Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 10 de agosto de 2023
Concede la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes de motivación y congruencia, a la igualdad de las partes, a la defensa, a la impugnación y a la tutela judicial efectiva; así como, de los principios pro actione y por homine; toda vez que, dentro de un proceso de divorcio del cual no es parte, se dispuso en su contra emitir certificaciones e informes que no le competen, conminándolo a su cumplimiento bajo apercibimiento de multas y remisión de antecedentes al Ministerio público; motivo por el cual, interpuso recurso de reposición bajo alternativa de apelación contra el Auto de 7 de febrero de 2022, impugnación que le fue negada con el argumento de no ser parte de la referida causa; por lo que, interpuso recurso de compulsa, el mismo que fue rechazado con un decreto de “estese”. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución RAC-SCII 101/2022 de 24 de junio, cursante de fs. 95 a 99 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, dejando sin efecto la providencia de 23 de febrero de 2022, ordenando que la Jueza demandada, trámite el recurso de compulsa conforme lo establecido en el art. 281.I del Código Procesal Civil; y, 2° Llamar la atención a los Vocales de la aludida Sala Constitucional, por emitir la Resolución RAC-SCII 101/2022, carente de fundamentación y motivación, recomendando que en próximas oportunidades emitan sus fallos, exponiendo las razones fácticas y legales de sus conclusiones.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0799/2023-S2 Sucre, 10 de agosto de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional Expediente: 48845-2022-98-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución RAC-SCIII 101/2022 de 24 de junio, cursante de fs. 95 a 99 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Rolando Javier Jiménez Merino contra Gabriela Fernández Caballero, Jueza Pública Mixta de Familia y de la Niñez y Adolescencia Primera de Sacaba del departamento de Cochabamba.
Por memoriales presentados el 29 de abril; y, 6 y 30 de mayo de 2022, cursantes de fs. 37 a 43 vta.; 48 a 49; y, 60, el accionante manifestó que:
La Jueza demandada tiene a su cargo un proceso de divorcio iniciado por Milenka Verónica Butrón Verastegui contra Jaime Enrique de Ugarte Lazcano -terceros interesados-; dentro del cual, sin ser parte de la causa, por Auto de 4 de octubre de 2021, fue conminado a certificar el monto de dinero invertido y las ganancias obtenidas y proceder a la retención del 50% de las acciones del aludido tercero interesado, al interior de la sociedad Medicina Integral Activa Sociedad Anónima (MIA S.A.), obligación que oportunamente manifestó encontrarse imposibilitado de cumplir por ser un persona natural y tener la condición de socio; aspecto que, solicitó tener presente, pidiendo se deje sin efecto la indicada decisión y las multas impuestas en su contra. Posteriormente, el 3 de enero de 2022, se rechazó lo impetrado, observando la autoridad demandada su representación y legitimación, que dentro de la señalada causa estaría limitada a cumplir las órdenes judiciales; por lo que, interpuso recurso de reposición bajo alternativa de apelación; empero, fue rechazado por Auto de 7 de febrero de igual año, con el argumento que no es parte de la referida causa, y que por ello no contaba con legitimación para interponer recurso alguno. El 18 de ese mes y año, presentó recurso de compulsa; no obstante, la Jueza demandada por decreto de 23 del indicado mes y año, rechazó tramitar el mismo, alegando que debía estarse a lo resuelto en el Auto de 7 del referido mes y año; es decir, que al no ser parte de la aludida causa estaba impedido de apelar y recurrir en compulsa. Sin ser parte del proceso de divorcio, se ejercieron en su contra acciones coactivas con alternativa de imposición de multas, impidiéndole apelar las decisiones asumidas en su contra con el argumento que no es parte y que la medida no tiene recurso ulterior; empero, sufría la imposición de medidas cautelares y provisionales resultando contradictorio, afectando su derecho al debido proceso; ya que, la resolución judicial que denegó su legitimación para plantear los recursos de impugnación, no se encuentra fundamentada; además de desconocer los marcos legales que rigen la señalada causa familiar.
Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes de motivación y congruencia, a la igualdad de las partes, a la defensa, a la impugnación y a la tutela judicial efectiva; así como, de los principios pro actione y pro homine, citando al efecto los arts. 115, 119 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH); 17 y 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH); y, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) La nulidad del “… decreto de fecha 18 de febrero de 2022 que determina estése a lo dispuesto por el auto de fecha 07 de febrero de 2022, que niega el recurso de reposición bajo alternativa de apelación de fecha 10 de enero de 2022, negado a su vez mediante auto de 07 de febrero de 2022...” (sic); y, b) Dejar sin efecto los Autos de 4 de octubre, 19 de noviembre, 10 de diciembre de 2021 y 3 de enero de 2022; así también, las multas progresivas.
Celebrada la audiencia pública virtual el 24 de junio de 2022, según consta en acta cursante de fs. 92 a 94, se produjeron los siguientes actuados:
El peticionante de tutela a través de su abogado, ratificó íntegramente el memorial de la acción tutelar, y ampliándolo señaló que: 1) Fue el decreto de “18” -siendo lo correcto 23- de febrero de 2022, que generó la transgresión de las garantías y derechos constitucionales; por lo cual, la autoridad demandada negó el recurso de compulsa sin mayor argumento, señalando por Auto de 7 de ese mes y año, que no era parte del proceso divorcio, y por tanto no contaba con legitimación activa para iniciar los medios de impugnación, generando una indefensión total, vulnerando su derecho a la defensa; 2) El impedir que el Tribunal superior pueda analizar la interpretación realizada por el inferior, transgrede el derecho a la tutela judicial efectiva y la materialización de la verdad material sobre la formal; 3) La Jueza demandada no aclaró en qué condición se encontraba dentro del aludido proceso de divorcio; ya que, no era suficiente para satisfacer el derecho al debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación, manifestar que no tenía legitimación activa para actuar; 4) Se desconoció que toda persona tiene derecho a impugnar una decisión judicial si se vulnera sus intereses, y que cuenta con legitimación activa para pedir la vigencia de sus derechos; 5) No se justificó las razones por la cuales se consideró que tenía competencia para: certificar la participación accionaria, valorar las acciones, realizar reconocimientos de deudas y prestar juramentos, además que la actuación inquisidora de la indicada Jueza no se enmarcó en las normas legales; y, 6) Se impuso medidas cauteles y multas compulsivas inexistentes en el ordenamiento jurídico, lo que constituía una incorrecta aplicación de las normas jurídicas.
Gabriela Fernández Caballero, Jueza Pública Mixta de Familia y de la Niñez y Adolescencia Primera de Sacaba del departamento de Cochabamba, no asistió a la audiencia de garantías ni presentó informe escrito alguno, pese a su notificación cursante a fs. 64, conforme puede advertirse de los datos remitidos a este Tribunal, aspecto que no concuerda con el acta del citado verificativo, donde se señaló que se dio lectura al informe de la autoridad demandada.
Jaime Enrique de Ugarte Lazcano, por memorial presentado el 8 de junio de 2022, cursante de fs. 71 a 73, refirió que: i) El peticionante de tutela se negó a informar el destino de los $us100 000.- (cien mil dólares estadounidenses), que entregó para la compra de acciones en la sociedad MIA S.A.; ii) El prenombrado no es parte dentro del proceso de divorcio que llevaba adelante; y por tanto, únicamente debía cumplir con las determinaciones que le impuso la Jueza dentro de la referida causa, orientadas a resguardar la ganancialidad de los bienes de su entonces esposa; iii) La demandada cuenta con competencia para emitir medidas cautelares y retener fondos de entidades financieras; y, iv) La negativa al recurso de compulsa se encuentra respaldada en lo dispuesto en el art. 236 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF); además, el derecho a impugnar del accionante precluyó al no haberlo hecho en su primer apersonamiento el 19 de octubre de 2021; por todo lo expuesto, pidió se “declare improcedente” la acción tutelar interpuesta, ordenando que el prenombrado cumpla con las órdenes judiciales emitidas por la Jueza demandada. Milenka Verónica Butrón Verastegui, no asistió a la audiencia de garantías ni presentó escrito alguno, pese a su notificación cursante a fs. 84.
