Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 31 de julio de 2023
Concede en parte la tutela
El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la libertad, a la vida, a la integridad psicológica y a la salud; puesto que, las autoridades accionadas, al emitir su Auto Interlocutorio de 9 de junio de 2021 y el Auto de Vista 208/2021 respectivamente, de forma ilegal e indebida, se dispuso y ratificó su detención preventiva sin considerar que padece de esquizofrenia paranoide; es decir, una enfemedad psíquica, poniendo en riesgo su vida y la seguridad de los demás internos del Centro Penitenciario El Abra del departamento de Cochabamba, exigiendo el cumplimiento de las formalidades previstas sobre la concurrencia de los riesgos procesales de fuga y obstaculización que le impusieron, en lugar de disponer su internación en un instituto psiquiátrico, desconociendo de esa forma lo previsto por el art. 86 del CPP. En consecuencia, corresponde determinar en revisión si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.2 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 5/2021 de 16 de julio, cursante de fs. 61 a 64 vta., pronunciada por la Jueza de Ejecución Penal Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, con relación a los derechos alegados como lesionados, dejando sin efecto el Auto de Vista 208/2021 de 13 de julio, disponiendo que el Vocal accionado, emita un nuevo auto de vista conforme a los fundamentos expuestos en este fallo constitucional, tomando en cuenta la condición de discapacidad mental del impetrante de tutela y la necesidad de su internación en un instituto psiquiátrico. 2° DENEGAR la tutela impetrada, con relación a la Jueza coaccionada, de acuerdo a lo expuesto en esta Sentencia Constitucional Plurinacional. 3° Exhortar a las autoridades del Órgano Judicial, para que prevean políticas que les permita coordinar temas administrativos con centros psiquiátricos del país, de modo que se dé estricto cumplimiento al art. 86 del Código de Procedimiento Penal, tomando en cuenta los fundamentos expuestos en la parte final de este fallo constitucional. 4° Por Secretaría General de este Tribunal, notifíquese esta Sentencia Constitucional Plurinacional, al Tribunal Supremo de Justicia y al Consejo de la Magistratura para su conocimiento y cumplimiento.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0801/2023-S3 Sucre, 31 de julio de 2023 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 41766-2021-84-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 5/2021 de 16 de julio, cursante de fs. 61 a 64 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ronaldo Guevara Ponce en representación sin mandato de Arnaldo Guevara Ponce contra Pablo Antezana Vargas, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, Zullma Raiza García Basualdo, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Arani del mismo departamento.
Por memorial presentado el 15 de julio de 2021, cursante de fs. 30 a 33 vta., el accionante a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:
Desde hace aproximadamente once años, por circunstancias desconocidas su hermano Arnaldo Guevara Ponce -hoy impetrante de tutela-, es una persona enajenada mental, que anteriormente se encontraba internado en el Instituto Psiquiátrico San Juan de Dios de Colcapirhua del departamento de Cochabamba, donde los especialistas advirtieron que su cuadro clínico mental se caracteriza por presentar desconfianza, ideas delirantes de daño y perjuicio, suspicacia, irritabilidad, ansiedad y “…no tiene juicio de enfermedad mental…” (sic), concluyendo que su diagnóstico responde al transtorno de ideas delirantes, situación que lamentablemente no se pudo sobrellevar y generó consecuencias irreparables para todo su entorno familiar, encontrándose sometidos a la desgracia, al punto que su hermano mayor Omar Guevara Ponce se encuentra detenido por el hecho de evitar uno de los transtornos mentales de Arnaldo Guevara Ponce. Se tramitó un proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de “Gabina Gonzáles”, por la presunta comisión de los delitos de amenazas y lesiones, ante el Juzgado Público Mixto, Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Arani del departamento de Cochabamba, en el cual se emitió el Auto Interlocutorio de 29 de julio de 2015, disponiendose su internación inmediata en el Instituto Psiquiátrico San Juan de Dios de Colcapirhua del citado departamento; empero, esa disposición no pudo cumplirse por la falta de recursos económicos. En ese proceso, el Servicio Departamental de Salud (SEDES) le otorgó un certificado de discapacidad y Gonzalo Castellón Guevara, médico psiquiatra, extendió el informe de 17 de junio de 2015 y otro de 10 de marzo de 2016, a través de los cuales se diagnosticó que el paciente Arnaldo Guevara Ponce, presenta un transtorno de ideas delirantes y transtorno mental orgánico esquizofreniforme alucinatorio delirante anormal vs. esquizofrenia paranoide. Esos informes fueron refrendados por Faviola García Salvatierra, psicóloga de Régimen Penitenciario, quien concluyó que percibe un cuadro psicótico con ideas paranóicas, alucinaciones auditivas y visuales, debido a que su cuadro clínico no tiene un adecuado nivel de realidad lo que imposibilita que pueda relacionarse adecuadamente con su medio, además que muestra ideas suicidas, al efecto se recomendó una consulta urgente con su psiquiatra. Del Informe médico de 17 de junio de 2015, se evidenció que su hermano Arnaldo Guevara Ponce, anteriormente ya se encontraba en ese centro psiquiátrico en virtud a un trastorno de ideas delirantes. Bajo esas circunstancias, se advierte que Arnaldo Guevara Ponce presenta un cuadro clínico de desestabilización y no tiene uso del sentido común, situación que dio lugar a que en su pueblo sean mal vistos, insultados y tildados de locos, al punto de sufrir agresiones materiales al interior de su domicilio, insultos por parte de personas desconocidas y conflictos con los vecinos. El 4 de junio de 2021, a horas 1:00 aproximadamente, su hermano se encontraba en el interior del domicilio de su madre, y por causas que aún se encuentran en proceso de investigación respecto a una riña que se suscitó en la acera de su inmueble, donde se presume que ese problema se originó en virtud a que Cristian Chura Balderrama y Jhosmar Hinojosa Corrales al retornar a sus domicilios en estado de ebriedad, patearon la puerta de ingreso del inmueble de Arnaldo Guevara Ponce, por ello salió y le agredió al penúltimo nombrado, a quien le ocasionó lesiones y ante el bullicio, su hermano mayor Omar Guevara Ponce salió con la finalidad de apaciguar la situación y logrando calmar a su hermano. Ante esa situación solicitó la intervención de la Policía Boliviana y en medio de la confusión se le atribuyó la comisión del hecho a su hermano Omar Guevara Ponce, quien fue aprehendido a horas 10:00 aproximadamente en su domicilio, y Arnaldo Guevara Ponce desapareció y posteriormente se lo aprehendió.
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Serafin Balderrama Cruz, contra Arnaldo Guevara Ponce, por la presunta comisión del delito de lesiones graves y gravísismas, en audiencia de medida cautelar, Zullma Raiza García Basualdo, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Arani del departamento de Cochabamba -hoy coaccionada-, emitio el Auto Interlocutorio de 9 de junio de 2021, por el cual se dispuso la ilegal e indebida detención preventiva de Arnaldo Guevara Ponce en el Centro Penitenciario El Abra del citado departamento, al advertir la concurrencia de los riesgos procesales previstos por los arts. 233.1 y 2; 234.1, 4 y 6; y, 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), sin considerar su grado de discapacidad y enajenación mental, conforme a lo dispuesto por el art. 86 del citado Código, frente a ello, formuló recurso de apelación incidental que fue resuelto por Pablo Antezana Vargas, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -ahora accionado-, a través del Auto de Vista 208/2021 de 13 de julio, sin valorar correctamente la prueba documental que fue oportunamente acompañada, entre ellas, las valoraciones clínicas, el historial médico, informes, recomendaciones, certificados de discapacidad y otros que dan cuenta del delicado estado de salud de Arnaldo Guevara Ponce, limitándose a “examinar” que se desvirtúe la concurrencia de los riesgos procesales de fuga y obstaculización que fundaron la detención preventiva de su hermano, cuando en los hechos, la fundamentación de su defensa se centró únicamente en la ilegal e indebida detención preventiva que dispuso la autoridad jurisdiccional, por el delicado estado de salud de su hermano y que por mandato de los arts. 86 y 250 del adjetivo penal no solicitaron impunidad, sino la modificación de la drástica medida cautelar y que se disponga su traslado e internación al Instituto Psiquiátrico Gregorio Pacheco de la ciudad de Sucre, pues su razonamiento resulta contrario a los derechos humanos y a la dignidad de su hermano que se encuentra en un delicado estado de salud mental. Tomando en cuenta el cuadro clínico de Arnaldo Guevara Ponce más las pruebas adjuntas en el proceso, se advierte que padece de una enfermedad psíquica y lo más recomendable para proteger la vida del mencionado, es que se lo traslade e interne en un hospital psiquiátrico, incluso por la seguridad de los demás internos del Centro Penitenciario El Abra del departamento de Cochabamba; por lo que, mediante disposiciones administrativas del mencionado Centro Penitenciario y Régimen Penitenciario, precautelando la vida y salud de su hermano fue trasladado e internado de emergencia en el Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios, el 25 de junio de 2021.
