Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 20 de julio de 2023
Deniega la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de congruencia -infiriéndose del sustento argumentativo a la motivación-; a la “seguridad” y a la “certeza”; y, a la defensa; así como al principio de legalidad; en razón a que, el Vocal accionado indebidamente por Auto de Vista 73/2023 revocó el Auto Interlocutorio 59/2023, por el que, se le concedió la cesación de detención preventiva: a) Apartándose de los puntos de agravio expuestos por el Ministerio Público y el abogado de la víctima; b) No estableció qué riesgos procesales persistían o fueron desvirtuados ni determinó este aspecto en la parte resolutiva, puesto que la revocatoria dispuesta da a entender que alcanza al peligro de fuga previsto en el art. 234.7 del CPP -modificado por la Ley 1173-, que el Juez a quo determinó estaba latente, lo que significaría que estaría enervado; y, c) Al determinar la revocatoria del fallo impugnado por carecer de carga argumentativa, debió anular el mismo y disponer que se dicte uno nuevo, ordenado al Juez de primera instancia argumentar o fundamentar de mejor manera, pero se le dejó en incertidumbre al no señalar qué es lo que dicha autoridad judicial inferior debía hacer, cuando ante una revocatoria siempre se manda lo que se debe realizar, siendo lo que le genera indefensión.
En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; y, 44.2 del Código Procesal Constitucional en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 033/2023 de 12 de “abril” -lo correcto es mayo-, cursante de fs. 66 a 69 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídico argumentativos y razonamientos desarrollados en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0797/2023-S3 Sucre, 20 de julio de 2023 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional Expediente: 55621-2023-112-AAC Departamento: Pando En revisión la Resolución 033/2023 de 12 de “abril” -lo correcto es mayo-, cursante de fs. 66 a 69 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Fernando Luis Poma Huanca contra Diego Valdir Roca Saucedo, Vocal de la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando.
Por memorial presentado el 2 de mayo de 2023 cursante de 14 a 17, el accionante manifiesta lo siguiente:
Como antecedentes señala que, fue imputado por la presunta comisión del delito de violación -de infante, niña, niño o adolescente-, disponiéndose en su momento su detención preventiva porque existirían riesgos procesales, mismos que fue enervando en varias audiencias -se entiende de cesación de dicha medida extrema-, así, el 19 de marzo de 2023 el Juez a quo dispuso aceptar la solicitud de cesación de la medida extrema -a través de Auto Interlocutorio 59/2023-, en razón a que existía -estaba vigente- un solo riesgo procesal, disponiendo la modificación de la misma por la detención domiciliaria determinación contra la cual, tanto el Ministerio Público como la víctima apelaron.
Ante ello, el 13 de abril de 2023, se llevó a cabo la audiencia de recurso de apelación -incidental- ante Diego Valdir Roca Saucedo, Vocal de la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando -hoy accionado-, quien luego de escuchar a las partes revocó el Auto Interlocutorio 59/2023 señalando que no contenía la debida fundamentación.
Refiere que, el Ministerio Público en la apelación formulada observó la errónea fundamentación que realizó el Juez de la causa respecto al art. 234.7 del Código de Procedimiento Penal (CPP), modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- y señaló la persistencia del art. 235.2 del citado Código -con la modificación indicada- por la sola condición de que la víctima es menor -de edad-, quien a su vez -a través de su abogado- impugnó porque no estaba de acuerdo con el fundamento asumido por la indicada autoridad judicial con relación al peligro de fuga previsto por el art. 234.7 del adjetivo penal; siendo estos los puntos -agravios- que el Vocal accionado tenía que responder y no apartarse de este margen.
Resalta que, la autoridad judicial accionada, revocó el Auto Interlocutorio 59/2023, porque no existía fundamentación, pero sí identificó que no existía carga argumentativa, debió anular dicho fallo y disponer que se dicte uno nuevo, ordenando al Juez a quo argumentar o fundamentar de mejor manera; asimismo, dejó establecido con referencia al peligro de obstaculización que: ‘“...EN ESTE PUNTO, SI BIEN ES RAZONABLE EL CRITERIO QUE EL JUEZ ASUME en relación a que la detención preventiva en la fase de la investigación, tiene una razón principal en cuanto se establezcan los actos de la investigación se identifiquen como necesario de realizar, un criterio correcto...”’ (sic), pero no dejó establecido qué peligros procesales, puesto que, la revocatoria dispuesta da a entender que alcanza al peligro de fuga, que el Juez de primera instancia determinó estaba latente; y, revocó el riesgo de obstaculización llevando a entender su persistencia, y, si determinó la revocatoria del Auto Interlocutorio 59/2023, que disponía la vigencia del art. 234.7 del CPP -modificado por la ley 1173- (peligro efectivo para la víctima), significa que este peligro procesal esta enervado.
Finalmente indica que, revocar significa dejar sin efecto el fallo apelado, modificar el mismo por otro y ordenar al Juez a quo que lo sustituya, en el caso, con la fundamentación efectuada por el Vocal accionado se ingresó a lo prohibido, dejándosele en la incertidumbre al no señalar qué es lo que el Juez de primera instancia “DEBE HACER AHORA”, pues deja al libre albedrío al haber dispuesto revocar el Auto Interlocutorio 59/2023.
El accionante alega la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de congruencia -infiriéndose del sustento argumentativo a la motivación-; a la “seguridad” y a la “certeza”; y, al principio de legalidad; citando al efecto los arts. 13, 14.I, 15.I y 23.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, art. 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
En audiencia invocó el derecho a la defensa.
