B.IA.LEGAL

SCP 0799/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 9 de julio de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
9 de julio de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
56306-2023-113-AAC
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la propiedad privada relacionada con los derechos al trabajo, seguridad, salud y vida digna; al debido proceso, en sus elementos de motivación, fundamentación, congruencia, apreciación de la prueba y a la defensa; a la “seguridad jurídica” y a la sucesión hereditaria; así como el principio de igualdad efectiva de las partes; puesto que, la Jueza hoy accionada: a) Al emitir el Auto de 30 de septiembre de 2022, disponiendo que por Secretaría del Juzgado Civil y Comercial Séptima de la Capital del departamento de Cochabamba, se expida mandamiento de desapoderamiento del lote “D”, no tomó en cuenta que el Banco Mercantil Santa Cruz S.A. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve REVOCAR en parte la Resolución RAC-SCIII 58/2023 de 25 de mayo, cursante de fs. 462 a 466, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, de manera provisional, con relación a los derechos a la vida digna, a la propiedad privada, y al debido proceso en su elemento de defensa; disponiendo:

a) Dejar en suspenso la ejecución de las determinaciones asumidas en los Autos de 30 de septiembre y 27 de octubre de 2022 y 3 de marzo de 2023, y consiguientemente la ejecución del mandamiento de desapoderamiento con facultad de allanamiento ordenado por la Jueza Pública Civil y Comercial Séptima de la Capital del departamento de Cochabamba, hasta tanto se resuelvan los recursos de apelación planteados por el accionante que se encuentran pendientes de resolución, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto de la Oficial de Diligencias del Juzgado Público Civil y Comercial Octavo de la Capital del departamento de Cochabamba en suplencia legal de su similar Séptimo y del representante legal del Banco Mercantil Santa Cruz Sociedad Anónima; así como también, sobre los derechos al trabajo, a la seguridad, a la salud y al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación, congruencia y apreciación de la prueba; a la “seguridad jurídica” y a la sucesión hereditaria; así como el principio de igualdad efectiva de las partes.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El enfoque diferencial e interseccional de los derechos de las personas adultas mayores
  2. III.2. El petitorio de la acción de amparo constitucional
  3. III.3. Análisis el caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0799/2025-S1 Sucre, 9 de julio de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 56306-2023-113-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución RAC-SCIII 58/2023 de 25 de mayo, cursante de fs. 462 a 466, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Mario Jaime Jiménez Prudencio contra María Paola Angulo Oroza, Jueza Pública Civil y Comercial Séptima de la Capital del departamento de Cochabamba; Shirley Isabel Zamorano Calahuana, Oficial de Diligencias del Juzgado Público Civil y Comercial Octavo del mismo departamento, en suplencia legal de su similar Séptimo; y, Raúl Pablo Brañez Araoz, representante legal del Banco Mercantil Santa Cruz Sociedad Anónima (S.A.).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante por memoriales presentados el 11 de abril y 20 de abril de 2023, cursantes de fs. 346 a 363 vta.; y, 367 a 371 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El bien inmueble ubicado en la Av. América de la ciudad de Cochabamba, conformado por cuatro lotes “A, B, C y D”, tiene como título constitutivo la Escritura Pública 48/1970 de 17 de marzo, correspondiente a un acuerdo transaccional de división y partición, suscrito por “Josefina Prudencio”; Nancy y Dory ambas de apellidos Jiménez Prudencio, y su persona; habiéndose asignado el lote “A”, a “Josefina Prudencio”, el lote “B”, para Nancy Jiménez Prudencio, el lote “C”, para su persona; y, el lote “D” para Dory Jiménez Prudencio. A consecuencia del fallecimiento de “Josefina Prudencio”, el lote “A” fue inscrito a nombre de los tres hermanos. Si bien se suscribió ese acuerdo y fue registrado en la Oficina de Derechos Reales (DD.RR.), la propiedad físicamente nunca fue dividida, ni delimitada, al tratarse de una propiedad de carácter familiar; además, en el mencionado inmueble funcionaba la empresa Industrial Bolivian Wire and Cable Company Sociedad Anónima (Cablebol S.A.) -ahora tercera interesada-. El 22 de junio de 1999, la empresa Cablebol S.A. y el Banco Mercantil Santa Cruz S.A. ahora coaccionado suscribieron la Escritura Pública 2417/99 -de préstamo de dinero-, siendo su persona y Dory Jiménez Prudencio, garantes hipotecarios, constituyendo hipoteca sobre los lotes “A, C y D”. En la gestión 2000, la citada entidad financiera interpuso demanda coactiva contra la empresa Cablebol S.A. ahora tercera interesada y sus garantes, proceso que se tramitó ante el Juzgado Público Civil y Comercial Séptimo de la Capital del departamento de Cochabamba -a cargo de la Jueza hoy accionada-, en el cual el 4 de enero de 2002, se elaboraron los avalúos periciales correspondientes a los lotes “A, C y D”, así como de los bienes inmuebles dejados en garantía hipotecaria, con base en dichos avalúos, se dispuso la subasta progresiva, iniciándose con el lote “D” -y de otra propiedad-; el cual fue adjudicado por el Banco Mercantil Santa Cruz S.A. ahora coaccionado, quien suscribió la minuta definitiva de adjudicación el 21 de junio de 2004, en esa misma fecha, dicha entidad financiera solicitó el desapoderamiento del citado lote, emitiéndose al efecto varias resoluciones relacionadas con esa solicitud. Luego, el 29 de septiembre de 2022, el Banco Mercantil Santa Cruz S.A. hoy coaccionado solicitó que se libre mandamiento de desapoderamiento respecto del lote “D”, alegando que el mismo se encontraba individualizado; en atención a dicha solicitud, mediante Auto de 30 del mismo mes y año, se dispuso que, por Secretaría del Juzgado Público Civil y Comercial Séptimo de la Capital del departamento de Cochabamba, se expida el referido mandamiento. Contra el citado Auto planteó oposición; ya que, se afectaba el Lote “A”, el cual no fue objeto de remate, por una aparente sobreposición con el Lote “D” que se pretendía desapoderar; en consecuencia, pidió que se deje sin efecto la entrega del mandamiento al no acreditarse la ubicación precisa del bien inmueble que se pretendía desapoderar; puesto que, se intentó ejecutar la medida sobre una parte del lote “A”, que contaría con “27” m lineales. Esa oposición fue rechazada por Auto de 27 de octubre de “2021” -siendo lo correcto 2022-, sin considerar el contenido de su oposición que fue formulada contra el Auto de 30 de septiembre del señalado año, y no contra el Auto de 30 de junio de 2004; siendo tramitado como un incidente dilatorio sin tomar en cuenta el fondo -de su reclamo-, los hechos expuestos, las pruebas aportadas, ni las literales que corroboran los hechos denunciados; realizando una revisión parcial de los antecedentes y señalando que, a través del Auto de la misma fecha, su persona fue notificada el 5 de agosto de ese año; por lo que, el derecho a oponerse prescribió hace más de “18 AÑOS”. Contra el Auto de 27 de octubre de 2022, planteó recurso de apelación el 1 de noviembre de igual año, el cual fue corrido en traslado; sin embargo, la entidad bancaria hoy coaccionada, no respondió al traslado, ni la Jueza ahora accionada concedió ese recurso. Asimismo, se tiene que, contra el Auto de 30 de septiembre de 2022, la empresa Cablebol S.A. hoy tercera interesada, el 13 de octubre del mismo año, planteó recurso de reposición bajo alternativa de apelación, alegando que se utilizó una norma derogada por el Código Procesal Civil; puesto que, correspondía aplicar lo establecido por el art. 427.II de ese Código, en cuanto a la oposición como medida de protección de los derechos de terceros, poseedores y ocupantes, así como a su persona a través de la notificación expresa, previo a expedirse mandamiento de desapoderamiento; por lo que, con ese Auto debió notificarse a los ocupantes y poseedores para resguardar su derecho a la defensa. En respuesta a dicho recurso, se emitió el Auto de 18 de octubre de 2022, mediante el cual “repuso” en parte el Auto de 30 de septiembre de similar año, únicamente en lo referido a los arts. 45.II de la Ley de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar (LAPCAF) -Ley 1760 de 28 de febrero de 1997- y 427.II del Código Procesal Civil (CPC); y en lo demás, la Jueza hoy accionada hizo una relación de antecedentes y argumentos idénticos al Auto de 27 de octubre de 2022, negando la reposición sobre la solicitud de notificación a los poseedores y ocupantes. En ese sentido, se solicitó la aclaración y complementación de los aspectos omitidos, petición que fue rechazada y desestimada por Auto de 3 de noviembre del mismo año, señalando que la empresa Cablebol S.A. ahora tercera interesada no tendría legitimación pasiva para reclamar aspectos que solo le compete a la parte interesada. El 3 de noviembre de 2022, se expidió el mandamiento de desapoderamiento sobre el lote “D”; el cual fue ejecutado, el 10 de febrero de 2023; acto realizado por la Oficial de Diligencias hoy coaccionada, en compañía de un Notario de Fe Pública y dirigido por el representante legal de la entidad financiera ahora coaccionada, quienes se constituyeron en la Av. América de la ciudad de Cochabamba, ingresando directamente por la puerta o garaje principal, que antes fue el ingreso a la empresa Cablebol S.A. hoy tercera interesada; fracción de terreno que se encuentra al lado del Rotary Club y que está emplazada en el lote de su propiedad, según Informe Pericial de 4 de enero de 2002, sobre el cual se realizó la adjudicación del colindante lote “D”; no obstante, la ejecución del mandamiento se realizó en la puerta principal del Lote “A”, ejecutaron dicho mandamiento erróneamente sobre el lote “D”. Asimismo, en el Acta de 13 de febrero de 2023, la indicada Oficial de Diligencias, dejó en constancia de que se constituyó en el lugar, consultando tiendas aledañas al bien inmueble, no pudo trabar el desapoderamiento, por contar con orden de allanamiento. Como consecuencia de la supuesta ejecución del mandamiento de desapoderamiento, el Banco Mercantil Santa Cruz S.A. hoy coaccionado solicitó se libre un segundo mandamiento de desapoderamiento con facultad de allanamiento; en atención a dicha solicitud, se emitió el Auto de 2 de marzo de 2023, mediante el cual se dispuso la entrega del mismo. Contra ese Auto su persona planteó recurso de apelación, adjuntando un informe pericial particular y un muestrario fotográfico, que demostró que el primer mandamiento de desapoderamiento fue ejecutado ilegalmente sobre una propiedad distinta a la rematada, concretamente en el frente Sur del lote “A”, de 27 m lineales, con frente a la Av. América de la ciudad de Cochabamba. Los Autos de 30 de septiembre y 27 de octubre de 2022, así como el de 2 de marzo de 2023, fueron objetados por oposición y recurridos en apelación; sin embargo, hasta la interposición de esta acción de amparo constitucional, no se concedieron las apelaciones planteadas, ni mucho menos paralizaron la ejecución del mandamiento de desapoderamiento, el cual fue entregado a la entidad financiera hoy coaccionada el 28 de igual mes y año, sin que se hubiesen enmendado las vulneraciones denunciadas. De la prueba documental adjunta se tiene que, el 4 de enero de 2002, se elaboró un Informe Pericial dentro del proceso que describía los frentes de los lotes ubicados sobre la Av. América de la ciudad de Cochabamba, otorgándole al lote “A” un frente de 27 m; al lote “D” un frente de 15 m; y, al lote “C” con un frente de 27.50 m, sobre la base de ese avalúo pericial se efectuó la subasta y posterior adjudicación del lote “D”. Además, en el frente del lote “A”, de 27 m lineales, se emplazaron construcciones correspondientes a tiendas comerciales, que se encuentran alquiladas. Si bien el mandamiento de desapoderamiento se ordenó sobre el lote “D”, el mismo no se encuentra plenamente identificado. Al solicitar el Banco Mercantil Santa Cruz S.A. hoy coaccionado, el 29 de septiembre de 2022, que se ordene la entrega del lote “D” que fue rematado, al efecto se libró mandamiento de desapoderamiento, que se remitió como sustento al plano de avalúo de 4 de abril del mismo año, la Jueza hoy accionada al dar curso a ese pedido por Auto de 30 de septiembre de igual año, vulneró su derecho al debido proceso; ya que, no tomó en cuenta que dicha solicitud se valió de un plano de emplazamiento unilateral de 4 de abril del referido año, que no cuenta con ninguna legalidad y el folio real de “fs. 5093”, lo que vulnera su derecho propietario, al no identificarse plenamente el bien inmueble objeto de desapoderamiento, cuyo pedido se encontraba pendiente desde el 31 de marzo de 2017, tal situación resulta contradictoria y difiere del Informe Pericial de 4 de enero de 2002, en cuanto a los frentes asignados -a los lotes-; no se observaron las diferencias entre ambos peritajes, a pesar de lo cual se dio curso a la pretensión de la entidad financiera adjudicataria ahora coaccionada. Asimismo, el Auto de 30 de septiembre del citado año, ignoró el Informe “DAJUD 01272/172”, trámite 9838, emitido por el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, de 26 de junio de 2017, el cual certifica la inexistencia del registro catastral del lote “D”, de 1183 m²; en ese sentido, se inobservaron los principios de congruencia, de apreciación de la prueba y de igualdad efectiva de las partes. Por lo expuesto, fue necesario el pronunciamiento previo con relación a la petición de plena identificación del lote “D”, antes de emitirse el mandamiento de desapoderamiento por medio del referido Auto. Por su parte, el Auto de 27 de octubre de 2022, emitido como consecuencia de su oposición planteada el 21 del mismo mes y año, vulneró sus derechos al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación, congruencia, apreciación de la prueba y a la defensa, al no valorar, ni referirse a sus pruebas propuestas, ni resolvió su pretensión y petición, enfocándose en que su derecho a suscitar oposición prescribió hace más de “18 AÑOS”, a pesar que la oposición fue planteada contra el Auto de 30 de septiembre de citado año; asimismo, se permitió la ejecución del desapoderamiento con base en un plano de emplazamiento unilateral de 4 de abril del citado mes, el cual afecta directamente su derecho propietario. La Oficial de Diligencias hoy coaccionada, guiada e inducida en error por el representante legal del Banco Mercantil Santa Cruz S.A. ahora coaccionado, el 10 de febrero de 2023, al pretender ejecutar el mandamiento de desapoderamiento del lote “D”, en la puerta principal del lote “A”, dentro de los 14 m, siguientes al Rotary Club que es un bien inmueble distinto al rematado y adjudicado, vulneró su derecho al debido proceso, al no observar sus actos relativos a sus atribuciones, poniendo en riesgo su derecho a la propiedad privada. En esa fecha, el Banco Mercantil Santa Cruz S.A. hoy coaccionado incurrió en una acción de hecho que vulnera su derecho a la propiedad privada, al guiar al Notario de Fe Pública y a la Oficial de Diligencias ahora coaccionada sobre el lote “A”, para que se ejecute el mandamiento de desapoderamiento -“de 03/11/2022”- así como que la elaboración del Acta Notarial 22/2023 de la misma fecha y el informe de la referida Oficial de Diligencias de 13 de ese mismo mes y año, documentos que fueron inexactos; ya que, el representante de la mencionada entidad financiera, tenía pleno conocimiento de que su propiedad comprendía los primeros 27 m lineales del lote “A”, contados desde el extremo colindante al Rotary Club. El Auto de 2 de marzo de 2023, fue recurrido en apelación por dos causales; la primera, como consecuencia de la falsedad contenida en el informe de 13 de febrero de igual año y en el Acta Notarial de 22/2023; la segunda, por vulnerar derechos a la propiedad privada y al debido proceso; dicho recurso de apelación no fue concedido por la Jueza hoy accionada. Los Autos de 30 de septiembre de 2022 y de 2 de marzo de 2023, fueron emitidos observando únicamente el folio real del lote “D”, registrado en la Oficina de DD.RR., siendo que, la matrícula no es documento idóneo para acreditar el derecho propietario, sino el título de propiedad, en ese caso la Escritura Pública “744/2021”, la cual deviene del remate fijado el 31 de diciembre de 2022, con base al avalúo pericial de 4 de enero de 2002, donde se asignó al lote “D”, un frente de 15 m y colindando por el lado oeste el lote “A”, de 27 m lineales sobre la Av. América de la ciudad de Cochabamba. Esa Escritura Pública corrobora que el lote “D” no se encuentra individualizado, ni delimitado de los otros lotes “A, B y C”; por lo que, de conformidad a lo establecido en la SC 1514/2002-R de 13 de diciembre, no se puede ejecutar el mandamiento de desapoderamiento mientras no se determine claramente la facción de terreno y se identifique plenamente la porción objeto del mismo; por lo expuesto, no fue procedente la emisión de los citados Autos; más aun, cuando la identificación de las propiedades pretende basarse en un plano de emplazamiento unilateral, que no cuenta con aprobación legal.