La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Resolución RAC-SCII 101/2022 de 24 de junio, cursante de fs. 95 a 99 vta., denegó la tutela impetrada, sin costas, con base en los siguientes fundamentos: a) El Auto de 7 de febrero de 2022, se encontraba sustentado y motivado en disposiciones del Código de las Familias y del Proceso Familiar, siendo correcta la conclusión de la Jueza demandada, que al no ser parte el accionante del proceso de divorcio no contaba con legitimación para interponer recursos en esa causa; b) La decisión judicial cuestionada tenía una secuencia y estructura lógica, expresó los motivos por los que rechazó las pretensión del prenombrado; c) La acción de amparo constitucional no es un mecanismo de impugnación, el peticionante de tutela no cumplió con la carga argumentativa suficiente ni adjunto prueba que demuestre objetivamente las lesiones denunciadas a objeto de que se realice un control de legalidad; y, d) La demanda tutelar no tiene una relación de causalidad entre los derechos denunciados, los hechos expuestos y el petitorio, además de no exponer su relevancia constitucional.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto de 19 de noviembre de 2021, a través del cual Gabriela Fernández Caballero, Jueza Pública Mixta de Familia y de la Niñez y Adolescencia Primera de Sacaba del departamento de Cochabamba -demandada-, ordenó notificar “…a Karim Zagarra Guardia, Secretaria del Directorio de la Sociedad Anónima Denominada ‘Medicina Integral Activa, MIA S.A.’ y al Presidente y Directorio, responsable de la Sociedad Anónima Denominada ‘Medicina Integral Activa, MIA S.A’, a los fines impetrados, sea mediante comisión encomendado su cumplimiento a cualquier oficial de diligencias hábil no impedido del Juzgado del Departamento de Santa Cruz.- Notifíquese al Ing. Rolando Javier Jiménez Merino, a los fines impetrados…” (sic [fs. 6]). II.2. Se tiene Auto de 10 de diciembre de 2021; por el que, se determinó conminar a Rolando Javier Jiménez Merino -accionante- a cumplir lo dispuesto en el Auto de 19 de noviembre de ese año, en el plazo de cinco días hábiles, mismo que debe computarse a partir del 20 de diciembre de igual año (fs. 16). II.3. Consta Auto de 3 de enero de 2022, dictado por la Jueza demandada; a través del cual, rechazó la denuncia de falta de competencia y la solicitud de dejar sin efecto las multas progresivas; toda vez que, no se observa representación ni poder para patrocinar al tercero interesado, no tiene legitimación para observar la competencia del juez al no ser parte de aquel proceso; además, conminó a que en el plazo de cinco días se cumpla con lo dispuesto por Auto de 10 de diciembre de 2021 (fs. 31). II.4. Por Auto de 7 de febrero de 2022, se rechazó el recurso de reposición bajo alternativa de apelación interpuesto por el impetrante de tutela contra el Auto de 3 de enero de igual año, manifestando que el recurrente no es parte del proceso de divorcio y no tiene legitimación alguna para presentar recursos (fs. 32). II.5. Mediante providencia de 23 de febrero de 2022, la Jueza demandada, ante el recurso de compulsa planteado por el peticionante de tutela contra el Auto de 7 de febrero del año indicado, decretó “Estese al auto de 07 de febrero de 2022…” (sic [fs. 35]).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes de motivación y congruencia, a la igualdad de las partes, a la defensa, a la impugnación y a la tutela judicial efectiva; así como, de los principios pro actione y por homine; toda vez que, dentro de un proceso de divorcio del cual no es parte, se dispuso en su contra emitir certificaciones e informes que no le competen, conminándolo a su cumplimiento bajo apercibimiento de multas y remisión de antecedentes al Ministerio público; motivo por el cual, interpuso recurso de reposición bajo alternativa de apelación contra el Auto de 7 de febrero de 2022, impugnación que le fue negada con el argumento de no ser parte de la referida causa; por lo que, interpuso recurso de compulsa, el mismo que fue rechazado con un decreto de “estese”. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 1631/2013 de 4 de octubre, al referirse al tema estableció que: “…la línea jurisprudencial relativa a la revisión de la actividad de otros tribunales por parte de la justicia constitucional ha avanzado en términos evolutivos hasta consolidar la noción que la interpretación de la legalidad infra constitucional le corresponde a los tribunales de justicia y no a la justicia constitucional; sin embargo, ante la existencia de violación de derechos y garantías previstos en la Norma Suprema, excepcionalmente la justicia constitucional puede ingresar a valorar la actividad desarrollada en miras a brindar tutela. De lo referido, se deben precisar tres elementos de suma importancia: i) Las autoridades de los otros sistemas de justicia (civil, penal, familiar, agroambiental, administrativa) en realidad ejercen al igual que la justicia constitucional una actividad hermenéutica que parte de la Constitución e irradia a todo el ordenamiento jurídico; por ello a la luz del Estado Constitucional de Derecho no es válido hablar de ‘legalidad ordinaria’, pues todos los órganos de justicia se encuentran sometidos a la Constitución y su labor interpretativa parte de la misma; ii) La noción de ‘reglas admitidas por el Derecho’ rescatando una posición teórica decimonónica no agota las posibilidades hermenéutico - argumentativas de las autoridades judiciales, por ende, si bien los métodos de interpretación formalistas, pueden resultar útiles en la obtención de un resultado hermenéutico, no agotan todas las posibilidades que tiene la autoridad jurisdiccional en miras de satisfacer los principios fines y valores que se encuentran en la Constitución; iii) La revisión de la actividad interpretativa que realizan otras jurisdicciones que involucra el análisis de la motivación, congruencia, adecuada valoración de los hechos (valoración de la prueba) y adecuada valoración del Derecho (interpretación de las normas), no es la labor propia de la justicia constitucional, sin embargo, es insoslayable que las autoridades jurisdiccionales no se encuentran habilitadas a vulnerar derechos fundamentales, y en esa dimensión esta jurisdicción constitucional se encuentra facultada a vigilar que en todo fallo, providencia o decisión judicial que las autoridades judiciales se sometan a la Constitución; y, iv) Para que la jurisdicción constitucional analice la actividad interpretativa realizada por los tribunales de justicia, los accionantes deben hacer una sucinta pero precisa relación de vinculación entre los derechos fundamentales invocados y la actividad interpretativa - argumentativa desarrollada por la autoridad judicial. Demostrando ante esta justicia constitucional que se abre su competencia en miras a revisar un actuado jurisdiccional, sin que ello involucre que la instancia constitucional asuma un rol casacional, impugnaticio o supletorio de la actividad de los jueces. De lo referido sólo resulta exigible sino una precisa presentación por parte de los accionantes que muestre a la justicia constitucional de por qué la interpretación desarrollada por las autoridades, vulnera derechos y garantías previstos por la Constitución, a saber en tres dimensiones distintas: a) Por vulneración del derecho a un Resolución congruente y motivada que afecta materialmente al derecho al debido proceso y a los derechos fundamentales que se comprometen en función de tal determinación; b) Por una valoración probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad; y, c) Por una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico, que más allá de las implicancias dentro del proceso judicial o administrativo lesiona derechos y garantías constitucionales” (negrillas añadidas).