El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la libertad, a la vida, a la integridad psicológica y a la salud; citando al efecto los arts. 15, 18, 35, 115 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); XXV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; y, 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga la modificación de la medida cautelar de detención preventiva y que sea trasladado e internado de manera inmediata al Instituto Psiquiátrico Gregorio Pacheco de la ciudad de Sucre.
Celebrada la audiencia pública virtual el 16 de julio de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 58 a 60 vta., en presencia de la parte peticionante de tutela y la Jueza coccionada y ausente el Vocal accionado se produjeron los siguientes actuados:
La parte accionante a través de su abogado ratificó el contenido íntegro del memorial de la acción de libertad, y ampliando en audiencia, manifestó que: a) Las autoridades accionadas no dieron curso a su petición de traslado del impetrante de tutela al Instituto Psiquiátrico Gregorio Pacheco de la ciudad de Sucre. Se necesitan recursos para cubrir su tratamiento y es un peligro para su salud que no se encuentre medicado, pues su enfermadad no tiene cura y requiere de un tratamiento constante, de lo contrario corre peligro también su vida y la de las personas que lo rodean; y, b) Se encuentra indebidamente privado de libertad porque se desconoció lo establecido en el art. 86 del CPP, refiriendo sobre la enajenación mental que: ‘“…si durante el proceso se advierte que el imputado padece de alguna enfermedad mental que le impida comprender los actos del proceso el Juez o el Tribunal podrá de oficio o a petición de parte, que no lo han hecho ninguno de los dos y dice además comprobado el extremo de esta enfermedad mental ordenara por resolución la suspensión del proceso hasta que desaparezca su incapacidad…’” (sic), y no se consideró su enfermedad mental, por ello se pidió la modificación de la medida cautelar de detención preventiva, requiriendo su internación en dicha Clínica. En uso de su derecho a réplica, señaló que la Jueza de la causa podía admitir su error; sin embargo, pretende que se declare primero un interdicto para hacerle ver o para que pierda sus derechos de acuerdo a la “Ley 603”. En virtud a los informes presentados e incluso del médico psiquiatra, el imputado sufre de una enfermedad hereditaria que no tiene cura y el hacerlo declarar interdicto no cambiará el proceso; por lo quem el Presidente de la “Corte Superior” respaldó su posición de no asumir el pro homine, con jurisprudencia constitucional que no respalda su Auto de Vista y lo que se consigue es agravar la situación de cada persona y con esta acción de defensa solo pretende resguardar la vida de su representado, ya que si se pretende devolverlo al Centro Penitenciario, los ataques no solo serán de él, sino también será agredido por los privados de libertad, situación que pone en peligro su vida, sobre todo por no considerarse que está enfermo y que necesita un tratamiento, que en una fase lo vuelve más violento. No se pidió el sobreseimiento del proceso sino la suspensión del proceso mientras se encuentre en tratamiento, tampoco se solicitó la libertad irrestricta inmediata sino que preservando su vida y su integridad, se disponga -sin modificar nada-que sea remitido al Instituto Psiquiatrico Gregorio Pacheco de la ciudad de Sucre.
Pablo Antezana Vargas, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante informe escrito cursante de fs. 54 a 57, manifestó que: 1) El Tribunal Constitucional Plurinacional, en diversas resoluciones determinó los requisitos que debe tener toda acción de libertad, así como también los presupuestos para establecer la legalidad ordinaria y el ámbito de competencia de la jurisdicción constitucional. Al respecto, la SCP 0032/2015-S2 de 16 de enero refirió que existen requisitos que se deben cumplir para el control de constitucionalidad y que no es suficiente la mera relación de hechos o la sola enunciación de normas, ante lo cual no se puede activar el control constitucional; 2) La SCP 0255/2014 de 12 de febrero, reiterando lo expresado por el Tribunal Constitucional, refirió que la interpretación de las normas legales infra constitucionales, de manera general, es atribución exclusiva de los jueces y tribunales ordinarios. En ese sentido, a través de esta acción de defensa no es posible que esa labor sea conocida por la jurisdicción constitucional como una instancia casacional adicional o complementaria ante la que pueda solicitarse un nuevo análisis de la interpretación efectuada, salvo que la problemática concreta adquiera relevancia constitucional, cuando se advierta afectación a algún derecho fundamental o garantía constitucional y un evidente desconocimiento de los principios rectores en los que se fundamenta la jurisdicción ordinaria, entendimiento reiterado por la SCP 1876/2014 de 25 de septiembre; 3) Las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1737/2014 de 5 de septiembre y 0718/2015-S3 de 3 de julio, hicieron mención a que las acciones de defensa no se constituyen en un recurso ni una instancia de impugnación a lo resuelto por otras jurisdicciones; 4) Respecto al debido proceso, se debe considerar que es comprendido como el derecho a un proceso justo y equitativo, que contiene el conjunto de requisitos de obligatoria observancia en instancias procesales y que se haya constituído por diferentes elementos, entre ellos, el deber de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales. Al respecto, la SCP 1913/2012 de 12 de octubre, estableció que el debido proceso es una institución de Derecho Procesal Constitucional que abarca los presupuestos procesales mínimos o a los que debe regirse todo proceso judicial administrativo o corporativo observando todas las formas propias del mismo, así como los presupuestos normativamente preestablecidos para hacer posible la materialización de justicia en igualdad de condiciones; asimismo, sobre la valoración de las pruebas en la jurisdicción constitucional, citó a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0711/2014 de 10 de abril y 0316/2019-S4 de 5 de junio; 5) Conforme a la jurisprudencia constitucional mencionada anteriormente, se tiene que un tribunal o juez de garantías está impedido de revisar o sustituir a la jurisdicción común; por cuanto, la interpretación de la legalidad ordinaria se realiza plenamente por jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales ordinarios, en razón a que la acción de libertad no se constituye en una instancia procesal más de revisión de resoluciones; es decir, no es una instancia casacional, excepto en algunos casos; 6) Del contenido de esta acción de libertad, se evidenció que la parte peticionante de tutela no expuso el nexo de causalidad entre los derechos denunciados y sus presuntas conductas vulneratorias; puesto que, si bien, denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la vida, a la integridad psicológica y a la salud; no explicó a partir de qué acciones o fundamentos de su autoridad se vulneró sus derechos, y con relación al debido proceso no precisó el elemento que considera lesionado. De igual forma, señaló que el Auto de Vista cuestionado lesiona los indicados derechos; sin embargo, no explicó de manera precisa y concreta cuál es el fundamento expresado de manera errónea; 7) En cuanto a la valoración de la prueba, la jurisdicción constitucional se encuentra impedida de pronunciarse, porque es una atribución exclusiva de las autoridades jurisdiccionales; 8) La acción de libertad no es una instancia procesal más de revisión de resoluciones, excepto cuando exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir, y cuando se haya omitido arbitrariamente valorar la prueba y su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales; para ello, el accionante al momento de formular su acción de defensa e impugnar la valoración de la prueba, debe fundamentar y demostrar que existió irracionalidad u omisión valorativa; 9) En el caso concreto, la parte impetrante de tutela no cumplió con la labor de fundamentación que exige la jurisprudencia constitucional, limitándose a señalar que el al emitir el Auto de Vista 208/2021 de 13 de julio, sólo se basó en la concurrencia de los peligros procesales de fuga y obstaculización que dieron lugar a la detención preventiva del peticionante de tutela, y que no valoró correctamente la prueba que adjuntó -valoraciones clínicas, historial médico, informes, recomendaciones, certificados de discapacidad y otros- que demuestran que tiene una enajenación mental y recomiendan su internación en un Instituto Psiquiátrico, pero no indicó porqué esa valoración no es correcta o irracional; es decir, la razón por la que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad, ya que el Tribunal de alzada no realizó la valoración de la prueba porque su competencia es de revisión, en sentido que su labor se limita a verificar si la autoridad de primera instancia cumplió o no las reglas previstas por el art. 173 del CPP; y, 10) En audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares, la parte accionante, como parte apelante no cumplió con la debida carga argumentativa contra la determinación apelada, extremo que se fundamentó en el Auto de Vista cuestionado, a pesar de ello revisó el Auto Interlocutorio de primera instancia e indicó que la Jueza a quo, consideró la prueba respecto al estado psíquico del impetrante de tutela concluyendo que no es suficiente para acreditar su estado, por esa razón, al no haberse vulnerado ningún derecho que se alega en esta acción tutelar, solicitó se deniegue la tutela impetrada, sea con costas.
