Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 10 de septiembre de 2024
Concede en parte la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación, congruencia, valoración razonable de la prueba y de los principios de seguridad jurídica y legalidad en sus sub principios de taxatividad y tipicidad; al trabajo, a la defensa, a la estabilidad laboral y la dignidad; puesto que el Fiscal General hoy accionado al momento de emitir la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PA-JS 08/2022 de 27 de octubre: a) No se fundamentó ni motivó la citada Resolución, omitiendo pronunciarse sobre el agravio del recurso jerárquico que argumentaba la aplicación incorrecta del ordenamiento jurídico en la Resolución Sumarial FGE/JS 073/22 de 19 de septiembre de 2022 y en la Resolución de Recurso de Revocatoria FGE/JS 010/22 de 5 de octubre de igual año, las los cuales llevaron a su destitución. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución de Sala Consitucional 041/2023 de 9 de junio, cursante de fs. 1059 a 1070 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, con relación a los derechos a la vida, al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación, congruencia, valoración razonable de la prueba y de los principios de seguridad jurídica y legalidad en sus sub principios de taxatividad y tipicidad; al trabajo, a la defensa y a la estabilidad laboral, de conformidad con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, disponiendo:
a) Dejar sin efecto la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PA-JS 08/2022 de 27 de octubre, debiendo emitirse una nueva resolución jerárquica que se encuentre debidamente fundamentada, motivada y congruente, de conformidad con lo expuesto en este fallo constitucional, sea en el plazo de setenta y dos horas computables a partir de la notificación a las partes con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
b) Ordenar la restitución del derecho a la estabilidad y al trabajo de Windsor Hernán Ortiz Bascope, vacaciones, sueldos, cómputo de antigüedad, aguinaldo, bono de té, entre otros, desde el día en el que fue ejecutada la destituión, debiendo restituírselo en el cargo hasta que su situación jurídica sea definida mediante la nueva resolución jerárquica. c) Llamar severamente la atención a Marco Antonio Justiniano Mejia y a Jesús Martinez Subirana, Vocales de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, ordenándoles a que en futuras resoluciones se enmarquen a lo establecido en la jurisprudencia constitucional, fundamentando y motivando debidamente sus resoluciones; advirtiéndoles que en caso contrario se remitirán antecedentes a la instancia disciplinaria correspondiente. 2° DENEGAR la tutela solicitada con relación a los derechos al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación y legalidad por incumplimiento de lo dispuesto por el art. 54.III del Reglamento Interno de Control de Personal del Ministerio Público; al derecho a la dignidad, y en cuanto a las solicitudes de: 1) Anular obrados hasta la emisión de un nuevo fallo de apertura de proceso administrativo; 2) Ordenar la emisión de un nuevo auto de apertura en sujeción al Reglamento de Incompatibilidades del Ministerio Público; y, 3) Resarcimiento de daños y perjuicios, conforme al art. 113.I de la Constitución Política del Estado, de conformidad con lo establecido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0796/2024-S3 Sucre, 10 de septiembre de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 56480-2023-113-AAC Departamento: Beni En revisión la Resolución de Sala Constitucional 041/2023 de 9 de junio, cursante de fs. 1059 a 1070 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Windsor Hernán Ortiz Bascope contra Fausto Juan Lanchipa Ponce, Fiscal General del Estado. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA I.1. Contenido de la demanda El accionante por memorial presentado el 19 de abril d 2023, cursante de fs. 398 a 437 vta., manifestó lo siguiente: I.1.1. Hechos que motivan la acción La Unidad de Recursos Humanos (RR.HH.) del Ministerio Público por Hoja de Ruta FGE 9938 de 10 de agosto de 2022, puso a conocimiento de René Daniel Arroyo Bustillos, Juez Sumariante de la citada entidad -ahora tercero interesado-, un informe de incompatibilidad entre su persona y Rosa Deborah Ortiz Torrico -hoy tercera interesada- al ser primos hermanos; por lo que esa autoridad lo sometió a un proceso administrativo-disciplinario interno en el que dictó la Resolución de Apertura de Proceso Administrativo Disciplinario Interno FGE/JS 065/22 de 16 de agosto de 2022, bajo dos supuestos fácticos: el primero, tener parentesco en cuarto grado de consanguineidad con la ahora tercera interesada; y el segundo, haber prestado Declaración Jurada de inexistencia de incompatibilidad a pesar de tener conocimiento de su concurrencia, atribuyéndole la vulneración de los arts. 232 y 235.2 de la Constitución Política del Estado (CPE); 21.4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP); 1 inc. h), 8 incs. b) y h), k) del Estatuto del Funcionario Público (EFP); 10 inc. a) del Reglamento de Incompatibilidades del Ministerio Público; y, 12 incs. a), c), i) y m), 14 y 54.I incs. g) y w) del Reglamento Interno de Control de Personal del Ministerio Público. A pesar de asumir defensa y demostrar que la Resolución de Apertura de Proceso Administrativo Disciplinario Interno FGE/JS 065/22 vulneró sus derechos y garantías, el Juez Sumariante ahora tercero interesado emitió la Resolución Sumarial FGE/JS 073/22 de 19 de septiembre de 2022, fundamentando que se demostró el cuarto grado de consanguineidad entre los sumariados -el accionante y la hoy tercera interesada-, ingresando en las causales de incompatibilidad para el ejercicio de la función fiscal; argumento carente de fundamentación al no efectuarse una correcta valoración de la prueba presentada, aplicando una errónea interpretación del Reglamento de Incompatibilidades del Ministerio Público; puesto que no ameritaba que se lo declare responsable y se le imponga la sanción de destitución por contrariar los arts. 232 y 235.2 de la CPE; 21.4 de la LOMP; 1 inc. h), 8 incs. b), h) y k) del EFP; 10 inc. a) del Reglamento de Incompatibilidades del Ministerio Público; y, 12 incs. a), c), i) y m), 14 y 54.I incs. g) y w) del Reglamento Interno de Control de Personal de esa entidad, dejando sin responsabilidad a la hoy tercera interesada, habiendo alegado el Juez Sumariante ahora tercero interesado que de lo referido por esta última y de las pruebas aportadas evidenció que la incompatibilidad fue originada cuando su persona ingresó en calidad de Fiscal de Materia al Ministerio Público, llenando las Declaraciones Juradas de incompatibilidad a sabiendas de esa situación, contrariando de esa manera la normativa administrativa de aquella institución. Asimismo, el citado Juez Sumariante alegó la inexistencia de vulneración de derechos y garantías, siendo que el afán de su persona -accionante- era dilatar el proceso administrativo-disciplinario, ya que los hechos se encuentran debidamente tipificados y guardan la correcta congruencia. Al mismo tiempo, dicha autoridad refirió la remisión de obrados ante la Fiscalía Departamental de Chuquisaca por presuntos hechos ilícitos. Mediante escrito presentado el 20 de septiembre de 2022, planteó recurso de revocatoria contra la Resolución Sumarial FGE/JS 073/22, exponiendo como agravios: a) La errónea y arbitraria interpretación de la norma y vulneración del principio de legalidad y taxatividad sancionadora disciplinaria; puesto que la Resolución de Apertura de Proceso Administrativo Disciplinario Interno FGE/JS 065/22 vulneró los principios de legalidad y taxatividad provocando un cauce paralelo entre el procedimiento por incompatibilidad y el disciplinario. Asimismo, si se afirmaba la presunta falsedad en las Declaraciones Juradas por incompatibilidad correspondía su remisión al régimen disciplinario, ya que la conducta se encuentra normada por el art. 120.9 de la LOMP, que al ser considerada una falta grave no merece destitución, confundiéndose el proceso por responsabilidad administrativa en la función pública y el de incompatibilidad. Estos procesos son de competencia de autoridades diferentes, aplicando dos reglamentos con distintos objetivos, a más de hacer valer la vía recursiva del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública sobre la del Reglamento de Incompatibilidades del Ministerio Público; b) La arbitraria fundamentación de la prueba, ya que las declaraciones juradas notariales del esposo y del padre de la ahora tercera interesada tienen la clara intención de favorecerla y no se constituyen en plena prueba por no ser sometidas a inmediación y contradicción, vulnerando su derecho a la defensa. Además, las comunicaciones de Whatsapp mantenidas con el esposo de la nombrada hoy tercera interesada emergieron dentro de una relación de servicios profesionales, lo que contraviene los arts. 4, 6 y 9.13 de la Ley del Ejercicio de la Abogacía (LEA). Finalmente, las conversaciones sostenidas mediante Facebook de felicitaciones de cumpleaños datan de antes del 2018, evidenciándose el contacto esporádico en el que no se hace ninguna referencia a las fuentes laborales de los sumariados, sin que el Juez Sumariante ahora tercero interesado haya fundamentado por qué incluyó prueba que vulnera la formalidad establecida por el art. 19 literal j de la Ley del Notariado Plurinacional (LNP); c) La omisión normativa e incongruencia omisiva, debido a que el citado Juez Sumariante al resolver la incompatibilidad no consideró los criterios de permanencia y continuidad determinados por el art. 38 inc. a) del Reglamento de Incompatibilidades del Ministerio Público que diferencia al Fiscal de Materia de carrera del eventual. Menos aquella autoridad indica alguno de los incisos de ese artículo en los que basó su determinación, más aun cuando la hoy tercera interesada incumplió el art. 39 de la LOMP, ya que se demostró que no fue admitida en ninguna de las convocatorias para el ingreso a la carrera fiscal. En ese orden, al no considerarse los criterios del art. 38 del señalado Reglamento se incurrió en una incongruencia omisiva, vulnerando el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y tutela judicial efectiva; y, d) La indebida interpretación de la legalidad ordinaria y errónea aplicación reglamentaria, en razón que el proceso aperturado por la presunta incompatibilidad debió ser administrativo y no disciplinario, en sujeción a la resolución de cesación de funciones o resolución de contrato previsto por el art. 42 del Reglamento Específico de Incompatibilidades, al margen de buscar que sea sancionado y destituirlo con responsabilidad funcionaria endilgándole la presunta comisión de ilícitos. En ese orden, el referido Juez Sumariante interpretó erróneamente dicho Reglamento y actuó sin competencia al sancionar principios sin la adecuación correspondiente. Esa autoridad también concluyó que su persona incumplió el Reglamento Interno de Control de Personal y el “inc. h)” del EFP; empero, esos preceptos no son aplicables a la incompatibilidad; puesto que alegan al ámbito laboral y al ejercicio de la acción penal pública, por consiguiente, el mencionado Juez Sumariante no podía utilizar por analogía lo prohibido por la taxatividad. Además, las obligaciones establecidas por el art. 12 del Reglamento Interno de Control de Personal del Ministerio Público no merecen sanciones confundiéndose con las prohibiciones determinadas por el art. 13 del mismo Reglamento. También, el Juez Sumariante ahora tercero interesado sin interpretar debidamente los alcances del nombrado Reglamento utiliza ampliamente su art. 54 para iniciar el proceso interno respecto a las Declaraciones Juradas. Sin embargo, los agravios expuestos precedentemente no fueron absueltos por el Juez Sumariante hoy tercero interesado conforme a la Norma Suprema, ya que mediante Resolución de Recurso de Revocatoria FGE/JS 010/22 de 5 de octubre de 2022 ratificó la Resolución Sumarial FGE/JS 073/22, ampliando arbitrariamente otras justificaciones para respaldar su Resolución de primera instancia. Por lo cual, el 17 de octubre de ese año, anhelando el control de legalidad y la correcta aplicación de la norma al caso concreto, planteó recurso jerárquico donde expuso los agravios ocasionados por la mencionada Resolución de Recurso de Revocatoria; no obstante, a través de la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PA-JS 08/2022 de 27 de octubre, se confirmó la referida Resolución de Recurso de Revocatoria; y por consiguiente, la señalada Resolución Sumarial. En ese sentido, se vulneraron sus derechos y garantías constitucionales, ya que no se respondió a todos y cada uno de los agravios planteados en el recurso jerárquico ni tampoco la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PA-JS 08/2022 indicó los motivos que lo llevaron a esa decisión, menos observó la valoración razonable de la prueba de descargo por parte del Juez Sumariante hoy tercero interesado, al contrario, confirmó una Resolución de Recurso de Revocatoria FGE/JS 010/22 arbitraria, ilógica, absurda e incongruente, evadiendo el Fiscal General hoy accionado pronunciarse clara y concisamente sobre lo reclamado por su parte, bajo la justificación de que en el proceso disciplinario actuó correctamente; aquello, sin reparar las omisiones indebidas del interior jerárquico ni efectuar el control de legalidad sobre la vulneración de derechos y garantías constitucionales. En cuanto a la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, derecho a la defensa, legalidad en sus sub principios de tipicidad y taxatividad por parte de la Resolución de Apertura de Proceso Administrativo Disciplinario Interno FGE/JS 065/22. La Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PA-JS 08/2022 no contiene la mínima fundamentación ni motivación en cuanto al agravio relativo a que tanto la Resolución Sumarial FGE/JS 073/22 como la Resolución de Recurso de Revocatoria FGE/JS 010/22 vulneraron el derecho al debido proceso en sus elementos del derecho a la defensa, fundamentación, motivación, congruencia, legalidad, tipicidad y taxatividad, seguridad jurídica y jerarquía normativa, por aplicación incorrecta del ordenamiento jurídico para procesarlo y sancionarlo con su destitución, ya que reclamó que el Juez Sumariante hoy tercero interesado a través de la Resolución de Apertura de Proceso Administrativo Disciplinario Interno FGE/JS 065/22 inició el proceso disciplinario en su contra por la presunta contravención de los arts. 232 y 235.2 de la CPE; 21.4 de la LOMP; 1 inc. h), 8 incs. b), h), k) del EFP; 10 inc. a) del Reglamento de Incompatibilidades del Ministerio Público; y, 12 incs. a), c), i), m), 14 y 54.I incs. g) y w) del Reglamento Interno de Control de Personal del Ministerio Público, sin considerar que esos artículos no se subsumen ni tipifican como falta la relación de parentesco y ni la presentación fraguada de la Declaración Jurada; aspecto que tampoco fue observado en la Resolución Sumarial FGE/JS 073/22 ni en la Resolución de Recurso de Revocatoria FGE/JS 010/22, lo que al ser omitido por la mencionada Resolución Jerárquica dejándolo en estado de indefensión absoluto, amerita disponer la nulidad de obrados hasta la nombrada Resolución de Apertura de Proceso Administrativo Disciplinario Interno, para que el Juez Sumariante hoy tercero interesado adecue de forma correcta con el ordenamiento jurídico que tipifica taxativamente como falta el hecho generador que se le atribuye, efectuando la subsunción provisional del hecho al derecho. Con relación a la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y legalidad en sus sub principios de tipicidad y taxatividad debido a la aplicación de un procedimiento incorrecto que no se encuentra acorde al hecho generador de la supuesta responsabilidad. Tanto en el recurso de revocatoria como en el jerárquico reclamó la errónea y arbitraria aplicación de la norma procedimental, y la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de legalidad y taxatividad, ya que el Juez Sumariante hoy tercero interesado aperturó el proceso administrativo-disciplinario aplicando el procedimiento por incompatibilidad y el disciplinario que son distintos, siendo que el primero debió ser resuelto bajo el Reglamento de Incompatibilidades del Ministerio Público, y el segundo, “…es consecuente por faltas cometidas en el ejercicio de la función pública, contrario al proceso interno” (sic), lo cual desnaturalizó las finalidades del proceso sumario transgrediendo la Ley Orgánica y los Reglamentos de Incompatibilidades e Interno de Control de Personal, todos del Ministerio Público. No obstante de lo anterior, las Resoluciones de Revocatoria FGE/JS 010/22 y Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PA-JS 08/2022 no repararon la errónea aplicación del procedimiento, siendo que la última utilizó argumentos confusos de los que no se llega a comprender la adecuación de la conducta y la aplicación del procedimiento por el que fue indebidamente procesado, ya que únicamente refirió que el art. 12 inc. m) del Reglamento Interno de Control de Personal del Ministerio Público no hace mención a la incompatibilidad sino al deber de todo funcionario de esa entidad a presentar la Declaración Jurada de incompatibilidades; empero, que de la Resolución de Apertura de Proceso Administrativo Disciplinario Interno FGE/JS 065/22, se advierte que ese aspecto se configura en parte del segundo hecho fáctico por el que fue iniciado el proceso administrativo disciplinario que trata de la presentación de la declaración de inexistencia de incompatibilidad por parte de su persona en conocimiento de su concurrencia; es decir, que no solo versaba sobre el hecho fáctico de incompatibilidad como tal, siendo distinta a los fundamentos de “esta” incompatibilidad; empero, coherente en la fundamentación de la obligación de todo funcionario público del señalado Ministerio Público de presentar su Declaración Jurada de incompatibilidades con los demás funcionarios de esa entidad. En cuanto a la falta grave establecida por el art. 120.9 de la LOMP, El Fiscal General hoy accionado alegó que al tenor del art. 117 y ss. de esa Ley, coligió que este establece una falta disciplinaria grave de jurisdicción del régimen disciplinario diferente a la del Juez Sumariante ahora tercero interesado, y en caso de probarse su adecuación, merece sanciones previstas por el art. 122.I.2 de la LOMP; empero, no se apertura el proceso por esa falta sino adecuada a la obligación determinada por el art. 12 inc. m) del Reglamento Interno de Control de Personal del Ministerio Público de competencia del mencionado Juez Sumariante de acuerdo a lo establecido desde la señalada Resolución de Apertura, quien no usurpó funciones de la Autoridad Sumariante; por lo que no se probó que exista una errónea o arbitraria interpretación de la norma ni vulneración de la legalidad y taxatividad. Con relación a la confusión de los procedimientos, el Fiscal General ahora accionado manifestó que su persona no citó normativa alguna al respecto, sino una simple conclusión de que se pretende la aplicación del Reglamento de Incompatibilidades del Ministerio Público y simultáneamente el de Régimen de Responsabilidad por la Función Pública, cuando con referencia al art. 14 de este último Reglamento se tiene a la norma general y específica con el requisito único de que sean contrarias unas de otras o estas a la Norma Suprema, siendo que su persona fue quien afirmó que el citado Reglamento de Incompatibilidades debe ser relacionado con el art. 16 inc. b) del Reglamento Interno de Control de Personal del Ministerio Público para establecer la cesación distinta a la destitución asumida en cumplimiento del art. 55 del mencionado Reglamento Interno concordante con el art. 29 de la LOMP, ya que otra sanción no hace desaparecer la incompatibilidad hallada y probada. Sobre la falta de respuesta respecto a cuál de los sumariados -el accionante y la hoy tercera interesada- debió ser destituido aplicando el art. 38 del Reglamento de Incompatibilidades, el Fiscal General ahora accionado indicó que la Resolución de Revocatoria FGE/JS 010/22 señaló que su persona desconoció la normativa por generar la incompatibilidad al llenar Declaraciones Juradas y documentación de inexistencia de incompatibilidad a sabiendas de la concurrencia de esa condición, contraviniendo la ética y pretendiendo hacer incurrir en error al Ministerio Público, con riesgo de que una determinación afecte la perspectiva de género. Entonces, revisado el art. 38 del Reglamento de Incompatibilidades del Ministerio Público, se evidencia que el agravio fue respondido con la debida fundamentación. Y finalmente, en cuanto a la prueba documental se dio cumplimiento al art. 38 inc. c) del citado Reglamento, sumado al hecho de que su persona provocó la incompatibilidad, debiendo aplicarse el enfoque de género en favor de la co-sumariada -hoy tercera interesada-. Respecto a los argumentos del Fiscal General ahora accionado, el art. 24 de la LOMP establece que la cesación en caso de incompatibilidad debe ser aplicada previa investigación sumaria conforme al Reglamento; por consiguiente, esa Ley prevé un procedimiento especial para el régimen de incompatibilidades, evidenciándose que el principio de reserva de ley no fue aplicado en el proceso administrativo; así, con relación al supuesto de relación de parentesco en cuarto grado como causal de incompatibilidad correspondía aplicar el Reglamento de Incompatibilidades del Ministerio Público en sus arts. 29 a 44, considerando que el art. 1 de ese Reglamento establece que tiene por objeto regular los aspectos referidos a las incompatibilidades, lo que es concordante con su art. 30 que prevé la forma de tramitación del proceso; empero, esta no fue aplicada, resultando contradictorio que la Resolución de Apertura de Proceso Administrativo Disciplinario Interno FGE/JS 065/22 inicie un proceso híbrido “administrativo-disciplinario” aplicando el Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, agravio que fue expresado en los recursos de revocatoria y jerárquico; empero, en última instancia el Fiscal General hoy accionado no se pronunció al respecto, ya que omitió explicar por qué no se aplicó el procedimiento específico del régimen de incompatibilidades dentro del Ministerio Público. En ese orden, debe considerarse que el art. 37 de esa norma es relevante, ya que prevé la posibilidad de que se declare probada o improbada la incompatibilidad; empero, no determina taxativamente que el Juez Sumariante ahora tercero interesado determine responsabilidad con sanción de destitución, como se hizo en la Resolución Sumarial FGE/JS 073/22. Acerca del supuesto fáctico respecto a la presentación de la Declaración Jurada de inexistencia de incompatibilidad a pesar de tener conocimiento de la misma, el Fiscal General hoy accionado y antes el Juez Sumariante ahora tercero interesado, se apartaron de las estipulaciones del Reglamento de Incompatibilidades del Ministerio Público aplicando el Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, ya que al momento de reclamar la aplicación del art. 120.9 de la LOMP, la autoridad fiscal hoy accionada señaló que la falta fue adecuada a la obligación prevista por el art. 12 inc. m) del Reglamento Interno de Control de Personal del Ministerio Público de competencia del citado Juez Sumariante de acuerdo al fundamento de las Resoluciones de Apertura de Proceso Administrativo Disciplinario Interno FGE/JS 065/22 y de Recurso de Revocatoria FGE/JS 010/22 como los arts. 28 y 29 de la Ley de Administración y Control Gubernamentales (LACG), 17 del EFP, 12 y ss. del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública y la Disposición Transitoria Quinta de la LOMP. Este argumento, resulta incongruente, porque ni en la Resolución Sumarial FGE/JS 073/22 ni en la referida Resolución de Revocatoria existe explicación fundamentada y motivada alguna de por qué se aplicaron esos artículos que regulan la responsabilidad por la función pública y no hechos emergentes de la relación de parentesco e incompatibilidad entre funcionarios públicos. De esa manera, se tiene que el Juez Sumariante hoy tercero interesado no debió adecuar el hecho al art. 12 inc. m) del Reglamento Interno de Control de Personal del Ministerio Público, ya que la Declaración Jurada de incompatibilidades fue presentada y se cumplió con esa obligación. Además, el art. 114 de la LOMP establece que el Fiscal es responsable de los resultados derivados de su desempeño, y también determina que la responsabilidad disciplinaria del Fiscal es independiente de las responsabilidades civil y penal. El art. 115 de la citada Ley indica que el régimen disciplinario se aplica a los Fiscales en caso de faltas graves y muy graves. El art. 116 de esa Ley reconoce que las autoridades disciplinarias del Ministerio Público en primera instancia son los sumariantes en cada departamento. El art. 117 del referido cuerpo legal prevé que la falta disciplinaria es toda acción u omisión en la que, en el ejercicio de sus funciones incurra un Fiscal, la cual esté prevista y sancionada en esa Ley. El art. 118 de esa norma clasifica las faltas disciplinarias en leves, graves y muy graves. Es en ese sentido que la presentación de declaraciones falsas de incompatibilidad se encuentra catalogada como una falta grave conforme al art. 120.9 de la mencionada Ley. Por consiguiente, al atribuírsele la presentación de una Declaración Jurada de incompatibilidades falsa, correspondía que el Juez Sumariante ahora tercero interesado lo remita al régimen disciplinario y no vulnerar el art. 54 inc. w) del Reglamento Interno de Control de Personal del Ministerio Público como se hizo en la Resolución de Apertura de Proceso Administrativo Disciplinario Interno FGE/JS 065/22, forzando su interpretación al aplicar lo dispuesto en la Ley de Administración y Control Gubernamentales, el Reglamento de Responsabilidad por la Función Pública y el Estatuto del Funcionario Público, sin fundamentar la razón por la cual no se efectuó una interpretación objetiva contenida en la Ley Orgánica del Ministerio Público, cuando las normas relativas a la responsabilidad por la función pública se aplica al mal desempeño de las labores del funcionario público por acción u omisión, de conformidad con el art. 13 del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública. El art. 3 del EFP encierra una cláusula de reserva de ley y de protección a la carrera fiscal, a la cual pertenece; es decir, que en virtud de los principios de taxatividad y legalidad solamente se pueden juzgar las conductas descritas en la vía disciplinaria para Fiscales contenidas en la Ley Orgánica del Ministerio Público. En ese sentido, la norma omitida incide directamente en el proceso iniciado y derivó en la forzada sanción de destitución; puesto que cualquier conducta que implique afirmaciones falsas en las Declaraciones Juradas de incompatibilidad deben procesarse en la vía disciplinaria comprendida en la Ley Orgánica del Ministerio Público, bajo tuición de la Autoridad Sumariante del Régimen Disciplinario y no por el Juez Sumariante con diferentes competencias. El Fiscal General ahora accionado debió ejercer el control de legalidad en sus elementos de tipicidad y taxatividad alegando como agravio respecto al segundo hecho fáctico, debiendo aplicar el art. 120.9 de la LOMP que merece la sanción contenida en el art. 122.I.2 de la misma Ley, que de ninguna manera prevé la destitución. Precepto que no fue considerado por el Juez Sumariante hoy tercero interesado ni el Fiscal General ahora accionado, quien aplicó de forma arbitraria la figura de destitución como si se hubiera aperturado un proceso donde se lo declare responsable por la comisión de una falta muy grave, consignándose ese aspecto en el Certificado de Antecedentes Disciplinarios “0058/2023”. En síntesis, el Juez Sumariante hoy tercero interesado y el Fiscal General hoy accionado incurrieron en una errónea y arbitraria aplicación de la norma procedimental que vulnera el derecho al debido proceso en su elemento de legalidad en su sub principio de taxatividad, ya que el primer hecho generador debió ser conocido y resuelto en el marco del Reglamento por Incompatibilidades del Ministerio Público; y con relación al segundo hecho generador, correspondía su conocimiento de acuerdo a lo dispuesto por el art. 115 de la LOMP, ya que se adecuaba a una falta grave; empero, el Fiscal General ahora accionado trató de justificar el abuso del Ministerio Público, validando la aplicación de lo dispuesto en la Ley de Administración y Control Gubernamentales, el Reglamento de Responsabilidad por la Función Pública y el Estatuto del Funcionario Público, sin fundamentar ni motivar las razones por las que no se aplicó el procedimiento previsto por los arts. “19” al 44 del Reglamento de Incompatibilidades del Ministerio Público para el procesamiento de la supuesta incompatibilidad, y tampoco el régimen disciplinario previsto en los arts. 114 y 115 de la LOMP, para el procesamiento ante la Autoridad Sumariante sobre la supuesta falsedad en declaraciones de incompatibilidad. Por lo tanto, esas irregularidades deben ser reparadas en la vía constitucional con la nulidad de obrados hasta la Resolución de Apertura del Proceso Administrativo Disciplinario Interno, incluso a efectos de la aplicación del procedimiento previsto en la Ley Orgánica y en el Reglamento por Incompatibilidades, ambos del Ministerio Público. Acerca de la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de congruencia, fundamentación, motivación y legalidad en sus sub principios de tipicidad y taxatividad por imponerse la sanción de destitución no establecida en la norma que se ajusta al hecho generador de la presunta falta En los recursos de revocatoria y jerárquico acusó la errónea aplicación e interpretación de los arts. 12 inc. m), 13 y 16 inc. b) del Reglamento Interno de Control de Personal del Ministerio Público, en virtud a que el art. 12 inc. m) de dicho Reglamento no regula de forma taxativa que se pueda iniciar un proceso disciplinario por la existencia o no de incompatibilidad sino la obligación de los funcionarios de presentar la Declaración Jurada por incompatibilidades; aspectos distintos el uno del otro. En la presente causa, la Declaración Jurada fue presentada el 1 de octubre de 2021, resultando que la presentación y el contenido de la misma son distintos, efectuándose una motivación incorrecta por parte del Fiscal General hoy accionado que indicó que el citado precepto no hace mención a la incompatibilidad sino a la obligación que tiene todo funcionario público del Ministerio Público de presentar su Declaración Jurada de incompatibilidades; alegato que resulta incongruente con la Resolución Sumarial FGE/JS 073/22 y la Resolución de Recurso de Revocatoria FGE/JS 10/22 emitidas por el Juez Sumariante ahora tercero interesado que establecieron la vulneración del art. 12 inc. m) con relación a las prohibiciones previstas por el art. 13, ambos del Reglamento Interno de Control de Personal del Ministerio Público; sin embargo, en ningún artículo ese Reglamento dispone taxativamente que el incumplimiento de obligaciones merece sanciones, siendo opuesto a lo determinado en las prohibiciones previstas por el art. 13 de aquel Reglamento. Al mismo tiempo, el mencionado Fiscal General incurrió en incongruencia citra petita al no pronunciarse sobre la aplicación errónea del art. 12 del señalado Reglamento en sus incs. c) e i), denunciada en el recurso jerárquico. Complementariamente, la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PA-JS 08/2022 alegó que se aplicó la sanción de destitución contenida en el art. 16 inc. e) del Reglamento Interno de Control de Personal del Ministerio Público resultado del proceso interno establecido por el art. 55 de ese Reglamento. Este argumento, se constituye en una forzada justificación al no aplicar lo establecido por el art. 16 inc. b) del señalado Reglamento que dispone que la cesación no es una sanción sino una consecuencia del impedimento legal, cuando por jerarquía normativa únicamente podía aplicarse el art. “120.2” -lo correcto es 122.I.2- de la LOMP que es de aplicación preferente sobre el nombrado Reglamento. Entonces, se evidencia que el Fiscal General hoy accionado aun conociendo que no correspondía dicha figura bajo el principio de taxatividad y tampoco sanción alguna por no constituirse en una falta disciplinaria, decidió ratificar su destitución. Por consiguiente, la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PA-JS 08/2022 vulneró su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación al sobreponer la figura de destitución respecto a la de cesación de funciones, realizando una errada interpretación del Reglamento de Incompatibilidades inobservando los principios de legalidad, taxatividad y seguridad jurídica. De esa manera, sin aplicar el Reglamento de Incompatibilidades del Ministerio Público lo destituyeron basados en la existencia de una incompatibilidad; por lo que existe incongruencia interna. En respuesta al tercer agravio, la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PA-JS 