B.IA.LEGAL

SCP 0801/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 24 de julio de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
24 de julio de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
53766-2023-108-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante considera que se han vulnerado sus derechos a la libertad, debido proceso, a la justicia pronta y oportuna, señalando que dentro del proceso penal seguido en su contra, se programó una audiencia de cesación a la detención preventiva para el 2 de febrero de 2023, en el juzgado habilitado por vacación judicial. Sin embargo, la audiencia no se realizó, ya que el oficial de diligencias no notificó a las partes y la secretaria del despacho no emitió el oficio de traslado del detenido. Por ello, el juez reprogramó la audiencia para el 7 de febrero de 2023, pero dicha audiencia tampoco se celebró, debido a que el expediente había desaparecido. Por lo que solicita que: a) Se señale día y hora de audiencia de cesación a la detención preventiva y se ordene el inmediato cese de la detención indebida, toda vez que, ya se cumplió el plazo de ciento cincuenta días de detención preventiva el 2 de febrero de 2023; b) Se ordene a la Secretaria codemandada realice el oficio de traslado a “CERPROM”; y, c) Se disponga que el oficial de diligencias notifique a las partes involucradas.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 02/2023 de 9 de febrero, cursante de fs. 209 a 213, pronunciada por la Jueza de la Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, respecto a:

a) Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza; Rebeca Cáceres Padilla, Secretaria;

en relación a la vulneración al derecho al debido proceso en su elemento de celeridad vinculado al derecho a la libertad; respecto a la demora en: la providenciarían de la solicitud de cesación de detención preventiva de 11 de enero de 2023; la reprogramación de la referida audiencia ante sus suspensión; y, la falta de diligenciamiento célere tendiente a reponer las piezas procesales, ante la denuncia de extravío del expediente. b) Rebeca Cáceres Padilla, Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz; en relación a la omisión en el cumplimiento de sus deberes relacionados a la falta coadyuvar en el control de plazos procesales, remisión de oficio para el traslado del accionante privado de libertad y supervisión del personal en cuanto a las notificaciones a los sujetos procesales. c) Marleny Pérez López, Oficial de Diligencias del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz; en cuanto al incumplimiento de sus deberes inherentes a la notificación de todos las partes del proceso. 2° DENEGAR la tutela solicitada, con relación a:

1) Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz, respecto a la falta de control de notificaciones para la audiencia de cesación de detención preventiva programada para el 2 de febrero de 2023, por haber estado declarada en comisión y ser ésta una atribución de los secretarios de juzgado. 2) Rebeca Cáceres Padilla y Marleny Pérez López, Secretaria y Oficial del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz, respectivamente; en cuanto a la lesión del derecho a la libertad vinculado a la dilación en la atención de la solicitud de audiencia de cesación de detención preventiva, considerando que dichas servidoras judiciales, no tienen competencia para programar dicho acto procesal, ni controlar la gestión de las causas 3º Llamar severamente la atención, a Rebeca Cáceres Padilla, Secretaria; y, Marleny Pérez López, Oficial de Diligencias, ambas del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz, por no cumplir con su obligaciones con la debida diligencia, en el marco de lo observado en el presente fallo constitucional, con la advertencia de volver a incurrir en la omisión de sus funciones, se remitirá antecedentes al Consejo de la Magistratura. 4º Exhortar a Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz, a tramitar con la mayor diligencia posible a las solicitudes vinculadas a la libertad de los procesados, bajo advertencia de remitir antecedentes ante el Consejo de la Magistratura.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida
  2. III.2. Sobre la solicitud de cesación de la detención preventiva y el señalamiento de audiencia
  3. III.3. El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre medidas cautelares
  4. III.4. La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad
  5. III.5. Análisis del caso concreto
  6. III.6. Otras consideraciones