Zullma Raiza García Basualdo, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Arani del departamento de Cochabamba, mediante informe escrito, cursante de fs. 52 a 53, y en audiencia, manifestó que: i) Mediante Auto Interlocutorio de 9 de junio de 2021, se dispuso la detención preventiva del imputado -hoy peticionante de tutela-, por el lapso de seis meses, en virtud a la existencia de suficientes elementos de convicción acreditados por el Ministerio Público que hacen a la posible participación del mencionado en la comisión del delito de lesiones graves y gravísimas; ii) Al desarrollarse la audiencia de medidas cautelares, el abogado de la defensa suscitó un incidente respecto a la discapacidad que tiene el imputado, la cual asciende al 68%, que aparentemente le impediría realizar una correcta defensa, vulnerándose con ello el debido proceso. Al efecto, se acompañó la documentación emitida el 2015, por el Instituto Psiquiátrico San Juan de Dios de la ciudad de Cochabamba, que responde a su internación en esa época y se indicó que el Fiscal de Materia, al no haber valorado de manera correcta la situación actual del imputado, no fundamentó correctamente la imputación formal y resolvió rechazar el incidente; toda vez que, el Ministerio Público en audiencia demostró con abundante documentación la posible participación del imputado en la comisión del delito; iii) La defensa del accionante no presentó documentación que haga entender que la discapacidad del imputado en alguna medida lo limitaría en actos de orden público, como se da en el caso en investigación, ni tampoco desde el 2015, respecto a la permanencia del imputado en el mencionado Instituto Psiquiátrico San Juan de Dios no se estableció que el nombrado cumplió a cabalidad con su tratamiento y si habría mejorado o empeorado, o en su caso, estuviera recibiendo un tratamiento médico para estabilizarse; por lo que, no existe ninguna información seria y actualizada sobre su discapacidad que hizo valer en ese momento; iv) Ante ese hecho grave la “comunidad” de Arani manifestó su molestia e intentó tomar la justicia en sus manos, debido a que no sería la primera vez que el impetrante de tutela se involucró en delitos que hacen a la integridad física de las personas, conforme explicó el Fiscal de Materia en audiencia; v) En la investigación existe una víctima plenamente identificada que es Cristian Chura Balderrama, a quien en su momento se le otorgó un certificado médico por el que se acreditó un impedimento legal de setenta días, desconociéndose hasta ese momento varios aspectos, como si la víctima ya fue dada de alta o si continúa hospitalizado, si a raíz de las lesiones quedó con alguna secuela y si posteriormente requería de alguna otra intervención quirúrgica, por cuanto la lesión que recibió fue en su rostro; vi) No todos los casos son similares; por lo que, dentro de la denuncia que realizó “Gabina González” que es una persona de la tercera edad, en su momento también fue víctima del carácter agresivo del peticionante de tutela, se dispuso, luego de haberse demostrado que efectivamente el mismo tenía algunos trastornos mentales, que sea tratado en el Instituto Psiquiátrico de San Juan de Dios, y en ese instante sus hermanos y el afectado se comprometieron a realizar un seguimiento al tratamiento y que evitaría involucrarse en actos delictivos. Finalmente, tanto Omar como Ronaldo, ambos de apellidos Guevara Ponce señalaron que se encargarían de cubrir todos los gastos de internación, por ello se dió curso a su petición pero al poco tiempo el imputado nuevamente se involucró en otro acto delictivo, específicamente con un chofer, a quien por no llevarlo en su movilidad directamente lo empezó a golpear frente a los demás pasajeros; vii) En el Auto Interlocutorio de 9 de junio de 2021, no se le negó la posibilidad de que el imputado sea remitido a un Centro Psiquiátrico, pues en la parte final, se salvó ese derecho, disponiéndose que previamente se proceda a la acreditación de documentos actualizados, así como informes emitidos por dependencias del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), conforme lo sostuvo el Ministerio Público, para resolverse posteriormente lo que corresponda, reiterando que la documentación que se maneja no certifica si el accionante estaría imposibilitado de cometer algún acto delictivo, por cuanto la discapacidad que se sostiene no es física; viii) Existiendo una denuncia sentada por Serafín Balderrama Cruz y una víctima identificada como Cristian Chura Balderrama, por un delito que se viene investigando respecto a la posible participación de dos imputados, Omar y Arnaldo, ambos de apellidos Guevara Ponce y la molestia de toda la “comunidad” de Arani respecto al comportamiento de su familia que no sería la primera vez que vienen agrediendo a cualquier persona, se dispuso que ambos permanezcan en el Centro Penitenciario El Abra del departamento de Cochabamba; por cuanto si se quedaban en el municipio inclusive los iban a quemar; por lo que, no existe detención ilegal, más aún si el referido Auto Interlocutorio fue apelado ante el superior en grado; y, ix) En audiencia de esta acción de libertad, resaltó que la parte impetrante de tutela presentó ante su autoridad el certificado médico del Instituto Psiquiátrico San Juan De Dios de 8 de septiembre de 2015, que fue extendido a raíz de un anterior proceso penal seguido contra el peticionante de tutela, que también tuvo conocimiento. En ese momento, se estableció que el mencionado tenía esos traumas psicológicos delirantes y otros aspectos que hacen su conducta, por ello, dispuso que el imputado sea trasladado al mencionado Instituto Psiquiátrico, pero desde ese momento hasta la interposición de esta acción tutelar, el hermano mayor del imputado, Ronaldo Guevara Ponce, no tramitó la declaración de interdicción del imputado a efectos de contar con la documentación objetiva que acredite que es una persona con discapacidad mental, conforme lo establecen los art. 58 y 59 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014-, para que exista una persona responsable de los actos que pueda asumir el mencionado. No se tiene conocimiento de la declaratoria de interdicción del prenombrado, pero es un peligro no solamente para la víctima, también se constituye en un riesgo para todo el municipio.
El “Dr. Velásquez”, médico tratante del accionante, intervino en la audiencia con fines informativos, manifestando que: a) El prenombrado se apersonó el 9 de diciembre de 2009, con antecedentes de una enfermedad que comenzó de forma insidiosa hace aproximadamente un año atrás, ese cuadro fue evolucionando progresivamente caracterizándose casi siempre por la presencia de ideas delirantes de daño, perjuicio y persecución; b) Se trató al mencionado en primera instancia y se le dio medicamentos apropiados para su enfermedad, a partir de ese memomento continuó apersonándose al hospital para su tratamiento, e incluso se internó en una oportunidad y se escapó; c) La última internación del paciente fue de 26 de junio de “este año”, en la cual presentó un cuadro con las mismas características e ideas delirantes de daño, perjuicio, alucinaciones auditivas y además presentó una conducta agresiva y violenta; por lo que, el paciente actualmente presenta un diagnóstico de esquizofrenia paranoide, que es una enfermedad crónica de naturaleza congénita y no tiene cura, pero se puede controlar con el tratamiento sostenido y con medicamentos y controles periódicos por consulta externa; y, d) El paciente se encuentra con síntomas pero con tratamiento con base a medicamentos antipsicóticos y antidepresivos, su pronóstico relacionado a su enfermedad es muy malo pero los pacientes con esa enfermedad pueden recibir tratamientos ambulatorios por tiempo indefinido y el tratamiento debe ser sostenido y con el apoyo familiar.