08/2022 se limitó a argumentar que la interpretación del art. 12 del Reglamento Interno de Control de Personal del Ministerio Público es clara, ya que hace mención a la obligación de los funcionarios públicos de proporcionar información fidedigna a requerimiento, como la presentación de la Declaración Jurada de incompatibilidades que no debe alejarse de los arts. 232 y 235 de la CPE concordante con el art. 8 incs. b) y h) del EFP que disponen principios, deberes y obligaciones de sometimiento a la norma nacional e institucional, bajo pena de ser sancionados incluso con la destitución. Ese argumento, no se encuentra debidamente fundamentado ni motivado ni resulta ser congruente, ya que si bien los incs. c) y e) del art. 12 del citado Reglamento guardan relación con los mencionados artículos de la Norma Suprema en reciprocidad con los deberes establecidos en el señalado precepto del Estatuto del Funcionario Público; sin embargo, estas normas no hacen referencia a la incompatibilidad sino a labores o tareas dentro del ámbito laboral; por consiguiente, el art. 12 del Reglamento Interno de Control de Personal del Ministerio Público no resulta aplicable. El aspecto anteriormente descrito fue incluso reclamado al momento de observar la Resolución de Apertura de Proceso Administrativo Disciplinario Interno FGE/JS 65/22 porque los principios supuestamente vulnerados no merecen ninguna sanción ni se adecuan de manera taxativa a una causal de destitución como erradamente alegó el Fiscal General hoy accionado que pretende la aplicación de aquella norma mediante la analogía. Ese extremo fue señalado como agravio en los recursos de revocatoria y jerárquico, sin obtener una respuesta motivada, cuando correspondía que la citada autoridad fiscal considere la jerarquía normativa y el principio de especificidad en cuanto a la adecuación de “…falsedad de declaraciones de incompatibilidad…” (sic) al tipo disciplinario, más aún cuando la Ley Orgánica es de aplicación preferente sobre el Reglamento Interno de Control de Personal, ambos del Ministerio Público, siendo que esta última norma en sus arts. 117, 120.9 y 122 adecua taxativamente las conductas a faltas disciplinarias, bajo el principio de legalidad y certeza, aspecto que no fue considerado por el Fiscal General ahora accionado que refirió respecto al art. 120.9 de la LOMP que este precepto no prevé la falta por la cual se aperturó el proceso si no que la causa se adecua a la obligación prevista por el art. 12 inc. m) del Reglamento Interno de Control de Personal del Ministerio Público cuyo conocimiento es de competencia del Juez Sumariante de esa entidad, de conformidad con lo establecido en las Resoluciones de Recurso de Revocatoria FGE/JS 010/22 y Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PA-JS 08/2022, como son los arts. 28 y 29 de la LACG, 17 del EFP, y 12 y ss. del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública modificado por el Decreto Supremo (DS) 26237 de 29 de junio de 2001 y la Disposición Transitoria Quinta de la LOMP. En ese orden, no se explicó el motivo por el que se aplica el Reglamento Interno de Control de Personal del Ministerio Público sobre esta última Ley ni como su conducta se adecuó a la obligación contenida por el art. 12 inc. m) de dicho Reglamento sobre la taxatividad sustantiva y correcta subsunción al art. 120.9 de la LOMP. De esa manera, resulta necesario bajo el principio certeza conocer cuál es el criterio jurídico-intelectivo para determinar la aplicación de un reglamento con principios generales y desechar los preceptos taxativos de una ley, resultando escueto y contradictorio el argumento del Fiscal General ahora accionado de que por respeto a la jurisdicción disciplinaria no se abre el proceso por falta grave; decisión que recae en una indebida interpretación de la legalidad ordinaria y errónea aplicación reglamentaria. Respecto a la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de congruencia, fundamentación, motivación y defensa al introducirse hechos generadores que no fueron atribuidos al inicio del proceso En lo relativo al segundo supuesto fáctico; es decir, la presunta falsedad en declaraciones de incompatibilidad, la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PA-JS 08/2022 no consideró que en la Resolución de Apertura de Proceso Administrativo Disciplinario Interno FGE/JS 65/22 se inició el proceso respecto a la Declaración Jurada de 3 de octubre de 2021; no obstante, en la Resolución Sumarial FGE/JS 073/22 se adicionó el hecho de que su persona hubiera declarado en tres oportunidades en el formulario de incompatibilidad; por lo que, existe incongruencia omisiva que provoca indefensión material y vulnera la garantía de intimación, por aperturar el proceso por una Declaración Jurada Específica y sancionarlo por tres hechos diferentes. Al mismo tiempo, en la Resolución de Recurso de Revocatoria FGE/JS 010/22 se añadió que se ocasionó un perjuicio al Ministerio Público al suscribir Declaraciones Juradas, sin considerar que el proceso fue abierto en razón de la Declaración Jurada de 3 de octubre de 2021. Asimismo, en esa Resolución se añadió que ocupó un espacio de formación que no le pertenecía, habiendo suscrito un contrato administrativo para el ingreso a la carrera fiscal, lo que contravino los principios y valores que forman parte de un perfil para un funcionario público. Hechos nuevos respecto a los que no pudo asumir defensa. Por su parte, la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PA-JS 08/2022 refirió que no existía incompatibilidad sino desde el 1 de octubre de 2021 cuando su persona ingresó en la carrera fiscal, existiendo incongruencia interna, ya que las Resoluciones sumariales lo responsabilizaron por tres Declaraciones Juradas que no podrían ser anteriores a la señalada fecha; por lo que la imprecisión en las fechas de la comisión de las supuestas contravenciones resultan ser relevantes respecto a la fecha en la que ingresó en la carrera fiscal en contraposición al contenido en la Resolución de Apertura de Proceso Administrativo Disciplinario Interno FGE/JS 65/22; empero, la citada Resolución Jerárquica no consideró ese extremo a pesar de su reclamo, limitando su argumentación a dos aspectos: el primero, el alcance del art. 12 inc. m) del Reglamento Interno de Control de Personal del Ministerio Público, y el segundo, que alude a su procesamiento por haber prestado Declaraciones Juradas de incompatibilidad cuando tenía el conocimiento de su concurrencia, citando para ello el contenido de la Resolución de Recurso de Revocatoria FGE/JS 10/22. Esta fundamentación expuesta por el Fiscal General hoy accionado en la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PA-JS 08/2022, agravó su estado de indefensión al no resolver el primer agravio en el fondo. Por consiguiente, se evidencia que en primer y segunda instancia se vulneró el derecho al debido proceso en su elemento del principio de legalidad y sus subprincipios de tipicidad y taxatividad al interpretar y aplicar arbitraria y erróneamente los arts. 12 inc. m), 13 y 16 incs. b) y “e)” del Reglamento Interno de Control de Personal del Ministerio Público. En cuanto a la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación, congruencia y legalidad por la interpretación arbitraria del art. 38 del Reglamento de Incompatibilidades del Ministerio Público La Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PA-JS 08/2022 respecto a la exigencia de aplicabilidad del art. 38 inc. a) del Reglamento de Incompatibilidades del Ministerio Público, alegó que el Juez Sumariante hoy tercero interesado aplicó el inc. c) de ese artículo en concordancia con los estándares jurisprudenciales y el enfoque de género, lo que no se constituye en omisión normativa o incongruencia omisiva, ya que no puede obligarse solo a la aplicación del inc. a) del citado precepto en lo referente a los funcionarios de carrera, cuando el mismo artículo en su inc. c) da la posibilidad de que la antigüedad también sea considerada como criterio para resolver el caso de incompatibilidad. Ese argumento resulta arbitrario; puesto que, el inciso c) del art. 38 del indicado Reglamento recién fue introducido en la misma Resolución Jerárquica, a pesar de reclamarse su aplicación durante la tramitación del proceso y sus distintas instancias. Además, se planteó como agravio la errónea interpretación del mencionado artículo, ya que no fue considerado como Fiscal de Materia de carrera para aplicar el inc. a) de aquel artículo que establece respecto a los funcionarios de carrera la prioridad que estos tienen para la permanencia en el cargo. Esa norma no fue respetada ni por el Juez Sumariante hoy tercero interesado ni por el Fiscal General ahora accionado, quien aplicó únicamente el inc. c) del mismo Reglamento referente a la antigüedad, sin considerar que la sola determinación de existencia de incompatibilidad no implica que el funcionario público deba ser cesado ni mucho menos destituido sino que el Ministerio Público debe ponderar los criterios contenidos en el art. 38 del Reglamento de Incompatibilidades de esa entidad, debiendo el citado Fiscal General explicar motivada, razonada y lógicamente cuál el motivo de no aplicar la prioridad inmersa en el inc. a) de dicho artículo, por cuanto, únicamente en defecto de la prerrogativa acerca de la prioridad de permanencia de los Fiscales de Materia institucionalizados, se podrían aplicar otros criterios subsidiarios; ya que, de otra manera no tendría sentido la prioridad determinada. Además, con relación al criterio de antigüedad previsto por el inc. c) del mencionado artículo debió ponderarse la antigüedad de funciones en el cargo; es decir, de Fiscal de Materia, resultando que la hoy tercera interesada fue designada recién el 10 de marzo de 2021, en cambio su persona desempeñó tal función del 22 de febrero de 2019 al 4 de abril de 2021, y de 1 a 27 de octubre de igual año. Considerando lo anterior y en el marco de lo previsto por el art. 25.V de la LOMP, tiene más antigüedad en el cargo de Fiscal de Materia que la co-sumariada -hoy tercera interesada-, incluso tiene prioridad al formar parte de la carrera fiscal y no como en el caso de la nombrada hoy tercera interesada que fue designada de manera provisoria. Para reforzar lo anteriormente expuesto, el art. 43 del Reglamento de Incompatibilidades del Ministerio Público dispone que el personal eventual puede presentar su renuncia voluntaria en caso de incompatibilidad, sin hacer mención alguna a que el Fiscal de Materia de carrera o institucionalizado tenga que renunciar; puesto que tiene según el art. 38 inc. a) del mismo Reglamento, prioridad de permanencia en el cargo ante los casos de incompatibilidad. Más aun, el Fiscal General hoy accionado, incluye en su argumentación que se aplicó la perspectiva de género, sin analizar el caso concreto desde el test de igualdad contenido en la “SCP 0500/2021-S1”, resultando que el art. 38 de ese Reglamento no contiene alguna disposición con sesgo de género, sexista o que pueda interpretarse como la denegación de los derechos de la hoy tercera interesada por el hecho de ser mujer, o que a él se le otorguen más derechos por ser hombre, convirtiéndose el alegato del referido Fiscal General en una fundamentación arbitraria por falta de razón suficiente. En ese contexto, la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PA-JS 08/2022 incurre en ausencia de fundamentación, motivación y congruencia con relación a la interpretación arbitraria del art. 38 del señalado Reglamento, al margen de no observar los principios de legalidad, taxatividad y seguridad jurídica, adicionando el criterio de responsabilidad de quien generó la incompatibilidad, cuando este no se encuentra bajo los parámetros normativos del indicado Reglamento como norma específica para el tratamiento de las citadas incompatibilidades. La Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PA-JS 08/2022 también resulta ser inmotivada e incongruente el aseverar que fue procesado bajo la competencia del Juez Sumariante ahora tercero interesado, para que luego la sanción de destitución emergente del proceso por incompatibilidad en el ámbito administrativo interno surta efectos dentro de la competencia del régimen disciplinario, ya que se registra antecedentes disciplinarios que fueron refrendados por la Dirección del Régimen Disciplinario y Transparencia Institucional en aplicación del art. 79 del Reglamento de Régimen Disciplinario del Ministerio Público, debiendo denotarse la incoherencia entre lo indicado por el Fiscal General hoy accionado y los efectos de su fallo; puesto que se aplica el Reglamento de Régimen Disciplinario en la jurisdicción de Juez Sumariante conforme se acredita de los antecedentes disciplinarios “0058/2023”, señalándose su destitución definitiva, lo que no concuerda con el art. 122 de la LOMP, forzándose a conveniencia los entendimientos normativos por analogía, resultando evidente que no se quiso aplicar la norma taxativa en cuanto a la adecuación del tipo con efectos gravosos como el registro de antecedentes en la jurisdicción disciplinaria. Acerca de la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación y legalidad por incumplimiento a lo dispuesto en el art. 54.III del Reglamento Interno de Control de Personal del Ministerio Público Acerca de la denunciada remisión de antecedentes a la Fiscalía Departamental de Chuquisaca determinada por el Juez Sumariante hoy tercero interesado por la existencia de supuestos ilícitos sin identificar qué delito fue cometido, el Fiscal General ahora accionado indicó que dicho cuestionamiento debía ser planteado ante la jurisdicción penal en lo que respecta al cumplimiento de lo dispuesto en el art. 285 del Código de Procedimiento Penal (CPP) al momento de efectivizarse la disposición del Juez Sumariante en observancia del art. 286 inc. 1) de la misma norma; debido a que, la determinación de esa autoridad no se encontraba ejecutoriada; por lo que no se podría observar un hecho futuro e incierto como la remisión de copias al Fiscal Departamental y la “imaginaria” indefensión absoluta, ya que aquella determinación no hace que su persona sea culpable ni pasible de sanción penal alguna sino que podrá asumir en esa instancia su defensa libre e irrestricta si el caso fuere aperturado. En ese sentido, el referido Fiscal General no consideró el contenido del art. 54.III del Reglamento Interno de Control de Personal del Ministerio Público, advirtiéndose que no es competencia del Juez Sumariante disponer la remisión de antecedentes al Ministerio Público para que se inicie un proceso penal, al contrario, debió emitir un informe dirigido a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) para imprimir el trámite previsto en dicho artículo y no remitir los antecedente directamente sin describir el hecho, el tipo penal o su adecuación. La indicada vulneración del citado artículo fue denunciada como agravio en el recurso jerárquico; empero, no mereció una respuesta clara y motivada en la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PA-JS 08/2022 degenerando en una fundamentación y motivación insuficiente con relevancia constitucional porque toda resolución debe contener las explicaciones necesarias, lesionando asimismo el principio de legalidad, porque en su contenido no explicó por qué el Juez Sumariante ahora tercero interesado puede apartarse de la legalidad formal y no dar cumplimiento a lo dispuesto por el art. 54.III del Reglamento Interno de Control de Personal del Ministerio Público. Con relación a la vulneración del debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación en la valoración razonable de la prueba La Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PA-JS 08/2022 no observó ni aplicó la jurisprudencia constitucional establecida en la SCP 0168/2019-S4 de 25 de abril, porque al resolver el recurso jerárquico contra la Resolución de Revocatoria FGE/JS 010/22 que a su vez ratificó la Resolución Sumarial FGE/JS 073/22, valoró de forma arbitraria e irrazonable las pruebas de cargo y descargo. Debe considerarse que la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PA-JS 08/2022 al responder el segundo agravio expuesto en su recurso jerárquico manifestó que con relación a la prueba de “fs. 121 a 122” consistente en la impresión del extracto de conversación de la red social de Facebook “‘Tu y Chinito OB’”, se evidenció que su persona y la hoy tercera interesada intercambiaron felicitaciones de cumpleaños en las gestiones 2010, 2011, 2013, 2015 y 2017, afirmando que esos documentos serían ajenos al objeto de la Ley del Notariado Plurinacional, resultando inaplicable respecto a su art. 19 literal j, ya que si bien se refieren a documental generada por medios electrónicos, el art. 59 de aquella Ley da a entender que comprendería actos y hechos jurídicos, y no impresiones con felicitaciones por cumpleaños, que no revisten mayor formalidad conforme al principio de verdad material, tomando en cuenta que no vulnerar los derechos ni garantías constitucionales de su persona. Asimismo, en cuanto a las declaraciones del esposo de la hoy tercera interesada que contravienen el secreto profesional establecido en los arts. 4.6 y 9.13 de la LEA, el Fiscal General hoy accionado refirió que ese aspecto debería ser sancionado en el marco de la citada Ley, al margen de que aquel no fue su abogado sino un asesor familiar de confianza, lo que confirmaba el trato familiar y de confianza existente con la familia de la ahora tercera interesada. Además, el citado Fiscal General resaltó que el proceso disciplinario no fue iniciado por inobservancia a los requisitos previos de ingreso a la Escuela de Fiscales que si bien fueron señalados en las Resoluciones Sumarial FGE/JS 073/22 y de Recurso de Revocatoria FGE/JS 010/22; sin embargo, se debe únicamente a efectos de una debida fundamentación y motivación en cuanto a lo alegado por las partes y de la prueba cursante en obrados. Hecho que según el Fiscal General ahora accionado no fue sancionado ni en la declaración de incompatibilidad ni en la incompatibilidad propiamente dicha; por consiguiente, alegó que no supone indefensión alguna, según lo previsto por el art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). No obstante de las alegaciones del Fiscal General hoy accionado, no se absolvió el reclamo expuesto en su recurso jerárquico con relación a la vulneración del principio lógico de razón suficiente por derivación razonada de la prueba; puesto que las conversaciones extraídas de las redes sociales debieron pasar por una actuación notarial para formalizar su obtención legal; empero, el mencionado Fiscal General refiere de manera insuficiente que esa documental no fue obtenida a través de la vulneración de derechos y garantías constitucionales, cuando en cambio estas conversaciones emergentes de medios electrónicos se constituyen en comunicaciones privadas; por consiguiente, sujetas a la garantía establecida por el art. 25.I y IV de la CPE, siendo que esa prueba debió ser observada de oficio por parte del mencionado Fiscal General, de acuerdo al “art. 255” de la Norma Suprema, resultando arbitrario el fundamento de esta autoridad carente de fundamentación y motivación, efectuando una incorrecta interpretación del art. 19 literal j. de la LNP y 25 de la CPE, inobservando, por no dar cumplimiento a esos artículos, los principios de legalidad, taxatividad y seguridad jurídica. En consecuencia, esa documentación no debió aceptarse como prueba sin el permiso de los involucrados o una autorización judicial; es decir, no debieron ser aceptadas o valoradas por más que el Fiscal General hoy accionado se refiera al principio de verdad material, ya que ello no implica vulnerar derechos y garantías; es decir, que un principio no puede anteponerse a un derecho y tampoco a una garantía constitucional, como es el derecho al secreto de las comunicaciones privadas. Aspecto que no fue considerado por el citado Fiscal General, quien hizo prevalecer la prueba obtenida ilegalmente bajo el principio de verdad material. Asimismo, su persona cuestionó las fechas de las conversaciones indicando que después del 2018 no existe ninguna comunicación posterior con la hoy tercera interesada, quien asumió el cargo de Fiscal de Materia III recién el 10 de marzo de 2021 y a la que hubiera felicitado en su onomástico únicamente el 2017 y 2018, cuando aún su persona no había ingresado al Ministerio Público y mucho antes que aquella asumiera el señalado cargo. Denuncia que en instancia de recurso de revocatoria no fue atendida y menos respondida en la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PA-JS 08/2022, a pesar de que el Juez Sumariante ahora tercero interesado vagamente infirió de aquellas comunicaciones, que su persona conocía el cargo de la nombrada ahora tercera interesada, cuando al contrario se denota de su contenido que no existe ningún dato sobre ese aspecto. De aquello, se aprecia que el Fiscal General hoy accionado vulneró el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración razonable, por incurrir en una incongruencia omisiva, una motivación arbitraria por insuficiente argumentación sobre las señaladas pruebas. En cuanto a las declaraciones del esposo de la co-sumariada -ahora tercera interesada-, el Fiscal General hoy accionado las valoró de forma parcializada y refirió que estas que emergen del ejercicio de la abogacía y que no le corresponde calificar faltas de ética profesional, evadiendo ingresar al fondo de la denuncia; empero, contradictoriamente valoró esa prueba indicando que de conformidad a lo expuesto por la ahora tercera interesada su esposo no hubiera sido su abogado sino un asesor en el ámbito familiar y de confianza. Esa afirmación no condice con los antecedentes aparejados como prueba por la misma co-sumariada -hoy tercera interesada- quien señaló que su esposo en condición de abogado asumió el patrocinio legal de algunos procesos iniciados a su tío, adjuntando el portafolio digital del caso signado con el número 301102082100143. En consecuencia, se evidencia que el esposo de la nombrada era abogado de su padre; sin embargo, el Fiscal General ahora accionado afirmó que este último fue un asesor familiar, lo que no es evidente, por lo que “‘a confesión de parte relevo de prueba’” (sic); adagio forense aplicable en la Declaración Jurada del mencionado abogado que indicó que asumió patrocinio legal en una etapa preliminar de la investigación. Por lo tanto, la mencionado autoridad fiscal incurrió en una incongruencia aditiva respecto a los antecedentes del proceso al referir que el esposo de la hoy tercera interesada fue una especie de asesor familiar, lo cual se contrapone a las declaraciones de la parte contraria; por lo que, se advierte una valoración arbitraria, discrecional y parcializada de la prueba de “descargo”, lo que vulnera el principio de igualdad, el derecho a un juez imparcial, la “omisión” e “incongruencia” valorativa de la prueba. La incorrecta valoración de la prueba resulta relevante constitucionalmente, porque incide como otro elemento utilizado para alegar que su persona conocería que la ahora tercera interesada era Fiscal de Materia, más aún cuando se validó prueba indirecta siendo insuficiente la declaración de la mencionada co-sumariada -hoy tercera interesada-, de su esposo y de su padre, quienes demostraron su intención de favorecerla. Por consiguiente, se demuestra que el Juez Sumariante hoy tercero interesado y el Fiscal General ahora accionado arbitrariamente omitieron valorar de forma razonable la prueba, vulnerando su derecho al debido proceso en su elemento de valoración razonable de la prueba, que debe ser reparada con la nulidad de obrados del proceso administrativo. Respecto a la vulneración de los derechos a la vida, al trabajo, a la estabilidad laboral y a la dignidad El Fiscal General hoy accionado al momento de emitir la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PA-JS 08/2022, no observó la jurisprudencia desarrollada en la SCP 0353/2014 de 21 de febrero, habiendo ratificado los fallos dictados por el Juez Sumariante, sin considerar que los artículos por los que se inició el proceso no tipifican como faltas merecedoras de sanción ni la relación de parentesco ni la presentación falsa de una Declaración Jurada, menos se subsumieron los hechos a la supuesta norma transgredida de manera provisional, como exige la SCP 0417/2018-S2 de 14 de agosto, lo que generó su destitución a través de la Resolución Sumarial FGE/JS 073/22, privándolo de su fuente laboral. Asimismo, fue procesado bajo la aplicación errónea del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, cuando bajo los principios de especificidad y taxatividad correspondía aplicar los arts. 29 a 44 del Reglamento de Incompatibilidades del Ministerio Público, y 114 a 115 de la LOMP, por consiguiente, al ser destituido por no emplear la norma correcta se vulneraron sus derechos alegados. Lo mismo pasa respecto a la interpretación errónea y arbitraria de los arts. 12 incs. c), e) y m), 13 y 16 inc. e) del Reglamento Interno de Control de Personal de esa entidad, siendo que estos preceptos no se subsumen al hecho generador de la supuesta responsabilidad, ni su incumplimiento genera alguna sanción; en ese sentido, debieron aplicarse los arts. 120.9 y 122 de la LOMP, bajo los principios de taxatividad y legalidad, por lo que al no emplearse la normativa correcta para destituirlo, se lesionaron sus derechos a la vida, al trabajo, a la estabilidad laboral y a la dignidad. El Fiscal General ahora accionado lo dejó en estado de indefensión absoluta frente a los hechos generadores de responsabilidad incluidos recién en la Resolución Sumarial FGE/JS 073/22; por consiguiente, fue privado de su fuente laboral por hechos no atribuidos en la Resolución de Apertura de Proceso Administrativo Disciplinario Interno FGE/JS 65/22. Además, la autoridad fiscal hoy accionada no consideró que la sanción de destitución no se ajusta a lo previsto por los arts. 37 y 42 del Reglamento de Incompatibilidades del Ministerio Público, ya que la forma de ejecución del fallo que prueba la incompatibilidad es la emisión del memorando de cesación de funciones o rescisión de contrato, y no así de destitución, el cual no se enmarca en la norma específica para el tratamiento de la incompatibilidad; dejándolo de esa manera sin su fuente laboral. El Fiscal General ahora accionado no consideró que la sanción de destitución impuesta a su persona no se ajusta al criterio contenido en el art. 38 inc. a) del Reglamento de Incompatibilidades del Ministerio Público; por consiguiente, al no aplicarse ese precepto se determinó aquella sanción, vulnerando los derechos antes alegados al dejarlo sin su fuente laboral, de manera arbitraria. La autoridad fiscal hoy accionada no valoró razonablemente la prueba aparejada al proceso administrativo-disciplinario por la hoy tercera interesada, la cual no cumple con las formalidades establecidas por ley, lo que provocó que con base a esa prueba sea destituido privándolo de su fuente laboral; irregularidades que vulneraron sus derechos, privándolo de su fuente laboral que le generaba recursos económicos para sustentar su salud, alimentación y vivienda. I.1.2. Derechos, garantía y principios supuestamente vulnerados El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación, congruencia, valoración razonable de la prueba y de los principios de seguridad jurídica y legalidad en sus sub principios de taxatividad y tipicidad; al trabajo, a la defensa, a la estabilidad laboral y la dignidad; citando al efecto los arts. 8.II. 9.2,15.I, 21.2, 22, 46.I, 48.I,II,III y IV, 49.II y III, 115, 116.I, 117.I y II,119.II, 120.II y 232 de la CPE; y, 8 de la CADH. I.1.3. Petitorio Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga: 1) Dejar sin efecto la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PA-JS 08/2022 de 27 de octubre y se anule obrados hasta la emisión de un nueva resolución de apertura de proceso administrativo; puesto que la Resolución de Apertura de Proceso Administrativo Disciplinario Interno FGE/JS 065/22 de 16 de agosto de 2022 efectuó una errónea interpretación reglamentaria que vulneró los principios de taxatividad y legalidad respecto de la adecuación del hecho al tipo; 2) Se emita en la brevedad posible un nuevo auto de apertura en sujeción al Reglamento de Incompatibilidades del Ministerio Público que dé cumplimiento a las normas citadas y a la “doctrina” expuesta, disponiendo en el fondo que se reconduzca el proceso seguido en su contra; 3) Se restituyan los derechos que fueron restringidos como el derecho al trabajo, vacaciones, sueldos, cómputo de antigüedad, aguinaldo, bono de té, entre otros, desde el día en el que fue destituido; y, 4) El resarcimiento de daños y perjuicios, conforme al art. 113.I de la CPE. Asimismo, como medidas cautelares pidió que se dejen sin efecto el registro de antecedentes disciplinarios emergentes del proceso que le fue iniciado, debiendo para ello emitirse el respectivo oficio ante el Régimen Disciplinario del Ministerio Público y Contraloría General del Estado. Además, requirió la suspensión inmediata del proceso penal que emerja de la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PA-JS 08/2022, para lo cual deberá expedirse un oficio al Fiscal Departamental de Chuquisaca para que los Fiscales de Materia asignados detengan toda acción investigativa o procesal e informarse al juez de control jurisdiccional para tener en suspenso el proceso que se hubiera iniciado. Finalmente, solicita la suspensión de cualquier proceso civil o coactivo fiscal en cuanto a reembolsos pecuniarios emergentes de su destitución, propiamente los efectos del Contrato “FGE/JLP 40/2021” que determina su institucionalización, correspondiendo la restitución monetaria. I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional Celebrada la audiencia virtual el 1 de febrero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 1036 a 1058 vta., se produjeron los siguientes actuados: I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción El accionante a través de sus abogados ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional. I.2.2. Informe de la autoridad accionada Fausto Juan Lanchipa Ponce, Fiscal General del Estado, a través de sus representantes legales mediante informe presentado el 16 de mayo de 2023, cursante de fs. 1008 a 1012 vta., manifestó que: i) Con relación a la denuncia de errónea interpretación de la norma y la vulneración de la legalidad y taxatividad, al aplicarse de manera híbrida el Régimen de Responsabilidad por la Función Pública y el Reglamento de Incompatibilidades del Ministerio Público. El accionante es primo hermano de la co-sumariada -hoy tercera interesada-siendo esta una causal de incompatibilidad bajo lo previsto por el art. 21.4 de la LOMP. En ese orden, el art. 24.I.2 de esa Ley determina la cesación y destitución de las o los Fiscales por incurrir, entre otros, en incompatibilidad prevista en la Norma Suprema. Este artículo en su última parte señala que la cesación será automática en los casos previstos en sus numerales 3 a 9, y en los demás casos -de incompatibilidad- dicha cesación será impuesta previa investigación sumaria conforme al Reglamento. Por su parte, el Reglamento de Incompatibilidades del Ministerio Público tiene por objeto regular aspectos referidos a incompatibilidades -entre otros-. Esta norma en su art. 10 inc. a) prevé como un tipo de incompatibilidad el vínculo de consanguineidad hasta el cuarto grado, siendo las autoridades competentes para determinar las incompatibilidades el Juez Sumariante y el Fiscal General del Estado como manda el art. 29 de ese Reglamento. Asimismo, el Reglamento Interno de Control de Personal del Ministerio Público tiene por objeto establecer -entre otros- incompatibilidades y sanciones en el ejercicio de la función pública, siendo causal de inicio de proceso interno toda otra acción u omisión vulneradora del ordenamiento jurídico administrativo según el art. 54.I literal w de este último Reglamento, pudiendo sancionarse, según la gravedad de la falta, con la destitución conforme dicta su art. 55. Entonces, al tenerse indicios suficientes de que el accionante es primo hermano de la hoy tercera interesada se inició proceso contra ambos de acuerdo al art. 24 de la LOMP, siendo aplicables los Reglamentos de Incompatibilidades e Interno de Control de Personal, ambos del Ministerio Público; por lo que no se utilizaron instrumentos normativos ajenos a los establecidos para la regulación de incompatibilidades; por consiguiente, la aplicación híbrida de esas normas en el caso concreto no puede constituirse en una infracción a los principios de legalidad y taxatividad. Más aún, la cita de los arts. 28 y 29 de la LACG no tiene incidencia positiva o negativa en la Resolución final, y en el supuesto caso de que se disponga la nulidad de esta, la nueva a ser emitida tendría el mismo sentido, debido a que esos artículos solo enriquecen la carga argumentativa y su fundamentación; por consiguiente, no se vulneró derecho alguno del accionante; ii) Respecto a la alegación de que la conducta del accionante merece las sanciones