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, se deje sin efecto el Auto de Vista -73/2023- de 13 de abril, ordenando que el Vocal accionado dicte un nuevo fallo, donde establezca si al revocar el Auto Interlocutorio -59/2023- está disponiendo que queda enervado el peligro de fuga, quedando latente solo el de obstaculización.
Celebrada la audiencia pública virtual el 12 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 63 a 65 vta.; presentes en enlace el accionante asistido de su abogado; Erick Marco Antonio Lazarte -en calidad de tercero interesado- y la representación del Ministerio Público; y, ausente el Vocal accionado; y, la representación de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Cobija del departamento de Pando, se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela a través de su abogado ratificó in extenso los argumentos expuestos en el memorial de la presente acción de defensa; y, ampliando en audiencia señaló que: a) Se encuentra privado de libertad debido a la determinación asumida por el Vocal accionado, quien revocó el Auto Interlocutorio 59/2023 “y nada más”, cuando ante una revocatoria se pone inmediatamente la disposición; es decir, que siempre se manda y ordena lo que debe realizar el inferior -en grado-, no pudiendo simplemente anular sin antes disponer lo que debe hacer el Juez a quo, siendo ello, lo que le genera indefensión al no poder ejercer su derecho a la defensa; b) El Vocal accionado al revocar el fallo apelado no estableció qué peligros procesales persistían ni fundamentó en la parte resolutiva; y, c) Si se consideraba que el Juez de primera instancia incurrió en errónea fundamentación de los arts. 234 y 235 -del CPP modificado por la Ley 1173-, correspondía anular el Auto Interlocutorio 59/2023 no revocarlo.
Diego Valdir Roca Saucedo, Vocal de la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, no se hizo presente en audiencia ni remitió informe alguno pese a su citación cursante a fs. 25.
Erick Marco Antonio Lazarte, pese a informarse por Secretaría de su concurrencia a la audiencia virtual no consta su intervención en la misma.
Rolando Sánchez Michel, Fiscal de Materia, en audiencia refirió que: 1) La presente acción de defensa no tiene asidero legal, en razón a que el art. 23 de la CPE establece los límites del derecho a la libertad; 2) Se restringió la libertad del hoy peticionante de tutela porque es indispensable asegurar su presencia para la averiguación de la verdad y el desarrollo del proceso para la aplicación de la Ley, considerando que se trata de una víctima de agresión sexual y el enfoque utilizado por la autoridad judicial accionada es el mandato legal previsto en la norma; por lo que, Auto de Vista -73/2023- fue emitido en pro de la víctima con la debida ponderación; 3) Los riesgos de fuga fundados aún están latentes, puesto que la agresión fue dentro del núcleo familiar, el imputado -ahora accionante- es el padrastro de la víctima, por ello en aplicación de la normativa tanto nacional como internacional es que el Vocal accionando revocó la detención domiciliaria que otorgó el Juez a quo, al ser el prenombrado un peligro para víctima corresponde su detención preventiva; 4) La autoridad judicial accionada realizó una debida fundamentación, al hacer cita de un bagaje supra nacional del derecho de protección a la víctima, considerando además que se trata de una menor de once años; por lo que, no vulneró el debido proceso del impetrante de tutela al encontrarse la restricción de su libertad dentro de sus parámetros; y, 5) Solicitó se deniegue la tutela impetrada.
La representación de la DNA del GAM de Cobija del departamento de Pando, no remitió memorial alguno ni se hizo presente en audiencia pese a su notificación cursante a fs. 24.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, por Resolución 033/2023 de 12 de “abril” -lo correcto es mayo-, cursante de fs. 66 a 69 vta., concedió la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto Vista 73/2023, disponiendo que el Vocal accionado emita un nuevo fallo de manera congruente; bajo los siguientes fundamentos: i) La detención preventiva puede cesar cuando nuevos elementos de juicio demuestren que dejaron de concurrir los motivos que la fundaron y para que esta sea concedida, el Juez debe realizar un análisis que también le alcanza al Tribunal que resuelve la apelación de la resolución que conceda o rechace la cesación de dicha medida extrema; ii) El Vocal accionado en el Auto de Vista 73/2023, hizo una argumentación sobre el enfoque interseccional y la perspectiva de género, haciendo saber que es una obligación de las autoridades aplicar estas herramientas; asimismo, refiere que, un solo riesgo procesal no puede sostener la detención preventiva pero que tal posibilidad debe analizarse con relación a los medios de prueba, lo cual es evidente; iii) Es obligación del Tribunal ad quem realizar un análisis integral de los nuevos elementos presentados por el imputado, más aun cuando se pretende revocar una resolución; sin embargo, en el presente caso no se advierte que se hubiese efectuado dicho análisis, puesto que con este examen se daría por desvirtuado o no cada uno de los riesgos procesales por los que se dispuso la detención preventiva del hoy accionante, que fue impuesta por concurrir la probabilidad de autoría y los riesgos procesales de fuga y de obstaculización previstos en los arts. 234.7 y 235.2, ambos del CPP -modificados por la Ley 1173-; iv) La autoridad judicial accionada respecto al citado art. 234.7 del CPP, señaló que, el Juez inferior consideró que aún persiste el peligro efectivo para la víctima, lo que deja en evidencia la necesidad de una coherente argumentación, pero no se evidencia un análisis propio de dicho Vocal en el que indique a qué conclusión llegó o en base a qué documentación se estaría acreditando o no dicho riesgo procesal; v) De igual manera sobre el art. 235.2 del CPP -modificado por la Ley 1173-, tampoco existe argumentación alguna, puesto que simplemente se hizo referencia a lo manifestado por el Juez -a quo-, lo que evidentemente deja en incertidumbre al hoy accionante y con la interrogante de saber si se enervaron o no los riesgos procesales, además, no es claro en determinar si con la enervación de los peligros procesales de fuga o de obstaculización puede acceder