La Jueza de Ejecución Penal Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 5/2021 de 16 de julio, cursante de fs. 61 a 64 vta., denegó la tutela solicitada, recomendando que la parte impetrante de tutela active el trámite que en derecho corresponda formulando el incidente debido a la situación del estado mental, debiendo al efecto acreditar con prueba idónea y actualizada en caso de existir algún grado de inimputabilidad; en virtud a lo establecido por los arts. 86 del CPP; 125 de la CPE, 46 y 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo); todo ello con base en los siguientes fundamentos: 1) En el presente caso, se advierte que la acción de libertad emerge de un proceso penal que tiene una imputación formal y que se encuentra bajo control jurisdiccional del Juez de la causa; y en consecuencia, no está indebidamente perseguido ni privado de su libertad y no concurren los presupuestos establecidos por el art. 47 del CPCo, por lo que con dicha acción no puede pretenderse que se reconsidere la detención preventiva y se disponga que el imputado sea trasladado de manera inmediata al Instituto Psiquiátrico Gregorio Pacheco de la ciudad de Sucre; y, 2) Esa situación no se encuentra dentro la competencia de la acción de libertad porque para la modificación de la medida cautelar de detención preventiva, existe el mecanismo procesal correspondiente en la jurisdicción ordinaria, en consecuencia, no se puede ingresar a revalorizar la prueba que es una atribución exclusiva del juez ordinario.
Por decreto constitucional de 8 de agosto de 2022, se dispuso la suspensión de plazos a efecto de recabar documentación; habiéndose obtenido la misma, se reanuda el cómputo de dicho plazo a partir de la notificación del decreto constitucional de 19 de julio de 2023; por lo que, el presente fallo es pronunciado dentro del término legal. Asimismo no habiendo encontrado consenso en la Sala, de conformidad al art. 30.I.6 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), se procedió a convocar al Presidente de este Tribunal, a fin de dirimir con su voto el caso en análisis.
II.1. Mediante Auto Interlocutorio de 9 de junio de 2021, Zullma Raiza García Basualdo, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Arani del departamento de Cochabamba -ahora coacionada-, declaró improcedentes los incidentes de nulidad de aprehensión e imputación formal presentados por Arnaldo Guevara Ponce -hoy impetrante de tutela-; además, por la concurrencia de los peligros procesales establecidos por los arts. 233.1, 234.1, 4 y 6; y, 235.2 del CPP, dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario El Abra del mencionado departamento, por el lapso de seis meses; en vitud a ello, el peticionante de tutela a través de su abogado, apeló dicha determinación en audiencia (fs. 16 a 22). II.2. A través de memorial presentado el 23 de junio de 2021, Ronaldo Guevara Ponce en su condición de hermano mayor del accionante, se apersonó ante la Jueza coaccionada, acreditando la enajenación mental e implorando modificación de la drástica medida personal de la detención preventiva de su hermano por internación psiquiátrica, y solicitando la suspensión del proceso, adjuntando al efecto informes médicos especializados (fs. 175 a 176 vta.). II.3. Por memorial presentado el 29 de junio de 2021, ante la Jueza coaccionada Ronaldo Guevara Ponce, solicitó que se remitan los antecedentes del recurso de apelación incidental ante el superior en grado (fs. 184). II.4. Consta memorial presentado el 7 de julio de 2021, ante la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por el cual Ronaldo Guevara Ponce, se apersonó y acreditó enajenación mental del impetrante de tutela pidiendo que esa situación sea considerada en resolución (fs. 214 y vta.). II.5. Por Auto de Vista 208/2021 de 13 de julio, por Pablo Antezana Vargas, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -hoy accionado-, declaró improcedente el recurso de apelación incidental formulado por el peticionante de tutela; en consecuencia, se confirmó el Auto Interlocutorio de 9 de junio de igual año, sin perjuicio de que la parte pueda hacer valer por la vía incidental su solicitud con base en lo establecido por el art. 86 del CPP (fs. 87 a 88 vta.). II.6. Cursa memorial presentado el 19 de julio de 2021, ante la Jueza coaccionada, por el que Ronaldo Guevara Ponce, tomando en cuenta el cuadro clínico del accionante, interpuso incidente de inimputabilidad solicitando el inmediato traslado e internación del nombrado en el Instituto Psiquiátrico Gregorio Pacheco de la ciudad de Sucre (fs. 190 a 191 vta.).
II.7. Constan informe médico de 30 de junio de 2021, emitido por el médico psiquiatra del Instituto Psiquiátrico San Juan de Dios del departamento de Cochabamba e informe psicológico de 1 de julio de igual año, elaborado por la psicóloga de la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario de Cochabamba (fs. 207 a 213).
El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la libertad, a la vida, a la integridad psicológica y a la salud; puesto que, las autoridades accionadas, al emitir su Auto Interlocutorio de 9 de junio de 2021 y el Auto de Vista 208/2021 respectivamente, de forma ilegal e indebida, se dispuso y ratificó su detención preventiva sin considerar que padece de esquizofrenia paranoide; es decir, una enfemedad psíquica, poniendo en riesgo su vida y la seguridad de los demás internos del Centro Penitenciario El Abra del departamento de Cochabamba, exigiendo el cumplimiento de las formalidades previstas sobre la concurrencia de los riesgos procesales de fuga y obstaculización que le impusieron, en lugar de disponer su internación en un instituto psiquiátrico, desconociendo de esa forma lo previsto por el art. 86 del CPP. En consecuencia, corresponde determinar en revisión si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SC 0989/2011-R de 22 de junio, cuyo entendimiento fue reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0006/2017-S1 de 2 de febrero, 0010/2018-S2 de 28 de febrero y 0120/2018-S4 de 16 de abril, entre otras, sostuvo que: “…la Constitución Política del Estado Plurinacional reconoce una diversidad de derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos, teniendo en cuenta que estas normas fundamentales no solamente rigen las relaciones entre iguales, sino que tiene como finalidad el proteger a los ostensiblemente más débiles -mejor conocidos en la doctrina como grupos vulnerables- por lo que el Estado, mediante ‘acciones afirmativas’ busca la materialización de la igualdad (que goza de un reconocimiento formal reconocida en los textos constitucionales y legales pero que en la realidad no se materializa) y la equidad, por lo que se establecen políticas que dan a determinados grupos sociales (minorías étnicas o raciales, personas discapacitadas, mujeres, menores de edad, adultos mayores) un trato preferencial en el acceso a determinados derechos -generalmente de naturaleza laboral- o distribución de ciertos recursos o servicios, así como acceso a determinados bienes, con el fin de mejorarles su calidad de vida y compensarles, en algunos casos, por los perjuicios o la discriminación y exclusión de las que fueron víctimas en el pasado. Por lo tanto las acciones afirmativas están orientadas a reducir o idealmente, eliminar las prácticas discriminatorias contra sectores poblacionales históricamente excluidos, mediante un tratamiento preferencial para los mismos, expresados en normas jurídicas y mecanismos políticos de integración encaminados para lograr tales fines, es decir, que se utilizan instrumentos de discriminación inversa que se pretenden que operen como mecanismos de compensación a favor de dichos grupos, pero siempre teniendo cuidado de que tales medidas sean razonables y que no generen otro tipo de exclusiones o dañen el núcleo de otros derechos fundamentales” (las negrillas nos corresponden).
Al respecto, la SCP 0685/2018-S2 de 23 de octubre, señala que:«El art. 115.I de la CPE, señala que: “Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos”.
En similar sentido, el Código de Procedimiento Penal, dentro del Título I referido a las garantías constitucionales, establece:
Artículo 5º.- (Calidad y derechos del imputado). Se considera imputado a toda persona a quien se atribuya la comisión de un delito ante los órganos encargados de la persecución penal. El imputado podrá ejercer todos los derechos y garantías que la Constitución, las Convenciones y los Tratados internacionales vigentes y este Código le reconozcan, desde el primer acto del proceso hasta su finalización.
