Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 24 de julio de 2025
La accionante, a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la dignidad, y la libertad; respuesta pronta; al debido proceso; defensa y a una justicia plural pronta y oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; y la potestad de impartir justicia, ya que habiendo interpuesto el recurso de apelación en audiencia de consideración de medidas cautelares, y haberse remitido el legajo, correspondiente el 13 de enero de 2023, transcurridas 456 horas considerando días hábiles y 648 horas tomando en cuenta días sábados, domingos y feriados, no ha sido notificada con ningún señalamiento de audiencia para analizar el recurso de apelación interpuesto, inadvirtiendo que se encuentra privada de libertad, encontrándose en una situación de incertidumbre de cuándo será resuelto y/o cuál la resolución que asumió la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; por lo que solicitó se conceda la tutela, disponiendo que: a) En el día los vocales de la Sala penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, resuelvan la apelación remitida a su despacho el 13 de enero de 2023; b) Se devuelvan obrados ante el Juzgado de origen inmediatamente resuelto. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 34/2023 de 10 de febrero, cursante de fs. 25 a 28, pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz y, en consecuencia:
Corresponde a la SCP 0799/2025-S3 de 24 de julio. 1° Conceder en la modalidad innovativa la tutela respecto al principio de celeridad en relación al debido proceso vinculado con el derecho a la libertad, en relación a José Andrés Escobar Lecoña y Jorge Alejandro Luna Lema, Secretario y Auxiliar de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. 2° Denegar la tutela en relación al derecho a la defensa, justicia plural pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones y la dignidad referente a Henry David Sánchez Camacho y Verónica Gómez Laura, Vocal Presidente y Oficial de Diligencias de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, 3° Exhortar a José Andrés Escobar Lecoña y Jorge Alejandro Luna Lema,
Secretario y Auxiliar de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a cumplir con sus funciones de manera adecuada y en cumplimiento de la normativa que rigen sus funciones y labores de apoyo jurisdiccional determinadas por la Ley de Organización Judicial y el cumplimiento de los plazos procesales, y en caso de repetirse su accionar, se remitan antecedentes al Consejo de la Magistratura para su consideración.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0799/2025-S3 Sucre, 24 de julio de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 53685-2023-108-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 34/2023 de 10 de febrero, cursante de fs. 25 a 28, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jhovana Chirinos Usnayo contra Henry David Sánchez Camacho, Andrés Escobar Lecoña, Jorge Alejandro Luna Lema, y Verónica Gómez Laura, Vocales, Secretario, Auxiliar y Oficial de Diligencias respectivamente de Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Por memorial presentado el 9 de febrero de 2023, cursante de fs. 4 a 7 Vta., la accionante expresó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra, por la resunta comisión de ilícitos relacionados a la Ley 1008, fue sometida a una audiencia de consideración de medidas cautelares en el Juzgado Tercero de Instrucción Penal de El Alto, en la que se dispuso la medida de detención preventiva en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes de la ciudad de La Paz; posteriormente, se celebró una audiencia de consideración de su situación jurídica en el Juzgado de Instrucción Cautelar de turno el 19 de diciembre de 2022, en la que interpuso recurso de apelación de manera oral en virtud del art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), en razón que a su criterio; la resolución no se encontraba debidamente fundamentada, incumpliendo de esa manera lo establecido en el art. 124 del CPP.
El 13 de enero de 2023, se remitió la apelación ante la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a efectos que se sustancien los agravios denunciados en el recurso de apelación interpuesto; empero, no obstante de haber transcurrido “456” horas considerando días hábiles y “648” horas tomando en cuenta días sábados, domingos y feriados, no fue notificada con ningún señalamiento de audiencia de consideración de la apelación interpuesta, incluso revisando el libro diario a la fecha de la interposición de la acción, el último actuado se encuentra cargado en el sistema con “Vistos”. De la misma manera señaló que cuando quiso tener acceso al legajo de apelación este fue negado, por lo cual se encuentra en una situación de incertidumbre de cuándo será resuelto y/o cual la resolución que asumió la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Finalmente, adujo que teniendo en cuenta que el libro diario de la citada Sala ya tiene una decisión asumida, a la fecha de interposición de la acción no se ha devuelto aún obrados al Juzgado de origen afectando de esta manera a la celeridad de actuación que deben cumplir los demandados, ya que la misma se encuentra privada de libertad.
Denunció la lesión de sus derechos a la dignidad, y la libertad, respuesta pronta, al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; y la potestad de impartir justicia, citando al efecto los arts. 22, 23, 24, 115.II y 178 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga que: a) En el día los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, resuelvan la apelación remitida a su despacho el 13 de enero de 2023; b) Se notifique en el día con la decisión asumida; y, c) Se devuelvan obrados ante el Juzgado de origen a la brevedad.
Celebrada la audiencia pública de 10 de febrero de 2023, según consta en acta cursante de fs. 22 a 24, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su abogado, en audiencia se ratificó íntegramente en la acción de libertad interpuesta, ampliándola bajo los siguientes fundamentos: 1) A pesar de haberse remitido el 13 de enero de 2023, el recurso de apelación interpuesto a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no se tiene conocimiento de señalamiento de audiencia conforme a las facultades del art. 251 del CPP, ni del Auto de Vista emitido por parte de dicho Tribunal de alzada; y, 2) A la fecha no ha sido notificado de manera debida hasta la interposición de la acción de libertad, vulnerándose de esa manera el principio de celeridad con la actuación de todos los demandados, establecido en el art. 3.7 de la Ley de Organización Judicial (LOJ), más tomando en cuenta que está privada de libertad, vulnerando también su derecho a la libertad.
Henry Daniel Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través del informe que cursa de fs. 19 a 21, señaló que: i) El recurso de apelación interpuesto, ya ha sido resuelto por Auto de Vista 48/2023 de 13 de febrero, siendo ilógico lo solicitado por parte de la demandante, ya que el abogado de la peticionante de tutela no realizó el seguimiento correspondiente, en razón que dicha apelación fue radicada en su Sala previo sorteo informático; ii) EL Auto de Vista 48/2023, ha dispuesto confirmar la Resolución 358/2022 de 19 de diciembre, en sentido de declararla inadmisible al no haberse interpuesto en el acto oralmente conforme lo señalan las normas legales establecidas en el ordenamiento penal vigente (arts. 251 del CPP y 33 del Reglamento 12/2019 creado por la Ley 1173); iii) El contenido de la acción interpuesta acusa una transcripción de antecedentes y relación de hechos así como de Sentencias Constitucionales sin fundamentar estos, en relación al debido proceso y al Auto de Vista dictado por su autoridad, limitándose a solicitar solamente el señalamiento de día y hora de audiencia cuando el recurso de apelación ya fue sustanciado; iv) De acuerdo a la normativa legal aplicable al recurso de apelación, arts. 251 del CPP y 33 del reglamento 12/2019 creado por la Ley 1173 establecen que de manera expresa se debe apelar inmediatamente en el acto y de manera oral en la resolución cautelar personal; es decir, inmediatamente concluido el dictamen de resolución a efectos de su remisión ante el Tribunal de alzada, pero la demandante no interpuso el recurso, como indican las normas, limitándose a indicar que “va a proceder” entendiéndose como un acto futuro; motivo por el cual, la misma no ha interpuesto su recurso de apelación de medidas cautelares; v) El abogado de la demandante de tutela no ha entendido los fundamentos del Auto de Vista, por lo que, tenía la obligación de solicitar la complementación, enmienda o aclaración en razón del art. 125 del CPP, situación que no fue realizada, denotando su acuerdo con la resolución, motivo por el que no puede pretender subsanar su negligencia con la interposición de la presente acción a más de tres meses sin haber agotado la instancia; vi) El Tribunal de alzada no vulneró derecho alguno, ya que la demandante tenía la obligación de especificar de manera clara y especifica la vulneración de sus derechos y el nexo de causalidad entre los actos, los derechos y las garantías constitucionales presuntamente vulnerados, restringidos o suprimidos; y vii) En mérito a la SCP 0744/2015-S3 de 29 de junio, se debe considerar la sustracción de materia o pérdida del objeto procesal en la presente acción de libertad cuando el petitorio devino insubsistente por la desaparición del hecho o supuesto que lo sustentaba, debiendo inhibirse de un pronunciamiento de fondo de la pretensión al tenerse en cuenta que la tutela se tornaría en ineficaz e innecesaria ya que la causa ya fue resuelta con la emisión del Auto de Vista 48/2023, previamente a la interposición de la presente acción de defensa; consecuentemente operó la pérdida del objeto procesal o sustracción de materia, más aun si el legajo de apelación ya fue devuelto al Juzgado de origen. José Andrés Escobar Lecoña y Jorge Alejandro Luna Mena, Secretario y Auxiliar, respectivamente de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por informe escrito presentado el 10 de febrero de 2023, cursante a fs. 15 señalaron que: a) El recurso de apelación remitido el 13 de enero de 2023 fue ingresado a Despacho, resuelto con la emisión del Auto de Vista correspondiente y que el legajo de apelación ya fue devuelto al Juzgado de origen tal como se advierte del oficio de remisión b) La parte ahora demandante debe actuar de manera activa en el proceso, ya que si no se habría resuelto la apelación interpuesta, el legajo no habría sido devuelto al Juzgado de origen; en consecuencia era obligación de la misma la presentación de algún memorial realizando algún reclamo, solicitud de audiencia, apersonamiento o corrección de procedimiento, por lo que la demandada no realizó el seguimiento correspondiente, ya que de haberlo hecho se le habría comunicado que el recurso ya fue resuelto y devuelto a Juzgado de origen. Verónica Gómez Laura, Oficial de Diligencias de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por informe escrito presentado el 10 de febrero de 2023, cursante a fs. 14, señaló que; sus funciones y atribuciones están contempladas en el art. 103.I de la LOJ y en cumplimiento de dichas funciones dentro del proceso que dio origen a la presente acción de libertad, no existió señalamiento de audiencia, emitiéndose el Auto de Vista 48/2023, cumpliendo con todas las formalidades de ley y que cursan en el legajo de apelación que ya fue devuelto a Juzgado de origen, siendo que sus funciones no son inherentes a la transcripción de resoluciones /o devolución de expedientes.
El Juez de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 34/2023 de 10 de febrero, cursante de fs. 25 a 28, denegó la tutela solicitada, respecto a Henry David Sánchez Camacho y Verónica Gómez Laura, Vocal Presidente y Oficial de Diligencias de Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, respectivamente; y, concedió la tutela en su modalidad innovativa en relación a José Andrés Escobar Lecoña y Jorge Alejandro Luna Mena, Secretario y Auxiliar de Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, bajo los siguientes fundamentos: a) El reclamo orientado a la verificación de una presunta no resolución del recurso de apelación interpuesto que importaría una convocatoria a audiencia y la presunta no devolución del legajo del mismo al Juzgado de origen con la decisión asumida no es evidente toda vez que se ha acreditado la resolución del recurso por medio del Auto de Vista 48/2023; b) En relación al Vocal, Henry David Sánchez Camacho, se evidenció que cumplió a cabalidad con sus obligaciones al haber resuelto el recurso interpuesto de manera oportuna, aclarando que no se ingresó a considerar aspectos relativos a la fundamentación o motivación de la resolución emitida, al ser el reclamo de la presente acción que el recurso de apelación no fue resuelto, no el fondo de la decisión asumida por el señalado Vocal; por cuanto, no se evidencia vulneración alguna de parte de esta autoridad; 3) En cuanto a la Oficial de Diligencias de la señalada Sala, Verónica Gómez Laura, no se ha efectuado actuación alguna respecto a sus obligaciones como funcionaria de apoyo jurisdiccional al no haberse señalado audiencia, de la misma manera la remisión de los antecedentes al Juzgado de Origen es una labor establecida para otros funcionarios de Sala, motivo por el cual existe una falta de legitimación pasiva al igual que en el caso del Vocal demandado; y, 4) En relación a José Andrés Escobar Lecoña y Jorge Alejandro Luna Lea, Secretario y Auxiliar de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; respectivamente, de acuerdo a los arts. 94 y 101 de la LOJ, entre sus obligaciones tienen la referente a la devolución de actuados y cumplir con las determinaciones que en su caso los Vocales de la Sala llegaron a emitir; es decir, la devolución de la resolución en grado de apelación al Juzgado de origen , esto a partir del 13 de enero de 2023, habiendo transcurrido un lapso de tiempo mayor, teniendo también el Auxiliar de Sala, el deber de coadyuvar con las labores de secretaria, la recepción de expedientes, manejo de registro de copias y otras funciones asignadas, por lo cual se evidenció que han dejado transcurrir un lapso de tiempo innecesario y prolongado a efectos de devolver los antecedentes y hacer conocer el Auto de Vista emitido, vulnerando el derecho a la libertad de la demandante de tutela, vinculado al principio de celeridad, ya que debían haber observado el cumplimiento de los plazos procesales y realizar sus actuaciones en tiempo prudente y razonable, más allá que a la fecha se haya cumplido con los mismos, pero con una demora considerable, por lo que no puede pasarse por alto dichas actuaciones.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Dentro del proceso penal seguido contra la accionante, por la presunta comisión de ilícitos relacionados a la Ley 1008, se remitió el legajo de apelación correspondiente a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por intermedio de oficio CITE 015/2023 de 22 de diciembre y recepcionado el 13 de enero de 2023 (fs. 1 a 2). II.2. El recurso de apelación interpuesto por la accionante fue resuelto mediante Auto de Vista 48/2023 de 13 de enero, emitido por el demandado Henry David Sánchez Camacho, Vocal Presidente de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (fs. 16 a 17). II.3. El 9 de febrero de 2023, a horas 16:24, fue presentada esta acción libertad por el representante de la accionante (fs. 1).
La accionante, a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la dignidad, y la libertad; respuesta pronta; al debido proceso; defensa y a una justicia plural pronta y oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; y la potestad de impartir justicia, ya que habiendo interpuesto el recurso de apelación en audiencia de consideración de medidas cautelares, y haberse remitido el legajo, correspondiente el 13 de enero de 2023, transcurridas 456 horas considerando días hábiles y 648 horas tomando en cuenta días sábados, domingos y feriados, no ha sido notificada con ningún señalamiento de audiencia para analizar el recurso de apelación interpuesto, inadvirtiendo que se encuentra privada de libertad, encontrándose en una situación de incertidumbre de cuándo será resuelto y/o cuál la resolución que asumió la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; por lo que solicitó se conceda la tutela, disponiendo que: a) En el día los vocales de la Sala penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, resuelvan la apelación remitida a su despacho el 13 de enero de 2023; b) Se devuelvan obrados ante el Juzgado de origen inmediatamente resuelto. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La Constitución Política del Estado, reconoce la inviolabilidad del derecho a la libertad dentro del catálogo de los derechos civiles y políticos; lo que trae como corolario, la obligación para el Estado de protegerlo por su vital importancia en el desarrollo de la personalidad; y al ser un valor inspirador del orden social y jurídico sirve de sustento a la construcción y vigencia del modelo de Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional. Una de las dimensiones en las que se manifiesta este derecho, es la libertad física, reconocida en el art. 23 de CPE, que establece:
I. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales (…)
III. Nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas por la ley (…)
De estas disposiciones se puede extraer, que el sistema jurídico y político boliviano, instituyó la reserva legal como garantía de este derecho; es decir, que de acuerdo a la voluntad del Constituyente, es el legislador quien se halla facultado para limitar el ejercicio del mismo; de igual modo, otorgó a la persona garantías jurisdiccionales para el resguardo de dicho derecho, entre las que se halla la acción de libertad, configurada como un mecanismo de defensa para lograr su protección, en caso de ser restringido u amenazado de restricción; así lo establece el art. 125 de la CPE:
Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad.
Ahora bien, a partir de la clasificación del entonces hábeas corpus -ahora acción de libertad-, desarrollada por la SC 1579/2004-R de 1 de octubre y la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se hizo alusión al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, amplió los tipos 1 El art. 8.II de la CPE, dispone: “El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad…”. 2 El FJ III.1, señala: “Del texto constitucional y legal referidos, se extrae que en el sentido de la Constitución, el recurso de hábeas corpus por violaciones a la libertad individual y /o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. 3 El FJ III.5, establece: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.
Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R)…”.
de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos corresponden). Bajo ese razonamiento, toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración que realice el juez del acervo normativo que se produzca, conforme a la normativa legal; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad.
La sistematización precedentemente desglosada fue desarrollada en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0032/2019-S2 de 25 de marzo, entre otras.
Respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad, la jurisprudencia contenida en la SC 691/01-R de 9 de julio de 20014 definió la legitimación pasiva, señalando que ésta debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción.
Posteriormente, a la luz de la Constitución Política del Estado vigente, a través de la SC 0010/2010-R de 6 de abril se estableció que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o contra un particular, entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 10 de agosto.
Luego, en la SCP 0018/2012 de 16 de marzo se reforzó el razonamiento antes señalado y se precisó que para la procedencia de la acción de libertad, es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebido o ilegal; en concreto, se dijo que es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción.
Con relación a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano Judicial, la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre7, ratificada posteriormente por las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 0345/2012 de 22 de junio; y, por la SCP 2171/2012 de 8 de noviembre, entre otras, estableció que éstas o éstos servidores públicos no tienen facultades jurisdiccionales y sus funciones se limitan a cumplir las órdenes o instrucciones de las autoridades judiciales; por lo que, carecen de legitimación pasiva en acciones de libertad, salvo que incurrieran en excesos que impliquen contradicción o alteración de las determinaciones de autoridades jurisdiccionales, o sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, conforme lo determina la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril8, en el Fundamento Jurídico III.2, que 6 El FJ III.2, establece: “…los alcances y la naturaleza de la legitimación pasiva, que se encuentra en la autoridad o persona particular que incurrió en el acto ilegal o la omisión indebida y de cuya acción u omisión se advierta la vulneración del derecho a la vida, a la libertad física y de locomoción. 7 El FJ III.2, indica: “…son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial”. 8 El FJ III.2, dice: “Con relación a la legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial, la jurisprudencia constitucional, contenida en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, sostuvo que: `Con relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 16.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción entre tanto que los secretarios , actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial´. Posteriormente, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, estableció la excepción a la regla anterior, declarando lo siguiente: `El personal subalterno puede ser demandado en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales; sin embargo si la autoridad judicial conocedora del acto vulneratorio de derechos y garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno´; ahora bien, este Tribunal considera que el entendimiento asumido en ambas Sentencias Constitucionales citadas, no guarda coherencia con el razonamiento plenamente fundamentado contenido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que conforme a la explicación realizada, la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida, puesto que, si el incumplimiento de los deberes y establece:
Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado… (las negrillas son añadidas). La sistematización jurisprudencial que antecede fue desarrollada en la SCP 0336/2018-S2 de 18 de julio, entre otras.
La accionante a través de su representante, refiere que en el proceso penal seguido en su contra por delitos relacionados a la Ley 1008, en la audiencia de consideración de su situación jurídica, la resolución dictada, a su criterio, carecía de una fundamentación adecuada, motivo por el cual interpuso el recurso de apelación correspondiente en la audiencia, procediendo el Juzgado de Instrucción Cautelar Segundo de El Alto a la remisión del legajo legalizado correspondiente a la Sala Penal Tercera del Tribunal departamental de Justicia de La Paz, a efectos de su análisis y sustanciación, documental que fue recepcionada por dicha Sala el 13 de enero de 2023 (Conclusión II.1).
Señaló también que, hasta la fecha de la interposición de la presente acción de defensa, el mismo no habría sido considerado, ya que no conocía de señalamiento de audiencia o de alguna resolución que haya considerado el recurso interpuesto, encontrándose bastante “preocupada” ya que de la revisión del sistema o del libro diario, no existía información sobre su proceso; interponiendo ante dicha situación su acción de libertad el 9 de febrero de 2023, a horas 16:24 (Conclusión II.3). De la revisión de los actuados procesales, el recurso de apelación interpuesto en consideración de su admisibilidad ha sido resuelto por el Auto de Vista 48/2023 de 13 de enero emitido por el Vocal Presidente de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Henry David Sánchez Camacho, declarando el mismo inadmisible y confirmando la Resolución emitida por el Juez de primera instancia (Conclusión II.2). Ahora bien del análisis del caso, la parte demandante manifiesta que después de la remisión del recurso de apelación a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y recepcionado el 13 de enero de 2023, no se habría realizado un señalamiento de audiencia, menos aún la emisión de alguna resolución al respecto, manifestando que inclusive a momento de la revisión del libro diario el mismo le fue negado por parte del apoyo jurisdiccional de la mencionada Sala Penal lo cual afectaría directamente al principio de celeridad vinculado al derecho a la libertad de la solicitante de tutela al encontrarse recluida en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes de la ciudad de La Paz. Al respecto, se debe dejar establecido que de la revisión de los antecedentes remitidos en revisión ante este Tribunal y del análisis de los informes presentados por los demandados, es plenamente evidente que el recurso de apelación interpuesto por la ahora peticionante de tutela, sí fue resuelto por intermedio del Auto de Vista 48/2023 de 13 de enero, resolución que considero su admisibilidad y que en su parte dispositiva determinó la inadmisibilidad del recurso de apelación y la confirmación de la Resolución emitida por el Juez de primera instancia, tal y como consta de obrados de fs. 16 a 17 (Conclusión II.2), inclusive se señala que el legajo correspondiente al recurso planteado que dio origen a la presente acción tutelar, ya fue remitido al Juzgado de origen. De lo señalado es evidente que la presente acción tiene la finalidad de denunciar la vulneración del principio de celeridad vinculada al derecho a la libertad de la demandante de tutela al no haberse señalado audiencia de consideración de su recurso o la emisión de resolución alguna al respecto, más no al fondo de la resolución o los fundamentos vinculados al derecho al debido proceso, motivo por el cual del análisis correspondiente de lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Resolución, en cuanto a lo que se considera una dilación indebida a efectos de resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos señalados. En el caso de autos de la peticionante de tutela, no se configuran como ciertos, ya que se ha emitido una resolución en tiempo hábil y oportuno; es decir el mismo día de recibido el recurso de apelación interpuesto, 13 de enero de 2023, por el cual se declaró la inadmisibilidad del recurso y confirmación de la resolución emitida por el Juez de primera instancia; por cuanto, no es evidente dilación al respecto, así como tampoco la vulneración del derecho a la defensa, justicia plural pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, el debido proceso y la dignidad. Es evidente que la petición de la accionante establecida en su acción tutelar, manifestaba que se proceda al señalamiento de audiencia en el día, se proceda a su resolución correspondiente, se notifique y remita al Juzgado de origen en el día; situación que en el caso de autos ya ha sido realizada y que por situaciones que desconoce este Tribunal, la parte demandante desconoce la misma. Ahora bien, es importante señalar que se debe realizar el análisis en cuanto a las obligaciones de cada uno de los demandados en la presente acción; por cuanto, se debe determinar claramente que Henry David Sánchez Camacho, en su condición de Vocal de Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, al haber emitido la resolución en tiempo determinado por ley y de manera oportuna; es decir, el mismo día que fue de su conocimiento el recurso de apelación, no incurrió en dilación alguna ya que ha cumplido con sus funciones determinadas en la normativa procesal vigente, motivo por el cual del análisis realizado por el Juzgado de garantías, se ha realizado un análisis correcto al respecto. Ahora bien y en cuanto a la Oficial de Diligencias de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Verónica Gómez Laura, se debe hacer referencia que la misma tiene sus funciones determinadas por la Ley de Organización Judicial, entre las cuales no se encuentran la de remisión de expedientes o transcripción de resoluciones, sino las de realizar las comunicaciones procesales como el señalamiento de audiencia, que en el caso de análisis no ha sido realizado, en razón que el recurso fue declarado inadmisible a momento de su consideración, razón por la cual, no se puede determinar responsabilidad alguna al respecto de dicha funcionaria de apoyo jurisdiccional, además que dicho personal de apoyo jurisdiccional se limita al cumplimiento de órdenes o instrucciones determinadas por las autoridades judiciales, por cuanto no poseen legitimación pasiva en las acciones de libertad, salvo que su conducta incurriera en excesos que implique contradicción o alteración de determinaciones de autoridades jurisdiccionales o que sus actos u omisiones lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, como señala el Fundamento Jurídico III.2 de la presente resolución, situación que no es evidente en el caso de análisis respecto a la Oficial de Diligencias; por cuanto, carece de legitimación pasiva en la presente acción tutelar. Ahora bien y respecto a las actuaciones de José Andrés Escobar Lecoña y Jorge Alejandro Luna Lema, Secretario y Auxiliar de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, del informe remitido cursante a fs. 15 del expediente, se establece lo ya señalado anteriormente en cuanto a que el recurso de apelación interpuesto por la demandante fue resuelto el 13 de enero de 2023; de la misma manera se refiere que el mismo ya fue devuelto al Juzgado de origen, mas no se determina por documental alguna, así como ni siquiera se individualiza cuándo se habría efectuado la devolución del legajo correspondiente al recurso de apelación al Juzgado de origen de la ciudad de el Alto; por cuanto, si se ha indicado por la peticionante de tutela que no fue remitido a la interposición de la presente acción de libertad, y a la realización de la audiencia de consideración de la acción tutelar se informó la devolución de la misma, es evidente una dilación indebida, lo cual vulnera el principio de celeridad vinculada al derecho a la libertad, una demora totalmente injustificada en cuanto a la fecha de emisión del Auto de Vista por parte del Vocal Presidente de Sala Penal Tercera del tribunal Departamental de Justicia de La Paz y la materialización de la devolución del legajo. Es importante manifestar que las tareas tanto del Secretario como del Auxiliar de la Sala ahora demandados se encuentran determinadas por la Ley de Organización Judicial, entre las que se encuentran para el Secretario la recepción y remisión de causas y del Auxiliar las de coadyuvar con las tareas de secretaría y otras que se le determine dentro del manejo de secretaría de dicha Sala; por cuanto y de acuerdo con la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, citada en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Resolución, se evidencia una omisión relacionada con los deberes de los demandados señalados que han causado una lesión al principio de celeridad vinculado al derecho a la libertad de la demandante de tutela, en consecuencia el Juez de garantías al realizar la valoración en cuanto a estos determinando la dilación ha realizado un análisis correcto.
En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela en relación a Henry David Sánchez Camacho y Verónica Gómez Laura, Vocal Presidente y Oficial de Diligencias de Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y conceder en su modalidad innovativa, respecto a José Andrés Escobar Lecoña y Jorge Alejandro Luna Lema, Secretario y Auxiliar de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, ha actuado de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 34/2023 de 10 de febrero, cursante de fs. 25 a 28, pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz y, en consecuencia:
Corresponde a la SCP 0799/2025-S3 de 24 de julio. 1° Conceder en la modalidad innovativa la tutela respecto al principio de celeridad en relación al debido proceso vinculado con el derecho a la libertad, en relación a José Andrés Escobar Lecoña y Jorge Alejandro Luna Lema, Secretario y Auxiliar de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. 2° Denegar la tutela en relación al derecho a la defensa, justicia plural pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones y la dignidad referente a Henry David Sánchez Camacho y Verónica Gómez Laura, Vocal Presidente y Oficial de Diligencias de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, 3° Exhortar a José Andrés Escobar Lecoña y Jorge Alejandro Luna Lema,
Secretario y Auxiliar de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a cumplir con sus funciones de manera adecuada y en cumplimiento de la normativa que rigen sus funciones y labores de apoyo jurisdiccional determinadas por la Ley de Organización Judicial y el cumplimiento de los plazos procesales, y en caso de repetirse su accionar, se remitan antecedentes al Consejo de la Magistratura para su consideración. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
4 El Cuarto Considerando, refiere: “…Por consiguiente, la demandada carece de legitimación pasiva, calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción…”.
5 El FJ III.5, menciona: “En el caso que se analiza, se tienen dos normas referidas al ámbito de protección de la acción de libertad -antes recurso de hábeas corpus: La Constitución abrogada y la interpretación constitucional, que establecía que el recurso no procedía respecto a particulares, y la Constitución vigente que amplía la protección respecto con relación a particulares. Ahora bien, indudablemente que la norma que es más favorable al sistema de derechos fundamentales, es la contenida en la Constitución vigente, pues así se reconoce la eficacia horizontal de los derechos fundamentales…”.
funciones del personal de apoyo, no es reconducido por el juez, corresponderá establecer responsabilidad en relación a ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos actos u omisiones merezcan reproche en la vía constitucional. En base a los fundamentos supra expuestos, el entendimiento generado en el presente acápite implica cambio de línea jurisprudencial en relación a los razonamientos asumidos en las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 1279/2011-R de 26 de septiembre, en las que se estableció que los servidores de apoyo judicial no tiene legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de defensa”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0799_2025-S3.pdf · páginas 1 a 15.
Huella digital del PDF (SHA-256): f6f3338a60cc4780b884be15f42229863fb608f754b413d4235b8cfa4716453c
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