Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 12 de julio de 2023
Deniega la tutela
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la salud, a la defensa y el principio de celeridad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de trata y tráfico de personas, fueron aprehendidos y posteriormente estuvieron incomunicados; ya que Celestino Gutiérrez Catacora investigador demandado, no contestó las constantes llamadas realizadas por la defensa técnica de los ahora impetrantes de tutela; asimismo, Neyva Choque Callisaya Fiscal asignada al caso -ahora demandada-, tampoco conocía el lugar donde se encontraban, vulnerando su derecho a la defensa técnica y material, debido a que no pudieron establecer contacto con su abogado para coordinar aspectos legales. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad frente a actos supuestamente ilegales cometidos por el Ministerio Público y/o funcionarios de la Policía Boliviana; y, 2) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.2 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 12/2022 de 20 de abril, cursante de fs. 18 a 21 vta., y su complementación de fs. 22 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Sexto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituido en Juez de garantías; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0801/2023-S1 Sucre, 12 de julio de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 47258-2022-95-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 12/2022 de 20 de abril, cursante de fs. 18 a 21 vta. y complementación de fs. 22 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesto por Rodrigo Pastor Zambrana Condori y Limbert Josué Pinto Veneros en representación sin mandato de Julia Villegas Canqui y Porfirio Flores Calle contra Neyva Choque Callisaya, Fiscal de Materia y Celestino Gutiérrez Catacora, Investigador de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Viacha del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 19 de abril de 2022, cursante de fs. 6 a 7, los accionantes, a través de su representante sin mandato expresaron los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Fueron aprendidos el 18 de abril de 2022 a horas 11:30 y de la verificación del sistema no tuvieron conocimiento dónde se habría remitido su proceso; después a las 13:40 horas del mismo día, no existía registro alguno ni mucho menos la designación de Juzgado para que se determine su situación jurídica, ya que son personas de la tercera edad, de cultura aymara y que no cuentan con recursos económicos; por lo que, se les designó un abogado del Servicio Plurinacional de Defensa Publica (SEPDEP); es así que, en horas de la mañana se coordinó con Celestino Gutiérrez Catacora, Investigador de la FELCC de Viacha del departamento de La Paz, para la valoración biopsicosocial y otros actuados; posteriormente, el personal de SEPDEP se constituyó en oficinas de la FELCC de Viacha del citado departamento, no siendo encontrados en sus celdas, motivo por el que llamó al investigador, el cual manifestó que estarían en la Fiscalía del cruce Viacha, y de manera inmediata se constituyeron en dicho lugar, pero lamentablemente no fueron encontrados y de las constantes llamadas al investigador, quien no contestó y la Fiscal tampoco tenía conocimiento de dónde se encontrarían hasta horas 13:50, lo cual vulnera su derecho a la defensa técnica y material, ya que no pudieron tener contacto con su abogado para coordinar aspectos legales; habiendo de esa forma las autoridades demandadas, incurrido en una dilación indebida causando un procesamiento indebido, restringiendo y atentando su derecho a la libertad, la salud y a la defensa.
Los peticionantes de tutela denunciaron la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la salud, a la defensa y al principio de celeridad; citando al efecto los arts. 125, 126, 178 y 180 de Constitución Política del Estado (CPE); art. 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH); art. 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y art. 9 de Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicitaron se conceda la tutela y se inicie proceso disciplinario en contra del funcionario policial negligente, para evitar que se susciten dichas acciones conforme al art. 39.II del Código Procesal Constitucional (CPCo).
Celebrada la audiencia de acción de libertad el 20 de abril de 2022, conforme consta en acta cursante de fs. 13 a 17 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La parte accionante a través de sus abogados, reiteraron los términos expuestos en su demanda y en audiencia señalaron: a) Habiendo sido denunciados por la presunta comisión del delito de trata y tráfico de personas y que a fin de generar prueba a su favor, funcionarios del SEPDEP tomaron contacto con el investigador asignado al caso, el cual les indico que se encontrarían en la localidad de Viacha del departamento de La Paz, y que se los había trasladado a la Fiscalía de Cruce Viacha, lugar en el cual no se encontraban, tampoco en celdas del Servicio de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), o de la Fuerza de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de mencionado departamento, tampoco se encontraron registro de sus nombres en el portafolio digital; b) El investigador no respondió a las llamadas telefónicas de la defensa pública, vulnerándose de esta manera los derechos a la libertad y la defensa, porque se los incomunico, señalando también que dentro de la presente causa se deje el aspecto subsidiario a la acción de libertad, porque uno de sus defendidos seria de un grupo vulnerable de la tercera edad; y, c) En consecuencia, solicitó se le conceda la tutela en la vía innovativa, para evitar que se vuelva a suscitar similares hechos de incomunicación, los cuales vulneran derechos y garantías constitucionales; asimismo, requiere que se disponga la remisión de antecedentes a fin de apertura un proceso disciplinario ante las instancias correspondientes contra del investigador asignado al caso, además se debe considerar que uno de los denunciados pertenece a un grupo vulnerable por ser adulta mayor de sesenta y cinco años, y el otro de cincuenta y cuatro años.
