddy Wilson Ticona Mamani, Fiscal de Materia ahora codemandado-, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancias de Ronaldiño Blanco Conde contra Olga Vanesa Huanca Mamani, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, a objeto que la nombrada brinde su declaración informativa el 2 de junio de 2025 (fs. 5). II.4. Consta imputación formal de 26 de mayo de 2025, emitida por Gonzalo Antonino Chacón Silva, Fiscal de Materia, contra Ronaldiño Blanco Conde, dentro del proceso penal seguido en su contra por Olga Vanesa Huanca Mamani, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica (fs. 15 a 17 vta.).
La parte accionante denuncia la lesión de los derechos de AA a la vida, a la integridad física y psicológica, a la libertad; a la educación, y al principio del interés superior del niño; toda vez que, los demandados incurrieron en las siguientes ilegalidades: 1) La expareja de Olga Vanesa Huanca Mamani -Ronaldiño Blanco Conde- en agosto de 2023, con engaños secuestro a su hijo AA, arrancándolo del seno de su hogar con rumbo desconocido, separándolo de su hermana, manteniéndolo escondido, manipulándolo y utilizándolo en su contra para demandarle y denunciarle falsamente, pretendiendo así justificar la lesión de los derechos de su hijo; 2) El Juez demandado dentro del proceso de asistencia familiar seguido en su contra, le impuso el pago de dicho beneficio en favor del secuestrador de su hijo, inobservando su solicitud de restitución del menor a su hogar; y, 3) El Fiscal codemandado a cargo de la investigación dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión de violencia familiar o doméstica, amenazó con disponer su detención, además no aplicó los principios de certeza y objetividad, ya que se está manipulado a su hijo, quien hace casi dos años se encuentra con su secuestrador, no resultando posible que se le acuse de maltrato.
En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La jurisprudencia de este Tribunal Constitucional Plurinacional ha establecido en reiteradas oportunidades ha establecido que no es aplicable la subsidiariedad excepcional en casos donde se encuentren involucrados grupos de prioritaria atención como niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas o con hijos lactantes, a quienes les corresponde tutela reforzada. Al respecto, la SC 0255/2011-R de 16 de marzo, se pronunció sobre la inaplicabilidad de la subsidiariedad excepcional con relación al grado de vulnerabilidad del agraviado y/o peticionante de tutela, desarrollando lo siguiente:
[N]o obstante, como se indicó, la subsidiariedad es una excepción y no la regla, por tanto y como ya se estableció en las sentencias indicadas, dados los derechos tutelados por la acción de libertad, en los casos de que inclusive existan medios procesales idóneos dentro del proceso ordinario, si los mismos resultan ineficaces para la tutela dada las circunstancias del caso, como por ejemplo tratándose de medidas cautelares aplicadas a menores de edad, mujeres embarazadas o con hijos lactantes, a personas de la tercera edad, enfermos graves, o que tengan la vida en situación de peligro, dada su situación de riesgo por esa situación natural. Similar razonamiento se ha aplicado en las SCP 0699/2021-S1 de 23 de noviembre y la SPC 0439/2018-S2 de 29 de agosto, SCP 0619/2021-S1 de 9 de noviembre entre otras. Consiguientemente, no corresponde denegar la tutela impetrada por aspectos formales vinculados con la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, cuando es presentada a favor de niñas, niños o adolescentes, mujeres embarazadas o con hijos lactantes; más aún, cuando el art. 60 de la CPE, establece que es deber del Estado, la sociedad y la familia, garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado.