del art. 122 de la LOMP debido a que se constituye en una falta grave prevista por el art. 120.9 de la misma Ley. Este último artículo prevé que el hecho de presentar declaraciones de incompatibilidad falsas se constituye en una falta grave. El art. 114 de esa Ley establece que el Fiscal de Materia debe responder por los resultados que emerjan del ejercicio de sus funciones; además, el art. 115 de esa Ley dispone que el régimen disciplinario se aplica a todos los Fiscales de Materia en caso de faltas graves y muy graves, siendo que la falta disciplinaria es aquella acción u omisión en la que incurra un Fiscal de Materia en el ejercicio de sus funciones y que esté prevista y sancionada en la referida Ley según establece el art. 117 del citado cuerpo legal. En ese orden, en su art. 122.I.2 de la LOMP se determina que las sanciones para faltas graves son: la pérdida del derecho a promoción durante un año, la suspensión temporal del cargo sin goce de haber que no exceda los dos meses o una multa hasta el 40% del haber mensual. En virtud a lo anterior, el régimen disciplinario del Ministerio Público se aplica a los Fiscales de Materia que hayan incurrido en faltas graves o muy graves. En el caso concreto, el accionante incurrió en incompatibilidad antes de asumir la función de Fiscal de Materia, ya que se predisponía a ingresar a la carrera fiscal, habiendo manifestado en su Declaración Jurada que no se encontraba en ninguna causal de incompatibilidad, a pesar de que conocía que su prima hermana desempeñaba funciones en la Fiscalía Departamental de Cochabamba, no siendo posible aplicar a la causa el régimen disciplinario previsto en la Ley Orgánica del Ministerio Público, porque no se trata de la falsedad de una declaración de incompatibilidad realizada al actualizar el sistema de incompatibilidades durante el mes de su cumpleaños. Al margen de lo anterior, de aplicarse la citada normativa -arts. 120.9 y 122 de la LOMP-, ambos sumariados estarían aun ejerciendo sus funciones en la misma entidad, cuando la finalidad de los arts. 21.4 y 24.II de esa Ley es lograr la desvinculación de uno de los funcionarios con la finalidad de destruir la incompatibilidad generada; iii) En cuanto a la denuncia de la fundamentación arbitraria de la prueba. Los cuestionamientos del accionante fueron analizados en la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PA-JS 08/2022, que con relación a la prueba de “fs. 121 a 122” consistente en la impresión del extracto de conversación de la red social de Facebook, se evidenció que los sumariados -el accionante y la ahora tercera interesada- intercambiaron felicitaciones de cumpleaños en las gestiones 2010, 2011, 2013, 2015 y 2017, seguido por la impresión de un álbum de fotos de 20 de junio de 2010; documentos ajenos al objeto de la Ley del Notariado Plurinacional e inaplicable con relación a su art. 19 literal j -“Las notarias y los notarios tienen las siguientes atribuciones: (…) Refrendar documentos provenientes de medios electrónicos”-, no debiendo confundirse los medios electrónicos con instrumentos notariales y estos con documentos protocolares y extra protocolares, que si bien hace referencia al soporte electrónico se refieren a las escrituras de actos y hechos jurídicos y otros establecidos por ley, y no de impresiones con felicitaciones por cumpleaños, que no revisten la característica de acto jurídico; por lo que no reviste mayor formalidad que el cumplimiento del principio de verdad material. Acerca de las declaraciones del esposo de la co-sumariada -hoy tercera interesada- que según el accionante vulneró el secreto profesional protegido por los arts. 4.6 y 9.13 de la LEA y su Reglamento, se tiene que esa misma Ley establece que es la instancia llamada por ley la que debe determinar la vulneración al secreto profesional, y no así esa jurisdicción, cuando la nombrada ahora tercera interesada señaló que su esposo no fue abogado del accionante sino su asesor en el ámbito familiar de confianza. En ese orden, el accionante no precisó cuál debió ser la forma correcta de valoración de la prueba o la fundamentación en cuanto a esa valoración, omitiendo cumplir con la carga argumentativa sobre relevancia constitucional de esa prueba y de su valoración correcta que logre incidir en el fallo final; iv) Respecto a la omisión del reclamo del accionante acerca del incumplimiento del art. 38 inc. a) del Reglamento de Incompatibilidades del Ministerio Público que prevé que su persona al ser Fiscal de Materia de carrera tiene calidad preferencial para continuar en la institución. La norma alegada no advierte un orden de prelación en la aplicación de criterios para resolver casos de incompatibilidad sino que los criterios determinados en ese artículo deben ser considerados por el Juez Sumariante ahora tercero interesado al momento de resolver. El accionante se tituló como Fiscal de Materia III -institucionalizado- el 1 de octubre de 2021, en cambio la co-sumariada -hoy tercera interesada- tenía la condición de Fiscal de Materia eventual; por lo que el nombrado accionante tendría prioridad para permanecer en el Ministerio Público; empero, la ahora tercera interesada tendría mayor antigüedad en esa entidad, ya que del Certificado de Trabajo de 6 de septiembre de 2022, se evidencia que ingresó a la Fiscalía Departamental de Cochabamba como Auxiliar Legal I del 9 de febrero de 2015 al 6 de octubre de 2019; de Fiscal Asistente I de 7 de ese mes y año a 9 de marzo de 2021; y, de Fiscal de Materia III de 10 del mismo mes y año “a la fecha”; y, el accionante ingresó al a Fiscalía Departamental de Tarija como Fiscal de Materia II el 22 de febrero de 2019 al 4 de abril de 2021; es decir, con posterioridad. La ahora tercera interesada el 13 de agosto de ese año, antes que el accionante se titulara como Fiscal de Materia de carrera, a través del Sistema Informático de Incompatibilidades puso a conocimiento del Ministerio Público de la Escuela de Fiscales del Estado la incompatibilidad entre su persona y el accionante en sujeción a lo previsto en el art. 28 del Reglamento de Incompatibilidades del Ministerio Público; aspecto que fue omitido en todo momento por el accionante; asimismo, para determinar la permanencia de la hoy tercera interesada en el mencionado Ministerio Público se aplicó el deber de juzgamiento con perspectiva de género, que si bien no se encuentra contenido en el art. 38 de ese Reglamento; empero, forma parte de la jurisprudencia constitucional, por lo que su aplicación es posible; v) En cuanto a la denuncia de que se agregaron nuevos hechos. En ningún momento se inició el proceso sumario por inobservancia de requisitos previos al ingreso del accionante a la Escuela de Fiscales, que no obstante de ser señalados por el Juez Sumariante en los fundamentos de la Resolución Sumaria impugnada y al momento de emitir la Resolución de Recurso de Revocatoria FGE/JS 010/22, fue para fundamentar y motivar debidamente el fallo con relación a los argumentos de las partes y de la prueba consistente en el Contrato “FGE/JLP 40/2021”; hecho por el que no se impuso sanción alguna contra el accionante ni por la declaración de incompatibilidad ni por la incompatibilidad propiamente dicha; por consiguiente, no resulta evidente la indefensión denunciada por el accionante; vi) Con relación a la indebida interpretación de la legalidad ordinaria y a la errónea aplicación reglamentaria. El hecho que la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PA-JS 08/2022 haga referencia al art. 12 incs. c) e i) del Reglamento Interno de Control de Personal del Ministerio Público no incide negativamente en los derechos del accionante, al contrario, únicamente mejora el fundamento de esa Resolución Jerárquica, careciendo de relevancia constitucional; y, vii) Sobre la remisión de copias al Fiscal Departamental de Chuquisaca por supuestos ilícitos respecto a los cuales el accionante supuestamente no tuvo la oportunidad de defenderse. Ese cuestionamiento corresponde ser planteado ante la jurisdicción penal respectiva, pues el Juez Sumariante ahora tercero interesado solo cumplió con lo establecido por el art. 286.1 del CPP. Por todo lo expresado anteriormente, solicitó sea denegada la tutela. En audiencia, señaló que en la acción de amparo constitucional se demandaron nuevos hechos que no fueron contemplados en el recurso jerárquico, como los cuestionamientos contra la Resolución de Apertura de Proceso Administrativo Disciplinario Interno FGE/JS 065/22; asimismo, no correspondía cuestionarse el fallo del Juez Sumariante ahora tercero interesado sino la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PA-JS 08/2022. Además, se aplicaron los Reglamentos de Incompatibilidades y de Control Interno de Personal, ambos del Ministerio Público porque ambos tienen como objeto regular aspectos referidos al procedimiento a ser aplicado en casos de incompatibilidad; por lo que estos Reglamentos se aplicaron de manera híbrida. Piden que se considere la interpretación teleológica del art. 24 de la LOMP y cuál fue la finalidad del Legislador, ya que ese artículo tiene como fin que se produzca la cesación de uno de los parientes consanguíneos; empero, de aplicarse el art. 120.9 de la citada Ley, no se hubiese determinado la destitución y los sumariados permanecerían en el Ministerio Público a pesar de presentarse una incompatibilidad. I.2.3. Informe de los terceros interesados René Daniel Arroyo Bustillos, Juez Sumariante del Ministerio Público, mediante informe presentado el 6 de mayo de 2023, cursante de fs. 1030 a 1032, manifestó que: a) En su condición de Juez Sumariante siguió un proceso disciplinario de oficio contra el accionante y la hoy tercera interesada, remitiéndose mediante Hoja de Ruta 9938 la Nota con Cite: FGE/J.N.RRHH 315/2022 de 3 de junio, en la cual se hizo conocer la presunta incompatibilidad entre los nombrados como funcionarios del Ministerio Público, emitiéndose la Resolución de Apertura de Proceso Administrativo Disciplinario Interno FGE/JS 65/22, para luego del periodo probatorio emitirse la Resolución Sumarial FGE/JS 073/22, que declaró responsable e impuso sanción de destitución al accionante, quien planteó recurso de revocatoria emitiéndose la Resolución de Recurso de Revocatoria FGE/JS 010/22, que confirmó en todas sus partes la citada Resolución Sumarial. Ante lo cual, el accionante planteó recurso jerárquico que fue respondido a través de la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PA-JS 08/2022; b) La Resolución de Apertura de Proceso Administrativo Disciplinario Interno FGE/JS 65/22 fue emitida por cuanto los sumariados -el accionante y la ahora tercera interesada- son primos hermanos encontrándose dentro del cuarto grado de consanguineidad, lo cual vulnera el Reglamento de Incompatibilidades del Ministerio Público, entre otros; aspecto que también fue aclarado en la Resolución de Recurso de Revocatoria FGE/JS 010/22, indicándose que probablemente el accionante prestó su Declaración Jurada de inexistencia de incompatibilidad, lo cual fue un fundamento a considerarse al momento de la valoración para emitir el fallo final, no existiendo vulneración alguna a derechos o garantías de las partes; c) Según los datos del “expediente”, la relación de parentesco no fue negada por los sumariados, resultando que el motivo de la controversia trataba sobre la dejación del cargo por uno de ellos al existir incompatibilidad, valoradas las pruebas de cargo y de descargo para la resolución del caso; aspecto ya expresado en la Resolución Sumarial FGE/JS 073/22; d) El fundamento en cuanto a que se falseó la verdad, pretendiendo generar duda con relación al vínculo familiar entre los sumariados dejó evidenciar que no se cumplieron los principios ético-morales que guían el ejercicio de funciones de las y los funcionarios del Ministerio Público; e) Únicamente el alejamiento de un funcionario hace desaparecer la incompatibilidad, siempre en observancia al procedimiento establecido, el debido proceso y la búsqueda de verdad material, siendo que en la tramitación del proceso administrativo administrativo-disciplinario se efectuaron todos los actos procesales necesarios de manera oportuna, cumpliendo plazos, observando el debido proceso con la imposición de una sanción adecuada a la contravención prevista en el Reglamento de Incompatibilidades del Ministerio Público; f) El accionante acudió a la vía constitucional pretendiendo generar duda que lo beneficie en desmedro incluso de su prima hermana que alegó el juzgamiento con perspectiva de género a partir de la jurisprudencia constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH), que el accionante pretende desconocer cuando fueron descritas en la Resolución Sumarial FGE/JS 073/22; g) Conforme a la SCP 1234/2017-S1 de 28 de diciembre, no se requiere una fundamentación exquisita sino que el justiciable comprenda el motivo de la determinación, como ocurrió en los fallos emitidos; y, h) El Tribunal Constitucional Plurinacional según la SCP 1211/2016-S2 de 22 de noviembre, no puede atribuirse la facultad de revisar la valoración de la prueba, más aun cuando se consideraron todos los actuados procesales otorgándosele a cada uno la valoración probatoria pertinente. Por lo anteriormente expresado, pide sea denegada la tutela solicitada. En audiencia señaló que el accionante en su recurso jerárquico no contempló varios aspectos que señaló en la acción de amparo constitucional; es decir, que no fueron reclamados en su oportunidad, aspecto que contradice el principio de subsidiariedad. Rosa Deborah Ortiz Torrico, mediante memorial presentado el 12 de mayo de 2023, cursante de fs. 465 a 478, manifestó que: 1) Se generó un conflicto de incompatibilidad con el accionante, quien resulta ser hijo del medio hermano de su padre; 2) En enero de 2014 ingresó a coadyuvar al Ministerio Público. Posteriormente, fue designada como Auxiliar Legal y luego ascendida a Fiscal Asistente, para después de muchos años y previo proceso de cualificación profesional interno, ser designada como Fiscal de Materia III, cargo que desempeña por más de nueve años de manera ininterrumpida, continuada y permanente; 3) A partir de una publicación en una red social se enteró que el accionante se encontraba en la ciudad de Sucre tomando un curso de institucionalización para el ingreso a la carrera fiscal. Luego, fue notificada con el Instructivo FDC/NGGR 251/2021 de 9 de agosto, en el que se ordenó a los funcionarios del Ministerio Público a presentar el formulario de incompatibilidades. El 13 de agosto de 2021, cumpliendo con esa instrucción, puso a conocimiento que el accionante se encontraba en capacitación en la Escuela de Fiscales del Estado pretendiendo institucionalizarse a sabiendas de los años que su persona venía prestando en el Ministerio Público; sin embargo, el accionante, pretendiendo desconocer esta circunstancia, presentó declaraciones juradas y contratos en los que tenía la obligación de hacer constar la incompatibilidad; 4) En ese sentido, se dio apertura al proceso disciplinario, en el que del acervo probatorio valorado íntegramente por el Juez Sumariante, se demostró que el accionante generó la incompatibilidad a pesar de conocer que su persona fungía como funcionaria del Ministerio Público, disponiéndose por ello su desvinculación de esa entidad. Esta sanción fue confirmada por la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PA-JS 08/2022 emitida por el Fiscal General hoy accionado, disponiéndose su permanencia en dicha institución; 5) En cuanto a la arbitraria y errónea interpretación de la norma que fue denunciada en el recurso jerárquico. La citada autoridad fiscal hoy accionada emitió una Resolución debidamente fundamentada y motivada refiriéndose al contenido del art. 410 de la CPE como sustento del paraguas normativo que fue parte inicial del análisis, para luego señalar que el accionante presentó su Declaración Jurada de inexistencia de incompatibilidad a pesar de conocer de su existencia. Hecho fáctico por el cual fue aperturado el proceso disciplinario y no por únicamente existir la incompatibilidad como tal, siendo que el art. 12 inc. m) del Reglamento Interno de Control de Personal del Ministerio Público hace mención a la obligación de todo funcionario público de esa entidad de presentar su Declaración Jurada de Incompatibilidades, y si bien la norma es distinta a los fundamentos de la presente incompatibilidad; empero, es congruente con la fundamentación de la referida obligación de cumplimiento. Asimismo, acerca del supuesto agravio por la falta de aplicación del art. 120.9 de la LOMP, la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PA-JS 08/2022 dio respuesta clara y fundamentada a ese cuestionamiento, indicando que la falta grave prevista en ese artículo no es por la que fue abierta el proceso administrativo-disciplinario si no que se adecua a la obligación prevista por el 12 inc. m) del Reglamento Interno de Control de Personal del Ministerio Público de competencia del Juez Sumariante de acuerdo al fundamento establecido en la Resolución de Apertura de Proceso Administrativo Disciplinario Interno FGE/JS 65/22 hasta la Resolución de Recurso de Revocatoria FGE/JS 010/22, como son los arts. 28 y 29 de la LACG, 17 del EFP, y 12 y ss. del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública modificado por el DS 26237. Además, el accionante denunció el incumplimiento de la Ley Orgánica del Ministerio Público, cuando su Disposición Transitoria Quinta establece que se aplicará el Estatuto del Funcionario Público y sus Reglamentos hasta que se promulgue la nueva ley de responsabilidad administrativa para funcionarios públicos en materia de régimen disciplinario; por consiguiente, no existió una interpretación normativa arbitraria, más aun cuando el señalado Estatuto y demás normativa conexa fue parte integrante de la citada Resolución de Apertura de Proceso Administrativo Disciplinario Interno que fue de pleno conocimiento del accionante, quien también se amparó en esas normas al plantear recurso de revocatoria, consintiendo los presuntos hechos lesivos que ahora reclama, lo que discurre en una causal de improcedencia de la presente acción de defensa. El accionante también pretende que se apliquen las sanciones contenidas en el art. 122.I.2 de la LOMP con relación a la falta prevista por el art. 120.9 de esa Ley. Esas normas no resultan aplicables al caso concreto porque de los arts. 38 y 117 de la misma Ley, se puede establecer que las faltas disciplinarias son acciones u omisiones en el ejercicio de las funciones en las que incurra un fiscal en el ejercicio de la acción penal en las distintas etapas del proceso penal, lo que no ocurre en el presente caso por cuanto el accionante dio información errónea al Ministerio Público con la finalidad de ingresar al proceso de institucionalización fiscal, circunstancia que se generó al momento de su ingreso a la carrera fiscal; por consiguiente, resulta imposible aplicar las sanciones previstas por el art. 122.I.2 de la LOMP; 6) Con relación a la petición de valoración de la prueba, la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PA-JS 08/2022 refirió que la prueba de “fs. 121 a 122” que consistía en impresiones de extractos de conversaciones de la red social Facebook donde los sumariados -el accionante y la ahora tercera interesada- intercambiaron felicitaciones de cumpleaños en varias gestiones, junto con la impresión de un álbum de fotos del 20 de junio de 2010, fueron considerados ajenos al objeto de la Ley del Notariado Plurinacional y no aplicable conforme a su art. 19 literal j, que establece que los notarios pueden refrendar documentos provenientes de medios electrónicos. Sin embargo, no se deben confundir estos medios electrónicos con instrumentos notariales, ya que estos últimos están relacionados con actos jurídicos, no con impresiones de felicitaciones que no revisten características de un acto jurídico, cumpliendo únicamente el principio de verdad material. Además, respecto a las declaraciones de su esposo, quien según el accionante vulneró el secreto profesional, se indicó que la Ley del Ejercicio de la Abogacía establece que es la instancia competente la que debe determinar si hubo esa vulneración, no la jurisdicción constitucional. Más aún, su persona aclaró que su esposo no era abogado del accionante sino su asesor en el ámbito familiar de confianza. En ese orden, se evidencia que no existe incongruencia omisiva en la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PA-JS 08/2022; puesto que dio una respuesta debidamente fundamentada y motivada con relación al presunto agravio; pretendiendo el accionante que la instancia constitucional ingrese a revalorizar la prueba a título de control de logicidad probatoria. No obstante, el accionante no cumplió con lo señalado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0039/2012 de 26 de marzo y 0313/2016-S1 de 11 de marzo, ya que no explicó de qué manera las tareas interpretativa y valorativa reflejadas en las Resoluciones Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PA-JS 08/2022 y de Recurso de Revocatoria FGE/JS 010/22 resultan ser arbitrarias, incongruentes, absurdas, ilógicas o con error evidente. Tampoco señaló qué principios fueron prescindidos en la interpretación y valoración realizada por el Fiscal General hoy accionado, menos demostró por qué el procedimiento no debió ser aplicado, entendido o utilizado del modo en que hizo; y, respecto a la prueba no refirió cómo debió ser valorada, el principio infringido, ni qué elemento de la experiencia, la lógica o la sana crítica se fue inobservado, no resultando suficiente que el accionante indique que el entendimiento y la valoración fueron incorrectos. En ese sentido, debe considerarse lo establecido en la SCP 0986/2017-S3 de 29 de septiembre, evidenciándose que el accionante no cumplió con la carga argumentativa, efectuando consideraciones y alegaciones que no pueden sustituir un razonamiento intelectivo que permita descubrir una incorrecta valoración probatoria. En cuanto a la alegada vulneración del derecho a la privacidad de las comunicaciones con relación a las conversaciones sostenidas entre el accionante y su persona en redes sociales, se tiene que la SCP 0523/2011-R de 25 de abril, determinó que dicha inviolabilidad se restringe a los casos en los que las telecomunicaciones sean interceptadas o centralizadas en su contenido por cualquier medio por un tercero ajeno a ellas, siendo su persona parte de las conversaciones y en esa condición puede revelar su contenido, lo que no afecta el señalado derecho; 7) Acerca de la interpretación del art. 38 del Reglamento de Incompatibilidades del Ministerio Público que supuestamente vulneró los elementos de congruencia, motivación y fundamentación porque no se consideró la prioridad que tienen los Fiscales de Materia institucionalizados, se tiene que el accionante indujo en error al Ministerio Público para lograr su admisión a la Escuela de Fiscales del Estado, en la creencia de que solo estaría cometiendo una falta grave, siendo inconcebible que mencione su condición de Fiscal de Materia institucionalizado, cuando esa condición la obtuvo a partir de información falsa que generó la incompatibilidad. En ese sentido, el establecer un orden de privilegio a partir de la condición de funcionario público de carrera o transitorio no solo generaría una contravención al catálogo internacional en materia de igualdad, no discriminación y juzgamiento con perspectiva de género si no un desequilibrio en el orden procesal que impediría la realización de una justicia material, debiendo considerarse que el Fiscal General hoy accionado valoró aquellas circunstancias a partir del enfoque con perspectiva de género; puesto que es mujer y altamente vulnerable por la situación de asimetría, ya que construyó su carrera al interior del Ministerio Público. Además, el derecho al trabajo se vería vulnerado en el caso de quebrantar la igualdad de condiciones si se antepone a un funcionario púbico que ingresó mediante un proceso de institucionalización donde estableció datos falsos en sus declaraciones juradas y documentos referidos a la incompatibilidad, debiendo la autoridad competente emitir la determinación legal que corresponda de los elementos aportados por las partes y la valoración razonable de la prueba. Conforme señaló precedentemente con relación al criterio de antigüedad su persona supera al accionante que ingresó el 2021 a sabiendas que su persona se encontraba prestando servicios en el Ministerio Público; por consiguiente, este generó la incompatibilidad transgrediendo así el principio de la ética en el servicio público; y, 8) La jurisprudencia constitucional establece que la acción de amparo constitucional no es la vía de impugnación de las decisiones asumidas por otras jurisdicciones, y solo cuando exista una carga argumentativa que identifique qué reglas de interpretación fueron vulneradas, la jurisdicción constitucional se encontraría habilitada para revisar la legalidad ordinaria, lo que no acontece en el presente caso; en el cual, las Resoluciones de Recurso de Revocatoria FGE/JS 010/22 y Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PA-JS 08/2022 ponderaron adecuadamente todas esas circunstancias y absolvieron los agravios denunciados por el accionante a través de una correcta motivados; por lo que al no cumplirse ninguno de los presupuestos establecidos por la SCP 1062/2016-S3, que permita determinar que la citada Resolución Jerárquica impugnada tenga un resultado diferente, solicita se deniegue la tutela. En audiencia solicitó que se considere que los reclamos expuestos en la presente acción tutelar no se encuentran establecidos en los puntos de agravio señalados en el recurso jerárquico que fueron debidamente respondidos por el Fiscal General hoy accionado; por lo que establecer nuevos alegatos que no fueron conocidos por esa autoridad fiscal implicaría generar el estado de indefensión de esa autoridad. Asimismo, pide se deniegue la tutela al no existir carga argumentativa suficiente para ingresar a la interpretación de la legalidad ordinaria ni a la valoración de la prueba. I.2.4. Resolución La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, mediante Resolución de Sala Constitucional 041/2023 de 9 de junio, cursante de fs. 1059 a 1070 vta., denegó la tutela solicitada, fundamentando que de la contrastación de los agravios expuestos en el recurso jerárquico y el contenido de la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PA-JS 08/2022, advirtió que el Fiscal General hoy accionado justificó debidamente las razones de su decisión de confirmar la Resolución de Recurso de Revocatoria FGE/JS 010/22, resolviendo cada uno de los agravios con argumentos desarrollados previamente; por lo que la referida Resolución Jerárquica se encuentra debidamente motivada como exige la jurisprudencia constitucional, no resultando evidente que este carezca de fundamentación, motivación y congruencia. En vía de aclaración enmienda y complementación el accionante mediante memorial de 10 de junio de 2023, cursante de fs. 1088 a 1092 vta., solicitó a la Sala Constitucional lo siguiente: i) El Fiscal General ahora accionado no observó que la Resolución de Apertura del Proceso Administrativo 065/22 no cumple con lo dispuesto en la SCP 0206/2018-S2 de 22 de mayo al no subsumir el hecho generador de la conducta presuntamente desplegada por su persona y el tipo disciplinario que le fue endilgado; por lo que pide que la Sala Constitucional se pronuncie respecto a la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación y legalidad, así como de tipicidad y taxatividad por la arbitraria y errónea aplicación del tipo disciplinario y su subsunción al hecho generador en la citada Resolución de Apertura que no fue reparada por la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PA-JS 08/2022; ii) La presunta vulneración de los arts. 232 y 235.2 de la CPE, 21.4 de la LOMP, 1 inc. h), 8 incs. b), h), k) del EFP; 10 inc. a) del Reglamento de Incompatibilidades del Ministerio Público y 12 incs. a), c), i), m), 14 y 54.I incs. g) y w) del Reglamento Interno de Control de Personal del Ministerio Público no se tipifican como faltas que merezcan sanción, lo que lesiona lo establecido en la SCP 0206/2018-S2, ameritando la nulidad de obrados hasta la Resolución de Apertura del Proceso Administrativo 065/22 inclusive, debiendo la Sala Constitucional pronunciarse al respecto; iii) La señalada Resolución de Apertura del Proceso Administrativo aplicó de forma arbitraria el Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública por cuanto el Ministerio Público tiene normativa especial para el procesamiento de los hechos fácticos atribuidos a su persona como son sus Reglamentos de Incompatibilidades y de Régimen Disciplinario, correspondiendo, respecto a la supuesta falsedad en la presentación de la declaración jurada de incompatibilidad, remitir la causa a la Autoridad Sumariante conforme con los arts. 115 y 116 de la LOMP y, 2 y 57 del citado Reglamento. Esta errónea aplicación de la normativa procesal fue reclamada en primera y segunda instancia sin que la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PA-JS 08/2022 explique por qué no se aplicaron aquellos Reglamentos de Incompatibilidades y de Régimen Disciplinario, en franca vulneración del art. 12.II del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública; iv) Se introdujeron hechos fácticos generadores que no fueron atribuidos en la Resolución de Apertura del Proceso Administrativo 065/22, vulneración que fue convalidada por la mencionada Resolución Jerárquica impugnada sin la debida fundamentación y motivación, lo que agravó su situación para disponer su destitución y dejándolo en absoluto estado de indefensión. Por consiguiente, pide que la Sala Constitucional se pronuncie; v) Fue sancionado con destitución a causa de la errónea y arbitraria aplicación de la norma, correspondiendo ser procesado por la falta grave prevista por el art. 120.9 de la LOMP si se consideraba que su persona presentó una declaración falsa de incompatibilidad, conforme al principio de legalidad, y de ser probada esa falta imponer cualquiera de las sanciones determinadas por el art. 122 de la misma Ley donde no figura la destitución; vi) El Fiscal General hoy accionado convalidó la Resolución Sumarial FGE/JS 073/22 que estableció responsabilidad disciplinaria sin observar la disposición contenida en el art. 38 del Reglamento de Incompatibilidades del Ministerio Público que establece que los funcionarios de carrera tienen prioridad para permanecer en el cargo cuando se absuelva una incompatibilidad. Tampoco explicó por qué aplicó el inc. c) -referido a la antigüedad- de forma preferente al inc. a) del citado artículo; razón por la que solicitó que la Sala Constitucional se pronuncie con relación a la vulneración del derecho al debido proceso en sus elemento de fundamentación, motivación congruencia y legalidad por interpretación arbitraria de aquel artículo; asimismo, sobre la prioridad que tiene como Fiscal de Materia de carrera y su designación de 22 de febrero de 2019 al 4 de abril de 2021; y finalmente, sobre la aplicación de la perspectiva de género por parte de la autoridad fiscal ahora accionada; vii) La Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PA-JS 08/2022 no absolvió el reclamo respecto a la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación en la valoración razonable de la prueba; por lo que pidió que la Sala Constitucional se pronuncie; y, viii) Requirió que la referida Sala se pronuncie con relación a la vulneración de los derechos a la vida, al trabajo, a la estabilidad laboral y a la dignidad, porque el Fiscal General hoy accionado ratificó los fallos dictados por el Juez Sumariante ahora tercero interesado sin considerar sus alegatos. En mérito a esa solicitud, la Sala Constitucional por Auto de 13 de junio de 2023, cursante a fs. 1093 declaró no ha lugar a la aclaración, complementación y enmienda planteada por la accionante.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Resolución de Apertura de Proceso Administrativo Disciplinario Interno FGE/JS 065/22 de 16 de agosto de 2022, emitida por René Daniel Arroyo Bustillo, Juez Sumariante del Ministerio Público -hoy tercero interesado-; mediante la cual se determinó la apertura de proceso administrativo interno contra Windsor Hernán Ortiz Bascope, como Fiscal de Materia III de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz -ahora accionante- por la presunta vulneración de los arts. 232 y 235.2 de la CPE; 21.4 de la LOMP; 1 inc. h), 8 incs. b), h) y k) del EFP; 10 inc. a) del Reglamento de Incompatibilidades del Ministerio Público; y, 12 incs. a), c), i) y m), 14 y 54.I incs. g) y w) del Reglamento Interno de Control de Personal del Ministerio Público. Asimismo, contra la Rosa Deborah Ortiz Torrico, Fiscal de Materia III de la citada Fiscal Departamental -hoy tercera interesada- por la presunta vulneración de los arts. 21.4 de la LOMP; 10 inc. a) del Reglamento de Incompatibilidades del Ministerio Público; y, 12 inc. a) y 54.I incs. g) y w) del Reglamento Interno de Control de Personal del Ministerio Público (fs. 595 a 599).
