B.IA.LEGAL

SCP 0794/2024-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 21 de noviembre de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
21 de noviembre de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
68123-2024-137-AAC
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante alega la lesión del debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración razonable de la prueba; debido a que, las autoridades demandadas, al resolver la impugnación presentada por su inhabilitación como postulante para Fiscal General del Estado, valoraron de manera arbitraria las certificaciones extendidas por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, y del abogado Oscar Arteaga Urgel; así como la acompañada a la impugnación para acreditar el cumplimiento del requisito previsto en el numeral 4 de la convocatoria, referido a la experiencia profesional de al menos ocho años acreditados en funciones judiciales, fiscales, profesión de abogado o docencia universitaria en el área de las ciencias penales y derecho constitucional a partir del título en provisión nacional; confirmando con ello, su inhabilitación como postulante. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 214/2024 de 15 de octubre, cursante de fs. 290 vta. a 293 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos del debido proceso
  2. III.2. Sobre la revisión de la valoración probatoria por la justicia constitucional
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0794/2024-S4 Sucre, 21 de noviembre de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional Expediente: 68123-2024-137-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 214/2024 de 15 de octubre, cursante de fs. 290 vta. a 293 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jorge Pérez Valenzuela contra Roberto Padilla Bedoya, Luis Adolfo Flores Roberts, Santiago Ticona Yupari, Froilán Mamani Choque, Estefanía Morales Laura, Sarah Vania Crespo Arze, Sandra Paz Méndez, Honorio Chino Mamani, Roy Suárez Medina, María Elena Pachacute Ticona, Lidia Tupa Zelaya, Miriam Martínez Michaga y José Carlos Gutiérrez Vargas todos miembros de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 30 de septiembre de 2024, cursante de fs. 144 a 158; y, de subsanación de 4 de octubre de igual año (fs. 162 a 163 vta.); el accionante, manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro de la convocatoria pública a Fiscal General del Estado, presentó su postulación cumpliendo con todos los requisitos comunes y específicos establecidos en la Ley 1579 –Ley Transitoria para la Selección y Designación de la o el Fiscal General del Estado de 23 de agosto de 2024–, y la convocatoria; sin embargo, los miembros de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Asamblea Legislativa Plurinacional –ahora demandados–, valorando de manera defectuosa la prueba acompañada para acreditar el cumplimiento del requisito específico previsto en el numeral 4 de la convocatoria, que señala: “Haber desempeñado con honestidad y ética, funciones judiciales, fiscales, públicas, profesión de abogado o cátedra universitaria en las áreas vinculadas al proceso de selección y designación, durante ocho (8) años” (sic), de manera ilegal y arbitraria procedieron a su inhabilitación. Para cumplir el requisito indicado, adjunto a su postulación un certificado de trabajo emitido por el Jefe del Departamento de Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, el cual acreditaba que ingresó a trabajar como docente universitario el 18 de diciembre de 2015, mediante un contrato indefinido, el mismo que sigue vigente; de manera que, con esta fuente de verificación se acreditaba el cumplimiento del requisito citado, ya que las materias de las cuales es docente son específicamente del área penal; empero, se argumentó que dicho documento no tenía fecha de inicio y conclusión de la relación laboral, lo que no era evidente. Similar valoración aconteció con relación al certificado de trabajo extendido por el abogado Oscar Arteaga Urgel, que acreditaba que trabajó en su despacho jurídico atendiendo procesos en las áreas del Derecho Penal y Derecho Constitucional, sobre el cual; sin embargo, se afirmó que el mismo se encontraba suscrito por el postulante, lo que no era evidente, porque fue extendido por el propietario del estudio jurídico antes mencionado. No obstante haber impugnado tal determinación ante la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, adjuntando como prueba formularios de ingreso de causas penales en la Plataforma del Órgano Judicial, así como fotografías captadas del Sistema de Justicia Libre, sobre algunos procesos penales, que de manera aleatoria demuestran que litigó más de los ocho años requeridos como requisito específico; la citada Comisión señalada, de manera arbitraria confirmó su inhabilitación, argumentando que en la carpeta original solo presentó tres certificados firmados por el abogado Oscar Arteaga Urgel, sin indicar ni especificar quien es dicha persona, observando la prueba que fue acompañada junto a su recurso, aduciendo que esta debía ser presentada al tiempo de su postulación. En ese sentido, las decisiones asumidas por la indicada Comisión, son contrarias a los principios pro actione, de proporcionalidad y de justicia material; dado que, las mismas no se basaron en norma alguna o jurisprudencia que sustente lo decidido.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante denunció la lesión al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración razonable de la prueba; citando al efecto los arts. 13.I y III, 109.I, 115.II, 117.I, 180.I y 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada, y en consecuencia; a) Se disponga la nulidad de la decisión asumida por la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de rechazar su impugnación; y, por ende, dejar sin efecto la decisión que confirma su inhabilitación; y, b) Se ordene a los miembros de la indicada Comisión, que resuelvan su recurso de impugnación bajo una valoración objetiva, razonable y equitativa de la prueba arrimada a su carpeta de postulación, con especial énfasis en la certificación extendida por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, además de aquellas de reciente obtención que fueron acompañadas al recurso de impugnación, en cumplimiento del art. 31 de la Ley 1579, debiendo dictarse una resolución fundamentada y motivada.