B.IA.LEGAL

SCP 0795/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 12 de julio de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
12 de julio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
47191-2022-95-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, alega lesionados su derecho a la libertad y al debido proceso en su vertiente celeridad procesal y sin dilaciones; toda vez que, dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Púbico por la presunta comisión del delito de robo agravado el 14 de marzo de 2022, planteó ante la autoridad judicial ahora demandada, la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso; sin embargo, la referida autoridad, no dio cumplimiento a los plazos procesales dispuesto por los arts. 132 y 314 del CPP, al no señalar audiencia hasta la interposición de la presente acción de defensa -18 de abril de 2022-. Por otra parte, en la misma fecha solicitó cesación a la detención preventiva, debiendo el Juez en el plazo de veinticuatro horas haber corrido traslado al Ministerio Público y a la parte civil y dentro de las cuarenta y ocho horas conforme establece el art. 239.3 del CPP, emitir resolución aceptando o rechazando la cesación; empero, no hubo pronunciamiento menos fue notificado con ninguna resolución judicial. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) El estándar jurisprudencial más alto en el derecho al debido proceso y su protección vía acción de libertad; 2) El principio de celeridad en la justicia pronta y oportuna y su aplicación a partir de la supremacía de la Constitución; 3) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y, 4) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2022 de 19 de abril, cursante de fs. 26 vta. a 30 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos dispositivos establecido por la Sala Constitucional y en base a los Fundamentos Jurídicos desarrollados de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Llamar severamente la atención a Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, Juez Público Mixto, Civil Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de La Guardia del departamento de Santa Cruz, por la evidente demora procesal advertida en la presente causa, advirtiéndole que en caso de reincidencia se remitirá antecedentes al Consejo de la Magistratura.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El estándar jurisprudencial más alto en el derecho al debido proceso y su protección vía acción de libertad.
  2. III.2 El principio de celeridad en la justicia pronta y oportuna y su aplicación a partir de la supremacía de la Constitución.
  3. III.3. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho.
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0795/2023-S1 Sucre, 12 de julio de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 47191-2022-95-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 05/2022 de 19 de abril, cursante de fs. 26 vta. a 30 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad presentada por Jaime Daniel Campos Villanueva en representación sin mandato de Luis Gabriel Freitas Campos contra Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, Juez Público Mixto, Civil Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de La Guardia del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 18 de abril de 2022, cursante de fs. 9 a 11, el accionante a través de su representante sin mandato, expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 17 de abril de 2018 el Ministerio Público presentó imputación formal con aprehendido por la presunta comisión del delito de robo agravado contra Luis Gabriel Freitas Campos -ahora accionante- con Código FELCC La Guardia 396/2018, expediente 143/18. Posteriormente, el 14 de marzo de 2022 en amparo del art. 308.4 de la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal -Ley 586 de 30 de octubre de 2014- en concordancia con el art. 314.3 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescente y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, presentó excepción de extinción por duración máxima del proceso, ante lo cual, el Juez ahora demandado debió emitir decreto, asimismo en el plazo de veinticuatro horas realizar las respectivas notificaciones a los demás sujetos procesales haciendo conocer la excepción planteada y luego en el término de tres días instalar la audiencia; sin embargo, hasta la fecha -se entiende de la presentación de la acción de defensa- no dio cumplimiento a los plazos procesales. Asimismo, en la precitada fecha amparado en el art. 239.3 de la Ley 1173 impetró cesación a la detención preventiva, el cual la autoridad judicial debió correr traslado al Ministerio Público y la parte civil y en el término de cuarenta y ocho horas con o sin contestación emitir el respectivo auto interlocutorio aceptando o rechazando la solicitud; empero, hasta la fecha no fue notificado con ninguna resolución judicial.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Alega como lesionados el derecho a la libertad y al debido proceso en su vertiente celeridad procesal y sin dilaciones, citando al respecto los art. 22 y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada: a) En relación a la excepción de extinción por duración máxima del proceso, emita el respectivo decreto señalando día y hora de audiencia y proceda a la notificación a los demás sujetos procesales; y, b) En cuanto a la solicitud de cesación a la detención preventiva, emita el respectivo decreto judicial y proceda de oficio a realizar las diligencias a las demás partes del proceso y en el plazo establecido por el art. 239.3 de Código de Procedimiento Penal (CPP) emitir el respectivo auto interlocutorio.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual mediante la plataforma Cisco Webex el 19 de abril de 2022, según acta cursante de fs. 25 a 26 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante mediante su defensa técnica, se ratificó en su demanda de acción de libertad y ampliándola manifestó que: 1) La autoridad demandada no dio cumplimiento a los plazos procesales de la norma penal; toda vez que, no se tiene señalamiento de audiencia, peor aún la defensa pública no fue notificada con ningún señalamiento de audiencia y pese haberse presentado ante el Juzgado Público Mixto, Civil Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de La Guardia del departamento de Santa Cruz, no tuvo respuesta, ni registro en el libro diario; 2) En relación a la cesación a la detención preventiva, hasta la fecha -se entiende 19 de abril de 2022- la autoridad jurisdiccional no cumplió los plazos procesales, la defensa técnica no fue notificado con ninguna resolución judicial; y, 3) El Servicio Plurinacional de Defensa Pública se encuentra exenta de proporcionar fotocopias para notificar a las partes, debiendo la autoridad demandada generar dichos actuados de oficio.