II.2. Mediante memorial presentado el 5 de septiembre de 2022, ante el Juez Sumariante ahora tercero interesado; el accionante solicitó la nulidad de obrados por vulneración de derechos y garantías constitucionales, hasta la Resolución de Apertura de Proceso Administrativo Disciplinario Interno FGE/JS 065/22 (fs. 610 a 612 vta.).
II.3. A través de la Resolución Sumarial FGE/JS 073/22 de 19 de septiembre de 2022, pronunciada por el Juez Sumariante hoy tercero interesado, se declaró responsable al accionante por la vulneración del ordenamiento jurídico-administrativo previsto por los arts. 232 y 235.2 de la CPE; 21.4 de la LOMP; 1 inc. h), 8 incs. b), h) y k) del EFP; 10 inc. a) del Reglamento de Incompatibilidades del Ministerio Público; y, 12 incs. a), c), i) y m), 14 y 54.I incs. g) y w) del Reglamento Interno de Control de Personal del Ministerio Público, imponiéndole como sanción la destitución (fs. 791 a 806 vta.). II.4. Cursa Resolución de Recurso de Revocatoria FGE/JS 010/22 de 5 de octubre de 2022, emitida por el Juez Sumariante ahora tercero interesado, por el que determinó confirmar la Resolución Sumarial FGE/JS 073/22, en todas sus partes (fs. 838 a 846). II.5. Mediante escrito presentado el 17 de octubre de 2022, ante el Juez Sumariante ahora tercero interesado; el accionante interpuso recurso jerárquico contra la Resolución de Recurso de Revocatoria FGE/JS 010/22 (fs. 854 a 857) que fue confirmada por Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PA-JS 08/2022 de 27 de igual mes, pronunciada por Fausto Juan Lanchipa Ponce, Fiscal General del Estado -hoy accionado-(fs. 864 a 871). II.6. Consta Formulario Notarial de Declaración Voluntaria perteneciente a Dayanne Eddy Ordoñez Tapia (fs. 98). Asimismo, consta el Portafolio Digital del Caso 301102082100143 (fs. 137 a 140). II.7. Cursa el Reglamento Interno de Control de Personal del Ministerio Público (fs. 310 a 341) y el Reglamento de Incompatibilidades de la misma entidad (fs. 342 a 357).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación, congruencia, valoración razonable de la prueba y de los principios de seguridad jurídica y legalidad en sus sub principios de taxatividad y tipicidad; al trabajo, a la defensa, a la estabilidad laboral y la dignidad; puesto que el Fiscal General hoy accionado al momento de emitir la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PA-JS 08/2022 de 27 de octubre: a) No se fundamentó ni motivó la citada Resolución, omitiendo pronunciarse sobre el agravio del recurso jerárquico que argumentaba la aplicación incorrecta del ordenamiento jurídico en la Resolución Sumarial FGE/JS 073/22 de 19 de septiembre de 2022 y en la Resolución de Recurso de Revocatoria FGE/JS 010/22 de 5 de octubre de igual año, las los cuales llevaron a su destitución. Además, no se tuvo en cuenta que la Resolución de Apertura de Proceso Administrativo Disciplinario Interno FGE/JS 065/22 de 16 de agosto del mismo año, se basó en artículos que no subsumen ni tipifican la relación de parentesco ni la presentación de una Declaración Jurada falsa como faltas; b) Justificó el abuso del Ministerio Público al aplicar normativas como la Ley de Administración y Control Gubernamentales y el Reglamento de Responsabilidad por la Función Pública, cuando el primer hecho generador de responsabilidad disciplinaria -parentesco en cuarto grado- debió ser resuelto bajo el Reglamento de Incompatibilidades del Ministerio Público, y el segundo -falsedad en la Declaración Jurada de incompatibilidades-, conforme a la Ley Orgánica del Ministerio Público, ya que se trataba de una falta grave; c) No explicó el motivo por el que se aplicó el Reglamento Interno de Control de Personal sobre la Ley Orgánica del Ministerio Público ni cómo su conducta se adecuó a la obligación contenida en el art. 12 inc. m) de dicho Reglamento sobre la taxatividad; d) Incurrió en una incongruencia omisiva que agravó su estado de indefensión al no considerar que posterior a la apertura del proceso administrativo-disciplinario, la Resolución Sumarial FGE/JS 073/22 adicionó el hecho de que su persona -accionante- hubiese declarado en tres oportunidades en el formulario de incompatibilidades; e) Incurrió en falta de fundamentación, motivación y congruencia en cuanto a la interpretación arbitraria del art. 38 del Reglamento de Incompatibilidades del Ministerio Público. Además, ignoró los principios de legalidad, taxatividad y seguridad jurídica, al incluir el criterio de responsabilidad de quien generó la incompatibilidad, cuando esto no está contemplado en el señalado Reglamento; f) No explicó por qué el Juez Sumariante ahora tercero interesado puede apartarse de la legalidad formal y no dar cumplimiento a lo ordenado por el art. 54.III del Reglamento Interno de Control de Personal del Ministerio Público; y, g) No valoró razonablemente la prueba aparejada al referido proceso por la hoy tercera interesada, ya que la documental no cumple con las formalidades establecidas por ley.
En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 2199/2013 de 16 de diciembre, estableció que: «Partiendo de que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o el derecho a una resolución motivada, se encuentra cimentado en la propia finalidad de la decisión que, siendo sometida a control permitirá verificar el respeto al orden jurídico y su eficacia en la resolución de conflicto, la SCP 0100/2013 de 17 de enero, estableció ciertos parámetros contrastables que determinan la existencia o no de una debida fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales o administrativas; así, deberá observarse si en el fallo proferido existe: “1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución (conformada por: a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad art. 410.II) y a la ley, de la autoridad -Juez, autoridad administrativa, etc.- o persona privada; es decir, de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado que tenga a su cargo el decidir sobre conflictos o pretensiones traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad. En el Estado Constitucional de Derecho asumido por la Constitución, el principio de legalidad se encuentra en sumisión a un principio más alto: el principio de constitucionalidad. Este supone la vinculación a los valores, principios y derechos consagrados en la Constitución, más allá, o incluso sobre la ley. La Constitución reconoce a ambos principios (de constitucionalidad y de legalidad), empero, desplaza al principio de legalidad y otorga supremacía al principio de constitucionalidad. Esto se verifica en el art. 410.I, que señala: ‘Todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente Constitución’, añadiendo el segundo parágrafo que: ‘La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa…’. Además, estipula como fines y funciones esenciales del Estado, entre otros, el garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución (art. 9.4 de la CPE) y, manda como deberes de los bolivianos y bolivianas el conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, conocer, respetar y promover los derechos reconocidos en la Constitución, y la práctica de los valores y principios que proclama la Constitución (art. 108 numerales 1, 2 y 3 de la CPE). 2) Lograr el convencimiento, de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia. Entonces, cuando todo órgano o persona, sea de carácter público o privado que tenga a su cargo el decidir, pretende hacer uso de facultades discrecionales o arbitrarias alejadas de la razonabilidad (principio de razonabilidad), éste se convierte en una directriz valiosa estrechamente relacionada a la justicia (valor justicia), porque se manifiesta como un mecanismo de control y barra de contención de la arbitrariedad (principio de interdicción de la arbitrariedad), cuya comprensión es multidimensional: a) Por una parte, la arbitrariedad, es contraria al Estado de derecho (Estado Constitucional de Derecho) y a la justicia (valor justicia art. 8.II de la CPE). En efecto, en el Estado de Derecho, o ‘Estado bajo el régimen de derecho’ con el contenido asumido por la Constitución bajo la configuración de ‘Estado Constitucional de Derecho’, cuya base ideológica es ‘un gobierno de leyes y no de hombres’, existe expresa proscripción que las facultades que ejercite todo órgano o persona, sea de carácter público o privado que tenga a su cargo el decidir sean arbitrarias y, por el contrario, existe plena afirmación de que el ejercicio de esas facultades deben estar en total sumisión a la Constitución y a la ley visualizando, con ello, claramente el reverso del ya sepultado ‘Estado bajo el régimen de la fuerza’. En ese sentido, Pedro Talavera señala: ‘la justificación de las decisiones judiciales constituye uno de los pilares del Estado de Derecho frente a las arbitrariedades del Antiguo Régimen’. Del mismo modo, Horacio Andaluz Vegacenteno sostiene: ‘La justificación de las decisiones judiciales es una exigencia del Estado de Derecho, no un elemento lógico del sistema jurídico. Sólo en el Estado de Derecho se considera que una decisión no está suficientemente justificada por el solo hecho de haber sido dictada por una autoridad competente’. b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) una ‘decisión sin motivación’, o extiendo esta es b.2) una ‘motivación arbitraria’; o en su caso, b.3) una ‘insuficiente’. b.1) Por ejemplo, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.), no da razones (justificaciones) que sustenten su decisión, traducido en las razones de hecho y de derecho, estamos ante la verificación de una ‘decisión sin motivación’, debido a que ‘decidir no es motivar’. La ‘justificación conlleva formular juicios evaluativos (formales o materiales) sobre el derecho y los hechos sub iudice [asunto pendiente de decisión]’.
b.2) Del mismo modo, verbigracia, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.) sustenta su decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno, y alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley, se está ante una ‘motivación arbitraria’. Al respecto el art. 30.II de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) ‘Obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, tal como ocurrieron, es escrito cumplimiento de las garantías procesales’. En efecto, un supuesto de ‘motivación arbitraria’ es cuando una decisión coincide o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba o, en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso (SC 0965/2006-R), que influye, en ambos casos, en la confiabilidad de las hipótesis fácticas (hechos probados) capaces de incidir en el sentido, en los fundamentos de la decisión. Es decir, existe dependencia en cómo cada elemento probatorio fue valorado o no fue valorado, para que se fortalezca o debilite las distintas hipótesis (premisas) sobre los hechos y, por ende, la fundamentación jurídica que sostenga la decisión. En este sentido, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre, dentro de un proceso administrativo sancionador señaló: ‘Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado’. b.3) De otro lado, cuando una resolución no justifica las razones por las cuales omite o se abstiene de pronunciar sobre ciertos temas o problemas jurídicos planteados por las partes, se está ante una ‘motivación insuficiente’. Si el órgano o persona, sea de carácter público o privado que tenga a su cargo el decidir incurre en cualesquiera de esos tres supuestos: ‘decisión sin motivación’, o extiendo esta, ‘motivación arbitraria’, o en su caso, ‘motivación insuficiente’, como base de la decisión o resolución asumida, entonces, es clara la visualización de la lesión del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada, como elemento constitutivo del debido proceso. Los tres casos señalados, son un tema que corresponderá analizar en cada caso concreto, debido a qué sólo en aquéllos supuestos en los que se advierta claramente que la resolución es un mero acto de voluntad, de imperium, de poder, o lo que es lo mismo de arbitrariedad, expresado en decisión sin motivación o inexistente, decisión arbitraria o decisión insuficiente, puede la justicia constitucional disponer la nulidad y ordenar se pronuncie otra resolución en forma motivada. c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación. El principio de congruencia, ha sido desarrollado por varias sentencias constitucionales: (SC 1312/2003-R, respecto al proceso como unidad); (SC 1009/20003-R, con relación a la coherencia en la estructura de la decisión entre la parte motiva y la resolutiva. En ese sentido también está la SC 0157/2001-R; y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0747/2012 y 0858/2012, referidos a la congruencia entre la parte motiva y resolutiva en acciones de defensa (SC 1797/2003-R, cuando se resuelven recursos, sobre la pertinencia entre lo apelado y lo resuelto). La SC 0112/2010-R de 10 de mayo, señaló: ‘…la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución dictaminando una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra manera de dilucidar los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió y al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia y finalmente, la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. Así la SC 1365/2005-R de 31 de octubre entre otras’. 3) Otra de las finalidades que justifica la exigibilidad de una resolución motivada es la de garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión -judicial, administrativa, etc.- por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación, debido a que permite a las partes procesales conocer las razones que fundamentan las resoluciones, para poder evaluarlas y, en su caso, plantear los recursos pertinentes contra ellas, por ello, la doctrina sostiene que el conocimiento de la justificación decisoria es precondición para accionar contra una decisión. Entonces, la ‘decisión sin motivación’, además de lesionar el derecho a una resolución motivada o derecho a una resolución fundamentada, vulnera el derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior, constitutivo del derecho al debido proceso reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE y 8.2.h) de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). La SCP 0140/2012 de 9 de mayo, recogiendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, -que forma parte del bloque de constitucionalidad según la SC 0110/2010-R de 10 de mayo-, citó el caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica (Sentencia de 2 de julio de 2004, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas) que precisó el alcance del derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior. Luego, incluso vinculó la vulneración del derecho de recurrir ante un tribunal superior con la vulneración del derecho a la defensa. Dijo: ‘En efecto si se analiza la fase de impugnación del proceso disciplinario en sede administrativa, es posible concluir que sólo puede predicarse la eficacia material del derecho a la defensa (art. 115.II de la CPE y 8.2 inc. f) de la CADH) cuando se otorga a las servidoras y servidores públicos la oportunidad de ejercer un otro derecho fundamental, este es: el derecho a la doble instancia o de recurrir ante un tribunal superior art. 8.2 inc. h) de la CADH…’. La verificación de la inobservancia de esta finalidad, es competencia en primer término de las autoridades judiciales ordinarias o administrativas, encargadas de materializar el derecho de recurrir ante un tribunal superior y en caso de persistir, de la justicia constitucional, que deberá ser evaluada en cada caso concreto. 4) La exigencia de una resolución motivada también tiene la finalidad de permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad, demostrando ante ella que es verificable objetivamente que las decisiones están en sumisión a la Constitución, debido a que ‘…la exigencia de justificar sus decisiones hace posible el control democrático sobre los tribunales’, proscribiendo la decisiones con motivaciones, que por estar ancladas en el fuero interno del juzgador, se tornan en secretas. Esta circunstancia es predicable respecto de todos los jueces, empero, es, especialmente relevante con relación de los Tribunales jurisdiccionales de cierre (Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental, Tribunal Supremo) u órganos que tienen la capacidad de decidir conflictos e intereses como el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público, etc. cuando por ejemplo, en ejercicio de su potestad administrativa sancionadora emiten resoluciones. El principio de publicidad rige la potestad de administrar justicia de la pluralidad de jurisdicciones, conforme prescribe el art. 178. I de la CPE y está desarrollado en las leyes correspondientes. Así el art. 3.9 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), precisa: ‘Los actos y decisiones de la justicia constitucional son de acceso a cualquier persona que tiene derecho a informarse, salvo caso de reserva expresamente fundada en la ley’. En ese mismo sentido la Ley del Órgano Judicial, en su art. 3.5 referido al principio de publicidad señala: ‘Los actos y decisiones de los tribunales y jueces son de acceso a cualquier persona que tiene derecho a informarse, salvo caso de reserva expresamente fundada en ley’. De ahí que, la circunstancia que otorga legitimidad democrática a la función judicial, administrativa, etc., a tiempo decidir un conflicto, reclamo o solicitud es, precisamente, la verificación que las decisiones pronunciadas por esas autoridades estén fundamentadas, justificadas, constituyéndose, los argumentos en Derecho, un instrumento de control de la arbitrariedad.
La SC 0088/2006-R de 25 de enero, conceptualizando el principio de publicidad y vinculando con la motivación de la decisión señaló que este ‘…informa y enseña que no debe haber justicia secreta, ni procedimientos ocultos, en cuanto, a la discusión de las pruebas, la motivación del fallo, la intervención de las partes o sus apoderados, la notificación con las providencias y otras. La publicidad del proceso y de todo lo actuado en él, surge como un derecho constitucional del sindicado y una garantía jurídica, en razón de que las actuaciones judiciales - en el caso administrativas- son públicas, -salvo las excepciones que señale la ley-, además de constituirse en una manifestación del derecho a obtener información y del derecho a acceder a los documentos públicos. El propósito fundamental de la publicidad de los procesos es evitar las arbitrariedades en que puedan incurrir las autoridades judiciales o administrativos, y proporcionar al acusado un juicio justo e imparcial...’. A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo. 5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos. Conceptualmente las pretensiones son distintas a los alegatos o argumentos que esgrima la parte procesal. Para su distinción, debe tenerse en cuenta el petitum, la petición de la pretensión; es decir, qué es lo que se pide; por lo que si el juzgador se aparta de las exigencias derivadas de las pretensiones formuladas por las partes a la hora de aplicar e interpretar la norma que servirá de sustento jurídico a su decisión incurrirá en lesión al derecho a una resolución motivada o derecho a una resolución fundamentada. De ahí que se cumple el principio dispositivo, como un elemento del contenido esencial de una resolución fundamentada o resolución motivada, cuando existe congruencia, es decir, una relación entre la pretensión de las partes con la parte dispositiva de la sentencia. Por ello, estará satisfecho el principio dispositivo, cuando exista estricta correspondencia entre la parte dispositiva de la sentencia, sustentada en los fundamentos de la misma, y las pretensiones oportunamente planteadas por las partes, imponiendo una barra de contención al juzgador a efectos de que no decida más allá de lo debatido o deje de fallar el caso sometido a su conocimiento”» (las negrillas son nuestras).
La SCP 0158/2013 de 19 de febrero, señaló que: «Las sanciones administrativas tienen una génesis idéntica a la de las sanciones en el ámbito del Derecho Penal, es decir, aparecen también con aquella predisposición del Estado de castigar en miras a mantener el orden social “impuesto” en un momento histórico; sin embargo, surgen distinciones doctrinarias entre injustos de policía y delitos como la planteada por von Feuerbach quien al final de su carrera como expresa el Profesor Cordero planteó la idea de que las infracciones de policía podrían significar la aplicación de auténticas penas; en ese mismo marco el Profesor Prieto Sanchis citando al ilustre jurista alemán Adolf Merkle, quien señalaba el mundo de las sanciones administrativas significa la mayor intromisión imaginable de la administración en la esfera de la justicia. Sin embargo es el jurista alemán James Goldschimit quien en definitiva plantea la distinción clara entre injusto administrativo e injusto penal. En esencia. la distinción entre delitos e injustos administrativos no obedece a criterios ontológicos que determinen cuando una conducta debe ser considerada como delictiva y cuando como infracción administrativa, en ese marco el único parámetro distintivo que se ha conocido ha sido el cualitativo, es decir, que el Legislador tiene la libertad de configuración de lo que considere debe ingresar dentro del ámbito penal así como de lo que considere debe ingresar dentro del ámbito sancionador administrativo, no obstante en ambos casos tiene limitaciones intrínsecas y sustanciales en el marco del Estado Constitucional de Derecho en el que se reconocen los derechos fundamentales. De la distinción entre ilícitos administrativos de ilícitos penales, tenemos que una diferencia importante es quien asume la decisión y en mérito a qué tipo de procedimiento, pues en el caso de los delitos se tiene un aparato judicial (con participación ciudadana) y un Ministerio Público, consagradas como instituciones destinadas a consolidar un mecanismo de averiguación de la verdad histórica de un hecho punible y por ende aplicar la sanción penal; por otra parte, tenemos las sanciones administrativas aplicadas por una entidad administrativa que tiene un procedimiento mucho más acotado, justamente, por la diferencia que tienen las sanciones y administrativas en el ser humano. Sin embargo de ello el proceso penal para garantizar un equilibrio entre la efectividad del iuspuniendi y la dignidad del ser humano, ha “evolucionado” hasta consolidar un proceso irradiado por garantías judiciales que acompañan al procesado en todo momento, y que busca asegurar que éste tenga un juicio justo en igualdad de condiciones y cuya finalidad sea arribar a la verdad histórica de lo sucedido. Esta dinámica de juicio con garantías judiciales indispensables, por la gran influencia del Derecho Constitucional de los últimos sesenta años en el mundo ha contagiado también al Derecho Administrativo Sancionador, pues ontológicamente impone sanciones al igual que el Derecho Penal (o más específicamente el Derecho procesal Penal). Este criterio mayoritario ha sido asumido por otros Tribunales, por ejemplo el Tribunal Constitucional de Chile en el Rol 1518-09 de 21 de octubre de 2010, señaló: “SEXTO: Que, de otra parte, atendida la circunstancia de que las sanciones administrativas participan de las características esenciales de las sanciones penales, al ser ambas emanaciones del iuspuniendi estatal, por lo que debe aplicarse, con matices, similar estatuto, como lo ha señalado esta Magistratura (roles N°s. 244 y 479), los sujetos pasivos de las mismas sólo suelen serlo -por regla general- quienes aparezcan como directa y personalmente infractores…”. El Tribunal Constitucional de España en la SCT 164/1994 de 13 de noviembre, señaló que: “Así las cosas, ha de recordarse que en distintas ocasiones hemos advertido ya de la improcedencia de extender indebidamente el concepto de sanción con la finalidad de obtener la aplicación de las garantías constitucionales propias de este campo a medidas que no responden verdaderamente al ejercicio del ius puniendi del Estado. Así, en la STC 239/1988, dijimos que ‘los postulados del art. 25 C.E. no pueden aplicarse a ámbitos que no sean los específicos del ilícito penal o administrativo, siendo improcedente su aplicación extensiva o analógica, como resulta de las SSTC 73/1982, 69/1983 y 96/1988, a supuestos distintos o a actos, por su mera condición de ser restrictivos de derechos, si no representan el efectivo ejercicio del iuspuniendi del Estado o no tienen un verdadero sentido sancionador'. Se trata, pues, de averiguar si el recargo cuestionado tiene o no 'un verdadero sentido sancionador’. En esta línea, hay que dejar constancia, como primer dato relevante que es, aunque no decisivo, de la clara voluntad del legislador de excluir el recargo que contemplamos del ámbito de las sanciones”. La Corte Constitucional de Colombia al respecto ha mencionado en la Sentencia C-530 de 2003 que “…la potestad punitiva del Estado agrupa el conjunto de competencias asignadas a los diferentes órganos para imponer sanciones de variada naturaleza jurídica. Por ello, la actuación administrativa requerida para la aplicación de sanciones, en ejercicio de la potestad sancionadora de la administración -correctiva y disciplinaria-, está subordinada a las reglas del debido proceso que deben observarse en la aplicación de sanciones por la comisión de ilícitos penales (CP art. 29), con los matices apropiados de acuerdo con los bienes jurídicos afectados con la sanción”. El Tribunal Constitucional anterior, también lo reflejó así en su uniforme jurisprudencia estableciendo subreglas sobre el alcance, contenido y significado del respeto a la garantía del debido proceso, su reconocimiento como derecho fundamental y humano en un Estado de Derecho, así como su inexcusable observancia y exigibilidad en toda actividad sancionadora sea en el ámbito judicial o administrativo, estableciendo en la SC 0831/2005-R de 25 de julio, que asume el entendimiento de la SC 0042/2004 de 22 de abril, entre otras, que: “...toda actividad sancionadora del Estado, sea en el ámbito jurisdiccional o administrativo, debe ser impuesta previo proceso, en el que se respeten todos los derechos inherentes a la garantía del debido proceso, entre los cuales se encuentra el derecho a la defensa, que implica a su vez, entre otros elementos, la notificación legal con el hecho que se le imputa al afectado, y con todas las actuaciones y resoluciones posteriores, la contradicción y presentación de pruebas tendentes a desvirtuar la acusación, la asistencia de un defensor, el derecho pro actione ó a la impugnación; asimismo, el derecho a la defensa, se relaciona directamente con los derechos a la igualdad de las partes ante la ley y ante su juzgador, al juez natural y a la seguridad. Además, cabe hacer notar que en la SC 136/2003-R, este Tribunal ha establecido (...) que el derecho a defensa debe ser interpretado conforme al principio de favorabilidad antes que restrictivamente; posiciones todas, afines a la doctrina administrativa contemporánea”. Precisando el entendimiento anterior, respecto a la garantía del debido proceso, consagrado por el art. 16.IV de la CPE, que persigue evitar la imposición de una sanción sin el cumplimiento de un proceso previo, en el que se observen los derechos y garantías consagrados por la Constitución y las leyes, constituyéndose, la motivación de los autos y sentencias en una de las exigencias básicas del debido proceso, por lo mismo las resoluciones deben señalar claramente las razones que le llevan a tomar una determinación. Así las SSCC 752/2002-R, 1369/2001-R, entre otras, han establecido que: “(...) el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que, consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión”. Complementando la doctrina constitucional que precede, respecto al derecho a una Resolución judicial motivada, se estableció la subregla de que ésta garantía básica del debido proceso, es más relevante y de mayor exigibilidad en autos y resoluciones definitivas, así corresponde reiterar el razonamiento expuesto en la: SC 577/2004, de 15 de abril, aplicable al presente caso, que señala que la “(…) exigencia de fundamentar las decisiones, se torna aún más relevante cuando el Juez o Tribunal debe resolver en apelación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades de primera instancia; máxime, cuando se trata de resolver recursos sobre excepciones, tienen carácter definitivo y por lo mismo, es imprescindible que dichas Resoluciones sean suficientemente motivadas y expongan con claridad las razones y fundamentos legales que las sustentan y que permitan concluir, que la determinación sobre la existencia o inexistencia del agravio sufrido fue el resultado de una correcta y objetiva valoración de las pruebas, del mismo modo que se exige al apelante cumplir con la obligación de fundamentar los agravios; por cuanto, en la medida en que las resoluciones contengan ,los fundamentos de hecho y de derecho, el demandado tendrá la certeza de que la decisión adoptada es justa; por lo que no le está permitido a un Juez o Tribunal, reemplazar la fundamentación por la relación de antecedentes, la mención de los requerimientos de las partes o hacer alusión de que el Juez de instancia obró conforme a derecho, tal como acontece en este caso; con mayor razón, si se tiene en cuenta que el contar con una Resolución debidamente fundamentada y motivada es un derecho fundamental de la persona y forma parte del debido proceso…”» (las negrillas son nuestras).
La SCP 0394/2014 de 25 de febrero, en cuanto al poder punitivo del Estado y sus manifestaciones en el ámbito de la potestad administrativa sancionatoria estableció que: «La función administrativa en el Estado Plurinacional de Bolivia, según ha precisado la jurisprudencia constitucional está destinada a cumplir con los fines del Estado plasmados en el art. 9 de la CPE y además efectivizar a través de sus órganos el pleno goce y ejercicio de derechos fundamentales de naturaleza individual o colectiva (SCP 0535/2012 de 9 de julio). En coherencia con lo señalado, la SCP 0137/2013 de 5 de febrero, ha establecido que “…uno de los causes propios de la función administrativa, se manifiesta en la llamada `potestad administrativa sancionatoria´, cuyo fundamento encuentra razón de ser en el poder punitivo del Estado, presupuesto que en el ámbito disciplinario, debe enmarcarse a los postulados propios de un Estado Constitucional de Derecho, en el cual, los procedimientos sancionatorios, son coherentes con los derechos fundamentales (…)”. En el marco de esta comprensión el proceso administrativo sancionador, se encuentra configurado por principios esenciales que aseguren el respeto pleno a las reglas de un debido proceso administrativo, entre los cuales se encuentran: el principio de independencia, de imparcialidad, de competencia, de buena fe, el non bis in idem y el de legalidad entre otros, éste último, que para efectos de realizar el test de constitucionalidad en el caso concreto, será desarrollado de manera específica». Asimismo, la citada Sentencia Constitucional Plurinacional basándose en el entendimiento establecido en la SCP 0137/2013 de 5 de febrero, respecto al principio de legalidad y su incidencia en la potestad administrativa sancionatoria, concluyó que esta: «…se configura como: “una `potestad reglada´, a partir de la cual, encuentra razón de ser el principio de legalidad, el cual, en un Estado Constitucional de Derecho como es el caso del Estado Plurinacional de Bolivia, expande su contenido dogmático para configurar el `principio de constitucionalidad´, en virtud del cual, todos los actos de la administración, incluidos por supuesto aquellos que emanen de la potestad administrativa sancionatoria, se someten no solamente a un bloque de legalidad imperante, sino a la Constitución, entendiendo que en esta nueva visión de Estado, la Constitución tiene un `valor normativo´, es decir constituye fuente directa de derecho, presupuesto a partir del cual, se concibe la aplicación directa de los derechos fundamentales y la eficacia del fenómeno de constitucionalización del ordenamiento jurídico, es decir, la irradiación de contenidos constitucionales y en particular de lineamientos insertos en la parte dogmática de la Constitución en todos los actos de la vida social y por supuesto en aquellos emergentes de la función administrativa”. La jurisprudencia constitucional, ha desarrollado ampliamente el principio de legalidad, señalando que para su observancia, se debe cumplir con dos condiciones esenciales para su aplicación: “…a) la garantía formal expresada en el resguardo del principio de la reserva legal en la medida en que es la Ley la que contiene las normas que tipifican las conductas como ilícitos o infracciones administrativas, así como las sanciones; y b) la garantía material que en resguardo del principio de la seguridad jurídica se expresa en la necesaria tipificación de las conductas y el establecimiento de las sanciones tanto en forma directa, a través de las normas contenidas en la Ley, cuanto por remisión conocida como tipificación indirecta” (…) (SC 22/2002 de 6 de marzo). La proyección de este principio alcanza al ámbito administrativo sancionador, según ha expresado la jurisprudencia constitucional al determinar que una condición de validez de las sanciones administrativas previstas a través de reglamentos es que sean establecidas en el marco del principio de legalidad y cumplan con los requisitos esenciales exigidos para su aplicación; es decir, observar la garantía material y formal aludida precedentemente, esto es: reserva legal y tipificación expresa de la conducta y la sanción. Así la SC 57/2002 de 5 de julio, a tiempo de realizar el correspondiente juicio de constitucionalidad, determinó que: “tanto la tipificación de la infracción o ilícito administrativo, cuanto la sanción respectiva, no han sido establecidos expresamente en la Ley, sino directamente en el Decreto Supremo que contiene la disposición legal impugnada, hecho que le resta la validez legal al decomiso como sanción administrativa, en razón de que la disposición legal objeto de análisis lesiona el principio de la reserva legal, así como el derecho a la seguridad jurídica, así como el principio de la legalidad (…)”. En este contexto, es fundamental precisar que las sanciones penales como las administrativas son manifestaciones de la potestad punitiva del Estado, y como tales, deben cumplir ciertas condiciones para ser válidas. Sobre este particular, la SC 0035/2005 de 15 de junio, subrayó que: “la mera existencia de una ley no garantiza el cumplimiento del principio de legalidad en la aplicación de una sanción, (…). Precisamente para evitar que el principio de legalidad sea una proclamación vacía de contenido, la ley debe reunir una serie de requisitos que generalmente se resumen en la necesidad que se sea escrita, previa a la realización de los hechos que se pretende sancionar y estricta, esto es, que establezca claramente las características del hecho punible y su sanción. (Francisco Muñoz C. y Mercedes García Arán, Derecho Penal, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000)”.