Se entenderá por primer acto del proceso, cualquier sindicación en sede judicial o administrativa contra una persona como presunto autor o participe de la comisión de un delito.
Toda persona a quien se atribuya un delito tiene derecho a ser tratada con el debido respeto a su dignidad de ser humano (las negrillas son añadidas).
En el marco del respeto a la dignidad del ser humano, el art. 86 del CPP, determina que el proceso no puede ser desarrollo cuando se advierta que la o el imputado padece alguna enfermedad mental, que le impida comprender los actos del proceso, conforme a lo siguiente:
Artículo 86º.- (Enajenación mental). Si durante el proceso se advierte que el imputado padece de alguna enfermedad mental que le impida comprender los actos del proceso, el juez o tribunal podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, su reconocimiento psiquiátrico. Comprobado este extremo ordenará, por resolución, la suspensión del proceso hasta que desaparezca su incapacidad.
Esta resolución no impedirá que se investigue el hecho o que continúe el proceso con respecto a los coimputados.
El juez o tribunal podrá ordenar su libertad, dejándolo al cuidado de sus padres, tutor o curador, cuando no exista peligro de que se dañe a sí mismo o a los demás. Caso contrario dispondrá la internación del imputado en un establecimiento adecuado, cuyo responsable informará por lo menos una vez cada tres meses sobre el estado mental del enfermo.
En ambos casos, el enfermo será examinado por lo menos una vez cada seis meses por los peritos que el juez o tribunal designe. Si de los informes médicos resulta que el imputado ha recobrado su salud mental, el juez o tribunal dispondrá la prosecución de la causa (las negrillas son introducidas).
Conforme los preceptos normativos señalados anteladamente, queda claro que el Estado garantiza al imputado, en su procesamiento penal, el respeto y cumplimiento de todos sus derechos fundamentales; debiendo en consecuencia, ser tratado con el debido respeto a su dignidad de ser humano; ahora bien, esta premisa fue adoptada por el legislador al incorporar el art. 86 en el CPP; pues, esta norma garantiza al imputado que sufre una enfermedad mental, la suspensión del proceso, a efectos que pueda ser cuidado y atendido por su entorno familiar, o en su caso, por un establecimiento adecuado, precautelado su salud, integridad física y trato humano, evitando que el proceso agrave su situación; y fundamentalmente, que sea llevado adelante, sin su comprensión; extremo, que generaría la lesión de su derecho fundamental a la defensa. En este sentido vemos que el referido art. 86 del CPP, observa dos aspectos con trascendencia procesal[1]; en efecto, el primero de ellos, es el referido a la determinación de la suspensión del proceso; y el segundo, la libertad o internación del procesado mientras dura su incapacidad.
En cuanto a la decisión de suspensión del proceso, el juez o tribunal deberá previamente ordenar de oficio o a petición de parte, el reconocimiento psiquiátrico del encausado, a efecto de verificar si la perturbación mental que padece, le impide comprender los actos del proceso; consecuentemente, el presupuesto para determinar la suspensión señalada será el dictamen psiquiátrico que dé cuenta de la incapacidad de referencia; ahora bien, en lo que respecta a los efectos de esta determinación, queda claro que llegan a ser dos: 1) La libertad del procesado, para que quede al cuidado de su padre, madre, tutor o curador, cuando no exista peligro que se dañe a sí mismo o a los demás; o, 2) La internación del procesado en un establecimiento adecuado; previsión última, que proscribe toda posibilidad que éste pueda ser trasladado o permanecer en un centro penitenciario; por cuanto el mismo, no puede ser considerado como un establecimiento adecuado para una persona que sufre un trastorno mental; pues, al contrario, dicho penal se constituiría en un lugar que agravaría su estado de salud física, psíquica y emocional, colocándolo en una situación de vulnerabilidad respecto al resto de la población penitenciaria, lo que en definitiva decantaría en un menoscabo de su condición de ser humano, al permanecer privado de libertad, padeciendo perturbaciones mentales.
Sobre la base de este entendido, y en caso de no ser viable la libertad del encausado, a efectos que sea cuidado por sus familiares, dadas las connotaciones de su enfermedad mental; todo juez o tribunal estará compelido a disponer su internación en un centro psiquiátrico de su residencia o fuera de ésta, precautelando su bienestar, pero en ninguna circunstancia, podrá determinarse su permanencia en un centro penitenciario, pues caso contrario, se vulneraría el debido proceso del encausado; y principalmente, se pondrían en riego sus derechos fundamentales a la vida y salud.
Ahora bien, es importante distinguir la suspensión del proceso por enfermedad mental, con la inimputabilidad prevista en el art. 17 del Código Penal (CP), que establece:
ARTÍCULO 17.- (Inimputabilidad).- Está exento de pena el que en el momento del hecho por enfermedad mental o por grave perturbación de la conciencia o por grave insuficiencia de la inteligencia, no pueda comprender la antijuridicidad de su acción o conducirse de acuerdo a esta comprensión.
Conforme a dicha norma, la declaratoria de inimputabilidad tiene como antecedente la enfermedad mental o perturbación de la conciencia o insuficiencia de la inteligencia en el momento del hecho, que impide que la o el imputado comprenda la antijuricidad de su acción o se conduzca de acuerdo a esa comprensión.
Efectivamente, la inimputabilidad es una condición para la declaratoria de culpabilidad; pues, si la persona no comprende su acción o no actúa conforme a esa comprensión, no podrá ser reprochable penalmente; y en ese sentido, no corresponderá que se declare su culpabilidad, porque de acuerdo al art. 13 del CP; “No se le podrá imponer pena al agente, si su actuar no le es reprochable penalmente (…)”. Por ello, el art. 363 inc. 4) del CPP, establece que se dictará sentencia absolutoria cuando: “Exista cualquier causa eximente de responsabilidad penal”; supuesto en el cual, de acuerdo con el art. 80 del CP[2], la autoridad judicial puede disponer, previo dictamen de peritos, su internación en el establecimiento correspondiente, si por causa de su estado existiere peligro que se dañe a sí mismo o a los demás; añadiendo, que si no existe un establecimiento adecuado, la internación del inimputable se hará en el que más próximamente pueda cumplir ese fin, o se lo dejará en poder de su familia, siempre que a juicio del juez, ofrezca garantía suficiente.
Entonces, de acuerdo a dichas normas, la inimputabilidad puede ser declarada cuando la jueza, juez o tribunal, previo peritaje, establezcan que la o el imputado, al momento del hecho, padecía de alguna enfermedad, perturbación de la conciencia o insuficiencia de la inteligencia, a diferencia de la suspensión del proceso, cuando la enfermedad mental se presenta en el transcurso del proceso. Esta diferenciación, tiene importantes consecuencias; pues, mientras que en el primer caso, el Código Penal, como se vio, dispone que corresponde declarar la inimputabilidad de la o el imputado, y por ende, su absolución; en cambio, en el segundo, solo se dispone la suspensión, con el entendido que la enfermedad puede ser temporal; siendo posible, que posteriormente continúe el juicio.
De ello, se concluye que cuando se presenten casos de inimputabilidad, no corresponde la suspensión del juicio, sino, que el juez, jueza o tribunal, pronuncie sentencia en el marco de lo previsto en el art. 363 inc. 4) del CPP, disponiendo la aplicación de la medida de internación prevista en el art. 80 del CP».
En los casos de enajenación mental según lo establece el art. 86 del CPP, es precisa la acreditación previa del estado de no peligrosidad, a efectos de la libertad asistida, conforme la SCP 0361/2020-S4 de 5 de agosto, entendió que: “Con relación a la denuncia de (…) condicionamiento de la libertad asistida previa presentación de certificación psiquiátrica que acredite que no representa peligro para sí mismo ni para la sociedad, (…); al respecto, debe considerarse que la actuación de la autoridad judicial demandada se encuentra enmarcada dentro los alcances del art. 86 del CPP, que a la letra señala: ‘(…) El juez o tribunal podrá ordenar su libertad, dejándolo al cuidado de sus padres, tutor o curador, cuando no exista peligro de que se dañe a sí mismo o a los demás. Caso contrario dispondrá la internación del imputado en un establecimiento adecuado…’; en cuyo efecto el hecho de solicitar que con documentación idónea se demuestre el estado de no peligrosidad del accionante a objeto de considerar la viabilidad o no de la libertad asistida, no vulnera ningún derecho sino más bien preserva el respeto al orden jurídico; asimismo, es menester dejar claramente establecido (…) que [se] declaró la suspensión del proceso y dispuso la internación (…) en un centro psiquiátrico considerando la peligrosidad que representaba para sí mismo y para la sociedad; (…), pues fue justamente en base a las consideraciones contenidas y a las recomendaciones efectuadas, que la Jueza demandada dispuso su internación…” (las negrillas son añadidas).