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0801/2025-S3 Sucre, 24 de julio de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 53766-2023-108-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 02/2023 de 9 de febrero, cursante de fs. 209 a 213 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Marco Antonio Enríquez en representación sin mandato de Rolando Mejía Herrera contra Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza; Rebeca Cáceres Padilla, Secretaria; y, Marleny Pérez López, Oficial de Diligencias, todas del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 8 de febrero de 2022, cursantes de fs. 3 a 5 vta., el accionante, a través de su representante sin mandato expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violación agravada en grado de complicidad, el 30 de agosto de 2022, se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares, donde el Juez de Instrucción Penal Segundo de Montero del departamento de Santa Cruz, dispuso su detención preventiva por el lapso de ciento cincuenta días y programó audiencia de revisión de su situación jurídica, para el 2 de febrero de 2023. Posteriormente el 11 y 17 de enero de 2023, presentó ante el Juzgado de Instrucción Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz, solicitud de cesación a la detención preventiva, que mediante providencia de 18 de idéntico mes y año, la referida autoridad jurisdiccional, programó audiencia, para el 19 del mismo mes y año. Sin embargo, dicho acto procesal no se llevó a cabo, porque la Oficial de Diligencias del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz , no realizó la notificación a las partes del proceso; y, la Secretaria, del mismo Juzgado, no emitió el oficio de traslado del detenido -ahora accionante-, para que pueda estar presente en referida audiencia, todos estos que se encontraban en suplencia, de acuerdo a Circular TDJ-SCZ-SP 40/2022 emanada por el Tribunal Departamental de Justicia del departamento de Santa Cruz. Por lo que el 27 de enero de 2023, reiteró su solicitud de señalamiento de audiencia de cesación a la detención preventiva, el cual no habría merecido ningún pronunciamiento por parte de la autoridad jurisdiccional, reiterando nuevamente su solicitud, mediante memorial de 31 del mismo mes y año, el cual fue decretado por la Jueza de Instrucción Penal Cautelar Tercero de Montero en suplencia legal de la Jueza del Juzgado de Instrucción Penal Cautelar Primero de Montero del departamento de Santa Cruz, programando audiencia para el 2 de febrero del referido año, acto procesal que tampoco se llevó a cabo, ante la falta de llenado de los formularios de notificación diligenciadas por parte de la Oficial de Diligencias del Juzgado de Instrucción Penal Cautelar Primero de Warnes -Marleny Pérez López- codemandada, de acuerdo al informe emitido por la Secretaria del mismo Juzgado; motivo por el que la autoridad jurisdiccional del prenombrado Juzgado, suspendió dicho acto procesal y fijó nueva audiencia para horas 11:00 del 7 de febrero de 2023; sin embargo, ese actuado tampoco se realizó, pues no se encontraba el cuaderno procesal en el Juzgado de Instrucción Penal Primero de Warnes, porque habría desaparecido, pero si se contaba con el acta de audiencia de cesación de la detención preventiva de 2 de febrero de 2023. Señaló que, hasta la formulación de la presente acción tutelar, no se llevó a cabo su audiencia de cesación de la detención preventiva, ni la audiencia de revisión de su situación jurídica; sin considerar que se encontraba recluido, más de los ciento cincuenta días dispuesto inicialmente.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El demandante de tutela considera lesionado sus derechos, a la libertad, al debido proceso, a la justicia pronta y oportuna, citando al efecto el art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: a) Se señale día y hora de audiencia de cesación a la detención preventiva y se ordene el inmediato cese de la detención indebida, toda vez que el 2 de febrero de 2023, se cumplió el plazo de ciento cincuenta días de detención preventiva; b) Se ordene a la Secretaria codemandada realice el oficio de traslado a “CERPROM” (sic.); y, c) Se disponga a la Oficial de Diligencias notifique a las partes involucradas.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de Garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 9 de febrero de 2023, según consta en acta cursante de fs. 204 a 208 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante, a través de su abogado, se ratificó íntegramente en los términos de su demanda de acción de libertad.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz, mediante informe presentado el 9 de febrero de 2023, cursante de fs. 202 a 203, solicitó se deniegue la tutela señalando que: 1) El viernes 3 de febrero de 2023, el cuaderno procesal fue extraviado o presuntamente sustraído; en consecuencia, se presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Departamental, responsabilizando por estos hechos a la Secretaria del Juzgado, Rebeca Cáceres Padilla, quién, junto al personal de apoyo, es responsable de la custodia de los cuadernos, documentación y archivos del Juzgado; 2) Estuvo declarada en comisión, desde el 30 de enero hasta el 3 de febrero de 2023; en ese período ocurrió el presunto extravío del cuaderno procesal; 3) El lunes 6 de febrero de 2023 le informaron del incidente, de inmediato ordenó la reposición del expediente y formalizó la denuncia ante la Fiscalía Departamental; 4) El 7 de idéntico mes y año, llegó a su despacho una multitud enfurecida (que se identificó como seguidores del imputado, ahora accionante) irrumpieron en la Casa Judicial de Warnes, portando pancartas y petardos, amenazando con quemar el edificio, esas acciones pusieron en riesgo la vida de los funcionarios del Juzgado -tres mujeres, una de ellas embarazada-, por ello, solicitó garantías constitucionales para que puedan ejercer sus funciones, sin riesgo; 5) No existe vulneración del derecho a la libertad del imputado, dado que la detención preventiva se realizó en estricto cumplimiento de una resolución judicial válida, bajo el control jurisdiccional del Juzgado Segundo de Instrucción Penal de Montero, no existe ilegalidad, arbitrariedad, ni solicitud activa del imputado, ni siquiera las copias necesarias para la reposición no fueron presentadas por él; y, 6) La suplencia legal concluyó, y las actuaciones del Juzgado que regenta en adelante serán únicamente para reponer el cuaderno procesal y derivarlo a la autoridad competente. Rebeca Cáceres Padilla, Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz, mediante informe presentado el 9 de febrero de 2023, cursante de fs.189 a 190, solicito que se deniegue la tutela señalando que: i) El 31 de enero de 2023 ingresó una solicitud de audiencia de cesación a la detención preventiva y que el mismo paso a despacho de la Juez en suplencia legal, quién programó audiencia para el 2 de febrero del mismo año, por lo que su persona realizó las gestiones necesarias para la realización de dicho acto procesal; sin embargo el mismo se suspendió, reprogramándose audiencia para el 7 de febrero de 2023; ii) Que por la recarga laboral realizó el acta de suspensión de audiencia el 3 del mismo mes y año; y, iii) Que al retornar a su fuente laboral el 6 de febrero de 2023 constató que el expediente del accionante ya no se encontraba en su escritorio, que al no encontrar el mismo luego de la búsqueda procedió a informar a la juez a su cargo, quién mediante resolución de fecha de 2023 ordenó la reposición del cuaderno procesal, dando a las partes plazo de diez días para que remitan todos los documentos a ese Juzgado. Marleny Pérez López, Oficial de Diligencias, del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz, no presentó informe escrito alguno, ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su legal notificación cursante a fs. 10.