En cuanto al tema, la SCP 0171/2023-S4 de 28 de abril, estableció que: “El art. 366 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF), establece las clases de recursos que pueden interponerse en contra de las resoluciones judiciales emitidas dentro de los litigios tramitados conforme la materia, y son: a) Reposición; b) Apelación; c) Casación; y, d) Compulsa. Empero, inexplicablemente no se tiene desarrollada en la citada norma familiar el recurso de compulsa; sin embargo, no puede dejar de aplicársela a pesar de esa falencia normativa; y, para ello, se hace necesario por extensión o analogía acudir y/o utilizar lo dispuesto sobre tal figura procesal recursiva en el Código Procesal Civil (CPC). En el cometido anterior, la SCP 0309/2020-S3 de 22 de julio, entendió al respecto que: ‘El citado recurso se encuentra legislado a partir del art. 279 al 283 del CPC, estableciéndose su procedencia, plazo y forma de presentación así como el procedimiento a desarrollarse al efecto, correspondiendo hacer hincapié en que el mismo conforme lo prevé la norma procede en las siguientes circunstancias: ‘…por negativa indebida del recurso de apelación o del de casación, o por concesión errónea del recurso de apelación en efecto que no corresponda, a fin de que el superior declare la legalidad o ilegalidad de la resolución objeto del recurso’ (art. 279 del CPC). Así, el recurso de compulsa debe ser interpuesto ante la misma autoridad judicial que denegó el recurso, ya sea el de casación o de apelación, o que concedió este último en el efecto equivocado, la cual debe remitir las fotocopias legalizadas de las piezas necesarias al superior en grado quien a su vez en el plazo de tres días de recibida la causa declarará la legalidad o ilegalidad de la compulsa; si la declara legal ordenará se sustancie o conceda el recurso denegado, según corresponda; asimismo, la norma establece que además todo lo actuado por la autoridad inferior -dada la declaración de legalidad de la compulsa- a partir de la interposición del recurso sea nulo de pleno derecho. De lo descrito, se advierte que el recurso de compulsa viene a constituirse en un mecanismo de reclamo que a su vez procura garantizar el derecho de las partes de acceder a los recursos establecidos en la ley, permitiendo cuando corresponda que éstos sean admitidos o en su caso sean corregidos en cuanto al efecto de su concesión, a fin de precautelar sobre todo el derecho a la defensa de los justiciables. A partir del cual, se evidencia que su objeto se encuentra limitado justamente a la revisión por el superior en grado, de la admisibilidad del recurso de apelación o casación y no a cuestiones de fondo del mismo, siendo su finalidad precisamente la de reencausar el trámite procesal desplegado y adecuar el recurso que fue indebidamente negado. Al respecto, ya este Tribunal se refirió cuando a tiempo de establecer la naturaleza jurídica de este tipo de recurso, en cuanto a su finalidad, precisó que: ‘En el sistema procesal boliviano, el recurso de compulsa constituye una vía de impugnación de la decisión judicial que, de manera indebida o ilegal, niega la concesión de los recursos de apelación o de casación o, en su caso, concede la apelación de manera incorrecta. Este recurso tiene una doble finalidad, de un lado, protege a las partes que intervienen en el proceso en su derecho de impugnar la decisión judicial ante el superior en grado en los casos expresamente previstos por ley; y, de otro, garantiza y asegura la debida observancia de las normas procesales que son de orden público, el cual quedaría vulnerado si no se facilitara el remedio para impedir que una denegación de recurso legal, dispuesta por error, malicia o ignorancia, comprometa la defensa de los litigantes, contraviniendo el presupuesto procesal de igualdad a las partes en todas las actuaciones procesales’ (SC 1468/2004-R de 14 de septiembre)’. Por ende, si bien, el fin principal de este medio de impugnación, es la de permitir el acceso del afectado al recurso interpuesto corrigiendo lo tramitado, garantiza también el derecho a la defensa de las partes y la observancia de las normas procesales que son de orden público, al circunscribir su análisis precisamente a los presupuestos de admisión de los mismos, con relación a los principios de legalidad y seguridad jurídica relacionados a su vez con el derecho al debido proceso. Debiendo concluirse al final, que las normas impugnatorias establecidas en la normativa procesal civil, son perfectamente aplicables de forma supletoria en materia familiar, por ser afines e históricamente la última se escindió de la primera, implicando ello su observancia de forma obligatoria; y, es evidente que ante una indebida negativa de los recursos de apelación o casación –o cuyo efecto esté equívoco–, debe interponérsela de forma previa a la presentación de cualquier recurso o acción tutelar en observancia del principio de subsidiariedad; por ende, la compulsa es el recurso idóneo para objetar un rechazo incorrecto de una apelación o casación” (el resaltado es nuestro).
