Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 24 de julio de 2025
Deniega la tutela
El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la salud, al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación, congruencia, valoración de la prueba y presunción de inocencia; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación a una niña de trece años, la Jueza de primera instancia dispuso a su favor la modificación de su detención preventiva por detención domiciliaria; sin embargo, la autoridad demandada a través del Auto de Vista de 9 de febrero de 2023, revocó dicha determinación y dispuso nuevamente la privación de su libertad, porque supuestamente, aún se encontraban vigentes los riesgos procesales de los arts. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 02/2023 de 11 de febrero, cursante de fs. 74 vta. a 77, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia:
1° DENEGAR la tutela impetrada conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Disponer:
a) Mantener vigente el Auto de Vista de 9 de febrero de 2023, siempre y cuando por el transcurso del tiempo, no se hubiera resuelto o modificado la situación jurídica del accionante; b) Que, Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en casos similares, ante una demanda tutelar, y más, cuando de por medio se encuentren en tela de juicio derechos de niñas, niños y adolescentes, tiene la obligación de remitir los antecedentes necesarios para su evaluación en sede constitucional; de lo contrario, será pasible al envío de antecedentes al Consejo de la Magistratura;
c) Que Guido Castellón Carrillo y Anibal Ugarteche Barrancos, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, en casos similares puestos a su consideración, asuman de forma obligatoria, la jurisprudencia relacionada con la presentación de prueba en sede constitucional y su obligatoria remisión a este Tribunal Constitucional Plurinacional; así como, considerar los estándares nacionales e internacionales de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia; d) Por Secretaría General de este Tribunal, se notifique al Presidente del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo de la Magistratura para la difusión de este fallo constitucional; y, 3° Llamar la atención de forma severa a Guido Castellón Carrillo y Anibal Ugarteche Barrancos, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, con la advertencia, que de volver a incurrir en estas arbitrariedades y negligencias procesales, se remitirá antecedentes a la vía pertinente para las responsabilidades que corresponda.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0793/2025-S3 Sucre, 24 de julio de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 53630-2023-108-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 02/2023 de 11 de febrero, cursante de fs. 74 vta. a 77, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Franz Jesús Menacho Heredia en representación sin mandato de Walter Dalence Choque contra Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 10 de febrero de 2023, cursante de fs. 58 a 59 vta., el accionante a través de su representante, manifestó que:
Dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de violación niño, niña y adolescente, en audiencia de cesación de la detención preventiva de 20 de diciembre de 2022, fue desvirtuado a su favor el riesgo procesal del art. 234.7 del Código de Procedimiento Penal (CPP), sobre la base de abundantes informes periciales; sin embargo, esta determinación fue apelada incidentalmente por el Ministerio Público y por el Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz; consiguientemente, en audiencia de 9 de febrero de 2023, el Vocal demandado -mediante Auto de Vista-, dejó sin efecto dicha determinación y dispuso nuevamente su detención preventiva, sin aplicar lo establecido en ninguno de los numerales del art. 233 del CPP, a pesar de haber cumplido con todas las medidas dispuestas en el art. 231 bis. del mismo cuerpo legal, que fueron ordenadas por la jueza a quo; en ese entendido, esta determinación carece de una debida motivación, fundamentación, siendo incongruente, pues no valoró razonablemente la prueba; toda vez que: a) Respecto al art. 234.7 del CPP, que hace mención al peligro efectivo para la sociedad, en primera instancia quedó desvirtuado, al presentar un sin número de documentación: como certificados de antecedentes penales del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP), el Certificado de no Violencia (CENVI), de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN), de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), del Tránsito, de la Dirección Nacional de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (DIPROVE), entre otros. b) Concerniente al peligro para la víctima, se incurrió en incongruencia omisiva, porque la autoridad demandada no se pronunció sobre diferentes sentencias constitucionales plurinacionales que alegó en audiencia, ni sobre la cantidad de documentación presentada para desvirtuarlo, así como, la solicitud de homologación de medidas de protección, amplias garantías constitucionales unilaterales a la víctima, informes emitidos por: la Psicóloga del Régimen Penitenciario, que afirma no constituirse