En el orden señalado determinó que: “En el seno de la potestad sancionadora general, a diferencia de los delitos, las sanciones administrativas admiten su regulación mediante una norma reglamentaria, pero con la condición que ésta ha de estar necesariamente basada en una ley, que ha de determinar el alcance y contenido de la norma reglamentaria, los elementos esenciales de la conducta antijurídica, y la naturaleza y límites de las sanciones a imponer. No cabe una remisión al reglamento que haga posible una regulación independiente y no claramente subordinada a la ley (Federico A. Castillo Blanco, Función Pública y Poder Disciplinario del Estado. Civitas, Madrid, 1992, p.244.)”. Asimismo, la SC 0062/2002, expresó que el principio de legalidad adquiere una vertiente procesal y otra sustantiva. Con relación a la primera puntualizó que “…el principio de legalidad en su vertiente procesal (garantía jurisdiccional), tiende a garantizar que nadie pueda ser sancionado sino en virtud de un proceso desarrollado conforme a las reglas establecidas en el procedimiento en cuestión, en el que se respeten las garantías establecidas por ley”. En su vertiente penal (sustantiva) el principio de legalidad: “…prohíbe que una conducta, por reprochable que parezca y por mucho que lesione un derecho, pueda conceptuarse como falta o delito, si la ley no la describe de manera taxativa como tal” (…). Analizando el caso, concluyó que: "las exigencias del principio de legalidad no se agotan en la formulación de la ley previa, sino que además, con el mismo valor, está la exigencia de la garantía de certeza. La realización material del principio de legalidad también viene condicionada por la forma como se encare el proceso de subsunción de la conducta en el tipo descrito por la norma sancionadora; pues, todo el andamiaje que importan las garantías formales, quedarían reducidas a la nada, si fuera conforme a derecho, aplicar un precepto distinto, al de la conducta atribuida o imputada”». Finalmente, en cuanto al principio de taxatividad como elemento esencial del principio de legalidad en el ámbito de la potestad administrativa sancionadora, continuando con lo establecido por la SCP 0394/2014 la cual señaló que: «En líneas precedentes se ha establecido que el carácter material del principio de legalidad garantiza la seguridad jurídica de los ciudadanos y las ciudadanas por cuanto les permite conocer cuándo y por qué motivos pueden ser objeto de penas o sanciones ya sean privativas de la libertad o administrativas o de otra índole evitando de esta forma toda clase de arbitrariedad o intervención indebida por parte de las autoridades respectivas (SSCC 0035/2005, 22/2002).
En esta perspectiva, cumple referirse al principio de taxatividad como elemento esencial del principio de legalidad que forma parte del carácter material del principio de legalidad. Así se ha pronunciado la SC 0022/2006 de 18 de abril, al señalar que: “Del principio de legalidad emerge el principio de taxatividad de la norma penal o disciplinaria, que implica la suficiente predeterminación normativa de los ilícitos y sus consecuencias jurídicas; (…)”. En este orden, la citada Sentencia al realizar el juicio de constitucionalidad del “numeral” 27 del inc. “D” del art. 6 del Reglamento de Faltas Disciplinarias y sus Sanciones de la Policía Nacional, consideró que el texto de la norma, en su literalidad era ininteligible porque “no se puede descifrar cuál es la conducta castigada o el precepto que se pretende instituir”, aspecto discordante con el principio de taxatividad “que exige que las conductas tipificadas como faltas disciplinarias, sean descritas de forma que generen certeza, sin necesidad de interpretación alguna, sobre el acto o conducta sancionada, así como sobre la sanción impuesta, pues la existencia de un precepto sancionador sin la suficiente claridad del acto que describe como lesivo a un bien jurídico protegido, puede dar lugar a que sean las autoridades encargadas de aplicar dicho precepto quienes creen el tipo para adecuarlo a la conducta procesada, lo que no coincide con los principios de legalidad y debido proceso”. En esta línea de pensamiento la SC 0746/2010-R 26 de julio, al desarrollar el alcance y los límites de la potestad administrativa sancionatoria, entendió que: “(…) en resguardo de las garantías tanto formal como material que estructuran el principio de legalidad en materia disciplinaria-sancionatoria, no se puede utilizar el método análogo de interpretación ni suplir de ninguna manera las conductas no establecidas por ley expresa, entonces, solamente se establecerán sanciones en la medida que la conducta se adapte a la tipicidad punitiva-sancionatoria establecida por el legislador y en tanto y cuanto se utilicen criterios de interpretación que no excedan los alcances del contenido esencial del principio de legalidad en la esfera disciplinaria”. Asimismo determinó que solamente puede imponerse una sanción administrativa cuando ésta esté específicamente establecida por ley de acuerdo al principio de taxatividad, por lo mismo, entendió la legalidad en materia sancionatoria, condicionada al principio de certeza o taxatividad como garantía material, que garantiza la previsibilidad de las conductas sancionables y la certeza jurídica sobre las sanciones establecidas. Por su parte, la SCP 0770/2012 de 13 de agosto, determinó que “El principio de legalidad se encuentra conformado a la vez por varios sub principios, entre ellos, el de taxatividad, referido precisamente -valga la redundancia- a la taxatividad de la norma procesal, e implica la suficiente predeterminación normativa de los ilícitos y sus consecuencias jurídicas; pues la indeterminación supone una deslegalización material encubierta; por otra parte se encuentra el principio de tipicidad que desarrolla el principio fundamental 'nullum crimen, nulla poena sine lege', se aplica como la obligación de que los jueces y tribunales apliquen la ley sustantiva debidamente enmarcando la conducta del imputado exactamente en el marco descriptivo de la ley penal a efectos de no incurrir en calificación errónea que afecte al debido proceso y devenga en defecto absoluto insubsanable; (…)”. En el contexto referido concluyó que: “(…) el Estado no puede castigar una conducta que no está descrita ni penada por la ley, cimentándose una doble garantía: Por una parte, todas las personas conocen el ámbito de lo permitido y prohibido y, por la otra, el delincuente no puede ser castigado más que por las acciones legalmente descritas y sólo con la pena correspondiente. (…) en aras de la seguridad jurídica es indispensable que la norma punitiva, sea penal o administrativa, exista y resulte conocida, o pueda serlo, antes de que ocurran la acción o la omisión que la contravienen y que se pretende sancionar. La calificación de un hecho como ilícito y la fijación de sus efectos jurídicos deben ser preexistentes a la conducta del sujeto al que se considera infractor. De lo contrario, los particulares no podrían orientar su comportamiento conforme a un orden jurídico vigente y cierto, en el que se expresan el reproche social y las consecuencias de éste. Estos son los fundamentos de los principios de legalidad y de irretroactividad desfavorable de una norma punitiva”.
La SCP 1916/2012 de 12 de octubre, citada a la SCP 0876/2019-S1 de 12 de septiembre señaló que: «“Las normas previstas por el art. 180.I de la CPE, entre los principios de la jurisdicción ordinaria, contemplan el de verdad material, cuyo contenido constitucional implica la superación de la dependencia de la verdad formal o la que emerge de los procedimientos judiciales, por eso es aquella verdad que corresponde a la realidad, superando cualquier limitación formal que restrinja o distorsione la percepción de los hechos, a la persona encargada de juzgar a otro ser humano, o de definir sus derechos y obligaciones, dando lugar a una decisión injusta que no responda a los principios, valores y valores éticos consagrados en la Ley Fundamental de nuestro país, a los que, todas las autoridades del Órgano Judicial y de otras instancias, se encuentran impelidos a dar aplicación, entre ellas, al principio de verdad material, por sobre la limitada verdad formal. Obligación que para su cumplimiento requiere, entre otros, de una correcta apreciación de los medios probatorios aportados durante el proceso, conforme a la realidad de su ocurrencia, con la finalidad de efectivizar la función de impartir justicia menos formalista y procesalista, para dar lugar a la justicia material y efectiva; velando por la aplicación y respeto de los derechos fundamentales y de las garantías constitucionales de las personas. De lo mencionado, corresponde a continuación analizar las implicancias de aquellos casos en los que, las autoridades tanto administrativas como judiciales, a tiempo de emitir sus resoluciones, omiten valorar los medios probatorios, o lo hacen apartados de los principios de razonabilidad y/o equidad, fuera del marco de las reglas de un debido proceso. Incumplimiento que al igual que en el caso de inobservancia de la motivación de las decisiones judiciales o administrativas, activa el control tutelar de constitucionalidad para su restitución, siempre en resguardo del debido proceso. En relación a ello, el Tribunal Constitucional, estableció que dicha labor le corresponde de manera exclusiva a la jurisdicción ordinaria, es decir a los jueces, tribunales y autoridades administrativas a tiempo de emitir sus fallos; sin embargo, de manera excepcional, definió el alcance de la jurisdicción constitucional para su intromisión, señalando en la SC 0560/2007-R de 3 de julio que: ‘…la valoración de las pruebas, constituye una atribución privativa de los jueces y tribunales ordinarios, y que a través del recurso de hábeas corpus (ahora acción de libertad) no es posible revisar el análisis y los motivos que llevaron a los tribunales ordinarios a otorgar a los medios de prueba determinado valor; dado que ello implicaría revisar la valoración de la prueba realizada en la jurisdicción ordinaria, atribución que, conforme lo sintetizó la SC 0965/2006-R de 2 de octubre, está permitida solamente ‘…cuando en dicha valoración: a) exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir (SC 0873/2004-R y 0106/2005-R, entre otras), o b) cuando se haya omitido arbitrariamente valorar la prueba y su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales (SC 0129/2004-R, de 28 de enero)’. En el mismo sentido, las SSCC 0884/2007-R y 0262/2010-R. Competencia que se traduce, conforme a lo establecido por la SC 0129/2004-R de 28 de enero, que: ‘…es necesario dejar claro, que en lo relativo a prueba, la competencia sólo se reduce a establecer si fue o no valorada, pero no a imponer mediante este recurso cómo debe ser compulsada y menos a examinarla, lo que significa, que sólo se deberá disponer en casos de omisión de compulsa que se la analice siempre que curse en el expediente y que hubiera sido oportunamente presentada...’. No obstante las excepciones anotadas en la SC 0560/2007-R glosada precedentemente, cabe añadir en que SC 0115/2007-R de 7 de marzo, se consideró otra excepción a las subreglas jurisprudenciales, señalando que: ‘además de la omisión en la consideración de la prueba, (…) es causal de excepción de la subregla de no valoración de la prueba, otra excepción se da cuando la autoridad judicial basa su decisión en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento’. En resumen, por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: 1) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, 3) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Claro está que además de ello, en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia de que su incumplimiento ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional. Supuestos que constituyen excepciones a la regla aludida; dado que se admite injerencia de la jurisdicción constitucional, únicamente cuando se evidencian dichas vulneraciones; empero, dicha competencia se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente. (…) Asimismo, es imprescindible también, que el recurrente señale en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final; por cuanto, no toda irregularidad u omisión procesal en materia de prueba (referida a su admisión, a su práctica, a su valoración, etc.) causa por sí misma indefensión material constitucionalmente relevante, correspondiendo a la parte recurrente, demostrar la incidencia en la Resolución final a dictarse, es decir, que la Resolución final del proceso hubiera podido ser distinta de haberse practicado la prueba omitida, o si se hubiese practicado correctamente la admitida, o si se hubiera valorado razonablemente la compulsada…"» (las negrillas y el subrayado nos pertenecen).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación, congruencia, valoración razonable de la prueba y de los principios de seguridad jurídica y legalidad en sus sub principios de taxatividad y tipicidad; al trabajo, a la defensa, a la estabilidad laboral y la dignidad; puesto que el Fiscal General hoy accionado al momento de emitir la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PA-JS 08/2022 de 27 de octubre: 1) No se fundamentó ni motivó la citada Resolución, omitiendo pronunciarse sobre el agravio del recurso jerárquico que argumentaba la aplicación incorrecta del ordenamiento jurídico en la Resolución Sumarial FGE/JS 073/22 de 19 de septiembre de 2022 y en la Resolución de Recurso de Revocatoria FGE/JS 010/22 de 5 de octubre de igual año, las los cuales llevaron a su destitución. Además, no se tuvo en cuenta que la Resolución de Apertura de Proceso Administrativo Disciplinario Interno FGE/JS 065/22 de 16 de agosto del mismo año, se basó en artículos que no subsumen ni tipifican la relación de parentesco ni la presentación de una Declaración Jurada falsa como faltas; 2) Justificó el abuso del Ministerio Público al aplicar normativas como la Ley de Administración y Control Gubernamentales y el Reglamento de Responsabilidad por la Función Pública, cuando el primer hecho generador de responsabilidad disciplinaria -parentesco en cuarto grado-debió ser resuelto bajo el Reglamento de Incompatibilidades del Ministerio Público, y el segundo -falsedad en la Declaración Jurada de incompatibilidades-, conforme a la Ley Orgánica del Ministerio Público, ya que se trataba de una falta grave; 3) No explicó el motivo por el que se aplicó el Reglamento Interno de Control de Personal sobre la Ley Orgánica del Ministerio Público ni cómo su conducta se adecuó a la obligación contenida en el art. 12 inc. m) de dicho Reglamento sobre la taxatividad; 4) Incurrió en una incongruencia omisiva que agravó su estado de indefensión al no considerar que posterior a la apertura del proceso administrativo-disciplinario, la Resolución Sumarial FGE/JS 073/22 adicionó el hecho de que su persona -accionante- hubiese declarado en tres oportunidades en el formulario de incompatibilidades; 5) Incurrió en falta de fundamentación, motivación y congruencia en cuanto a la interpretación arbitraria del art. 38 del Reglamento de Incompatibilidades del Ministerio Público. Además, ignoró los principios de legalidad, taxatividad y seguridad jurídica, al incluir el criterio de responsabilidad de quien generó la incompatibilidad, cuando esto no está contemplado en el señalado Reglamento; 6) No explicó por qué el Juez Sumariante ahora tercero interesado puede apartarse de la legalidad formal y no dar cumplimiento a lo ordenado por el art. 54.III del Reglamento Interno de Control de Personal del Ministerio Público; y, 7) No valoró razonablemente la prueba aparejada al referido proceso por la hoy tercera interesada, ya que la documental no cumple con las formalidades establecidas por ley. De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se tiene que, mediante Resolución de Apertura de Proceso Administrativo Disciplinario Interno FGE/JS 065/22 se determinó la apertura de proceso administrativo interno contra el accionante por la presunta vulneración de los arts. 232 y 235.2 de la CPE; 21.4 de la LOMP; 1 inc. h), 8 incs. b), h) y k) del EFP; 10 inc. a) del Reglamento de Incompatibilidades del Ministerio Público; y, 12 incs. a), c), i) y m), 14 y 54.I incs. g) y w) del Reglamento Interno de Control de Personal del Ministerio Público. Asimismo, contra la hoy tercera interesada por la supuesta contravención de los arts. 21.4 de la LOMP; 10 inc. a) del Reglamento de Incompatibilidades del Ministerio Público; y, 12 inc. a) y 54.I incs. g) y w) del Reglamento Interno de Control de Personal del Ministerio Público (Conclusión II.1.). Posteriormente, por memorial presentado el 5 de septiembre de 2022, ante el Juez Sumariante ahora tercero interesado, el accionante solicitó la nulidad de obrados por vulneración de derechos y garantías constitucionales, hasta la Resolución de Apertura de Proceso Administrativo Disciplinario Interno FGE/JS 065/22 (Conclusión II.2.). Luego, mediante Resolución Sumarial FGE/JS 073/22, se declaró responsable al accionante por la vulneración del ordenamiento jurídico-administrativo previsto por los arts. 232 y 235.2 de la CPE; 21.4 de la LOMP; 1 inc. h), 8 incs. b), h) y k) del EFP; 10 inc. a) del Reglamento de Incompatibilidades del Ministerio Público; y, 12 incs. a), c), i) y m), 14 y 54.I incs. g) y w) del Reglamento Interno de Control de Personal del Ministerio Público, imponiéndole como sanción la destitución (Conclusión II.3.). Asimismo, cursa Resolución de Recurso de Revocatoria FGE/JS 010/22 que determinó confirmar la Resolución Sumarial FGE/JS 073/22, en todas sus partes (Conclusión II.4.). Ante esa determinación, a través del escrito presentado el 17 de octubre de 2022, el accionante interpuso recurso jerárquico contra la Resolución de Recurso de Revocatoria FGE/JS 010/22 que fue confirmada por Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PA-JS 08/2022 (Conclusión II.5.). Consideraciones previas El accionante identifica como acto vulnerador de sus derechos y garantías constitucionales la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PA-JS 08/2022; no obstante, solicitó se anule obrados hasta la emisión de una nueva resolución de apertura de proceso administrativo. En ese sentido, se aclara al nombrado que en razón al principio de subsidiariedad sólo se analizará si dicha Resolución Jerárquica incurrió en la vulneración de sus derechos y garantías constitucionales, y no las supuestas irregularidades procesales cometidas durante todo el proceso administrativo-disciplinario, ya que ello es competencia de autoridad jerárquica superior, más aun si en esta acción de defensa no fue accionado el Juez Sumariante hoy tercero interesado; por lo que, no resulta necesario efectuar mayores puntualizaciones. En cuanto a la vulneración de derechos, garantías y principios constitucionales El Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, sobre el derecho al debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación, estableció que la motivación significa que toda autoridad que conozca un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, observándose no incurrir en una decisión basada en una motivación arbitraria que deviene de la arbitrariedad en la valoración de la prueba. En cuanto a la fundamentación, se estableció que dicho elemento se constituye en una garantía de que el juzgador -entendido este de manera amplia-, tanto en procesos judiciales como administrativos explicará de manera clara y sustentada en derecho, los motivos que lo llevaron a tomar una decisión. En cuanto a la congruencia, señaló que la autoridad jurisdiccional o administrativa en su fallo debe asegurar la estricta correspondencia entre lo peticionado y probado por las partes, además de guardar coherencia dentro de la estructura de su propio fallo, cuidando que no existan contradicciones de argumentos en su interior. Ahora bien, en el Fundamento Jurídico III.2. del presente fallo constitucional, en cuanto a la aplicabilidad de garantías judiciales en los procesos administrativos disciplinarios sancionatorios, se señaló que las sanciones administrativas tienen una génesis idéntica a la de las sanciones en el ámbito del Derecho Penal, siendo que toda actividad sancionadora del Estado debe ser impuesta previo proceso en el que se respeten todos los derechos inherentes a la garantía del debido proceso, entre los que se encuentra el derecho a la defensa que implica -entre otros- la contradicción y presentación de pruebas tendientes a desvirtuar la acusación, teniéndose como exigencia del derecho al debido proceso el deber de fundamentación de las resoluciones administrativas y judiciales; en consecuencia, cuando un juzgador omite la motivación de una resolución toma una determinación de hecho y no de derecho que vulnera el debido proceso de las partes, derecho-garantía-principio que obtiene mayor relevancia y exigibilidad en autos y resoluciones definitivas, resultando imprescindible que los fallos se encuentren debidamente motivados y expongan con claridad las razones y fundamentos que los sustentan, permitiendo concluir que la determinación sobre la existencia o no del agravio sufrido fue resultado de una correcta y objetiva valoración de las pruebas, no estando permitido al juzgador reemplazar la fundamentación por la relación de antecedentes, la mención de los requerimientos de las partes, o referir que el juez de instancia obró conforme a Derecho. Finalmente, conforme se estableció en el Fundamento Jurídico III.4. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la función administrativa del Estado Plurinacional de Bolivia se encuentra destinada a cumplir con los fines del Estado según mandato del art. 9 de la CPE, además de efectivizar a través de sus Órganos, el pleno goce y ejercicio de derechos fundamentales. De esa manera, la potestad administrativa implica que el poder punitivo del Estado en el ámbito administrativo debe enmarcarse a los postulados de un Estado Constitucional de Derecho, en el que, los procedimientos sancionatorios son coherentes con los derechos fundamentales. Bajo ese contexto, la existencia de una ley no implica el cumplimiento del principio de legalidad en la aplicación de una sanción; puesto que, esta debe reunir requisitos como estar escrita, ser previa a la realización de los hechos que pretende sancionar y establecer claramente las características del hecho punible y sanción; ya que, a diferencia de los delitos, las sanciones administrativas admiten regulación a través de una norma reglamentaria con la condición de que esa debe estar basada en una ley que determinará el alcance y contenido de la norma reglamentaria, los elementos esenciales de la conducta antijurídica, la naturaleza y límites de las sanciones a imponer. En ese sentido, no es posible la remisión al reglamento que posibilite una regulación independiente y sin estar claramente subordinada a la ley. Entonces, una condición para la validez de las sanciones administrativas previstas en los reglamentos, es que sean establecidas en razón al principio de legalidad y cumplan con los requisitos de reserva legal y tipificación expresa de la conducta y la sanción, para su aplicación. Consiguientemente, uno de los elementos esenciales del principio de legalidad es el principio de taxatividad de la norma que implica la predeterminación normativa de las infracciones y sus consecuencias jurídicas; es decir, exige que las conductas establecidas como faltas administrativo-disciplinarias sean descritas de manera que generen certeza sin necesidad de interpretación alguna, respecto a la conducta sancionada, así como sobre la sanción impuesta, lo contrario dará lugar a que las autoridades administrativas encargadas de la aplicación de la norma creen el tipo para adecuarlo a la conducta procesada, lo cual resulta contrario a los principios de legalidad y debido proceso. En ese sentido, a objeto de establecer si las vulneraciones alegadas a través de la presente acción de amparo constitucional son evidentes o no, debe considerarse lo expuesto en el recurso jerárquico y en la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PA-JS 08/2022, para efectuar el análisis propiamente dicho.
Recurso jerárquico planteado mediante memorial presentado el 17 de octubre de 2022 El accionante denunció que ante el reclamo de la errónea y arbitraria interpretación de la norma y vulneración a los principios de taxatividad y legalidad, el Juez Sumariante ahora tercero interesado, solo transcribió su recurso de revocatoria y afirmó que describió las normas aplicables para luego indicar que al ser los sumariados -el accionante y la ahora tercera interesada- primos hermanos, se vulneraría el ordenamiento jurídico-administrativo. Posteriormente, el indicado Juez reiteró los mismos argumentos de la Resolución impugnada; no obstante, citó normas que no hacen referencia a la incompatibilidad -como son los arts. 12 inc. m) del Reglamento Interno de Control de Personal y 12 inc. b) del EFP- sino a la obligación de los funcionarios públicos de presentar Declaraciones Juradas de incompatibilidad, lo cual es distinto. Ese aspecto fue reclamado mas no respondido por el señalado Juez, quien no consideró que en la Resolución de Apertura de Proceso Administrativo Disciplinario Interno FGE/JS 065/22 se inició; puesto que, se hubiese prestado Declaración Jurada de inexistencia de la misma en conocimiento de la incompatibilidad, en cambio, en la Resolución Sumarial FGE/JS 073/22, mencionó el hecho de que declaró en tres oportunidades en el Formulario de incompatibilidad faltando a la verdad de un hecho que conocía; es decir, que se lo declaró responsable por presuntamente mentir en determinadas Declaraciones Juradas de incompatibilidad en su calidad de Fiscal de Materia. Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PA-JS 08/2022 El Fiscal General hoy accionado, en respuesta al recurso jerárquico interpuesto por el accionante manifestó que debe considerarse lo establecido por el art. 410 de la CPE para el análisis del agravio. El art. 12 inc. m) del Reglamento Interno de Control de Personal del Ministerio Público, no hace mención a la incompatibilidad como tal sino a la obligación de presentar la Declaración Jurada de incompatibilidades; empero, de la revisión de la Resolución de Apertura de Proceso Administrativo Disciplinario Interno FGE/JS 065/22, se advierte que forma parte del segundo hecho fáctico, por el que fue iniciado el proceso administrativo-disciplinario: el prestar Declaración Jurada de inexistencia de incompatibilidad a sabiendas de su concurrencia; y no así, solo en cuanto al hecho fáctico de la incompatibilidad como tal; por ello, es distinta a los fundamentos de esa incompatibilidad; empero, coherente y congruente con la fundamentación de la obligación de todo funcionario del Ministerio Público de presentar Declaración Jurada de incompatibilidades respecto a otros funcionarios de esa institución. Con relación al art. 12 inc. b) del EFP, no se advierte la existencia de esa disposición normativa para una debida fundamentación.