Según se aprecia de los antecedentes adjuntos al proceso, se puede advertir que, en el Juzgado Público Mixto de Familia y de la Niñez y Adolescencia Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, se tramita un proceso de divorcio iniciado por Milenka Verónica Butrón Verastegui contra Jaime Enrique de Ugarte Lazcano -terceros interesados-; dentro del cual, se ordenó al peticionante de tutela informar y certificar aspectos relacionados a una sociedad comercial denominada MIA S.A. -de la cual es socio-; debido a que, las acciones y el capital aportado por el tercero interesado serían bienes gananciales, existiendo al respecto una controversia sobre el monto aportado por el nombrado a la aludida asociación; en ese orden, por Auto de 19 de noviembre de 2021, la autoridad demandada ordenó notificar a los miembros de la aludida sociedad comercial, para los fines impetrados (Conclusión II.1); por Auto de 10 de diciembre de igual año (Conclusión II.2), se conminó al peticionante de tutela a cumplir con la orden, bajo alternativa de imposición de multas y remitir antecedentes al Ministerio Público; decisión frente a la cual, el prenombrado respondió alegando no tener competencia para otorgar las certificaciones al ser un socio más, objetando la facultad de la Jueza demandada, sin que sus argumentos sean acogidos; toda vez que, por Auto de 3 de enero de 2022, se rechazó la objeción, con el argumento que no tiene legitimación para observar la competencia de dicha autoridad jurisdiccional al no ser parte del proceso en cuestión (Conclusión II.3); interponiendo el accionante recurso de reposición con alternativa de apelación que fue rechazado por Auto de 7 febrero de ese año, con el fundamento que no es parte del proceso de divorcio y no tiene legitimación alguna para presentar recursos (Conclusión II.4); razón por la cual, el aludido interpuso recurso de compulsa que fue rechazado mediante providencia 23 del indicado mes y año, decretándose “Estese al Auto de 7 de febrero de 2022…” (sic [Conclusión II.5]). Bajo los antecedentes descritos, el accionante pretende que este Tribunal Constitucional Plurinacional disponga la nulidad del “…decreto de fecha 18 de febrero de 2022, que determina estése a lo dispuesto por el auto de fecha 07 de febrero de 2022, que niega el recurso de reposición bajo alternativa de apelación de fecha 10 de enero de 2022, negado a su vez mediante auto de 07 de febrero de 2022...” (sic). En ese orden, teniendo en cuenta que la acción de amparo constitucional se rige bajo el principio de subsidiariedad, este Tribunal limitará el examen de la causa al análisis de la última decisión emitida en la instancia ordinaria, aquella es, el Auto de 7 de febrero de 2022, que determinó rechazar el recurso de compulsa, verificando si dicho acto procesal lesionó el derecho al debido proceso en sus componentes de motivación y congruencia, a la igualdad de las partes, a la defensa, a la impugnación y a la tutela judicial efectiva; debido a que, es posible a partir de dicho recurso, que las autoridades ordinarias puedan valorar los otros actos procesales. Con la precisión señalada, de forma inicial se tiene que el trámite de compulsa conforme los Fundamentos Jurídicos III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es un mecanismo procesal viable ante la negativa indebida del recurso de apelación, de casación, o por concesión errónea del recurso de apelación en efecto que no corresponda, debiendo observarse el trámite establecido en el art. 279 del Código Procesal Civil (CPC). De los datos de la presente causa, es evidente que la Jueza demandada no observó a tiempo de tramitar el recurso de compulsa el mandato establecido en el Código Procesal Civil; es decir, que una vez recibido el memorial de compulsa, la autoridad judicial debió decretar se remitan fotocopias legalizadas de las piezas estrictamente necesarias al superior en grado, debiendo el recurrente en el plazo de dos días de su notificación, proveer los recaudos correspondientes, bajo pena de caducidad del recurso; la autoridad demandada no observó dicho trámite pues, ante el recurso de compulsa planteado por el peticionante de tutela, emitió la providencia de 23 de febrero de 2022, expresando “Estese al auto de 07 de febrero de 2022…” (sic [Conclusión II.5]), lesionando de esa forma los derechos al debido proceso en sus componentes de motivación y congruencia, a la defensa, a la impugnación y a la tutela judicial efectiva; toda vez que, de manera arbitraria, sin argumento fáctico ni legal, negó aplicar el art. 281.I. del CPC, impidiendo que una autoridad superior pueda revisar sus decisiones, y de esa manera restringió que el solicitante de tutela pueda defenderse dentro