a la cesación de la detención preventiva, tomando en cuenta que se trata de una -presunta- violación de -infante- niña, niño o adolescente, para lo cual no puede dejarse de lado el análisis de la Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente, -Ley 1443 4 de julio de 2022- que modificó el art. “31.II” -lo correcto es 231- bis. del CPP incorporado por la Ley 1173, normativa que es compatible con el enfoque interseccional y la perspectiva de género; vi) Sobre la parte dispositiva, si bien conforme a la jurisprudencia se puede denegar la tutela por falta de relevancia constitucional, ello no alcanza a resoluciones que imponen la medida cautelar -personal- de la detención preventiva, ya que en las mismas es necesario que la autoridad de segunda instancia disponga la nulidad ordenando el reenvió ante la autoridad jurisdiccional para que emita una nueva resolución, aun se advierta que, la corrección de una decisión con fundamentación o motivación arbitraria o insuficiente no modificará la parte resolutiva; en el presente caso el Vocal accionado simplemente dispuso revocar el Auto Interlocutorio 59/2023, pero no ordenó que la autoridad judicial emita uno nuevo, lo que también se considera como una incongruencia; y, vii) El Auto de Vista 73/2023, no analizó de manera integral los riesgos procesales, pero revocó el Auto Interlocutorio 59/2023, sin otorgar certeza de qué elementos son los que concurrieron para dicha determinación, lo cual es carente de congruencia y lesiona el derecho al debido proceso del impetrante de tutela.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:
II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Erick Marco Antonio Lazarte -ahora tercero interesado- contra Fernando Luis Poma Huanca -hoy accionante- por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, por Auto Interlocutorio 59/2023 de 19 de marzo, el Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Pando, determinó: “...se CONCEDE la solicitud de CESACIÓN DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA al imputado FERNANDO LUIS POMA HUANCA, bajo las siguientes medidas previstas en el art. 231 bis del CPP. 1. La prohibición de salir del país, a cuyo efecto líbrese Mandamiento de Arraigo. 2. La presentación ante el Ministerio Público los días viernes de cada semana. 3. La fianza económica en la suma 40.000 bs. 4. La detención domiciliaria con escolta policial esporádica, y permiso laboral a partir de 07.00 a.m.
a 19:00 pm. de lunes a viernes. 5. La prohibición de contactarse con testigos del hecho y frecuentar el domicilio de la víctima...” (sic); determinación contra la cual recurrieron en apelación incidental la representación del Ministerio Público y el abogado de la víctima; y, la DNA del GAM de Cobija del departamento de Pando hizo reserva de la misma (fs. 10 a 12).
II.2. Cursa acta de audiencia de apelación de 13 de abril de 2023 (fs. 51 a 53), en cuyo acto procesal Diego Valdir Roca Saucedo, Vocal de la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando -hoy accionado-, a través de Auto de Vista 73/2023 de 13 de abril, resolviendo las impugnaciones formuladas por el Ministerio Público y por el abogado de la víctima, dispuso: “...REVOCAR, la resolución apelada” (sic [fs. 2 a 7]).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de congruencia -infiriéndose del sustento argumentativo a la motivación-; a la “seguridad” y a la “certeza”; y, a la defensa; así como al principio de legalidad; en razón a que, el Vocal accionado indebidamente por Auto de Vista 73/2023 revocó el Auto Interlocutorio 59/2023, por el que, se le concedió la cesación de detención preventiva: a) Apartándose de los puntos de agravio expuestos por el Ministerio Público y el abogado de la víctima; b) No estableció qué riesgos procesales persistían o fueron desvirtuados ni determinó este aspecto en la parte resolutiva, puesto que la revocatoria dispuesta da a entender que alcanza al peligro de fuga previsto en el art. 234.7 del CPP -modificado por la Ley 1173-, que el Juez a quo determinó estaba latente, lo que significaría que estaría enervado; y, c) Al determinar la revocatoria del fallo impugnado por carecer de carga argumentativa, debió anular el mismo y disponer que se dicte uno nuevo, ordenado al Juez de primera instancia argumentar o fundamentar de mejor manera, pero se le dejó en incertidumbre al no señalar qué es lo que dicha autoridad judicial inferior debía hacer, cuando ante una revocatoria siempre se manda lo que se debe realizar, siendo lo que le genera indefensión.
En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Sobre el particular, la SCP 1134/2019-S1 de 28 de noviembre citando a la SCP 0077/2012 de 16 de abril, sostuvo que: «“…la norma contenida en el art. 398 del citado cuerpo legal, establece que ‘Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución ’”. De la norma legal precedente, de manera general es posible concluir que los tribunales de alzada sólo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expresados en la apelación, no pudiendo ir más allá de lo que la parte apelante no hubiere cuestionado respecto de la resolución apelada, dado que el ámbito en el que deben circunscribir su actuación es a resolver los aspectos impugnados de quien tiene derecho de recurrir. Sin embargo, tratándose de la aplicación de medidas cautelares, dicha normativa no debe ser entendida en su literalidad sino interpretada en forma integral y sistemática, por lo que también cabe referirse a lo establecido en el art. 233 del CPP, modificado por la Ley 007 de 18 de mayo de 2010, cuando señala que: “Realizada la imputación formal, el juez podrá ordenar la detención preventiva del imputado, a pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiera constituido en querellante, cuando concurran los siguientes requisitos: 1. La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible; 2. La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad”. Finalmente, cabe remitirse a lo previsto en el 236 del CPP, entre cuyos requisitos del auto de detención preventiva se encuentran: “3) La fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la detención, con cita de las normas legales aplicables”. En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes. En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP» (las negrillas son nuestras).