El art. 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), establece que: "En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño". En la misma línea el art. 60 de la CPE, determina que: "Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado". Asimismo; cabe mencionar que, en relación al interés superior del niño, la SC 1688/2011-R de 21 de octubre, reiterada a su vez por la SCP 0908/2012 de 22 de agosto, señaló que:
[L]os arts. 5 y 6 del CNNA, disponen que los niños, niñas o adolescentes, como sujetos de derecho, gozan de todos los derechos fundamentales y garantías constitucionales inherentes a su persona, sin perjuicio de la protección integral que instituye ese Código, cuyas normas deben interpretarse velando por el interés superior del niño, niña y adolescente, de acuerdo con la Ley Fundamental, las Convenciones, Tratados Internacionales vigentes y las leyes de la República. En concordancia con lo señalado, a través de los arts. 214 y 215 del CNNA, el Estado les garantiza el acceso a la justicia en igualdad de condiciones, en todas sus instancias y al debido proceso, en cuya tramitación serán tratados con el respeto y consideración que se merecen como personas, sujetos de derechos, debiendo prevalecer en todas las actuaciones, investigaciones técnicas, periciales, el interés superior de los mismos. Por otra parte, el Código Niña Niño, y Adolescente, en su art. 9, instituye la necesidad que las normas del referido Código, sean interpretadas velando por el interés superior de la niña, niño y adolescente; en ese marco, en su art. 12 inc. a) la citada norma, entiende a dicho principio como:
[T]oda situación que favorezca el desarrollo integral de la niña, niño y adolescente en el goce de sus derechos y garantías. Para determinar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes en una situación concreta, se debe apreciar su opinión y de la madre, padre o ambos padres, guardadora o guardador, tutora o tutor; la necesidad de equilibrio entre sus derechos, garantías y deberes; su condición específica como persona en desarrollo; la necesidad de equilibrio entre sus derechos y garantías, y los derechos de las demás personas. En ese contexto, tomando en cuenta la normativa nacional e internacional y siguiendo el entendimiento jurisprudencial desarrollado por la SCP 0626/2019-S1 de 25 de septiembre, en relación al principio del interés superior del niño:
[T]odas las instancias estatales deben tener en cuenta la preeminencia y protección de sus derechos, y tener como principio directriz de sus actos el interés superior del niño, de ahí que las autoridades tanto administrativas como judiciales deben asegurarles una tutela reforzada o dicho de otro modo que se les proporcione una protección integral y efectivamente se logre que ejerzan sus derechos y se deje en el pasado la noción adulto centrista que provoca actos de violencia en su contra, retrocediendo todo los años de lucha para su visualización como personas. En ese escenario, en virtud a lo señalado precedentemente, las autoridades públicas y privadas que tengan que resolver procesos legales relacionados con los derechos de las niñas, niños y adolescentes, tienen la imperiosa obligación de hacerlo velando por su interés superior; ya que, dicho compromiso emana de lo establecido en normas internacionales, aspecto que genera responsabilidad internacional en caso de incumplimiento. Consiguientemente, resulta evidente tener presente que el Estado Plurinacional de Bolivia cuenta con la normativa legal, constitucional y convencional para proteger garantizar y proteger sus derechos, aspecto que debe trascender en el ámbito judicial y las instancias de apoyo jurisdiccional donde sea necesario aplicar el citado principio.
La Constitución Política del Estado estipula en su art. 125 que: "Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad" (las negrillas son añadidas). Constituye un medio de defensa extraordinario, inmediato, eficaz y sumarísimo, que tiene por objeto la protección de los derechos fundamentales a la libertad física y de locomoción; y, a la vida. Para que el accionante logre la tutela, cese la persecución indebida, se establezcan las formalidades o se restituya su derecho a la libertad, se dispone los siguientes supuestos para su activación, cuando: i) La vida se encuentre en peligro; ii) Exista persecución ilegal o indebida; iii) Haya procesamiento ilegal o indebido; y, iv) Exista privación de libertad indebida. En ese sentido, la SCP 0862/2014 de 8 de mayo, en el Fundamento Jurídico III.1, resalta las siguientes características de la acción de libertad:
...el informalismo, que se manifiesta en la ausencia de requisitos formales en su presentación y la posibilidad, inclusive, de su formulación oral; la inmediatez, por la urgencia en la protección de los derechos que resguarda; la sumariedad, por el trámite caracterizado por su celeridad; la generalidad porque no reconoce ningún tipo de privilegio, inmunidad o prerrogativa, y la inmediación, porque se requiere que la autoridad judicial tenga contacto con la persona privada de libertad; autoridad que, inclusive, puede acudir inmediatamente a los lugares de detención e instalar allí la audiencia (las negrillas son añadidas). Razonamiento asumido en la SCP 0090/2018-S2 de 29 de marzo.