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, Juez Público Mixto, Civil Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de La Guardia del departamento de Santa Cruz, mediante informe escrito de 19 de abril de 2022, cursante de fs. 22 a 23, refirió lo siguiente: i) Mediante memoriales de 14 de marzo del mencionado año, solicitó cesación a la detención preventiva, mereciendo providencia de 15 de igual mes y año, cursante a fs. 42 de obrados. Asimismo, por memorial de fs. 43 a 45 vta. de obrados, opuso excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, señalándose audiencia para el 4 de abril del señalado año a horas 14:00; ii) Si bien los arts. 239 y 314 del CPP, señala que el juez dentro de las veinticuatro horas señalará audiencia y notificará a las partes con la prueba idónea y pertinente, debiendo celebrarse audiencia dentro de los tres días (incidentes y excepciones). Asimismo, para el caso de la cesación de la detención preventiva establecida en el art. 239.3 de la norma adjetiva penal señala que dentro de las veinticuatro horas se debe correr traslado a la partes para que contesten en el plazo de cuarenta y ocho horas, con o sin contestación, sin necesidad de audiencia la autoridad judicial dictará la resolución respectiva; iii) El cumplimiento de la notificación a las partes procesales con el señalamiento de audiencia para resolver la excepción planteada o con el traslado que establece el art. 239 del CPP está condicionado al cumplimiento del art. 112 del referido Código; es decir, proveer las copias suficientes para cumplir con dicho actuado. Además, al ser ese Despacho un Juzgado Mixto no cuenta con los medios o recurso suficientes para generar fotocopias y proceder las notificaciones; y, iv) No habiéndose el accionante o algún interesado apersonado al juzgado para proveer dichas copias, por lo que mal se podría atribuirse tal negligencia a la autoridad judicial o a algún funcionario de apoyo.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Cuarta del departamento de Santa Cruz, mediante Resolución 05/2022 de 19 de abril, cursante de fs. 26 vta. a 30 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo primero de oficio y de manera inmediata proceda a un nuevo señalamiento a objeto de considerar la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, sea en plazo establecido por el art. 314 del CPP; y, segundo en relación a la solicitud de cesación a la detención preventiva, habiendo la autoridad judicial mediante Resolución de 15 de marzo de 2022, dispuesto el traslado conforme el art. 239.3 de la norma adjetiva penal, de oficio proceda a notificar a efectos de que se resuelva en el plazo señalado por ley, bajo los siguientes fundamentos: a) La defensa técnica, quien actúa como representante sin mandato es parte del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP), por el que se encuentra exento de valores conforme a los arts. 108 del CPP y 12 de la Ley del Servicio Plurinacional de Defensa Pública -Ley 463 de 19 de diciembre de 2013-, en ese marco se advierte que la autoridad demandada presentó dos resoluciones, uno con señalamiento de audiencia para considerar la extensión de la acción penal para el 4 de abril de 2022 a horas 14:00 y otra corriendo traslado conforme establece el art. 239.3 del CPP; b) Con relación a la solicitud de excepción de la extinción de la acción penal, no ha considerado los plazos señalados por ley, tampoco notificó a la partes, aspecto que ha afectado el derecho que alega el accionante; por lo que corresponde, que el juez de oficio de manera inmediata proceda a nuevo señalamiento de audiencia a objeto de considerar la excepción sea en plazo establecido en el art. 314 del citado Código; es decir, dentro de las veinticuatro horas audiencia y notificar a las partes y llevar la audiencia dentro del plazo de los tres días; y, c) Respecto a la cesación a la detención preventiva, según consta en la documentación digital se tiene la providencia de 15 de marzo de 2022, donde dispone el traslado conforme el art. 239.3 del CPP, la misma de oficio deberá ser notificada a efectos de que se resuelva en los plazos señalados por ley.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: II.1. Por memorial de 14 de marzo de 2022, Luis Gabriel Freitas Campos -ahora accionante-, mediante el Servicio Plurinacional de Defensa Pública, planteó excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso ante el Juzgado Público Mixto Civil Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de La Guardia del departamento de Santa Cruz, recibido a horas 13:47 (fs. 2 a 3 vta.); asimismo, en la precitada fecha el ahora peticionante de tutela impetró cesación a la detención preventiva haciendo referencia que se encuentra con la medida extrema de la detención preventiva desde el 7 de mayo de 2018, transcurriendo hasta la fecha de la interposición de la acción de libertad más de tres años y once meses (fs. 5 a 6). II.2. Se tiene providencia de 15 de marzo de 2022, emitida por Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, Juez Público Mixto, Civil Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de La Guardia del departamento de Santa Cruz -autoridad demandada-, dispuso audiencia para considerar la excepción de extinción de la acción penal para el 4 de abril de igual año a horas 14:00, conforme el rol de audiencias y la carga procesal del mencionado Juzgado, a realizarse mediante el Sistema Webex Meetings, disponiendo oficio al Gobernador del Centro Penitenciario de Palmasola y a la Oficina Gestora de Procesos a los fines de notificación y habilitación de las salas virtuales (fs. 21). Por otra parte, se tiene el decreto de igual fecha, por el que corre traslado conforme el art. 239.3 del CPP (fs. 19).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, alega lesionados su derecho a la libertad y al debido proceso en su vertiente celeridad procesal y sin dilaciones; toda vez que, dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Púbico por la presunta comisión del delito de robo agravado el 14 de marzo de 2022, planteó ante la autoridad judicial ahora demandada, la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso; sin embargo, la referida autoridad, no dio cumplimiento a los plazos procesales dispuesto por los arts. 132 y 314 del CPP, al no señalar audiencia hasta la interposición de la presente acción de defensa -18 de abril de 2022-. Por otra parte, en la misma fecha solicitó cesación a la detención preventiva, debiendo el Juez en el plazo de veinticuatro horas haber corrido traslado al Ministerio Público y a la parte civil y dentro de las cuarenta y ocho horas conforme establece el art. 239.3 del CPP, emitir resolución aceptando o rechazando la cesación; empero, no hubo pronunciamiento menos fue notificado con ninguna resolución judicial. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) El estándar jurisprudencial más alto en el derecho al debido proceso y su protección vía acción de libertad; 2) El principio de celeridad en la justicia pronta y oportuna y su aplicación a partir de la supremacía de la Constitución; 3) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y, 4) Análisis del caso concreto.

