Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 22 de julio de 2025
Deniega la tutela
La accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes motivación, fundamentación, congruencia, valoración razonable de la prueba y la “legítima defensa”, vinculado a su derecho al trabajo; toda vez que, la autoridad demandada emitió la Resolución Administrativa Municipal de 28 de octubre de 2022, por la cual resolvió rechazar el recurso jerárquico que interpuso contra la Resolución Administrativa Municipal 80/2022, que a su vez confirmó la Resolución Administrativa Municipal 66/2022, mediante la cual se dejó sin efecto la RA 016/2021 -acto por el que se le había adjudicado el bien municipal denominado “Lactobar”-, incurriendo en una errónea interpretación del art. 51 del DS 27113 al revocarle su adjudicación y restituir el sitio municipal “Lactobar” a dominio del GAM de Vinto, vulnerando los principios de legalidad, jerarquía normativa, informalismo y primacía constitucional. Ante ello, la autoridad demandada refirió que no existe vulneración alguna a los derechos constitucionales aludidos, puesto que la revocatoria de la adjudicación efectuada se encuentra posibilitada por el DS 27113 que reglamenta el art. 51.I inc. e) de la LPA, y porque la impetrante de tutela recién adjuntó el carnet de sanidad, después del plazo de cumplimiento de un año de su adjudicación que se venció el 12 de marzo de 2022. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 061/2023 de 25 de mayo, cursante de fs. 184 a 191 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0795/2025-S2 Sucre, 22 de julio de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 56309-2023-113-AAC Departamento: Cochabamba En revisión de la Resolución 061/2023 de 25 de mayo, cursante de fs. 184 a 191 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Mirtha Isabel Arce Guzmán contra Alfredo Lucana Ramos, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Vinto del departamento de Cochabamba.
Por memoriales presentados el 28 de abril y 9 de mayo de 2023, cursante a fs. 1 y 63 a 72 vta.; y, 82 a 84 vta., la accionante manifiesta lo siguiente:
Dentro el proceso administrativo de revocatoria de resolución de adjudicación de sitio municipal, Alfredo Lucana Ramos, Alcalde del GAM de Vinto del departamento de Cochabamba -ahora demandado-, mediante Resolución Administrativa Municipal de 28 de octubre de 2022, resolvió rechazar el recurso jerárquico que interpuso contra la Resolución Administrativa Municipal 80/2022 de “10 de junio” -siendo lo correcto 28 de julio-, confirmando la Resolución Administrativa Municipal 66/2022 de 10 de junio que dejó sin efecto la Resolución Administrativa (RA) 016/2021 de 12 de marzo, mediante la cual se le había adjudicado el bien municipal denominado “Lactobar”. El acto impugnado -compréndase la Resolución Administrativa Municipal de 28 de octubre de 2022-, incurrió en una incorrecta interpretación del art. 51 del Decreto Supremo (DS) 27113 de 23 de julio de 2003, siendo resuelto sin una debida valoración de los fundamentos expuestos ni de la documentación presentada en respaldo de su petición; toda vez que, la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) -Ley 2341 de 23 de abril de 2002-, en la cual se basó el razonamiento de la citada resolución, consagra los principios de legalidad de los actos administrativos y su sometimiento a la Constitución Política del Estado.
La impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes motivación, fundamentación, congruencia, valoración razonable de la prueba y la “legítima defensa”, vinculado a su derecho al trabajo; citando al efecto los arts. 46.I, 47.I, 115, 117, 119 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga: a) Anular la Resolución Administrativa Municipal que resolvió el recurso jerárquico de 28 de octubre de 2022; y, b) Se emita una nueva Resolución Administrativa que resuelva su recurso jerárquico, respetando el debido proceso.