En coherencia con los entendimientos referidos precedentemente y sobre la motivación de todo fallo judicial, la SCP 0025/2020-S3 de 12 de marzo, citando a la SCP 0339/2012 de 18 de junio, sostuvo que: «“En cuanto al Tribunal de apelación, la citada SC 0089/2010-R, señaló: ‘…está obligado igualmente a dictar una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, se ha establecido que el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva’. Así también, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, determinó que: ‘Ahora bien, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar’. De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP”» (las negrillas nos corresponden).
Precisado como se tiene precedentemente el objeto procesal y a fin de dilucidar según correspondan cada una de las problemáticas planteadas, es pertinente contextualizar las mismas partiendo del conocimiento de los actuados procesales y jurisdiccionales inherentes a estas. Así, se tiene que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Erick Marco Antonio Lazarte -ahora tercero interesado-contra Fernando Luis Poma Huanca -hoy accionante-, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, por Auto Interlocutorio 59/2023 de 19 de marzo, el Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Pando, determinó que: “...se CONCEDE la solicitud de CESACIÓN DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA al imputado FERNANDO LUIS POMA HUANCA, bajo las siguientes medidas previstas en el art. 231 bis del CPP. 1. La prohibición de salir del país, a cuyo efecto líbrese Mandamiento de Arraigo. 2. La presentación ante el Ministerio Público los días viernes de cada semana. 3. La fianza económica en la suma 40.000 bs. 4. La detención domiciliaria con escolta policial esporádica, y permiso laboral a partir de 07.00 a.m. a 19:00 pm. de lunes a viernes. 5. La prohibición de contactarse con testigos del hecho y frecuentar el domicilio de la víctima...” (sic); determinación contra la cual recurrieron en apelación incidental la representación del Ministerio Público y el abogado de la víctima; y, la DNA del GAM de Cobija del departamento de Pando hizo reserva de la misma (Conclusión II.1), constando acta de audiencia de 13 de abril de 2023, en cuyo acto procesal a través de Auto de Vista 73/2023 de 13 abril, el Vocal de la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando -hoy accionado-, resolviendo las impugnaciones formuladas por el Ministerio Público y por el abogado de la víctima, dispuso: “...REVOCAR, la resolución apelada” (sic [Conclusión II.2]). Ahora bien, descritos los antecedentes y en consideración al marco de los cuestionamientos constitucionales formulados, resulta necesario conocer los puntos de agravio que fueron planteados tanto por el Ministerio Público como por el abogado de la víctima contra el antes indicado Auto Interlocutorio 59/2023, así como los argumentos contenidos en el Auto de Vista -73/2023-. De esta manera en audiencia de recurso de apelación incidental, la representación del Ministerio Público, alegó que:
1) La motivación del Juez inferior afectó el art. 124 del CPP, además que valoró incorrectamente los riesgos procesales, para determinar la detención domiciliaria del imputado;
2) Se encuentra aún latente el riesgo de fuga previsto en el art. 234. 7 del CPP -modificado por la Ley 1173-, dado el contexto de los hechos, que acaecieron en el nexo familiar, porque la hija de la pareja del imputado fue la afectada de manera directa por el delito investigado y que en ese entorno familiar, habiendo una especial atención, considerando que en el transcurso de la investigación y más allá pueda cambiarse la circunstancia de la verdad material de la voz de la víctima, quien logró contar los hechos de violación sufridos no en una ocasión sino en varias en esa unidad familiar y que le ponían en desventaja y dependencia con relación a su agresor, siendo importante este enfoque de verdad material, al ser la etapa de juicio donde se logrará desarrollar todos los medios de prueba y víctima tendrá la seguridad de que se va a juzgar como corresponde, circunstancias que no fueron ponderadas con enfoque interseccional de valoración de los derechos humanos, que en este caso se debe privilegiar siendo la víctima una adolescente y además de un delito de carácter sexual, “...enervaremos la ponderación de los derechos al estar por encima del interés superior y prioridad social va ir de mano de la garantía” (sic), así también la debida diligencia en la etapa de la investigación y en su momento con la sanción de los hechos de violencia investigados, esa carga de la prueba y brindar la garantía a la víctima no es solamente una obligación del Ministerio Público sino de todo el sistema penal que debe garantizar el procesamiento de los hechos de violencia sexual en el contexto familiar, recibiendo justicia, encontrándose consagrada en la Constitución Política del Estado y en el art. 7.d de la Convención de Belem Do Pará la debida diligencia y el razonamiento privilegiando a los grupos vulnerables con enfoque de género, lo que permitirá sostener la teoría del caso, que el Ministerio Público fue desentrañando en toda la etapa preparatoria de la investigación y cuando corresponda en el juicio propiamente dicho; este riesgo procesal para la víctima no cesó, considerando que las Leyes 1173 y “126” fortalecieron el ejercicio de la lucha contra la violencia a niñas, niños y adolescentes en estos contextos familiares y de violencia sexual, además de la Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente, que regla el tema otras medidas diferentes a la detención preventiva, señalando que, no se debe favorecer con las mismas en los delitos graves, como la violación de -infante-, niña, niño o adolescente, que además está ligado a ese peligro de fuga y de obstaculización del art. 235.2 -del CPP, modificado por la Ley 1173-, ante las declaraciones aún pendientes que se tienen que materializar en juicio, porque solo el de la víctima va acompañado del anticipo de prueba en cámara Gesell, emergente del principio de -no- revictimización, pero también la madre y el padre son víctimas indirectas del suceso y serán escuchados en juicio, y la verdad material que consagra el art. 86 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, tiene esa garantía de llegar a la verdad material con la protección y resguardo a la víctima menor de edad;