Análisis El accionante denunció la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y legalidad en sus sub principios de tipicidad y taxatividad debido a la aplicación de un procedimiento incorrecto que no se encuentra acorde al hecho generador de la supuesta responsabilidad, alegando que la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PA-JS 08/2022 no reparó la errónea aplicación del procedimiento sino que usó argumentos confusos de los que no se llega a comprender la adecuación de la conducta y la aplicación del procedimiento por el que fue indebidamente procesado. Al respecto, se advierte que la argumentación del Fiscal General ahora accionado busca justificar la sanción de destitución impuesta a un funcionario público del Ministerio Público -accionante- por presentar una Declaración Jurada falsa. El argumento central de dicha Autoridad Fiscal es que si bien el art. 12 inc. m) del Reglamento Interno de Control de Personal del Ministerio Público no menciona explícitamente la incompatibilidad como causa de sanción, la Resolución de Apertura de Proceso Administrativo Disciplinario Interno FGE/JS 065/22, considera la presentación de una declaración jurada falsa como un hecho punible. Previo al análisis de la interpretación del artículo precedentemente citado, es fundamental contextualizarlo. En ese sentido, el Reglamento Interno de Control de Personal del Ministerio Público es un instrumento normativo que establece derechos, deberes, prohibiciones, incompatibilidades y sanciones -art. 2 del indicado Reglamento-; es decir, las reglas y procedimientos a los que deben sujetarse los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. El objetivo primordial de ese tipo de reglamentos es garantizar la transparencia, la ética y la eficiencia en la gestión pública -art. 9 del citado Reglamento-. Conforme a una interpretación gramatical del art. 12 inc. m) del Reglamento Interno de Control de Personal del Ministerio Público, se tiene que la frase "Declaración Jurada de Incompatibilidades" tiene un significado claro y preciso, ya que se refiere a un documento formal en el que el funcionario público declara, bajo juramento, que no se encuentra en ninguna situación que pueda generar un conflicto de intereses en el ejercicio de sus funciones. Según ese método de interpretación, se tiene que el funcionario público está obligado a manifestar por escrito, de manera expresa y bajo juramento, que no existen circunstancias que puedan comprometer su imparcialidad u objetividad en el desempeño de su cargo. En el presente caso, se advierte que el Fiscal General ahora accionado fundamentó su análisis efectuando únicamente la interpretación gramatical del art. 12 inc. m) del Reglamento Interno de Control de Personal del Ministerio Público; y además, sin explicar las razones que la motivaron, llegó a la conclusión de que aunque la norma no mencione específicamente la sanción por presentar una declaración jurada falsa, se justifica la misma basándose en esta acción de defensa, argumentando que es una vulneración de la obligación de ser veraz en la Declaración Jurada; conclusión que ni siquiera fue respaldada a través de una interpretación sistemática o teleológica del citado precepto que permita comprender por qué la presentación de la Declaración Jurada de incompatibilidades forma parte de un sistema más amplio de control en cuanto a la veracidad de la información proporcionada por un funcionario público. Por consiguiente, la interpretación de ese artículo, como de cualquier norma jurídica, debe ser realizada de manera integral, teniendo en cuenta los diferentes métodos de interpretación y el contexto en el que se aplica, resultando necesario establecer de manera clara y precisa cuáles son las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento de esta obligación; sin embargo, el Fiscal General hoy accionado se limitó a citar el art. 410 de la CPE, sin efectuar mayores alegatos, denotándose que en su argumentación carece de la debida fundamentación. Además, la Resolución jerárquica no contiene la debida motivación; puesto que, en su contenido no existe una conexión lógica entre la obligación de presentar la Declaración Jurada de incompatibilidades y la sanción por presentar una Declaración Jurada falsa, aspecto que en efecto vulnera el derecho al debido proceso en su elemento del principio de legalidad en sus sub principios de taxatividad -que exige que las conductas prohibidas y las sanciones que correspondan estén claramente descritas en la ley o en los reglamentos aplicables- y de tipicidad -en virtud al que solo se pueden sancionar comportamientos que coinciden exactamente con los descritos en las normas; es decir, que una conducta debe estar perfectamente tipificada como infracción en la ley o reglamento-. Por consiguiente, al resultar evidente la denuncia efectuada por el accionante y denotarse la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y legalidad en sus sub principios de tipicidad y taxatividad, corresponde conceder la tutela al respecto. Recurso jerárquico planteado mediante memorial presentado el 17 de octubre de 2022 El accionante en su recurso jerárquico indicó que reclamó la vulneración del derecho al debido proceso al momento de ser notificado con la apertura del proceso administrativo-disciplinario; puesto que, la conducta por la que fue sancionado se constituye en una falta grave conforme prevé el art. 120.9 de la LOMP; falta que no merece destitución sino las sanciones establecidas por el art. 122.I.2 de la misma Ley, como ser la pérdida de promoción durante un año, suspensión temporal del cargo sin goce de haberes por un tiempo que no exceda de dos meses o 40% del haber mensual. Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PA-JS 08/2022 El Fiscal General hoy accionado en la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PA-JS 08/2022 manifestó que, en cuanto a la nulidad requerida, el art. 120.9 de la LOMP prevé como falta grave el declarar falsamente en las Declaraciones Juradas de incompatibilidad, entre otras. Entonces, al tenor del art. 117 y ss. de la citada Ley se colige que es una falta disciplinaria grave de jurisdicción de régimen disciplinario distinta a la del Juez Sumariante ahora tercero interesado, y en caso de probarse su adecuación, se sanciona con base al art. 122.I.2 de la misma Ley. Empero, no se apertura el proceso disciplinario por esa falta sino a la prevista por el art. 12 inc. m) del Reglamento Interno de Control de Personal del Ministerio Público que determina la presentación de Declaraciones Juradas de incompatibilidades en el Ministerio Público, de competencia del Juez Sumariante conforme a las Resoluciones de Apertura y de revocatoria como son los arts. 28 y 29 de la LACG, 17 del EFP, 12 y ss. del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública y la Disposición Transitoria Quinta de la Ley Orgánica del Ministerio Público, de lo que se colige que el Juez Sumariante no usurpó función alguna de la Autoridad Sumariante del Régimen Disciplinario, cuyas competencias se encuentran delimitadas en los arts. 120 y 121 de la LOMP, distintas al Juez Sumariante y establecidas en el art. 14 del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública que establece que las normas que regulan la conducta funcionaria del funcionario público son generales y específicas. Por consiguiente, no se pudo demostrar la errónea interpretación de la norma y la consiguiente vulneración de los principios de legalidad y de taxatividad. Análisis En la acción de amparo constitucional se denuncia que el Fiscal General ahora accionado y anteriormente el Juez Sumariante aplicaron incorrectamente el Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública en lugar del Reglamento de Incompatibilidades del Ministerio Público. En ese orden, alega que el Fiscal General hoy accionado justificó su decisión alegando varias normativas -arts. 28 y 29 de la LACG, 17 del EFP, 12 y ss. del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública y la Disposición Transitoria Quinta de la Ley Orgánica del Ministerio Público-; sin embargo, no explicó por qué se aplican esas disposiciones sobre la responsabilidad pública en lugar de abordar la relación de parentesco e incompatibilidad entre los funcionarios públicos, lo que resulta en una respuesta incongruente, porque ni en la Resolución Sumarial FGE/JS 073/22 ni en la Resolución de Recurso de Revocatoria FGE/JS 010/22 existe explicación fundamentada y motivada alguna de por qué se aplicaron esos artículos que regulan la responsabilidad por la función pública y no hechos emergentes de la relación de parentesco e incompatibilidad entre funcionarios públicos. En ese orden, se tiene que en efecto el Fiscal General ahora accionado refirió que la falta endilgada al accionante se adecua a la obligación establecida por el art. 12 inc. m) del Reglamento Interno de Control de Personal del Ministerio Público que determina que: “Las y los servidores del Ministerio Público, están obligados a (…) Presentar Declaración Jurada de Incompatibilidades en el Ministerio Público con servidoras o servidores de la Fiscalía General del Estado y/o Fiscalías Departamentales, reservándose la institución el derecho de solicitar documentos originales que el caso amerite” (las negrillas son nuestras); no obstante, como se señaló precedentemente refirió que el proceso administrativo disciplinario fue iniciado porque el accionante presentó su Declaración Jurada de inexistencia de incompatibilidad a sabiendas de que esta sí existía; en ese sentido, resulta incongruente señalar que se aperturó el proceso administrativo disciplinario por no cumplirse la obligación de presentar la Declaración Jurada de incompatibilidad, para luego hacer alusión a la presentación de la misma pero falsa o que no contenía datos veraces, lo cual se encuentra previsto como falta grave por el art. 120.9 de la LOMP que establece que: “Son faltas graves: (…) Declarar falsamente en la solicitud o trámites de licencias, salidas, comisiones, autorizaciones, declaraciones de incompatibilidad y sueldos” (la negrilla nos pertenece). Falta grave que se sanciona según el art. 122.I.2 de la LOMP con “…pérdida del derecho a promoción durante un año, suspensión temporal del cargo sin goce de haberes por un tiempo que no exceda de dos meses o una multa de hasta el 40% de su haber mensual”. De lo anterior se evidencia la ausencia de congruencia en la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PA-JS 08/2022, que genera duda respecto al hecho generador del proceso administrativo disciplinario; puesto que, por una parte el Fiscal General ahora accionado mencionó que el accionante incumplió la obligación de presentar la Declaración Jurada de incompatibilidades, para luego referir que la presentó pero que esta no contenía datos veraces. En ese sentido, el Fiscal General hoy accionado no aclaró si el hecho es el incumplimiento de la “obligación de presentar”, o es la “falsedad al presentar” la Declaración Jurada de incompatibilidades. Por consiguiente, al existir duda sobre el hecho generador de la responsabilidad administrativo disciplinaria, el Fiscal General hoy accionado no podría remitirse a los arts. 28 y 29 de la LACG, 17 del EFP, 12 y ss. del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública y la Disposición Transitoria Quinta de la Ley Orgánica del Ministerio Público contenidas en las Resoluciones de Apertura de Proceso Administrativo Disciplinario Interno FGE/JS 065/22 y de Recurso de Revocatoria FGE/JS 010/22, para afirmar la competencia del Juez Sumariante ahora tercero interesado sobre el conocimiento y resolución de la causa, sin antes establecer clara y concretamente el o los hechos generadores de responsabilidad administrativo-disciplinaria, concluyendo inmotivada e infundadamente que no se pudo demostrar la errónea interpretación de la norma y la consiguiente vulneración de los principios de legalidad y de taxatividad, argumento que no resulta razonable por lo anteriormente referido. En suma, se advierten deficiencias en la fundamentación y motivación, ya que si bien se menciona el art. 12 inc. m) del Reglamento Interno de Control de Personal del Ministerio Público como fundamento de la sanción, no se explica de manera clara y concisa cómo los hechos probados se ajustan a dicha disposición, tampoco el por qué la conducta específica del accionante justifica la sanción de destitución. La Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PA-JS 08/2022 también aplica de manera arbitraria diferentes normas sin una justificación clara y coherente. De esa manera, la amalgama conceptual entre incompatibilidad y responsabilidad administrativa genera confusión y dificulta la comprensión de los fundamentos de la decisión. En consecuencia y por las razones antes descritas, se evidencia la vulneración del derecho al debido proceso por falta de congruencia, fundamentación y motivación respecto a la denuncia realizada en el recurso jerárquico que versaba en la vulneración de los principios de legalidad y de taxatividad sancionadora disciplinaria por parte del Juez Sumariante ahora tercero interesado, debiendo concederse la tutela al respecto. Recurso jerárquico planteado mediante memorial presentado el 17 de octubre de 2022 El accionante en su recurso jerárquico denunció que al imponerse la sanción de destitución se incurrió en una errónea interpretación del régimen aplicable, debido a que se entremezcla el proceso por responsabilidad administrativa por la función pública con el proceso de incompatibilidad e impedimentos, y aunque el Juez Sumariante ahora tercero interesado tenga competencia, ello no implica que pueda aplicar de forma híbrida y de manera anómala esos procedimientos, contrariamente a lo establecido en la normativa vigente; puesto que, dicho Juez pretende aplicar el Reglamento de Incompatibilidades del Ministerio Público y al mismo tiempo el Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública que tienen sentidos y objetivos distintos, siendo que el primer Reglamento prevé un procedimiento específico para la tramitación del proceso descrito en sus arts. 29 y ss., resultando de relevancia su art. 30 de dicho Reglamento que establece como finalidad de ese Reglamento el determinar si existen causales de incompatibilidad, asimismo, en su art. 37 dispone dos posibilidades: declarar probada o improbada la incompatibilidad; empero, no determina la consecuencia de ello, por ello, debe ser relacionado al art. 16 inc. b) del Reglamento Interno de Control de Personal del Ministerio Público que prevé que la cesación no se constituye en una sanción sino en una consecuencia del impedimento legal en el que incurrió el funcionarios público. Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PA-JS 08/2022 Respecto agravio precedentemente citado, en cuanto a la supuesta pretensión de aplicar el Reglamento de Incompatibilidades y al mismo tiempo el Régimen de Responsabilidad por la Función Pública; el Fiscal General ahora accionado refirió que el art. 14 del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública prevé que las normas que regulan la conducta del funcionario público son generales y específicas, siendo el único requisito que no sean contrarias entre sí o con la Constitución Política del Estado, tal es así que el recurrente -accionante-refirió que el Reglamento de Incompatibilidades del Ministerio Público debe ser relacionado con el art. 16 inc. b) del Reglamento Interno de Control de Personal de la misma entidad, para determinar la cesación que evidentemente resulta distinta a la destitución, sanción esta última que fue asumida en cumplimiento al art. 55 ese Reglamento concordante con el art. 29 de la LOMP, ya que la aplicación de una sanción menor no haría desaparecer la incompatibilidad probada. Análisis En la acción de defensa, el accionante denunció que correspondía aplicar los arts. 29 al 44 del Reglamento de Incompatibilidades del Ministerio Público, que regulan las incompatibilidades, considerando que el art. 1 de ese Reglamento tiene por objeto regular los aspectos referidos a las incompatibilidades, lo que es concordante con su art. 30 del señalado Reglamento que prevé la forma de tramitación del proceso administrativo. Sin embargo, se aplicó el Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública en un proceso híbrido “administrativo-disciplinario”, lo que fue reclamado en los recursos de revocatoria y jerárquico; empero, el Fiscal General hoy accionado omitió explicar por qué no se aplicó el procedimiento específico del régimen de incompatibilidades dentro del Ministerio Público, considerando que el art. 37 del citado Reglamento prevé la posibilidad de declarar probada o improbada la incompatibilidad; sin embargo, no contempla la destitución, como ocurrió en la Resolución Sumarial FGE/JS 073/22. Bajo ese contexto, se tiene que el Fiscal General ahora accionado, basó su fundamentación en el art. 14 del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública que prevé que: “I. El ordenamiento jurídico administrativo a que se refiere el artículo 29 de la Ley 1178, está constituido por las disposiciones legales atinentes a la Administración Pública y vigentes en el país al momento en que se realizó el acto u omisión. II. Las normas que regulan la conducta funcionaria del servidor público son: a) Generales o las establecidas en el Estatuto del Funcionario Público y otras leyes, las que dicten el órgano rector competente o las entidades cabeza de sector, las normas específicamente aplicables para el ejercicio de las profesiones en el sector público, los Códigos de Ética a los que se refiere el artículo 13 del Estatuto del Funcionario Público, así como los códigos o reglamentos de ética profesional en lo que no contradigan las anteriormente enunciadas. b) Específicas o las establecidas por cada entidad, que en ningún caso deberán contravenir las anteriores” (las negrillas nos corresponden). Ahora bien, debemos recordar que el principio de lex specialis derogat legi generali establece que una norma específica prevalece sobre una norma general cuando ambas regulan la misma materia. Es decir, si una norma específica -Reglamento de Incompatibilidades del Ministerio Público- contradice una norma general -Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública-, la norma específica será la que se aplique. En ese sentido, el art. 14 del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública establece una jerarquía normativa para la conducta de los funcionarios públicos; al hacerlo, reconoce explícitamente el principio de especialidad; es decir, señala claramente que las normas específicas -las establecidas por cada entidad- deben prevalecer sobre las normas generales, siempre y cuando no contradigan las normas generales de mayor jerarquía. Eso implica que una entidad puede establecer normas más detalladas que las contenidas en el Estatuto del Funcionario Público, siempre y cuando esas normas complementen o especifiquen las disposiciones generales. Así, las normas específicas no pueden contradecir las normas generales de mayor jerarquía, como el Estatuto del Funcionario Público o las leyes. En suma, el art. 14 del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, al reconocer la existencia de normas generales y específicas, y al señalar una jerarquía entre ellas, garantiza la aplicación del principio de especialidad. Eso permite a las entidades adaptar las normas a sus particularidades, sin perder de vista los principios generales que rigen la función pública. De esa manera, en principio, no es posible aplicar una norma general y una especial al mismo tiempo cuando ambas regulan la misma materia y entran en conflicto, ya que el principio de lex specialis derogat legi generali que se encuentra estrechamente vinculado al principio de legalidad, establece claramente que la norma más específica -la especial- prevalece sobre la norma más general. Eso se debe a que la norma especial, al ser más detallada, contempla aspectos particulares que la norma general no considera; por lo que, su aplicación resulta más adecuada al caso concreto. Ese aspecto fue ignorado por el Fiscal General hoy accionado que en su caso debía justificar adecuadamente por qué se debe aplicar una norma general y una norma específica de manera simultánea -Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública y Reglamento de Incompatibilidades del Ministerio Público-; es decir, por qué realizó una excepción a dicho principio, omitiendo responder congruente, fundamentada y motivadamente por qué no se aplicó el procedimiento específico del régimen de incompatibilidades dentro del Ministerio Público al momento de responder al agravio planteado por el funcionario público -accionante- en el recurso jerárquico sobre la errónea interpretación del régimen aplicable. Asimismo, el Fiscal General ahora accionado señaló que el accionante refirió que el Reglamento de Incompatibilidades del Ministerio Público debe ser relacionado con el art. 16 inc. b) del Reglamento Interno de Control de Personal de la misma entidad, para determinar la cesación, pero que la sanción de destitución fue asumida en cumplimiento a ese Reglamento en su art. 55 concordante con el art. 29 de la LOMP, ya que la aplicación de una sanción menor no haría desaparecer la incompatibilidad probada. Al respecto, se tiene que el accionante en el recurso jerárquico no solo alegó el art. 16 inc. b) del Reglamento Interno de Control de Personal que establece: “Las y los servidores de la entidad, cesarán en el ejercicio de sus funciones de conformidad a lo dispuesto en el artículo 24° de la Ley Orgánica del Ministerio Público, según corresponda; así también cesarán en sus funciones por: (…) Incompatibilidad sobreviniente.- de acuerdo a disposiciones legales y reglamentos vigentes, en cuyo caso la cesación no constituye una sanción, sino una consecuencia del impedimento legal en el que incurrió la o el servidor público”, si no que antes refirió que los casos de incompatibilidad tienen un procedimiento específico previsto por los arts. 29 y ss. del Reglamento de Incompatibilidades del Ministerio Público y que el art. 37 del señalado Reglamento prevé como probable -que la resolución-declare probada o improbada la incompatibilidad pero no la consecuencia; por lo que, debía estarse a lo establecido en el primer precepto citado -art. 16 inc. b) del Reglamento Interno de Control de Personal-. No obstante, esa denuncia no mereció una respuesta congruente, fundamentada ni motivada, puesto que el Fiscal General ahora accionado no consideró en su totalidad la denuncia formulada por el accionante ni realizó un análisis del contenido ni la aplicabilidad o inaplicabilidad de los arts. 29 y ss., y 37 del Reglamento de Incompatibilidades del Ministerio Público al presente caso, concluyendo sin mayor fundamento que se aplicó la sanción de destitución en cumplimiento a ese Reglamento en su art. 55 concordante con el art. 29 de la LOMP, ya que la aplicación de una sanción menor no haría desaparecer la incompatibilidad probada; es decir, que no explicó por qué no se aplicó la cesación al caso concreto en lugar de la sanción de destitución, al margen que el art. 29 de la LOMP establece los requisitos para optar por el cargo de Fiscal General del Estado; por cuanto, no se aprecia la concordancia con el art. 55 del Reglamento Interno de Control de Personal del Ministerio Público que se refiere a sanciones como resultado del proceso interno. En ese orden, se evidencia la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, y del principio de legalidad en sus elementos de taxatividad y tipicidad; por lo cual, se concede la tutela en este punto en particular. Recurso jerárquico planteado mediante memorial presentado el 17 de octubre de 2022 El accionante denunció que el Juez Sumariante hoy tercero interesado se apartó de las estipulaciones del Reglamento de Incompatibilidades del Ministerio Público aplicando otra normativa, ya que la norma especial aplicable sobre incompatibilidades tiene por objeto determinar cuál de los Fiscales que se encuentran en incompatibilidad debe seguir en el Ministerio Público, debiendo para ello aplicar criterios, lo que significa que la sola determinación de incompatibilidad no implica que el funcionario público deba ser destituido, sino que la institución debe ponderar el art. 38 del citado Reglamento; sin embargo, ese aspecto tampoco mereció pronunciamiento alguno. En ese orden, el Juez Sumariante ahora tercero interesado tampoco se manifestó en cuanto a la necesidad de contar con Fiscales probos, ya que la co-sumariada -hoy tercera interesada- no cumplió con los requisitos exigidos por la Ley Orgánica del Ministerio Público ni aprobó las instancias para ingresar a la Escuela de Fiscales; sin embargo, se quiere forzar la analogía para justificar la aplicación de otra norma. El Juez Sumariante ahora tercero interesado no se pronunció sobre los aspectos antes referidos en cuanto a la aplicación del Reglamento de Incompatibilidades del Ministerio Público, incumpliendo sus disposiciones, además de no aplicar la Ley Orgánica del Ministerio Público, ya que debió abrir el proceso conforme al citado Reglamento, para en su caso, remitirlo al régimen disciplinario de conformidad a la Ley Orgánica del Ministerio Público; puesto que, de acuerdo a su art. 115 esa autoridad no tenía competencia para sancionarlo por conductas cuyo conocimiento es reservado para autoridades disciplinarias establecidas por el art. 116 de esa misma Ley, advirtiéndose la concurrencia de incongruencia omisiva que vulnera el derecho al debido proceso.
Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PA-JS 08/2022 El Fiscal General hoy accionado afirmó con relación a la aplicación del art. 38 del Reglamento de Incompatibilidades del Ministerio Público que la Resolución de Recurso de Revocatoria FGE/JS 010/22 señaló que quien generó la incompatibilidad fue el recurrente -accionante- al llenar Declaraciones Juradas y documentación de inexistencia de incompatibilidad a sabiendas que esta existía, vulnerando el principio de la ética en el servicio público, pretendiendo inducir en error al Ministerio Público con el riesgo de que se afecte la perspectiva de género, colocando a la co-sumariada -ahora tercera interesada- en desventaja, cuando la nombrada no provocó la incompatibilidad. Revisado el indicado precepto, se establece que sus criterios deben ser considerados en la resolución final. En consecuencia, el agravio fue respondido de forma fundamentada, realizándose una interpretación desde y conforme a la Constitución Política del Estado y normas contenidas en el bloque de constitucionalidad. Con relación a la prueba documental de “fs. 162” el Certificado de Trabajo de 6 de septiembre de la ahora tercera interesada, evidencia su ingreso como Auxiliar Legal I el 9 de febrero de 2015 a 6 de octubre de 2019; Fiscal Asistente I de 7 de ese mes y año a 9 de marzo de 2021; y, Fiscal de Materia III de 10 de igual me y año a la fecha. Por su parte, del Certificado de Trabajo de “fs. 40”, se advierte que el recurrente -accionante- ingresó como Fiscal de Materia II de 22 de febrero de 2019 al 4 de abril de 2021, y como Fiscal de Materia III el 1 de octubre del mismo año “a la fecha”, dándose cumplimiento al art. 38 inc. c) del Reglamento Interno de Control de Personal del Ministerio Público, sumado a ello, el sumariado -accionante- fue el causante de la incompatibilidad y el enfoque de género en favor de la co-sumariada -ahora tercera interesada-. Análisis En la acción tutelar, se denunció que el Juez Sumariante hoy tercero interesado y el Fiscal General ahora accionado incurrieron en una errónea y arbitraria aplicación de la norma procedimental que transgrede el derecho al debido proceso en su elemento de legalidad en su sub principio de taxatividad, ya que el primer hecho generador -incompatibilidad subyacente- debió ser conocido y resuelto en el marco del Reglamento por Incompatibilidades del Ministerio Público; y con relación al segundo hecho generador -falsedad en la Declaración Jurada de incompatibilidades-, correspondía su conocimiento de acuerdo a lo dispuesto por el art. 115 de la LOMP, ya que se adecuaba a una falta grave; empero, el Fiscal General hoy accionado trató de justificar el abuso del Ministerio Público, validando la aplicación de lo dispuesto en la Ley de Administración y Control Gubernamentales, el Reglamento de Responsabilidad por la Función Pública y el Estatuto del Funcionario Público, sin fundamentar ni motivar las razones por las que no se aplicó el procedimiento previsto por los arts. “19” a 44 del Reglamento de Incompatibilidades del Ministerio Público para el procesamiento de la supuesta incompatibilidad, y tampoco el régimen disciplinario establecido por los arts. 114 y 115 de la LOMP, para el procesamiento ante la Autoridad Sumariante sobre la supuesta falsedad en declaraciones de incompatibilidad. Ahora bien, respecto a las denuncias realizadas en el recurso jerárquico y las respuestas emitidas por el Fiscal General hoy accionado se advierte que el accionante señaló que el Juez Sumariante ahora tercero interesado debió ponderar el art. 38 del Reglamento de Incompatibilidades del Ministerio Público, que exige una evaluación antes de proceder a la destitución, y que la normativa aplicada fue incorrecta. En ese sentido, el Fiscal General hoy accionado en su respuesta indicó que dicho artículo fue considerado; empero, no aborda claramente la ponderación requerida, enfocándose en el incumplimiento ético del accionante y la perspectiva de género, lo que no responde completamente a la denuncia. Asimismo, el accionante argumentó que, según los arts. 115 y 116 de la LOMP, el Juez Sumariante ahora tercero interesado no tenía competencia para sancionarlo, ya que esa competencia está reservada para las autoridades del régimen disciplinario; no obstante, el Fiscal General hoy accionado no se pronunció sobre esa parte, limitándose a justificar la decisión desde el principio de ética y la Constitución Política del Estado, lo que constituye una incongruencia omisiva. Además, el accionante sostuvo que la ahora tercera interesada no cumplía con los requisitos para ingresar a la Escuela de Fiscales; sin embargo, el Fiscal General hoy accionado, aunque menciona la trayectoria laboral de la ahora tercera interesada, no aclaró si ésta cumplió con los requisitos mencionados, lo que deja sin respuesta esa parte de la denuncia. La falta de respuesta adecuada por parte del Fiscal General ahora accionado, especialmente con relación con los artículos 115 y 116 de la LOMP, vulneró el derecho al debido proceso en su elemento de legalidad bajo el subprincipio de taxatividad; por cuanto, el accionante argumentó que, conforme a los arts. 115 y 116 de la LOMP, las autoridades competentes para conocer y sancionar conductas de fiscales son las autoridades disciplinarias específicas, no el Juez Sumariante. Esos artículos establecen claramente que la responsabilidad disciplinaria de los fiscales está regulada por el régimen disciplinario, y solo las autoridades descritas en la ley tienen competencia para juzgar las faltas. Al no dar una respuesta clara sobre ese punto y no justificar adecuadamente por qué el Juez Sumariante hoy tercero interesado asumió competencias que no le correspondían, se vulneró el subprincipio de taxatividad. Es decir, se actuó fuera de lo expresamente previsto por la ley para el tratamiento de las faltas, lo que genera incertidumbre jurídica y afecta la legalidad del proceso. Además, se denota que el Fiscal General hoy accionado justificó la decisión con base en la ética pública y la perspectiva de género, sin responder claramente por qué se aplicaron otras normas en lugar del régimen disciplinario específico de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Eso forzó la interpretación de normas ajenas y vulneró el principio de taxatividad, ya que las conductas sancionables y las autoridades competentes están detalladas en aquella Ley, y no se puede extender la aplicación de otras normas cuando la ley especial es clara al respecto. Finalmente, con relación a la omisión en la ponderación del art. 38 del Reglamento de Incompatibilidades del Ministerio Público que establece criterios específicos antes de proceder a una destitución, el Fiscal General ahora accionado se limitó a transcribir el contenido de ese precepto; por consiguiente, la omisión de evaluar criterios específicos, como lo exige el Reglamento, vulnera también el principio de taxatividad, pues se debe seguir de manera estricta lo establecido en las normas aplicables, y no se puede omitir su aplicación sin justificación. La falta de respuesta adecuada sobre la competencia del Juez Sumariante hoy tercero interesado y la aplicación de otras normativas, afecta la claridad y precisión exigida por el principio de taxatividad, vulnerando el derecho al debido proceso en su elemento de legalidad. Eso genera incertidumbre sobre qué normas se deben aplicar y qué autoridades son competentes, lo que va en contra del principio de previsibilidad y seguridad jurídica que protege a los administrados frente a sanciones arbitrarias o indebidas; por consiguiente, al evidenciarse la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de congruencia vinculada a la fundamentación y motivación de la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PA-JS 08/2022, además de la transgresión de los principios de legalidad en su subprincipio de taxatividad como elementos de dicho derecho, se concede la tutela al respecto. Valoración de la prueba En el Fundamento Jurídico III.4. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se refirió que si bien la valoración de la prueba corresponde privativamente a las autoridades judiciales -o administrativas- competentes; no obstante, existen supuestos en los que la jurisdicción constitucional puede revisarla, debiendo el accionante señalar: i) Qué pruebas fueron valoradas al margen de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir, o no fueron recibidas, o no fueron producidas o compulsadas; y, ii) En qué medida la valoración cuestionada como irrazonable o que no llegó a practicarse; no obstante, de ser solicitada de manera oportuna, tiene incidencia en la resolución final. Bajo ese contexto, cuando la decisión deviene de una valoración arbitraria e irrazonable de la prueba o de la omisión en la valoración de la prueba aportada por las partes dentro de un proceso, se torna en un fallo arbitrario, carente de motivación y fundamentación (Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional). Bajo ese contexto, en la presente acción tutelar el accionante denuncia como pruebas que fueron valoradas al margen de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir, la conversaciones mantenidas con la hoy tercera interesada vía Facebook y las declaraciones del esposo de la nombrada. Asimismo, refiere que la incorrecta valoración de la prueba resulta relevante constitucionalmente, porque incide como otro elemento usado para alegar que el accionante conocería que la ahora tercera interesada era Fiscal de Materia, más aún cuando se validó prueba indirecta siendo insuficiente la declaración de la nombrada, de su esposo y de su padre, quienes demostraron su intención de favorecerla. En consecuencia, al evidenciarse el cumplimiento de los presupuestos establecidos por la jurisprudencia constitucional se pasarán analizar los siguientes agravios expuestos en el memorial de recurso jerárquico y la respuesta otorgada por el Fiscal General hoy tercero interesado a través de la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PA-JS 08/2022. Recurso jerárquico planteado mediante memorial presentado el 17 de octubre de 2022 El accionante denunció que el Juez Sumariante ahora tercero interesado no se pronunció respecto a su denuncia sobre la indebida valoración de la prueba en cuanto a las comunicaciones de “Whatsapp” mantenidas con la co-sumariada -ahora tercera interesada- que debieron respetar las formalidades contenidas en el art. 19 literal j de la LNP. Además, dicho Juez no respondió a su cuestionamiento respecto a las fechas de esas comunicaciones, de las que se denota que la última comunicación mantenida con la nombrada fue el 2018, y esta asumió el cargo de Fiscal de Materia el 10 de marzo de 2021. Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PA-JS 08/2022 El Fiscal General hoy accionado indicó que en cuanto a la prueba de “fs. 121 a 122” consistente en la impresión del extracto de conversación de la red social Facebook, se evidenció que los sumariados -el accionante y la hoy tercera interesada- intercambiaron felicitaciones de cumpleaños en 2010, 2011, 2013, 2015 y 2017, seguido por la impresión de un álbum de fotos de 20 de junio de 2010 con los datos de los sumariados; documentos ajenos al objeto de la Ley del Notariado Plurinacional e inaplicable con relación al art. 19 literal j de dicha Ley-“Las notarias y los notarios tienen las siguientes atribuciones: (…) Refrendar documentos provenientes de medios electrónicos”-, no debiendo confundirse los medios electrónicos con instrumentos notariales y esos con documentos protocolares y extra protocolares, que si bien hace referencia al soporte electrónico se refieren a las escrituras de actos y hechos jurídicos y otros establecidos por ley, y no de impresiones con felicitaciones por cumpleaños, que no revisten la característica de acto jurídico; por lo que, no reviste mayor formalidad que el cumplimiento del principio de verdad material; es decir, que no hubiesen sido obtenidos a consecuencia de la vulneración de derechos y garantías constitucionales. Análisis En la presente acción de defensa se denunció que la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PA-JS 08/2022 no aplicó la jurisprudencia de la SCP 0168/2019-S4 de 25 de abril, ya que valoró arbitrariamente las pruebas de cargo y descargo. El Fiscal General ahora accionado tampoco respondió al reclamo sobre la vulneración del principio de razón suficiente en la derivación de la prueba; puesto que, las conversaciones extraídas de redes sociales debieron ser formalizadas mediante actuación notarial. El Fiscal General hoy accionado también afirmó de manera insuficiente que dichas pruebas no vulneraron derechos y garantías constitucionales, a pesar de ser comunicaciones privadas protegidas por el art. 25 de la CPE. En ese orden, dicha prueba debió ser observada de oficio según el “art. 255” de la Constitución Política del Estado; sin embargo, el Fiscal General ahora accionado emitió una Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PA-JS 08/2022 arbitraria, sin fundamento ni motivación adecuada, interpretando erróneamente el art. 19 literal j. de la LNP y el art. 25 de la CPE, ignorando los principios de legalidad, taxatividad y seguridad jurídica. Por lo tanto, la documentación no debe aceptarse sin permiso o autorización judicial, ya que el principio de verdad material no puede prevalecer sobre derechos y garantías constitucionales, como el secreto de las comunicaciones privadas, lo que no fue considerado por el Fiscal General hoy accionado. Bajo ese contexto, la SCP 0168/2019-S4 establece que el derecho al debido proceso incluye la congruencia entre acusación y condena, la valoración equitativa de la prueba, la tutela judicial efectiva y la fundamentación y motivación de las resoluciones. Esos elementos, obligatorios para autoridades jurisdiccionales y administrativas, garantizan el ejercicio pleno de los derechos fundamentales, conforme a la Constitución Política del Estado y Tratados y Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos, vinculados a los principios de legalidad y seguridad jurídica. Además, indica que la Corte Internacional estableció que la motivación es la justificación razonada de una decisión, lo que garantiza una correcta administración de justicia, demuestra que se consideró alegatos y pruebas, y permite recurrir la resolución ante instancias superiores.