del proceso del cual no es parte; lo que, conllevó a que haga inefectiva la tutela judicial, que, conforme la jurisprudencia de este Tribunal tiene, entre otros, la finalidad de lograr “…la posibilidad de llegar a la pluralidad de jurisdicciones reconocidas por la Constitución, sin que existan obstáculos, elementos de exclusión, limitación, que dificulten el ejercicio de este derecho tanto por el Estado como por los particulares…” (el resaltado es nuestro [SCP 0679/2018-S2 de 23 de octubre]); además, la Jueza demandada al impedir y limitar el acceso a la jurisdicción desconoció el derecho a la doble instancia, que en: “…su esencia y naturaleza radica en el hecho de revisar la determinación judicial por ser vulneratoria de los derechos que les asisten a las partes en contienda y, sólo así es posible garantizar una justicia imparcial; por cuanto, las decisiones del inferior estarán controladas por un tribunal superior, garantizando así la protección efectiva de los derechos de los justiciables…” (SCP 1267/2012 de 19 de septiembre). Este Tribunal considera legítimo que una persona, aun no siendo parte de un proceso judicial, empero, es afectada por las decisiones que se emiten dentro del mismo, cuenta con la facultad de activar los recursos de impugnación que prevé el ordenamiento jurídico; por tanto, la Jueza demandada al impedir que el accionante acceda al recurso de compulsa bajo el argumento de “estese”, indiscutiblemente lesionó el derecho al debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación, como se señaló ut supra; asimismo, desconoció el derecho a la defensa al negar ilegítimamente tramitar el recurso de compulsa conforme a procedimiento, ignorando que “…el derecho a la defensa, es un elemento adjetivo del debido proceso, que halla uno de sus resguardos en la garantía de la doble instancia, que a su vez tiene su consagración en las normas de derecho internacional, más propiamente en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), normas en las cuales se le asigna el carácter de garantía judicial, asumiéndola como un mecanismo de protección, dirigido a esta impronta característica de la doble instancia…” (énfasis añadido [SCP 0275/2012 de 4 de junio]). Por lo expuesto, impele a este Tribunal a conceder la tutela reclamada, dejando sin efecto la providencia de 23 de febrero de 2022, disponiendo que la autoridad demandada tramite conforme a procedimiento la remisión ante el tribunal de alzada de las fotocopias legalizadas de las piezas estrictamente necesarias a objeto que se resuelva el recurso de compulsa planteado por el accionante. Con relación a la vulneración del derecho a la igualdad de las partes; así como, de los principios pro actione y por homine, los argumentos expuestos en la demanda tutelar carecen de una fundamentación suficiente, lo que impide que se pueda realizar un análisis al respecto. Finalmente, este Tribunal considera necesario llamar la atención a los miembros de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; debido a que, la Resolución RAC-SCII 101/2022 de 24 de junio, que deniega la tutela solicitada, no se halla debidamente fundamentada; toda vez que, concluye que el Auto de 7 de febrero de igual año, se encuentra fundamentado; sin embargo, no muestra las razones por las cuales dicha afirmación estuviera respaldada; es decir, no realizó un desarrollo normativo y fáctico que sustente su conclusión; por tanto, la decisión es arbitraria; motivo por el cual, se recomienda a los Vocales que conforman la aludida Sala a que en próximas oportunidades, como guardianes de los derechos y garantías constitucionales, emitan fallos motivados y fundamentados en los hechos, derechos y garantías que resguarda la Norma Suprema. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber denegado la tutela solicitada, no actuó de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución RAC-SCII 101/2022 de 24 de junio, cursante de fs. 95 a 99 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, dejando sin efecto la providencia de 23 de febrero de 2022, ordenando que la Jueza demandada, trámite el recurso de compulsa conforme lo establecido en el art. 281.I del Código Procesal Civil; y, 2° Llamar la atención a los Vocales de la aludida Sala Constitucional, por emitir la Resolución RAC-SCII 101/2022, carente de fundamentación y motivación, recomendando que en próximas oportunidades emitan sus fallos, exponiendo las razones fácticas y legales de sus conclusiones. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0799_2023-S2_id64333.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): afe6934d433ad03dbdfe360d2ebb61eb7e63340220dbe737013cb656719424b2
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