3) La realidad procesal en el departamento de Pando es que el 100% de los beneficiados con una u otra medida que no es la detención preventiva en delitos de violación de -infante-, niña, niño o adolescente se dan a la fuga , y es que este ilícito conlleva penas elevadas y no generan la responsabilidad del imputado de asumir la prosecución de la causa penal en juicio hasta la sentencia, sustrayéndose del proceso penal; 4) El Juez para enervar los riesgos procesales debe motivar más allá de la simple formalidad de que el plazo concluyó o que un acto investigativo ya se desarrolló, en este caso, desvirtuarse los peligros procesales porque el Ministerio Público asegura el anticipo de la prueba con los informes que son necesarios y, precisamente son utilizados por el imputado para desvirtuar los peligros procesales, señalándose que mejoró su situación; y, 5) Se generó la investigación que no le favorece al imputado; por lo que, incluso ya está con actos conclusivos, que necesitan la única medida racional como es la detención preventiva y no así la domiciliaria, porque ya ocurrió que por más se disponga la escolta policial es ineficaz en la lucha contra la violencia, siendo una realidad que también debe generar la sana crítica, que no fue considerada por el Juez -inferior- a momento de resolver. Por su parte, el abogado de la víctima, expresó como agravios que:
i) El Auto Interlocutorio 59/2023 no cumple con los arts. 173 y 124, ambos del CPP; ii) Los riesgos procesales de los arts. 234.7 y “125” -lo correcto es 235-.2, ambos del CPP, modificados por la Ley 1173- continúan latentes, toda vez que, si bien se tienen cumplidos algunos actos investigativos, no es menos cierto que, el proceso penal todavía está en curso;
iii) El Juez a quo está obligado a la fundamentación y si bien mantuvo vigente el art. 234.7 -del CPP modificado por la ley 1173-; sin embargo, no tomó en cuenta los parámetros que exige la protección reforzada que debe tener una menor de edad víctima del delito de violación, tomando en cuenta los parámetros de edad y género, que en el caso concreto, es una persona de trece años de edad, que desde los nueve años el hecho de vulnerabilidad sucedió en el núcleo familiar; aspectos que no fueron considerados al disponerse la cesación de la detención preventiva, sin tomarse en cuenta el enfoque amplio con relación a las condiciones a la que la víctima se encuentra de zozobra y presión, cuando el imputado resulta ser su familiar cercano, como concubino de su madre, ocurriendo el hecho en el seno del vínculo familiar, teniendo conocimiento su madre; por lo que, el riesgo procesal aun no fue desvirtuado, por mucho que se hayan cumplido actos de anticipo de prueba, estos deben ser producidos en juicio; empero, sin la fundamentación y el razonamiento lógico con relación a los medios probatorios “...que utilizo las medidas dispuestas son ampliamente morgosos que mi cliente ya se ha encontrado con la víctima en la calle andando se a echo la burla en su cara se le ha reído...” (sic); y, iv) Solicitó la nulidad y se revoque el Auto Interlocutorio 59/2023, porque no tiene la fundamentación y el razonamiento lógico para obtener la cesación de la detención preventiva y se aplique la medida extrema ante la subsistencia de los riesgos procesales de fuga y de obstaculización, así como se consideren a la SCP “…1061/2021 como S,C 01/2019 S.C. 004/2022...” (sic), las cuales establecen que en el caso de vulnerabilidad los parámetros deben ser considerados por el Juez y deben ser explicados de forma razonable en la determinación del cese de la medida extrema.
Precisados los puntos de agravio deducidos por los apelantes, corresponde conocer los argumentos que sostienen el Auto de Vista 73/2023, siendo estos los siguientes:
a) Remitiéndose a la finalidad de las medidas cautelares, la labor del Tribunal de alzada en el tratamiento de la detención preventiva y la solicitud de cesación de la misma y sintetizando los agravios expuestos tanto por el Ministerio Público como por el abogado de la víctima sostuvo que, correspondía establecer en primer lugar los aspectos relevantes de la decisión apelada, siendo así que el Juez a quo consideró como vigente el art. 234.7 del CPP -modificado por la Ley 1173-, en sentido de la peligrosidad del imputado sobre la víctima, siendo un aspecto que no fue enervado por la defensa del mismo, un aspecto muy importante de considerar dadas las circunstancias propias del hecho; b) Con relación al peligro de obstaculización, el Juez -a quo-estableció que, al asegurarse los actos de investigación descritos en el Auto Interlocutorio 59/2023, se hubo enervado este peligro y con ello entendió que se cumplió la finalidad de la medida extrema impuesta, en este punto, si bien es razonable y correcto el criterio asumido respecto a que la detención preventiva en la fase de la investigación tiene una razón principal en cuanto a que los actos de investigación se identifiquen como necesarios de realizar, pero no tomó en cuenta la naturaleza propia del hecho que se investiga, la razón de ello es que, cuando se asume la investigación en este tipo de casos, donde la condición de víctima es de una niña, niño o adolescente, debe tomarse en cuenta además de lo referido por dicha autoridad judicial, otros criterios sustentados en la necesidad de reforzar y proteger a la víctima, para lo cual se requiere mayor carga argumentativa tanto de la parte como del mismo juez, a fin de que establezca las razones lógicas y racionales con relación a la imposición de determinada medida cautelar.