Neyva Choque Callisaya, Fiscal de Materia, presentó informe oral en la audiencia, señalando: 1) Que la causa consignada con el Código Único de Denuncia (CUD), 3236 fue aperturada por la investigación del presunto delito de trata de personas donde está involucrada una víctima menor de dos años de edad, la cual desapareció el 15 de abril de 2022 y el 18 de igual mes y año fue encontrada con los ahora impetrantes de tutela, después a horas 13:30 la defensa de los accionantes tomó contacto con la autoridad -ahora demandada-, la cual les proporcionó los números de celulares de los investigadores y según el informe evacuado por el investigador asignado al caso, a horas 09:00 aproximadamente, Julia Villegas Canqui -ahora peticionante de tutela- habría solicitado ir al baño y en el transcurso de ello se desmayó, en ese ínterin su esposo Porfirio Flores Calle, escapó de las dependencias de la FELCC; por lo que, el investigador procedió con su búsqueda, encontrándolo posteriormente en su domicilio a horas 19:30 e inmediatamente se procedió a su aprehensión; motivo por el cual, el investigador solicitó que se amplíen los tipos penales por evasión y favorecimiento a la misma contra de los ahora accionantes; 2) La interposición de la acción de libertad no se adecua a las causales establecidas por el art. 125 de la CPE, ya que no se ha demostrado por la vida de los impetrantes de tutela esté en peligro, tampoco que los mismos estén siendo ilegalmente perseguidos, indebidamente procesados o privados de libertad personal, porque se encuentran en calidad de detenidos y que dichos actos se hicieron conocer ante la autoridad jurisdiccional dentro del plazo establecido por Ley; 3) Por otro lado, se informa que dentro de la causa hay un hecho que se está investigando y que se cuenta con un informe de intervención directa realizado por funcionarios policiales de la División Trata y Tráfico de la ciudad de El Alto del departamento de La Paz; por lo que, la autoridad jurisdiccional de medidas cautelares es el Juzgado de Instrucción Penal Tercero de El Alto de predicho departamento, el cual llevó la audiencia de medidas cautelares en horas de la mañana por la supuesta comisión del delito de trata y tráfico de personas, establecido en el art. 281 Bis del Código Penal (CP), encontrándose presentes los imputados y sus abogados defensores, en la misma se determinó la detención preventiva de los peticionantes de tutela; 4) No se pudo visualizar en el Servicio de Registro Cívico (SERECI), a efectos de que la accionante esté debidamente registrada, lo cual fue observado por el Juez de la causa; por lo que no se acreditó la edad de Julia Villegas Canqui en relación al Porfirio Flores Calle; de su cédula de identidad y los datos del Servicio General de Identificación Personal (SEGIP), se evidenció que tendría cincuenta y cuatro años de edad; y, 5) En cuanto a la incomunicación, se debe hacer mención al art. 125 de la CPE, el cual establece cuándo se debe interponer una acción de libertad, extremos que no se han cumplido y más aún cuando existe una autoridad jurisdiccional; por lo que, se debe considerar el principio de subsidiariedad, en ese orden solicito se rechace la acción de libertad, ya que existe otro caso aperturado en contra del funcionario policial codemandado. Celestino Gutiérrez Catacora, Investigador de la FELCC de Viacha del departamento de La Paz, presentó informe oral en audiencia, señalando que se contactó a través de secretaria mediante medios telemáticos, haciendo conocer que a consecuencia de la fuga del ahora accionante Porfirio Flores Calle, no pudo contestar las llamadas realizadas por la defensa de los imputados, ya que el mismo se encontraba realizando la persecución al impetrante de tutela, producto de su fuga el coaccionado se encuentra en calidad de aprehendido; al hallarse en la carretera de la localidad de Viacha del departamento de La Paz no contaba con la señal correspondiente, estableciendo que a consecuencia de estos hechos y la evasión realizada por el mencionado peticionante de tutela, se le iniciaron dos procesos en la vía penal y administrativa, encontrándose en calidad de aprehendido en dependencias de la FELCC de Viacha de citado departamento, de igual forma se le inició proceso en la Dirección Departamental de Investigación Policial (DIPIPI).
El Juez de Sentencia Penal Sexto de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 12/2022 de 20 de abril, cursante de fs. 18 a 21 vta., y su complementación de fs. 22 a vta., explicación y enmienda denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) La acción de libertad se fundamenta en la vulneración del derecho a la comunicación de los imputados con sus abogados defensores, este aspecto habría sido a consecuencia de que uno de los accionantes precisamente -Porfirio Flores Calle-, se dio a la fuga, procediendo a realizar su persecución y búsqueda; por lo que, no se habría procedido a dar respuesta a las llamadas telefónicas realizadas por los abogados al investigador -ahora demandado-, ya que materialmente el mismo se encontraba imposibilitado debido a que tenía bajo su custodia a la coimputada y en búsqueda de recaptura del otro coimputado, siendo este aspecto acreditado y que a consecuencia de ese hecho, se dio inicio un proceso administrativo y penal al funcionario policial e investigador asignado al caso; ii) En tal sentido se advierte que la vulneración de este estado de incomunicación de los imputados -ahora impetrantes de tutela- fueron producto de acciones realizadas por los mismos, precisamente por Porfirio Flores Calle, los cuales están relacionados a actos de evasión a la justicia, a razón de que bajo el principio de verdad material se ha aclarado por la Fiscal que la causa se encuentra tramitada bajo el Código Único 201502022203236 ante el Juzgado de Instrucción Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz, y que habría asumido el control jurisdiccional; es por eso, que los actos realizados por los funcionarios policiales y el Ministerio Público deben ser reclamados ante dicha instancia; iii) El Juez cautelar se constituye en la autoridad jurisdiccional quien controla el desenvolvimiento de los actos de investigación que realizan tanto fiscales como funcionarios policiales, desde el primer acto del proceso hasta la conclusión de la etapa preparatoria; conforme a las previsiones contenidas en