La jurisprudencia constitucional ha definido a la persecución indebida y los presupuestos que deben cumplirse para que una conducta se acomode a ella; así, la SC 0419/2000-R de 2 de mayo, señaló que persecución ilegal o indebida es toda
...acción de un funcionario público o autoridad judicial que busca, persigue u hostiga a una persona sin que exista motivo legal alguno y una orden expresa de captura emitida por autoridad competente en los casos establecidos por ley, o cuando se emite una orden de detención, captura o aprehensión al margen de los casos previstos por Ley e incumpliendo las formalidades y requisitos establecidos por ella... En el mismo sentido, la SC 0036/2007-R de 31 de enero, reiterando el entendimiento asumido en la SC 0419/2000-R de 2 de mayo, determina que existe persecución ilegal o indebida, cuando se dan los siguientes presupuestos: "1) la búsqueda u hostigamiento a una persona con el fin de privarle de su libertad sin motivo legal o por orden de una autoridad no competente, y 2) la emisión de una orden de detención, captura o aprehensión al margen de lo previsto por ley". Posteriormente, ya en vigencia de la Constitución Política del Estado de 2009, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, a tiempo de referirse a la clasificación doctrinal de la acción de libertad, señaló que la persecución ilegal comprendería dos supuestos: i) Órdenes de detención al margen de los casos previstos por la ley e incumpliendo los requisitos y formalidades de ley; y, ii) Hostigamiento sin que exista motivo legal, ni orden de captura emitida por autoridad competente; aclarando que en el primer caso estamos ante el habeas corpus preventivo, ahora acción de libertad; y en el segundo ante el habeas corpus restringido, ahora acción de libertad restringida, la cual -de acuerdo a la doctrina- procede cuando el derecho a la libertad física es objeto de molestias, obstáculos, perturbaciones, sin necesidad de que exista un mandamiento de aprehensión. Entendimiento reiterado en las SSCC 0641/2011-R de 3 de mayo, 1864/2011-R de 7 de noviembre; y, en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0103/2012 de 23 de abril y 0124/2012 de 2 de mayo, entre muchas otras. La jurisprudencia constitucional ha definido a la persecución indebida y los presupuestos que deben cumplirse para que una conducta se acomode a ella; así, la SC 0419/2000-R de 2 de mayo, señaló que persecución ilegal o indebida es toda
...acción de un funcionario público o autoridad judicial que busca, persigue u hostiga a una persona sin que exista motivo legal alguno y una orden expresa de captura emitida por autoridad competente en los casos establecidos por ley, o cuando se emite una orden de detención, captura o aprehensión al margen de los casos previstos por Ley e incumpliendo las formalidades y requisitos establecidos por ella... En el mismo sentido, la SC 0036/2007-R de 31 de enero, reiterando el entendimiento asumido en la SC 0419/2000-R de 2 de mayo, determina que existe persecución ilegal o indebida, cuando se dan los siguientes presupuestos: "1) la búsqueda u hostigamiento a una persona con el fin de privarle de su libertad sin motivo legal o por orden de una autoridad no competente, y 2) la emisión de una orden de detención, captura o aprehensión al margen de lo previsto por ley".
Posteriormente, ya en vigencia de la Constitución Política del Estado de 2009, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, a tiempo de referirse a la clasificación doctrinal de la acción de libertad, señaló que la persecución ilegal comprendería dos supuestos: a) Órdenes de detención al margen de los casos previstos por la ley e incumpliendo los requisitos y formalidades de ley; y, b) Hostigamiento sin que exista motivo legal, ni orden de captura emitida por autoridad competente; aclarando que en el primer caso estamos ante el habeas corpus preventivo, ahora acción de libertad; y en el segundo ante el habeas corpus restringido, ahora acción de libertad restringida, la cual -de acuerdo a la doctrina- procede cuando el derecho a la libertad física es objeto de molestias, obstáculos, perturbaciones, sin necesidad de que exista un mandamiento de aprehensión. Entendimiento reiterado en las SSCC 0641/2011-R de 3 de mayo, 1864/2011-R de 7 de noviembre; y, en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0103/2012 de 23 de abril y 0124/2012 de 2 de mayo, entre muchas otras. Razonamiento extraído de la SCP 0793/2019-S2 de 11 de septiembre.
Al respecto la SCP 0115/2020-S1 de 22 de julio, estableció lo siguiente:
La garantía del debido proceso en materia penal es tutelable por la acción de libertad, cuando: 1) Exista vinculación directa o indirecta con el derecho a la libertad física o personal, ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone; y, 2) Se hubieren agotado los medios de impugnación dentro del proceso penal, siempre que estos sean idóneos, específicos y aptos para restituir de forma inmediata los derechos que se encuentran en el ámbito de protección de la acción de libertad; salvo indefensión absoluta del 2 El FJ III.5, refiere: "Ahora bien, la persecución ilegal, ha sido entendida por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como “…la acción de una autoridad que busca, persigue, u hostiga a una persona sin que exista motivo legal alguno ni una orden expresa de captura emitida por autoridad competente en los casos establecidos por ley, o cuando se emite una orden de detención, captura o aprehensión al margen de los casos previstos por ley, e incumpliendo las formalidades y requisitos establecidos por ella" (Así, SSCC 419/2000-R, 261/2001-Ry 535/2001-R, entre otras) Conforme a dicho entendimiento, la persecución ilegal comprenderla dos supuestos: a) Órdenes de detención al margen de los casos previstos por la ley e incumpliendo los requisitos y formalidades de ley y; b) Hostigamiento sin que exista motivo legal, ni orden de captura emitida por autoridad competente En el primero supuesto, nos encontramos, propiamente, ante al habeas corpus preventivo, explicado precedentemente, en tanto que el segundo, habeas corpus restringido, que de acuerdo a la doctrina procede cuando el derecho a la libertad física es objeto de molestias, obstáculos, perturbaciones que, sin ningún fundamento legal, configuran una restricción para su cabal ejercicio. No existe, en concreto una amenaza inminente de privación de libertad, sin embargo, existe limitación en su ejercicio (Citaciones legales policiales, vigilancia domiciliaria, etc.). Este tipo de habeas corpus, entonces, también estaría cobijado dentro de la persecución ilegal prevista en el art. 125 de la CPE y 89 de la LTC”. 3 La SCP 0160/2005-R de 23 de febrero, que es fundadora de la línea jurisprudencial referida a la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, estableció en el F1. 111.1.2, que: "De lo anterior se extrae, que la existencia de la garantía constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del habeas corpus, pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida.