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 15 de octubre de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 277 a 290 vta., presentes el accionante, el demandado Roberto Padilla Bedoya, ambos asistidos por sus respectivos abogados, los terceros interesados Winter Rómulo Hinojosa Téllez y Milton Iván Montellano Roldan, y ausentes los demás demandados y terceros interesados; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El impetrante de tutela, por sí y mediante su abogado, en audiencia, ratificó los términos expuestos en su memorial de acción tutelar, y ampliándola, manifestó que: 1) La Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Asamblea Legislativa Plurinacional, luego de haber asumido la decisión de confirmar su inhabilitación, concretamente dos días posteriores, fue notificado con la resolución respectiva, la cual fue elaborada en gabinete de manera ya más fundamentada y motivada; pero ello no cumple con lo dispuesto en el art. 32 de la Ley 1579, que exige que la decisión debe ser fundamentada en el acto y no así de manera posterior, por lo que no tendría sentido basar la acción de amparo constitucional en la resolución que de manera posterior le fue notificada, sino en la decisión abusiva y arbitraria asumida en el momento en que se confirmó su inhabilitación; 2) La prueba idónea que fue adjuntada para desvirtuar las observaciones abusivas con las cuales fue inhabilitado, fueron acompañados en un Disco Compacto (CD) respecto a cada resolución pronunciada por la señalada Comisión; 3) Es una falta de consideración y un acto de discriminación lo determinado por la referida Comisión; dado que, en la anterior postulación para Fiscal General del Estado, cumplió con todos los requisitos y calificó para ser votado en la Asamblea Legislativa Plurinacional, y habiendo sido el segundo mejor votado en esa ocasión, lo que significa que, en aplicación al principio de verdad material, cumpliría con los requisitos previstos para dicho cargo; 4) La observación efectuada por la merituada Comisión sería ilegal, porque valoró de manera defectuosa la certificación extendida por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, omitiendo referirse a otra documentación presentada para cumplir con dicho requisito, al amparo del principio de verdad material y de buena fe; 5) Los certificados de trabajo extendidos por Oscar Arteaga Urgel, conocido abogado litigante y propietario de un despacho legal en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y distintas provincias, señalan que trabajó en ese despacho en el área penal y constitucional, y las capturas tomadas al Sistema del Órgano Judicial, solo tenían como propósito demostrar que había una secuencia en el ejercicio del patrocinio profesional; de manera que debe aplicarse el principio de verdad material en su caso; puesto que, las fotografías tomadas y la documentación presentada no sería falsa; es más, se adjuntó también declaraciones juradas voluntarias del indicado profesional; 6) Si bien la observación inicial era que no se tenía fecha de conclusión de la relación laboral en relación al certificado extendido por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, argumento que fue cambiado posteriormente, dicha conclusión no era evidente, tomando en cuenta que la citada certificación indicaba que sigue siendo docente en las áreas requeridas por la convocatoria, habiendo inclusive adjuntado fotocopias de las tres últimas papeletas de pago para acreditar que sigue siendo docente; 7) Entonces, no solo que ha cumplido con la documentación exigida, habiendo inclusive presentado prueba adicional para complementar a la ya presentada, la misma que era suficiente para demostrar que se cumplió con el requisito extrañado, además del hecho que ocupó distintos cargos públicos que tienen que ver con el Derecho Penal; empero, ninguno de esos elementos fue considerado por las autoridades demandadas; por lo que, sería evidente la falta de fundamentación y motivación en la resolución que resolvió el recurso de impugnación, en cuanto se refiere a la valoración de la prueba; y, 8) En el proceso de evaluación no se dio por incumplido en un primer momento, habiéndose dado por aprobados todos los requisitos, y fue después de ese acto que se observa su carpeta, retrotrayendo los actos, cuando allí debió aplicarse la preclusión, porque ya se había revisado su carpeta y procedido a emitir criterio de aprobación, observando falacias para observar su postulación.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Roberto Padilla Bedoya, Presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Asamblea Legislativa Plurinacional, por intermedio de su abogado, en audiencia, informó que: i) El cronograma del proceso de selección y designación del Fiscal General del Estado, ya fue cerrado en su fase número 12; es decir, la fase correspondiente al examen oral y exposición del plan de trabajo de los postulantes, ingresando de esa manera a la fase relativa a la aprobación de los informes de selección y remisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional, como dispone el art. 37 de la Ley 1579; ii) Conforme a la jurisprudencia constitucional, los supuestos de hecho que motivan la acción de amparo constitucional, no podrían ser ampliados en audiencia, sino solo aquellos referidos en el recurso de impugnación y revisión; iii) En cuanto a la supuesta acreditación de la cátedra universitaria en el área penal por más de ocho años, que a decir del accionante, el senador Santiago Ticona Yupari dio por válido y cumplido con la certificación extendida por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, debe considerarse que dicho criterio del legislador fue observado por otra diputada, quien puso en consideración de la aludida Comisión el hecho de que tal documento no establecía la fecha inicio y conclusión de la relación laboral en el área requerida; puesto que, la certificación solo indicaba que una persona ingresó a trabajar en dicha casa superior de estudios el 18 de diciembre de 2015, sin haber acreditado que de todos esos años de docencia hubieran sido desempeñados en las áreas de ciencias penales, derecho constitucional o derechos humanos, pues la Comisión no podía suponer que todo ese tiempo certificado se hubiera impartido docencia en dichas materias, en otros términos, no se señalaba el inicio y la conclusión de la docencia en las áreas requeridas de acuerdo a convocatoria, durante las gestiones 2015 a 2023; puesto que, la documentación aparejada, solo certificaba de la gestión 2024; iv) En cuanto al trabajo en el ejercicio libre en el área penal, si bien se señaló que existe una defectuosa valoración de la prueba por parte de la Comisión Mixta, con relación al certificado de trabajo presentado, acompañando a tal efecto formularios de ingreso de causas penales en la Plataforma del Sistema del Órgano Judicial, así como fotografías del Sistema de Justicia Libre de algunos procesos penales, extraídas de manera aleatoria, y que a decir de la indicada Comisión, debió presentarse al momento de entregar su documentación, no correspondía su valoración; dado que, ello sería como autogenerarse la prueba, cuando lo que correspondía era que las instancias correspondientes certifiquen la misma, como ocurrió con todos los demás postulantes; y, v) De acuerdo a la jurisprudencia constitucional, la fundamentación tiene que ver con la obligación de la autoridad competente de citar los preceptos legales y sustantivos que sustentan su decisión, en tanto que la motivación es la expresión de los razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué el caso se ajusta a la premisa normativa, situación que la parte accionante no demostró de manera lógica, razonable ni objetiva; por lo que, la acción tutelar presentada no tendría coherencia; con base en tales argumentos, solicitó que se deniegue la tutela impetrada. Flores Roberts, Santiago Ticona Yupari, Froilán Mamani Choque, Estefanía Morales Laura, Sarah Vania Crespo Arze, Sandra Paz Méndez, Honorio Chino Mamani, Roy Suárez Medina, María Elena Pachacute Ticona, Lidia Tupa Zelaya, Miriam Martínez Michaga y José Carlos Gutiérrez Vargas, todos miembros de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Asamblea Legislativa Plurinacional, no se presentaron a la audiencia de consideración de esta acción de defensa, ni remitieron informe alguno, pese a sus legales citaciones, conforme cursa a fs. 167.

