Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 28 de abril de 2026
Deniega la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a una “justicia pronta y sin dilaciones”; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra, el Vocal demandado mediante Auto de Vista de 31 de marzo de 2023, resolvió revocar las medidas sustitutivas menos gravosas a la detención preventiva dispuestas en el Auto Interlocutorio de “20 de enero de ese año”; sin embargo, dicha Resolución de alzada carece de fundamentación y motivación, porque no valoró de manera correcta los antecedentes del proceso. El Vocal demandado sostuvo que, fundamentó y motivó debidamente el Auto de Visto de 31 de marzo de 2023, considerando los agravios y argumentos de la parte contraria; analizó y valoró las pruebas que trajeron a su consideración, expresando las circunstancias concretas de la causa que lo llevaron a su decisión. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 4 de 5 de abril de 2023, cursante de fs. 13 vta. a 15 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia las Mujeres y Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de la problemática planteada y, en virtud del art. 28.II del Código Procesal Constitucional se mantiene los efectos de la decisión del Juez de garantías.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0796/2026-S2 Sucre, 28 de abril de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 55563-2023-112-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 4 de 5 de abril de 2023, cursante de fs. 13 vta. a 15 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ubaldo Ramírez Pacay contra José Emerson Figueroa Morales, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 4 de abril de 2023, cursante a fs. 1 y 3 a 5, el accionante manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violación -de infante, niña, niño o adolescente-; encontrándose detenido de forma preventiva, solicitó audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva, que fue resuelta por Auto Interlocutorio de 20 de enero de 2023, dictado por el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, el cual dispuso la aplicación de medidas sustitutivas, entre ellas, la fianza económica de Bs50 000.- (cincuenta mil bolivianos), determinación que fue impugnada por el representante del Ministerio Público. Mediante memorial de 14 de febrero del 2023, solicitó la "sustitución" de la fianza económica; petición que, fue aceptada mediante decreto de 15 del mismo mes y año, por los Jueces del citado Tribunal; lo que significó, la modificación parcial del Auto Interlocutorio de 20 de enero de ese año; asimismo, dicho decreto no fue objetado por el Fiscal de Materia asignado al caso.
El recurso de apelación incidental, promovido por el Ministerio Público, fue remitido a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; por consiguiente, se emitió el Auto de Vista de 31 de marzo de 2023, que declaró admisible y procedente el recurso planteado; pese a que el representante del Ministerio Público habría consentido la decisión de primera instancia al no oponerse, ni objetar la modificación parcial de la misma. Por último, el citado Auto de Vista, fue pronunciado por José Emerson Figueroa Morales, Vocal de la mencionada Sala Penal Primera - ahora demandado-; el mismo, carecía de fundamentación y motivación; por ende, fue víctima de una errónea aplicación de la “ley procesal penal”.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a una “justicia pronta y sin dilaciones”, citando al efecto los arts. 23.I y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 7.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 9.1 del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que, el Vocal demandado emita un nuevo Auto de Vista, debidamente fundamentado y motivado en el plazo de veinticuatro horas.
Celebrada la audiencia virtual el 5 de abril de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 12 a 13 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad y, ampliando en audiencia de garantías; señaló que: a) El Vocal demandado emitió el Auto de Vista de 31 de marzo de 2023, revocando el Auto Interlocutorio de 20 de enero de ese año, pronunciado por el Juez a quo, sin la debida fundamentación que, habría permitido entender de qué manera no se enervó los riesgos procesales; y, b) El prenombrado omitió identificar los elementos probatorios no valorados por el inferior en grado, sustentando su decisión en mera retórica.
José Emerson Figueroa Morales, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por informe escrito cursante de fs. 10 a 11, solicitó se deniegue la tutela impetrada, manifestando que: 1) Emitió el Auto de Vista de 31 de marzo de 2023, declarando fundado y procedente el recurso interpuesto por el Ministerio Público contra el Auto Interlocutorio de 20 de enero de ese año, disponiendo nuevamente la medida cautelar de detención preventiva al “restituirse” el riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP); 2) La referida Resolución de alzada, se encuentra motivada y fundamentada; debido a que, consideró todos los agravios y argumentos de la parte contraria; además, analizó y valoró las pruebas que trajeron a su consideración, expresando las circunstancias concretas de la causa que lo llevaron a su decisión; y, 3) El Tribunal de primera instancia, no realizó una valoración adecuada de la prueba ni aplicó el juzgamiento con perspectiva de género.
El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia las Mujeres y Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 4 de 5 de abril de 2023, cursante de fs. 13 vta. a 15 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista de 31 de marzo de 2023, y que el Vocal demandado emita una nueva resolución; determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: i) Si bien el Vocal demandado consideró que la carga de la prueba recaía sobre el accionante, quien solicitó la cesación a la detención preventiva; dicha autoridad demandada, debió considerar la posibilidad de sustituir la extrema medida cuando esta sea conveniente y no solamente supeditar esa decisión a la enervación de los riesgos procesales; y, ii) La aplicación de la detención preventiva del impetrante de tutela, estaba sustentada en la concurrencia del riesgo procesal, previsto en el art. 235.2 del CPP; sin embargo, ya no existía tal peligro, porque la etapa investigativa que estaba resguardada con la respectiva medida, concluyó con acusación fiscal; de manera que, no se podía mantener la citada medida bajo el indicado riesgo procesal.