I.1.2. Derechos, garantía y principio supuestamente vulnerados

El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la propiedad privada relacionada con los derechos al trabajo, seguridad, salud y vida digna; al debido proceso, en sus elementos de motivación, fundamentación, congruencia, apreciación de la prueba y a la defensa; a la “seguridad jurídica” y a la sucesión hereditaria; así como el principio de igualdad efectiva de las partes; citando al efecto los arts. 46.I.1., 56, 115.II y 410.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 17 y 23.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); XXIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH); y 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP);

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia se disponga que: a) Se dejen sin efecto los Autos de 30 de septiembre y 27 de octubre de 2022 y 3 de marzo de 2023, por ser atentatorios contra los derechos al debido proceso y a la propiedad privada que le asiste sobre el lote “A”; b) Se ordene a la Jueza ahora accionada, emitir nuevos autos tomando en consideración los antecedentes del proceso, previa presentación del plano del lote “D”, debidamente aprobado por el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, con la finalidad de evitar incurrir en nuevos errores y vicios de nulidad; y, c) Respecto a la Oficial de Diligencias y al representante de la entidad financiera hoy coaccionados, se ordene abstenerse, en lo sucesivo de incurrir en los actos y hechos denunciados bajo las conminatorias de ley.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 25 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 457 a 461, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo manifestó que: 1) La Jueza ahora accionada, mediante Auto de 30 de septiembre de 2022, ordenó la emisión del mandamiento de desapoderamiento, consignando erróneamente las colindancias donde se debió ejecutar el desapoderamiento del lote “D”, lo que provocó una afectación grave del lote “A” de su propiedad; 2) Contra ese Auto se planteó oposición, señalando sobre posición de los predios, presentando la pruebas correspondientes y remitiéndose a las certificaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, las cuales establecen que el lote objeto del proceso, es un global de cuatro lotes integrados, sin contar con plano de fraccionamiento; asimismo, adjuntó su derecho propietario sobre el lote “A” y argumentó la aplicación de la SC 1514/2002-R, que determinó que no es posible ejecutar un mandamiento de desapoderamiento mientras no exista una delimitación mediante fraccionamiento municipal sobre el predio a ser desapoderado; 3) La oposición fue resuelta por Auto de 27 de octubre de 2022, el cual, sin explicación, ni fundamentación rechazó la oposición, determinando que el derecho a oponerse precluyó dieciocho años atrás; sin manifestarse sobre el resto de las pruebas, ni considerar la jurisprudencia vinculante; 4) Contra dicho Auto, planteó recurso de apelación el 1 de noviembre de igual año; no obstante, hasta la interposición de la presente acción de amparo constitucional, el referido recurso fue concedido por el Tribunal de alzada; 5) Como consecuencia del rechazo de la oposición planteada contra el primer mandamiento de desapoderamiento, el 10 de febrero de 2023, la Oficial de Diligencias y el representante legal del Banco Mercantil Santa Cruz S.A. hoy coaccionados, pretendieron ejecutar el mandamiento de desapoderamiento, el cual se encontraba cuestionado y pendiente de resolución; 6) Con base en la representación realizada, la Jueza ahora accionada emitió el Auto de 2 de marzo de 2023, mediante el cual libró un mandamiento de desapoderamiento con facultad de allanamiento; dicho Auto que fue recurrido en apelación y estaría pendiente de resolución por el Tribunal de alzada; y, 7) Tomando en cuenta que existen apelaciones pendientes de resolución, solicita se deje en suspenso la ejecución de los Autos de 30 de septiembre y 27 de octubre de 2022 y 3 de marzo de 2023, y en consecuencia, se ordene a la referida Jueza, se abstenga de realizar, ejecutar o expedir cualquier mandamiento de desapoderamiento, hasta que las salas civiles que conocen los recursos de apelación emitan un pronunciamiento en el fondo.