accionante, supuesto en el cual, la acción de libertad podrá ser formulada de manera directa.
El Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sentó la línea jurisprudencial sobre el principio de la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad. En el marco de dicho entendimiento, la SC 0181/2005-R de 3 de marzo, señaló que en la etapa preparatoria del proceso penal se deben impugnar las supuestas lesiones a derechos y garantías en los que puedan incurrir los órganos encargados de la En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica previa medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria. El entendimiento interpretativo aludido guarda compatibilidad con los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. En efecto, lo que exigen tales instrumentos, es que los pales partes, provean en sus ordenamientos, un medio de defensa efectivo, esto es pronto y eficaz, contra actos que lesionen los derechos fundamentales, entre ellos, el derecho a la libertad, Conforme a esto, el art. Art. 8 de in la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclama que Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley. En lo regional, el art. 7.6 de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, con más especificidad, proclama que Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si es arresto o la detención fueran llegares. En los Estados partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido Lo recursos podrán interponerse por sí o por otra persona. Como se puede apreciar, lo que persiguen les pactos internacionales sobre derechos humanos, es garantizar la existencia d un recurso sumario, pronto y eficaz, al que pueda acudir toda persona, para que ésta sin demora, decida sobre la lesión a la libertad alegada, recurso que no necesariamente tiene que ser, el habeas corpus. Consiguientemente, como el ordenamiento jurídico no puede crear y activar recursos simultáneos o alternativos con el mismo fin sin provocar disfunciones procesales no queridas por el orden constitucional, se debe concluir que el proceso constitucional del habeas corpus, únicamente se activa cuando los medios de defensa existentes en el ordenamiento común, no sean los idóneos para reparar, de manera urgente, pronta y eficaz, el derecho a libertad legalmente restringido. No es posible acudir a este recurso, cuando el ordenamiento jurídico prevé medios de impugnación específicos y aptos para restituir el derecho a la libertad, en forma inmediata. Conforme a esto, solamente una vez agotado tal medio de defensa y ante la persistencia de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda ef habeas corpus". 4 "El FJ III.1.2, señala: "De lo anterior se extrae, que la existencia de la garantía constitucional en anolis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del habeas corpus, pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportune, para restablecer la lesión sufrida. En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria". 5 El FJ III.2, establece: "De lo anterior se extrae que todo imputado que considere que en el curso del proceso investigativo ha sufrido una lesión de un derecho fundamental, entre ellos, el derecho a la libertad en cualquiera de las formas en que pueda sufrir menoscabo, debe impugnar tal conducta ante el juez instructor, que es el órgano jurisdiccional que tiene a su cargo el control de la investigación, desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria. Así, el Código de procedimiento penal al prever la existencia de un órgano jurisdiccional competente para conocer y resolver de manera directa y expedita, las supuestas vulneraciones a los derechos y garantías que pudieran tener origen en los órganos encargados de la persecución penal, no resulta compatible con el sistema de garantías previsto en el ordenamiento aludido, acudir directamente o de manera simultánea a la justicia constitucional, intentando activar la garantía establecida por el art. 18 constitucional, ignorando los canales normales establecides. Consiguientemente, el hábeas corpus sólo se activa en los casos en que la supuesta lesión no sea reparada por los órganos competentes de los jurisdiccionales ordinarios aludidos".