Considérese en este sentido, que la instrumentalidad de las medidas cautelares debe también ser entendida desde un sentido más amplio al momento de considerar casos como el presente, donde se investiga la presunta violencia sexual ejercida en contra de una menor de edad, de modo tal que el enfoque interseccional y de perspectiva de género, que además conforme a la SCP 0064/2018-S2 de 15 de marzo, es un mandato de aplicación obligada a los jueces, es necesariamente un parámetro que debe considerarse en el análisis no para pretender buscar o mantener la detención preventiva del imputado, sino para que se expresen razones, desde un marco más amplio de argumentos que permitan establecer por qué debe o no mantenerse la misma considerando los distintos factores que puedan ocasionar o no situaciones de desventaja o se tornen en obstáculos para el desarrollo del proceso penal o la seguridad misma de la víctima, de acuerdo al caso.
De esta manera, al margen de los parámetros que el Juez tomó en cuenta para establecer el cumplimiento de la finalidad de la detención preventiva, no determina cuáles serían las razones o motivos para no considerar lo previsto en el art. 234.7 del CPP -modificado por la Ley 1173- y de este modo justificar por qué la medida extrema no implicaría desde un enfoque interseccional, alguna afectación al normal desarrollo del proceso penal, lo cual implica trascender la simple argumentación procesal y buscar en todo sentido dotar de razones lógicas, debidamente sustentadas, de motivos para indicar que, a pesar de que existen elementos para considerar la peligrosidad del imputado en razón de la víctima, conforme refirió el Juez, la misma debe ser modificada por otras medidas como las impuestas en el Auto Interlocutorio 59/2023, que cumplirán o aseguraran de igual manera que dicho riesgo no se materialice.
En sentido contrario, si el art. 233 del CPP -modificado por la Ley 1173- obliga la imposición de la detención preventiva cuando las demás medidas no sean suficientes para asegurar la presencia del imputado y el no entorpecimiento de la averiguación del hecho, es razonable motivar y dar argumentos para establecer que las medidas cautelares impuestas pueden cumplir esa labor, en este caso, la defensa del imputado debe demostrar este aspecto.
Es bueno dejar de lado la idea de que un solo riesgo procesal no puede sostener la detención preventiva, puesto que dicha posibilidad debe ser analizada de manera integral y con relación a los medios de prueba aportados y circunstancias existentes (SCP 0385/2017-S2 de 25 de abril), de modo que, existe ausencia de argumentación en el sentido de que, se considera simplemente que la finalidad de la detención preventiva, en este caso, se cumplió con el aseguramiento de ciertos actos de la investigación y era suficiente para cesar la medida extrema, cuando existen circunstancias que tienen incidencia en el proceso penal y en la misma víctima, que fueron ratificadas por el Juez -a quo-, lo cual denota la ausencia de un análisis interseccional (SCP “001/2019-S2”), que exprese esa motivación y se sustente en elementos objetivos de prueba aportados por la defensa del imputado, que justifiquen debidamente el cese de la detención -preventiva- considerando una vez más las circunstancias del caso que involucra una menor de edad, quien goza de protección reforzada en este tipo de investigaciones y que los jueces expresen decisiones correctamente motivadas; c) Resulta contradictorio que, el Juez -a quo- a tiempo de considerar que aún persiste el peligro efectivo para la víctima previsto en el art. 234.7 del CPP -modificado por la Ley 1173-, sostenga en el último párrafo antes de la parte resolutiva ante el planteamiento de la víctima de que aún persisten actos de amenazas o de obstaculización de parte del imputado, que esos extremos no están acreditados debidamente, lo que deja aún más evidente la necesidad de una coherente y suficiente argumentación de la decisión;
d) Se debe tener en cuenta que, la prohibición a la que hizo referencia el Ministerio Público, respecto a no otorgar la cesación de la detención preventiva en este tipo de casos, corresponde a lo que prevé el art. 239.2 del CPP -modificado por la Ley 1226 y a su vez por la Ley 1443-, norma que no fue invocada por el imputado; por lo que, en legalidad no es un argumento que se pueda solicitar; y, e) La decisión asumida por el Juez a quo no fue debidamente justificada, por lo corresponde dar curso al recurso planteado.
Ahora bien, establecidos los componentes sustanciales de las impugnaciones formuladas que derivaron en la emisión del Auto de Vista 73/2023 en esta vía de defensa constitucional, a continuación se ingresará a analizar las denuncias planteadas. Sobre la alegada incongruencia -punto a) del objeto procesal- El accionante denuncia que, el Vocal accionado en el Auto de Vista 73/2023 se apartó de los puntos de agravio expuestos por el Ministerio Público y el abogado de la víctima. Al respecto y del desarrollo de actuados efectuado, no se advierte que, la autoridad judicial accionada hubiese asumido una posición jurisdiccional apartándose de los puntos de agravio expuestos por la representación fiscal y el abogado de la víctima, puesto que, a contrario sustentó su enfoque argumentativo en la coincidente observación de carencia de motivación alertada en las impugnaciones, preeminencia de la vigencia del art. 234.7 del CPP -modificado por la Ley 1173-, la indebida determinación de enervación del peligro de obstaculización establecido por el art. 235.2 de citado Código con la referida modificación y la extrañada consideración de la situación del caso concreto relacionado con el enfoque interseccional y la ponderación de derechos por género y menor de edad, incluso desestimando la requerida consideración de la Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente, efectuada en la exposición de agravios formulada por la representación fiscal. Además de abordar, la autoridad judicial accionada, el examen jurisdiccional ordinario penal en la valoración integral de las circunstancias fácticas vinculadas a la persistencia de los riesgos procesales, labor que no puede ser reprochada, toda vez que, conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el alcance del diseño limitativo competencial establecido por el art. 398 del CPP, con relación a la aplicación, modificación o mantenimiento de las medidas cautelares de carácter personal, adquiere un enfoque de aplicación que responde a la finalidad y naturaleza jurídica de este instituto procesal, lo cual involucra que en cualesquier decisión asumida sobre esta temática, se debe efectuar en examen integral de las circunstancias y de los elementos de convicción aportados.