I.2.3. Resolución

La Jueza del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, a través de la Resolución 02/2023 de 9 de febrero, cursante de fs. 209 a 213 vta., concedió la tutela solicitada, con relación a la dilación indebida en las notificaciones para resolver el incidente de cesación a la detención preventiva y el extravió del expediente, atribuible a la Secretaria y Oficial de Diligencias del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Warnes y denegó la tutela, con relación a la Jueza de Instrucción Penal Primero de Warnes, sobre los actos sucedidos en la declaratoria en comisión, no así sobre la solicitud inicial de 11 de febrero de 2023 que no fue atendida en el plazo establecido en el art. 239 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Disponiendo que la Jueza demandada en el plazo de veinticuatro horas siguientes dé repuesto el expediente, atienda la solicitud de cesación a la detención preventiva, si el expediente aún se encontraría en su Juzgado y que se remita antecedentes a la instancia disciplinaria, a efecto de su procesamiento con relación al punto 1. Esa decisión la asumió con base a los siguientes argumentos: a) Con relación a la actuación de Mary Ruth Guerra, Jueza de Instrucción Penal Primero de Warnes, se verificó la existencia de solicitudes de audiencia de cesación a la detención preventiva presentadas el 11 y 17 de enero de 2023. Se evidencia que la Jueza accionada y su personal bajo su dependencia no se pronunciaron sobre la solicitud del 11 de enero de 2023, presuntamente debido a que la Oficial de Diligencias no realizó las notificaciones correspondientes a las partes, vulnerando el derecho que le asiste al imputado a la garantía constitucional del debido proceso y a que su solicitud sea atendida en el plazo establecido en el art. 239 del CPP. Esta situación no fue debidamente argumentada por las demandadas, generando una dilación en la tramitación de dicha solicitud, situación que se encontraba bajo la supervisión de la titular del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Warnes. De haberse atendido oportunamente la petición, se habría evitado la reiteración de la dilación; b) La audiencia programada para el 2 de febrero de 2023 fue nuevamente suspendida debido a la falta de notificaciones, sin mayor argumento o justificación por parte de la Oficial de Diligencias, incumpliendo el plazo previsto en el art. 160 del CPP. Asimismo, la Secretaria incumplió la obligación establecida en el art. 95 núm. 7 de la Ley del Órgano Judicial, de solicitar el traslado del detenido, actuación que imposibilitó la celebración de la audiencia por parte de la Jueza de Instrucción Penal Tercero de Warnes; acciones de las cuales, la Jueza accionada quedó exenta de responsabilidad al no encontrarse en su Juzgado por una declaratoria en comisión; c) Las vacaciones judiciales finalizaron el jueves 2 de febrero de 2023, encontrándose la Secretaria en la obligación de devolver el expediente al Juzgado titular, máxime, si conoce sobre una solicitud de cesación de la detención preventiva que involucra a un privado de libertad; sin embargo, omitió esa obligación, generando mayor dilación en la situación jurídica del imputado. En este aspecto, la Jueza accionada quedó exenta de responsabilidad al no encontrarse en su Juzgado por una declaratoria en comisión, resultando imposible que pudiera ejercer control sobre su personal; d) Con relación a la pérdida del expediente y la imposibilidad de resolver la pretensión del imputado, se evidencia una actuación negligente por parte de la Secretaria y su personal subordinado, incurriendo en un incumplimiento de las obligaciones contempladas en el art. 94 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio 2010- y arts. 8, 11 y 12 de la misma ley. Por lo tanto, el actuar de la Jueza demandada fue oportuno al reaccionar de manera inmediata para la reposición del expediente; y, e) Sin embargo, se debe considerar que hasta que el expediente no sea remitido al Juez Titular del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de Montero, la autoridad judicial ahora demandada, se encuentra asumiendo competencia de la causa, pues no es posible dejar sin control jurisdiccional un proceso penal. Consecuentemente, hasta que la Jueza titular no tenga la causa, la autoridad demandada deberá atender las emergencias del proceso hasta su remisión.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Rolando Mejía Herrera -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de violación en grado de complicidad, mediante Auto Interlocutorio de 30 de agosto de 2022, emitido por el Juez de Instrucción Penal Segundo de Montero del departamento de Santa Cruz, se dispuso la detención preventiva del solicitante de tutela en el Centro de Readaptación Productiva Montero-Okinawa por un período de 150 días, señalándose audiencia para consideración de su situación jurídica para el 2 de febrero de 2023, a las 10:00 horas (fs. 32 a 38). II.2. Constan solicitudes de cesación a la detención preventiva dirigidas al Juez de Instrucción Penal Segundo de Montero del departamento de Santa Cruz, de 4 de noviembre de 2022, con audiencia programada para el 11 de noviembre de 2022 (fs. 35 y 36); de 14 de noviembre de 2022, con audiencia fijada para el 18 de noviembre de 2022 (fs. 125 y 126); de ampliación de cesación del 17 de noviembre de 2022, fijándose audiencia para el 29 de noviembre de 2022 (fs. 134 y 135). II.3 Por memorial de 11 de enero de 2023, el solicitante de tutela, presenta memorial solicitando señalar día y hora de audiencia de cesación a la detención preventiva (fs. 180), la cual no se tiene constancia de que haya sido atendida. II.4 Por lo que, por memorial de 27 de enero de 2023, el solicitante de tutela, presenta memorial reiterando solicitud de señalamiento de día y hora de audiencia de cesación a la detención (fs. 181), celebrándose audiencia el 2 de febrero de 2023, pero fue suspendida porque solo se notificó al Ministerio Público y no a las demás partes procesales. Según el informe de la Secretaria de Despacho, el imputado compareció acompañado por sus abogadas y la representante de la Unidad de Víctimas Especiales de Montero y la abogada del ahora accionante, solicitó nueva audiencia, la cual fue fijada para el martes 7 de febrero de 2023, a las 11:00 horas (fs. 182 y vta.). II.5 Por informe de 6 de febrero de 2023, la secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Warnes, Rebeca Cáceres Padilla, informó ante la Jueza de su Despacho que el expediente del caso seguido por el Ministerio Público contra Rolando Mejía Herrera por la presunta comisión del delito de violación en grado de complicidad no se encontraba en el Despacho, y que, pese a haberlo buscado, no pudo localizarlo (fs. 187). II.6 Cursa Providencia del 6 de febrero de 2023, por el cual la Jueza de Instrucción Penal Primero de Warnes dictó la reposición del cuaderno procesal, ordenando a las partes que en un plazo de 10 días remitan al juzgado todos los documentos originales y fotocopias legalizadas. También instruyó a la Secretaria del Despacho a adjuntar toda la documentación existente en los archivos del juzgado. Finalmente, amonestó severamente a la secretaria y a la oficial de diligencias por la pérdida del cuaderno procesal, conminándolas a extremar precauciones en el futuro (fs. 188). II.7 Se tiene nota de la Secretaria por el cual señaló que la audiencia, fijada para el 7 de febrero de 2023, no se celebró porque un grupo de personas ingresó a la Casa Judicial de Warnes, realizando disturbios con petardos y pancartas. Además, cerraron la puerta de Secretaría, impidiendo su salida y acceso al salón de audiencia (fs. 195). II.8 Consta la denuncia del 7 de febrero de 2023, suscrita por la Jueza de Instrucción Penal Primero de Warnes, dirigida al Fiscal Departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca Montenegro, denunciando los hechos violentos ocurridos en la Casa Judicial en la indicada fecha (fs. 200). II.9 Cursa declaratoria en comisión, para participar en el evento “Materias de especialidad de la función jurisdiccional – materia penal”, en la que participó la Jueza Mary Ruth Guerra Martínez, quien fue declarada en comisión del 30 de enero al 3 de febrero de 2023 en horario de 08:00 a 18:30 (fs. 201).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante considera que se han vulnerado sus derechos a la libertad, debido proceso, a la justicia pronta y oportuna, señalando que dentro del proceso penal seguido en su contra, se programó una audiencia de cesación a la detención preventiva para el 2 de febrero de 2023, en el juzgado habilitado por vacación judicial. Sin embargo, la audiencia no se realizó, ya que el oficial de diligencias no notificó a las partes y la secretaria del despacho no emitió el oficio de traslado del detenido. Por ello, el juez reprogramó la audiencia para el 7 de febrero de 2023, pero dicha audiencia tampoco se celebró, debido a que el expediente había desaparecido. Por lo que solicita que: a) Se señale día y hora de audiencia de cesación a la detención preventiva y se ordene el inmediato cese de la detención indebida, toda vez que, ya se cumplió el plazo de ciento cincuenta días de detención preventiva el 2 de febrero de 2023; b) Se ordene a la Secretaria codemandada realice el oficio de traslado a “CERPROM”; y, c) Se disponga que el oficial de diligencias notifique a las partes involucradas.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida

La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a la libertad física como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo por constituir un derecho inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima con el propósito que este derecho, goce de protección especial cuando se pretenda lesionarlo o esté siendo amenazado de lesión. A ese efecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una lesión a producirse o correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida. Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, el que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del que se encuentra el hábeas corpus instructivo, que se admite cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado con el derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos; debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo- Con ese razonamiento, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido, pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”. El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad (…)”. 2El FJ. III.5, refiere que: “El primer (instructivo); hace referencia a los supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física. Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…) Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.

en cada caso, por cuanto la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad. La sistematización precedentemente anotada fue extraída de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril.