el art. 54 inc. 1 concordante con el art. 279 ambas del Código de Procedimiento Penal (CPP), normas que le otorgan la facultad para disponer lo que fuere de ley a efectos de restituir derechos transgredidos en caso de constatarse vulneraciones; por ello, toda persona involucrada en una investigación que considere la existencia de una acción u omisión que vulnera sus derechos y garantías, entre las cuales se encuentra el derecho a la libertad, debe acudir ante esa autoridad; empero, cuando el accionante no agota las vías idóneas inmediatas ante la justicia ordinaria o bien activa de manera simultánea otras formas de reclamación, este órgano de justicia constitucional se ve impedido de brindar la tutela impetrada, lo que significa que en aquellos casos en los que se omitió activar el control jurisdiccional con carácter previo a la acción de libertad o cuando se realizó de manera simultánea, operará de manera automática la subsidiariedad excepcional de la acción tutelar; y, iv) En tal sentido conforme a la línea jurisprudencial anteriormente desarrollada y con base en el informe a través de la representante del Ministerio Público se puede advertir que la presente causa habría sido puesta a conocimiento de la autoridad jurisdiccional, vale decir el Juzgado de Instrucción Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz, en consecuencia habiéndose aclarado la situación jurídica de los ahora peticionantes de tutela y que habría sido resuelta a través de dicha autoridad; considerando que ante la determinación del Juez cautelar los impetrantes de tutela tienen el derecho a recurrir, en tal sentido no se advierte ninguna vulneración a algún derecho o garantía constitucional manifestado por la parte accionante, máxime si el investigador asignado al caso a consecuencia de los hechos mencionados tiene iniciadas acciones disciplinarias y penales que serán tratadas y consideradas en la vía correspondiente. En vía de complementación, explicación y enmienda, el abogado de la parte accionante, de acuerdo al art. 13 del Código Procesal Constitucional (CPCo), solicitó que se corrijan los errores materiales, señalando que el informe del investigador refiere que solo Porfirio Flores Calle evadió el control jurisdiccional; por lo cual, está insertando un dato oscuro en la Resolución, ya que Julia Villegas Canqui, nunca evadió el control judicial debido a que sufrió un desmayo y Porfirio Flores Calle aprovechó el suceso para salir; sin embargo, dicha oficina se encontraba llena de policías, lo cual es muy poco probable, también se está omitiendo pronunciar sobre si los adultos mayores pertenecen al grupo vulnerable y que el único error de los accionantes es haber cobijado a una menor en pleno feriado; por lo que, solicita que se corrijan dichos errores; a lo cual el Juez de garantías, refirió que: a) El investigador asignado requirió la aplicación de los delitos de evasión y favorecimiento a la misma, porque se estableció que la ahora impetrante de tutela, habría solicitado ir al baño y a consecuencia de ello el co-imputado se habría dado a la fuga, producto de ello el policía realizó la persecución no contestando a las llamadas correspondientes, en tal sentido no se establece ningún concepto oscuro dentro de la presente determinación; b) Se dejó claramente establecido por el Ministerio Público que a través del CUD 201502022203236, el proceso penal se encuentra a cargo de Juzgado de Instrucción Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz, también el petitorio de la parte accionante es inconducente porque únicamente se solicitó que se conceda la tutela en la vía innovativa a fin de realizar el procesamiento administrativo correspondiente al funcionario policial; toda vez que, dentro de la presente audiencia y por un principio de verdad material se estableció que el funcionario policial cuenta con un proceso tanto administrativo como penal producto del presente hecho, siendo incongruente lo solicitado, se tiene establecido que la jurisdicción constitucional no puede invadir actos a la jurisdicción ordinaria, el Juzgado de Instrucción Penal Tercero de El Alto del citado departamento, es el juzgado competente para poder resolver la situación jurídica de los accionantes por lo cual se declara no ha lugar a la solicitud de complementación, explicación y enmienda solicitado por la parte accionante.
Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Mediante acta de audiencia de acción de libertad de 20 de abril de 2022, en la cual al ser preguntado por el Juez de garantías, la Fiscal demandada refirió:
“…el código dentro de la presente causa es el número 201502022203236, la autoridad jurisdiccional es la Dra. Dina Larrea JUEZ DEL juzgado tercero de Instrucción en lo Penal de la ciudad de El Alto, y la determinación que se ha dado la detención preventiva para ambos imputados…” (sic [fs. 17 vta.]). Asimismo, el accionante en la misma audiencia señalo:
“…anoche ya en horas de la noche nos llega una notificación el juez de la causa seria, estaría en el juzgado 3ro de instrucción cautelar de Dra. Dina Larrea en ese momento nos enteramos que habría un juez, que habría una imputación vuelvo a recalcar Señor juez de garantías que la prueba de la fotostática donde se evidencia foto donde cuando se busca con el dato adjuntado como prueba, buscando con el nombre, no nos sale ningún juzgado y es por eso que se nos ha imposibilitado presentar esta queja al Juez de la causa, desconocemos por qué no figura…” (sic [fs. 14]).
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la salud, a la defensa y el principio de celeridad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de trata y tráfico de personas, fueron aprehendidos y posteriormente estuvieron incomunicados; ya que Celestino Gutiérrez Catacora investigador demandado, no contestó las constantes llamadas realizadas por la defensa técnica de los ahora impetrantes de tutela; asimismo, Neyva Choque Callisaya Fiscal asignada al caso -ahora demandada-, tampoco conocía el lugar donde se encontraban, vulnerando su derecho a la defensa técnica y material, debido a que no pudieron establecer contacto con su abogado para coordinar aspectos legales. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad frente a actos supuestamente ilegales cometidos por el Ministerio Público y/o funcionarios de la Policía Boliviana; y, 2) Análisis del caso concreto.