Bajo tales razonamientos, no se evidencia que el Vocal accionado hubiese incurrido en la vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de congruencia vinculado o con incidencia en la libertad del accionante; por lo que, no corresponde conceder la tutela pretendida, respecto a este punto de contrastación constitucional. Sobre la denuncia de imprecisión sobre la persistencia o no de los riesgos procesales -punto b) del objeto procesal- El impetrante de tutela reclama que, en el Auto de Vista 73/2023 no se estableció qué riesgos procesales persistían o fueron desvirtuados ni determinó este aspecto en la parte resolutiva, puesto que la revocatoria dispuesta da a entender que alcanza al peligro de fuga previsto por el art. 234.7 del CPP -modificado por la Ley 1173-, que el Juez a quo determinó estaba latente, lo que significaría que estaría enervado. Previamente, bajo el principio del iura novit curia, que por su trascendencia de aplicación permite a la jurisdicción constitucional tutelar; sin desconocer el formalismo que caracteriza a las acciones de amparo constitucional; asumir la contrastación y/o verificación sobre la posible lesión de derechos y/o garantías constitucionales o convencionales que no hubiesen sido invocados expresamente, pero que se denota del alcance integral de reclamación constitucional que el mismo se encuentra enfocado en la presunta afectación del debido proceso en su elemento de motivación; por lo que, el examen constitucional sobre este punto de lesividad planteado se abordará en función a este parámetro del debido procesamiento. En este sentido, de la revisión a los argumentos contenidos en el Auto de Vista 73/2023 -desarrollados precedentemente-, se denota que, el mismo como inicio del examen intra procesal de alzada, dejó sentado que el Juez a quo consideró la vigencia-persistencia del art. 234.7 del CPP -modificado por la Ley 1173-, resaltando que este aspecto no fue enervado por la defensa del imputado -hoy accionante-, seguidamente abordó el examen del peligro de obstaculización -art. 235.2 del CPP con dicha modificación-, para lo cual consideró que si bien el razonamiento Juez de primera instancia a tiempo de enervar este peligro procesal era correcto al asumir el asegurar los actos de la investigación como razón principal de la detención preventiva, pero no tomó en cuenta la naturaleza propia del hecho que se investiga, donde la condición de víctima es de una menor de edad, lo cual debió ser considerado con otros criterios sustentados en la necesidad de reforzar y protegerla, para lo cual se requiere mayor carga argumentativa tanto de la parte como del mismo Juez, debiendo la instrumentalidad de las medidas cautelares ser entendida ampliamente en este tipo de casos relacionados con la presunta violencia sexual ejercida contra una menor de edad, siendo el enfoque interseccional y la perspectiva de género, parámetros que los jueces están obligados a aplicar; por lo que, al margen de los aspectos que la instancia inferior consideró para determinar el cumplimiento de la finalidad de la medida extrema, no estableció ni justificó desde el enfoque interseccional que la determinación del cese de dicha medida cautelar no afectará el normal desarrollo del proceso penal, lo cual supera la simple argumentación procesal sino que se debe buscar de dotar de razones lógico fácticas, que indiquen que a pesar de que existen elementos para considerar la peligrosidad del imputado en razón de la víctima, la misma debe ser modificada por otras medidas, las cuales cumplirán o asegurarán de igual manera que dicho riesgo no se materialice; lo cual conlleva -en el caso y en relación a la determinación del Juez de Instrucción Penal- a una ausencia de argumentación y análisis interseccional considerando que involucra una menor de edad que goza de protección reforzada, porque simplemente se consideró que la finalidad de la detención preventiva se cumplió con el aseguramiento de ciertos actos de la investigación y era suficiente para cesar la medida extrema, cuando existen circunstancias que tienen incidencia en el proceso penal y en la misma víctima, que además fueron ratificadas por el Juez a quo, resultando contradictorio que se afirme ante el planteamiento de la víctima de que aún persisten actos de amenazas o de obstaculización de parte del imputado, que esos extremos no están acreditados debidamente, lo que deja aún más evidente la necesidad de una coherente y suficiente argumentación de la decisión. En este contexto de andamiaje argumentativo abordado por el Vocal accionado, no se evidencia que el mismo hubiese dejado en vacilación jurídica al hoy impetrante de tutela al no establecer qué riesgos procesales persistían o no, por cuanto como se extrae de la síntesis de los argumentos contenidos en el Auto de Vista 73/2023, con claridad y precisión dejó sentado como premisa inicial que el Juez a quo mantuvo la vigencia del art. 234.7 del CPP -modificado por la Ley 1173- y robusteció la motivación concatenando esta circunstancia en lo pertinente con la considerada indebida determinación de la enervación del art. 235.2 del citado Código; por lo que, no existe ninguna condición de imprecisión o duda sobre su situación procesal vinculada a los peligros procesales sobre los cuales se asumió mantener la detención preventiva, menos aún -como pretende comprender el peticionante de tutela- que, la revocatoria del Auto Interlocutorio 59/2023, implicaría que el indicado peligro de fuga se encontraría enervado, puesto que en el mismo expresamente y como inicial premisa se recalcó que está latente, dado que, como se tiene evidenciado en el contenido de los razonamientos expresados en el fallo de alzada, queda suficiente y claramente determinado el alcance del examen efectuado y las implicancias de la revocatoria asumida respecto al peligro de obstaculización antes identificado. Por otra parte, la coyuntural situación de que la entendida omisión de precisión de riesgos procesales no hubiese sido determinada en la parte resolutiva del Auto de Vista 73/203 -hoy cuestionado-, tampoco constituye un aspecto que pueda repercutir en una insuficiente motivación conclusiva, en razón a que, esta posibilidad es atingente a la secuencia argumentativa y diseño propio de la redacción de dicho acto jurisdiccional, más no implica una obligatoriedad que repercuta en su validez o quiebre la debida explicación de los motivos o razones de hecho asumidos en el fallo de alzada emitido y consecuente dilucidación de la situación jurídico-procesal del imputado -hoy accionante- respecto a la incidencia procesal incidental de la medida cautelar personal de la detención preventiva intentada en su cesación. En consecuencia, ante la constatación de la existencia de razonamientos intelectivos y fácticos que de manera suficiente y concreta permiten comprender los motivos por los cuales de determinó revocar el Auto Interlocutorio 59/2023, estableciéndose con precisión el alcance del análisis vinculado a la persistencia de los riesgos procesales de fuga y de obstaculización sobre los cuales se asumió el desarrollo argumentativo, se puede afirmar que se cumplió con el parámetro procesal del debido proceso en su componente de la debida y suficiente motivación vinculado con la libertad del accionante, conforme la exigencia jurisprudencial contenida en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, debiéndose en su efecto denegar la tutela impetrada.