III.2. Sobre la solicitud de cesación de la detención preventiva y el señalamiento de audiencia

La Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal -Ley 586 de 30 de octubre de 2014-, implementó procedimientos para agilizar la tramitación de las causas penales, descongestionar el sistema penal y reducir la retardación de justicia; en su Capítulo III, específicamente el art. 8 incluyó modificaciones y sustituciones a las normas del CPP, entre las que se encuentran el art. 239 que en lo relativo al pedido de cesación de la detención preventiva por las causales que se hallaban previstas en los numerales 1 y 4 de dicha norma, establecía que se debía señalar audiencia para su resolución en el plazo máximo de cinco días. Si bien hasta antes de la promulgación de la Ley 586, este Tribunal estableció que para la procedencia de la protección que brinda la acción de libertad, ante la falta de pronunciamiento oportuno dentro de una solicitud de medidas cautelares que afecta el derecho a la libertad física del imputado, dicha petición debía ser atendida dentro del plazo razonable de tres días, en el que debía fijarse día y hora de realización de la audiencia correspondiente y procederse con las notificaciones respectivas SCP 0110/2012 de 27 de abril; con la modificación efectuada 3La detención preventiva cesará: 1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida; 2. Cuando su duración exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga; 3. Cuando su duración exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, asesinato, violación a infante, niña, niño, adolescente, e infanticidio; y, 4. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad terminal. Planteada la solicitud, en el caso de los Numerales 1 y 4, la o el Juez deberá señalar audiencia para su resolución en el plazo máximo de cinco (5) días. En el caso de los Numerales 2 y 3, la o el Juez o Tribunal dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, correrá traslado a las partes quienes deberán responder en el plazo de tres (3) días. Con contestación o sin ella, la o el Juez o Tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro de los cinco (5) días siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos. En los casos previstos en los Numerales 2, 3 y 4 del presente Artículo, la o el Juez o Tribunal aplicará las medidas sustitutivas que correspondan, previstas en el Artículo 240 de este Código (las negrillas son añadidas). 4 El FJ III.3, dispone que: “…tratándose de señalamientos de día y hora de audiencia para considerar este beneficio [cesación de la detención preventiva], debe ser conceptuada como un término brevísimo, de tres días hábiles como máximo, pues el imputado se encuentra privado de su libertad. En este entendido, el plazo razonable para la realización de la audiencia de análisis, consideración y resolución del beneficio de la cesación de la detención preventiva, será el término máximo antes señalado, incluidas las notificaciones pertinentes, lo contrario constituye vulneración del derecho a la libertad, en el entendido en que los jueces no pueden obrar contra los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad al art. 239 del CPP por la referida Ley 586, dicho plazo fue regulado a cinco días. Sin embargo, la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, y posteriormente la Ley de Modificación a Ley 1173 de 3 mayo de 2019, de abreviación procesal penal y de fortalecimiento de la lucha integral contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres -Ley 1226 de 23 de septiembre de 2019-introdujo las modificaciones al art. 239 referente a la cesación de las medidas cautelares personales, siendo el texto vigente el siguiente:

Artículo 239. (CESACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES). Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales: 1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida; 2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención;

3. Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga;

4. Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación a niña, niño, adolescente e infanticidio, narcotráfico o sustancias controladas.

5. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad grave o en estado terminal; o,

6. Cuando la persona privada de libertad acredite el cumplimiento de sesenta y cinco (65) años de edad, salvo en delitos contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, delitos de corrupción y vinculados, de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria, crímenes de guerra y narcotráfico o sustancias controladas. Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas. En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos. En los casos previstos en los numerales 2 al 6 del presente artículo, la jueza, el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan, previstas en el artículo 231 bis del presente Código. La cesación de la detención preventiva por las causas señaladas en los numerales 3 y 4 del presente Artículo, dará lugar a la responsabilidad de la jueza, el juez, tribunal o fiscal negligente. Cuando la cesación sea resuelta en audiencia pública y ante la ausencia de cualquiera de los sujetos procesales, se seguirá en todo lo pertinente, lo establecido en el Artículo 113 de presente Código”. En consecuencia, el trámite a aplicar para la resolución de la cesación de la detención preventiva, es diferente en función a la causal; por una parte, para los numerales 1, 2, 5 y 6 del art. 239 del CPP modificado por la Ley 1226, corresponde resolverlas a través de una audiencia dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas. En cambio, para las causales 3 y 4 del citado artículo; dentro de las veinticuatro horas se correrá traslado a las otras partes para que respondan en el plazo de cuarenta y ocho horas y, con o sin contestación se resolverá sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas siguientes. Por consiguiente, la autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de cesación de la detención preventiva, que restrinja el derecho a la libertad de locomoción de un acusado, debe tramitarla con la mayor celeridad posible y dentro del plazo establecido, ya que el incumplimiento de esta obligación impuesta por ley, provocaría una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que la misma sea atendida favorablemente, pues la decisión a asumirse dependerá de las circunstancias y pruebas a presentarse; precisándose que la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida para atender una petición de tal naturaleza y no en la decisión jurídica y fundamentada de rechazo o aceptación a tal solicitud. Respecto del plazo en el cual debe ser providenciadas las peticiones efectuadas mediante los memoriales presentados, de conformidad con el art. 132.1 del CPP, salvo disposición contraria de dicho Código, el juez o tribunal, deberá dictarlas cuando se traten de mero trámite dentro de las veinticuatro horas de su presentación, conforme lo entendió la SCP 0110/2012, ya que en el caso de retrasar o aplazar su emisión, no solo se lesiona el derecho a la libertad del impetrante de tutela, sino que el juzgador incurrirá en una falta grave, debido a la demora culpable en la que incurre; por tanto, las autoridades jurisdiccionales deberán providenciar los escritos que presenten los imputados dentro del plazo de veinticuatro horas y señalar las audiencias respectivas dentro del término establecido, a efecto de no lesionar el derecho a la libertad de los detenidos preventivamente, sin que sea una excusa para el incumplimiento de esta obligación la excesiva carga procesal, pues su inobservancia, atenta el derecho a la libertad vinculado con el principio de celeridad. Otro aspecto a tomarse en cuenta, es la línea jurisprudencial contenida en la SCP 1905/2012 de 12 de octubre, que establece que una vez suspendida la audiencia de cesación de la detención preventiva, la autoridad de control jurisdiccional debe señalar nueva fecha y hora, sin necesidad de que se presente una nueva solicitud. Entendimiento extraído de la SCP 0740/2022-S1 de 1 de agosto.