Por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso la devolución a la Comisión de Admisión los expedientes y causas sorteadas para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional (fs. 22 a 24); en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
No cursan en el expediente antecedentes del caso, por lo que se procederá a resolver con base en lo expuesto por los sujetos procesales y que no fueron controvertidos.
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a una “justicia pronta y sin dilaciones”; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra, el Vocal demandado mediante Auto de Vista de 31 de marzo de 2023, resolvió revocar las medidas sustitutivas menos gravosas a la detención preventiva dispuestas en el Auto Interlocutorio de “20 de enero de ese año”; sin embargo, dicha Resolución de alzada carece de fundamentación y motivación, porque no valoró de manera correcta los antecedentes del proceso. El Vocal demandado sostuvo que, fundamentó y motivó debidamente el Auto de Visto de 31 de marzo de 2023, considerando los agravios y argumentos de la parte contraria; analizó y valoró las pruebas que trajeron a su consideración, expresando las circunstancias concretas de la causa que lo llevaron a su decisión. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, desde sus inicios afirmó que, el principio de informalismo que rige la acción de libertad -antes habeas corpus- no dispensa al accionante de la responsabilidad que tiene de acompañar la prueba que acredite los hechos que considera lesionaron sus derechos constitucionales; así, la SC 0614/2003-R de 8 de mayo, señaló que: “…el art. 90.II de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), determina que el hábeas corpus no requiere mayores formalidades para ser interpuesto, empero, no es menos evidente que el actor debe acompañar la prueba suficiente y necesaria que acredite la veracidad de las acusaciones que formula, a objeto de lograr sus pretensiones, puesto que corre por su cuenta la carga de demostrar la existencia del o los actos lesivos que estima hayan restringido sus derechos (…) puesto que no puede dictarse una resolución de procedencia cuando no se constata la vulneración de ningún derecho o garantía fundamental precisamente por falta de pruebas en las que el Tribunal pueda basar su decisión” (las negrillas son añadidas). En armonía con lo señalado, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0474/2012 de 4 de julio, reiterando la SC 0053/2010-R de 27 de abril, refirió que: “Si bien es cierto que en determinadas circunstancias de evidente lesión al derecho a la libertad, es entendible esta situación debido a la informalidad de su presentación; sin embargo, tratándose de acciones tutelares emergentes de un proceso judicial donde el accionante es parte esencial, tiene el deber procesal de adjuntar la prueba que respalda su denuncia, sin perjuicio claro está, de la facultad que tiene este Tribunal de solicitar la remisión de documentación, cuando así lo requiera y considere pertinente…” (las negrillas nos corresponden).
El accionante mediante esta acción tutelar denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, y a una “justicia pronta y sin dilaciones”; toda vez que, el Vocal demandado a través del Auto de Vista de 31 de marzo de 2023, resolvió revocar las medidas sustitutivas menos gravosas a la detención preventiva, dispuestas mediante Auto Interlocutorio de “20 de enero de 2023”; sin embargo, esta Resolución carece de fundamentación y motivación. Ahora bien, conforme se tiene en el apartado de Conclusiones de este fallo constitucional, el impetrante de tutela no adjuntó ninguna prueba al momento de formular la presente acción de defensa, cursando únicamente el memorial de esta acción tutelar, dejando de lado la obligación que tenía de presentar prueba de descargo, para así acreditar los supuestos actos lesivos que endilgan al Vocal demandado, en la emisión del Auto de Vista de 31 de marzo de 2023; más aún, tomando en cuenta que, a través de este mecanismo de defensa, pretende que se analice la fundamentación y motivación de dicha Resolución; para lo cual, a este Tribunal, le resulta imprescindible contar con la apelación incidental y el Auto de Vista cuestionado; pues solo con base en dichos actuados es posible verificar y contrastar los agravios que expuso el representante del Ministerio Público al momento de formular el recurso de impugnación y los fundamentos con los que fue resuelto y, si estos se constituyen o no en actos lesivos; por lo que, sin las aludidas piezas procesales no es posible efectuar el control tutelar, correspondiendo denegar la tutela solicitada sin ingresar al análisis de fondo, reiterando que la razón es la falta de prueba imprescindible que permita compulsar si existió la denunciada lesión de derechos, conforme a lo desglosado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de manera incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 4 de 5 de abril de 2023, cursante de fs. 13 vta. a 15 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia las Mujeres y Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de la problemática planteada y, en virtud del art. 28.II del Código Procesal Constitucional se mantiene los efectos de la decisión del Juez de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0796_2026-S2.pdf · páginas 1 a 6.
Huella digital del PDF (SHA-256): fcd598640e7401f7c9c082ed111da69f3b3c4f5651a23a5f3f48328f41c2f144
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