persecución penal ante el Juez de Instrucción Penal, no resultando compatible activar directamente o de manera simultánea, la justicia constitucional. Dicho entendimiento fue ratificado en el marco de la Constitución Política del Estado vigente; así, la SC 0008/2010-R de 6 de abril, ratificó el entendimiento anotado, señalando que en caso de actividad procesal defectuosa, el incidente es el mecanismo idóneo de defensa expreso, efectivo, idóneo y oportuno para pedir protección de derechos fundamentales afectados en el proceso penal, que debe ser agotado antes de acudir a la tutela constitucional, entendimiento que fue confirmado en la SCP 0004/2012 de 13 de marzo. Por su parte, la SC 0054/2010-R de 27 de abril, puntualizó que las denuncias de actos ilegales u omisiones indebidas en las que pudieran 6 El FJ III 5, menciona: "El art. 167 de la misma norma adjetiva penal, disciplina el resguardo normativo frente a la actividad procesal defectuosa, determinando en el art. 168 los supuestos para la corrección de oficio o a petición de parte de actos que puedan ser enmendados. Asimismo, los arts. 169 y 170 regulan los supuestos de hecho catalogados como defectos procesales absolutos y relativos. Precisamente, para corregir actos procesales defectuosos que puedan afectar derechos fundamentales, en la segunda parte, capitulo IV del Código de Procedimiento Penal, se norma el procedimiento para la tramitación de excepciones e incidentes, concretamente, los arts. 314 y 315 regulan el procedimiento para los incidentes, que en caso de actos procesales defectuosos, constituyen mecanismos de defensa expresos, efectivos idóneos y oportunos para pedir protección de derechos fundamentales afectados en el proceso, mecanismos que deben ser agotados antes de acudir a la tutela constitucional". 7 El FJ III.4, indica: "En este sentido, se tiene que el incidente de actividad procesal defectuosa, es un medio idóneo y oportuno para restablecer cualquier irregularidad que exista en la investigación que vulnere derechos y garantías constitucionales, por ello, el accionante debió tramitarlo conforme a procedimiento, ante el Juez cautelar quien es el encargado de ejercer el control jurisdiccional, a efectos de subsanar o resguardar las denuncias efectuadas en la presente acción de libertad y el no hacerlo, como en el presente caso, sin duda no activa la justicia constitucional, por la existencia de un medio de impugnación específico y apto para restituir los derechos alegados de vulnerados incidente de actividad procesal defectuosa que por la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, se exige su agotamiento previo 8El FJ III.3, señala: "Queda establecido entonces, que ante denuncia de irregularidades, actos legales u omisiones presuntamente cometidas por los fiscales o policías en la etapa preparatoria del proceso, que impliquen lesión a los derechos fundamentales de todo denunciado o sindicado, la misma debe presentarse ante el juez cautelar como el encargado die ejercer el control jurisdiccional de la investigación, en aplicación de lo dispuesto por las normas previstas en los arts. 54.1) y 279 del CPP, sin que sea admisible acudir en forma directa a esta acción tutelar si con carácter previo los hechos denunciados no fueron reclamados ante la autoridad encargada del control jurisdiccional, que es la apta para restablecer las presuntas lesiones a derechos fundamentales y se reitera sólo en caso de verificarse que existirá una dilación o que esa instancia no se constituye en la eficaz y oportuna para restablecer esos derechos, es que se abre la posibilidad de acudir a la presente acción tutelar en forma directa". El FJ III.4, determina: "Primer supuesto: Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de tumo. En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación. Segundo Supuesto: Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal. Lo propio si está referido, a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa, o relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la causa en ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o restricción a la libertad física.
incurrir los fiscales y policías durante la etapa preparatoria, que implique vulneración de derechos fundamentales, deben ser presentadas ante el Juez de Instrucción Penal, sin que sea admisible acudir directamente ante la jurisdicción constitucional; consecuentemente, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, sistematiza tres supuestos de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad para los casos en los que, que en materia penal, se impugnen actuaciones no judiciales -antes de la imputación formal- y judiciales -posteriores a la imputación-, en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad, a objeto de guardar el equilibrio y complementariedad entre ambas jurisdicciones. Conforme a la sistematización de la línea jurisprudencial, los actos ilegales u omisiones indebidas que impliquen actividad procesal defectuosa en la que pudieran incurrir los órganos de persecución penal -fiscales y policías- lesivos a derechos y garantías fundamentales durante la etapa preparatoria, deben ser previamente denunciados ante el Juez de Instrucción Penal, a través de los incidentes de actividad procesal defectuosa, que se constituyen en mecanismos de defensa expresos, efectivos, idóneos y oportunos, no procediendo, por tanto, la activación directa de la acción de libertad. La sistematización desarrollada, fue extraída de la SCP 0038/2018-S2 de 6 de marzo, entre otras.