III.3. El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre medidas cautelares

Respecto a la celeridad con la que deben actuar los administradores de justicia, corresponde indicar que el art. 178.I de la CPE, dejó establecido que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”; a su vez, el art. 180.I de la misma Norma Suprema, determina que: “La jurisdicción ordinaria, se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad (…) eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”; disposiciones que se encuentran en concordancia con lo previsto en el art. 30 de la LOJ, pues el principio de celeridad comprende la agilidad en la tramitación de los procesos judiciales, procurando que su desarrollo garantice el ejercicio oportuno y rápido de la administración de justicia. En cuanto a la aplicación del principio de celeridad exigida a toda autoridad judicial, que asuma conocimiento de una solicitud de cesación de la detención preventiva de una persona privada de libertad, debe ser entendido como la actividad procesal que tiene por finalidad realizar las diligencias judiciales con la prontitud debida, dejando de lado cualquier posibilidad que implique demora en el desarrollo y continuidad del proceso, debiendo entender que la tardía atención a una petición formulada al juez, que involucre un derecho fundamental, afecta no solo el debido proceso, sino también la seguridad jurídica, más aún, tratándose del derecho a la libertad que se encuentra restringido por una medida cautelar, como es la detención preventiva. Sobre el particular, la jurisprudencia desarrollada por la SC 0224/2004-R, en el Fundamento Jurídico III.1, sostuvo que:

…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud" (las negrillas nos pertenecen).

Jurisprudencia reiterada en numerosos fallos constitucionales como las SSCC 1213/2006-R de 1 de diciembre y 0900/2010-R de 10 de agosto. Por consiguiente, debe entenderse que si bien la privación de libertad fue dispuesta por orden judicial, esta determinación no es indefinida, tiene límites en el tiempo y sobre la base del cumplimiento de requisitos que están expresamente previstos en la ley, de manera que cuando un procesado solicita la cesación de su detención preventiva, habiendo cumplido tales condiciones y el juez o tribunal no responde dentro de plazo a la pretensión efectuada, la privación se convierte en una detención indebida, razonamiento expresado en la SC 0862/2005-R. Razonamiento jurídico extraído de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril.

III.4. La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad

Respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad, la jurisprudencia contenida en la SC 691/01-R de 9 de julio de 2001definió la legitimación pasiva, señalando que ésta debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción. Posteriormente, a la luz de la Constitución Política del Estado vigente, a través de la SC 0010/2010-R de 6 de abril se estableció que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o contra un particular, entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 10 de agosto. Luego, en la SCP 0018/2012 de 16 de marzo se reforzó el razonamiento antes señalado y se precisó que para la procedencia de la acción de libertad, es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebido o ilegal; en concreto, se dijo que es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción. Con relación a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano Judicial, la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre, ratificada posteriormente por las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 0345/2012 de 22 de junio; y, por la SCP 2171/2012 de 8 de noviembre, entre otras, estableció que éstas o éstos servidores públicos no tienen facultades jurisdiccionales y sus funciones se limitan a cumplir las órdenes o instrucciones de las autoridades judiciales; por lo que, carecen de legitimación pasiva en acciones de libertad, salvo que incurrieran en excesos que impliquen contradicción o alteración de las determinaciones de autoridades jurisdiccionales, o sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, conforme lo determina la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abrilen el Fundamento Jurídico III.2, que establece:

Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o 11 El FJ III.2, dice: “Con relación a la legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial, la jurisprudencia constitucional, contenida en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, sostuvo que: `Con relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 16.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción entre tanto que los secretarios , actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial´. Posteriormente, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, estableció la excepción a la regla anterior, declarando lo siguiente: `El personal subalterno puede ser demandado en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales; sin embargo si la autoridad judicial conocedora del acto vulneratorio de derechos y garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno´; ahora bien, este Tribunal considera que el entendimiento asumido en ambas Sentencias Constitucionales citadas, no guarda coherencia con el razonamiento plenamente fundamentado contenido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que conforme a la explicación realizada, la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida, puesto que, si el incumplimiento de los deberes y funciones del personal de apoyo, no es reconducido por el juez, corresponderá establecer responsabilidad en relación a ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos actos u omisiones merezcan reproche en la vía constitucional. En base a los fundamentos supra expuestos, el entendimiento generado en el presente acápite implica cambio de línea jurisprudencial en relación a los razonamientos asumidos en las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 1279/2011-R de 26 de septiembre, en las que se estableció que los servidores de apoyo judicial no tiene legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de defensa”.

inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado… (las negrillas son añadidas). La sistematización jurisprudencial que antecede fue desarrollada en la SCP 0336/2018-S2 de 18 de julio, entre otras.

III.5. Análisis del caso concreto

El accionante considera vulnerados sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la justicia pronta y oportuna, señalando que dentro del proceso penal seguido en su contra, se programó una audiencia de cesación a la detención preventiva para el 2 de febrero de 2023, en el Juzgado habilitado por vacación judicial; sin embargo, la audiencia no se realizó, ya que la Oficial de Diligencias no notificó a las partes y la Secretaria del despacho, no emitió el oficio de traslado del detenido. Por ello, la Jueza de control jurisdiccional reprogramó la audiencia para el 7 de febrero de 2023, pero dicha audiencia tampoco se celebró. En ese entendido de la revisión de los antecedentes y conforme los datos consignados en las conclusiones del presente fallo constitucional, se advierte que dentro del proceso penal seguido contra Rolando Mejía Herrera por la presunta comisión del delito de violación en grado de complicidad, el 30 de agosto de 2022, el Juez de Instrucción Penal Segundo de Montero, le impuso la detención preventiva por ciento cincuenta días fijando audiencia para el 2 de febrero de 2023, mientras transcurría el proceso fue solicitando audiencias de consideración de cesación de la detención preventiva tanto el Juzgado de origen como ante la Jueza de Instrucción Penal Primero de Warnes que asumió conocimiento de la causa debido a la suplencia legal por vacación judicial conforme a la circular TDJ-SCZ-SP 40/2022 emanada por el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. (Conclusiones II.1, II.2).

