B.IA.LEGAL

SCP 0800/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 24 de julio de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
24 de julio de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
53747-2023-108-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a su libertad personal y de locomoción, toda vez que las Juezas demandadas dilataron la aceptación de su incidente de libertad condicional, pidiendo documentación que cursa en el expediente, por lo que solicita se conceda la tutela y, en consecuencia, se ordene a las autoridades demandadas, en lo futuro actúen con la mayor celeridad posible en los casos puestos a su conocimiento, a objeto de evitar la afectación del derecho a la libertad, presentando su acción de libertad en la modalidad innovativa.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 003/2023 de 27 de enero, cursante de fs. 56 a 58 vta., pronunciada por La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Cochabamba, constituido en Tribunal de garantías; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada bajo la modalidad traslativa e innovativa respecto a Giovana Torrico Diaz, Jueza de Ejecución Penal Tercera del departamento de Cochabamba, conforme los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, sin disponer ninguna actuación; por cuanto ya se dio respuesta al accionante. 2º DENEGAR la tutela impetrada respecto a Luz Nair Acebey Arispe, Jueza de Ejecución Penal Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba, en base a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 3º Exhortar a la autoridad demandada, Giovana Torrico Diaz, Jueza de Ejecución Penal Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba, a tramitar con la máxima celeridad posible, las solicitudes en las cuales se encuentre comprometido el derecho a la libertad; además, en la modalidad de tutela innovativa es menester que no vuelvan a repetirse los actos condenados en este fallo constitucional; y, 4º Exhortar a David Clavijo Zurita y María Zulma Montaño Montaño, Vocales de la Sala Constitucional Primera del departamento de Cochabamba, constituidos en Tribunal de garantías, a observar los fundamentos de esta Sentencia con relación a los efectos de la acción de libertad innovativa.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Respecto a la acción de libertad innovativa
  2. III.2. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0800/2025-S3 Sucre, 24 de julio de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 53747-2023-108-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 003/2023 de 27 de enero, cursante de fs. 56 a 58 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Gabriel Tito Gutiérrez Mérida en representación sin mandato de Moisés Villarroel Jiménez contra Luz Nair Acebey Arispe, Jueza de Ejecución Penal Segunda y Giovana Torrico Díaz, Jueza de Ejecución Penal Tercera, ambas de la Capital del departamento de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 27 de enero de 2023, cursante de fs. 20 a 26 vta., el accionante a través de su representante, expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Se encuentra privado de libertad en el Centro Penitenciario de San Pedro del departamento de Cochabamba, desde el 16 de octubre de 2020, cumpliendo la Sentencia de 30 de septiembre de 2019, por el que fue condenado a tres años de reclusión, por el delito de violencia familiar o doméstica; siendo beneficiado por el Juez de la causa con la suspensión condicional de la pena, esta determinación fue revocada por la Sala Penal; por lo que, el 4 de febrero de 2021, se emitió mandamiento de condena en su contra. Por certificado de permanencia y conducta de 17 de junio de 2022, remitidos para el trámite de redención al Juzgado de origen, a través del Auto de 4 de agosto del mismo año, se determinó que cumplió más de las 2/5 partes de la condena. Posteriormente, mediante informe de cómputo de pena de 6 de septiembre del mismo año, emitido en razón del incidente de libertad condicional que presentó, se emitió Auto de admisión de la misma fecha, por el que se estableció que para ese entonces había cumplió más de las 2/3 partes de su condena, empero el incidente fue rechazado ante la imposibilidad de acreditar un domicilio. Una vez que contó con el requisito de domicilio, el 16 de diciembre de 2022, presentó nuevo incidente de libertad condicional, que fue resuelto en periodo de vacación judicial, por la Jueza de Ejecución Penal Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba -autoridad demandada-, mediante Resolución de 19 de similar mes y año, disponiendo notificación al Director del Penal de San Pedro de Cochabamba, a objeto de que remita el certificado de permanencia y conducta actualizado, por no encontrarse en el expediente el mandamiento de condena y la fecha de ejecución del mismo. Determinación incongruente, considerando que en el expediente se contaba con todos los antecedentes y actuados extrañados, que establecían el periodo de cumplimiento de su condena, razón por la cual no podía solicitar un nuevo cómputo de condena. Esta determinación fue recurrida en reposición, a objeto de que la autoridad jurisdiccional advertida de su error, revoque su determinación; sin embargo, sin ingresar al fondo de su solicitud, la autoridad codemandada rechazó su petitorio, alegando presentación extemporánea. Posteriormente presentó certificado de permanencia y conducta actualizado, ante la Jueza de Ejecución Penal Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba -Jueza titular de la causa-, quién a su vez desconociendo la existencia de los trámites que realizó la referida autoridad jurisdiccional, dispuso mediante providencia de 11 de enero de 2023, que previamente debía cumplir con el decreto de 30 de diciembre de 2022 y acompañar el mandamiento de condena con sus respectivas notificaciones, además, del certificado de permanencia y conducta. Contra esta decisión, presentó recurso de reposición, que no fue resuelto conforme a procedimiento, toda vez que al haber cumplido con la presentación del mandamiento de condena por parte de los funcionarios del Centro Penitenciario, mereció el decreto de 13 de enero de 2023, que dispuso “estése a la resolución emitida en la fecha”, disponiendo recién, la admisión del incidente de libertad condicional, lo que demuestra que se dejó transcurrir un mes desde su presentación, a efecto de que tanto la Jueza suplente por vacación judicial y la Jueza titular de la causa, admitan su solicitud. Con la presentación del memorial de 13 de enero de 2023, cumplió con el principio de subsidiariedad para activar la presente acción tutelar, que si bien a la fecha de su presentación ya cuenta con Auto de admisión; sin embargo, no se puede desconocer el perjuicio causado; por lo que, activa esta acción tutelar con la finalidad de que en el futuro no se replique lo acontecido en su causa; toda vez que la Jueza del Juzgado de Sentencia Penal Segundo del departamento de Cochabamba -Juzgado de origen- no cumplió en la vacación judicial con el deber de remitir los actuados pertinentes al Juzgado de turno, así como tampoco realizó el control jurisdiccional oportunamente, ya que tuvo que suplir dichas omisiones, tanto en la presentación del certificado de permanencia y conducta, documentos que reflejaban la existencia del mandamiento de condena entrañando y su legal notificación al Centro Penitenciario, documentación que en su momento, fue validado por la referida autoridad judicial, quien con posterioridad, de manera totalmente arbitraria desconoció todas las actuaciones realizadas por ella misma, con la emisión de un nueva e inentendible determinación, que prolongó de manera indebida su detención en el Centro Penitenciario.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, a la libertad personal y de locomoción, a acceder a una justicia pronta y oportuna sin dilaciones, vinculado con los principios de celeridad, pro actione, pro persona, favor libertatis y verdad material, citando al efecto los arts. 115.II., 178, 180, 256.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se ordene a las autoridades demandadas, en el futuro actúen con la mayor celeridad posible en los casos puestos a su conocimiento, a objeto de evitar la afectación del derecho a la libertad.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 27 de enero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 52 a 55, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante a través de su representante sin mandato, ratificó íntegramente los términos de su acción de libertad y ampliándola señaló que: a) Si bien la Jueza de Ejecución Penal Segunda de Capital del departamento de Cochabamba, manifestó que habría conocido el proceso en razón de la vacación judicial, que no es titular de la causa y que la observación realizada fue por la inexistencia de la documentación requerida, aún en suplencia legal, debió ejercer el control jurisdiccional dentro de la presente causa y analizar los antecedentes procesales a efectos de dilucidar si resultaba pertinente o no su solicitud; y, b) Respecto al informe de la Jueza de Ejecución Penal Tercera de la Capital del mismo departamento, esta autoridad debió conminar al Juzgado de origen complemente la remisión del legajo que se puso en conocimiento de dicha autoridad, toda vez que una Sentencia sin ejecutoria no se remite a los Jueces de Ejecución Penal, más aun considerando el tiempo transcurrido del mismo.

I.2.2. Informe de los demandados

Luz Nahir Acebey Arispe, Jueza de Ejecución Penal Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba -autoridad demandada-, a través del informe escrito presentado el 27 de enero de 2023, cursante de fs. 37 a 38 vta., solicitó se deniegue la tutela con base en los siguientes fundamentos: 1) Por Circular 12/2022 de 29 de octubre, se dispuso vacación judicial anual colectiva de veinticinco días calendario, del 6 al 30 de diciembre de 2022, estableciéndose que el Juzgado a su cargo quedaría de turno, motivo por el cual los Juzgados de Ejecución Penal 1 y 3, remitieron sus procesos penales para su respectiva atención y resolución; 2) No se vulneró ningún derecho ni garantía del accionante, considerando que los jueces de ejecución penal previamente a admitir la tramitación vía incidental de la libertad condicional, deben efectuar un control en cuanto al cumplimiento de los requisitos; 3) Los incidentes en materia penal deben ser presentados con la prueba documental idónea para acreditar su pretensión, por lo que toda autoridad judicial encargada del control jurisdiccional de un proceso tiene la obligación de revisar todos los antecedentes y verificar que los mismos se encuentren en orden; y 4) Toda vez que el expediente no contaba con la documentación que acredite la ejecución del mandamiento de condena, se solicitó se adjunte la misma, además, no se rechazó su solicitud, simplemente se solicitó la prueba respectiva para resolver lo solicitado. Giovana Torrico Díaz, Jueza de Ejecución Penal Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba -autoridad codemandada-, a través del informe escrito presentado el 27 de enero de 2023, cursante de fs. 35 a 36 vta., solicitó se deniegue la tutela con base en los siguientes fundamentos: i) Conforme la Ley de Ejecución de Penas y Supervisión (LEPS) - Ley 2298 de 20 de diciembre de 2001- corresponde a los jueces de ejecución penal, realizar el respectivo control de los procesos puestos en su conocimiento; ii) Si bien el accionante solicitó el beneficio de la libertad condicional acompañando la documentación en cuanto a su domicilio ante el Juzgado de Ejecución Segundo, que se encontraba de turno en la vacación judicial, se observó mediante decreto de 19 de diciembre de 2022; iii) Posteriormente una vez concluida la vacación judicial al ser su juzgado titular del conocimiento de la causa, el accionante reiteró su solicitud de libertad condicional, acompañando el certificado de permanencia y conducta y no así el mandamiento de condena, observado por el Juzgado en suplencia por vacación judicial, siendo esa pieza fundamental a fines del control jurisdiccional, conforme dispone el art. 430 del Código de Procedimiento Penal (CPP), motivo por el cual mediante decreto de 11 de enero de 2023, ordenó al accionante acompañar el mandamiento de condena, ya que su autoridad y la Jueza en suplencia observaron de manera oportuna la falta de ese actuado a efecto de considerar el beneficio solicitado; iv) Para resolver las solicitudes en ejecución penal se debe contar con datos actualizados del tiempo que lleva el solicitante privado de libertad; v) Una vez el solicitante de tutela presentó dicha documentación, se atendió su solicitud por decreto de 19 de enero de 2023, ordenándose la realización del informe de cómputo y se programó audiencia dentro de los plazos establecidos para ese efecto; y, vi) La demora alegada fue ocasionada por el propio accionante.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Cochabamba, constituida en Tribunal de garantías, por Resolución 003/2023 de 27 de enero, cursante de fs. 56 a 58 vta., denegó la tutela impetrada, decisión asumida de acuerdo con los siguientes fundamentos: a) El 16 de diciembre de 2022, el accionante, planteó incidente de libertad condicional, resuelto mediante decreto el 19 del mismo mes y año, por parte de la Jueza de Ejecución Penal Segunda, por el que se dispuso que previo a considerar su solicitud, el Director del Penal de Sacaba emita certificado de conducta actualizado, considerando que en el expediente no cursaba el mandamiento de condena, tampoco la fecha de ejecución de la misma, determinación que fue recurrida en reposición por el accionante, el 29 de similar mes y año, la cual fue rechazada mediante decreto de 30 de idéntico mes y año; advirtiéndose que contra dicha determinación, el accionante no presentó recurso alguno, menos activó una acción constitucional que analice dicha decisión; b) El 5 de enero de 2023, el accionante presentó memorial reiterando admisión de incidente de libertad condicional, solicitando verificación de domicilio; ante dicha solicitud, la Jueza titular emitió el decreto de 11 de enero de 2023 en el que señaló que previamente a concederse lo solicitado, debía dar estricto cumplimiento a lo dispuesto por decreto de 30 de diciembre de 2022, y acompañar el mandamiento de condena con sus respectivas notificaciones; determinación que fue cumplida por el solicitante de tutela, motivo por el cual la Juez titular de la causa codemandada mediante Auto de 19 de enero de 2023, admitió el incidente de libertad y señaló audiencia para considerar el beneficio de libertad, a celebrarse el 9 de febrero de 2023; c) Contra dicha determinación no se advierte que la parte accionante hubiere impugnado o activado recuso alguno, más al contrario el 25 de similar mes y año, presentó memorial adjuntando documentación para la realización de la audiencia, que mereció decreto de 27 del mismo mes y año; y, d) Dentro del trámite efectuado hasta la fecha de presentación de la acción de libertad -26 de enero de 2023- se advierte que el accionante no impugnó dichas determinaciones, más al contrario dio cumplimiento a las observaciones efectuadas por las autoridades demandadas en esta acción tutelar, por lo que corresponde denegar la tutela por no haberse agotado el principio de subsidiariedad. En vía de aclaración, complementación y enmienda, el accionante a través de su representante sin mandato, solicitó que: 1) Se aclare en qué sentido el accionante no hubiere cumplido con el principio de subsidiariedad, ya que las resoluciones que resuelven los recursos de reposición, no son sujetas de impugnación, por lo que se cumplió con la última instancia o recurso con relación a las providencias de mero trámite que fueron emitidas, o en su caso, se aclare cuál debió ser esa instancia o mecanismo que debía agotarse; y, 2) La documentación relativa al domicilio no tenía relevancia con relación a las exigencias de las autoridades demandadas; entonces, bajo que parámetro se valoró los antecedentes remitidos. En sustanciación y resolución de lo impetrado, la precitada Sala Constitucional, señaló que: i) Considerando que la acción de libertad fue interpuesta bajo su modalidad innovativa, con relación a los actos dilatorios y la exigencia de documentos que eran excesivos, la misma no fue interpuesta contra resoluciones que resolvían los recursos de reposición, más al contrario la parte accionante continuó con el trámite, sin activar algún recurso contra las resoluciones que resolvían los recursos de reposición, por lo que en base a la acción instaurada no es posible considerar si el recurso de reposición es o no la última determinación no recurrible; y, ii) Con relación al domicilio, es un requisito obligatorio a efectos de notificarse al beneficiario de la libertad condicional, que fue establecido por la autoridad jurisdiccional y al no estar de acuerdo con dicha observación, pudo haber activado el mecanismo o acción de defensa pertinente.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Moisés Villarroel Jiménez -accionante-, por la comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el 16 de diciembre de 2022, presentó incidente de libertad condicional, solicitando: a) Se ordene que por secretaria se realice el cómputo de condena; b) Se notifique al Centro Penitenciario de San Pedro de la provincia de Sacaba, a efecto de que remita certificado de permanencia y conducta actualizado de su persona; y, c) Se emita las órdenes judiciales necesarias a los efectos de la resolución del incidente de libertad condicional (fs. 39). II.2. Mediante decreto de 19 de diciembre de 2022, la Jueza de Ejecución Penal Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba, a efectos de realizar el cómputo de la pena del solicitante de tutela, dispuso la notificación al Director del Penal de San Pedro de Sacaba del departamento de Cochabamba, para que remita el certificado de permanencia y conducta actualizado del condenado Moisés Villarroel Jiménez (fs. 40). II.3. Por memorial presentado el 29 de diciembre de 2022, el accionante planteó recurso de reposición, al decreto de 19 de similar mes y año, por considerar que existían los documentos necesarios para realizar el cómputo de condena, así como el certificado de permanencia y conducta (fs. 41 a 42 vta.).

II.4. La Jueza de Ejecución Penal Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba, mediante Auto de 30 de diciembre de 2022, declaró inadmisible el recurso de reposición planteado por el solicitante de tutela, por presentación extemporánea; asimismo, a tiempo de mantener incólume la providencia de 19 de diciembre de 2022, dispuso que el Director del Recinto Penitenciario de San Pedro de Sacaba, adjunte a su certificación una copia del mandamiento de condena, precisando la fecha en el que se hubiera ejecutado (fs. 43). II.5. Cursa memorial presentado por el impetrante de tutela dirigido a la Jueza de Ejecución Penal Tercera de Capital del Departamento de Cochabamba, de 5 de enero de 2023, de reiteración de admisión de incidente de libertad condicional y solicitud de orden para verificación domiciliaria (fs. 45). II.6. Mediante decreto de 11 de enero de 2023, la Jueza de Ejecución Penal Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba -Jueza titular de la causa-, dispuso que previamente a conceder la solicitud del accionante, se dé cumplimiento a lo dispuesto mediante decreto de 30 de diciembre de 2022 (fs. 44). II.7. Cursa decreto de 19 de enero de 2023, por el que la Jueza del Juzgado de Ejecución Penal Tercero, señaló que al cumplirse la Resolución de 11 de enero de 2023, con la presentación del mandamiento de condena de 7 de enero de 2022, el certificado de permanencia y conducta por el Centro Penitenciario de San Pedro de la Provincia de Sacaba, instruyó que por secretaria del Juzgado, se elabore el informe de cómputo de pena (fs. 16). II.8. Por Auto de 19 de enero de 2023, la Jueza de Ejecución Penal Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba, admitió el incidente de libertad condicional presentado por el accionante, advirtiéndole su responsabilidad de presentación oportuna de la documentación idónea así como la requerida, programando audiencia para consideración del beneficio de libertad condicional solicitada, para el 9 de febrero de 2023 (fs. 46).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a su libertad personal y de locomoción, toda vez que las Juezas demandadas dilataron la aceptación de su incidente de libertad condicional, pidiendo documentación que cursa en el expediente, por lo que solicita se conceda la tutela y, en consecuencia, se ordene a las autoridades demandadas, en lo futuro actúen con la mayor celeridad posible en los casos puestos a su conocimiento, a objeto de evitar la afectación del derecho a la libertad, presentando su acción de libertad en la modalidad innovativa.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Respecto a la acción de libertad innovativa

La SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, sobre la base de la SC 0327/2004-R de 8 de junio, recoge el estándar alto de protección respecto a la posibilidad de presentar la acción de libertad, aun hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de este mecanismo de defensa; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida, o en su caso, el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal. Al respecto, el Fundamento Jurídico III.1, de la citada Sentencia establece:

[De] acuerdo a la nueva coyuntura constitucional imperante desde febrero de 2009, nuestro país atraviesa un proceso de constitucionalización en sus instituciones jurídicas y políticas. No se encuentra al margen la justicia constitucional, que acoge parámetros interpretativos y de amparo más garantistas y favorables a la protección de los derechos y de los derechos humanos.

En ese sentido, la interpretación que debe hacerse respecto del art. 125 constitucional, no debe recorrer un camino restrictivo, en el sentido de que únicamente la acción de libertad pueda ser interpuesta cuando la persona se encuentre privada de libertad, pues partiendo de un criterio amplio y garantista como se tiene anotado, este mecanismo puede operar cuando efectivamente ha cesado la vulneración al derecho protegido. Este criterio se justifica, al análisis de lo dispuesto por el art. 256 de la CPE, que de forma expresa reconoce criterios de interpretación más favorables que los contenidos en nuestra propia Ley Fundamental y que se encuentran contenidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

Recogiendo el sentido finalista de protección de la acción de libertad innovativa, la SCP 0266/2018-S2 de 25 de junio, sentencia sistematizadora de línea, concluyó lo siguiente:

[E]fectivamente, debe señalarse que la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto contrario al régimen constitucional, que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, es evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; sino, su vocación principal es que en lo sucesivo, no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales; en razón a que, como lo entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica subjetiva, sino también, desde una dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional. […] Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la figura de la acción de libertad innovativa, debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual, el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, así como de los derechos a la vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efecto de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática planteada, a efectos de determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o persona particular, cuya conducta sea contraria al orden constitucional y evitar futuras lesiones de derechos fundamentales y garantías constitucionales.

III.2. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La jurisprudencia constitucional de este Tribunal se ha pronunciado sobre las distintas modalidades de la acción de libertad y ha desarrollado una línea jurisprudencial en cuanto a su ámbito de protección y alcance. Así la SC 1579/2004-R de 1 de octubre se pronunció sobre sus diferentes modalidades refiriéndose al hábeas corpus -ahora acción de libertad- reparador cuando se trata de lesiones ya consumadas, preventivo para impedir una lesión a producirse y correctivo, cuando se intenta evitar el agravamiento de las condiciones de privación de libertad de una persona detenida. Posteriormente, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, incorporó otras modalidades protectivas haciendo alusión al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, respecto de este último precisó que a través de su ámbito de protección “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones 2El FJ III.1, señala: “Del texto constitucional y legal referidos, se extrae que en el sentido de la Constitución, el recurso de hábeas corpus por violaciones a la libertad individual y /o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. 3El FJ III.5, establece: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R)…”.

indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Bajo ese razonamiento, la jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, entre otras, ha sido uniforme al disponer que toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración jurídica que realice la autoridad conforme a la normativa aplicable; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad. En dicho orden, la autoridad judicial o administrativa, dependiendo del caso, no está obligada a conceder o aceptar lo peticionado, sino a tramitar la solicitud conforme a la normativa vigente y con la diligencia que la ley exige, pues la acción de libertad traslativa o de pronto despacho busca que se atienda sin dilación indebida una solicitud relacionada con la libertad personal, abriendo su ámbito de protección en situaciones donde existió dilación injustificada en su tratamiento o tramitación y no así sobre la solicitud a la que se pretende acceder.

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante, a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la libertad de locomoción, por cuanto, las Juezas demandas dilataron la aceptación de su incidente de libertad condicional, solicitando documentación que cursaba en el expediente, aclara, que si bien la referida solicitud a la fecha de presentación de la acción tutelar ya fue atendida, esta acción de defensa fue presentada en la modalidad innovativa, a objeto de que en actos similares no se vuelva a repetir esa dilación. Conforme al Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se activa la acción de libertad innovativa, aún hubiera cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de este mecanismo; lo que se pretende con esta modalidad de acción de libertad, es evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos lesivos a derechos fundamentales, en razón a que, como lo entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no solo para proteger derechos desde una dimensión subjetiva, sino también, desde una dimensión objetiva, con el objetivo de evitar la reiteración de conductas que están proscritas por el ordenamiento jurídico, por ser lesivas a derechos fundamentales; en consecuencia, no obstante que la solicitud de señalamiento de audiencia para considerar su pedido de libertad condicional, a tiempo de presentar esta acción de libertad, ya fue determinada para el 9 de febrero de 2023; se ingresa al análisis de fondo de lo denunciado a efectos de determinar si existió la dilación indebida alegada por el solicitante de tutela. De acuerdo con los datos consignados en el presente fallo constitucional se advierte que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el impetrante de tutela, el accionante se encuentra recluido en el Centro Penitenciario San Pedro de Sacaba del departamento de Cochabamba, cumpliendo sentencia condenatoria, por la comisión del delito de violencia familiar o doméstica, por lo que el 16 de diciembre de 2022, presentó incidente de libertad condicional ante la Jueza de Ejecución Penal Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba, Jueza de turno por vacaciones judicial -ahora autoridad demandada-, solicitando que se admita su incidente de libertad condicional y se ordene que por secretaría se realice el cómputo de su condena, se notifique al Centro Penitenciario San Pedro de la provincia de Sacaba, a efecto de que remita certificado de permanencia y conducta actualizado y se emita las órdenes judiciales necesarias, solicitud que mereció el decreto de 19 de diciembre de 2022 emitida por la Jueza de Ejecución Penal Segunda de Capital del departamento de Cochabamba, disponiendo la notificación al Director del Centro Penitenciario, a objeto de que éste remita el certificado de permanencia y conducta actualizado del condenado (Conclusión II.1 y II.2). En dicho orden, siguiendo lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, el ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho se abre frente a situaciones de dilación indebida en el tratamiento de solicitudes vinculadas con la libertad de la personal, lo que obliga a toda autoridad judicial o administrativa que conozca la solicitud a tramitarla con la mayor celeridad posible. No obstante, el resultado de la petición dependerá de la valoración jurídica de la autoridad, conforme a la normativa aplicable; es decir, la acción de libertad no obliga a conceder la solicitud en forma positiva, sino a que se atienda sin dilación indebida, pues la misma solo opera en situaciones donde existió dilación injustificada y no así sobre la solicitud a la que se pretenda acceder. a) Con relación a la Jueza de Ejecución Penal Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba Ahora bien, con relación a la actuación de la Jueza de Ejecución Penal Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba, no se advierte que la autoridad jurisdiccional demandada, haya incurrido en una dilación indebida contra el solicitante de tutela; más aún, cuando el mismo impetrante de tutela en la fundamentación de su acción de libertad hizo conocer que la Jueza del Juzgado de origen no cumplió con el deber de remitir los actuados pertinentes al Juzgado de turno, es más, fue el impetrante de tutela quien mediante memorial de 16 de diciembre de 2023, solicitó se disponga el requerimiento de esos documentos, situación que pretende desconocer de manera contradictoria en esta acción tutelar, máxime si se toma en cuenta que esta autoridad jurisdiccional tomó conocimiento de la causa emergente de su turno en la vacación judicial y necesitaba contar con la documentación necesaria para emitir la resolución respecto al incidente de libertad condicional planteado; pues se reitera el resultado de la petición dependerá de la valoración jurídica de la autoridad competente, conforme a la normativa aplicable al caso concreto. Asimismo, se evidencia que mediante memorial de 29 de similar mes y año, el impetrante de tutela presentó recurso de reposición, al decreto de 19 de idéntico mes y año, -diez días después de haberse emitido la resolución que pretendía la reposición-, el cual mereció Auto de 30 de diciembre de 2022, por el que se rechazó el recurso de reposición por su extemporaneidad, disponiendo además que el incidentista adjunte copia del mandamiento de condena, precisando la fecha en el que se habría ejecutado el mismo (Conclusión II.3 y II.4), por lo que lo alegado por el solicitante de tutela en relación a la demora por parte de esta autoridad codemandada no resulta evidente. b) Con relación a la actuación de la Jueza de Ejecución Penal Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba Por otro lado, respecto a Giovana Torrico Díaz, Jueza de Ejecución Penal Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba -autoridad codemandada- se advierte que el accionante por memorial de 5 de enero de 2023, reiteró la solicitud de admisión de su incidente de libertad condicional y orden para la verificación domiciliaria, memorial que mereció decreto de 11 de similar mes y año, por el que la referida autoridad, dispuso que previamente el accionante, dé cumplimiento a lo dispuesto al decreto de 30 de diciembre de 2022 (Conclusión II.5 y II.6).

De dicha actuación, se advierte, en primer lugar, que la autoridad jurisdiccional demandada inobservó lo establecido en la jurisprudencia constitucional contenida en el Fundamento Jurídico III.1 de esta decisión constitucional, que obliga que toda solicitud en el que se encuentre vinculado el derecho a la libertad, debe ser atendida con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos establecidos. En efecto, dejó transcurrir seis días, para dar respuesta al memorial presentado por el solicitante de tutela, disponiendo que previamente a conceder la solicitud del accionante, dé cumplimiento a lo dispuesto mediante decreto de 30 de diciembre de 2022, vale decir, no fijó señalamiento de audiencia, sino que condicionó en forma previa a que se presenten los documentos dispuestos por dicho decreto. Por otro lado, se advierte que, mediante decreto de 19 de enero de 2023, la Jueza codemandada, señaló que al haberse dado cumplimiento a la Resolución de 11 de idéntico mes y año, por secretaría se elabore el informe de cómputo de pena y mediante Auto de la misma fecha, admitió el incidente de libertad condicional del accionante y determinó señalamiento de su consideración para el 9 de febrero (Conclusión II.7 y II.8). En tal sentido, si bien la Jueza de Ejecución Penal Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba ya admitió el incidente de libertad y programó audiencia de consideración del mismo, conforme se desarrolló en líneas precedentes, dicha resolución, además de señalar audiencia conminó al ahora impetrante de tutela a la presentación de documentación, como el contrato de alquiler, anticrético, y/o documentos de propiedad, que acrediten su domicilio, situación que pudo ser dispuesta en respuesta al memorial de 5 de enero de 2023, toda vez que como se indicó precedentemente, la autoridad demandada señaló audiencia diecinueve días después de solicitada; disponiéndose además se presenten documentos tanto por el impetrante de tutela como por el Director del Penal, situación que pudo ser prevista y dispuesta con anterioridad; es decir, a efectos de una tramitación con celeridad, concentrando todos los requerimientos en un solo actuado procesal y no así de manera dispersa como ocurrió en el presente caso, situación que generó una dilación indebida a la tramitación de la solicitud de libertad condicional presentada por el peticionante de tutela.

En consecuencia, corresponde conceder la tutela en la modalidad de acción de libertad innovativa respecto a esta autoridad demandada pues si bien Giovana Torrico Díaz, Jueza de Ejecución Penal Tercera de la Capital del departamento de Cochabambaya señaló audiencia, el acto lesivo existió, por la demora injustificada en la que incurrió en la tramitación y tratamiento de la solicitud de libertad condicional presentada por el accionante.

En consecuencia, el tribunal de garantías, al denegar la tutela impetrada respecto de las dos autoridades demandadas, aunque con otro fundamento, actuó de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 003/2023 de 27 de enero, cursante de fs. 56 a 58 vta., pronunciada por La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Cochabamba, constituido en Tribunal de garantías; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada bajo la modalidad traslativa e innovativa respecto a Giovana Torrico Diaz, Jueza de Ejecución Penal Tercera del departamento de Cochabamba, conforme los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, sin disponer ninguna actuación; por cuanto ya se dio respuesta al accionante. 2º DENEGAR la tutela impetrada respecto a Luz Nair Acebey Arispe, Jueza de Ejecución Penal Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba, en base a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 3º Exhortar a la autoridad demandada, Giovana Torrico Diaz, Jueza de Ejecución Penal Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba, a tramitar con la máxima celeridad posible, las solicitudes en las cuales se encuentre comprometido el derecho a la libertad; además, en la modalidad de tutela innovativa es menester que no vuelvan a repetirse los actos condenados en este fallo constitucional; y, 4º Exhortar a David Clavijo Zurita y María Zulma Montaño Montaño, Vocales de la Sala Constitucional Primera del departamento de Cochabamba, constituidos en Tribunal de garantías, a observar los fundamentos de esta Sentencia con relación a los efectos de la acción de libertad innovativa. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

1 En el Fundamento Jurídico III.1 de la citada Sentencia se expone el desarrollo completo de la línea jurisprudencial sobre la acción de libertad innovativa. Así también el Fundamento Jurídico III.2 de la SCP 1021/2019-S2 de 22 de noviembre.

4 La citada Sentencia expresó que: “‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0800_2025-S3.pdf · páginas 1 a 15.

Huella digital del PDF (SHA-256): 072685d4c501a149ab472eef3ac82dc3048ef608a5fcb050595bdae494939126

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