En el presente caso, la parte accionante denuncia la lesión de los derechos de AA a la vida, a la integridad física y psicológica, a la libertad, a la educación, y al principio del interés superior del niño; toda yez que, los demandados incurrieron en las siguientes ilegalidades: i) La expareja de Olga Vanesa Huanca Mamani -Ronaldiño Blanco Conde- en agosto de 2023, con engaños secuestró a su hijo AA, arrancándolo del seno de su hogar con rumbo desconocido, separándolo de su hermana, manteniéndolo escondido, manipulándolo y utilizándolo en su contra para demandarle y denunciarle falsamente, pretendiendo así justificar la lesión de los derechos de su hijo; ii) El Juez demandado dentro del proceso de asistencia familiar seguido en su contra, le impuso el pago de dicho beneficio en favor del secuestrador de su hijo, inobservando su solicitud de restitución del menor a su hogar; y, iii) El Fiscal codemandado a cargo de la investigación dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de violencia familiar o doméstica, amenazó con disponer su detención, además no aplicó los principios de certeza y objetividad, ya que se está manipulado a su hijo, quien hace casi dos años se encuentra con su secuestrador, no resultando posible que se le acuse de maltrato. Así, de los antecedentes del presente fallo constitucional; se tiene que a través del acta de cuidado de 26 de marzo de 2025, emitida por la Dirección de Niñez, Género y Atención Social, se tiene que Ronaldiño Blanco Conde, se comprometió al cuidado diligente y responsable de su hijo AA (Conclusión II.1); y mediante Sentencia 383/2025 de 5 de mayo, el Juez demandado, declaró probada en parte la demanda de asistencia familiar interpuesta por el prenombrado contra Olga Vanesa Huanca Mamani, disponiendo se otorgue una asistencia familiar mensual de Bs650.- en favor de su hijo AA (Conclusión II.2). Por otra parte, cursa citación de 23 de mayo de 2025, emitida por el Fiscal codemandado, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancias de Ronaldiño Blanco Conde contra Olga Vanesa Huanca Mamani, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, a objeto que la nombrada brinde su declaración informativa (Conclusión II.3); así como imputación formal de 26 de mayo de 2025, emitida por Gonzalo Antonino Chacón Silva, Fiscal de Materia, contra Ronaldiño Blanco Conde, dentro del proceso penal seguido en su contra por Olga Vanesa Huanca Mamani, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica (Conclusión II.4). Previamente, corresponde precisar que conforme a la jurisprudencia inserta en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, se establece la posibilidad de la presentación directa de la acción de libertad en casos de niñas, niños y/o adolescentes, además de mujeres embarazadas con hijos lactantes; razón por la cual, no corresponde denegar la tutela solicitada por argumentos formales vinculados con la subsidiariedad excepcional, teniendo en cuenta que la parte accionante interpuso la presente acción de libertad en representación de su hijo AA, situación que permite a este Tribunal, ingresar al análisis de fondo de la causa, al no existir el citado obstáculo procesal. En ese sentido, identificadas las problemáticas, corresponde verificar si resulta evidente la conculcación de derechos fundamentales o garantías constitucionales denunciadas por la parte accionante. Respecto a la primera problemática La accionante Olga Vanessa Huanca Mamani denunció que su expareja Ronaldiño Blanco Conde, en agosto de 2023, con engaños secuestró a su hijo AA, arrancándolo del seno de su hogar con rumbo desconocido, separándolo de su hermana, manteniéndolo escondido, manipulándolo y utilizándolo en su contra para demandarle y denunciarle falsamente, pretendiendo así justificar la lesión de los derechos de su hijo. Ahora bien, de acuerdo a la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, en aplicación del interés superior de la niña, niño y adolescente, se debe observar el principio de participación, entendido como la apreciación de su opinión y de la madre, padre o ambos padres, guardadora o guardador, tutora o tutor; la necesidad de equilibrio entre sus derechos, garantías y deberes; su condición específica como persona en desarrollo; la necesidad de equilibrio entre sus derechos y garantías, y los derechos de las demás personas. En ese sentido, de la revisión del acta de cuidado de 26 de marzo de 2025, emitida por la Dirección de Niñez, Género y Atención Social, se tiene que al realizar el abordaje del menor AA, el mismo mencionó querer estar con su progenitor; por lo que, en aplicación del art. 12 inc. e) del CNNA; se realizó el acta de cuidado y protección con el demandado Ronaldiño Blanco Conde, hasta que se resuelva la situación jurídica de la tenencia, cabe hacer mención que la progenitora se negó a solucionar la situación de forma pacífica, ya que "la misma se niega y menciona que los niños ingresen al albergue 24 hrs" (sic), motivo por el cual, el nombrado se comprometió al cuidado