Ahora bien, respecto a las conversaciones vía Facebook mantenidas entre el accionante y la hoy tercera interesada, el Fiscal General ahora accionado manifestó que la prueba presentada muestra intercambios de felicitaciones de cumpleaños entre los nombrados en varios años; sin embargo, es ajena a la Ley del Notariado Plurinacional. Aclaró que, según el art. 19 literal j. de la citada Ley, las atribuciones de los Notarios se refieren a documentos jurídicos y no a impresiones de conversaciones informales, las cuales no constituyen actos jurídicos y solo deben cumplir con el principio de verdad material; es decir, no deben vulnerar derechos y garantías constitucionales. Al contrario, el accionante refiere que debió considerarse el art. 25 de la CPE y que las conversaciones debieron notariarse de conformidad con lo establecido por el art. 19 literal j. de la LNP. Con relación al tema el Tribunal Constitucional de España en la STC 114/1984 de 29 de noviembre, denegó el amparo solicitado en función al siguiente entendimiento: “No hay ‘secreto’ para aquél a quien la comunicación se dirige, ni implica contravención de lo dispuesto en el art. 18.3 de la Constitución la retención, por cualquier medio, del contenido del mensaje. Dicha retención (la grabación, en el presente caso) podrá ser, en muchos casos, el presupuesto fáctico para la comunicación a terceros, pero ni aun considerando el problema desde este punto de vista puede apreciarse la conducta del interlocutor como preparatoria del ilícito constitucional, que es el quebrantamiento del secreto de las comunicaciones. Ocurre, en efecto, que el concepto de ‘secreto’ en el art. 18.3 tiene un carácter ‘formal’, en el sentido de que se predica de lo comunicado, sea cual sea su contenido y pertenezca o no el objeto de la comunicación misma al ámbito de lo personal, lo íntimo o lo reservado. Esta condición formal del secreto de las comunicaciones (la presunción iuris et de iure de que lo comunicado es ‘secreto’, en un sentido sustancial) ilumina sobre la identidad del sujeto genérico sobre el que pesa el deber impuesto por la norma constitucional. Y es que tal imposición absoluta e indiferenciada del ‘secreto’ no puede valer, siempre y en todo caso, para los comunicantes, de modo que pudieran considerarse actos previos a su contravención (previos al quebrantamiento de dicho secreto) los encaminados a la retención del mensaje. Sobre los comunicantes no pesa tal deber, sino, en todo caso, y ya en virtud de norma distinta a la recogida en el art. 18.3 de la Constitución, un posible ‘deber de reserva’ que -de existir- tendría un contenido estrictamente material, en razón del cual fuese el contenido mismo de lo comunicado (un deber que derivaría, así del derecho a la intimidad reconocido en el art. 18.1 de la Norma Fundamental). Quien entrega a otro la carta recibida o quien emplea durante su conversación telefónica un aparato amplificador de la voz que permite captar aquella conversación a otras personas presentes no está violando el secreto de las comunicaciones, sin perjuicio de que estas mismas conductas, en el caso de que lo así transmitido a otros entrase en la esfera ‘íntima’ del interlocutor, pudiesen constituir atentados al derecho garantizado en el artículo 18.1 de la Constitución. Otro tanto cabe decir, en el presente caso, respecto de la grabación por uno de los interlocutores de la conversación telefónica. Este acto no conculca secreto alguno impuesto por el art. 18.3 y tan sólo, acaso, podría concebirse como conducta preparatoria para la ulterior difusión de lo grabado. Por lo que a esta última dimensión del comportamiento considerado se refiere, es también claro que la contravención constitucional sólo podría entenderse materializada por el hecho mismo de la difusión (art. 18.1 de la Constitución). Quien graba una conversación de otros atenta, independientemente de toda otra consideración, al derecho reconocido en el art. 18.3 de la Constitución; por el contrario, quien graba una conversación con otro no incurre, por este sólo hecho, en conducta contraria al precepto constitucional citado. Si se impusiera un genérico deber de secreto a cada uno de los interlocutores o de los corresponsables ex art. 18.3, se terminaría vaciando de sentido, en buena parte de su alcance normativo, a la protección de la esfera íntima personal ex art. 18.1, garantía ésta que, «a contrario», no universaliza el deber de secreto, permitiendo reconocerlo sólo al objeto de preservar dicha intimidad (dimensión material del secreto, según se dijo). Los resultados prácticos a que podría llevar tal imposición indiscriminada de una obligación de silencio al interlocutor son, como se comprende, del todo irrazonables y contradictorios, en definitiva, con la misma posibilidad de los procesos de libre comunicación humana" (SC 0523/2011-R de 25 de abril de 2011 [las negrillas son nuestras]). En el presente caso, el Fiscal General hoy accionado refirió que la prueba presentada trata de felicitaciones de cumpleaños entre los sumariados -el accionante y ahora tercera interesada- durante varios años; en ese orden, debe señalarse que si las conversaciones presentadas son meramente felicitaciones de cumpleaños, podrían considerarse como comunicaciones de carácter social y no estrictamente privadas; lo que implica que ese tipo de comunicaciones suelen tener un menor grado de expectativa de privacidad en comparación con conversaciones que involucran temas sensibles o confidenciales. Asimismo, al participar en una conversación, existe un consentimiento tácito para que el contenido de la misma sea conocido por los participantes. En el caso de felicitaciones de cumpleaños, ese consentimiento tácito es aún más evidente. Además, se denota que las comunicaciones referidas se llevaron a cabo a través de canales de comunicación no privados como lo es Facebook; por lo que, la expectativa razonable de privacidad es menor. Por consiguiente, la presentación por parte de uno de los comunicantes, como es la hoy tercera interesada, de la conversación dirigida hacia la nombrada y de ella hacia el accionante no vulnera el secreto de las comunicaciones establecido por el art. 25 de la CPE y no requiere que la hoy tercera interesada presente ningún permiso de la otra parte o autorización judicial. En cuanto al art. 19 literal j. de la LNP, el Fiscal General ahora accionado señaló que ese precepto no es aplicable para impresiones con felicitaciones por cumpleaños, ya que no revisten la característica de acto jurídico; ni mayor formalidad que el cumplimiento del principio de verdad material; es decir, que no hubiesen sido obtenidos en razón a vulneración de derechos y garantías constitucionales. Al respecto, conforme se señaló precedentemente la presentación de las conversaciones mantenidas entre las partes del proceso administrativo disciplinario como prueba no vulneró el art. 25 de la CPE, sin dejar de lado la libertad probatoria prevista por el art. 171 del CPP -aplicable según se establece en la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional- que determina: “El juez admitirá como medios de prueba todos los elementos lícitos de convicción que puedan conducir al conocimiento de la verdad histórica del hecho, de la responsabilidad y de la personalidad del imputado. Podrán utilizarse otros medios además de los previstos en este Libro. Su incorporación al proceso se sujetará a un medio análogo de prueba previsto. Un medio de prueba será admitido si se refiere, directa o indirectamente, al objeto de la investigación y sea útil para el descubrimiento de la verdad. El juez limitará los medios de prueba ofrecidos cuando ellos resulten manifiestamente excesivos o impertinentes” (las negrillas son nuestras). Por consiguiente, el Fiscal General ahora accionado respondió al reclamo del accionante, fundamentando por qué no era necesario que las conversaciones extraídas de redes sociales sean formalizadas mediante actuación notarial, conforme a lo establecido por el art. 19 literal j. de la LNP, evidenciándose que no vulneró el derecho al debido proceso en sus elementos de congruencia, fundamentación y motivación, respecto a ese punto. No obstante, también debe considerarse que el accionante denunció lo siguiente: Recurso jerárquico planteado mediante memorial presentado el 17 de octubre de 2022 El accionante denunció como agravio que las conversaciones sostenidas mediante Facebook con la hoy tercera interesada de felicitaciones de cumpleaños datan desde antes del 2018, evidenciándose el contacto esporádico en el que no se hace ninguna referencia a las fuentes laborales de los sumariados -el accionante y la hoy tercera interesada-, sin que el Juez Sumariante ahora tercero interesado hubiese fundamentado por qué incluyó prueba que vulnera la formalidad establecida por el art. 19 literal j de la LNP. Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PA-JS 08/2022 Respecto a la alegación del accionante de que la prueba no hace referencia a las fuentes laborales de los sumariados -su persona y la hoy tercera interesada por ser felicitaciones de cumpleaños-, no se advierte respuesta alguna por parte del Fiscal General ahora accionado en la fundamentación de la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PA-JS 08/2022. Análisis En ese sentido, el accionante alegó que el Juez Sumariante hoy tercero interesado vagamente infirió de las comunicaciones en redes sociales, que su persona conocía el cargo de la ahora tercera interesada, cuando al contrario se denota de su contenido que no existe ningún dato sobre ese aspecto. De ello, se aprecia que el Fiscal General hoy accionado vulneró el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración razonable de la prueba, por incurrir en una incongruencia omisiva, una motivación arbitraria por insuficiente argumentación sobre las señaladas pruebas. Debemos remitirnos al Fundamento Jurídico III.3. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional que establece que en aplicación del art. 180.I de la CPE todas las autoridades del Órgano Judicial y otras instancias se encuentran obligadas a aplicar el principio de verdad material por sobre la limitada verdad formal; por lo que, la verdad material implica la superación de la dependencia de la verdad formal o emergida de los procedimientos judiciales, siendo la verdad que corresponde a la realidad superando cualquier limitación formal que restrinja o distorsione la percepción de los hechos, al juzgador, o de definir sus derechos y obligaciones, dando lugar a una determinación injusta que no corresponda a los principios, valores y valores éticos consagrados en la Constitución Política del Estado; dicha obligación, requerirá de una correcta apreciación de los medios probatorios aportados durante el proceso administrativo-disciplinario, conforme a la realidad de su ocurrencia, con la finalidad de efectivizar la impartición de justicia menos formalista y procesalista, dando lugar a la justicia material y efectiva, en procura de velar por la aplicación y respeto de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las personas (SCP 1916/2012). En ese orden, si bien el Fiscal General hoy accionado señaló que el art. 19 literal j. de la LNP, no es aplicable para impresiones con felicitaciones por cumpleaños que no revisten la característica de acto jurídico ni mayor formalidad que el cumplimiento del principio de verdad material -aspecto que fue objeto previo de análisis-; sin embargo, debió responder a lo alegado por el accionante en cuanto a que en las felicitaciones de cumpleaños no se hizo referencia en ningún momento a las fuentes laborales del accionante ni de la ahora tercera interesada, lo que le generó duda al no fundamentarse por qué se incluyó dicha prueba. Por consiguiente, el Fiscal General hoy accionado, respecto a ese hecho alegado por el accionante, debió averiguar la verdad material, valiéndose de los medios de prueba producidos con base en su análisis integral, lo que no sucedió en el presente caso. Ello, conlleva a conceder la tutela solicitada por evidenciarse la falta de congruencia, y por consiguiente, la ausencia de fundamentación y motivación respecto al señalado agravio, que en efecto genera duda respecto a la valoración razonable de la prueba por parte del Fiscal General ahora accionado vinculada a la determinación de confirmar la Resolución de Recurso de Revocatoria FGE/JS 010/22, y por ello, la sanción impuesta mediante la Resolución Sumarial FGE/JS 073/22 contra el accionante. Recurso jerárquico planteado mediante memorial presentado el 17 de octubre de 2022 El accionante en esta acción de defensa señaló que el Juez Sumariante ahora tercero interesado incurrió en incongruencia omisiva ante el reclamo de que las declaraciones del esposo de la hoy tercera interesada contravienen los arts. 4.6 de la LEA, “Son principios del ejercicio de la abogacía los siguientes: (…) Confidencialidad. La abogada o el abogado debe guardar para sí las revelaciones de la persona patrocinada”, y 9.13 de la citada Ley “Las abogadas y los abogados, conforme a la presente Ley, tienen los siguientes deberes: (…) Guardar el secreto profesional, excepto en los casos de su propio resguardo, defensa de la verdad o si la persona patrocinada autoriza su revelación de manera expresa u orden judicial”, por emerger dentro de una relación de servicios profesionales. Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PA-JS 08/2022 El Fiscal General hoy accionado, acerca de las declaraciones del esposo de la ahora tercera interesada que presuntamente contravienen el secreto profesional protegido por los arts. 4.6 y 9.13 de la LEA, alegó que esa misma Ley establece que es la instancia llamada por ley la que debe determinar la violación al secreto profesional, y no así esa instancia. Mucho más, cuando la ahora tercera interesada señaló que su esposo no fue Abogado del recurrente -accionante- sino su asesor en el ámbito familiar de confianza, lo que confirma el trato familiar y de confianza existente con la familia de la nombrada.
Análisis En la presente acción tutelar, se denuncia que el Fiscal general ahora accionado evadió ingresar al fondo del agravio citado precedentemente, arguyendo que no le corresponde calificar faltas de ética profesional; empero, contradictoriamente valoró la declaración del esposo de la hoy tercera interesada indicando que únicamente sería un asesor familiar. Sin embargo, el Fiscal General ahora accionado incurrió en una incongruencia aditiva respecto a los antecedentes del proceso-administrativo-disciplinario al referir que el esposo de la hoy tercera interesada fue una especie de asesor familiar, lo cual se contrapone a las declaraciones de la parte contraria, quien señaló que su esposo en condición de Abogado asumió el patrocinio legal de algunos procesos iniciados a su tío, adjuntando el portafolio digital del caso signado con el número 301102082100143; por ello, se advierte una valoración arbitraria, discrecional y parcializada de la prueba de descargo, lo que vulnera el principio de igualdad de armas, el derecho a un juez imparcial, la “omisión” e “incongruencia” valorativa de la prueba. En ese orden de la Conclusión II.6. del presente fallo constitucional, se advierte que en el Formulario Notarial de Declaración Voluntaria de 7 de septiembre de 2022, el esposo de la ahora tercera interesada refirió lo siguiente: “…habiéndonos con posterioridad reunido mi persona, el Sr. Plácido Windsor Ortiz Torrico así como su hijo Windsor Hernán Ortiz Bascope en mi oficina (…) donde me manifiesta pormenores del proceso penal que hubiere iniciado la Sra. Detty Paz Mariaca en contra de Placido Windsor Ortiz por la presunta comisión del delito de Violencia Familiar y/o Doméstica, solicitándome Windsor Hernán Ortiz Bascope pueda asumir patrocinio legal del mismo indicándome que por cuanto era esposo de su prima ROSA DEBORAH ORTIZ TORRICO que es Fiscal de Materia y que él se encontraba con unos cursos en la ciudad de Sucre no podía ser abogado se su padre, es de esta manera que asumo el patrocinio legal en una etapa preliminar de investigación, únicamente por la familiaridad y por ser hermano de mi suegro (…), posteriormente a raíz de este proceso es que nace un segundo proceso que involucra al Sr. Placido Windsor Ortiz en un hecho de presunta Violación, es en este momento es que mi persona hace renuncia de patrocinio profesional por principios éticos profesionales” (sic). Asimismo, la copia del Portafolio Digital del Caso 301102082100143, en el que constan como Abogados el señalado declarante y el accionante.
En ese sentido, se tiene que la afirmación del Fiscal General ahora accionado de que la relación entre el accionante y el esposo de la hoy tercera interesada era meramente familiar, contradice las pruebas documentales y la declaración de este último. Esa afirmación resulta ser una adición al debate que no encuentra sustento en las pruebas aportadas al proceso adminsitrativo-disciplinario. Además, la omisión de valorar adecuadamente esas pruebas y la conclusión arbitraria sobre la naturaleza de la relación entre los nombrados, constituye una vulneración al principio de congruencia, lo que afecta a la validez de la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PA-JS 08/2022. Si bien es evidente que el procedimiento por infracciones a la ética debe iniciarse por denuncia escrita o verbal registrada en acta -art. 47 y ss. de la LEA- el Fiscal General hoy accionado al momento de valorar la prueba debió considerar si existe o no una relación profesional entre el accionante y el esposo de la hoy tercera interesada, y si existía un deber de guardar confidencialidad de acuerdo a lo establecido por los arts. 4.6 y 9.13 de la citada Ley, para posteriormente determinar de acuerdo a la sana crítica -arts. 171 y 173 del CPP aplicable según se establece en la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2. del presente fallo constitucional- la relevancia la prueba dentro de la causa. En ese sentido, se evidencia la vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de valoración razonable de la prueba. Asimismo, dicha vulneración restringe el derecho del afectado a defenderse adecuadamente, ya que se le niega la posibilidad de refutar una conclusión que carece de fundamento probatorio, lo que vulnera el principio de igualdad de armas. Además, al existir una evidente contradicción entre lo probado y lo resuelto, se pone en duda la imparcialidad del Fiscal General hoy accionado, advirtiéndose la lesión del derecho a un juez imparcial reconocido por la Constitución Política del Estado, concediéndose la tutela en este punto en particular. Recurso jerárquico planteado mediante memorial presentado el 17 de octubre de 2022 El accionante denunció la arbitraria fundamentación de la prueba, señalado que el Juez Sumariante ahora tercero interesado se limitó a reiterar el contenido de la Resolución de Apertura de Proceso administrativo-disciplinario Interno FGE/JS 065/22, refiriendo que nunca se negó el parentesco entre su persona y la hoy tercera interesada. Ese argumento, se constituye en una falacia, ya que ese aspecto nunca fue considerado, sino que se manifestó que su persona no conocía que su prima hermana era Fiscal de Materia. Al mismo tiempo, aquella autoridad únicamente indicó el art. 14 del Reglamento de Incompatibilidades del Ministerio Público y no así a su art. 38. El Juez Sumariante ahora tercero interesado, también generó nuevos hechos de los que no pudo defenderse, al indicar que su persona generó la incompatibilidad al presentar Declaraciones Juradas de incompatibilidad y documentación sobre la inexistencia de la misma, a sabiendas de su concurrencia, inobservando requisitos previos al ingreso de formación en la Escuela de Fiscales y ocupando un espacio que en razón de la incompatibilidad no le correspondía, y que pese a ello suscribió un contrato para el ingreso a la carrera fiscal. Ese argumento lo puso en indefensión material y vulneró el art. 8 de la CADH. En cuanto a la declaración de 26 de agosto de 2021 emitida por la hoy tercera interesada; el Juez Sumariante ahora tercero interesado solo infirió que la condición de Fiscal de Materia institucionalizado es de 1 de octubre del citado año; por lo que, hasta esa fecha no existía incompatibilidad. Alegato del que se advierte una incoherencia argumentativa, ya que dicho Juez señaló por una parte que la incompatibilidad se generó al llenar las Declaraciones Juradas de incompatibilidades, y por otra, que cuando se encontraba en la Escuela de Fiscales no existía incompatibilidad, por ello, debía señalarse desde cuándo se generó la incompatibilidad, ya que se alude a Declaraciones Juradas antes del ingreso a la Escuela de Fiscales, cuando para ingresar a dicha Escuela tuvo que renunciar a su trabajo de Fiscal de Materia; por consiguiente, se hubiese terminado alguna incompatibilidad, no pudiendo responsabilizárselo, ya que no era Fiscal aún. En cuanto a la segunda Declaración respecto a la nombrada Escuela, el Juez Sumariante ahora tercero interesado señaló que no existía incompatibilidad; puesto que, su persona se encontraba en la Escuela de Fiscales; por lo que, aún no era funcionario del Ministerio Público; en ese sentido, si aún no era Fiscal cómo podría ser responsabilizado afirmándose que -al momento de presentar su Declaración Jurada-sabía que la hoy tercera interesada era Fiscal de Materia. Entonces, se realizó una valoración discrecional, subjetiva y parcializada de la prueba, careciendo la Resolución de Recurso de Revocatoria FGE/JS 010/22 de una correcta fundamentación. Tampoco se demostró que después de su ingreso a la carrera fiscal hubiese presentado alguna Declaración Jurada Notariada respecto a lo que se le reprochó, vulnerando de esa manera el principio lógico de razón suficiente por derivación razonada de la prueba debido a la valoración arbitraria y subjetiva de la prueba, a través de la valoración de medios contrarios a la legalidad. Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PA-JS 08/2022 En ningún momento se inició el proceso administrativo-disciplinario por inobservancia de requisitos previos al ingreso del accionante a la Escuela de Fiscales, que no obstante de ser señalados por el Juez Sumariante ahora tercero interesado en los fundamentos de la Resolución Sumarial FGE/JS 073/22 y al momento de dictar la Resolución de Recurso de Revocatoria FGE/JS 010/22, fue para fundamentar y motivar debidamente el fallo con relación a los argumentos de las partes y de la prueba consistente en el Contrato FGE/JLP 40/2021 de acuerdo con la Convocatoria Pública Externa 001/2020; hecho por el que no se impuso sanción alguna contra el accionante ni por la declaración de incompatibilidad ni incompatibilidad propiamente dicha; por ello, no resulta evidente la indefensión denunciada por el recurrente -accionante- “…garantizada entre otras por el art. 8 de la CADH” (sic). Análisis El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de congruencia, fundamentación, motivación y defensa por introducirse hechos generadores que no fueron atribuidos al inicio del proceso administrativo-disciplinario, refiriendo que aunque dicho proceso se inició respecto a la Declaración Jurada de 3 de octubre de 2021, la Resolución Sumarial FGE/JS 073/22 agregó que había presentado Declaración Jurada de incompatibilidades en tres ocasiones; aspecto que genera una incongruencia omisiva que produjo indefensión material. Además, la Resolución de revocatoria añadió que ocupó un espacio de formación que no le pertenecía, suscribiendo un contrato administrativo para el ingreso a la carrera fiscal, lo que contravino los principios y valores que forman parte de un perfil para un funcionario público. Hechos nuevos respecto a los que no pudo asumir defensa; sin embargo, la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PA-JS 08/2022 no mostró esos argumentos y limitó su análisis a dos aspectos, el primero, el alcance del art. 12 inc. m) del Reglamento Interno de Control de Personal del Ministerio Público, y el segundo, que alude a su procesamiento por realizar Declaraciones Juradas de incompatibilidad cuando tenía el conocimiento de su concurrencia, citando para ello el contenido de la Resolución de Recurso de Revocatoria FGE/JS 10/22. Al respecto, se advierte que en cuanto a la denuncia realizada en el recurso jerárquico acerca de la incoherencia argumentativa en la que incurrió el Juez Sumariante hoy tercero interesado, efectuando una valoración discrecional, subjetiva y parcializada de la prueba; el Fiscal General ahora accionado se limitó a señalar que el proceso administrativo-disciplinario no fue iniciado por inobservancia de requisitos previos al ingreso del accionante a la Escuela de Fiscales; y, aunque el Juez Sumariante hoy tercero interesado mencionó ese aspecto en la Resolución Sumarial FGE/JS 073/22 y en la Resolución de Recurso de Revocatoria FGE/JS 010/22, fue solo para fundamentar el fallo, sin imponer sanción alguna por la declaración de incompatibilidad ni por la incompatibilidad misma. Por lo tanto, no se evidencia la indefensión denunciada por el accionante, la cual estaría garantizada por el art. 8 de la CADH. En ese sentido, se advierte la incongruencia en la fundamentación del Fiscal General ahora accionado; puesto que, el accionante reclamó en su recurso jerárquico específicamente que el Juez Sumariante no podría afirmar que al presentar su Declaración Jurada de incompatibilidades conocía que la hoy tercera interesada era Fiscal de Materia, pues no se entiende en cuál de las tres Declaraciones Juradas de incompatibilidad supuestamente presentadas basó su determinación. Lo propio ocurre respecto a la denuncia de que el Juez Sumariante ahora tercero interesado al momento de dictar la Resolución de revocatoria añadió que ocupó un espacio de formación que no le pertenecía, suscribiendo un contrato administrativo para el ingreso a la carrera fiscal, lo que contravino los principios y valores que forman parte de un perfil para un funcionario público; ello, al conocer presuntamente el accionante sobre la existencia de incompatibilidad. En ese sentido, se advierte que el reclamo del accionante versa en la afirmación del Juez Sumariante ahora tercero interesado respecto al conocimiento de la incompatibilidad antes de la presentación de una de las tres Declaraciones Juradas de incompatibilidades, sin que dicho Juez señalara específicamente de cuál se trataba, aun cuando al inicio del proceso administrativo-disciplinario se hubiese señalado como único hecho generador la Declaración Jurada de incompatibilidades presentada el 3 de octubre de 2021, y que contravino los principios y valores que forman parte de un perfil para un funcionarios público al ingresar a la carrera fiscal. Entonces, se tiene que es respecto a la fecha de conocimiento de la señalada incompatibilidad que se sancionó al accionante con su destitución; aspectos que no fueron objeto de pronunciamiento por parte del Fiscal General ahora accionado, evidenciándose la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de congruencia, fundamentación, motivación y defensa, concediéndose la tutela. Recurso jerárquico planteado mediante memorial presentado el 17 de octubre de 2022 El accionante, al momento de plantear recurso jerárquico, demandó omisión normativa e incongruencia omisiva, alegando que el Juez Sumariante ahora tercero interesado indicó que su persona accionante se encuentra en ventaja respecto a la ahora tercera interesada siendo que generó la incompatibilidad en desmedro de aquella. Argumento ambiguo e incompleto; ya que, lo que reclamó fue el incumplimiento del art. 38 inc. a) del Reglamento de Incompatibilidades del Ministerio Público que también alegó la nombrada al momento de presentar su escrito de “9 de septiembre” reclamando su aplicación; empero, el citado Juez Sumariante decidió no aplicar la norma específica, y asumiendo criterios no enunciados en la norma, vulneró los principios de legalidad y seguridad jurídica como parte del derecho al debido proceso administrativo; puesto que, según dicho precepto, para decidir la desvinculación de uno de los funcionarios esa autoridad debió considerar la condición y clase de funcionario público, siendo diferente un Fiscal de carrera que un eventual. Entonces, en el presente caso tenía preferencia para continuar en la institución. Posteriormente, considerar otros criterios como la antigüedad y la trayectoria; no obstante, el indicado Juez Sumariante inventó dos criterios: encontrarse en ventaja respecto a la ahora tercera interesada y que esta no generó la incompatibilidad, lo cual vulnera el derecho al debido proceso en su elemento de fundamentación y el derecho a la tutela judicial efectiva, por incongruencia omisiva. Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PA-JS 08/2022 Acerca de la exigencia de aplicación necesaria del art. 38 inc. a) del Reglamento de Incompatibilidades del Ministerio Público, el Fiscal General ahora accionado señaló que el Juez Sumariante hoy tercero interesado aplicó el inc. c) de ese artículo referido a la antigüedad en el Ministerio Público de conformidad a los estándares constitucionales y al enfoque de género; por ello, no se constituye en una incongruencia omisiva, ya que el nombrado no puede obligar a que se aplique únicamente el inc. a) de ese precepto, cuando ese es el que da la posibilidad de que la antigüedad sea considerada como criterio para resolver el caso de incompatibilidad. Análisis En la acción tutelar, se denuncia que la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PA-JS 08/2022 es arbitraria, ya que el art. 38 inc. c) del Reglamento de Incompatibilidades del Ministerio Público fue aplicado solo en dicha Resolución, sin considerar el reclamo previo sobre su aplicación. Además, denuncia una incorrecta interpretación del citado artículo; puesto que, no fue considerado como fiscal de carrera, lo que le hubiese otorgado prioridad de permanencia en el cargo según el inc. a) de la indicada norma. Esa prioridad no fue respetada ni por el Juez Sumariante ahora tercero interesado ni por el Fiscal General ahora accionado, quien aplicó únicamente el criterio de antigüedad del inc. c), sin motivar por qué no se empleó el inc. a), ambos del citado precepto. Además, el art. 43 del Reglamento de Incompatibilidades del Ministerio Público menciona que solo el personal eventual debe renunciar en caso de incompatibilidad. El accionante denuncia también que la hoy tercera interesada, designada de manera provisional, tenía menos antigüedad en el cargo de Fiscal de Materia que accionante, considerando lo previsto por el art. 25.V de la LOMP, e incluso tiene prioridad al formar parte de la carrera fiscal y no como en el caso de la nombrada que fue designada de manera provisoria. Por otro lado, el accionante critica la aplicación de la perspectiva de género por parte del Fiscal General ahora accionado, argumentando que el art. 38 del Reglamento de Incompatibilidades del Ministerio Público, no contiene disposiciones con sesgo de género. Finalmente, el accionante denuncia la falta de fundamentación en la Resolución jerárquica, la cual aplicó de manera arbitraria los principios de responsabilidad, legalidad y seguridad jurídica, e introdujo criterios no previstos en el Reglamento de Incompatibilidades del Ministerio Público ni del Régimen Disciplinario, como el registro de antecedentes disciplinarios y la destitución definitiva, lo que contraviene lo dispuesto por el art. 122 de la LOMP. Considerando lo anteriormente señalado, se tiene que el art. 38 del Reglamento de Incompatibilidades del Ministerio Público establece que: “Para resolver los casos de incompatibilidad, prohibición o impedimento, se considerarán a tiempo de decidir los siguientes criterios: a) La condición y clase de servidor reconocido por el Estatuto del Funcionario Público, o por la Ley Orgánica del Ministerio Público, teniendo prioridad para la permanencia en el puesto las y los servidores públicos de carrera. b) El interés y necesidad institucional. c) La antigüedad en el Ministerio Público. d) La trayectoria laboral dentro la institución” (las negrillas son nuestras). El art. 43 (Renuncia Voluntaria) del Reglamento de Incompatibilidades del Ministerio Público, determina que: “Las o los servidores públicos, personal eventual y consultores individuales en línea o por producto del Ministerio Público, que se encuentren dentro de cualquier caso de incompatibilidad, prohibición e impedimento, en cualquier etapa del proceso, podrán elegir por acuerdo voluntario cuál de ellos continuará en sus funciones, en este caso se dispondrá el archivo del proceso adjuntando la renuncia”. En ese sentido, se debe mencionar que la voluntad es un reflejo de la autonomía individual y de la capacidad de autodeterminación. Ese precepto exige la voluntad expresa de: a) Las o los funcionarios públicos que mantienen una relación laboral estable, regulada por un régimen especial con derechos y obligaciones específicas. Acceden a sus cargos mediante concursos de méritos, desempeñan funciones permanentes y reciben un salario fijo y tienen derecho a prestaciones sociales; b) Del personal eventual que mantiene una relación laboral temporal con el Ministerio Público, generalmente para cubrir necesidades específicas y por un tiempo determinado; es decir, desempeñan funciones de carácter temporal, complementarias o sustitutivas de las funciones de los funcionarios públicos; y, c) De los consultores individuales en línea o por producto que mantienen una relación contractual con el Ministerio Público para la prestación de servicios específicos y son seleccionados a través de procesos de contratación que evalúan su experiencia y conocimientos en el área específica y que prestan servicios especializados de manera independiente, sin formar parte de la estructura orgánica del Ministerio Público. En consecuencia, esa norma garantiza que la decisión tomada sea congruente con los intereses de los funcionarios públicos, personal eventual y consultores individuales en línea o por producto del Ministerio Público. Esta voluntad legitima el acto administrativo que pone fin al procedimiento de incompatibilidad; por ello, al participar activamente en la resolución del conflicto, se adhieren a la decisión tomada y renuncia a cualquier reclamo posterior. Antes de ingresar al análisis propiamente dicho debe indicarse que si bien la interpretación sistemática refuerza la idea de que el art. 43 del Reglamento de Incompatibilidades del Ministerio Público es un mecanismo complementario al art. 38 del mismo Reglamento para resolver los casos de incompatibilidad, no es evidente lo expuesto por el accionante en sentido que exista una obligación de renuncia por parte del personal eventual, sino que ese artículo -43- está dirigido tanto a funcionarios públicos como al personal eventual y consultores individuales en línea o producto, todos del Ministerio Público; asimismo, se advierte que ese reclamo no fue expresamente formulado en el recurso jerárquico; por lo que, no merece mayor pronunciamiento por parte de este Tribunal Constitucional Plurinacional. Respecto a la alegada relación entre el art. 38 inc. c) del Reglamento de Incompatibilidades del Ministerio Público con el art. 25 de la LOMP, debe señalarse que ese último precepto se encuentra en el Título II Organización del Ministerio Público, Capítulo Primero Organización Jerárquica y Condiciones Generales para el Ejercicio de la Función Fiscal, y se refiere a las suplencias, determinando que esta se realizará por orden de prelación de acuerdo con la antigüedad en el ejercicio de: funciones en el cargo; en el Ministerio Público; y, en la abogacía; por lo que, regula el orden de prelación para las suplencias en caso de incompatibilidad; es decir, que establece de manera explícita que la antigüedad en el ejercicio de funciones -en el cargo, en el Ministerio Público y en la abogacía- es un factor determinante para establecer el orden de sustitución, siendo su objetivo asegurar la continuidad de las funciones y garantizar que sean desempeñadas por quienes tienen mayor experiencia y conocimiento. Objetivo distinto al del art. 38 inc. c) del citado Reglamento que aplica como criterio específico la antigüedad en el servicio como factor relevante para determinar quién permanece en el cargo en caso de incompatibilidad -entre otros-. En ese entendido, en cuanto a la denuncia del accionante de que la ahora tercera interesada, tenía menos antigüedad en el cargo de Fiscal de Materia que él y que debía considerarse lo previsto en el art. 25.V de la LOMP, se tiene en primer lugar, que esta denuncia no fue expuesta en su recurso jerárquico, y en segundo lugar, que no existe relación alguna entre los citados preceptos normativos debido a que si bien ambos refieren a la antigüedad; sin embargo, tienen enfoque y objetivos distintos, por lo que no se harán mayores puntualizaciones al respecto. Asimismo, acerca de la denuncia de la falta de fundamentación en la Resolución jerárquica que aplicó de manera arbitraria los principios de responsabilidad, legalidad y seguridad jurídica, e introdujo criterios no previstos en el Reglamento de Incompatibilidades del Ministerio Público ni del Régimen Disciplinario, como el registro de antecedentes disciplinarios y la destitución definitiva, lo que contraviene lo dispuesto por el art. 122 de la LOMP, este aspecto no fue denunciado en este punto del recurso jerárquico; por lo que, no merece ningún pronunciamiento por parte de esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional, remitiéndonos precedente análisis efectuado en cuanto a ese artículo. Ahora bien, el art. 38 del Reglamento de Incompatibilidades del Ministerio Público proporciona un marco para resolver situaciones en las que dos o más funcionarios públicos se encuentran en una situación de incompatibilidad -entre otros-, asimismo, establece una serie de criterios a considerar para resolver casos de incompatibilidad entre funcionarios públicos dentro del Ministerio Público. Esos criterios buscan garantizar la equidad y la eficiencia en la toma de decisiones, priorizando ciertos aspectos como la estabilidad laboral, la necesidad institucional y la experiencia; además, presenta una cláusula cerrada ya que establece criterios específicos para resolver los casos de incompatibilidad: prioridad para funcionarios de carrera, interés institucional, antigüedad y trayectoria laboral. Esos criterios no dejan margen para agregar factores adicionales fuera de los mencionados, lo que indica un enfoque limitado y definido. En efecto, establece mediante un criterio claro y jerárquico, la prioridad de los funcionarios públicos de carrera al resolver conflictos de incompatibilidad, prohibición o impedimento en el Ministerio Público. Esa prioridad se fundamenta en la necesidad de garantizar la estabilidad laboral, la experiencia y la profesionalización en el ejercicio de las funciones de esa entidad buscando proteger la estabilidad laboral de los funcionarios públicos de carrera; garantizar la continuidad y la experiencia en el ejercicio de las funciones del Ministerio Público; promover la eficiencia y la imparcialidad en la administración de justicia; y, fortalecer la institucionalidad de esa institución. Al priorizar la permanencia de los funcionarios de carrera -siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en el Estatuto del Funcionario Público o en la Ley Orgánica del Ministerio Público- contribuye a generar una mayor estabilidad en la institución y a reducir la rotación de personal; sin embargo, al considerar el interés institucional y la necesidad de cubrir determinados puestos, el artículo 38 Reglamento de Incompatibilidades del Ministerio Público permite una cierta flexibilidad en la toma de decisiones por parte de la autoridad competente, adaptándose a las circunstancias concretas de cada caso. Por consiguiente, las autoridades al momento de aplicar el señalado artículo tienen que analizar cada uno de esos criterios específicos establecidos por esta norma a fin de resolver los casos de incompatibilidad.