I.2.3. Informe de los terceros interesados

Winter Rómulo Hinojosa Téllez, en audiencia, señaló que se adhiere a la tutela impetrada por el accionante, dado que: a) Durante la revisión de las impugnaciones, las autoridades demandadas únicamente emitían una resolución de cuatro o cinco líneas, no así una resolución ampulosa, con la que notificaron con posterioridad al ahora impetrante de tutela, ello debido a que también le ocurrió a su persona, que presentó igualmente una acción de amparo constitucional; b) A pesar de que en el proceso de calificación deben cumplirse formalidades, ello no significa que se debe apartarse de la sana crítica, tomando en cuenta el principio de verdad material, el cual no puede ser desconocido, lo que acontece con el solicitante de tutela, sobre quien se sabe que cuenta con la experiencia de docente universitario, aspecto que puede ser verificado inclusive a través del “Google”, donde se podría observar la vasta experiencia que tiene en los aspectos observados, de manera que la inhabilitación del mismo no sería sustentable; c) En cuanto a la experiencia laboral en el ejercicio libre su evaluación también fue sesgada, pues si bien debería haberse acreditado a través de certificaciones, debe también comprenderse que la documentación presentada para acreditar dicho punto no es falsa, y aunque se señale que se tratan simplemente de fotografías, ello no implica que la información brindada sea incierta; y, d) Se observa que la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Asamblea Legislativa Plurinacional, realizó la notificación con una resolución ampulosa de manera posterior a la decisión tomada, la misma que además no es individualizada; dado que, lo hacen respecto a todos los que presentaron impugnación, pues el fundamento expuesto es genérico y no individualizado. Milton Iván Montellano Roldan, en audiencia, señaló que estaría a las resultas de la decisión que tome la Sala Constitucional. William Eduard Alave Laura, Víctor Hugo Aliaga Gutiérrez, Jhimmy Remberto Almanza Pardo, Franco anagua Poveda, Rufino Ancasi Lamas, Willma Alicia Luz, Percy Ronald Cámara Rodríguez, Claudia Marcela Castro Dorado, Constantino Coca Sejas, Yván Noel Córdova Castillo, Juan Coronado Camacho, Jhasmani Cortez Aliaga, Marina Durán Miranda, Olvis Eguez Oliva, Hernán Antonio Espinoza Herrera, Javier Flores Mamani, Ruddy José Flores Monterrey, Sandro Fuertes Miranda, Omar Fulguera Gonzales, Marizol García León, Nuria Gisela Gonzales Romero, William Herrera Añez, Henry Herrera Herrera, Julio Huarachi Pozo, Mario Helmer Laura Picavia, Roger Rider Mariaca Montenegro, Ramiro Ángel Marthan Rojas, Verónica Beatris Miranda Huanca, José Luis Miranda Quilo, Adrián Cesar Pedro, José Luis Quiroga Flores, Edwin Quispe Mamani, Rubén Ramírez Conde, Jhudith Marcela Reynolds Espinoza, Carola Romero Pacello, Iván Sandoval Fuentes, Sandra Cinthia Soto Pareja, Juan Oswaldo Valencia Alvarado, Juan de la Cruz Vargas Vilte Laslo, y Ever Richard Veizaga Ayala, no se presentaron a la audiencia de consideración de esta acción de defensa, ni remitieron informe alguno, pese a sus legales citaciones, conforme cursa del informe del Oficial de Diligencias de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz (fs. 172 a 173).

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, a través de la Resolución 214/2024 de 15 de octubre, cursante de fs. 290 vta. a 293 vta., denegó la tutela impetrada, bajo los siguientes fundamentos: 1) La Resolución 015-2023-2024/CMJP-MP-DLE-FGE de 26 de septiembre, que resolvió la impugnación presentada por el ahora accionante contra la decisión de su inhabilitación en el proceso de selección para el cargo de Fiscal General del Estado; indicó que el certificado extendido por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, no señala que en las pasadas gestiones, vale decir, en los siete años restantes para cumplir los ocho años, estuviera también cumpliendo las funciones de docente en el área penal, constitucional o derechos humanos; en cuanto a las funciones de Viceministro de Régimen Interior y Ministro de Gobierno, señaló que no se especificó la fecha de conclusión de tales funciones, siendo que tal exigencia se encuentra establecida en la Ley 1579; por lo que, se concluiría que la indicada Resolución se encontraría debidamente fundamentada, en cuanto se refiere a la causa de inhabilitación del postulante hoy solicitante de tutela; y, 2) Respecto al certificado de trabajo extendido por el abogado Oscar Arteaga Urgel; si bien la merituada Resolución señaló que, no precisa que las labores desempeñadas hubieran estado relacionadas con el ámbito penal, constitucional o de derechos humanos, aspecto que, una vez revisado el documento se establece que precisa el área penal constitucional como el desempeñado por el ahora postulante; empero, no existiría documentación de respaldo que corrobore tal aspecto, como una certificación que precise las causas atendidas, pues las fotografías presentadas o anexadas al sistema de justicia plural o las carátulas, no suplirían lo que exige la ley, de manera que tampoco acredita el cumplimiento del requisito observado, lo que no significa desconocer su calidad de buen abogado; puesto que, independientemente de ello se debe cumplir con las formalidades establecidas en la Ley 1579, al tratarse de requisitos tasados.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Formulario de Verificación de Requisitos Específicos-Fiscal General del Estado de 20 de septiembre de 2024; la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Asamblea Legislativa Plurinacional, estableció que el postulante Jorge Pérez Valenzuela –ahora accionante– no cumplía con el requisito 4, relativo a: “Contar con experiencia profesional de al menos ocho (8)

años acreditados en el desempeño con honestidad y ética en funciones judiciales, fiscales, profesión de abogado o docencia universitaria en el área de las ciencias penales y derecho constitucional a partir del título en provisión nacional, de conformidad al Artículo 227, concordante con el 182 de la Constitución Política del Estado” (sic), cuyo documento de respaldo debe señalar inicio y conclusión laboral y las funciones desarrolladas vinculadas al área de las ciencias penales, derecho constitucional y derechos humanos (fs. 211 y vta.). II.2. Por memorial de 24 de septiembre de 2024, el impetrante de tutela impugnó su inhabilitación como postulante a Fiscal General del Estado, ante la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado (fs. 139 a 143 vta.). II.3. A través de la Resolución 015-2023-2024/CMJP-MP-DLE-FGE de 26 de septiembre, los miembros de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Asamblea Legislativa Plurinacional –hoy demandados–, confirmaron la inhabilitación del accionante (fs. 232 vta. a 238 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante alega la lesión del debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración razonable de la prueba; debido a que, las autoridades demandadas, al resolver la impugnación presentada por su inhabilitación como postulante para Fiscal General del Estado, valoraron de manera arbitraria las certificaciones extendidas por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, y del abogado Oscar Arteaga Urgel; así como la acompañada a la impugnación para acreditar el cumplimiento del requisito previsto en el numeral 4 de la convocatoria, referido a la experiencia profesional de al menos ocho años acreditados en funciones judiciales, fiscales, profesión de abogado o docencia universitaria en el área de las ciencias penales y derecho constitucional a partir del título en provisión nacional; confirmando con ello, su inhabilitación como postulante. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos del debido proceso

La exigencia de que una resolución sea debidamente fundamentada y motivada, y sea congruente entre lo peticionado, lo discutido y lo resuelto, forma parte de la garantía del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y principio en los arts. 115.II, 117.I y 180.I de la CPE; y, como derecho humano en los arts. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). La SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, precisó que entre los presupuestos del debido proceso se exige que toda autoridad que debe pronunciar una resolución debe exponer imprescindiblemente los hechos y la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la decisión, cuya omisión, además de alterar la estructura de la resolución, afecta al debido proceso, porque la decisión será arbitraria debido a que impide a las partes saber las razones tanto jurídicas como fácticas de la decisión que se asume. Entre las garantías del debido proceso y la tutela judicial efectiva se encuentra también el ejercicio del derecho a la defensa, siendo uno de sus componentes el de recurrir de las resoluciones y obtener de los jueces o tribunales correspondientes una respuesta sobre lo planteado en los recursos o escritos. Pues para impugnar una resolución es necesario conocer las razones que condujeron al juez o tribunal a dictar la resolución que se controvierte, las cuales deben estar referidas a los hechos (pruebas) y a los fundamentos jurídicos en los que se apoya la decisión, cuya omisión limitará a la parte afectada a presentar un adecuado recurso, dado que este no podrá esgrimir contra la resolución más que argumentos generales, que repetirían lo que él ya habría señalado en el transcurso del proceso. Precisamente, entre los fines del deber de motivar las sentencias, se encuentra el de facilitarle a la parte afectada la posibilidad de impugnar una resolución judicial que es adversa a sus intereses. En ese sentido, se establece la exigencia de que toda resolución tiene que exponer imprescindiblemente los hechos y el fundamento legal que sustenta la decisión, cuya omisión conlleva la lesión al debido proceso, y con ello al derecho a la defensa en juicio; garantía que no sólo resulta aplicable a las resoluciones pronunciadas en el ámbito judicial, sino también a las emitidas en el ámbito administrativo u otros escenarios en los que se afectan o se tiene el riesgo de afectar los derechos fundamentales. Criterio que fue razonado en la SC 0946/2004-R de 15 de junio y las SSCCPP 0910/2021-S4 de 25 de noviembre y 0545/2022-S4 de 14 de junio, entre muchas otras sentencias.

Bajo ese razonamiento, la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, precisó los requisitos que debe contener toda resolución judicial o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la fundamentación y motivación como elementos configurativos del debido proceso, como: Determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales; contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes; describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto; describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales; valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada; y, determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa o judicial en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso. La SC 0802/2007-R de 2 de octubre, precisó algunos supuestos en los cuales una resolución puede ser considerada arbitraria; empero, fue la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, la que desarrolló el contenido esencial del derecho a una resolución fundada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas que son: i) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; ii) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; iii) Garantizar la posibilidad del control de la resolución a través de los medios de impugnación; iv) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, v) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes –quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero–. En cuanto se refiere a la segunda finalidad, es decir, lograr el convencimiento a las partes de que la resolución no es arbitraria, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013, precisaron que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión sin motivación, con motivación arbitraria, insuficiente y por la falta de coherencia del fallo. En ese sentido, ilustrando al respecto, señalaron que: La decisión sin motivación se presenta cuando la resolución no da razones que la sustenten; en tanto que la motivación arbitraria es la que sustenta la decisión con fundamentos y consideraciones simplemente retóricas o cuando deviene de la valoración arbitraria o irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; en cambio la motivación es insuficiente, cuando no se dan razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; finalmente, la falta de coherencia del fallo se presenta, en su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas –normativa y fáctica– y la conclusión –por tanto–; en su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010 de 22 de junio, al establecerse que, en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo, es decir su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. A su vez, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. Cabe señalar que, si bien el razonamiento antes expuesto está enfocado a las resoluciones de primera instancia, dicha exigencia no resulta ajena a los ámbitos de apelación y casación en procesos ordinarios, que en el marco de su competencia también están obligados a fundamentar y motivar sus decisiones; asimismo, a las instancias reconocidas en la ley para el ámbito administrativo, como es el caso de los recursos de alzada, revocatoria, reconsideración o jerárquico, pues al estar revestidos de la competencia para emitir resoluciones definitivas en los procedimientos previstos, también están reatados a fundamentar y motivar sus decisiones; así la SCP 0276/2018-S2 de 25 de junio, refiriéndose a la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales en apelación, señaló la importancia que tiene el Tribunal de alzada de fundamentar y motivar sus resoluciones, debido a que en los hechos, hacen una revisión de la resolución del inferior, de manera que al pronunciar sus fallos están igualmente obligados a expresar la concurrencia de los presupuestos fácticos y normativos que la norma legal prevé al respecto; cabe aclarar que, a pesar de que la indicada Sentencia Constitucional Plurinacional fue pronunciada en una acción de libertad derivada de un proceso penal, el razonamiento allí expuesto resulta aplicable a todas las materias, tomando en cuenta que el debido proceso no solo aplica a materia penal, sino a todo tipo de proceso. Bajo el mismo razonamiento, el Tribunal de casación tampoco se encuentra exento de la obligación de fundamentar y motivar sus resoluciones al analizar los motivos expuestos por el o los recurrentes en sus recursos, pues aunque este recurso es una cuestión de responsabilidad entre la ley y sus infractores, de modo que solo es posible su formulación bajo los supuestos expresamente previstos en la ley, ello no implica que al resolver los motivos expuestos por las partes no deban otorgarse las razones tanto jurídicas como fácticas sobre lo decidido, cuya exigencia es aún mayor cuando se toma la decisión de casar el fallo recurrido, caso en el cual, no solo está en la obligación de pronunciarse sobre los motivos expuestos, sino también sobre las pretensiones expuestas por las partes en el proceso, de manera fundamentada y motivada, en observancia al debido proceso y el derecho a la defensa en juicio. Exigencia que también es aplicable al ámbito administrativo en fase recursiva. Es importante anotar sin embargo que, la exigencia de motivación de las resoluciones no significa que estas sean extensas en cuanto a las razones de la decisión, sino que se requiere de una estructura tanto de forma como de fondo, en cuyo caso, una motivación concisa pero clara en cuanto a cada uno de los puntos demandados o reclamados por las partes en el proceso y que exprese las convicciones determinativas del juzgador en cuanto a la decisión que se asume, es suficiente para entender que la exigencia de motivación fue cumplida, caso contrario, si el fallo aun siendo extenso o ampuloso en argumentaciones no expresa las razones o motivos que formaron la convicción de la autoridad judicial o administrativa en cada caso, dicha garantía se entenderá que no fue cumplida. En ese sentido se tiene razonado en la SC 0632/2010-R de 19 de julio.

Sobre la base de la indicada jurisprudencia constitucional es posible concluir que, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa. No obstante lo señalado, la jurisprudencia precedentemente citada fue complementada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, se deberá analizar la incidencia del acto supuestamente ilegal en la Resolución que se cuestiona a través de la acción de amparo constitucional; dado que, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela a concederse por el juez o tribunal de garantías o la sala constitucional, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; de manera que, partiendo de una interpretación previsora, se estableció que, aún de ser evidente la arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación, si esta carece de relevancia, la tutela debe ser denegada por carecer de relevancia constitucional, aclarando que dicho entendimiento sólo es aplicable a la justicia constitucional, que para efectuar el análisis no debe exigir que la o el accionante cumpla con la carga argumentativa.

III.2. Sobre la revisión de la valoración probatoria por la justicia constitucional

La valoración probatoria es una atribución que la ley reconoce a los jueces y tribunales ordinarios o administrativos que tienen competencia para resolver controversias o cuestiones jurídicas; labor que debe ser cumplida en el marco de los parámetros establecidos por cada norma procesal, la cual además debe ser efectuada en los marcos de razonabilidad y equidad; y si dicha tarea no es cumplida en ese marco, puede ser ciertamente objeto de revisión por la justicia constitucional, a través del amparo, en la medida en que tal actividad intelectiva lesione derechos fundamentales o garantías constitucionales de las personas, por apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad o cuando se hubiere omitido arbitrariamente valorar una prueba. Bajo ese razonamiento la SC 1926/2010-R de 25 de octubre, señaló que: “…la valoración de la prueba resulta ser una atribución exclusiva de los jueces que ejercen jurisdicción y competencia en cada caso concreto, en ese sentido, debe señalarse que en relación a los roles propios de la función ejercida por los jueces y tribunales, el control de constitucionalidad, solamente puede operar en la medida en la cual se cumplan los siguientes presupuestos a saber: a) Conducta omisiva de los jueces o tribunales, que se traduzca en dos aspectos concretos: i) No recepción de los medios probatorios ofrecidos; ii) La falta de compulsa de medios probatorios ofrecidos; y, b) Apartamiento flagrante de los principios de razonabilidad, proporcionalidad y objetividad. Entonces, siguiendo el razonamiento plasmado en las SSCC 0873/2004-R, 0106/2005-R, 0129/2004-R, 0797/2007-R y 0965/2006-R, entre otras, se tiene que solamente en el caso de cumplirse los presupuestos antes citados puede operar el control de constitucionalidad para restituir así los derechos fundamentales afectados; en ese contexto, debe determinarse que el análisis de una valoración probatoria por parte del órgano contralor de constitucionalidad sin cumplir las subreglas desarrolladas supra, generaría una disfunción tal que convertiría a este Tribunal en una instancia casacional o de revisión ordinaria, situación que no podría ser tolerada en un Estado Constitucional. En este contexto, a la luz de un debido proceso, en el marco de los roles del control de constitucionalidad y de acuerdo a la problemática concreta, se establece que solamente ante la celosa observancia de las subreglas anotadas precedentemente, se abriría la competencia del órgano contralor de constitucionalidad...” (las negrillas nos pertenecen). En ese sentido, la justicia constitucional precisó que su competencia en relación a la valoración de la prueba producida y valorada en el proceso judicial o administrativo, respetando la competencia de las demás jurisdicciones, ha establecido que la acción de amparo constitucional no se activa para revisar la actividad probatoria y hermenéutica de los jueces o tribunales ordinarios y administrativos, ya que se instituyó como garantía no subsidiaria ni supletoria de otras jurisdicciones; sin embargo, conforme prevé la jurisprudencia constitucional citada, excepcionalmente puede verificar el ejercicio de tal actividad cuando se cumplan con los siguientes presupuestos: a) Conducta omisiva de los jueces o tribunales, que se traduzca en dos aspectos concretos: 1) No recepción de los medios probatorios ofrecidos; y, 2) La falta de compulsa de medios probatorios ofrecidos; y, b) Apartamiento flagrante de los principios de razonabilidad, proporcionalidad y objetividad; para lo cual, el accionante debe desarrollar una precisa exposición y fundamentación que muestre a la jurisdicción constitucional, por qué la valoración efectuada por las autoridades demandadas se habría apartado de los marcos de razonabilidad y equidad, vulnerando derechos fundamentales y garantías constitucionales previstos por la Constitución Política del Estado; es decir, que no se debe circunscribir la fundamentación únicamente en un relato de los hechos, o al simple disentimiento de la valoración efectuada por la autoridad jurisdiccional ordinaria o administrativa, cuestionando y criticando la misma, como si la acción de amparo constitucional se tratara de un recurso de revisión, sino que se debe identificar de forma precisa los derechos vulnerados que se habría ocasionado a partir de una injustificada o ilegal negación de recepción de medios probatorios, o la omisión de valoración de prueba que tenga trascendencia en la resolución de fondo del proceso o esclarezca la verdad material de los hechos; o en definitiva expresar de manera adecuada precisando los fundamentos jurídicos que sustenten su posición, de por qué la autoridad judicial o administrativa se habría apartado de los marcos de razonabilidad y equidad, lo que no implica el despliegue de criterios de disentimiento con la valoración probatoria efectuada en el proceso.

III.3. Análisis del caso concreto

En el caso de análisis, el accionante alega que las autoridades demandadas lesionaron el debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración razonable de la prueba, debido a que, al resolver la impugnación presentada por su inhabilitación como postulante para Fiscal General del Estado, valoraron de manera arbitraria las certificaciones extendidas por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y del abogado Oscar Arteaga Urgel; así como la acompañada a la impugnación para acreditar el cumplimiento del requisito previsto en el numeral 4 de la convocatoria, referido a la experiencia profesional de al menos ocho años acreditados en funciones judiciales, fiscales, profesión de abogado o docencia universitaria en el área de las ciencias penales y derecho constitucional a partir del título en provisión nacional; confirmando con ello su inhabilitación como postulante.

Revisados los antecedentes que se acompañan al legajo constitucional y conforme a las Conclusiones del presente fallo constitucional, se tiene que Jorge Pérez Valenzuela –ahora accionante– presentó su postulación en el marco de la convocatoria pública a postulantes para la selección y designación del Fiscal General del Estado, conforme a la Ley 1579, cuya documentación fue objeto de verificación por la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en cuanto a los requisitos habilitantes comunes y específicos, etapa en la cual se estableció que no cumplía con el requisito específico previsto en el numeral 4 de la convocatoria, referido a la experiencia profesional de al menos ocho años acreditados en funciones judiciales, fiscales, profesión de abogado o docencia universitaria en el área de las ciencias penales y derecho constitucional a partir del título en provisión nacional, siendo en consecuencia inhabilitado del mencionado proceso, conforme fue publicado en la lista de postulantes habilitados e inhabilitados elaborada por la indicada Comisión. Frente a tal decisión, el hoy impetrante de tutela, por memorial de 24 de septiembre de 2024, presentó impugnación a su inhabilitación; el cual fue resuelto por los miembros de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Asamblea Legislativa Plurinacional –ahora demandados–, a través de Resolución 015-2023-2024/CMJP-MP-DLE-FGE de 26 de septiembre, por la cual se confirmó la inhabilitación del mismo. La indicada Resolución, ahora impugnada a través de la presente acción de amparo constitucional, entre las razones de su decisión, precisó que, sobre el Certificado de Trabajo de 9 de septiembre de 2024, extendido por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, si bien señala un periodo amplio del ejercicio de la docencia, la descripción de las materias en que se imparte conocimiento por el postulante se lo realiza únicamente respecto de la gestión en curso, no así en cuanto a las anteriores, respecto a las cuales el documento no confirma la docencia relacionada a las materias penal, constitucional o derechos humanos. En cuanto a la Resolución Suprema 14395 de 26 de enero de 2015, por la cual fue designado como Viceministro de Régimen Interior y Policía; el Decreto Presidencial 2059 de 15 de julio de 2014, mediante el cual fue nombrado como Ministro de Gobierno; y, la Resolución Suprema 07120 de 5 de marzo de 2012, a través del cual fue designado como Viceministro de Régimen Interior y Policía, los mismos no precisan el periodo de conclusión, de manera que no cumplen con los criterios establecidos para los documentos de respaldo del requisito observado.

En relación al Contrato Administrativo de Servicios de Consultoría Individual por Producto 104 de 25 de abril de 2011, suscrito con el Ministerio de Autonomías, no guarda relación con la materia penal, constitucional o derechos humanos; dado que, su objeto es sobre: “Investigador en Autonomía Departamental para Santa Cruz”; además que, el referido contrato no acredita que este haya sido concluido. Respecto a los Certificados de Trabajo de 10 de septiembre de 2024, emitidos por el abogado Oscar Arteaga Urgel; y, la Certificación de 24 de agosto de 2018, emitida por la Aduana Nacional, no establecen las funciones que desempeñó el ahora accionante, vinculadas a la materia penal, constitucional o de derechos humanos. Sobre la nota de felicitación de 17 de diciembre de 2004, emitida por el Superintendente Forestal a.i., no se constituye como documento de respaldo laboral. En la indicada Resolución 015-2023-2024/CMJP-MP-DLE-FGE, se señaló también que se adjuntó al memorial de impugnación, documentación de respaldo consistente en copia de la misma documental ya presentada, así como la Declaración Jurada Voluntaria 420/2024 de 23 de septiembre, realizada ante la Notaria de Fe Pública 62, confirmando el contenido de las certificaciones emitidas a fs. 34, 36 y 38; precisando en cuanto a esta documentación, así como nueva documental presentada, que el postulante tenía la obligación de presentar toda la documentación de respaldo al momento de su postulación, no siendo la fase de impugnación la oportunidad para adjuntar documentación nueva, cuya admisión en todo caso lesionaría el principio de igualdad respecto a los demás postulantes que cumplieron con tal exigencia. En ese sentido, las autoridades ahora demandadas concluyeron que la documentación presentada no cumplía con las exigencias de precisar el inicio y conclusión del cargo desempeñado para acreditar la experiencia laboral, así como tampoco su relación con la materia penal, constitucional o derechos humanos, siendo que la documentación nueva presentada junto a la impugnación, debió haber sido acompañada al momento de su postulación, incumpliendo de esa manera el requisito específico establecido en el art. 26 de la Ley 1579. Ahora bien, conforme fue señalado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, que entre otros presupuestos del debido proceso, se tiene la exigencia de que toda resolución debe exteriorizar imprescindiblemente los hechos y la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la decisión, cuya omisión, además de alterar la estructura de la resolución, lesiona el debido proceso porque la decisión así pronunciada será considerada arbitraria, al impedir a las partes del proceso, o a un tercer interesado, saber las razones tanto jurídicas como de hecho de la decisión que se asume. Prosiguiendo con lo señalado en el precitado Fundamento Jurídico, una resolución es arbitraria, entre otros supuestos, cuando carece de motivación, que se presenta cuando la resolución no da razones que la sustenten; o ésta es arbitraria o insuficiente, que ocurre cuando se sustenta en fundamentos y consideraciones simplemente retóricas o cuando deviene de la valoración arbitraria o irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; en cambio la motivación es insuficiente, cuando no se dan razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; supuestos que en el caso de análisis no concurren, debido a que, como fue señalado precedentemente, la Resolución 015-2023-2024/CMJP-MP-DLE-FGE, expuso de manera clara las razones que sustentaron su decisión, la que tiene que ver con el hecho de que los documentos presentados por el ahora accionante, no cumplían con los presupuestos establecidos en el art. 27 de la Ley 1579, y numeral 4 de los requisitos específicos de la convocatoria; puesto que, la certificación extendida por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, si bien señalaría un periodo amplio del ejercicio de la docencia, la descripción de las materias en las que el postulante impartía conocimiento se lo realizaba únicamente respecto de la gestión en curso (2024), no así en cuanto a los anteriores periodos (2015-2023), de las cuales el documento no precisaba si la docencia estaba vinculada con las materias penal, constitucional o derechos humanos. Argumento que sin embargo no fue cuestionado por el impetrante de tutela. En cuanto a las certificaciones extendidas por el abogado Oscar Arteaga Urgel, las autoridades demandadas la desestimaron, argumentando que no cumplía con las exigencias de precisar el inicio y conclusión del cargo desempeñado para acreditar la experiencia laboral, así como tampoco su relación con las materias penal, constitucional o derechos humanos; sin embargo, debe considerarse al respecto que, de las tres certificaciones extendidas por el indicado profesional, una de ellas (fs. 51), precisa de manera exacta la fecha de inicio y conclusión laboral (del 25 de julio de 2009 al 4 de marzo de 2012), el cual además señala que las funciones desempeñadas fueron de “Responsable del área de procesos penales y constitucionales” (sic), de manera que tal documento cumplía con lo exigido en la convocatoria por el periodo certificado; empero, dicha exigencia evidentemente no fue cumplida en relación a las otras dos certificaciones extendidas por el mismo profesional abogado, quien únicamente certificó el mes de inicio y de conclusión (de febrero de 2005 a diciembre de 2008 el primero, y de marzo de 2002 a diciembre de 2003 el segundo) (fs. 53 y 55), sin precisar la fecha exacta, situación que, considerando los tiempos certificados, que coinciden casi con exactitud en relación al periodo mínimo requerido como requisito especifico en la convocatoria, hace concluir que la argumentación expuesta por las autoridades demandadas en cuanto a estos dos documentos es razonable para establecer el incumplimiento del requisito específico indicado.

De otro lado, es evidente que por disposición del art. 31.II de la Ley 1579, los postulantes inhabilitados en la etapa de verificación de requisitos tienen plena facultad de impugnar la decisión asumida por la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Asamblea Legislativa Plurinacional, acompañando al efecto la prueba que desvirtúe la causa de su inhabilitación, sin que ello implique suplir la obligación que el postulante tenía de presentar la documentación que respalda el cumplimiento de cada uno de los requisitos, de manera que la prueba debe estar dirigida específicamente a desvirtuar la razón de la inhabilitación; por lo que, lo señalado por las autoridades demandadas en relación a la prueba acompañada junto a su impugnación por el hoy accionante, no estaba acorde a dicha norma; sin embargo, debe señalarse que, en el marco de lo razonado anteriormente y la relevancia constitucional que pueda tener tal situación ante una eventual concesión de tutela, verificada la prueba adjuntada por el ahora impetrante de tutela junto a su impugnación, se establece que la misma no está dirigida a respaldar el requisito especifico observado por la precitada Comisión Mixta, en base a las tres certificaciones del abogado particular acompañadas, sino a un nuevo periodo, lo cual evidentemente no corresponde considerar por el principio de igualdad, tomando en cuenta que este nuevo periodo que se pretende se considere para efectos del cumplimiento del requisito exigido, no fue respaldado a tiempo de presentar su postulación, de manera que lo resuelto al respecto por las autoridades hoy demandadas, aún bajo distinto fundamento, no lesionó los derechos fundamentales denunciados. En relación a la demás pruebas acompañadas, las autoridades demandadas efectuaron el análisis individualizado correspondiente, los mismos que no fueron mayormente reclamados por el accionante en esta acción tutelar, de manera que sobre ellas no corresponde mayor análisis, al haberse concentrado la acción de amparo constitucional en la valoración probatoria de la certificación extendida por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y las certificaciones emitidas por el abogado Oscar Arteaga Urgel, sobre los cuales esta Sentencia Constitucional Plurinacional ya ha realizado el respectivo análisis en revisión. Conforme se señaló en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, que la acción de amparo constitucional no se activa para revisar la actividad probatoria y hermenéutica de los jueces o tribunales ordinarios y administrativos, ya que se instituyó como garantía no subsidiaria ni supletoria de otras jurisdicciones; sin embargo, conforme prevé la jurisprudencia, excepcionalmente puede verificar el ejercicio de tal actividad cuando se cumplan con los siguientes presupuestos: i) Conducta omisiva de los jueces o tribunales, que se traduzca en dos aspectos concretos: a) No recepción de los medios probatorios ofrecidos; y, b) La falta de compulsa de medios probatorios ofrecidos; y, ii) Apartamiento flagrante de los principios de razonabilidad, proporcionalidad y objetividad; supuestos que no se presentaron en la causa analizada, al haberse establecido que las autoridades demandadas compulsaron cada una de la prueba acompañada en relación al incumplimiento de la exigencia de experiencia mínima requerida para el cargo al cual se postulaba el ahora solicitante de tutela, cuya actividad, según fue señalado precedentemente, no se apartó de los principios de razonabilidad, proporcionalidad ni objetividad. En ese contexto, conforme a los razonamientos expuestos precedentemente, se concluye que no son evidentes las denuncias de vulneración alegadas por la parte accionante, correspondiendo por ello denegar la tutela impetrada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, efectuó un correcto análisis de los antecedentes.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 214/2024 de 15 de octubre, cursante de fs. 290 vta. a 293 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0794_2024-S4.pdf · páginas 1 a 19.

Huella digital del PDF (SHA-256): 9d1e29970e0f1e813bf2a6155103108caaf9f99d29a749ab3b234204557a27cd

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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