La jurisprudencia que sigue está reflejada entre otras en la SCP 0686/2018 de 23 de octubre. El Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sentó la línea jurisprudencial sobre la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronto y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad. De manera específica, señaló que el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, dada su configuración procesal, es un recurso idóneo e inmediato de defensa contra supuestas lesiones y restricciones al derecho a la libertad de los imputados, donde el tribunal superior tiene la oportunidad de corregir, en su caso, los errores del inferior, invocados en el recurso. En el marco de dicho entendimiento, la SC 0181/2005-R de 3 de marzo, señaló que en la etapa preparatoria del proceso penal, se deben 1 EI Fundamento Jurídico III.1.2, señala: "De lo anterior se extrae, que la existencia de la garantía constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida.
En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria. (...) Consiguientemente, como el ordenamiento jurídico no puede crear y activar recursos simultáneos o alternativos con el mismo fin sin provocar disfunciones procesales no queridas por el orden constitucional, se debe concluir que el proceso constitucional del hábeas corpus, únicamente se activa cuando los medios de defensa existentes en el ordenamiento común, no sean los idóneos para reparar, de manera urgente, pronta y eficaz, el derecho a libertad ilegalmente restringido. No es posible acudir a este recurso, cuando el ordenamiento jurídico prevé medios de impugnación específicos y aptos para restituir el derecho a la libertad, en forma inmediata. Conforme a esto, solamente una vez agotado tal medio de defensa y ante la persistencia de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus" (el subrayado es nuestro). 2 EI Fundamento Jurídico III.2, establece: "De lo anterior se extrae que todo imputado que considere que en el curso del proceso investigativo ha sufrido una lesión de un derecho fundamental, entre ellos, el derecho a la libertad en cualquiera de las formas en que pueda sufrir menoscabo, debe impugnar tal conducta ante el juez instructor, que es el órgano jurisdiccional que tiene a su cargo el control de la investigación, desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria. Así, el Código de procedimiento penal al prever la existencia de un órgano jurisdiccional competente para conocer y resolver de manera directa y expedita, las supuestas vulneraciones a los derechos y garantías que pudieran tener origen en los órganos encargados de la persecución penal; no resulta compatible con el sistema de garantías previsto en el ordenamiento aludido, acudir directamente o de manera simultánea a la justicia constitucional, intentando activar la garantía establecida por el art. 18 constitucional, ignorando los canales normales establecidos. Consiguientemente, el hábeas corpus sólo se activa en los casos en que la supuesta lesión no sea reparada por los órganos competentes de los jurisdiccionales ordinarios aludidos".
impugnar las supuestas lesiones a derechos y garantías en los que puedan incurrir los órganos encargados de la persecución penal ante el Juez de Instrucción Penal, no resultando compatible activar directamente o de manera simultánea, la justicia constitucional. Por su parte, la SC 0054/2010-R de 27 de abril puntualizó que las denuncias de actos ilegales u omisiones indebidas en las que pudieran incurrir los fiscales y policías durante la etapa preparatoria, que implique vulneración de derechos fundamentales, deben ser presentadas ante el Juez de Instrucción Penal, sin que sea admisible acudir directamente ante la jurisdicción constitucional; consecuentemente, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo sistematizó tres supuestos de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad para los casos en los que, en materia penal se impugnen actuaciones judiciales -posteriores a la imputación-, en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad, a objeto de guardar el equilibrio y complementariedad entre ambas jurisdicciones.
3 El Fundamento Jurídico III. 3 señala: "Queda establecido entonces, que ante denuncia de irregularidades, actos ilegales u omisiones presuntamente cometidas por los fiscales o policias en la etapa preparatoria del proceso, que impliquen lesión a los derechos fundamentales de todo denunciado o sindicado, la misma debe presentarse ante el juez cautelar como el encargado de ejercer el control jurisdiccional de la investigación, en aplicación de lo dispuesto por las normas previstas en los arts. 54.1) y 279 del CPP, sin que sea admisible acudir en forma directa a esta acción tutelar si con carácter previo los hechos denunciados no fueron reclamados ante la autoridad encargada del control jurisdiccional, que es la apta para restablecer las presuntas lesiones a derechos fundamentales y-se reitera- sólo en caso de verificarse que existirá una dilación o que esa instancia no se constituye en la eficaz y oportuna para restablecer esos derechos, es que se abre la posibilidad de acudir a la presente acción tutelar en forma directa”. 4 El Fundamento Jurídico III.4, determina:
Primer supuesto: Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación
Segundo Supuesto: Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal. Lo propio si está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa, o relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la causa en ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o restricción a la libertad física.
Tercer supuesto: Si impugnada la resolución la misma es confirmada en apelación; empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional Impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar" (las negrillas son introducidas).