I.2.2. Informe de la autoridad, funcionaria de apoyo jurisdiccional y el Banco Mercantil Santa Cruz S.A. accionados

María Paola Angulo Oroza, Jueza Pública Civil y Comercial Séptima de la Capital del departamento de Cochabamba, mediante informe presentado el 3 de mayo de 2023, cursante de fs. 381 a 389 vta. así como en audiencia, manifestó que: i) El 29 de septiembre de 2022, el Banco Mercantil Santa Cruz S.A. hoy coaccionado, solicitó que se libre mandamiento de desapoderamiento, emitiéndose en consecuencia el Auto de 30 del mismo mes y año, que ordenó su extensión sobre el lote “D”; ii) Dicha decisión fue objeto de recurso de reposición bajo alternativa de apelación, que fue resuelta por Auto de 18 de octubre de igual año, que admitió parcialmente la reposición y dispuso el traslado del recurso alternado; posteriormente, la solicitud de aclaración y complementación fue rechazada por Auto de 3 de noviembre del referido año, y a su vez, fue concedida de oficio el 28 de abril de 2023; iii) El accionante, el 21 de octubre de 2022, presentó oposición que fue rechazada por Auto de 27 de similar mes y año, por ser extemporánea. Esa decisión fue recurrida en apelación, siendo concedida por “auto de oficio” de 2 de mayo de 2023; iv) La Sentencia de 29 de septiembre de 2000, fue ejecutoriada el 8 de febrero de 2001, y desde la mencionada fecha se encuentra en fase de ejecución; v) Las anteriores autoridades judiciales que conocieron el proceso en varias oportunidades, a través de las resoluciones correspondientes, dispusieron la extensión del mandamiento de desapoderamiento sobre el bien inmueble otorgado en garantía, y lo único que hizo su persona fue continuar con el cumplimiento de esas decisiones; vi) La ejecución de las sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada no puede suspenderse; el accionante no comprende por qué los anteriores jueces suspendieron la ejecución del proceso coactivo, lo que vulnera lo establecido por los arts. 517 del CPCabrg y 400 del CPC, normas que son de orden público y de cumplimiento obligatorio; vii) El accionante pretende dilatar la causa para no cumplir con sus obligaciones; viii) Para contraer una obligación de préstamo de dinero con el Banco Mercantil Santa Cruz S.A. hoy coaccionado, el accionante reconoce que el bien descrito puede ser otorgado como garantía hipotecaria real y voluntaria; sin embargo, para subastar el mismo alega que no cuenta con divisiones, ni fraccionamiento, aspecto que vulnera la teoría de los actos propios; ix) El mandamiento de desapoderamiento, librado varios años atrás y actualmente con facultad de allanamiento, fue extendido conforme a los datos consignados en el folio real del bien identificado “…saliente a fs. 5093 de obrados…” (sic), que cuenta con los datos y límites exactos, con la finalidad de determinar su ubicación correcta; x) Los arts. 41 de la LAPCAF y 416 del CPC, no establecen los requisitos que deben ser presentados para la ejecución de un mandamiento de desapoderamiento como sostiene el accionante; xi) Teniendo en cuenta lo estipulado por el art. 427.II del citado Código, se tiene que antes ya se emitieron mandamientos de desapoderamiento respecto del referido inmueble; y ahora, pretender su ejecución nuevamente después de dieciocho años, resulta inadmisible, conforme lo señala el Auto de 27 de octubre de 2022; más aun, si el accionante no ocupa el lote “D”, sino el lote “A”; xii) Según la representación efectuada por la Oficial de Diligencias hoy coaccionada, y el contenido del Acta Notarial 22/2023, elaborada por el Notario de Fe Pública de Primera Clase 63 de la ciudad de Cochabamba, se advierte que se intentó ejecutar el mandamiento de desapoderamiento; empero, no se pudo efectivizar porque no se contaba con orden de allanamiento; asimismo, en ningún momento se manifestó que los límites del bien inmueble no fueron posibles de identificar; xiii) La norma adjetiva faculta a la autoridad judicial a rechazar in límine los incidentes que sean manifiestamente improponibles y maliciosos, y que pretendan dilatar el trámite de ejecución de la sentencia; más aun si los mismos son reiterativos y presentados por el accionante bajo uno u otro motivo, con el propósito de provocar las resoluciones, impugnarlas y continuar entorpeciendo; y, xiv) Fue objeto de amedrentamientos, denuncias e injerencias de otros poderes e instituciones, promovidas por el accionante, cuya única finalidad es tratar de conseguir resultados en su favor a toda costa, sin tomar en cuenta que la causa recién fue tramitada por su persona en ejecución de sentencia.