Sobre esta dimensión de protección constitucional, la SCP 1207/2012 de 6 de septiembre, señaló que: «Respecto al derecho a la vida y la posición de garante de las autoridades judiciales tenemos que la SCP 0257/2012 de 29 de mayo, que sostuvo: “La importancia del derecho a la vida, deviene de su naturaleza primaria, pues se constituye en una condición del ejercicio de los demás derechos, por ello como todos los derechos subjetivos, debe interpretarse de conformidad con los principios de dignidad y el vivir bien, conforme a la Constitución, independientemente a la identidad cultural (art. 190.II) o creencia política o religiosa. No se reconoce cualquier forma de vida, sino únicamente la vida digna, es decir la dignidad acompaña de manera integral al ser humano en su interacción social, es decir en la salud (art. 35.I CPE), en el trabajo (art. 70.4), en la educación (art. 78.IV), en la vivienda (19.I), etc., lo que incluye por supuesto a las personas privadas de libertad, entre ellas los detenidos preventivamente, cuyas condiciones de detención deben tender a conservar la dignidad humana y sobre todo el derecho a la vida.
(…)
…es menester aclarar que los jueces y tribunales, así como el Ministerio Público y autoridades penitenciarias, tienen el deber ineluctable de garantizar que estas condiciones se materialicen, puesto que dichas autoridades están en posición de garantes de su cumplimiento que además implica el cumplimiento de las prescripciones contenidas en la Constitución”.
En efecto dicha posición de garante deviene impuesta del propio texto constitucional, así el art. 73.I de la CPE, establece: “Toda persona sometida a cualquier forma de privación de libertad será tratada con el debido respeto a la dignidad humana”, debiendo entenderse que esta norma se dirige precisamente a las autoridades con competencia y capacidad real de efectivizar dichas condiciones y por tanto responsables de las mismas, aspecto que concuerda con el art. 74.I del propio texto constitucional, que sostiene: “Es responsabilidad del Estado la reinserción social de las personas privadas de libertad, velar por el respeto de sus derechos, y su retención y custodia en un ambiente adecuado, de acuerdo a la clasificación, naturaleza y gravedad del delito, así como la edad y el sexo de las personas retenidas”, provocando que la responsabilidad sobre el resguardo de esas condiciones recaiga inicialmente sobre el Estado que luego deviene en responsabilidad individual de sus funcionarios por ello puede aseverar que es el Estado y sus servidores los que se encuentran en posición de garante respecto a los derechos de sus ciudadanos y en el caso de cárceles de las personas privadas de su libertad.
En este mismo sentido se encuentra la uniforme jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que integra el denominado bloque de constitucionalidad internacional, así en la Sentencia de 16 de agosto de 2000, dentro del Caso Durand y Ugarte vs. Perú, sostuvo: “…toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal…
(...)”
Finalmente y a efectos de resolver la presente causa, la posición de garante provoca la responsabilidad del Estado y sus órganos incluso frente a actos de terceros, así en la sentencia de 28 de enero de 2009, dentro del Caso Perozo y otros vs. Venezuela la Corte Interamericana de Derechos Humanos, afirmó que: “La Corte ha señalado que la responsabilidad internacional del Estado puede generarse por actos violatorios cometidos por terceros, que en principio no le serían atribuibles. Esto ocurre si el Estado incumple, por acción u omisión de sus agentes que se encuentren en posición de garantes de derechos humanos, las obligaciones erga omnes contenidas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención”, y para determinar esta responsabilidad “Debe atenderse a las circunstancias particulares del caso y a la concreción de dichas obligaciones de garantía, considerando la previsibilidad de un riesgo real e inmediato”, aspectos que sin duda deben considerarse por los jueces, fiscales, policías y personas en posición de garante respecto a las personas privadas de su libertad.
Respecto a los jueces de instrucción en lo penal, conforme al art. 54.1 del CPP, entre otros, deben ejercer “El control de la investigación, conforme a las facultades y deberes previstos en este Código”, entendiéndose además las normas constitucionales y los tratados de derechos humanos que integran el bloque de constitucionalidad, por lo que también se encuentran en posición de garantes de los derechos de las personas privadas de libertad máxime cuando esté de por medio el derecho a la vida, por lo que ante solicitudes y denuncias vinculadas con el derecho a la vida deben tramitar las mismas de oficio y con la debida celeridad (SC 0166/2010-R de 17 de mayo)» (las negrillas nos corresponden).
El peticionante de tutela a tráves de su representante sin mandato, acude a esta acción tutelar alegando la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la libertad, a la vida, a la integridad psicológica y a la salud;
debido a que las autoridades accionadas a su turno, no consideraron su enajenación mental -esquizofrenia paranoide- que fue acreditada por medio de informes médicos y picológicos, y dispusieron su detención preventiva en el Centro Penitenciario El Abra del departamento de Cochabamba, sin considerar que su vida e integridad física corre peligro al igual que la de los demás internos de dicho Centro Penitenciario; por lo que, corresponde que sea internado en un centro psiquiátrico con la finalidad de acceder a un tratamiento adecuado. Identificado el objeto procesal de esta acción de libertad, corresponde aclarar que, el análisis de la problemática planteada se efectuará a partir de la última resolución emitida dentro de la causa de la cual deviene la presente acción tutelar; es decir, del Auto de Vista 208/2021 de 13 de julio, debido a que, el Vocal accionando tiene la facultad de enmendar o reparar cualquier presunto error o ilegalidad generada en la Resolución de primera instancia, en caso de una eventual concesión de la tutela. Realizada la aclaración previa, corresponde precisar que, de los antecedentes que cursan en el expediente constitucional, se tiene que por Auto Interlocutorio de 9 de junio de 2021, la Jueza coacionada, declaró improcedentes los incidentes de nulidad de aprehensión e imputación formal presentados por la parte accionante; además, por la concurrencia de los peligros procesales establecidos por los arts. 233.1, 234.1, 4 y 6; y, 235.2 del CPP, dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario El Abra del departamento de Cochabamba, por el lapso de seis meses; en virtud a ello, el impetrante de tutela a través de su abogado, apeló dicha determinación en audiencia (Conclusión II.1.), solicitando posteriormente por memorial presentado el 29 de igual mes y año, ante la Jueza coaccionada que se remitan los antecedentes del recurso de apelación incidental ante el superior en grado (Conclusión II.3.). De igual manera, a través de memorial presentado el 30 de junio de 2021, dirigido a la Jueza coaccionada, el hermano del peticionante de tutela se apersonó y solicitó suspensión del proceso acreditando la enajenación mental del prenombrado. Asimismo, por memorial presentado el 7 de julio de 2021, ante el Vocal accionado, Ronaldo Guevara Ponce, se apersonó y acreditó enajenación mental de su hermano hoy accionante e imploró sea considerada en resolución. Al efecto, se adjuntó prueba documental por la que se puede advertir de manera inequívoca que su hermano en la actualidad se encuentra con un cuadro clínico de desestabilización, encontrándose con trastorno mental orgánico esquizofreniforme alucinatorio delirante anormal, vs. esquizofrenia paranoide, situación que lamentablemente se agrava al encontrarse recluido en el Centro Penitenciario El Abra del departamento de Cochabamba y aislado en celdas de dicho Centro Penitenciario, debido a cuadros agresivos que podía presentar con otros internos, sumando a ello por el cuadro que presenta no recuerda sucesos violentos, con esos antecedentes y conforme los arts. 86 y 250 del CPP, solicitó que se revoque en favor del impetrante de tutela la medida cautelar de detención preventiva, disponiendo su inmediato traslado e internación en el Instituto Psiquiátrico Gregorio Pacheco de la ciudad de Sucre, y con ese resultado se suspenda el proceso respecto a su hermano. Adjuntó a ese memorial, la siguiente documentación: i) El Informe médico de 30 de junio de 2021, extendido por el médico psiquiatra del Instituto Psiquiátrico San Juan de Dios del citado departamento, a través del cual en la parte final indicó que debido a las características de la enfermedad requiere tratamiento por tiempo indefinido, incluso si los síntomas llegaran a desaparecer, por tanto el tratamiento con medicamentos y terapia psicosocial puede ayudar a controlar la enfermedad; ii) Mediante Nota de 1 de julio, la psicóloga de la Dirección Departamental de Régimen Penitenciaro de Cochabamba, extendió un informe psicológico de Arnaldo Guevara Ponce, por el cual se recomendó que el mencionado sea trasladado al Instituto Psiquiátrico Gregorio Pacheco de la ciudad de Sucre, con el fin de restablecer su salud mental, tomar conciencia de su enfermedad y la importancia de su medicación, ya que su familia no cuenta con los recursos suficientes para pagar el costo del Instituto Psiquiátrico San Juan de Dios, por esa razón, solo estuvo por periodos reducidos dejando el tratamiento por lapsos de tiempo largos según indica su familia; y, iii) Mediante informe emitido por la Médico de Régimen Penitenciario de Cochabamba, ante la valoración del paciente Arnaldo Guevara Ponce, interno del Centro Penitenciario El Abra del mencionado departamento, se le diagnosticó esquizofrenia paranoide concluyéndose sobre su conducta, la orientación sobre medidas higiénico dietéticas, continuar con el tratamiento psiquiátrico y consulta con la especialidad de psiquiatría. Esa petición, se respondió mediante decreto de 8 de julio de 2021, señalando principalmente que se esté a lo dispuesto por el art. 398 del CPP (Conclusiones II.4. y II.7.).
Por Auto de Vista 208/2021, emitido por el Vocal accionado, se declaró improcedente el recurso de apelación incidental formulado por la parte peticionante de tutela, confirmándose el Auto Interlocutorio de 9 de junio de 2021, sin perjuicio de que la parte pueda hacer valer por la vía incidental su solicitud en base a lo establecido por el art. 86 del CPP. Esa determinación, contiene los siguientes fundamentos: a) La defensa del imputado -hoy accionante-, se limitó a señalar que se encuentra delicado de salud, sin establecer las razones por las que considera que esas circunstancias se deben tomar en cuenta como agravios en razón a los fundamentos de aplicación de las medidas cautelares, ya que no hizo referencia en ningún momento, cuál de los presupuestos o requisitos exigidos por el art. 233 del CPP resultarían un agravio para el imputado; b) Realizando la valoración correspondiente, advirtió que la Jueza de primera instancia en la parte final de su resolución hizo mención a certificaciones que se hubieran presentado en audiencia cautelar estableciendo los hechos que acreditan, entre otros, “‘…toda vez que de la atenta lectura de la señalada documentación que tiene en ninguna CERTIFICA que el imputado ARNALDO GUEVARA PONCE a raíz de la discapacidad con la que cuenta el mismo estuviera limitado para cometer algún acto ilegal, más aun que si tampoco existe documentación que haga entender a esta autoridad si la enfermedad psiquica que señala se encuentra avanzada…”’ (sic), con ello se determinó que el juez de primera instancia tomó en cuenta la documentación presentada respecto a la supuesta enfermedad mental del imputado, concluyendo que es insuficiente para considerar su situación; c) La defensa del imputado acompañó certificaciones consistentes en un historial clínico, una certificación extendida por el Instituto Psiquiátrico San Juan de Dios, consistente en un informe médico, informe psicológico del privado de libertad, informes psicológicos emitidos por Régimen Penitenciario de Cochabamba; empero, esa prueba no fue objeto de valoración por el Juez inferior, situación que imposibilita que esa instancia la valore; y, d) No se cumplen con los presupuestos establecidos en el art. 86 del CPP; puesto que, no se advirtió que exista un reconocimiento psiquiátrico del imputado Arnaldo Guevara Ponce, para que en su caso se aplique esa normativa, pues no existe una valoración psquiátrica que establezca de forma precisa que el mencionado padezca de una enfermedad mental que le impida comprender los actos del proceso, situación que en ese momento impidió a ese Tribunal de alzada ingresar al análisis de las circunstancias que dieron lugar a la aplicación de la detención preventiva y de lo previsto por el art. 86 del CPP (Conclusión II.5.).
Bajo esas circunstancias, se concluye que si bien, el Vocal accionado confirmó el Auto Interlocutorio de 9 de junio de 2021, por el cual se dispuso que el impetrante de tutela cumpla la detención preventiva en el Centro Penitenciario El Abra del departamento de Cochabamba; sin embargo, conforme a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, existen dos presupuestos procesales para que se cumplan por el juez o tribunal que lleva adelante una causa penal en la que la persona imputada o los imputados, presenten enajenación mental, estas son: la suspensión del proceso y la libertad o internación del procesado mientras dura su incapacidad. Ahora bien, de la lectura del Auto de Vista hoy impugnado, se tiene que el Vocal accionado refirió que se encontraba imposibilitado de valorar la prueba adjuntada por la parte peticionante de tutela relacionada a la enajenación mental que padece, debido a que la misma no fue objeto de valoración por la Jueza de primera instancia -hoy coaccionada-; sin embargo, de una lectura detallada del Auto Interlocutorio de 9 de junio de 2021, la mencionada autoridad en la parte in fine de dicha Resolución señaló que la documentación aparejada no certifica que el accionante a raíz de su incapacidad estuviera imposibilitado de cometer algún acto ilegal, más aún si tampoco existe prueba alguna que haga entender si la enfermedad psíquica que se alega, se encuentra avanzada, controlada o en su caso no se hubiese seguido ningún control, lo que evidencia que sí se le otorgó un valor a la prueba aportada; y aún fuera el caso de que efectivamente no se hubiera valorado la prueba como refirió el Vocal accionado, en su labor de revisión de la Resolución emitida por la Jueza coaccionada, debió disponer que la misma le otorgue un valor determinado a cada uno de los elementos probatorios presentados por la impetrante de tutela, de modo que no exista omisión valorativa y se pronuncie una resolución arbitraria. Asimismo, el Vocal accionado en el Auto de Vista 208/2021, a través de esta acción tutelar, manifestó que no se cumplen con los presupuestos establecidos por el art. 86 del CPP; puesto que, no se advirtió que exista un reconocimiento psiquiátrico del imputado Arnaldo Guevara Ponce, para que en su caso se aplique esa normativa, pues no existe una valoración psquiátrica que establezca de forma precisa que el mencionado padezca de una enfermedad mental que le impida comprender los actos del proceso, en ese sentido el Vocal accionado pudo disponer que la Jueza de primera instancia, al tener conocimiento que el peticionante de tutela tiene antecedentes vinculados a la posibilidad de un estado mental de peligrosidad, con el fin de precautelar con celeridad sus derechos alegados en esta acción de defensa, analice las pruebas presentadas y de considerar que son insuficientes los elementos presentados, de oficio o a petición de parte debió solicitar al Director del IDIF de Cochabamba, una nueva valoración psicológica y psiquiátrica especializada respecto al estado de salud mental del nombrado, con la finalidad de tener la certeza y conocer si el accionante se constituye en un peligro para sí o para la población carcelaría y la sociedad; más aún, si el hermano del impetrante de tutela, constantemente puso en conocimiento de ambas autoridades accionadas la enajenación mental del peticionante de tutela, adjuntando varias pruebas que acreditan su estado mental, por lo que debió considerarse esa situación de forma oportuna y ejercer una valoración adecuada de la abudante prueba presentada; puesto que, el mencionado no tiene plenas facultades ni siquiera para ser denunciado, procesado y menos cautelado; por lo que, sin duda alguna, el Vocal accionado, se apartó de lo establecido por el art. 86 del CPP, ya que la detención preventiva cumplida en un Centro Penitenciario, independientemente que se disponga su internación en un ambiente especial o diferenciado, lesiona sus derechos a la salud y a la vida, debido a que, el accionante necesita un tratamiento especializado para controlar la enfermedad mental que padece, misma que recibirá de manera adecuada y oportuna en un Instituto Psiquiátrico.