diligente y responsable de su hijo AA (Conclusión II.1); advirtiéndose así que se tomó en cuenta la decisión del menor AA, quien eligió quedarse al cuidado de su progenitor, ahora demandado, así como la opinión de los progenitores; toda vez que, Ronaldiño Blanco Conde se comprometió a asumir el cuidado diligente y responsable del menor; máxime, si la accionante se negó a encontrar una solución pacífica al respecto, señalando que el menor ingrese al albergue, acotando a ello que asumió una conducta pasiva durante casi dos años, respecto a la denuncia de supuesto secuestro, que conforme afirmó la propia accionante sucedió en agosto de 2023, motivos por los cuales Ronaldiño Blanco Conde tiene bajo su cuidado a su hijo AA, no evidenciándose secuestro alguno; motivo por el que corresponde denegar la tutela al respecto. Sobre la segunda problemática La parte accionante denuncia que el Juez demandado dentro del proceso de asistencia familiar seguido en su contra, le impuso el pago de dicho beneficio en favor del secuestrador de su hijo, inobservando su solicitud de restitución del menor a su hogar. Conforme la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, la acción de libertad constituye un medio de defensa extraordinario, inmediato, eficaz y sumarísimo que tiene por objeto la protección de los derechos fundamentales a la libertad física y de locomoción y el derecho a la vida, para que la parte accionante logre la tutela a su vida, cese la persecución indebida, se establezcan las formalidades o se restituya el derecho a la libertad; estableciéndose los siguientes supuestos para su activación: a) Cuando la vida se encuentre en peligro; b) Cuando exista persecución ilegal o indebida; c) Cuando exista procesamiento ilegal o indebido; y, d) Cuando exista privación de libertad indebidamente. Bajo dicho marco jurisprudencial, corresponde aclarar que, respecto al primer supuesto de activación de la acción de libertad, la parte accionante se limitó a su enunciación, inobservando que su mera invocación no habilita por sí misma la concurrencia de dicha lesión o riesgo; toda vez que, no demostró que el derecho a la vida se encuentre en peligro. Ahora bien, respecto al segundo supuesto de activación de la acción de libertad, referente a la existencia de persecución ilegal o indebida, la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento jurídico III.4 de este fallo constitucional, estableció los siguientes supuestos para su procedencia: 1) Órdenes de detención al margen de los casos previstos por la ley e incumpliendo los requisitos y formalidades de ley; y, 2) Hostigamiento sin que exista motivo legal, ni orden de captura emitida por autoridad competente; aclarando que en el primer caso estamos ante el habeas corpus preventivo, ahora acción de libertad; y en el segundo ante el habeas corpus restringido, ahora acción de libertad restringida, la cual -de acuerdo a la doctrina- procede cuando el derecho a la libertad física es objeto de molestias, obstáculos, perturbaciones, sin necesidad que exista un mandamiento de aprehensión.
En el presente caso, no se advierte la concurrencia de ninguno de los dos presupuestos señalados; toda vez que, no existe mandamiento u orden de aprehensión alguna emitida contra la parte accionante; por lo que, no existe persecución ilegal o indebida, que haya restringido o amenazado el derecho a la libertad sin causa justificada o que se realizó al margen del orden jurídico vigente. Sobre el tercer supuesto de activación de la acción de libertad, consistente en la existencia de procesamiento ilegal o indebido, corresponde remitirnos a la jurisprudencia contenida en el Fundamento Jurídico III.5 de este fallo constitucional, que establece los siguientes supuestos para su procedencia: i) Exista vinculación directa o indirecta con el derecho a la libertad física o personal, ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone; y, ii) Se hubieren agotado los medios de impugnación dentro del proceso penal, siempre que estos sean idóneos, específicos y aptos para restituir de forma inmediata los derechos que se encuentran en el ámbito de protección de la acción de libertad; salvo indefensión absoluta del accionante, supuesto en el cual, la acción de libertad podrá ser formulada de manera directa. Al respecto, sobre el primer presupuesto, si bien existe un proceso penal seguido por Ronaldiño Blanco Conde contra la accionante por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el cual se constituye en una vinculación directa al derecho a la libertad; sin embargo, en cuanto al segundo presupuesto, se tiene que no se acreditó que se agotaron los mecanismos intraprocesales idóneos en la jurisdicción ordinaria para la posterior activación de la acción de libertad en la vía constitucional, debido a que existiendo la autoridad que ejerce el respectivo control jurisdiccional, no acreditó que hubiese efectuado reclamo alguno ante cualquier acto vulneratorio de sus derechos, los cuales deben denunciarse previamente ante el Juez de la