Shirley Isabel Zamorano Calahuana, Oficial de Diligencias del Juzgado Público Civil y Comercial Octavo de Capital del departamento de Cochabamba, en suplencia legal de su similar Séptimo, mediante informe presentado el 2 de mayo de 2023, cursante a fs. 379, manifestó que: a) El 10 de febrero de igual año, en cumplimiento del mandamiento de desapoderamiento de 3 de noviembre de 2022, expedido por la Jueza hoy accionada, su persona se constituyó en el bien inmueble con el objeto de ejecutar ese mandamiento; sin embargo, el mismo no se pudo trabar; por lo que, realizó el informe correspondiente, en el cual se ratifica y adjunta a dicho informe; y, b) Al ser evidente que su persona no cometió ningún acto ilegal que vulnere derechos del accionante, pide se deniegue la tutela solicitada. Raúl Pablo Brañez Araoz, en representación legal del Banco Mercantil Santa Cruz S.A., mediante informe presentado el 25 de mayo de 2023, cursante de fs. 441 a 445, manifestó que: 1) No vulneraron derecho alguno; lo que ocurrió es que la entidad financiera a la que representa se adjudicó una de las garantías hipotecarias rematadas, consistente en el lote “D”, con una superficie de 1.183 m², que el accionante reconoce que le pertenecía a su hermana Dory Jiménez Prudencio y que actualmente es de la citada entidad financiera, en virtud de la adjudicación y posterior venta judicial; 2) La adjudicación del referido lote fue tramitada conforme a derecho, sin afectar los otros bienes inmuebles constituidos igualmente como garantía hipotecaria; 3) Se pretende negar la cabal descripción de cada una de las garantías consignadas en el documento base de ejecución, intentando el accionante diseñar a su antojo un plano imaginario del lote “D” y la supuesta afectación del lote “A”, negando títulos de propiedad que motivaron la constitución de las garantías y su individualización detallada; 4) El accionante es uno de los tres copropietarios del lote “A”, el cual también se encuentra hipotecado y próximo a ser rematado. El lote “D”, fue de su hermana Dory Jiménez Prudencio y ahora es de propiedad del Banco Mercantil Santa Cruz S.A. al que representa; por lo que, no tiene derecho para reclamar sobre un bien inmueble que no le corresponde; 5) Se pretende dejar sin efecto los Autos de 30 de septiembre y 27 de octubre de 2022, así como el de 2 de marzo de 2023, emitidos conforme a los antecedentes del proceso, los cuales no afectan sobre el lote “A”, sino que apuntan exclusivamente al desapoderamiento del lote “D”; y al no ejecutarse el mandamiento de desapoderamiento no existe ningún derecho vulnerado; 6) Los lotes de terreno constituidos como garantía hipotecaria, fueron registrados en la Oficina de DD.RR., antes de la emisión del Decreto Supremo (DS) 27957 de 24 de diciembre de 2004, el cual no es aplicable al presente caso; 7) El perito es quien procedió a tasar los bienes inmuebles y establecer la base para la venta judicial, no como pretende el accionante de asignarle las facultades de topógrafo; 8) La SC 1514/2002, mencionada por el accionante, se refiere a un bien inmueble en litigio que sobre los datos de identificación se omitió señalar sus colindancias; además, fue objeto de una oportuna oposición, no fue tramitada por la autoridad judicial; lo que no ocurre en el presente caso; ya que, la oposición -planteada por el accionante- fue debidamente rechazada, y mediante un nuevo intento se pretende extemporáneamente “resucitar” el mismo acto procesal; 9) El accionante carece de legitimación activa; por el contrario, manifiesta de manera espontánea que, en esta acción tutelar tiene legitimación pasiva; por lo que, se arroga una situación jurídica que le corresponde a la parte demandada; 10) Existen varios medios de defensa y recursos interpuestos con anterioridad por el accionante, los cuales serán revisados, modificados, revocados o anulados por el Tribunal de alzada; 11) Existen actos consentidos, al reconocer que el bien inmueble objeto de desapoderamiento nunca fue de su propiedad; 12) El Auto de Vista de 15 de noviembre de 2013, emitido por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, resolvió la oposición planteada por el accionante, así como los incidentes presentados por la expropietaria Dory Jiménez Prudencio respecto del lote “D”, manteniendo los mismos argumentos de su defensa que indican que se trata de dos propiedades diferentes, dicho Auto de Vista se considera consentido, al no ser objeto de una acción de amparo constitucional, lo que determina la improcedencia de la presente acción de defensa, considerando que la ejecución del mandamiento de desapoderamiento emerge del Auto de 27 de octubre de 2022, de rechazo a la oposición y no la entrega voluntaria del bien inmueble adjudicado; 13) Con relación a la subsidiariedad, los autos impugnados, cuentan con recursos en trámite que fueron activados por el accionante y que se encuentran pendientes de resolución; no obstante, respecto de la oposición ya existe resolución ejecutoriada con valor de cosa juzgada formal y material; 14) La Jueza ahora accionada ordenó el desapoderamiento de los 1183 m² correspondiente al lote “D”, no existiendo amenaza alguna sobre el lote “A” el cual cuenta con tres copropietarios; 15) El accionante confiesa que la Jueza hoy accionada desestimó su oposición, bajo el argumento de que la propiedad rematada y adjudicada al Banco Mercantil Santa Cruz S.A. correspondiente al lote “D”, y que su lote no será pasible de desapoderamiento; decisión que fue confirmada por el Auto de Vista de 15 de noviembre de 2013; por lo que, la oposición del accionante ya fue resuelta; 16) Si bien el accionante menciona supuestos derechos vulnerados; sin embargo, no realiza la relación de causalidad de los mismos con los Autos de 30 de septiembre, 27 de octubre de 2022, así como el de 2 de marzo de 2023, para establecer el nexo que debería existir para la viabilidad de la acción tutelar, la cual resulta improcedente; y, 17) El accionante a su conveniencia alegó ser adulto mayor, circunstancia que no fue esgrimida anteriormente. Por lo expuesto, pide se deniegue la tutela solicitada, y sea con imposición de costos y costas.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Dory Jiménez Prudencio, “Representante” de Cablebol S.A., Bruce Jiménez de Pereira; David y Cristian ambos de apellidos Jiménez Pereira, no asistieron a la audiencia de consideración de la presente acción de amparo constitucional, pese a sus notificaciones de fs. 402 a 411.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Resolución RAC-SCIII 58/2023 de 25 de mayo, cursante de fs. 462 a 466, denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: i) Luego de la notificación con la acción de amparo constitucional, es posible el abundamiento en la argumentación; empero, no la modificación o ampliación de los hechos; ya que, ello provocaría que la parte accionada se encuentre ante una nueva acción de defensa. Al respecto, se tiene que el accionante en audiencia solicitó la tutela provisional respecto de la ejecución del mandamiento de desapoderamiento, solicitando se deje en suspenso la ejecución de los Autos de 30 de septiembre, 27 de octubre de 2022, así como el de 2 de marzo de 2023, y ordenando a la Jueza hoy accionada que se abstenga de disponer la ejecución del mandamiento de desapoderamiento, hasta tanto se resuelvan las apelaciones que fueron planteadas, las cuales no fueron aún remitidas ante la Sala Civil de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; ii) Teniendo en cuenta el petitorio expuesto en el memorial de esta acción tutelar, es necesario aclarar que se cuestiona el derecho a la propiedad privada, derecho que debe ser resuelto por la jurisdicción ordinaria, determinando si corresponde al accionante o a la parte accionada, dentro del proceso coactivo que se viene tramitando en la vía ordinaria; por lo que, se estaría ante hechos controvertidos que aún deben ser resueltos en esa vía; iii) No se señala de qué manera, ni mediante qué resolución o disposición emitida por la Jueza y la Oficial de Diligencias ahora accionadas se hubiese vulnerado el derecho al trabajo; iv) El accionante en audiencia centró su exposición en la supuesta vulneración del derecho al debido proceso, en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, señalando que los Autos de 30 de septiembre, 27 de octubre de 2022, así como el de 2 de marzo de 2023, carecían de fundamentación, motivación y congruencia, y que de haberse realizado una valoración correcta de las pruebas, la emisión de la resolución sería distinta; además, indicando la relevancia en la modificación de la resolución; argumentos que son nuevos y que no fueron parte de la acción de defensa presentada de manera escrita; es decir, se fundamenta de manera distinta, alegando hechos que no fueron mencionados en la demanda, lo que constituye una causal de improcedencia establecida en la SCP 1044/2013 de 27 de junio, a tiempo de referirse a la imposibilidad de modificar los hechos que hacen a la acción de amparo constitucional una vez notificada la misma; v) El accionante también solicitó que se ingrese a realizar la interpretación de la legalidad ordinaria; al respecto, la SCP 0267/2021-S3 de 26 de mayo, señala que dicha labor le corresponde a la jurisdicción ordinaria y administrativa, y que la jurisdicción constitucional solo puede intervenir con la finalidad de verificar si, en la labor interpretativa se vulneraron derechos, siempre que se cumpla con la carga argumentativa de explicar de manera clara y concreta cómo esa labor vulneró derechos y garantías constitucionales, aspecto que no fue cumplido por el accionante; y, vi) No resulta procedente realizar una nueva valoración de las pruebas; ya que, ello implicaría invadir competencias de otras jurisdicciones, y es una facultad privativa de las instancias ordinarias, salvo que se cumplan con los requisitos establecidos en la SCP 0238/2018-S2 de 11 de junio.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Informe Técnico de avalúo del bien inmueble, ubicado en zona Queru Queru y Plano de Emplazamiento, elaborado por Henry Villca Bermúdez, Perito Valuador, los cuales fueron presentados ante María Paola Angulo Oroza, Jueza Pública Civil y Comercial Séptima de la Capital del departamento de Cochabamba -ahora accionada-, el 4 de abril de 2022 (fs. 185 a 198), dicho Informe Técnico mereció en respuesta el decreto de 5 de igual mes y año, por el que la referida Jueza, ordenó sean arrimados a los antecedentes del proceso y se ponga en conocimiento de las partes procesales (fs. 199). II.2. Mediante memorial presentado el 29 de septiembre de 2022, ante la Jueza hoy accionada, el representante legal del Banco Mercantil Santa Cruz S.A. -ahora coaccionado-, con fundamento en el Informe Técnico de avalúo del bien inmueble de 4 de abril de 2022 y en el Plano de Emplazamiento “de fs. 4975”, solicitó la entrega del bien inmueble rematado, correspondiente al lote de terreno “D” (fs. 257 a 258), dicho memorial mereció en respuesta el Auto de 30 de septiembre del mismo año, por el cual la referida Jueza dispuso que, por Secretaría del Juzgado Civil y Comercial Séptimo de la Capital del departamento de Cochabamba, se expida mandamiento de desapoderamiento, encomendando su ejecución a Shirley Isabel Zamorano Calahuana, Oficial de Diligencias del Juzgado Público Civil y Comercial Octavo de la Capital del citado, en suplencia legal de su similar Séptimo -hoy coaccionada- con la intervención de un Notario de Fe Pública, conforme a lo establecido por el art. 45.II de la LAPCAF, el accionante fue notificado con el mencionado Auto el 10 de octubre de 2022 (fs. 259 vta.). II.3. Por Auto de 18 de octubre de 2022, la Jueza ahora accionada, “repuso” parcialmente el Auto de 30 de septiembre de ese año, señalando que es aplicable lo previsto por el art. 427.II del CPC, en lugar del art. 45 de la LAPCAF, confirmando en lo demás el citado Auto recurrido en apelación; asimismo, dispuso se corra en traslado a la parte contraria el recurso de reposición bajo alternativamente de apelación (fs. 268 a 274). II.4. A través del memorial presentado el 24 de octubre de 2022, ante la Jueza hoy accionada, el accionante formuló oposición contra el Auto de 30 de septiembre del mismo año, solicitando se deje sin efecto la entrega del mandamiento de desapoderamiento que fue dispuesto, al no acreditarse la ubicación del bien inmueble a ser desapoderado (fs.