III.1. El estándar jurisprudencial más alto en el derecho al debido proceso y su protección vía acción de libertad.

Con relación a la aplicación del debido proceso como expresión del estándar jurisprudencial más alto en las acciones de libertad, incumbe remitirnos a lo desarrollado en la SCP 0153/2020-S1 de 24 de julio; toda vez que, en dicha Sentencia Constitucional Plurinacional se efectuó un cambio de razonamiento ante la existencia de dos líneas contradictorias entre sí, mismas que expresaban entendimientos distintos en cuanto a la procedencia de la acción de libertad cuando se denunciaba vulneración al debido proceso; a tal fin, y cumpliendo la obligación que tiene este Tribunal Constitucional Plurinacional, como máximo guardián de la Constitución Política del Estado, de velar por la supremacía de esta, ejercer el control de constitucionalidad; y, precautelar el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales, mandato conferido en el art. 196 de la CPE, determinó aplicar los entendimientos contenidos en las SCP 2233/2013 de 16 de diciembre y 0087/2014-S3 de 27 de octubre, glosados en su Fundamento Jurídico III.1; los cuales, establecieron que el juzgador tiene la obligación de vincularse al precedente que contenga el estándar jurisprudencial más alto; es decir, aquel fallo que ha desarrollado una interpretación más favorable y progresiva del derecho, entendiendo que:

“…el precedente constitucional en vigor o vigente, resulta aquél que acoja el estándar más alto de protección del derecho fundamental o garantía constitucional invocada, esto es, aquella decisión que hubiera resuelto un problema jurídico de manera más progresiva, a través de una interpretación que tienda a efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Constitución Política del Estado y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad.”

En esa misma línea y siguiendo dichos entendimientos, la SCP 0153/2020-S1 en su Fundamento Jurídico III.2 desarrolló más ampliamente los razonamientos expresados en la SCP 2233/2013 sobre la aplicación del estándar más alto, misma que advirtió dos aspectos importantes para aplicarlo, uno de ellos cuando se advierta la existencia de dos líneas contradictorias, señalando que el juzgador está obligado a vincularse al entendimiento que tutele de manera más adecuada los derechos fundamentales, cuya identificación se la realiza a través de un examen o análisis integral de la línea jurisprudencial y no solamente a partir de un criterio temporal; para lo cual describiendo el contenido de la SCP 2233/2013, la precitada SCP 0153/2020-S1 señaló que:

“Nos referimos, con la expresión estándar más alto de la jurisprudencia constitucional, para resaltar aquélla o aquéllas decisiones del Tribunal Constitucional que hubieran resuelto un problema jurídico recurrente y uniforme, pero de manera progresiva a través de una interpretación que tiende a efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Constitución y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad. El método de identificación del estándar más alto en la jurisprudencia constitucional, es a través de un examen o análisis integral de la línea jurisprudencial, de tal forma que el precedente constitucional en vigor se constituirá en aquél que resulte de dicha comparación.”

Bajo esa comprensión y los razonamientos contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2233/2013 y 0087/2014-S3, la mencionada SCP 0153/2020-S1 inicio su Fundamento Jurídico III.3 con el análisis integral y dinámico de la línea jurisprudencial respecto a la protección del derecho al debido proceso a través de la acción de libertad, a efectos de identificar el precedente en vigor; así, señaló que entre los primeros razonamientos emitidos por el Tribunal Constitucional se tiene a la SC 024/2001-R de 16 de enero, que establece que la activación de la vía constitucional a través de la acción de libertad cuando se denuncia vulneraciones al debido proceso, no alcanza a todas las formas en que el mismo puede ser infringido, sino sólo a aquellos supuestos en los que está directamente vinculado al derecho a la libertad personal o de locomoción, por operar como causa para su restricción o supresión; en ese mismo sentido la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, estableció el agotamiento previo de todos los medios ordinarios antes de acudir a esta jurisdicción, puesto que las lesiones al debido proceso debían ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, exceptuando los casos en que por dichas vulneraciones del debido proceso se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad. Siguiendo los entendimientos de la SC 1865/2004-R la SCP0153/2020-S1 incluyó ambos condicionamientos como presupuestos que deben concurrir a efectos de activar la acción de libertad en busca de la protección ante lesiones al derecho al debido proceso; es decir: i) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; y, ii) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad; presupuestos que fueron exigiéndose de manera uniforme por esta instancia constitucional, y denegándose la tutela ante la inconcurrencia de los mismos en reiterados fallos. Luego de ese desarrollo, señaló que dicho razonamiento jurisprudencial fue seguido en diferentes fallos emitidos por este Tribunal Constitucional de manera uniforme y reiterada, citando a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0151/2015-S1; 1133/2016-S2; 0859/2017-S3; 0495/2018-S3; 0768/2019-S3; 1094/2019-S1, entre otras; agregando la misma reflexión; es decir, la exigencia de la vinculación directa del acto ilegal con el derecho a la libertad. También se fue aplicando en los casos en los que se invocaba tutela vía acción de libertad en los procedimientos para otorgar el beneficio de indulto y/o amnistía, denegándose las mismas por tal razón -citando las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1043/2019-S1 de 21 de octubre; y, 0661/2017-S3 de 30 de junio-.

En tal sentido y continuando con ese análisis dinámico, la tantas veces señalada SCP 0153/2020-S1, citó a la SCP 0217/2014 de 5 de febrero, la cual a partir de una interpretación sistemática y teleológica de los arts. 115.II, 125, 178.I y 180.I de la CPE, con relación al art. 46 del CPCo, a la luz del principio de favorabilidad y la fuerza expansiva de los derechos fundamentales, moduló la línea jurisprudencial respecto a la tutela del debido proceso mediante la acción de libertad, que exige que la causalidad de los actos u omisiones denunciados deben tener directa vinculación con la supresión o limitación del derecho a la libertad, estableciendo que:

“En ese entendido, bajo una interpretación literal de dichas normas, pero también atendiendo a una interpretación teleológica de las mismas, debe señalarse que la garantía del debido proceso en materia penal es tutelable por la acción de libertad aún no exista una vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal, siendo suficiente la existencia de una relación indirecta con dicho derecho ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone. (…) en resumen del derecho a un debido proceso, se determina que, únicamente cuando se trata de materia penal, la acción de libertad es el medio idóneo, eficaz y eficiente para restablecer el debido proceso, en todos sus elementos. En consecuencia, se hace necesario establecer que, a partir de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional las lesiones al debido proceso en materia penal, en aquellos casos en los que se colocó al accionante en absoluto estado de indefensión o cuando éste agotó los medios de impugnación intra procesales, son susceptibles de la tutela constitucional que brinda la acción de libertad.” A partir de estos razonamientos, en dicha SCP 0153/2020-S1 se concluyó que debían ajustarse razonamientos en cuanto al carácter progresivo y al principio de favorabilidad de los derechos fundamentales, por mandato de los arts. 13.I y 256.I de la CPE, considerando que debe buscarse siempre la interpretación más amplia y progresiva de los derechos que este mismo Tribunal haya efectuado en diferentes fallos, los cuales entran en el catálogo del estándar jurisprudencial más alto, por lo que, en cuanto a la invocación de tutela vía acción de libertad por indebido procesamiento, determinó acoger los criterios de la SCP 0217/2014 de 5 de febrero, al considerar que la misma se constituye en el precedente en vigor, al haber superado ampliando la exigencia de una causalidad directa de los actos u omisiones con el derecho a la libertad, siendo suficiente una vinculación indirecta que el proceso penal conlleva, posibilitando a este Tribunal Constitucional Plurinacional garantizar un efectivo acceso a la justicia constitucional en resguardo de los derechos fundamentales y garantías constitucionales.

Por lo que, en el entendido que dicho razonamiento condice con el carácter progresivo de la norma fundamental y garantiza el acceso efectivo a la justicia constitucional cuando se invoca tutela vía acción de libertad por indebido procesamiento, la ya citada SCP 0153/2020-S1, en apego al estándar más alto de protección del derecho señalo que es atendible cuando: a) Exista vinculación directa o indirecta con el derecho a la libertad física o personal, ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone; y, b) Se hubieren agotado los medios de impugnación dentro del proceso penal, siempre que estos sean idóneos, específicos y aptos para restituir de forma inmediata los derechos que se encuentran en el ámbito de protección de la acción de libertad; salvo indefensión absoluta del accionante, supuesto en el cual, la acción de libertad podrá ser formulada de manera directa.

III.2 El principio de celeridad en la justicia pronta y oportuna y su aplicación a partir de la supremacía de la Constitución.

El art. 410.II de la CPE, establece que:

“La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales: 1. Constitución Política del Estado. 2. Los tratados internacionales. 3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena. 4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes.” A partir de este texto constitucional se entiende que la Constitución Política del Estado tiene una jerarquía normativa y goza de aplicación preferente frente a cualquier otra disposición normativa, así fue interpretada también por la SCP 0112/2012 de 27 de abril; esta primacía hace que surja la preponderancia del órgano judicial que exige de los jueces un razonamiento que desborda la subsunción y por el contrario requiera la aplicación directa de la Constitución; lo cual, no es solo un asunto meramente formal de jerarquías y competencias, sino está cargado de normas constitucionales que son los valores, principios, derechos y garantías plurales que coexisten, conviven como expresión de su base material pluralista, se comunican entre sí como expresión de su base intercultural y son los que informan el orden constitucional y legal, sin renunciar a su contenido de unidad -art. 2 de la CPE-.

En igual sentido, la jurisprudencia interpretó en la citada SCP 0112/2012, que la Constitución Política del Estado goza de primacía con relación al ordenamiento jurídico; es decir es la ley suprema del ordenamiento jurídico nacional, en ese sentido, los tribunales, jueces y autoridades deben aplicarla con preferencia a las leyes, interpretación que se encuentra acorde a lo previsto en el art. 410.II de la CPE. Asimismo, la referida Sentencia Constitucional Plurinacional en un entendimiento relevante sostuvo que:

“Entonces, con mayor razón, la primacía de las normas constitucionales principios respecto de las normas legales-reglas (contenidas en las leyes formales o materiales, códigos sustantivos o procesales, disposiciones reglamentarias en general, etc.)”, bajo dicho marco, refirió que las normas constitucionales-principio son los valores, principios, derechos fundamentales y garantías constitucionales que orientan al poder público, la convivencia social, así como las relaciones entre particulares y estos con el Estado.”

Consecuentemente, de esta descripción jurisprudencial, se tiene que por mandato constitucional todos estos derechos, valores y principios obligan a todos los actores sea en el ámbito judicial, administrativo o particular a regir sus actos en observancia de los mismos, y por ello, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de su basta jurisprudencia fue ratificando dichos postulados, y dando realce a uno prevaleciente que compele a quienes administran justicia a su observancia, cuyo fin es el acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; así se tiene que, el mismo está expresamente inmerso en la norma fundamental, en los artículos: 178.I de la CPE, que dispone: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”; y, 180.I de la Norma Suprema, que prevé: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”. Ahora bien, relacionado a estas dos normas constitucionales, se halla previsto el art. 115.II de la CPE, que expresa: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”. En tal entendido se tiene que, el principio de celeridad tiene como objetivo primordial garantizar que todo proceso judicial se desarrolle sin dilaciones, donde se acaten los plazos ya predispuestos en la normativa según las etapas o fases preestablecidas para su evolución, procurando no imponer la práctica de actos innecesarios de formalismos que retrasan los trámites, para así lograr obtener un procedimiento más ágil, eficaz y sencillo, en los cuales los jueces o tribunales agilicen la resolución de los litigios. Es así que sobre este principio, la jurisprudencia constitucional ha sido uniforme en sostener que la acción de libertad puede ser activada cuando se denuncia dilaciones indebidas y se advierta una mora procesal o retardación de justicia, ostensible, con inobservancia de plazos procesales previstos por el ordenamiento jurídico en la resolución de un determinado asunto más aun tratándose de asuntos relacionados con personas privadas de libertad; esa misma línea jurisprudencial se siguió en la SC 0862/2005-R, de 27 de julio reiterada por las SSCC 1213/2006-R; y, 0900/2010; así como las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1157/2017; y; 0052/2018-S2 entre otras. En ese entendido, la SCP 0112/2012, generó una regla procesal penal que estableció que la exigencia de la observancia del principio de celeridad se hace extensible no solo a los jueces o tribunales de control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que coadyuva o intervenga en la administración de justicia y de cuya actuación dependa la situación jurídica del privado de libertad.

III.3. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho.

El art. 8.II de la CPE, se sustenta entre otros valores: en la libertad, cuya concreción material trasciende en el fin máximo, el cual resulta, el vivir bien; en este sentido, como ya se tiene expuesto, se ha previsto no solo los valores generales entre los cuales figura la libertad, sino también, principios procesales específicos en los cuales se funda la jurisdicción ordinaria; entre ellos, el principio de celeridad –arts. 178 y 180.I de la CPE−, el cual obliga a resolver los procesos evitando dilaciones en su tratamiento y velando por el respeto a los derechos fundamentales establecidos en la norma suprema. Es así que, la Constitución Política del Estado, anterior y actual, han previsto medios de defensa para resguardar estos derechos, valores y principios a través de acciones, efectivas, oportunas e inmediatas, entre ellas, la acción de libertad, misma que en una interpretación evolutiva del artículo 125 de la CPE a través del Tribunal Constitucional como máximo guardián de la norma fundamental, fue incorporando tipologías de esta acción de defensa, con el fin de tutelar una garantía sustitutiva y esencial, como es la celeridad procesal vinculada a la libertad física o personal de las personas privadas de libertad, sin necesidad de agotar medios intraprocesales de defensa. En tal sentido, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, efectuando una breve sistematización de lo que hasta ese entonces fue el habeas corpus −ahora acción de libertad− expuso las tipologías de esta acción, siendo estas, el habeas corpus preventivo y correctivo, agregando la jurisprudencia constitucional al habeas corpus restringido; y ampliando su consideración a los tipos de habeas corpus instructivo y traslativo o de pronto despacho, precisando que, a través de este último se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; por lo que básicamente, se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de los privados de libertad. En esa misma línea, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, confirmó dichos postulados y la necesidad contar con medios constitucionales efectivos para resguardar sobre todo el derecho a la libertad, en ese sentido señaló que:

“Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales…”

8 Art. 125 de la CPE “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertada personal, podrá interponer Acción de Libertada y acudir, de manera oral o escrita, por si o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitara se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades o se restituya su derecho a la libertad.” 9 En su F.J.III.5, señalo: “Dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, a la que se le ha agregado el hábeas corpus restringido, debe considerarse también al hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho…”, como se pasa a explicar:

(…)

Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.

Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R), o en los casos en que se ha demorado la efectividad de la libertad, pese a que el imputado ha cumplido con las medidas sustitutivas impuestas (SSCC 1477/2004-R, 046/2007-R, entre otras)”

A partir de esa interpretación, se tiene que el nuevo modelo constitucional reconoce de igual forma las tipologías de la acción de libertad, las mismas que son utilizadas en la práctica en el ámbito constitucional, así pues, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, señaló que:

“Este Tribunal Constitucional, tomando en cuenta el contexto de la Constitución vigente y de la Ley del Tribunal Constitucional -que aún continúa vigente- concluyo que los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril).”

En este mismo sentido, la referida Sentencia Constitucional reiteró que el hábeas corpus, ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho se constituye:

“…en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (énfasis agregado).

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante de tutela, alega lesionados sus derechos a la libertad y al debido proceso en su vertiente celeridad procesal y sin dilaciones; toda vez que, dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Púbico por delito de robo agravado el 14 de marzo de 2022, planteó ante la autoridad judicial ahora demandada, la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso; sin embargo, la referida autoridad, no dio cumplimiento a los plazos procesales dispuesto por los arts. 132 y 314 del CPP, al no señalar audiencia hasta la interposición de la presente acción de defensa -18 de abril de 2022-. Por otra parte, en la misma fecha solicitó cesación a la detención preventiva, debiendo el Juez en el plazo de veinticuatro horas haber corrido traslado al Ministerio Público y a la parte civil y dentro de las cuarenta y ocho horas conforme establece el art. 239.3 de la norma adjetiva penal, emitir resolución aceptando o rechazando la cesación; empero, tampoco hubo pronunciamiento menos fue notificado con ninguna resolución judicial.

En ese contexto de las problemáticas traídas en revisión, a fines de su compulsa, corresponde remitirnos a las conclusiones arribadas en el presente fallo constitucional; y en ese marco, se tiene que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Publicó en contra del ahora accionante por la presunta comisión del delito de robo agravado, el 14 de marzo de 2022 presentó ante el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de La Guardia del departamento de Santa Cruz, dos solicitudes referidas a: la Excepción de Extinción de la acción penal por duración máxima del proceso y Cesación a la detención preventiva al amparo del art. 239.3 del CPP (Conclusión II.1), los cuales merecieron providencias del Juez ahora demandado el 15 de marzo de 2022, el primero señalando audiencia para el 4 de abril de 2022 a horas 14:00 y en relación a la segunda solicitud dispuso el traslado (Conclusión II.2). Con esos antecedentes, corresponde analizar, si los argumentos vertidos por la parte accionante son evidentes a fin de conceder o denegar el reclamo tutelar, teniendo que: En relación a la excepción de la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, presentado el 14 de marzo de 2022 De la revisión de antecedentes se tiene que el ahora peticionante de tutela, el 14 de marzo de 2022, planteó la excepción de la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso; sin embargo, la autoridad judicial ahora demandada, no dio cumplimiento a los plazos procesales establecidos en los arts. 132 del CPP y 314 de la Ley 1173, siendo que no hubo el señalamiento de audiencia hasta la fecha de la interposición de la presente acción de defensa -18 de abril de 2022-; en ese marco, corresponde remitirnos a los Fundamentos Jurídicos III.2 y III.3 de este fallo constitucional, mismas que con referencia a la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, establecieron que esta procede cuando exista privación de libertad, las autoridades judiciales y todo funcionario que coadyuva en la administración de justicia deben realizar sus actuados procesales, aplicando los valores y principios constitucionales; por lo que, ante cualquier petición de la persona privada de libertad tienen la obligación de tramitarla pronta, oportunamente y con la debida celeridad; asimismo, con relación al principio de celeridad precisó que tiene como objetivo primordial garantizar que todo proceso judicial se desarrolle sin dilaciones, donde se acaten los plazos ya predispuestos en la normativa según las etapas o fases preestablecidas para su evolución, procurando no imponer la práctica de actos innecesarios de formalismos que retrasan los trámites, para así lograr obtener un procedimiento más ágil, eficaz y sencillo, en los cuales los jueces o tribunales agilicen la resolución de los litigios. En el caso en análisis, resulta evidente que dentro el proceso penal por la presunta comisión del delito de robo agravado el peticionante de tutela interpuso la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, amparada en los arts. 133 y 314.II y III del CPP; por lo que, a efectos de verificar si la premisa normativa fue cumplida por la autoridad demandada, resulta pertinente remitirnos a este último postulado que provee el tramite a aplicarse ante la interposición de las excepciones e incidentes, mismas que en su párrafo segundo preciso: “La jueza o el juez de Instrucción en lo Penal dentro del plazo de veinticuatro (24) horas, señalará audiencia y notificará a las partes con la prueba idónea y pertinente. La audiencia se llevará a cabo dentro del plazo de tres (3) días, en la cual se considerará el planteamiento de las excepciones e incidentes y respuestas de las partes” (sic), en ese contexto de la compulsa de antecedentes si bien se llega a constatar la emisión del decreto de 15 de marzo de 2022, por el cual la autoridad jurisdiccional ahora demandado señaló audiencia virtual mediante el sistema Webex Meetings para el 4 de abril de igual año a horas 14:00, a efectos de considerar la referida excepción de extinción de la acción penal; además en su defensa alegó que al ser su Despacho Judicial Mixto no cuenta con los recursos o medios suficientes para las copias, debiendo ser el ahora accionante ser quien provea para la notificación a los demás sujetos procesales. De dicho elementos se llega a colegir que la referida autoridad ahora demandada incurrió en dos irregularidades: la primera al señalar la audiencia fuera de la norma procesal penal referida, señalándola con una demora de “21 días” de planteada la excepción y pese a alegar la carga laboral no cursa prueba alguna que justifique tal aseveración, sumado a ello que luego de emitir el referido decreto no ejerció el control respectivo de que la misma sea notificada a los sujetos procesales; toda vez que, la citada disposición hoy cuestionada en su incumplimiento precisa de forma clara que “…dentro el plazo de veinticuatro horas, señalará audiencia y notificará a las partes” y en segundo lugar la administración de justicia se rige por el principio de gratuidad, por lo que no es aceptable justificar el incumplimiento de las notificaciones a las partes por la falta de provisión de copias suficientes. De lo glosado se llega colegir la autoridad demandada dentro el trámite de la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso incoado por el ahora peticionante de tutela, obro de forma contraria a lo establecido en la norma procesal penal y trasunto en la vulneración de los principios de celeridad y gratuidad vinculados al derecho a la libertad del accionante; por lo que, en ese contexto corresponde conceder la tutela.

En relación a la solicitud de cesación a la detención preventiva, presentado el 14 de marzo de 2022.

Previo a ingresar al análisis sobre esta problemática, incumbe señalar que, conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, cuando se denuncia violaciones al debido proceso mediante acciones de libertad, es posible ingresar a su compulsa cuando: 1) Exista vinculación directa o indirecta con el derecho a la libertad física o personal, ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone; y, 2) Se hubieren agotado los medios de impugnación dentro del proceso penal, siempre que estos sean idóneos, específicos y aptos para restituir de forma inmediata los derechos que se encuentran en el ámbito de protección de la acción de libertad; salvo indefensión absoluta del impetrante de tutela, supuesto en el cual, la acción de libertad podrá ser formulada de manera directa. En ese marco, para el caso presente, se advierte que el ahora peticionante de tutela, se encuentra con medidas cautelares personales como emergencia de una resolución jurisdiccional dentro un proceso penal en su contra, en la cual denuncia que una dilación en la tramitación de su solicitud de cesación a la detención preventiva; hecho que tiene vinculación directa con su derecho a la libertad al estar procesado penalmente; asimismo, en relación al segundo presupuesto se tiene que ante la falta de pronunciamiento de la autoridad jurisdiccional no existe recurso idóneo que pueda restituir de forma inmediata la lesión denunciada el cual es la celeridad en la tramitación de la cesación a la detención preventiva; consecuentemente, en aplicación del estándar más alto desarrollado por la SCP 0153/2020-S1 del señalado Fundamento Jurídico, se ingresará a compulsar la denuncia del accionante. El impetrante de tutela refiere que se encuentra cumpliendo la medida extrema de la detención preventiva desde el 7 de mayo de 2018, habiendo transcurrido más de tres años y once meses; razón por lo que el 14 de marzo de 2022 impetró la cesación a dicha medada (Conclusión II.1); sin embargo, la autoridad judicial ahora demandado no imprimió el trámite establecido en el art. 239.3 del CPP; puesto que a la fecha de la interposición de la presente acción de defensa -18 de abril de 2022- no fue notificado con ninguna resolución judicial; bajo ese contexto, a fines de resolver la referida problemática, corresponde remitirnos al Fundamento Jurídico III.2 y III.3 del presente fallo constitucional, que con referencia a las autoridades judiciales y todo funcionario que coadyuva en la administración de justicia preciso que estos deben realizar sus actuados procesales, aplicando los valores y principios constitucionales; por lo que, ante cualquier petición de la persona privada de libertad tienen la obligación de tramitarla pronta, oportunamente y con la debida celeridad; en ese marco, en subsunción a los elementos facticos descritos se tiene que el ahora peticionante de tutela, por escrito de 14 de marzo de 2022, solicitó la cesación a la detención preventiva bajo el sustento del art. 239.3 del CPP, siendo la misma de forma “aparente” providenciada el 15 del mismo mes y año bajo el siguiente contenido: “En lo principal, traslado conforme lo establece el art. 239 parágrafo III del CPP”; sin embargo, hasta la presentación de esta acción de defensa el 18 de abril de 2022, no se 10 Artículo 239. (CESACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES). Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales: 1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida;

2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención; 3. Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga;

(…)

Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas.

En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos.

En los casos previstos en los numerales 2 al 6 del presente Artículo, la jueza, el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan, previstas en el Artículo 231 bis del presente Código.

La cesación de la detención preventiva por las causas señaladas en los numerales 3 y 4 del presente Artículo, dará lugar a la responsabilidad de la jueza, el juez, tribunal o fiscal negligente.

Cuando la cesación sea resuelta en audiencia pública y ante la ausencia de cualquiera de los sujetos procesales, se seguirá en todo lo pertinente, lo establecido en el Artículo 113 de presente Código.”

procedió a la notificación con el traslado a los sujetos procesales, menos se emitió la correspondiente resolución dentro el plazo de cuarenta y ocho horas, incurriendo por lo tanto en una demora procesal latente, dejando al ahora accionante en incertidumbre jurídica evidente, bajo el pretexto de que no se proveyó para las fotocopias, extremo que resulta inadmisible y denota una evidente vulneración de la norma procesal penal, siendo el actuar de la citada autoridad ahora demandada contrario al objeto de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescente y Mujeres -Ley 1173- , vulnerando de esta manera los derechos reclamados a través de la presente acción de defensa; por lo que, corresponde conceder la tutela impetrada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada actuó de forma correctamente.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2022 de 19 de abril, cursante de fs. 26 vta. a 30 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos dispositivos establecido por la Sala Constitucional y en base a los Fundamentos Jurídicos desarrollados de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Llamar severamente la atención a Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, Juez Público Mixto, Civil Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de La Guardia del departamento de Santa Cruz, por la evidente demora procesal advertida en la presente causa, advirtiéndole que en caso de reincidencia se remitirá antecedentes al Consejo de la Magistratura.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo, es de Voto Aclaratorio.

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Notas al pie

1 En este sentido, el uso del estándar más alto de la jurisprudencia constitucional al menos tiene dos consecuencias prácticas: i) Provoca que un juez o tribunal en caso de contar con dos sentencias constitucionales contradictorias elija de acuerdo a las particularidades de cada caso el entendimiento que tutele de manera más adecuada los derechos fundamentales que llega a ser el estándar más alto. ii) Asimismo, de existir diversos entendimientos jurisprudenciales no antagónicos sino progresivos los mismos deben armonizarse para la resolución más adecuada del caso en atención a los derechos fundamentales obteniéndose vía integración de jurisprudencia el estándar más alto.

2 (Fundamento Juridico III. 3) : “…a partir de la doctrina constitucional sentada en la SC 1865/2004-R, de 1 de diciembre, para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad”. A partir de dicho razonamiento jurisprudencial, esta instancia contralora de garantías, en la resolución de los casos, de manera uniforme y reiterada siguió la referida reflexión mediante las siguientes Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0151/2015-S1 de 26 de febrero; 1133/2016-S2 de 7 de noviembre; 0859/2017-S3 de 1 de septiembre; 0495/2018-S3 de 13 de septiembre; 0768/2019-S3 de

17 de octubre; 1094/2019-S1 de 26 de noviembre, entre otras. Asimismo, respecto de la invocación de tutela vía acción de libertad ante observaciones o negativa de otorgar el beneficio de indulto y/o amnistía, dichas denuncias fueron denegadas siguiendo las mismas razones a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1043/2019-S1 de 21 de octubre; 0661/2017-S3 de 30 de junio, entre tantas. 3La citada SCP, continúo señalando: “…de una interpretación sistemática y teleológica de los arts. 115.II, 125, 178.I y 180.I de la CPE, con relación al art. 46 del Código de Procedimiento Penal (CPCo), a la luz del principio de favorabilidad y la fuerza expansiva de los derechos fundamentales, corresponde efectuar un cambio de línea jurisprudencial respecto a la tutela del debido proceso mediante la acción de libertad.

(…) En ese entendido, bajo una interpretación literal de dichas normas, pero también atendiendo a una interpretación teleológica de las mismas, debe señalarse que la garantía del debido proceso en materia penal es tutelable por la acción de libertad, aún no exista una vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal, siendo suficiente la existencia de una relación indirecta con dicho derecho ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone. (…) en resumen del derecho a un debido proceso, se determina que, únicamente cuando se trata de materia penal, la acción de libertad es el medio idóneo, eficaz y eficiente para restablecer el debido proceso, en todos sus elementos. En consecuencia, se hace necesario establecer a partir de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional que las lesiones al debido proceso en materia penal en aquellos casos en los que se colocó al accionante en absoluto estado de indefensión o cuando éste agotó los medios de impugnación intra procesales, son susceptibles de la tutela constitucional que brinda la acción de libertad”.

4 En su F.J.III.1 indico que: “La Constitución es una norma jurídica directamente aplicable y justiciable por su órgano final de aplicación, salvaguarda y garantía, de naturaleza judicial y de composición plurinacional (Tribunal Constitucional Plurinacional) así como -atendiendo sus específicas atribuciones- por los jueces y tribunales de garantías que ejercen justicia constitucional; sin exclusión de los jueces o autoridades originarias de la pluralidad de jurisdicciones reconocidos en el texto constitucional (Jurisdicción ordinaria, agroambiental, indígena originario campesina y las jurisdicciones especializadas reguladas por la ley, conforme disponen los arts. 179 y 410 de la CPE), últimos operadores jurídicos, que se constituyen en los garantes primarios de la Constitución.”

5 La SCP 0112/2012 de 27 de abril, refirió que: “Existe uniformidad en la doctrina y jurisprudencia constitucional comparada en reconocer, de manera general, que los textos constitucionales están integrados prevalentemente por normas constitucionales-principios (Constituciones principistas) y también en la primacía de éstas respecto de las normas constitucionales-reglas (ante eventuales “antinomias” que salven la coherencia del sistema normativo).”

6 En su F.J. III.2 “(...) el tratamiento que debe darse a las solicitudes en las que se encuentre de por medio el derecho a la libertad, entre ellas, la cesación de la detención preventiva, debe tener un trámite acelerado y oportuno, pues de no hacerlo podría provocarse una restricción indebida de este derecho, cuando, por un lado, exista una demora o dilación indebida en su tramitación y consideración, o en su caso, cuando existan acciones dilatorias que entorpezcan o impidan que el beneficio concedido pueda efectivizarse de inmediato, dando lugar a que la restricción de la libertad se prolongue o mantenga más de lo debido. Esto en los casos, en los que por razones ajenas al beneficiario, la cesación de la detención preventiva u otro beneficio, no puede concretarse debido a los actos de obstaculización o dilación innecesaria, que originan que el solicitante, no obstante de haber sido favorecido por un beneficio que le permite obtener su libertad, se ve impedido de accederla, permaneciendo indebidamente detenido, situación por la cual se abre la protección que brinda el hábeas corpus ante la ausencia de celeridad en efectivizarse el beneficio otorgado.” (las negrillas nos corresponden)

7 En su F.J.III. “…La celeridad en la tramitación, consideración y concreción de la cesación de la detención preventiva u otro beneficio que tenga que ver con la libertad personal no sólo le es exigible a la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que intervenga o participe en dicha actuación y de quien dependa para que la libertad concedida se haga efectiva”.

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0795_2023-S1_id64350.pdf · páginas 1 a 17.

Huella digital del PDF (SHA-256): 566db3c05626d8911f20bed4bfde716564cc2316bfa91dc2a5910a3a1e5e13cf

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