Más tarde, la SCP 0185/2012 de 18 de mayo sostuvo que si la acción de libertad está fundada en la restricción del derecho a la libertad personal, por causa de haberse restringido la misma, al margen de los casos y formas establecidos por ley y no esté vinculado a un delito o no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción de libertad puede ser presentada de manera directa. Posteriormente, la SCP 0482/2013 de 12 de abril en el Fundamento Jurídico III.2.2, sistematizó las reglas de la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, conforme a lo siguiente:
“1. Cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté vinculada a un delito y por tanto no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción puede ser activada de forma directa contra las autoridades o persona que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley (...) 2. Cuando el fiscal da aviso del inicio de la investigación al Juez cautelar y ante la denuncia de una supuesta ilegal aprehensión, arresto u otra forma de restricción de la libertad personal o física por parte de un Fiscal o de la Policía, el accionante, previo a acudir a la jurisdicción constitucional debe en principio, denunciar todos los actos restrictivos de su libertad personal o física ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional, 3. Cuando el accionante hubiera denunciado los actos restrictivos de su libertad personal o física ante el Juez cautelar, como también, paralela o simultáneamente a la jurisdicción constitucional a través de la acción de libertad, sobreviene también la subsidiaridad. 4. Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. 5. Si impugnada la resolución, ésta es confirmada en apelación, empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar (las negrillas son nuestras).
Finalmente, la SCP 1888/2013 de 29 de octubre, moduló la SCP 0185/2012 de 18 de mayo y el primer supuesto de las sub reglas anotadas por la SCP 0482/2013 de 12 de abril antes citada, señalando que es posible la presentación directa de la acción de libertad, prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, cuando: i) La supuesta lesión o amenaza del derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito; o, ii) Cuando existiendo dicha vinculación, no se informó al juez de instrucción penal sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de Procedimiento Penal; último supuesto, que de ninguna manera, implica que ante restricciones del derecho a la libertad, al margen de los casos y formas establecidas por ley, no sea posible la presentación de la acción de libertad en forma directa, antes de haber transcurrido los plazos establecidos en la norma procesal penal. En síntesis, es posible la presentación directa de la acción de libertad, en el primer supuesto señalado en la SCP 0482/2013 de 12 d abril, cuando: a) La supuesta lesión o amenaza del derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito; b) Cuando existiendo dicha vinculación: b.1) No se informó al juez de instrucción penal sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de Procedimiento Penal, o cuando: b.2) No habiendo transcurrido dichos plazos, se hubiere restringido el derecho a la libertad, al margen de los casos y formas establecidas por ley. De conformidad a la sistematización de la línea jurisprudencial anotada, el juez de instrucción penal es la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional de la investigación, desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria, siendo también, llamada por ley para atender cualquier denuncia de vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales durante esta etapa. En similar sentido, las resoluciones de medidas cautelares pronunciadas por la autoridad judicial pueden ser impugnadas a través del recurso apelación incidental previsto en el art. 251 del CPP. El principio de subsidiariedad excepcional, que exige el agotamiento de los recursos ordinarios establecidos por ley previamente antes de acudir a la vía constitucional, no forma parte de la naturaleza de la acción de libertad, pues por su ámbito de protección de los derechos a la libertad personal y de locomoción y a la vida, justamente su trámite tiene carácter sumarísimo, inmediato e informal. En este sentido, de acuerdo al entendimiento efectuado en la SC 982/2000-R de 23 de octubre, el entonces recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad- no requería que la persona previamente acuda a la jurisdicción ordinaria para agotar los recursos ordinarios a fin de reparar la lesión de su derecho a la libertad, pues la vía constitucional estaba expedita para ello; sin embargo, la jurisprudencia constitucional a través de la SC 160/2005-R de 23 de febrero, moduló este entendimiento y estableció excepciones en las que era permisible declarar la improcedencia del citado recurso al existir otros medios o recursos inmediatos, expeditos e idóneos, lo cual; empero ,implica que la aplicación del principio de subsidiariedad tiene carácter excepcional; toda vez que, "si el ordenamiento jurídico no prevé un medio de defensa que tenga las características de idoneidad, especificidad e inmediatez, es posible, a través del habeas corpus, analizar las supuestas lesiones al derecho a la libertad” (sic). En este marco, la SCP 0026/2010-R de 13 de abril, respecto a la legalidad o no de las actuaciones policiales y de la aprehensión fiscal, en su ratio decidendi señaló que:
"...de conformidad a lo previsto por el art. 54 inc.1) del CPP le compete controlar la investigación; por ende, es al mencionado Juez a quién le corresponde analizar los argumentos fácticos y jurídicos, como también valorar la prueba aportada por las partes, a objeto de determinar conforme a derecho la legalidad o no de las actuaciones policiales y de la aprehensión fiscal, y precisamente dicha autoridad jurisdiccional -a momento del análisis de la acción tutelar- ya ha fijado fecha y hora para la consideración de las supuestas ilegalidades en la aprehensión del imputado hoy accionante; y toda vez que está bajo control jurisdiccional, será esa la autoridad que determine su libertad, si es que corresponde; motivo por el cual no es posible conceder la tutela solicitada, por cuanto la presente acción, no es la vía idónea para revisar y valorar las actuaciones de dichos funcionarios, mucho menos para ordenar la libertad del recurrente" (las negrillas nos pertenecen). Ahora bien, con la finalidad de delimitar los casos excepcionales en los cuales no es posible ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada a través de la acción de libertad, en el marco de la aplicación de los valores de equilibrio y complementariedad de las jurisdicciones ordinaria y constitucional, es que en la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, se estableció los siguientes supuestos de subsidiariedad:
"Primer supuesto: Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación. Segundo Supuesto: Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal. Lo propio si está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa, o relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la causa en ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o restricción a la libertad física. Tercer supuesto: Si impugnada la resolución la misma es confirmada en apelación; empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutela” (las negrillas son nuestras). Sin embargo, la citada Sentencia Constitucional, en el caso de que se denuncie la vulneración del derecho a la vida por medio de la acción de libertad ha establecido que no opera la improcedencia por subsidiariedad. Igualmente, sobre la activación simultánea de jurisdicciones distintas en la acción de libertad, la SC 0105/2010-R de 10 de mayo estableció que:
"...para que se abra la tutela que brinda esta acción, es preciso que previamente se determine si existen los medios de impugnación específicos e idóneos para restituir el derecho a la libertad en forma inmediata, pero además de ello, se debe considerar también que cuando quien recurre de hábeas corpus, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aún en el supuesto de que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, es lógico suponer que tampoco procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad, ello debido a que el recurrente, actual accionante, no puede activar dos jurisdicciones en forma simultánea para efectuar sus reclamos, no siendo admisible dicha situación que de ocurrir inviabiliza la acción tutelar, pues al activar en forma simultánea la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, para que ambas conozcan y resuelvan las irregularidades denunciadas, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico". Por su parte, la SCP 0185/2012 de 18 de mayo, efectuó el cambio de línea jurisprudencial que fue establecida en la primera parte del primer presupuesto de la SC 0080/2010-R, de 3 de mayo en virtud al ámbito de protección la acción de libertad; toda vez que, si el Juez cautelar no tiene conocimiento del inicio de investigación o si en un caso ajeno que no implique un delito, las personas, los servidores públicos y por ende las fuerzas del orden público como la autoridad fiscal tienen la obligación de dar cumplimiento a la Constitución Política del Estado y respetar el derecho a la libertad, en ese entendido se instituyó que:
"...en cuanto a la presunta indebida privación de libertad, deberá tenerse en cuenta que la misma puede producirse, ya por hechos y circunstancias eventualmente no vinculadas a la presunta comisión de un delito y otras veces, sí vinculadas a dicha presunta comisión de un delito. En consecuencia, si no existe inicio de investigación y tampoco presunta comisión de delito alguno, corresponderá a la justicia constitucional conocer directamente y resolver la acción de libertad que acuse una presunta indebida privación de libertad". De acuerdo a lo señalado la precitada Sentencia Constitucional Plurinacional, ha mantenido el razonamiento efectuado en la segunda parte del primer presupuesto de SC 0080/2010-R de 3 de mayo, al señalar que:
"...cuando la restricción se hubiera presuntamente operado al margen de los casos y formas establecidas por ley y que, sin embargo, tal hecho se hubiera dado a conocer al juez cautelar del inicio de la investigación y, en su caso, de la imputación, resulta indispensable recordar que el art. 54.1 del CPP, establece que entre las competencias del Juez de Instrucción en lo Penal, está el ejercer el control jurisdiccional de la investigación, lo que significa, que es la autoridad encargada de resguardar que la etapa de investigación se realice conforme a procedimiento y en estricta observancia de respeto a los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes del proceso -imputado, querellante y víctima-. En ese contexto, corresponde al juez ejercer el control jurisdiccional de la investigación y, por lo mismo, que ésta se desarrolle de manera correcta e imparcial y no en forma violatoria de derechos fundamentales o garantías constitucionales; es decir, desde otra perspectiva, cualquier acto ilegal y/o arbitrario durante la investigación en que incurriere el Ministerio Público como titular de la acción penal o la Policía Boliviana como coadyuvante, deberá ser denunciado ante el Juez de Instrucción en lo Penal, que tenga a su cargo el control jurisdiccional de la investigación (las negrillas fueron añadidas).
De otro lado, la SCP 0360/2012 de 22 de junio, en cuanto a la competencia para conocer una denuncia de vulneración del derecho a la libertad señaló como excepción a lo establecido ya por la jurisprudencia lo siguiente:
"Cuando no existe al menos una denuncia o investigación penal abierta contra la persona, o que al momento de su aprehensión ni siquiera se le sorprendió en la comisión de un delito flagrante, situación que posibilita ingresar directamente al análisis de fondo de la causa a través de la acción de libertad, sin necesidad de acudir ante el Juez cautelar, al no existir los medios inmediatos y eficaces previstos por ley para que opere el carácter excepcional de subsidiariedad de la acción de libertad". Así también, la jurisprudencia constitucional a través de la SCP 0482/2013 de 12 de abril, vio la necesidad de realizar una aclaración en relación al Juez de Instrucción de turno como instancia previa antes de activar la 18/05 acción de libertad y unificar la interpretación que desarrollaron las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0185/2012 de 18 de mayo y 0360/2012 de 22 de junio, para así efectuar una integración marco de la línea jurisprudencial con la finalidad de que las personas puedan acceder de manera efectiva a la jurisdicción constitucional y asimismo facilitar el trabajo de los operadores de justicia y otorgar seguridad y certeza respecto a la aplicación del principio de subsidiariedad en la acción de libertad. En este entendido, la referida Sentencia Constitucional Plurinacional unificando la jurisprudencia señalada precedentemente, estableció de manera excepcional los siguientes escenarios que imposibilitan ingresar al fondo de la mencionada acción de defensa:
"1. Cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté vinculada a un delito y por tanto no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción puede ser activada de forma directa contra las autoridades o persona que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley; aclarando que el Juez de Instrucción de turno, no tiene competencia para el efecto conforme se ha señalado en el Fundamento Jurídico III.2.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. 2. Cuando el fiscal da aviso del inicio de la investigación al Juez cautelar y ante la denuncia de una supuesta ilegal aprehensión, arresto u otra forma de restricción de la libertad personal o física por parte de un Fiscal o de la Policía, el accionante, previo a acudir a la jurisdicción constitucional debe en principio, denunciar todos los actos restrictivos de su libertad personal o física ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional. 3. Cuando el accionante hubiera denunciado los actos restrictivos de su libertad personal o física ante el Juez cautelar, como también, paralela o simultáneamente a la jurisdicción constitucional a través de la acción de libertad, sobreviene también la subsidiariedad. 4. Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. 5. Si impugnada la resolución, ésta es confirmada en apelación, empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar”. Asimismo, la SCP 1888/2013 de 29 de octubre, realizó la modulación de la SCP 0185/2012 de 18 de mayo y el primer presupuesto establecido en la SCP 0482/2013 de 12 de abril, sobre la posibilidad de la presentación de la acción de libertad, abril prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, bajo los siguientes presupuestos:
" i) La supuesta lesión o amenaza al derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito o, ii) Cuando, existiendo dicha vinculación: ii.a) No se ha informado al juez cautelar sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de Procedimiento Penal; o cuando ii.b) No habiendo transcurrido dichos plazos, se hubiere restringido el derecho a la libertad, al margen de los casos y formas establecidas por ley No siendo exigible, en ninguno de los dos supuestos anotados, acudir ante el Juez cautelar de turno con carácter previo; pues se entiende que, en el primer caso, no se está ante la comisión de un delito y, por lo mismo, el juez cautelar no tiene competencia para el conocimiento del supuesto acto ilegal, y en el segundo, existe una dilación e incumplimiento de los plazos procesales por parte de la autoridad fiscal o, en su caso, policial, que bajo ninguna circunstancia puede ser un obstáculo para el acceso a la justicia constitucional”. Sin embargo, la mencionada Sentencia Constitucional Plurinacional, también explicó que el razonamiento señalado precedentemente no implica un desconocimiento a la previsión contenida en el art. 303 del CPP, el cual establece que si el fiscal no formaliza la imputación formal de la persona que se encuentra detenida dentro del plazo de veinticuatro horas desde que tomó conocimiento de la aprehensión; "...el juez de la instrucción dispondrá, de oficio o a petición de parte, la inmediata libertad del detenido..." (sic) ; la cual fue prevista para los supuestos en los que existe una autoridad jurisdiccional identificada, pues en este caso se comprende que el fiscal ya dio aviso al juez cautelar sobre el inicio de las investigaciones. De igual forma, aclaró que si la persona acude directamente al Juez de instrucción ”…la persona aprehendida ya no podrá acudir de manera paralela con su reclamo ante la justicia constitucional a través de la acción de libertad, sino sólo cuando dicha autoridad jurisdiccional de turno no hubiere reparado la supuesta lesión denunciada por el imputado" (sic). Este entendimiento fue reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1067/2021-S3; 0811/2021-S1; 0762/2021-S2; y, 0235/2020-S1, 0560/2020-S1; entre otras. De la sistematización jurisprudencial efectuada, se concluye que la acción de libertad no tiene carácter subsidiario por su naturaleza jurídica; empero, de acuerdo a lo establecido por la jurisprudencia constitucional, se establecieron excepciones que imposibilitan acudir directamente a la jurisdicción constitucional a través de la referida acción tutelar para resolver la vulneración denunciada y por ende la aplicación del principio de subsidiariedad excepcional, en tal sentido, de acuerdo a la modulación efectuada por la jurisprudencia, en lo concerniente a la jurisdicción competente para conocer la presunta lesión del derecho a la libertad, queda establecido que, cuando el Fiscal hubiera dado a conocer el inicio de la investigación al juez de turno o la imputación formal, queda plenamente identificado el Juez que ejerce el control jurisdiccional del proceso; en consecuencia, corresponde que la persona acuda previamente a dicha autoridad judicial para que resguarde ese derecho y en caso de que el mismo no lo restablezca recién se puede acudir a la instancia constitucional, de lo contrario si se acude directamente ante esta jurisdicción se aplica la subsidiariedad excepcional y no se ingresa al fondo del asunto reclamado.