causa, a objeto de su resguardo y en su caso restitución, pues el control jurisdiccional se constituye en el medio idóneo, oportuno y eficaz para ello. Tampoco se advierte la existencia de absoluto estado de indefensión del accionante, ya que no se encuentra limitado en el ejercicio del derecho a la defensa, puesto que no se constató de manera objetiva ninguna restricción que pudiese generar una evidente indefensión categórica; en consecuencia, tiene las posibilidades procesales de realizar las reclamaciones que considere pertinentes, agotando los mecanismos que el ordenamiento jurídico prevé y solo de persistir la lesión, recién acudir ante la jurisdicción constitucional. En cuanto al cuarto supuesto de activación de la acción de libertad, corresponde precisar que la parte accionante se encuentra en libertad, conforme se señaló precedentemente. En consecuencia, no se advierte el cumplimiento de ninguno de los supuestos de activación para la procedencia de la acción de libertad, correspondiendo denegar la tutela al respecto. En cuanto a la tercera problemática La parte accionante denuncia que el Fiscal codemandado a cargo de la investigación dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de violencia familiar o doméstica, amenazó con disponer su detención, además no aplicó los principios de certeza y objetividad, ya que se está manipulado a su hijo, quien hace casi dos años se encuentra con su secuestrador, no resultando posible que se le acuse de maltrato. De acuerdo a la jurisprudencia contenida en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, todas las actuaciones de servidores policiales o representantes del Ministerio Público, que fueran presuntamente lesivas a los derechos fundamentales y garantías constitucionales, deben ser denunciadas ante el Juez de control jurisdiccional que conoce la causa, al ser ésta la instancia competente para conocer las denuncias de posibles vulneraciones de derechos fundamentales que se hubiesen generado por los órganos encargados de la persecución penal; instancia donde la parte accionante debió acudir antes de la interposición de la presente acción tutelar. Bajo dicho marco jurisprudencial, se tiene que la parte accionante debió agotar previamente los medios y recursos en la jurisdicción orinaría dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, denunciando de forma previa a la autoridad de control jurisdiccional, cualquier acto considerado lesivo cometido por el representante del Ministerio Público; por lo que, al acudir a la jurisdicción constitucional de manera directa, inobservando el principio de subsidiariedad excepcional que rige a la acción de libertad, corresponde denegar la tutela al respecto. Consiguientemente, el Juez de garantías al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado, el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 19/2025 de 5 de junio, cursante de fs. 41 a 45, emitida por el Juez del Ejecución Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
1 El FJ III.5, refiere: "Ahora bien, la persecución ilegal, ha sido entendida por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como “…la acción de una autoridad que busca, persigue, u hostiga a una persona sin que exista motivo legal alguno ni una orden expresa de captura emitida por autoridad competente en los casos establecidos por ley, o cuando se emite una orden
de detención, captura o aprehensión al margen de los casos previstos por ley, e incumpliendo las formalidades y requisitos establecidos por ella" (Así, SSCC 419/2000-R, 261/2001-Ry 535/2001-R, entre otras) Conforme a dicho entendimiento, la persecución ilegal comprenderla dos supuestos: a) Órdenes de detención al margen de los casos previstos por la ley e incumpliendo los requisitos y formalidades de ley y; b) Hostigamiento sin que exista motivo legal, ni orden de captura emitida por autoridad competente En el primero supuesto, nos encontramos, propiamente, ante al habeas corpus preventivo, explicado precedentemente, en tanto que el segundo, habeas corpus restringido, que de acuerdo a la doctrina procede cuando el derecho a la libertad física es objeto de molestias, obstáculos, perturbaciones que, sin ningún fundamento legal, configuran una restricción para su cabal ejercicio. No existe, en concreto una amenaza inminente de privación de libertad, sin embargo, existe limitación en su ejercicio (Citaciones legales policiales, vigilancia domiciliaria, etc.). Este tipo de habeas corpus, entonces, también estaría cobijado dentro de la persecución ilegal prevista en el art. 125 de la CPE y 89 de la LTC”.
Tercer supuesto: Si impugnada la resolución la misma es confirmada en apelación, empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive, por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar".
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0802_2025-S3.pdf · páginas 1 a 21.
Huella digital del PDF (SHA-256): 2f94a7dabc69e215e8fbf926b3c8108939efc7032d14a4b5c8e8414cdb49cbc0
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