En el presente caso, se advierte que el Fiscal General hoy accionado no atendió ni respondió el punto de agravio expuesto en el recurso jerárquico en cuanto a que el Juez Sumariante ahora tercero interesado inventó dos criterios no establecidos en el art. 38 del Reglamento de Incompatibilidades del Ministerio Público como son: encontrarse en ventaja respecto a la hoy tercera interesada y que esta no generó la incompatibilidad, lo cual vulnera el derecho al debido proceso en su elemento de fundamentación y el derecho a la tutela judicial efectiva, por incongruencia omisiva. Al contrario, irrazonablemente refirió que el referido Juez no estaba obligado a aplicar únicamente el inc. a) del art. 38 del Reglamento de Incompatibilidades del Ministerio Público, y que en su defecto aplicó el inc. c) del mismo artículo; cuando aquel precepto establece cada uno de los criterios específicos que deben ser analizados para resolver los casos de incompatibilidad -entre otros-, no existiendo por parte del Fiscal General ahora accionado ningún análisis ni consideración respecto a si el indicado Juez consideró o no los criterios específicos establecidos por los incs. a), b) y d) del art. 38 del citado Reglamento, al momento de emitir las Resoluciones Sumarial FGE/JS 073/22 y de Recurso de Revocatoria FGE/JS 010/22; menos consideró la prioridad específicamente establecida en esa norma con relación a la permanencia de los funcionarios públicos de carrera, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en el Estatuto del Funcionario Público o en la Ley Orgánica del Ministerio Público, evidenciándose la vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de motivación, fundamentación, congruencia y legalidad por la interpretación arbitraria del art. 38 del Reglamento de Incompatibilidades del Ministerio Público, concediéndose la tutela al respecto. Acerca de la crítica sobre la aplicación de la perspectiva de género por parte del Fiscal General hoy accionado, el art. 38 del Reglamento de Incompatibilidades del Ministerio Público no contiene disposiciones con sesgo de género, se advierte que dicho Fiscal General se limitó a referir que el Juez Sumariante ahora tercero interesado aplicó el inc. c) de ese artículo, de conformidad con los estándares constitucionales y al enfoque de género, sin mayor fundamentación, ni siquiera refirió si el análisis o los criterios vertidos por el inferior jerárquico al momento de dictar la Resolución de Recurso de Revocatoria FGE/JS 010/22 impugnada mediante recurso jerárquico, eran o no correctos, así como el argumento de que el accionante se encontraba en ventaja respecto a la hoy tercera interesada porque generó la incompatibilidad en desmedro de la nombrada. En ese sentido, se tiene que aquella norma establece una serie de criterios específicos para resolver casos de incompatibilidad, entre ellos, la antigüedad en el Ministerio Público y la trayectoria laboral dentro de la institución; por lo que, para aplicar la perspectiva de género al caso concreto, el Fiscal General ahora accionado debió verificar si en efecto la aplicación de esos criterios puede tener un impacto desproporcionado en las mujeres -como es el caso de la hoy tercera interesada-, perpetuando desigualdades existentes. Por ejemplo, si históricamente existió una menor presencia de mujeres en el Ministerio Público, o si las mujeres tuvieron menos oportunidades de acceder a ciertos cargos o desarrollar trayectorias laborales ascendentes o que al priorizar la antigüedad y la trayectoria, se estaría privilegiando a quienes ingresaron al servicio público en momentos en que las oportunidades para las mujeres eran más limitadas, lo que podría generar una desventaja para las mujeres que, a pesar de su capacidad y desempeño, podrían tener menos años de servicio o una trayectoria menos ascendente, o si existen diferencias en la clasificación de los funcionarios públicos que puedan afectar desproporcionadamente a las mujeres, eso podría generar un sesgo de género. Aspectos que de ninguna manera fueron expuestos por el Fiscal General hoy accionado; por lo cual, se evidencia la ausencia de congruencia, y por consiguiente, de fundamentación y motivación en la Resolución jerárquica impugnada a través de la presente acción tutelar, concediéndose la tutela al respecto. Recurso jerárquico planteado mediante memorial presentado el 17 de octubre de 2022 El accionante al plantear su recurso jerárquico reclamó la indebida interpretación de la legalidad ordinaria y errónea aplicación reglamentaria, alegando que el Juez Sumariante ahora tercero interesado le dio un alcance indebido al art. 12 incs. c) e i) del Reglamento Interno de Control de Personal del Ministerio Público pretendiendo su aplicación análoga, prohibida por el principio de taxatividad. Lo propio ocurre con el art. 8 inc. h) del EFP que refiere a asuntos inherentes al ejercicio de trabajo como Fiscal. Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PA-JS 08/2022 Con relación a los alcances del art. 12 incs. c) e i) del Reglamento Interno de Control de Personal del Ministerio Público, su interpretación es clara ya que menciona la obligación de los funcionarios públicos de demostrar responsabilidad, lealtad y honestidad, además de proporcionar información fidedigna a requerimiento, como es la Declaración Jurada de incompatibilidad, sea de manera honesta y fidedigna; empero, el recurrente omitió los arts. 232 y 235 de la CPE concordantes con el art. 8 incs. b) y h) del EFP, que establecen el sometimiento a la norma nacional e institucional bajo pena de ser sancionado incluso con destitución, como sucedió en el presente caso. Análisis
El accionante denunció que el Fiscal General hoy accionado incurrió en incongruencia citra petita al no pronunciarse sobre la aplicación errónea del art. 12 incs. c) e i) del Reglamento Interno de Control de Personal del Ministerio Público, denunciada en el recurso jerárquico. Posteriormente, reclamó que el argumento expuesto por el citado Fiscal General no se encontraba debidamente fundamentado ni motivado ni resultaba congruente, ya que si bien los incs. c) y e) del art. 12 de dicho Reglamento guardan relación con los arts. 232 y 235 de la CPE en reciprocidad con los deberes establecidos en el Estatuto del Funcionario Público -art. 8 incs. b) y h) del EFP-; sin embargo, esas normas no aluden a la incompatibilidad sino a labores o tareas dentro del ámbito laboral. Por consiguiente, el art. 12 del Reglamento Interno de Control de Personal del Ministerio Público no resulta aplicable; aspecto que incluso fue reclamado al momento de observar la Resolución de Apertura de Proceso Administrativo Disciplinario Interno FGE/JS 65/22, porque los principios supuestamente contravenidos -de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados- no merecen ninguna sanción ni se adecuan de manera taxativa a una causal de destitución como erradamente alegó el Fiscal General ahora accionado que pretende la aplicación de aquella norma mediante la analogía. Ese extremo fue señalado como agravio en los recursos de revocatoria y jerárquico, sin obtener una respuesta motivada, cuando correspondía que el indicado Fiscal General considere la jerarquía normativa y el principio de especificidad en cuanto a la adecuación de “…falsedad de declaraciones de incompatibilidad…” (sic) al tipo disciplinario, más aún cuando la Ley Orgánica del Ministerio Público es de aplicación preferente sobre el Reglamento Interno de Control de Personal, ambos del Ministerio Público, siendo que esa última norma en sus art. 117, 120.9 y 122 adecuan taxativamente las conductas a faltas disciplinarias, bajo el principio de legalidad y certeza, aspecto que no fue considerado por el citado Fiscal General. El art. 12 del Reglamento Interno de Control de Personal del Ministerio Público establece como obligaciones de las y los funcionarios públicos: “… c) Demostrar en todo momento eficiencia, eficacia, economía responsabilidad, lealtad, honestidad y dedicación en las labores que le fueron encomendadas (…) i) Proporcionar en forma oportuna y fidedigna la información relativa a sus funciones o tareas a requerimiento de las instancias competentes”. En ese orden, dicho artículo establece una serie de obligaciones específicas para los funcionarios públicos del Ministerio Público, como la eficiencia, la honestidad y la obligación de proporcionar información. Obligaciones que son inherentes al ejercicio de cualquier función pública y buscan garantizar un desempeño adecuado de las labores encomendadas. El art. 232 de la CPE establece que: “La Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados”; y el art. 235 la misma Norma Suprema prevé que: “Son obligaciones de las servidoras y los servidores públicos: 1. Cumplir la Constitución y las leyes. 2. Cumplir con sus responsabilidades, de acuerdo con los principios de la función pública. 3. Prestar declaración jurada de bienes y rentas antes, durante y después del ejercicio del cargo. 4. Rendir cuentas sobre las responsabilidades económicas, políticas, técnicas y administrativas en el ejercicio de la función pública. 5. Respetar y proteger los bienes del Estado, y abstenerse de utilizarlos para fines electorales u otros ajenos a la función pública”. En cuanto al art. 232 de la CPE, se tiene que establecer los principios generales que deben regir la Administración Pública, entre ellos, la eficiencia, la honestidad, la transparencia y la responsabilidad. Principios que son de carácter general y se aplican a todos los funcionarios públicos, independientemente de la institución a la que pertenezcan. Asimismo, respecto al art. 235 de la Ley Fundamental, detalla algunas de las obligaciones específicas de los funcionarios públicos, como cumplir la Constitución Política del Estado y las leyes, prestar declaración jurada de bienes y rendir cuentas sobre las responsabilidades económicas, políticas, técnicas y administrativas en el ejercicio de la función pública. Obligaciones que complementan los principios generales establecidos por el art. 232 de la CPE. Por su parte, el art. 8 del EFP señala que: “Los servidores públicos tienen los siguientes deberes: (…) b) Desarrollar sus funciones, atribuciones y deberes administrativos, con puntualidad, celeridad, economía, eficiencia, probidad y con pleno sometimiento a la Constitución Política del Estado, las leyes y el ordenamiento jurídico nacional (…) h) Conservar y mantener, la documentación y archivos sometidos a su custodia, así como proporcionar oportuna y fidedigna información, sobre los asuntos inherentes a su función”. Este artículo, al igual que el art. 12 del Reglamento Interno de Control de Personal del Ministerio Público, establece obligaciones específicas para los funcionarios públicos, como el desarrollo de sus funciones con eficiencia, probidad y el deber de proporcionar información. Conforme a lo anteriormente establecido, se tiene que los artículos precedentemente indicados, efectivamente establecen un marco normativo claro sobre las obligaciones y deberes de los funcionarios públicos; empero, no abordan de manera directa el tema de la incompatibilidad funcionaria. Los artículos analizados se centran principalmente en establecer las obligaciones generales de dichos funcionarios públicos, como la eficiencia, la honestidad, la transparencia y el cumplimiento de la ley, y si bien estos principios son fundamentales para prevenir situaciones de incompatibilidad; sin embargo, no establecen de manera explícita las causas de incompatibilidad ni los procedimientos para su determinación. Bajo ese contexto, el Fiscal General hoy accionado no fundamentó ni motivó debidamente porqué si los señalados preceptos solo aluden a las labores dentro del ámbito laboral, aplicó de forma análoga al caso concreto el art. 12 inc. c) e i) del Reglamento Interno de Control de Personal del Ministerio vinculado a los arts. 232 y 235 de la CPE y al art. 8 incs. b) y h) del EFP, que según la citada autoridad Fiscal mencionan la obligación de los funcionarios públicos de demostrar responsabilidad, lealtad y honestidad, además de proporcionar información fidedigna a requerimiento, como es la Declaración Jurada de incompatibilidad; con relación al supuesto incumplimiento de la obligación prevista por el art. 12 inc. m) del Reglamento Interno de Control de Personal del Ministerio Público respecto a la presentación de la Declaración Jurada de incompatibilidades ante el Ministerio Público, que fue endilgada al accionante; cuando la Ley Orgánica del Ministerio Público es de aplicación preferente sobre el Reglamento Interno de Control de Personal, ambos del Ministerio Público, siendo que esta Ley en sus arts. 117, 120.9 y 122.I.2, adecua taxativamente las conductas endilgadas al accionante a la falta disciplinaria grave como es el declarar falsamente en la Declaraciones de incompatibilidad y determina su sanción; lo que implica que el Fiscal General hoy accionado no consideró la jerarquía normativa y el principio de especificidad en cuanto a la adecuación de la “…falsedad de declaraciones de incompatibilidad…” (sic) a la supuesta contravención del art. art. 12 inc. m) del Reglamento Interno de Control de Personal del Ministerio Público. Más aun, esa autoridad no estableció por qué la sanción de destitución impuesta por el Juez Sumariante ahora tercero interesado se encontraba debidamente sustentada en el Reglamento Interno de Control de Personal del Ministerio Público, cuando este no dispone taxativamente que el incumplimiento de la obligación de presentación de la Declaración Jurada de incompatibilidades merezca una sanción, siendo opuesto a lo determinado en las prohibiciones establecidas por el art. 13 de ese Reglamento, tal cual denuncia el accionante en esta acción de defensa. Por consiguiente, se advierte la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de congruencia, fundamentación y motivación, concediéndose la tutela solicitada en cuanto a ese punto en particular. Recurso jerárquico planteado mediante memorial presentado el 17 de octubre de 2022
El accionante en al impugnar la Resolución de Recurso de Revocatoria FGE/JS 010/22, reclamó que no pueden remitirse copias debido a supuestos ilícitos ante el Fiscal Departamental de Chuquisaca sin identificar el delito o respecto a qué Declaraciones Juradas -de incompatibilidades- en concreto; ya que, esas se realizaron antes de ingresar al Ministerio Público, debiendo cumplirse con el art. 285 del CPP, además de darle la oportunidad de defenderse, de lo contrario, se lo pone en un estado de indefensión absoluta. Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PA-JS 08/2022 Sobre la remisión de copias al Fiscal Departamental de Chuquisaca por supuestos ilícitos, su cuestionamiento corresponde ser planteado ante la jurisdicción penal en lo que respecta al cumplimiento de lo dispuesto en el art. 285 del CPP; puesto que, el Juez Sumariante ahora tercero interesado solo cumplió con lo establecido por el art. 286 inc. 1) del citado Código, ya que a la fecha no se encuentra ejecutoriada y no se puede observar un hecho futuro e incierto como la señalada remisión y la denunciada indefensión absoluta; por cuanto, la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PA-JS 08/2022 no lo hace culpable o le impone sanción penal alguna, sino que dispone la remisión ante la autoridad correspondiente donde podrá accionante asumir defensa libre e irrestricta de ser aperturado el caso. Análisis El accionante denuncia la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación y legalidad por incumplimiento a lo dispuesto por el art. 54.III del Reglamento Interno de Control de Personal del Ministerio Público; puesto que, no es competencia del Juez Sumariante hoy tercero interesado disponer la remisión de antecedentes al Ministerio Público para que se inicie un proceso penal, al contrario, debió emitir un informe dirigido a la MAE para imprimir el trámite previsto en dicho artículo y no remitir los antecedente directamente sin describir el hecho, el tipo penal o su adecuación. La indicada vulneración del señalado artículo fue denunciada como agravio en el recurso jerárquico, pero no mereció una respuesta clara y motivada en la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PA-JS 08/2022degenerando en una fundamentación y motivación insuficiente con relevancia constitucional porque toda resolución debe contener las explicaciones necesarias, vulnerando el principio de legalidad; puesto que, en su contenido no explicó por qué el Juez Sumariante hoy tercero interesado puede apartarse de la legalidad formal y no dar cumplimiento a lo dispuesto por el art. 54.III del Reglamento Interno de Control de Personal del Ministerio Público.
Al respecto, se tiene que esa alegación no fue expuesta en el recurso jerárquico; por lo que, el Fiscal General hoy accionado no pudo pronunciarse al respecto; por consiguiente, lo señalado por el accionante respecto a que no mereció una respuesta a su denuncia sobre el incumplimiento del art. 54.III del Reglamento Interno de Control de Personal del Ministerio Público no resulta evidente; por cuanto, se deniega la tutela con relación a la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación y legalidad por incumplimiento a lo dispuesto en ese artículo. Respecto a la vulneración de los derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, a la vida y a la dignidad La destitución vulneró los derechos al trabajo, estabilidad laboral, vida y dignidad, ya que el Fiscal General ahora accionado ratificó las Resoluciones del Juez Sumariante hoy tercero interesado sin considerar que los hechos no constituían faltas sancionables, y aplicó erróneamente el Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública en lugar de las normas correctas del Reglamento de Incompatibilidades del Ministerio Público y la Ley Orgánica del Ministerio Público. Además, la sanción de destitución fue impuesta sin la aplicación correcta de las normas relevantes, lo que provocó la privación de su fuente laboral y lo dejó en indefensión frente a hechos no atribuibles en la resolución inicial. Asimismo, la sanción no se ajusta a lo establecido por los arts. 37, 42 y 38 inc. a) del Reglamento de Incompatibilidades del Ministerio Público, afectando sus derechos fundamentales, y el Fiscal General ahora accionado tampoco valoró adecuadamente las pruebas presentadas, lo que contribuyó a la pérdida de su fuente laboral que le proporcionaba los recursos para su sustento, incluyendo salud, alimentación, dejándolo en una situación de indefensión frente a la sanción impuesta de manera arbitraria. En cuanto al derecho a la dignidad, el accionante no refiere de qué manera el Fiscal General hoy accionado hubiese vulnerado ese derecho al momento de dictar la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PA-JS 08/2022; por consiguiente, se deniega la tutela con relación a dicho derecho. En cuanto al derecho al trabajo y estabilidad laboral, a lo largo del análisis efectuado por esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional se advirtieron que las vulneraciones a derechos constitucionales alegados por el accionante resultan ser evidentes y fueron base para la emisión de la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PA-JS 08/2022 que confirmó la Resolución de Recurso de Revocatoria FGE/JS 10/22 que a su vez confirmó la Resolución Sumarial FGE/JS 073/22 que impuso como sanción la destitución del accionante de su fuente laboral, por consiguiente, se concede la tutela por la evidente vulneración de los citados derechos, debiendo atenderse a la solicitud del accionante sobre la restitución de los derechos a la estabilidad laboral y al trabajo, por consiguiente, a sus vacaciones, sueldos, cómputo de antigüedad, aguinaldo, bono de té, entre otros, desde el día en el que fue destituido, debiendo ser restituido hasta que su situación jurídica sea definida mediante una nueva resolución jerárquica. Respecto al derecho a la vida, se entiende que no se limita a la mera existencia biológica, sino que abarca una amplia gama de aspectos que garantizan una vida digna y plena para todas las personas, en ese sentido, un despido injustificado genera una situación de incertidumbre económica que puede afectar gravemente la calidad de vida y la capacidad de satisfacer necesidades básicas como alimentación, vivienda y salud; por consiguiente, al evidenciarse que la destitución del accionante tuvo como origen la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, del principio de legalidad, sub principios de tipicidad y taxatividad, a la defensa y tutela judicial efectiva, se entiende que su destitución fue arbitraria, lo que lo privó de su derecho a una vida digna y plena, concediéndose la tutela al respecto. Otras consideraciones De la revisión de la Resolución de Sala Constitucional 041/2023 de 9 de junio, cursante de fs. 1059 a 1070 vta., se establece que Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, denegó la tutela sin la menor fundamentación ni motivación exigida por la vasta jurisprudencia constitucional a todas las autoridades que administran justicia, limitándose a extractar partes del recurso jerárquico y de la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PA-JS 08/2022, para luego, sin mayor argumentación, llegar a la conclusión de que este fallo se encontraba debidamente motivado, vulnerando así el derecho a la tutela judicial efectiva y desnaturalizando el control constitucional que le es propio. Por consiguiente, se llama severamente la atención a los Vocales que conforman la indicada Sala Constitucional, ordenándoles a que en futuras resoluciones se enmarquen a lo establecido en la jurisprudencia constitucional, fundamentando y motivando debidamente sus fallos. De no ser así, se remitirán antecedentes a la instancia disciplinaria correspondiente. Finalmente, respecto al resarcimiento de daños y perjuicios, conforme al art. 113.I de la CPE, alegado por el accionante, esa petición no puede ser acogida en razón a la concesión parcial de la tutela solicitada y la regulación potestativa establecida por el art. 39 del Código Procesal Constitucional (CPCo). En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución de Sala Consitucional 041/2023 de 9 de junio, cursante de fs. 1059 a 1070 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, con relación a los derechos a la vida, al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación, congruencia, valoración razonable de la prueba y de los principios de seguridad jurídica y legalidad en sus sub principios de taxatividad y tipicidad; al trabajo, a la defensa y a la estabilidad laboral, de conformidad con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, disponiendo:
a) Dejar sin efecto la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PA-JS 08/2022 de 27 de octubre, debiendo emitirse una nueva resolución jerárquica que se encuentre debidamente fundamentada, motivada y congruente, de conformidad con lo expuesto en este fallo constitucional, sea en el plazo de setenta y dos horas computables a partir de la notificación a las partes con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
b) Ordenar la restitución del derecho a la estabilidad y al trabajo de Windsor Hernán Ortiz Bascope, vacaciones, sueldos, cómputo de antigüedad, aguinaldo, bono de té, entre otros, desde el día en el que fue ejecutada la destituión, debiendo restituírselo en el cargo hasta que su situación jurídica sea definida mediante la nueva resolución jerárquica. c) Llamar severamente la atención a Marco Antonio Justiniano Mejia y a Jesús Martinez Subirana, Vocales de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, ordenándoles a que en futuras resoluciones se enmarquen a lo establecido en la jurisprudencia constitucional, fundamentando y motivando debidamente sus resoluciones; advirtiéndoles que en caso contrario se remitirán antecedentes a la instancia disciplinaria correspondiente. 2° DENEGAR la tutela solicitada con relación a los derechos al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación y legalidad por incumplimiento de lo dispuesto por el art. 54.III del Reglamento Interno de Control de Personal del Ministerio Público; al derecho a la dignidad, y en cuanto a las solicitudes de: 1) Anular obrados hasta la emisión de un nuevo fallo de apertura de proceso administrativo; 2) Ordenar la emisión de un nuevo auto de apertura en sujeción al Reglamento de Incompatibilidades del Ministerio Público; y, 3) Resarcimiento de daños y perjuicios, conforme al art. 113.I de la Constitución Política del Estado, de conformidad con lo establecido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0796_2024-S3.pdf · páginas 1 a 93.
Huella digital del PDF (SHA-256): 15110fef5735adb71c00d5616614ecdedfdbc21b38f48b21bb2fced7c1d75dc8
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