Respecto a la presunta indebida falta de anulación del Auto Interlocutorio 59/2023 -punto c) del objeto procesal- El accionante alega que, el Vocal accionado al determinar la revocatoria del fallo impugnado por carecer de carga argumentativa, debió anular el mismo y disponer que se dicte uno nuevo, ordenado al Juez a quo argumentar o fundamentar de mejor manera, pero se le dejó en incertidumbre al no señalar que es lo que la autoridad judicial inferior debía hacer, cuando ante una revocatoria siempre se manda lo que debe realizar el inferior en grado, siendo lo que le genera indefensión. Sobre el particular, cabe precisar que, conforme estableció la reiterada jurisprudencia constitucional: “…al tribunal de apelación no le está permitido anular obrados cuando verifique que el juez de instrucción omitió explicar los motivos que le llevaron a determinar, rechazar o modificar una medida cautelar, o que lo hizo, pero de manera insuficiente; puesto, que como se señaló, tratándose de la disputa del derecho a la libertad, en cumplimiento de los principios constitucionales señalados anteriormente, deberá resolver directamente el caso remitido en apelación, precisando las razones y los elementos de convicción que sustentaron su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva, o viceversa” (SCP 1471/2012 de 24 de septiembre citada por la SCP 0013/2021-S3 de 19 de febrero), a partir de este lineamiento general relacionado con el régimen de medidas cautelares personales, queda afianzada la obligación de la instancia superior de definir la situación jurídica del procesado.
En referencia a ello y siempre en el marco del cuestionamiento constitucional formulado, no resultaría posible exigir a la autoridad judicial accionada la anulación del Auto Interlocutorio 59/2023 -que revocó- a fin de que el Juez a quo subsane los defectos procesales advertidos, puesto que esta posibilidad encuentra una barrera en virtud a la connotación que involucra la resolución de la situación jurídica del procesado en concomitancia con el derecho a la libertad, subsecuentemente, extrañar una actuación en este sentido no puede ser acogida como válida por esta jurisdicción, menos aún devenir en un reproche constitucional; por lo que, al no evidenciarse la alegada indefensión correlacionada con una presunta lesión del derecho a la defensa con implicancia en el debido proceso vinculado con la libertad, corresponde denegar la tutela impetrada. Por otra parte, respecto, a la “seguridad”, a la “certeza”, y al principio de legalidad a más de la mención referencial efectuada no se advierte mayor argumentación que permita no solo comprender el alcance de esta invocación sino tampoco la relación con algún derecho o garantía constitucional o convencional; por lo que, no corresponde acoger favorablemente su protección tutelar. Finalmente, a mayor abundamiento y solo con fines de didáctica constitucional, cursando en antecedentes documental presentada por el Vocal que formuló excusa dentro de tramitación de esta acción de defensa, la cual corresponde a la emisión del Auto de Vista 86/2023 de 2 de mayo, emitida como consecuencia de la apelación incidental formulada por el hoy accionante contra la Resolución de 20 de abril de 2023 (fs. 29 a 38 vta.), se debe señalar que, ante la imposibilidad de establecer con exactitud la génesis de este despliegue procesal y jurisdiccional, por el principio pro actione, no es posible asumir respecto al cuestionado y analizado Auto de Vista 73/2023, el supuesto de la subsidiariedad excepcional referida a: «“...Si impugnada la resolución la misma es confirmada en apelación; empero, en lugar de activar inmediatamente la acción de libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de la detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas a actuar con lealtad procesa de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar” (SCP 1045/2022-S3 de 9 de agosto, entre otras).
En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela impetrada, adoptó la decisión incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; y, 44.2 del Código Procesal Constitucional en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 033/2023 de 12 de “abril” -lo correcto es mayo-, cursante de fs. 66 a 69 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídico argumentativos y razonamientos desarrollados en el presente fallo constitucional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0797_2023-S3.pdf · páginas 1 a 20.
Huella digital del PDF (SHA-256): c787048b84fd8c274a82d387ee2fb9d2b2bbcabb44154edd5e3b67ff4c2d27ee
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
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