Esta última, fijó audiencia para el 2 de febrero de 2023, a horas. 15:00, fecha que coincidente con el cumplimiento de los ciento cincuenta días que estaba dispuesta su privación de libertad; empero, esa audiencia se suspendió porque la Oficial de Diligencias ahora codemandada, no notificó con la fijación de la audiencia a las partes procesales y la Secretaria también codemandada no emitido el oficio para el traslado del accionante, suspendiéndose la audiencia para el 7 de febrero de 2023; sin embargo, esa audiencia tampoco se celebró. (Conclusiones II.3 y II.4). En este contexto procesal, se identifican tres actos lesivos ejecutados, uno en relación a la programación de audiencia, otro relativo a la suspensión de la audiencia de 2 de febrero de 2023, por la falta de notificación a las partes, como la falta de remisión del oficio que ordenaba su traslado y la tercera vinculada que, hasta la formulación de esta acción, no se celebró audiencia alguna, estando privado de libertad, más allá de lo que estaba dispuesto por el Auto Interlocutorio de 30 de agosto de 2022. Cabe señalar que en este caso se analizará cada acto lesivo con relación al proceder de cada una de las demandadas, considerando que la presente acción tutelar está dirigida contra tres servidores públicos y se analizará la misma de forma separada a efectos de determinar su responsabilidad. a) Con relación a la Jueza de Instrucción Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz Conforme los datos consignados en el presente fallo constitucional, se advierte que el accionante solicitó cesación de la detención preventiva el 11 de enero de 2023 (Conclusión II.3), memorial que no tuvo pronunciamiento por parte de la Jueza demandada, incumpliendo lo establecido en el art. 239 del CPP, que señala: “Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas”; por lo que con este accionar, la Jueza demandada, incumplió lo establecido en el adjetivo penal, contraviniendo de igual forma, lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, referente al plazo de señalamiento y celebración de la audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva, puesto que no programó dicha audiencia dentro del plazo de cuarenta y ocho horas establecido para este efecto y fijó señalamiento, después de más de siete días de haberse solicitado la cesación de la detención preventiva por el accionante. Posteriormente, ante la reiteración de 27 de similar mes y año (Conclusión II.4); la Jueza demandada, fijó audiencia para el 2 de febrero de 2023, acto procesal que fue suspendido, porque el personal subalterno no realizó las notificaciones a todos los sujetos procesales, estando presentes en audiencia el imputado junto a sus abogados; por lo que, esta autoridad reprogramó la audiencia para el 7 de febrero de 2023, evidenciándose que la Jueza demandada al no instalar la audiencia programada para la citada fecha, inobservó lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, el cual señala que una solicitud de cesación de la detención preventiva, debe tramitarse con la mayor celeridad posible y dentro del plazo establecido, precisándose que la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida para atender una petición de tal naturaleza y no en la decisión jurídica y fundamentada de rechazo o aceptación de tal solicitud, ello en concordancia con lo establecido en la jurisprudencia inserta en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, referente a la aplicación del principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre medidas cautelares, debiendo la autoridad demandada tomar en cuenta tales aspectos a efecto de realizar las diligencias judiciales con la mayor celeridad posible, correspondiendo conceder la tutela con relación a este acto lesivo. Sin embargo, la audiencia de 7 de febrero de 2023, tampoco pudo desarrollarse debido al presunto escándalo producido por allegados al impetrante de tutela con petardos y pancartas, que ingresaron a la casa judicial de Warnes, siendo imposible celebrar esa audiencia; aspecto que fue denunciado ante el Fiscal Departamental (Conclusión II.8). En ese contexto, cabe señalar que, con relación al segundo acto lesivo, esta autoridad, se encontraba con Declaratoria en Comisión desde el 30 de enero de 2023, misma que se extendía hasta el 3 de febrero de ese mismo año, (Conclusión II.9); por lo cual, no tuvo oportunidad de revisar si el expediente estaba la corriente o no para la audiencia programada para el 2 de febrero de 2023, siendo además esa una atribución de los Secretarios de despacho; en ese marco, con relación a este acto lesivo, no se advierte que esta autoridad haya vulnerado derecho alguno debiendo denegarse la tutela con relación a este acto lesivo. Respecto al tercer acto lesivo vinculado a que hasta la formulación de esta acción, no se celebró audiencia alguna, estando el accionante privado de libertad, más allá de lo que estaba dispuesto por el Auto Interlocutorio de 30 de agosto de 2022; cabe señalar que, si bien se tiene como cierto lo señalado por la Jueza demandada en sentido que el 7 de febrero de 2023, no se celebró la audiencia, porque un grupo de personas ingresó a la Casa Judicial de Warnes, realizando disturbios con petardos y pancartas, impidiéndoles ingresar a la Sala de audiencia, no es menos cierto, que después del disturbio pudo programar fecha y hora de audiencia, de forma inmediata, pues si bien, es comprensible que no se pudo celebrar audiencia en la citada fecha, debido a los disturbios causados por la gente que apoyaba al ahora accionante, tampoco reprogramó este actuado para otra fecha, advirtiéndose que incurrió en la inaplicación de lo dispuesto en el art. 113.II del CPP, que establece “…Excepcionalmente ante la imposibilidad de llevar a cabo la audiencia por causa de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados o ante la necesidad del abogado estatal o de oficio de preparar la defensa, la Juez, el Juez o el tribunal señalará audiencia dentro del plazo de cuarenta y ocho horas…”; más aún cuando después tuvo oportunidad incluso de redactar una denuncia ante la Fiscalía, por lo cual bien pudo emitir una providencia de oficio programando audiencia dentro de las veinticuatro horas, conociendo que la solicitud viene ya desde el mes de enero y estaba reprogramando la audiencia desde el 2 de febrero de 2023; sin embargo, no actuó de esa forma, más al contrario, dejo transcurrir los días porque incluso hasta la celebración de la audiencia de esta acción tutelar de 9 de febrero de 2023 no se había fijado audiencia para resolver la situación jurídica del accionante, incumpliendo lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 y III.3 de este fallo constitucional, relativo a la celeridad con la que deben fijarse las audiencia en los tramites de cesación de la detención preventiva, cuyo razonamiento también resulta aplicable al caso concreto, en el entendido que la demora en la efectivización de audiencia de consideración de la cesación a la detención preventiva, vulnera el derecho a la libertad personal, conforme ha ocurrido en el presente caso, en el que se evidencia que la Jueza de control jurisdiccional ahora demandada, vulneró el principio de celeridad vinculado al derecho a la libertad del accionante, al no haber fijado audiencia inmediatamente después del abrupta suspensión, corresponde conceder la tutela con relación a este acto lesivo. Si bien, es cierto que existe una denuncia de extravió del expediente esta autoridad pudo conminar a las partes procesales, el Ministerio Público e incluso al Juzgado de origen que fue quien dispuso la detención preventiva del accionante, a efecto de que remita el Auto Interlocutorio de imposición de detención preventiva, esto debido a que existía un privado de libertad solicitando su cesación a la detención preventiva debido a que ya cumplió con el tiempo de detención que fue determinado en un primer momento, empero, no obro de esa forma, por lo que corresponde conceder la tutela solicitada respecto a Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz. b) En cuanto a la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz

Respecto al Secretaria codemandada, contra quien también se dirigió la presente acción tutelar; cabe recordar que de acuerdo a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional, los funcionarios de apoyo judicial cuentan con legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares, cuando la vulneración del derecho tutelado a través de acciones de defensa, emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a dicho personal, por el incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, en tales casos dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva, independientemente de la responsabilidad de supervisión de la autoridad jurisdiccional. En el caso de análisis, con relación al primer acto lesivo relativo a la dilación indebida en la programación de audiencia, conforme se señaló precedentemente, los funcionarios de apoyo jurisdiccional en relación a este punto no tienen la potestad de programar audiencia, por lo que la funcionaria codemandada no vulneró el derecho del solicitante de tutela en relación a este punto. Por otro lado, con relación al segundo acto lesivo relativo a la suspensión de la audiencia de 2 de febrero de 2023 por la falta de notificación a las partes y la falta de remisión del oficio que ordenaba el traslado del detenido; de la lectura de los informes emitidos por esta misma autoridad y la Jueza del mismo despacho, se evidencia que la Secretaria de Juzgado -ahora codemandada- incumplió sus obligaciones; por cuanto, no consideró que es su obligación conforme establece el art. 94 núm. 12 de la LOJ, supervisar y controlar las labores de las y los servidores de apoyo judicial, en este caso de la Oficial de Diligencias y revisar que los expedientes se encuentren al corriente para la fijación de las audiencias en cuyo caso debió revisar que las partes estén debidamente notificadas para la audiencia de 2 de febrero de 2023, que el expediente este al corriente con las notificaciones diligenciadas por la Oficial de Diligencias y emitida el oficio de remisión del detenido del Centro de Readaptación Productiva Montero-Okinawa al Juzgado para estar presente en su audiencia, empero al no obrar de esa forma, se hace sujeto pasivo de esta acción de libertad por incumplir sus obligaciones previstas en la Ley, contribuyendo a la lesión de derechos alegados por el impetrante de tutela, correspondiéndole parte de la responsabilidad en el presente caso, debiendo conceder la tutela también con relación a esta servidora pública. Con relación al tercer acto lesivo, vinculado a que hasta la formulación de esta acción, no se celebró audiencia de cesación de la detención preventiva; al respecto, cabe señalar que conforme al art. 56 del CPP es atribución de esta autoridad el controlar el cumplimento de los plazos procesales y advertir a la Jueza el cumplimiento de los mismos, y en este caso en concreto debe considerarse que el accionante ya tenía una audiencia programada para el 2 de febrero de 2023, porque precisamente su detención preventiva de ciento cincuenta días cumplía esa fecha; en tal sentido, la Secretaria debió advertir a la Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes de este hecho y cumplir con sus obligaciones; empero, no cursa en antecedentes ningún informe a esta autoridad sobre este hecho, por lo que, se evidencia que se vulnero los derechos del accionante; por lo que corresponde conceder la tutela solicitada con relación a esta servidora pública.

c) Respecto a la Oficial de Diligencia del Juzgado de Instrucción

Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz

Finalmente, con relación a esta servidora pública al igual que con la Secretaria codemandada, contra quien también se dirigió la presente acción tutelar; conforme a la jurisprudencia anotada en el Fundamento Jurídico III.4 de esta Sentencia Constitucional, los funcionarios de apoyo judicial cuentan con legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares cuando la vulneración del derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a dicho personal, en ese marco conforme señala el art. 105 en su numeral 1 de la LOJ, es obligación de ésta “Citar, notificar y emplazar a las partes y terceros, con las resoluciones que expidan los tribunales o juzgados, así como sentar las correspondientes diligencias…”; aspecto que no cumplió para la audiencia fijada para el 2 de febrero de 2023, por lo cual, corresponde conceder la tutela impetrada contra la prenombrada funcionaria. Ahora bien, en relación al segundo y tercer acto lesivo, denunciado por el solicitante de tutela, conforme se señaló precedentemente, los funcionarios de apoyo jurisdiccional en relación a estos puntos, no tienen la potestad de suspender ni programar audiencia, por lo que la funcionaria codemandada no vulneró el derecho del solicitante de tutela en relación a estos puntos.