Celebrada la audiencia pública virtual el 25 de mayo de 2023, según consta en acta cursante de fs. 180 a 183, se produjeron los siguientes actuados:
La peticionante de tutela, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional y, ampliando en audiencia señaló que: 1) La Resolución Administrativa Municipal de 28 de octubre de 2022 realizó una mala interpretación del art. 51 del DS 27113, en el sentido de que un acto administrativo sí puede ser revocado en sede administrativa tratándose de un permiso de bienes de dominio público; 2) La citada Resolución Administrativa Municipal, señaló que la RA 016/2021 fue revocada por incumplir el Decreto Municipal (DM) 19/2018 de 13 de agosto de Reglamento de la Ley Municipal de Adjudicación y Regularización de Uso y Ocupación de Sitios Municipales en Mercados y/o Centros de Abasto, sin considerar los principios de sometimiento pleno a la ley como el de legalidad, de presunción de legitimidad, de informalismo, ni la garantía de la seguridad jurídica, toda vez que cumplió con todos los requisitos exigidos por el GAM de Vinto; 3) Al haberse emitido la Resolución Administrativa Municipal de 28 de octubre de 2022, confirmando la Resolución Administrativa Municipal 80/2022, se desconoció que la Constitución Política del Estado es la Norma Suprema del ordenamiento jurídico y que goza de primacía frente a una ley municipal; 4) Su caso no se trata de una proceso de reversión, por lo que se tenía que aplicar el art. 53 del Reglamento de la LPA aprobado mediante DS 27175 de 15 de septiembre de 2003; y, 5) La revocatoria de la RA 016/2021 de adjudicación, no le permitió presentar prueba alguna.
Grover Cruz Chayña, Alcalde Suplente del GAM de Vinto del departamento de Cochabamba, por informe escrito cursante de fs. 110 a 120 vta.; y, en audiencia, a través de su representante legal, solicitó se deniegue la tutela impetrada, señalando que: i) La acción de amparo constitucional fue presentada extemporáneamente; ii) La peticionante de tutela no agotó la subsidiariedad, puesto que antes tuvo que haber acudido a la impugnación judicial vía el proceso contencioso administrativo; iii) Lo actuado no puede considerarse como acto indebido, puesto que la revocatoria de la adjudicación efectuada se encuentra posibilitada por el DS 27113 que reglamenta el art. 51.I inc. e) de la LPA; iv) La accionante no puede solicitar el inicio de un proceso de reversión o la apertura de término de prueba, porque son figuras que no se aplican en el caso presente; v) La impetrante de tutela pretende hacer incurrir en error, puesto que recién adjuntó su carnet de sanidad, después del plazo de cumplimiento de un año de su adjudicación que venció el 12 de marzo de 2022; y, vi) El GAM de Vinto emitió la Resolución Administrativa Municipal de 28 de octubre de 2022, aclarando que por disposición del art. 59 del Reglamento de la LPA, de oficio mediante declaración unilateral se revocó totalmente el acto administrativo por vicios existentes probados, como es el caso del carnet sanitario requerido desde la gestión 2021.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por Resolución 061/2023 de 25 de mayo, cursante de fs. 184 a 191 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo se deje sin efecto la Resolución Administrativa Municipal que resuelve el Recurso Jerárquico de 28 de octubre de 2022, debiendo el demandado emitir una nueva, debidamente fundamentada y motivada; con base en los siguientes fundamentos: a) La resolución carece de la debida fundamentación, motivación y la correspondiente congruencia entre lo pedido y lo resuelto; b) La autoridad demandada debió haber aplicado “…su propio procedimiento regirse a lo establecido en su reglamento 019/2018 Art. 13 obligaciones de los adjudicatarios” (sic), puesto que el hecho de no contar con carnet sanitario no está calificado como falta grave o muy grave, sino como infracción leve; en ese entendido, debió de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa a la ahora accionante, más aun si se tiene en cuenta que se emitió la “RAM” 016/2021, donde se le adjudica el sitio municipal señalando que no existe óbice legal; c) La verdad material está en función de que al momento de la interposición del recurso jerárquico, la impetrante de tutela contaba con carnet sanitario; no obstante, la autoridad demandada no se pronunció sobre ese extremo y solo se limitó a señalar las notificaciones que se le realizó en diferentes fechas; d) Se lesionó el derecho al debido proceso de la accionante, al no pronunciarse sobre la validez del documento extrañado (carnet sanitario); y, e) Asimismo, se lesionó su derecho a la defensa vinculado a su derecho al trabajo, puesto que se determinó clausurar el sitio municipal permanente denominado “LACTOBAR”.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Consta Resolución Administrativa Municipal de 28 de octubre de 2022, emitida por Alfredo Lucana Ramos, Alcalde del GAM de Vinto del departamento de Cochabamba -ahora demandado-, que resolvió el recurso jerárquico interpuesto por Mirtha Isabel Arce Guzmán -accionante-contra la Resolución Administrativa Municipal 80/2022 de 28 de julio, que resuelve el Recurso de Revocatoria interpuesto contra la Resolución Administrativa Municipal 66/2022 de 10 de junio (fs. 2 a 6). Notificada el 1 de noviembre de 2022 (fs. 7).
La accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes motivación, fundamentación, congruencia, valoración razonable de la prueba y la “legítima defensa”, vinculado a su derecho al trabajo; toda vez que, la autoridad demandada emitió la Resolución Administrativa Municipal de 28 de octubre de 2022, por la cual resolvió rechazar el recurso jerárquico que interpuso contra la Resolución Administrativa Municipal 80/2022, que a su vez confirmó la Resolución Administrativa Municipal 66/2022, mediante la cual se dejó sin efecto la RA 016/2021 -acto por el que se le había adjudicado el bien municipal denominado “Lactobar”-, incurriendo en una errónea interpretación del art. 51 del DS 27113 al revocarle su adjudicación y restituir el sitio municipal “Lactobar” a dominio del GAM de Vinto, vulnerando los principios de legalidad, jerarquía normativa, informalismo y primacía constitucional. Ante ello, la autoridad demandada refirió que no existe vulneración alguna a los derechos constitucionales aludidos, puesto que la revocatoria de la adjudicación efectuada se encuentra posibilitada por el DS 27113 que reglamenta el art. 51.I inc. e) de la LPA, y porque la impetrante de tutela recién adjuntó el carnet de sanidad, después del plazo de cumplimiento de un año de su adjudicación que se venció el 12 de marzo de 2022. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) establece: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. De lo referido, se tiene que la garantía del debido proceso no hace referencia a una estructura determinada, sino a un conjunto de principios y reglas mínimas que deben observarse en toda actuación pública que pueda afectar derechos o intereses legítimos. En ese sentido, el art. 115.II de la CPE, se limita a reconocer que: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso…”. Por ello, la garantía del debido proceso no opera de manera rígida; así por ejemplo, pese a determinarse la irregularidad en una notificación, pero que hubiese cumplido su finalidad -SC 1014/2011-R de 22 de junio-, o frente a un trámite irregular pero sin relevancia constitucional, no se produce automáticamente la vulneración del debido proceso -SC 1262/2004-R de 10 de agosto-; pero además, su contenido y exigencias se adaptan según la naturaleza y la especialidad del ámbito en el que se ejerce; por ejemplo, el procedimiento en la jurisdicción ordinaria o en la jurisdicción indígena son diferentes, lo que no implica que no exista debido proceso en ambas jurisdicciones. En ese contexto, el diseño del debido proceso en los procedimientos administrativos no es idéntico al previsto en el ámbito jurisdiccional ordinario, ya que responde a las particularidades propias de la actuación en sede administrativa, su finalidad, los principios que la rigen y el marco normativo sectorial. Por ello, cuando el ordenamiento jurídico prevé mecanismos de impugnación interna dentro del procedimiento administrativo, como la revocatoria y el recurso jerárquico, tales etapas deben considerarse parte constitutiva del debido proceso, siempre que se respeten los derechos de participación, defensa, contradicción y decisión motivada, etc. Entonces, un acto administrativo que haya sido adoptado dando la oportunidad de participación al afectado no lesiona el debido proceso, siempre y cuando se garantice que la actuación administrativa sea revisada con criterios de legalidad y razonabilidad por una instancia superior jerárquica, reforzando así la garantía de tutela administrativa efectiva. Por tanto, en contextos donde el procedimiento prevé dichas fases recursivas, el análisis del respeto al debido proceso debe realizarse considerando el conjunto del iter impugnatorio y no únicamente actos aislados.
La SCP 0903/2012 de 22 de agosto, señala lo siguiente: “De lo expuesto, inferimos que la fundamentación y motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo” (las negrillas son nuestras).
En el caso que se analiza, la accionante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes motivación, fundamentación, congruencia, valoración razonable de la prueba y la “legítima defensa”, vinculado a su derecho al trabajo, como consecuencia de la emisión de la Resolución Administrativa Municipal de 28 de octubre de 2022, mediante la cual la autoridad demandada resolvió rechazar su recurso jerárquico y, en consecuencia, confirmó la revocatoria del acto de adjudicación formalizado a su favor mediante RA 16/2021 de 12 de marzo, respecto del bien municipal denominado “Lactobar” por la falta de carnet sanitario expedido por el Servicio Departamental de Salud (SEDES) de Cochabamba, que habilita la venta de productos alimenticios, el cual, sin embargo, presentó luego de ser conminada tres veces para presentar dicho documento. Ahora bien, del examen de la resolución cuestionada, es decir, la Resolución Administrativa Municipal de 28 de octubre de 2022 (Conclusión II.1), se constata que la impugnación administrativa se tramitó conforme al procedimiento previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo y su reglamento, habiéndose otorgado a la ahora impetrante de tutela el derecho de recurrir la resolución que dispuso la revocatoria de su adjudicación, primero mediante recurso de revocatoria y, posteriormente, a través del recurso jerárquico, el cual fue resuelto mediante el acto administrativo ahora cuestionado. Esta circunstancia evidencia que la actuación administrativa se desarrolló dentro de un marco del debido proceso en sede administrativa, ya que se realizaron tres notificación -el 21 y 28 de diciembre de 2021, y 18 de marzo de 2022- sin que la accionante hubiera presentado el documento extrañado; es decir, se le otorgó la oportunidad de acreditar que podía cumplir el propósito de la adjudicación, consistente en el expendio de alimentos; pero además, tuvo la posibilidad de impugnar la decisión mediante los recursos de revocatoria y jerárquico, tal como se explicó en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional. Asimismo, del contenido de la resolución impugnada, se observa que la autoridad administrativa expuso de forma razonada los motivos que sustentaron su decisión, señalando que, al no encontrarse frente a una infracción, no correspondía seguir un proceso administrativo sancionatorio; pues, en el caso concreto, se trató del incumplimiento de un requisito como es el carnet sanitario que servía para efectivizar y concretar la adjudicación, el cual se obtuvo recién después de que la peticionante de tutela fuera conminada en tres oportunidades para su presentación. Es decir, las autoridades demandadas se refirieron tanto a los antecedentes del caso como a las disposiciones normativas aplicables, en particular el art. 51 del DS 27113. Si bien la accionante discrepa con la interpretación realizada por la administración, ello no equivale per se a una falta de fundamentación, ya que, como se estableció en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la fundamentación que converge con las razones de derecho y la motivación no exige una exposición extensa, sino que las razones ofrecidas sean claras, congruentes y permitan comprender la decisión adoptada. En ese entendido, no se evidencia arbitrariedad ni ausencia de motivación o fundamentación en la resolución cuestionada. En consecuencia, al haberse otorgado oportunamente a la impetrante de tutela la posibilidad de presentar el documento requerido, y luego al haberse tramitado el procedimiento administrativo con observancia de las fases recursivas previstas legalmente -el cual concluyó con una decisión razonada en el marco de la legalidad vigente-, no se evidencia la vulneración alegada al debido proceso ni a los demás derechos invocados por la accionante, situación por la cual, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 061/2023 de 25 de mayo, cursante de fs. 184 a 191 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0795_2025-S2.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): 661f3029b378d66ca9a5391afbc44372f7bf41efee43f7e44480f9af69bfcece
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