278 a 279 vta.); dicho memorial mereció en respuesta el Auto de 27 de octubre de “2021” -siendo lo correcto 2022-, por el cual, la mencionada Jueza rechazó esa oposición por extemporánea (fs. 280 a 284 vta.); mediante memorial presentado el 31 de igual mes y año, la representante legal de la empresa Cablebol S.A. -hoy tercera interesada- solicitó complementación y enmienda de los aspectos omitidos (fs. 287 y vta.), mereciendo en respuesta el Auto de 3 de noviembre del mismo año, mediante el cual rechazó la solicitud de aclaración y complementación presentada por la representante legal de la referida empresa (fs. 289 a 290). II.5. Mediante memorial presentado el 1 de noviembre de 2022, ante la Jueza ahora accionada, el accionante planteó recurso de apelación contra el Auto de 27 de octubre de ese año, solicitando que el Tribunal de alzada revoque el referido Auto, declarando probada su oposición; (fs. 291 a 297); dicho memorial mereció en respuesta el decreto de 7 de igual mes y año, por el cual la citada Jueza dispuso el traslado del recurso de apelación (fs. 297 y vta.), con esa determinación las partes procesales fueron notificadas el 9 del mismo mes y año (fs. 298). II.6. Cursa Informe de 13 de febrero de 2023, dirigido a la Jueza ahora accionada, mediante el cual la Oficial de Diligencias -hoy coaccionada-hizo conocer que, en cumplimiento del mandamiento de desapoderamiento de 3 de noviembre de 2022, el 10 de febrero de 2023, se constituyó en el lote “D”, en compañía del representante legal y abogado del Banco Mercantil Santa Cruz S.A. ahora coaccionado, de la representante de la Jefatura de la Defensoría del Adulto Mayor del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, de un Notario de Fe Pública; sin embargo, no fue posible trabar el citado mandamiento, debido a que en reiteradas oportunidades tocó la puerta del bien inmueble, sin obtener respuesta alguna y sin que nadie la atienda; incluso, tras consultar a las tiendas aledañas para verificar si los ejecutados se encontraban en dicho inmueble, no tuvo información al respecto; y al no tener el mandamiento orden de allanamiento, se retiró del lugar sin dar cumplimiento a lo dispuesto en el mismo (fs. 300 y vta.). II.7. Mediante memorial presentado el 28 de febrero de 2023, ante la Jueza hoy accionada, el representante legal de la entidad financiera ahora coaccionada, adjuntando un Acta Notarial 22/2023 de 10 de febrero, solicitó la extensión de un nuevo mandamiento de desapoderamiento respecto del lote de terreno “D”, con facultad expresa de allanamiento y/o rotura de candados (fs. 302), dicho memorial mereció en respuesta el Auto de 2 de marzo de igual año, por el cual la referida Jueza dispuso que, a través de la Secretaría de su Juzgado, se expida ese mandamiento sobre el lote “D”, encomendando su ejecución a la Oficial de Diligencias hoy coaccionada, con la intervención de un Notario de Fe Pública, disponiéndose además el auxilio de la fuerza pública, con expresa facultad de allanamiento, el mencionado mandamiento fue entregado al abogado de la citada entidad financiera, el 28 del mismo mes y año (fs. 303 y vta.). II.8. Por memorial presentado el 10 de marzo de 2023, ante la Jueza ahora accionada, el accionante formuló recurso de apelación contra el Auto de 2 del mismo mes y año, solicitando que el Tribunal de alzada revoque totalmente ese Auto y disponga que el -Banco Mercantil Santa Cruz S.A.- demandante identifique plenamente la propiedad objeto de desapoderamiento (fs. 323 a 327 vta.); dicho memorial que fue puesto en conocimiento de las partes mediante decreto del 14 del referido mes y año (fs. 328).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la propiedad privada relacionada con los derechos al trabajo, seguridad, salud y vida digna; al debido proceso, en sus elementos de motivación, fundamentación, congruencia, apreciación de la prueba y a la defensa; a la “seguridad jurídica” y a la sucesión hereditaria; así como el principio de igualdad efectiva de las partes; puesto que, la Jueza hoy accionada: a) Al emitir el Auto de 30 de septiembre de 2022, disponiendo que por Secretaría del Juzgado Civil y Comercial Séptima de la Capital del departamento de Cochabamba, se expida mandamiento de desapoderamiento del lote “D”, no tomó en cuenta que el Banco Mercantil Santa Cruz S.A. ahora coaccionado solicitó el mismo, remitiéndose al avalúo pericial y el Plano de Emplazamiento de 4 de abril de igual año, documentos que no identifican plenamente el bien inmueble objeto de desapoderamiento; asimismo, la referida documentación resultó contradictoria y difiere del Informe Pericial de 4 enero de 2002, que fue utilizado en el remate del lote “D”, en cuanto a -las medidas de- los frentes asignados a los lotes dejados en garantía; de igual manera, no tomó en cuenta el Informe “DAJUD 01272/17”, trámite 9838 emitido por el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba de 26 de junio de 2017, que certifica la inexistencia del registro catastral del lote “D”; por lo que, fue necesario un pronunciamiento previo con relación a la petición de plena identificación del citado lote, antes de emitirse el mandamiento de desapoderamiento; b) Al pronunciar el Auto de 27 de octubre de 2022, mediante el cual se rechazó la oposición que formuló contra el Auto de 30 de septiembre de igual año, no consideró el contenido de esa oposición, omitiendo valorar, ni se refirió sobre las pruebas propuestas, así como tampoco resolvió la pretensión y petición, señalando que el derecho a oponerse prescribió hace más de “18 AÑOS”, siendo que planteó la misma contra el Auto de la mencionada fecha y no así contra el Auto de 30 de junio de 2004, vulnerando su derecho al debido proceso, en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, valoración de la prueba y a la defensa, a pesar de plantearse recurso de apelación contra el Auto de 27 de octubre de 2022, que fue corrido en traslado; empero, no fue concedido por la Jueza hoy accionada; c) El 10 de febrero de 2023, la Oficial de Diligencias ahora coaccionada, dirigida e inducía en error por el representante legal del Banco Mercantil Santa Cruz S.A. hoy coaccionado, pretendió ejecutar el mandamiento de desapoderamiento de 3 de noviembre de 2022, correspondiente al lote “D”, en la puerta principal del lote “A”, bien inmueble distinto al rematado y adjudicado; dicha actuación se realizó en inobservancia de sus atribuciones, vulnerando su derecho al debido proceso y generando una amenaza a su derecho a la propiedad privada, no pudiendo trabar el desapoderamiento, por carecer de una orden de allanamiento. Asimismo, el mencionado representante legal, incurrió en acciones de hecho al guiar a la referida Oficial de Diligencias a un lote distinto para que ejecute el mandamiento de desapoderamiento a un predio distinto para la ejecución del desapoderamiento, a pesar de conocer la propiedad que debía ser objeto de desapoderamiento; y, d) La Jueza ahora accionada, mediante Auto de 2 de marzo de 2023, dispuso la entrega del mandamiento de desapoderamiento con facultades de allanamiento, solicitado por la entidad financiera hoy coaccionada, a pesar de intentar ejecutar ilegalmente un mandamiento anterior en una propiedad distinta a la rematada, el señalado Auto fue recurrido en apelación; sin embargo, el mismo no fue concedido. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) El enfoque diferencial e interseccional de los derechos de las personas adultas mayores; 2) El petitorio de la acción de amparo constitucional; y, 3) Análisis del caso concreto.

III.1. El enfoque diferencial e interseccional de los derechos de las personas adultas mayores

La SCP 0017/2025-S1 de 5 de marzo, haciendo referencia a la SCP 0130/2019-S2 de 16 de abril, señala que: “La Constitución Política del Estado, tiene previsto dentro su Título II, Capítulo Quinto, Sección VII, los derechos de las personas adultas mayores, señalando en el art. 67.I que: ʽAdemás de los derechos reconocidos en esta Constitución, toda las personas adultas mayores tienen derecho a una vejez digna, con calidad y calidez humanaʼ. Por su parte, el art. 68 de la citada Ley Fundamental, refiere: I. El Estado adoptará políticas públicas para la protección, atención, recreación, descanso y ocupación social de las personas adultas mayores, de acuerdo con sus capacidades y posibilidades. II. Se prohíbe y sanciona toda forma de maltrato, abandono, violencia y discriminación a las personas adultas mayores. Asimismo, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificada por el Estado Plurinacional de Bolivia mediante Ley 872 de 21 de diciembre de 2016, en su art. 5 señala: …Los Estados Parte desarrollarán enfoques específicos en sus políticas, planes y legislaciones sobre envejecimiento y vejez, en relación con la persona mayor en condición de vulnerabilidad y aquellas que son víctimas de discriminación múltiple, incluidas las mujeres, las personas con discapacidad, las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género, las personas migrantes, las personas en situación de pobreza o marginación social, los afrodescendientes y las personas pertenecientes a pueblos indígenas, las personas sin hogar, las personas privadas de libertad, las personas pertenecientes a pueblos tradicionales, las personas pertenecientes a grupos étnicos, raciales, nacionales, lingüísticos, religiosos y rurales, entre otros. En este sentido, corresponde también referirnos al art. 13 de este Instrumento Internacional, que en su texto indica: …La persona mayor tiene derecho a la libertad y seguridad personal, independientemente del ámbito en el que se desenvuelva. Los Estados Parte asegurarán que la persona mayor disfrute del derecho a la libertad y seguridad personal y que la edad en ningún caso justifique la privación o restricción arbitrarias de su libertad. Los Estados Parte garantizarán que cualquier medida de privación o restricción de libertad será de conformidad con la ley y asegurarán que la persona mayor que se vea privada de su libertad en razón de un proceso tenga, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población, derecho a garantías de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos y a ser tratada de conformidad con los objetivos y principios de la presente Convención. Los Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad a programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y, según corresponda, promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos. En el marco de ambas previsiones constitucionales e internacionales, el art. 3 de la Ley General de las Personas Adultas Mayores (LPAM) -Ley 369 de 1 de mayo de 2013-, determina los principios de dicha norma, entre los cuales se encuentran: 1. No Discriminación. Busca prevenir y erradicar toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos fundamentales y libertades de las personas adultas mayores (…) 5. Protección. Busca prevenir y erradicar la marginalidad socioeconómica y geográfica, la intolerancia intercultural, y la violencia institucional y familiar, para garantizar el desarrollo e incorporación de las personas adultas mayores a la sociedad con dignidad e integridad (…). De igual forma, el art. 5.b. y c. de la citada Ley, reconocen los derechos y garantías de las personas adultas mayores, disponiendo que el derecho a una vejez digna es garantizado a través de un desarrollo integral, sin discriminación y sin violencia; y, mediante la promoción de la libertad personal en todas sus formas. A partir de dichas normas, este Tribunal, en su amplia y uniforme línea jurisprudencial, establece que las personas adultas mayores son parte componente de los llamados grupos vulnerables o de atención prioritaria; en este sentido, sus derechos están reconocidos, otorgándoles una particular atención, considerando su situación de desventaja en la que se encuentran frente al resto de la población; así la SCP 0112/2014-S1 de 26 de noviembre manifiesta que el trato preferente y especial del que deben gozar los adultos mayores es comprensible, ʽ…dado que la vejez supone la pérdida de medios de subsistencia ya sea por el advenimiento de enfermedades y su consecuente pérdida de la salud o ya sea porque pasan al grupo de personas inactivas económicamente, viéndose limitadas por tal motivo en el ejercicio de sus derechosʼ. Así, es importante mencionar la SC 0989/2011-R de 22 de junio, en cuyo Fundamento Jurídico III.1, refiere: …La Constitución Política del Estado Plurinacional reconoce una diversidad de derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos, teniendo en cuenta que estas normas fundamentales no solamente rigen las relaciones entre iguales, sino que tiene como finalidad el proteger a los ostensiblemente más débiles -mejor conocidos en la doctrina como grupos vulnerables- por lo que el Estado, mediante `acciones afirmativas´ busca la materialización de la igualdad (que goza de un reconocimiento formal reconocida en los textos constitucionales y legales pero que en la realidad no se materializa) y la equidad, por lo que se establecen políticas que dan a determinados grupos sociales (minorías étnicas o raciales, personas discapacitadas, mujeres, menores de edad, adultos mayores) un trato preferencial en el acceso a determinados derechos -generalmente de naturaleza laboral- o distribución de ciertos recursos o servicios, así como acceso a determinados bienes, con el fin de mejorarles su calidad de vida y compensarles, en algunos casos, por los perjuicios o la discriminación y exclusión de las que fueron víctimas en el pasado. Reiterando este entendimiento, la citada SCP 0112/2014-S1, señala que nuestra Norma Suprema, consagra, garantiza y protege los derechos fundamentales y garantías constitucionales inherentes a las personas de la tercera edad, proclamando una protección especial. Criterio asumido también en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0010/2018-S2 de 28 de febrero y 0090/2018-S2 de 29 de marzo” (las negrillas nos corresponden).

III.2. El petitorio de la acción de amparo constitucional

El Auto Constitucional 0302/2024-RCA de 29 de octubre, establece: [El art. 33.8 del CPCo, refiere como un requisito de admisibilidad que la demanda de la acción de amparo constitucional, establezca cuál el petitorio; ello amerita que la parte accionante en base a todos los hechos planteados, y luego de identificar aquel derecho fundamental o garantía constitucional supuestamente lesionado, señale de manera clara cuál es su pretensión con la acción de defensa interpuesta, de ello surge la importancia del petitorio, así la SCP 0365/2005-R de 13 de abril, señaló que: «Por principio general, el Juez de tutela está obligado a conferir solamente lo que se le ha pedido; esto muestra la enorme importancia que tiene el petitium de la causa, pues, el Juez está vinculado a la misma; esto es, deberá conceder o negar el petitorio formulado…». A su vez la SCP 0806/2018-S1 de 28 de noviembre, precisó que: «…de la relevancia del petitorio en las acciones de amparo, la SC 0018/2012 de 16 de marzo, determinó que: “Se debe establecer que la Petición, petitorio o petitum es entendido como el núcleo mismo de la pretensión, es aquello que en justicia se busca satisfacer, es decir, se concibe como el objeto de la pretensión que es aquello que se pide, o aquello que se quiere o pretende dentro de un proceso, como en la presente acción de amparo constitucional, debiendo ser enunciada de manera clara, concreta e indubitable, asimismo, observándose, en su caso, los presupuestos procesales específicos. La importancia del petitorio, de manera expresa y en términos directos y claros, debe encontrarse directamente relacionada con los hechos de la causa, existiendo una relación entre ambos, pues ésta, determinará y delimitará la concesión del juez o tribunal de garantías en la acción planteada, porque solamente puede conferir lo que se solicita, así, la SC 0381/2007-R de 10 de mayo señala: ʽ…el Juez de tutela está obligado a conferir solamente lo que se le ha pedido; esto muestra la enorme importancia que tiene el petitium de la causa, pues, el Juez está vinculado a la misma; esto es, deberá conceder o negar el petitorio formulado…”ʼ », entendimiento reiterado en la SCP 0062/2015-S2 de 3 de febrero] (las negrillas son nuestras).

III.3. Análisis el caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la propiedad privada relacionada con los derechos al trabajo, seguridad, salud y vida digna; al debido proceso, en sus elementos de motivación, fundamentación, congruencia, apreciación de la prueba y a la defensa; a la “seguridad jurídica” y a la sucesión hereditaria; así como el principio de igualdad efectiva de las partes; puesto que, la Jueza hoy accionada: i) Al emitir el Auto de 30 de septiembre de 2022, disponiendo que por Secretaría del Juzgado Civil y Comercial Séptima de la Capital del departamento de Cochabamba, se expida mandamiento de desapoderamiento del lote “D”, no tomó en cuenta que el Banco Mercantil Santa Cruz S.A. ahora coaccionado solicitó el mismo, remitiéndose al avalúo pericial y el Plano de Emplazamiento de 4 de abril de igual año, documentos que no identifican plenamente el bien inmueble objeto de desapoderamiento; asimismo, la referida documentación resultó contradictoria y difiere del Informe Pericial de 4 enero de 2002, que fue utilizado en el remate del lote “D”, en cuanto a -las medidas de- los frentes asignados a los lotes dejados en garantía; de igual manera, no tomó en cuenta el Informe “DAJUD 01272/17”, trámite 9838 emitido por el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba de 26 de junio de 2017, que certifica la inexistencia del registro catastral del lote “D”; por lo que, fue necesario un pronunciamiento previo con relación a la petición de plena identificación del citado lote, antes de emitirse el mandamiento de desapoderamiento; ii) Al pronunciar el Auto de 27 de octubre de 2022, mediante el cual se rechazó la oposición que formuló contra el Auto de 30 de septiembre de igual año, no consideró el contenido de esa oposición, omitiendo valorar, ni se refirió sobre las pruebas propuestas, así como tampoco resolvió la pretensión y petición, señalando que el derecho a oponerse prescribió hace más de “18 AÑOS”, siendo que planteó la misma contra el Auto de la mencionada fecha y no así contra el Auto de 30 de junio de 2004, vulnerando su derecho al debido proceso, en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, valoración de la prueba y a la defensa, a pesar de plantearse recurso de apelación contra el Auto de 27 de octubre de 2022, que fue corrido en traslado; empero, no fue concedido por la Jueza hoy accionada; iii) El 10 de febrero de 2023, la Oficial de Diligencias ahora coaccionada, dirigida e inducía en error por el representante legal del Banco Mercantil Santa Cruz S.A. hoy coaccionado, pretendió ejecutar el mandamiento de desapoderamiento de 3 de noviembre de 2022, correspondiente al lote “D”, en la puerta principal del lote “A”, bien inmueble distinto al rematado y adjudicado; dicha actuación se realizó en inobservancia de sus atribuciones, vulnerando su derecho al debido proceso y generando una amenaza a su derecho a la propiedad privada, no pudiendo trabar el desapoderamiento, por carecer de una orden de allanamiento. Asimismo, el mencionado representante legal, incurrió en acciones de hecho al guiar a la referida Oficial de Diligencias a un lote distinto para que ejecute el mandamiento de desapoderamiento a un predio distinto para la ejecución del desapoderamiento, a pesar de conocer la propiedad que debía ser objeto de desapoderamiento; y, iv) La Jueza ahora accionada, mediante Auto de 2 de marzo de 2023, dispuso la entrega del mandamiento de desapoderamiento con facultades de allanamiento, solicitado por la entidad financiera hoy coaccionada, a pesar de intentar ejecutar ilegalmente un mandamiento anterior en una propiedad distinta a la rematada, el señalado Auto fue recurrido en apelación; sin embargo, el mismo no fue concedido. De la revisión de antecedentes se evidencia que dentro la demanda coactiva seguida por el Banco Santa Cruz S.A. ahora coaccionado contra la empresa Cablebol S.A. hoy tercero interesado; el accionante y Dory Jiménez Prudencio; Ángela Pereira de Jiménez; Bruce Jiménez de Pereira, David y Cristian ambos de apellidos Jiménez Pereira, el Juez Sexto de Partido en lo Civil de la Capital -del departamento de Cochabamba- emitió la Sentencia de 29 de septiembre de 2000, declarando probada esa demanda, disponiendo que los coactivados paguen al citado Banco la suma adeudada, más intereses, gastos y costas dentro de tercero día bajo apercibimiento de procederse al remate de los bienes dados en garantía (fs. 18 a 21). El 25 de febrero de 2003, se llevó a cabo el remate del lote “D”, de propiedad de Dory Jiménez Prudencio, con una superficie de 1.183 m², que fue adjudicado el mencionado Banco (fs. 95 y vta.) y extendido en su favor la respectiva minuta de venta judicial de inmueble el 21 de junio de 2004 (fs. 98 a 99 vta.). A través del memorial presentado el 29 de septiembre de 2022, el representante legal del Banco Mercantil Santa Cruz S.A. hoy coaccionado, con fundamento en el Informe Técnico de avalúo del bien inmueble de 4 de abril de igual año y en el Plano de Emplazamiento “de fs. 4975”, solicitó la entrega del bien inmueble rematado, correspondiente al lote de terreno “D”, dicho memorial mereció en respuesta el Auto de 30 de septiembre del mismo año, por el cual la referida Jueza dispuso que, por Secretaría del Juzgado Civil y Comercial Séptimo de la Capital del departamento de Cochabamba, se expida mandamiento de desapoderamiento, encomendando su ejecución a la Oficial de Diligencias ahora coaccionada con la intervención de un Notario de Fe Pública, conforme a lo establecido por el art. 45.II de la LAPCAF, el accionante fue notificado con el mencionado Auto el 10 de octubre de igual año (Conclusión II.2.) Por Auto de 18 de octubre del citado año, la Jueza ahora accionada, “repuso” parcialmente el Auto de 30 de septiembre de ese año, señalando que resultaba aplicable lo previsto por el art. 427.II del CPC, en lugar del art. 45 de la LAPCAF, confirmando en lo demás el citado Auto recurrido en apelación; asimismo, dispuso se corra en traslado a la parte contraria el recurso de reposición bajo alternativamente de apelación (Conclusión II.3.). Así también se tiene que, mediante memorial presentado el 24 de octubre de 2022, ante la Jueza hoy accionada, el accionante formuló oposición contra el Auto de 30 de septiembre del mismo año, solicitando se deje sin efecto la entrega del mandamiento de desapoderamiento que fue dispuesto, al no acreditarse la ubicación del bien inmueble a ser desapoderado, dicho memorial mereció en respuesta el Auto de 27 de octubre del señalado año, por el cual, la mencionada Jueza rechazó esa oposición por extemporánea; mediante memorial presentado el 31 de igual mes y año, la represente legal de la empresa Cablebol S.A. hoy tercera interesada solicitó complementación y enmienda de los aspectos omitidos, mereciendo en respuesta el Auto de 3 de noviembre del mencionado año, mediante el cual rechazó la solicitud de aclaración y complementación presentada por la representante legal de la referida empresa (Conclusión II.4), mediante memorial presentado el 1 de noviembre de indicado año, ante la Jueza ahora accionada, el accionante planteó recurso de apelación contra el Auto de 27 de octubre del referido año, solicitando que el Tribunal de alzada revoque el referido Auto, declarando probada su oposición, dicho memorial mereció en respuesta el decreto de 7 del referido mes y año, por el cual la citada Jueza dispuso el traslado del recurso de apelación, con esa determinación las partes procesales fueron notificadas el 9 del mismo mes y año (Conclusión II.5.). Pese a la interposición del citado recurso pendiente de resolverse, cursa Informe de 13 de febrero de 2023, dirigido a la Jueza hoy accionada, mediante el cual la Oficial de Diligencias hoy coaccionada hizo conocer que, en cumplimiento del mandamiento de desapoderamiento de 3 de noviembre de 2022, el 10 de febrero de 2023, se constituyó en el lote “D”, en compañía del representante legal y abogado del Banco Mercantil Santa Cruz S.A. ahora coaccionado, de la representante de la Jefatura de la Defensoría del Adulto Mayor del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, de un Notario de Fe Pública; sin embargo, no fue posible trabar el citado mandamiento, debido a que en reiteradas oportunidades tocó la puerta del bien inmueble, sin obtener respuesta alguna y sin que nadie la atienda; incluso, tras consultar a las tiendas aledañas para verificar si los ejecutados se encontraban en dicho inmueble, no tuvo información al respecto; y al no tener ese mandamiento orden de allanamiento, se retiró del lugar sin dar cumplimiento a lo dispuesto en el mismo (Conclusión II.6.). Mediante memorial presentado el 28 de febrero de 2023, ante la Jueza hoy accionada, el representante legal de la entidad financiera ahora coaccionada, adjuntando un Acta Notarial 22/2023, solicitó la extensión de un nuevo mandamiento de desapoderamiento respecto del lote “D”, con facultad expresa de allanamiento y/o rotura de candados, dicho memorial mereció en respuesta el Auto de 2 de marzo de igual año, por el cual la referida Jueza dispuso que, a través de la Secretaría de su Juzgado, se expida dicho mandamiento sobre el lote “D”, encomendando su ejecución a la Oficial de Diligencias hoy coaccionada, con la intervención de un Notario de Fe Pública, disponiéndose además el auxilio de la fuerza pública, con expresa facultad de allanamiento, el mencionado mandamiento fue entregado al abogado de la citada entidad financiera, el 28 del mismo mes y año (Conclusión II.7.); memorial presentado el 10 de marzo del citado año, ante la Jueza ahora accionada, el accionante formuló recurso de apelación contra el Auto de 2 del referido mes y año, solicitando que el Tribunal de alzada revoque totalmente ese Auto y disponga que el Banco Mercantil Santa Cruz S.A.- demandante identifique plenamente la propiedad objeto de desapoderamiento (fs. 323 a 327 vta.); dicho memorial que fue puesto en conocimiento de las partes mediante decreto del 14 del señalado mes y año (Conclusión II.8.). Establecidos los antecedentes procesales, de la problemática identificada en la presente acción de defensa se advierte que el accionante identifica como los actos vulneratorios de sus derechos en su calidad de adulto mayor, a las determinaciones asumidas en los Autos de 30 de septiembre, 27 de octubre de 2022 y 3 de marzo de 2023, emitidos por la Jueza ahora accionada; así como también, los actos desplegados por la Oficial de Diligencias hoy coaccionada y el representante legal del Banco Mercantil Santa Cruz S.A, ahora coaccionado el 10 de febrero de igual año; en ese sentido, al considerar que se vulneraron sus derechos, inicialmente consignó como el petitorio de su acción tutelar, que la jurisdicción constitucional deje sin efecto los citados Autos debido a que con ellos se afectaría su derecho a la propiedad privada sobre su lote “A”, al no encontrarse plenamente identificada la propiedad que se intenta desapoderar, y que se ordene a la Jueza hoy accionada que no emita nuevas resoluciones hasta que se presente un plano del lote “D”, debidamente aprobado por el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba; sin embargo, en audiencia, al tomar en cuenta que existían apelaciones pendientes de resolverse, peticionó que simplemente se dejen en suspenso la ejecución de los Autos de 30 de septiembre, 27 de octubre de 2022 y 3 de marzo de 2023, ordenando a la referida Jueza se abstenga de realizar, ejecutar o expedir cualquier tipo de mandamiento de desapoderamiento, hasta que las salas civiles que conocen los recursos de apelación emitan un pronunciamiento en el fondo. Al respecto, la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en cuanto al petitorio de la acción de amparo constitucional, establece que es entendido como el objeto de la pretensión, es aquello que se pide y que en justicia se busca satisfacer, o se quiere, o pretende dentro de un proceso; y debe encontrarse directamente relacionada con los hechos de la causa, existiendo una relación entre ambos, pues ésta, determinará y delimitará la concesión del juez o tribunal de garantías en la acción planteada, porque está obligado a conferir solamente lo que se le ha pedido. Bajo ese contexto jurisprudencial, si bien es evidente que el accionante en audiencia de consideración de la presente acción de defensa cambió su petitorio, que inicialmente buscaba que queden sin efecto los Autos de 30 de septiembre, 27 de octubre de 2022 y 3 de marzo de 2023, para luego en audiencia solicitar que los mismos queden en suspenso en cuanto a su ejecución, al tomar en cuenta que existían apelaciones pendientes de resolverse; sin embargo, esa modificación guarda correspondencia y se encuentra directamente relacionada con los hechos expuestos, entre los cuales, también se advierte su cuestionamiento respecto a que los citados Autos se encontraban objetados y recurridos, y que hasta el momento de interposición de esta acción tutelar no fueron resueltas las apelaciones planteadas; en tal sentido, la mutación del petitorio no afecta el derecho a la defensa de los ahora accionados; más aun, considerando que la Jueza y el representante legal del Banco Mercantil Santa Cruz S.A. hoy accionados, en sus informes y en audiencia se refirieron expresamente a los recursos planteados pendientes de resolución. En ese sentido, al ser el accionante una persona adulta mayor (fs. 329), miembro de un grupo denominado vulnerable, se hace acreedor de un trato preferente, una protección especial y reforzada por parte del Estado y sus instituciones, por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra y que se materializa mediante la atención prioritaria, oportuna e inmediata de las causas en las cuales sus derechos hubiesen sido vulnerados o se encuentren en riesgo de serlo, en el marco de la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional. En ese sentido, al considerar en riesgo su derecho a la propiedad privada, relacionada con la vida digna; así como sus derechos al debido proceso y a la defensa, pretende a través de este medio de defensa, impedir que se hagan efectivas las determinaciones asumidas en los Autos de 30 de septiembre, 27 de octubre de 2022 y 3 de marzo de 2023, quedando en suspenso la ejecución de los mismos y consiguientemente, no se ejecute el mandamiento de desapoderamiento, mientras no se resuelvan los recursos de apelación planteados dentro del fenecido proceso coactivo seguido en su contra. Al respecto, la jurisprudencia constitucional estableció en casos similares, aunque refiriéndose al derecho a la vivienda, que cuando existan mandamientos de desapoderamiento, pretendiendo desalojar a una o varias personas de un bien inmueble, es posible otorgar una tutela de carácter provisional, siempre y cuando exista pendiente algún recurso o proceso que dilucidará la legalidad, correspondencia o no de la referida medida (Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0866/2022-S1 de 31 de agosto y 0089/2023-S4 de 28 de marzo, entre otras). Razonamiento jurisprudencial, que resulta perfectamente aplicable al presente caso en análisis que fue interpuesta por un miembro de un grupo vulnerable, cuyos derechos merecen prioritaria atención y en razón a que, como se tiene señalado, la tutela provisional es procedente siempre y cuando en el momento en que se pretenda ejecutar un mandamiento de desapoderamiento esté pendiente algún recurso o proceso que dilucidará la legalidad, correspondencia o no de la referida medida; situación que se presenta en el caso concreto, ya que de acuerdo a los antecedentes antes descritos, se tiene que: a) Contra el Auto de 30 de septiembre de 2022, mediante el cual la Jueza hora accionada dispuso se expida un nuevo mandamiento de desapoderamiento, la empresa Cablebol S.A. hoy tercera interesada planteó recurso de reposición bajo alternativa de apelación; emitiéndose el Auto de 18 de octubre de igual año, que “repuso” parcialmente el citado Auto recurrido y corrió en traslado a las partes el referido recurso de reposición planteado; b) Así también, se tiene que contra el Auto de 30 de septiembre de 2022, el accionante formuló oposición, el cual fue rechazado por Auto de 27 de octubre del mismo año; asimismo, fue rechazada la solicitud de aclaración y complementación presentada por la empresa Cablebol S.A. hoy tercera interesada, mediante Auto de 3 de noviembre del indicado año; en tal sentido, el accionante planteó recurso de apelación contra el Auto de 27 de octubre del señalado año, el cual fue corrido en traslado y notificado a las partes procesales; y, c) Contra el Auto de 2 de marzo de 2023, por el que la Jueza ahora accionada dispuso se expida un nuevo mandamiento de desapoderamiento, con expresa facultad de allanamiento, el accionante formuló recurso de apelación, que fue corrido en traslado -a las partes- por decreto de 14 del mismo mes y año. En coherencia con lo anteriormente señalado, se evidencia que la Jueza hoy accionada, en su informe escrito que fue leído en audiencia tutelar, reconoció que el recurso de reposición bajo alternativa de apelación planteado por la empresa Cablebol S.A. ahora tercera interesada, contra el Auto de 30 de septiembre de 2022, fue resuelto por Auto de 18 de octubre de igual año; por el cual, se admitió la reposición parcial y se dispuso el traslado del recurso de apelación alternativamente formulado, el cual fue concedido de oficio el 28 de abril de 2023. Además, reconoció que el recurso de apelación planteado por el accionante contra el Auto de 27 de octubre de 2022, fue concedido recién por “auto de oficio” de 2 de mayo de 2023. Lo descrito, permite corroborar que, en el presente caso existen recursos de apelación pendientes de ser resueltos, al momento en que se pretende ejecutar el mandamiento de desapoderamiento con facultad de allanamiento ordenado por la Jueza ahora accionada, existiendo el riesgo de que, en su condición de adulto mayor y perteneciente a un grupo vulnerable, el accionante sea desapoderado del bien inmueble en cuestión, sin que previamente dichos medios de impugnación cuenten con la respectiva resolución; en ese sentido, con la finalidad de no agravar su situación jurídica, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional encuentra suficiente justificación, para disponer de manera provisional que, las determinaciones asumidas en los Autos de 30 de septiembre, 27 de octubre de 2022 y 3 de marzo de 2023, queden en suspenso en cuanto a su ejecución, como también, sea suspendida la ejecución del mandamiento de desapoderamiento con facultad de allanamiento ordenado por la referida Jueza, hasta tanto se resuelvan los recursos de apelación planteados por el accionante. Por todo lo expuesto, teniendo en cuenta la naturaleza de los derechos fundamentales amenazados del accionante (propiedad privada relacionada con la vida digna, debido proceso en su elemento defensa) que por su especial condición de adulto mayor merecen una protección reforzada, por parte de esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional; así como debido a la inminencia de la ejecución del mandamiento de desapoderamiento; puesto que, los recursos de apelación no suspenden el trámite procedimental de ejecución de sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada; corresponde conceder una tutela provisional hasta que la jurisdicción ordinaria resuelva los recursos de apelación planteados por el accionante, pendientes de resolución. Con relación a la Oficial de Diligencias y al representante legal del Banco Mercantil Santa Cruz S.A. hoy coaccionados; inicialmente se tiene que el accionante denuncia que la mencionada Oficial de Diligencias vulneró su derecho al debido proceso, al no observar los actos relativos a sus atribuciones, amenazando su derecho a la propiedad privada, al pretender ejecutar el mandamiento de desapoderamiento correspondiente al lote “D”, en la puerta principal del lote “A”, que es un bien inmueble distinto al rematado y adjudicado. Al respecto, del Informe de 13 de febrero de 2023, dirigido a la Jueza ahora accionada, se advierte que la Oficial de Diligencias hoy coaccionada, el 10 del citado mes y año, en cumplimiento del mandamiento de desapoderamiento de 3 de noviembre de 2022, se constituyó en el lote “D”, con el objeto de ejecutar dicho mandamiento; sin embargo, al no poder ingresar al lote, a pesar de haber tocado varias veces la puerta de ingreso sin ser atendida, ni obtener respuesta sobre el paradero de los ejecutados, y al no contar dicho mandamiento con facultades de allanamiento, no pudo ejecutar, retirándose del lugar. Hecho corroborado por el Acta Notarial 22/2023 emitido por el Notario de Fe Pública de Primera Clase 63 de la ciudad de Cochabamba, quien participó en la ejecución del referido mandamiento de desapoderamiento, señalando que la citada Oficial de Diligencias, el 10 de febrero de 2023, verificó que el lote a desapoderar estaba cerrado, habiendo tocado la puerta y el timbre en reiteradas oportunidades, y que al no existir orden de allanamiento y rotura de candados, no podía ejecutar dicho mandamiento. De lo expuesto, no resulta evidente que la Oficial de Diligencias hoy coaccionada, no observó sus atribuciones como funcionaria de apoyo jurisdiccional; ya que, simplemente dio cumplimiento a la orden emanada por la Jueza ahora accionada, y al no poder cumplir con lo dispuesto en el mandamiento de desapoderamiento, suspendió su ejecución sin vulnerar derecho alguno; además, tampoco resulta cierto que se hubiese constituido en un lote distinto al que fue rematado y adjudicado, y mencionado en el citado mandamiento; puesto que, eso no fue informado por el Notario de Fe Pública de Primera Clase 63 de la ciudad de Cochabamba, que se constituyó al lugar con el objeto de levantar el acta de ejecución de dicho mandamiento de desapoderamiento, quien no señaló que fue un lote distinto sino el que figuraba en ese actuado. Por todo lo señalado, no se logra apreciar la vulneración de derechos del accionante por la actuación desplegada por la Oficial de Diligencias hoy coaccionada, debiendo por ese motivo denegar la tutela solicitada en cuanto a su persona. Con relación al representante legal del Banco Mercantil Santa Cruz S.A. ahora coaccionado, el accionante, denunció que el mismo, el 10 de febrero de 2023, guio e indujo en error a la Oficial de Diligencias hoy coaccionada para que ejecute el mandamiento de desapoderamiento del lote “D”, en un lugar diferente al que fue ordenado; es decir, en la puerta del lote “A”, siendo que ese mandamiento estaba dirigido a desapoderar el lote “D”; más aun, tomando en cuenta que conocería la ubicación de su propiedad y que el lote “A”, lo constituyen los primeros 27 m -lineales-desde el extremo del Rotary Club, incurriendo de esa manera en una acción de hecho. Al respecto, considerando el Informe de la Oficial de Diligencias ahora coaccionada y el Acta Notarial 22/2023, no resulta cierto que el 10 de febrero de 2023, las partes intervinientes en el acto de desapoderamiento, se hubiesen constituido en un lugar diferente al señalado en el citado mandamiento librado por la Jueza hoy accionada; tampoco resulta evidente que el representante legal del Banco Mercantil Santa Cruz S.A. ahora coaccionado fue quien dirigió ese actuado judicial llevando a la indicada funcionaria de apoyo jurisdiccional a un lugar distinto para que ejecute dicho mandamiento; al contrario, se advierte que la misma se apersonó al lote “D” y que, al no poder “trabar el mandamiento de desapoderamiento por encontrar la puerta de ingreso cerrada y sin ser atendida, y al no contar dicho mandamiento con facultades de allanamiento, se retiró del lugar sin dar cumplimiento a la orden emanada por la referida Jueza. Por lo expuesto, al no evidenciarse que el representante legal del Banco Mercantil Santa Cruz S.A. ahora coaccionado, hubiese llevado a cabo alguna actuación irregular que incidió en el despliegue de las facultades de la Oficial de Diligencias hoy coaccionada, ni tampoco desarrollar alguna medida o acción de hecho para que dicha funcionaria de apoyo jurisdiccional intente ejecutar el mandamiento de desapoderamiento sobre un lote distinto al rematado y adjudicado; corresponde denegar la tutela respecto al mismo. Finalmente, debido al análisis realizado precedentemente con base en la modificación del petitorio efectuado por el accionante que guarda relación con los hechos expuestos en su memorial de acción de amparo constitucional; no corresponde emitir algún pronunciamiento sobre los derechos al trabajo, a la seguridad, a la salud, al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación, congruencia y apreciación de la prueba; a la “seguridad jurídica” y a la sucesión hereditaria; así como el principio de igualdad efectiva de las partes, debiendo denegarse la tutela sobre ellos. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera parcialmente incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve REVOCAR en parte la Resolución RAC-SCIII 58/2023 de 25 de mayo, cursante de fs. 462 a 466, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, de manera provisional, con relación a los derechos a la vida digna, a la propiedad privada, y al debido proceso en su elemento de defensa; disponiendo:

a) Dejar en suspenso la ejecución de las determinaciones asumidas en los Autos de 30 de septiembre y 27 de octubre de 2022 y 3 de marzo de 2023, y consiguientemente la ejecución del mandamiento de desapoderamiento con facultad de allanamiento ordenado por la Jueza Pública Civil y Comercial Séptima de la Capital del departamento de Cochabamba, hasta tanto se resuelvan los recursos de apelación planteados por el accionante que se encuentran pendientes de resolución, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto de la Oficial de Diligencias del Juzgado Público Civil y Comercial Octavo de la Capital del departamento de Cochabamba en suplencia legal de su similar Séptimo y del representante legal del Banco Mercantil Santa Cruz Sociedad Anónima; así como también, sobre los derechos al trabajo, a la seguridad, a la salud y al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación, congruencia y apreciación de la prueba; a la “seguridad jurídica” y a la sucesión hereditaria; así como el principio de igualdad efectiva de las partes. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0799_2025-S1.pdf · páginas 1 a 28.

Huella digital del PDF (SHA-256): 165d4d2ca198a4fd073ef0450c3172a2ad30c8ad3984fafcd38cb424818d1257

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