III.6. Otras consideraciones

De los antecedentes de la presente acción, se evidencia que el expediente del caso seguido por el Ministerio Público contra Rolando Mejía Herrera por la resunta comisión del delito de violación en grado de complicidad no se encontraba en el Despacho, y que, pese a haberlo buscado, no pudo localizarlo, y aparentemente habría sido sustraído, cabe recordar a la autoridad jurisdiccional codemandada, las funciones que tiene el Juez Instructor Penal, que en el art. 74.1 de la LOJ, así como el art. 54.1 del CPP, determinan que tiene la competencia para “El control de la investigación, conforme a las facultades y deberes previstos en la ley”, debiendo conducir sus acciones bajo los principios, entre otros, de seguridad jurídica, que garantiza la certidumbre y previsibilidad de que todos los actos que efectúa en relación a las partes de un proceso se circunscriban al respeto de sus derechos y la Ley; los principios de publicidad y celeridad, que garantizan a las partes la convicción que en cualquier momento puedan acceder a la información, así como que los actos procesales se efectúen en los plazos previstos por la norma (art. 3. 4, 5 y 7 de la LOJ). En tal sentido, ante la posible pérdida o sustracción de documentación de un proceso, corresponde remitirse al art. 127 del CPP, el cual señala: “El juez o tribunal conservará copia auténtica de las sentencias, autos interlocutorios y de otras actuaciones que consideren pertinentes. Cuando el original sea sustraído, perdido o destruido, la copia auténtica adquirirá este carácter. Cuando no exista copia auténtica de los documentos, el juez o tribunal dispondrá la reposición mediante resolución expresa” (las negrillas son nuestras); De lo glosado, se concluye que, en el caso excepcional de la pérdida del expediente, cuaderno de investigación o cualquier documentación que impida la prosecución de un proceso penal, es el Juez de la causa quien, sin demora debe cumplir con la normativa señalada. En el presente caso, la autoridad jurisdiccional, en su informe al margen de reconocer que no se pudo encontrar el expediente original indico que ya se ordenó la reposición del mismo tanto a las partes procesales como a la Secretaria de su Despacho, para remitirlo a su juzgado de origen en el entendió que ya había culminado la vacación judicial; empero, no puede dejarse al impetrante de tutela sin control jurisdiccional pues ello implicaría un estado absoluto de indefensión, más aún cuando existe una solicitud de cesación de la detención preventiva realizada por el privado de libertad en procura de resolver la situación jurídica. En consecuencia, corresponde a este Tribunal Constitucional Plurinacional, en mérito de lo señalado, mantener subsistente la determinación de la Jueza de garantías respecto a que la Jueza de Instrucción Penal Primero de Warnes quien debe quedarse con el control jurisdiccional del caso hasta la reposición de obrados y la definición de la situación jurídica del impetrante de tutela. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela con relación a la falta de pronunciamiento sobre la solicitud de 11 de enero de 2023 atribuible a la Jueza de Instrucción Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz y sobre la dilación indebida en las notificaciones y el extravío del expediente atribuibles a la Secretaria y Oficial de Diligencias del referido juzgado; y, denegar la misma respecto al actuar de la autoridad jurisdiccional sobre los actos sucedidos durante su declaratoria en comisión, actuó de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 02/2023 de 9 de febrero, cursante de fs. 209 a 213, pronunciada por la Jueza de la Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, respecto a:

a) Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza; Rebeca Cáceres Padilla, Secretaria;

en relación a la vulneración al derecho al debido proceso en su elemento de celeridad vinculado al derecho a la libertad; respecto a la demora en: la providenciarían de la solicitud de cesación de detención preventiva de 11 de enero de 2023; la reprogramación de la referida audiencia ante sus suspensión; y, la falta de diligenciamiento célere tendiente a reponer las piezas procesales, ante la denuncia de extravío del expediente. b) Rebeca Cáceres Padilla, Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz; en relación a la omisión en el cumplimiento de sus deberes relacionados a la falta coadyuvar en el control de plazos procesales, remisión de oficio para el traslado del accionante privado de libertad y supervisión del personal en cuanto a las notificaciones a los sujetos procesales. c) Marleny Pérez López, Oficial de Diligencias del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz; en cuanto al incumplimiento de sus deberes inherentes a la notificación de todos las partes del proceso. 2° DENEGAR la tutela solicitada, con relación a:

1) Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz, respecto a la falta de control de notificaciones para la audiencia de cesación de detención preventiva programada para el 2 de febrero de 2023, por haber estado declarada en comisión y ser ésta una atribución de los secretarios de juzgado. 2) Rebeca Cáceres Padilla y Marleny Pérez López, Secretaria y Oficial del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz, respectivamente; en cuanto a la lesión del derecho a la libertad vinculado a la dilación en la atención de la solicitud de audiencia de cesación de detención preventiva, considerando que dichas servidoras judiciales, no tienen competencia para programar dicho acto procesal, ni controlar la gestión de las causas 3º Llamar severamente la atención, a Rebeca Cáceres Padilla, Secretaria; y, Marleny Pérez López, Oficial de Diligencias, ambas del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz, por no cumplir con su obligaciones con la debida diligencia, en el marco de lo observado en el presente fallo constitucional, con la advertencia de volver a incurrir en la omisión de sus funciones, se remitirá antecedentes al Consejo de la Magistratura. 4º Exhortar a Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz, a tramitar con la mayor diligencia posible a las solicitudes vinculadas a la libertad de los procesados, bajo advertencia de remitir antecedentes ante el Consejo de la Magistratura.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo, una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”.

(art. 73 y ss de la CPE), bajo el argumento de existencia de `sobrecarga procesal´ para justificar una negligencia e incumplimiento de un deber de servicio a la sociedad”.

5 El FJ III.3, expresa: “…ante la inexistencia de un plazo específico determinado por ley para que el juez señale día y hora de audiencia para considerar la cesación de la detención preventiva, es necesario establecer que el memorial de solicitud, debe ser providenciado indefectiblemente dentro de las veinticuatro horas de su presentación, conforme dispone el art. 132 inc. 1) del CPP, al tratarse de una providencia de mero trámite. En este entendido, habrá lesión del derecho a la libertad cuando existe demora o dilación indebida al no emitirse el decreto pertinente de señalamiento de este actuado procesal dentro del referido plazo, bajo sanción disciplinaria a imponerse al juzgador en caso de incumplimiento”.

6 El FJ III.2, refiere que: “…el tratamiento que debe darse a las solicitudes en la que se encuentre de por medio el derecho a la libertad, entre ellas, la cesación de la detención preventiva, debe tener un trámite acelerado y oportuno, pues de no hacerlo podría provocarse una restricción indebida de este derecho, cuando, por un lado, exista una demora o dilación indebida en su tramitación y consideración, o en su caso, cuando existan acciones dilatorias que entorpezcan o impidan que el beneficio concedido pueda efectivizarse de inmediato, dando lugar a que la restricción de la libertad se prolongue o mantenga más de lo debido”.

7 El Cuarto Considerando, refiere: “…Por consiguiente, la demandada carece de legitimación pasiva, calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción…”.

8 El FJ III.5, menciona: “En el caso que se analiza, se tienen dos normas referidas al ámbito de protección de la acción de libertad -antes recurso de hábeas corpus: La Constitución abrogada y la interpretación constitucional, que establecía que el recurso no procedía respecto a particulares, y la Constitución vigente que amplía la protección respecto con relación a particulares. Ahora bien, indudablemente que la norma que es más favorable al sistema de derechos fundamentales, es la contenida en la Constitución vigente, pues así se reconoce la eficacia horizontal de los derechos fundamentales…”.

9 El FJ III.2, establece: “…los alcances y la naturaleza de la legitimación pasiva, que se encuentra en la autoridad o persona particular que incurrió en el acto ilegal o la omisión indebida y de cuya acción u omisión se advierta la vulneración del derecho a la vida, a la libertad física y de locomoción.

10 El FJ III.2, indica: “…son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial”.

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0801_2025-S3.pdf · páginas 1 a 24.

Huella digital del PDF (SHA-256): 47eb2e201a9f20e5d61e215c00f31429af73fcbc9d13abf2e3d9ea2eef66b0e0

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →