Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 28 de abril de 2026
Deniega la tutela
El accionante denunció la vulneración de su derecho a la libertad, en relación con el debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación y defensa;
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 3/2023 de 13 de mayo, cursante de fs. 48 a 50 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0795/2026-S2 Sucre, 28 de abril de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 55533-2023-112-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 3/2023 de 13 de mayo, cursante de fs. 48 a 50 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Hans Miranda Condori contra Salua July Dipp Antequera, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.
Por memorial presentado el 12 de mayo de 2023, cursantes de fs. 1 a 5 vta., el accionante manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica previsto y sancionado por el art. 272 bis del Código Penal (CP); mediante Auto Interlocutorio 185/2023 de 24 de abril, la Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento de Oruro, dispuso la medida cautelar de detención preventiva por el lapso de veinte días; decisión que fue objeto de recurso de apelación incidental, mereciendo el Auto de Vista 147/2023 de 2 de mayo, pronunciado por Salua July Dipp Antequera, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -hoy demandada-, fallo que ahora es cuestionado. En consecuencia, el 2 de mayo de 2023, interpuso una acción de libertad en contra la autoridad demandada, quien habría emitido el Auto de Vista 147/2023; dicha acción fue resuelta mediante la Resolución 22/2023 de 3 de mayo, la cual dejó sin efecto el referido Auto de Vista, disponiendo la emisión de una nueva resolución en relación con el riesgo procesal previsto en el art. 234.6 del Código de Procedimiento Penal (CPP); no obstante, el Auto de Vista 154/2023 de 8 del mismo mes, se habría limitado a modificar el citado riesgo procesal, manteniendo firme la resolución en todos sus demás extremos.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad en relación al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación y defensa, citando al efecto los arts. 23, 115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se deje sin efecto el Auto de Vista 154/2023 de 8 de mayo, emitido por la Vocal demandada; disponiéndose la emisión de una nueva resolución debidamente motivada y fundamentada.
Celebrada la audiencia pública el 13 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 46 a 47 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad y ampliando en audiencia señaló que: a) Fue imputado por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica; en atención a la existencia de indicios de probabilidad de autoría y la concurrencia de los presupuestos previstos en el art. 233 del CPP, así como de los riesgos procesales establecidos en el art. 234.6 y 7 del referido Código, la Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento de Oruro, dispuso su detención preventiva por el plazo de veinte días, mediante Auto Interlocutorio 185/2023; b) El 8 de mayo del 2023, la Vocal demandada emitió el Auto de Vista 154/2023, mediante el cual dejó sin efecto el riesgo procesal previsto en el numeral 6 del art. 234 del citado Código, mantuvo vigente el numeral 7 y ratificó la detención preventiva antes dispuesta; c) Se cuestionó la indicada resolución por haber sido emitida sin la debida fundamentación ni el análisis conforme a la jurisprudencia aplicable -en particular, en cuanto a los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y necesidad-, así como por no haberse explicado la pertinencia de mantener la detención preventiva ante la subsistencia de un único riesgo procesal; y, d) La falta de fundamentación en el aludido Auto de Vista vulneró el debido proceso, al no realizarse un test de proporcionalidad que justifique la necesidad, urgencia y adecuación de la detención preventiva, en contravención a los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad; en consecuencia, la autoridad demandada no efectuó una valoración integral del caso, pese a subsistir únicamente el riesgo del art. 234.7 de la citada norma procesal penal, lo que evidenció una resolución arbitraria que lesionó la libertad personal del accionante.
Salua July Dipp Antequera, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, por informe escrito cursante de fs. 16 a 18, sostuvo que: 1) Dispuso detención preventiva en audiencia de medidas cautelares, decisión que fue apelada por el imputado; en virtud de ello, su autoridad emitió el Auto de Vista 147/2023, confirmando el Auto Interlocutorio 185/2023, al haber sido valorada adecuadamente; 2) La prueba presentada por el ahora accionante en la audiencia de 24 de abril de 2023 -consistente en capturas de pantalla de WhatsApp destinadas a generar duda sobre la existencia de agresiones-, fue considerada por la autoridad jurisdiccional como subjetiva, confirmando el razonamiento de la Jueza de primera instancia; 3) En cuanto al peligro efectivo para la víctima, la Jueza a quo valoró adecuadamente los antecedentes del proceso, sin incurrir en vulneración de derechos; 4) Ante la interposición de la acción de libertad contra el Auto de Vista 147/2023, la Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Oruro, constituida en Jueza de garantías, emitió la Resolución 22/2023, mediante la cual concedió parcialmente la tutela y dispuso la emisión de un nuevo Auto de Vista únicamente respecto al riesgo procesal de fuga previsto en el art. 234.6 del CPP; en relación con los demás agravios, no se evidenció vulneración de derechos ni garantías del accionante; y, 5) El Auto de Vista 154/2023, no incurrió en error alguno ni vulneró los derechos del impetrante de la tutela.
El Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de Oruro, constituido en Juez de garantías, por Resolución 3/2023 de 13 de mayo, cursante de fs. 48 a 50 vta., denegó la tutela solicitada; con base en los siguientes fundamentos: i) Si el accionante consideró que no se dio cumplimiento adecuado a la resolución constitucional emitida por la Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del citado departamento, correspondía interponer un recurso de queja ante dicha autoridad, a fin de que se disponga el cumplimiento estricto de su fallo, conforme a los arts. 16, 17 y 40 del Código Procesal Constitucional (CPCo); ii) No se dio cumplimiento a la Resolución 22/2023 y solicitó una nueva valoración de su situación procesal, considerando que se dejó sin efecto uno de los riesgos procesales y su incidencia en la detención preventiva; toda vez que, el Auto de Vista 147/2023, declaró improcedente la apelación interpuesta y ratificó la decisión de la Jueza de primera instancia; y; iii) La Jueza de garantías, al analizar el riesgo procesal del numeral 7 del art. 234 del CPP, concluyó que no corresponde exigir a la autoridad de alzada una valoración integral de la prueba ni la ponderación de la razonabilidad de los riesgos, ya que su competencia se limita exclusivamente a los aspectos apelados conforme al art. 398 del mismo cuerpo legal, en ese sentido, desestimó los argumentos del accionante respecto a este numeral, señalando que no existió vulneración alguna a sus derechos.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso la devolución a la Comisión de Admisión los expedientes y causas sorteadas para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional (fs. 56 a 58); en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. A través de Auto Interlocutorio 185/2023 de 24 de abril, emitido por la Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento de Oruro, dispuso la detención preventiva de Hans Miranda Condori -hoy accionante-, resolución que fue apelada en la misma audiencia (fs. 27 a 31 vta.). II.2. Mediante Auto de Vista 147/2023 de 2 de mayo, Salua July Dipp Antequera, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -hoy demandada-, declaró improcedente el recurso de apelación incidental interpuesto por el impetrante de tutela (fs. 35 a 37 vta.). II.3. Cursa la Resolución 22/2023 de 3 de mayo, emitida por Mary Clory Morales Fernández, Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Oruro, constituida en Jueza de garantías, la cual, en su parte dispositiva, estableció: “…POR TANTO: (…) declara PROCEDENTE únicamente respecto al núm. 6) del 234 del Código de Procedimiento Penal por lo que SE ANULA el Auto de Vista No 147/2023 de fecha 02 de mayo de 2023, únicamente en cuanto a este aspecto, manteniendo subsistente e incólume en todo lo demás, disponiendo que la autoridad accionada pronuncie un nuevo Auto de Vista resolviendo respecto a dicho numeral…” (sic [fs. 38 a 42]).
El accionante denunció la vulneración de su derecho a la libertad, en relación con el debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación y defensa;
toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, la Jueza de la causa dispuso su detención preventiva mediante Auto Interlocutorio 185/2023, decisión que fue objeto de apelación incidental, resuelto por la Vocal demandada a través del Auto de Vista 147/2023, fallo que presuntamente no reparó los actos denunciados expresados en los agravios que formuló mediante ese mecanismo de impugnación, por lo que, en la misma fecha, interpuso acción de libertad, la cual fue resuelta mediante la Resolución 22/2023, que dejó sin efecto el referido Auto de Vista y dispuso la emisión de una nueva resolución debidamente motivada y fundamentada; sin embargo, se habría omitido desarrollar un razonamiento respecto a la proporcionalidad ante la subsistencia de un riesgo procesal. Ante ello, la autoridad demandada señaló que, existió una correcta valoración probatoria y la inexistencia de vulneración de derechos señalados, debido a que las pruebas presentadas por el accionante fueron calificadas como subjetivas; además, en la acción de libertad, la Resolución 22/2023, concedió tutela parcial, ordenando la emisión de un nuevo Auto de Vista únicamente respecto al riesgo de fuga previsto en el art. 234.6 del CPP. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 0015/2018-S2 de 28 de febrero, cita dos subreglas relevantes sistematizadas en la SCP 0157/2015-S3 de 20 de febrero y establece: “i) Es improcedente peticionar a través de otra acción de amparo u otra acción de defensa, el cumplimiento de una resolución constitucional de amparo o de otra acción de defensa -incluye la decisión de los jueces o tribunales de garantías y la del Tribunal Constitucional Plurinacional- o en su caso denunciar su incumplimiento; y, ii) Es improcedente, a través de otra acción de amparo u otra acción de defensa, impugnar o cuestionar total o parcialmente decisiones o resoluciones de autoridades o personas particulares emergentes del cumplimiento -parcial, distorsionado o tardío- de las resoluciones constitucionales -incluye a la decisión de los jueces o tribunales de garantías y la del Tribunal Constitucional Plurinacional-. (…) En razón a los remedios procesales idóneos que existen, esta línea jurisprudencial impide abrir una cadena interminable de acciones de defensa, porque desde el punto de vista práctico, una concesión de tutela perdería su efectividad en su cumplimiento, pues quedaría indefinidamente postergada hasta que la parte demandada convertida eventualmente en accionante presente otra acción de defensa contra la sentencia constitucional que le fue adversario, buscando que la justicia constitucional le otorgue razón, eventualidad, en la que el accionante original continuaría con la misma cadena de tutela hasta volver a obtenerla” (las negrillas nos corresponden).
De la revisión de antecedentes, se tiene que, en la audiencia de consideración de medidas cautelares de 24 de abril de 2023, la Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento de Oruro, emitió el Auto Interlocutorio 185/2023 de igual fecha, mediante el cual dispuso la detención preventiva del accionante por el lapso de veinte días, al existir la configuración de los riesgos procesales previstos en el art. 234.6 y 7 del CPP (Conclusión II.1); Resolución que fue apelada en la misma audiencia, llegando en consecuencia a emitirse el Auto de Vista 147/2023 de 2 de mayo, que declaró improcedente el recurso de apelación formulado por el impetrante de tutela, manteniendo el riesgo procesal previsto en el art. 234.6 y 7 del Adjetivo Penal. Posteriormente, el accionante interpuso una acción de libertad que fue resuelta por la Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Oruro, constituida en Jueza de garantías, que emitió la Resolución 22/2023 de 3 de mayo, en la que la declaró procedente únicamente respecto al numeral 6 del art. 234 del CPP, por lo que se anula el Auto de Vista 147/2023, manteniendo subsistente e incólume en todos lo demás, disponiendo se emita un nuevo Auto de Vista resolviendo respecto a dicho numeral (Conclusión II.2). En cumplimiento de la citada resolución; la Vocal demandada, emitió el Auto de Vista 154/2023 de 8 de mayo, que declaró improcedente el recurso de apelación incidental formulado por el impetrante de tutela. Ahora bien, el peticionante de tutela interpuso la presente acción tutelar contra el Auto de Vista 154/2023, el cual -como se señaló- fue emitido en cumplimiento de la Resolución 22/2023, dictada por la entonces Jueza de garantías, en respuesta a la primera acción de libertad promovida contra el Auto de Vista 147/2023; no obstante, conforme a la jurisprudencia de este Tribunal, resulta improcedente, mediante una nueva acción de libertad u otra acción tutelar, impugnar o cuestionar decisiones o resoluciones emitidas por autoridades en ejecución sea parcial, defectuosa o tardía de resoluciones constitucionales, lo que incluye las determinaciones adoptadas por jueces o tribunales de garantías. Conforme se advierte del reclamo constitucional formulado por el impetrante de tutela, pretende que, a través de la presente acción de libertad, la autoridad demandada dé cumplimiento a lo dispuesto en una anterior acción tutelar; en consecuencia, la jurisprudencia constitucional ha establecido que no es procedente la activación de una nueva acción de defensa -como la acción de libertad- con la finalidad de cuestionar el contenido de las resoluciones emergentes del cumplimiento de otra acción tutelar, en ese entendido, el AC 085/99-R de 24 de agosto de 1999 sostuvo: “…en lo sustancial se tiene que en los casos de 'desobediencia' a las resoluciones dictadas en recursos de Hábeas Corpus y Amparo Constitucional, no corresponde la deducción de otro recurso, sino la aplicación de las disposiciones contenidas en el Art. 179 bis del Código Penal (…), todo ello sin perjuicio de la ejecución cabal e inmediata de lo determinado en la Resolución Constitucional…” (las negrillas son añadidas). Por consiguiente, el control y la ejecución de tales decisiones corresponden a la acción primigenia en la que fueron dictadas, en ese entendido, existe un impedimento para emitir un pronunciamiento de fondo respecto de la pretensión de cumplimiento planteada por esta vía; en consecuencia, el impetrante de tutela debía de acudir ante la Jueza de garantías que conoció la acción de libertad, a efectos de exigir su cumplimiento conforme a lo previsto en los arts. 17 y 40 del CPCo, siendo dicha autoridad la que cuenta con atribuciones suficientes para disponer y hacer efectivo el cumplimiento de sus propias resoluciones, las cuales, por mandato legal, son de ejecución inmediata. Por lo expuesto, corresponde denegar la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 3/2023 de 13 de mayo, cursante de fs. 48 a 50 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0795_2026-S2.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): 1bbf65274d283f628e71fffc19975f2458bb6b25d3012c8c0e8198d7a73ac0c2
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