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la salud, a la defensa y el principio de celeridad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de trata y tráfico de personas, fueron aprehendidos y posteriormente estuvieron incomunicados; ya que, Celestino Gutiérrez Catacora investigador demandado, no contestó las constantes llamadas realizadas por la defensa técnica de los ahora impetrantes de tutela; asimismo, Neyva Choque Callisaya Fiscal asignada al caso -autoridad ahora demandada-, tampoco tenia conocimiento del lugar donde se encontraban, vulnerando su derecho a la defensa técnica y material, debido a que no pudieron establecer contacto con su abogado para coordinar aspectos legales. Con carácter previo corresponde hacer énfasis al aspecto relacionado de "adulto mayor" al que correspondería a Julia Villegas Canqui peticionante de tutela, y que fue alegado tanto en el escrito de la presente acción tutelar, así como en el extenso de los argumentos vertidos en audiencia por la defensa de los ahora impetrantes de tutela, extremo que permitiría vencer la barrera de la subsidiariedad conforme lo precisó la SCP 0832/2019-S1 de 4 de septiembre en la que se hizo hincapié en la abstracción a las exigencias procesales ante la protección reforzada que existe a los denominados grupos vulnerables, como son: los niños, niñas y adolescentes, las personas con discapacidad, las mujeres embarazadas, las minorías étnicas o raciales; y, los adultos de la tercera edad; personas que, por su vulnerabilidad gozan de protección inmediata por parte del Estado en todas sus instancias, e incluso de la abstracción del principio de subsidiariedad en las acciones de defensa para poder interponerlas de manera directa, a pesar de existir los medios de impugnación previstos en el ordenamiento jurídico; presupuesto jurisprudencial que operaria dentro la presente acción tutelar; sin embargo, es de notar que de la revisión minuciosa al legajo constitucional, no se advierte un elemento objetivo que permita acreditar dicho extremo; por lo que, bajo esos antecedentes no corresponde prescindir de la subsidiariedad. Ahora bien, de la problemática traída en revisión, resulta pertinente remitirnos al Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, que cita a la SCP 0482/2013 de 12 de abril; toda vez que, en su Fundamento Jurídico III.2.2, sistematizó las reglas de la subsidiariedad dos excepcional en la acción de libertad; y en ese marco en el segundo punto preciso que: "Cuando el fiscal da aviso del inicio de la investigación al Juez cautelar y ante la denuncia de una supuesta ilegal aprehensión, arresto u otra forma de restricción de la libertad personal o física por parte de un Fiscal o de la Policía, el accionante, previo a acudir a la jurisdicción constitucional debe en principio, denunciar todos los actos restrictivos de su libertad personal o física ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional". En consideración a estos razonamientos se tiene que en el presente caso, lo denunciado por los accionantes contra la autoridad fiscal y el funcionario policial ahora demandados, se encuentra inmerso dentro de las actuaciones emergentes de una investigación penal que le sigue de oficio el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de trata y tráfico de personas, que les fue atribuido a los ahora impetrantes de tutela; extremo que no fue desvirtuado por los mismos. Asimismo, del acta de audiencia se tiene que la fiscal demandada informó que la audiencia de medidas cautelares dentro del presente caso, “ya se llevó a cabo en horas de la mañana” (sic); en consecuencia, bajo dichos elementos se llega a determinar que la presente causa a momento de la interposición de la presente acción tutelar -19 de abril de 2022 a horas 14:34- se encontraba con el respectivo control jurisdiccional, signado con el CUD 01502022203236; por lo que, en subsunción a la premisa normativa desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, no correspondía la activación de la presente acción tutelar; toda vez que, esta vía constitucional no es un medio alternativo ni sustitutivo de la jurisdicción ordinaria, siendo la autoridad llamada por Ley para reparar las presuntas lesiones el Juez de Instrucción Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz, en consecuencia corresponde denegar la tutela sin ingresar al fondo de la problemática planteada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró correctamente.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.2 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 12/2022 de 20 de abril, cursante de fs. 18 a 21 vta., y su complementación de fs. 22 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Sexto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituido en Juez de garantías; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
5 El Fundamento Jurídico III.2, cita: "En este orden, en cuanto a la presunta indebida privación de libertad, deberá tenerse en cuenta que la misma puede producirse, ya por hechos y circunstancias eventualmente no vinculadas a la presunta comisión de un delito y otras veces, si vinculadas a dicha presunta comisión de un delito. En consecuencia, si no existe inicio de investigación y tampoco presunta comisión de delito alguno, corresponderá a la justicia constitucional conocer directamente y resolver la acción de libertad que acuse una presunta indebida privación de libertad. (...) Queda establecido que cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté vinculada a un delito o no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción es directa contra las autoridades que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley".
6 El Fundamento Jurídico III.2, señala: "Ahora bien, con la finalidad de otorgar certeza y seguridad jurídica, es necesario modular la SCP 0185/2012 y el primer supuesto de las subreglas anotadas por la Sentencia Constitucional Plurinacional antes glosada y, en ese sentido, debe señalarse que es posible la presentación directa de la acción de libertad, prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, cuando: i) La supuesta lesión o amenaza al derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito o, ii) Cuando, existiendo dicha vinculación, no se ha informado al juez cautelar sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de procedimiento penal; no siendo exigible, en ninguno de los dos supuestos anotados, acudir ante el juez cautelar de turno con carácter previo; pues se entiende que, en el primer caso, no se está ante la comisión de un delito y, por lo mismo, el juez cautelar no tiene competencia para el conocimiento del supuesto acto ilegal, y en el segundo, existe una dilación e incumplimiento de los plazos procesales por parte de la autoridad fiscal o, en su caso, policial, que bajo ninguna circunstancia puede ser un obstáculo para el acceso a la justicia constitucional".
7 Serrudo Santelices, Patricia. La tutela eficaz del derecho a la libertad personal en el marco del art. 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos: Una visión a la acción de libertad en el Estado Plurinacional de Bolivia, páginas 21 a 22.
8 "...para que se abra la tutela que brinda esta acción, es preciso que previamente se determine si existen los medios de impugnación específicos e idóneos para restituir el derecho a la libertad en forma inmediata, pero además de ello, se debe considerar también que cuando quien recurre de hábeas corpus, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aún en el supuesto de que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, es lógico suponer que tampoco procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad, ello debido a que el recurrente, actual accionante, no puede activar dos jurisdicciones en forma simultánea para efectuar sus reclamos, no siendo admisible dicha situación que de ocurrir inviabiliza la acción tutelar, pues al activar en forma simultánea la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, para que ambas conozcan y resuelvan las irregularidades denunciadas, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico".
9 En su Fundamento Jurídico III.2, citando la SCP 1323/2016-S2 de 6 de diciembre.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0801_2023-S1.pdf · páginas 1 a 18.
Huella digital del PDF (SHA-256): bb69d5eb4a0233c14be7e768e1455f95df36f67255edf3246588256ad9f06468
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