En ese marco, se evidencia que la determinación asumida por el Vocal accionado, vulnera los derechos alegados por la parte impetrante de tutela en esta acción de libertad; es decir, al debido proceso, a la libertad, a la vida, a la integridad psicológica y a la salud, que no solo afecta a su persona sino también a la población carcelaria y a su entorno familiar, pues por todos los antecedentes que cursan en obrados se advierte que sufre de esquizofrenia paranoide cuyos síntomas se presentaron antes de la comisión del hecho por el cual se le inició el proceso penal del cual deviene esta acción tutelar, patología que además es irreversible; por lo que la referida autoridad debió tomar en cuenta lo previsto por el art. 86 del CPP, más allá de considerar si se desvirtuaron o no los peligros procesales en los que se fundó su detención preventiva, y tramitar el proceso con mayor celeridad, a efectos de que el peticionante de tutela se someta al tratamiento oportuno en un centro especializado que además se adecúe a sus necesidades y las de su familia, precautelando su condición de ser humano sobre todo por encontrarse en un grupo de vulnerabilidad, que merece prioritaria y oportuna atención por parte del Estado a través de las autoridades judiciales que se encuentran en conocimiento del proceso penal seguido contra el accionante; más aún, si se considera que dicha dispoción normativa responde al reconocimiento por parte del Estado, de no contar en los centros penitenciarios con espacios especiales y atención médica adecuada para el caso de los enfermos mentales -resultando más fácil para las autoridades encerrarlos y aislarlos, causando condiciones extremadamente aflicitivas-, razón por la que el mandato del precitado art. 86 del adjetivo penal, debe ser aplicado en cualquier etapa del proceso como es el caso de la determinación de medidas cautelares, cuando la autoridad judicial que conoce la causa como juez contralor de garantías, es advertido de que el imputado padece una enfermedad mental, aspecto que no tiene que ver con la aplicación de medidas cautelares, o como en el presente caso, con que se desvirtúen los peligros procesales en una petición de cesación de la detención preventiva que tenga como base la solicitud de aplicación del señalado artículo. En ese sentido, el Vocal accionado debió tener presente la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional que establece que, el Estado garantiza al imputado en su procesamiento penal, el respeto y cumplimiento de todos su derechos fundamentales; en virtud a ello, se incorporó en la legislación el art. 86 del CPP, mismo que reconoce al imputado que padece de una enfermedad mental la posibilidad de suspender el proceso penal que se le sigue, con la finalidad de que pueda ser cuidado por su entorno familiar o en su defecto por un establecimiento adecuado precautelando su salud, su integridad física y trato humano; en ese sentido, el citado artículo contiene dos aspectos procesales a tener en cuenta; el primero, el referido a la suspensión del proceso; y el segundo, la libertad o internación del procesado en un centro especializado mientras dura su incapacidad, situaciones que los jueces deben considerar previamente cuando tienen bajo su conocimiento causas penales relacionadas a personas con discapacidad mental. Es además relevante que se considere que, de no ser viable la libertad del encausado a efectos de ser cuidado por su familia -como en el caso de autos debido a la situación económica de la familia del impetrante de tutela-, el Juez o Tribunal está en la obligación de disponer la internación del procesado en un centro psiquiátrico de su residencia o fuera de ésta, y bajo ninguna circunstancia debe determinar su permanencia en un centro penitenciario, ya que ello conllevaría la vulneración de los derechos del mismo, poniendo en riesgo su salud y su vida, debido a que conforme al Manual sobre Reclusos con Capacidades Especiales de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, las personas que padecen enfermedades mentales son vulnerables al abuso, la agresión sexual y la violencia por parte de otros reclusos, y su aislamiento es sumamente dañino para su bienestar mental y en muchos de los casos los lleva a autolesionarse y finalmente suicidarse. Son personas que a menudo incumplen las reglas lo que lleva a la aplicación de frecuentes faltas disciplinarias que tiene un impacto negativo en las oportunidades de liberación temprana. En ese sentido, el Estado tiene la obligación en el marco de sus atribuciones de crear centros especializados en los que se puedan insertar a las personas que padezcan enfermedades mentales, manteniéndolos en custodia, garantizando el acceso a los tratamientos requeridos de acuerdo a su padecimiento, en los que puedan ser tratados de manera digna, precuatelando la protección de sus derechos a la salud y a la vida; y, garantizando su desarrollo integral, de modo que su permanencia debe aproximarse en la mayor medida posible a las condiciones de vida normal; todo ello, en observancia del principio 13, numeral 2, de los Principios para la protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental; así como los numerales 3, 5 y 6 de la Declaración de los Derechos de los Impedidos. En el presente caso, al evidenciarse la lesión de los derechos del peticionante de tutela, tras confirmarse la Resolución de primera instancia que dispuso su detención preventiva en un centro penitenciario y no así en un instituto psiquiático en el que se garantice un tratamiento adecuado y oportuno acorde a los requerimientos de su enfermedad mental, y no haberse tomado en cuenta toda la documentación acompañada a esta acción tutelar consistente en la historia clínica, los certificados emitidos por el centro psiquiátrico, así como los informes psicológicos expedidos por el mismo Centro Penitenciario El Abra del departamento de Cochabamba en el que se encuentra recluido, además del carnet de discapacidad, misma que demuestra el estado de salud mental del accionante, justificando su omisión en la falta de valoración de la referida documentación por la Jueza de primera instancia, corresponde conceder la tutela requerida en favor del prenombrado; precautelando su condición de ser humano en situación de vulnerabilidad. Finalmente, en virtud a los fundamentos expuestos precedentemente, se hace necesario exhortar a las instancias judiciales competentes, a fin de que las mismas coordinen aspectos de índole administrativo con los centros psquiátricos existentes en el país, a efectos de que el Órgano Judicial pueda ordenar la internación de procesados que presenten enajenación mental para su cuidado, que por la gravedad de la misma, no puedan ser puestos a disposición de sus familiares, de conformidad al art. 86 del CPP. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.2 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 5/2021 de 16 de julio, cursante de fs. 61 a 64 vta., pronunciada por la Jueza de Ejecución Penal Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, con relación a los derechos alegados como lesionados, dejando sin efecto el Auto de Vista 208/2021 de 13 de julio, disponiendo que el Vocal accionado, emita un nuevo auto de vista conforme a los fundamentos expuestos en este fallo constitucional, tomando en cuenta la condición de discapacidad mental del impetrante de tutela y la necesidad de su internación en un instituto psiquiátrico. 2° DENEGAR la tutela impetrada, con relación a la Jueza coaccionada, de acuerdo a lo expuesto en esta Sentencia Constitucional Plurinacional. 3° Exhortar a las autoridades del Órgano Judicial, para que prevean políticas que les permita coordinar temas administrativos con centros psiquiátricos del país, de modo que se dé estricto cumplimiento al art. 86 del Código de Procedimiento Penal, tomando en cuenta los fundamentos expuestos en la parte final de este fallo constitucional. 4° Por Secretaría General de este Tribunal, notifíquese esta Sentencia Constitucional Plurinacional, al Tribunal Supremo de Justicia y al Consejo de la Magistratura para su conocimiento y cumplimiento. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Al no hallar consenso en Sala dentro del presente caso, dirime el MSc. Paul Enrique Franco Zamora, Presidente; siendo de Voto Disidente el Dr. Petronilo Flores Condori.
Fdo. MSc. Paul Enrique Franco Zamora
PRESIDENTE
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
1 Manual sobre Reclusos con Capacidades Especiales de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Capítulo 1, puntos 2.5 y 2.6, Pág. 15 y 16.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0801_2023-S3.pdf · páginas 1 a 25.
Huella digital del PDF (SHA-256): e7857a897d0dd62b78f2bd5baef78c3962bb3bb968667aaf673997a68edb58df
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