en un peligro para la víctima; por la Psicóloga del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF); informe pericial del Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (IITCUP) desvirtuando que sería una persona agresiva, por lo que, no sería un peligro para la víctima; sin embargo, el Vocal demandado mantuvo latente este riesgo procesal sin realizar una correcta valoración de la prueba, estableciendo que se realicen otras pericias psicológicas, sin haber sido determinadas por el juez de primera instancia, actuando de forma ultra petita, vulnerando sus derechos al debido proceso y a la libertad, sin circunscribirse al art. 398 del CPP, pues, de forma oficiosa cuestionó aspectos que no fueron observados por el juez a quo -respecto a la pericia para la víctima-. Si bien, las víctimas de violencia sexual, merecen una protección reforzada, también existe abundante jurisprudencia que establece que todo riesgo procesal no debe basarse en meras presunciones sino en pruebas fehacientes que respalden que el imputado es un peligro para la víctima; siendo que en su caso, no tuvo contacto con la víctima ni sus familiares; en todo caso, está cumpliendo con las garantías constitucionales que ofreció y las medidas de protección que solicitó se homologuen. Por lo que, considera que el Juez de primera instancia efectuó una correcta valoración integral de los antecedentes emitiendo una resolución a su favor debidamente fundamentada y motivada, respetando la presunción de su inocencia. c) Con relación al art. 235.2 del CPP, la autoridad demandada tampoco realizó una adecuada valoración de: c.1) La SC 1141/2003-R de 12 de agosto, que obliga a la autoridad judicial a expresar los motivos de hecho y derecho para basar su determinación, así como, a dar una correcta valoración de todos los medios de prueba; no debiendo realizar una simple relación de documentos o requerimientos; c.2) La SC 0339/2012 de 18 de junio, que establece la necesidad de analizar las condiciones y formalidades para mantener una medida cautelar de carácter personal; y, c.3) La SCP 0001/2019-S2 de 15 de enero, que señala que una medida cautelar debe ser excepcional y provisional, dispuesta por una resolución debidamente fundamentada y motivada, sustentada en evitar la fuga del imputado para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y el cumplimiento de la ley, donde se debe garantizar y respetar la presunción de inocencia. Consecuentemente, el Vocal demandado, revocó la determinación del Juez de primera instancia, manteniendo vigentes los riesgos procesales de los arts. 234.7 y 235.2 del CPP, mediante una resolución carente de fundamentación, motivación y congruencia, sin tomar en cuenta además que, padece de insuficiencia renal crónica y debe realizarse diferentes tratamientos para poder sobrevivir, encontrándose en situación de vulnerabilidad por el delicado estado de salud en el que se encuentra. Además, denuncia que la madre de la supuesta víctima, inventó un presunto hecho de violencia sexual en su contra, para recibir beneficios económicos; manteniendo amenazas de este tipo no solo a su persona sino a otras; siendo que ella, es la amenaza para su hija, quien le tiene miedo y hace lo que la progenitora le ordena; por esta razón, se encuentra interesado en llegar a la verdad histórica de los hechos, para lo cual, requiere defenderse en libertad.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, a la salud, al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación, congruencia, valoración de la prueba y presunción de inocencia, citando al efecto los arts. 15, 18, 21 al 24, 115.II, 116 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga: i) Dejar sin efecto el Auto de Vista de 9 de febrero de 2023; y, ii) Se proceda a un nuevo sorteo de la causa o que la autoridad demandada, dentro de la veinticuatro horas, emita una nueva resolución debidamente fundamentada, motivada y congruente.
Celebrada la audiencia pública el 11 de febrero de 2023, según consta en acta cursante de fs. 73 a 74, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de sus abogados, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, señaló que: a) El Vocal demandado no hizo una valoración de la documentación presentada, inobservando el art. 233.3 del CPP, además dentro de dos días, cumple seis meses de detención preventiva; sobre lo cual, al revocar la resolución de primera instancia que dispuso su libertad, y mantener esta medida cautelar, no hizo conocer cuál el plazo de la detención preventiva; sin tomar en cuenta que, la misma estaría dentro del término para su cumplimiento; b) El peligro efectivo para la sociedad ya fue desvirtuado por un Tribunal de alzada, y como consecuencia de ello, el Juez de primera instancia le otorgó la cesación de la detención preventiva, además de analizar correctamente los elementos probatorios para desvirtuarlo; empero, la autoridad demandada la revocó, alegando la ausencia de una pericia psicológica; sin embargo, el hecho que la víctima no se haya realizado, no es atribuible al imputado; y, c) Debe dejarse sin efecto el Auto de Vista de 9 de febrero de 2023; y hasta que se señale nueva audiencia de apelación, solicita que se disponga su inmediata libertad.
Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no presentó informe escrito, tampoco acudió a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, a pesar de su notificación cursante de fs. 64 a 65.
El Tribunal de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 02/2023 de 11 de febrero, cursante de fs. 74 vta. a 77, concedió la tutela impetrada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista de 9 de febrero de 2023, y que la autoridad demandada, emita una nueva resolución debidamente motivada y fundamentada, valorando de forma integral la documentación presentada por el imputado, sobre la base de lo establecido por los arts. 405 y 406 del CPP. Determinación efectuada con base en los siguientes fundamentos: 1) El Tribunal de garantías no cuenta con el referido Auto de Vista, a objeto de verificar los extremos denunciados; por lo que, conforme lo establece la SCP 0027/2018-S4 de 7 de marzo, ante el silencio de las autoridades demandadas, se presume la veracidad de lo denunciado por el accionante; en consecuencia, se tiene que la autoridad demandada vulneró sus derechos a la libertad, presunción de inocencia y al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia, al haber dispuesto su detención preventiva, sin realizar la valoración integral de los elementos de prueba que presentó a efectos de lograr la cesación de la detención preventiva; y, 2) No cursa el mandamiento de detención preventiva; siendo previsible atender la solicitud del accionante de forma positiva. En la vía de enmienda, complementación y ampliación, el accionante solicitó se aclare sobre: i) ¿Cuál la situación jurídica respecto a su libertad en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, pues de quedarse detenido, corre en peligro su vida por la violencia generada en ese lugar?; y, ii) ¿Cuál el plazo para fijar la nueva audiencia? En respuesta a dicha solicitud, el Tribunal de garantías mediante Auto de 11 de febrero de 2023, señaló: a) Con relación a la primera petición, se aclara que una vez el accionante notificado con la Resolución 02/2023, podrá solicitar el mandamiento de libertad ante la autoridad donde se encuentre radicando su causa en apelación; y, b) Respecto a la segunda solicitud, la audiencia de apelación debe llevarse a cabo máximo en el plazo de cinco días, computables a partir de la notificación con la presente Resolución.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Franz Jesús Menacho Heredia en representación sin mandato de Walter Dalence Choque -accionante-, a través de su demanda tutelar cuestiona la falta de motivación, fundamentación, valoración de prueba y congruencia del Auto de Vista de 9 de febrero de 2023, emitido por Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -demandado- que revocó la modificación de la medida cautelar de detención domiciliaria, disponiendo nuevamente su detención preventiva, dando vigencia a los riesgos procesales contenidos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP; de donde se tiene que, al plantear esta acción tutelar, se pretende que el Tribunal Constitucional Plurinacional ejerza el control de constitucionalidad de dicha resolución de alzada, por haber lesionado sus derechos a la libertad, a la salud, al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación, congruencia, valoración de la prueba y presunción de inocencia (fs. 58 a 59 vta.). II.2. De la revisión de obrados se tiene que el accionante no adjuntó el acta de audiencia de consideración de apelación del Auto Interlocutorio 1268/2022 de 20 de diciembre, donde se pueda analizar los puntos de agravio cuestionados por los apelantes respecto a la resolución de alzada a efectos de establecer su congruencia; así como tampoco, el Auto de Vista de 9 de febrero de 2023, para que este Tribunal pueda realizar el contraste dentro del ejercicio de control de constitucionalidad tutelar de la medida cautelar y poder determinar si realmente se constituye o no, en un acto lesivo para los derechos del impetrante de tutela. II.3. Del análisis del acta de audiencia de consideración de la presente acción tutelar, se advierte que la autoridad demandada, tampoco remitió ante el Tribunal de garantías el legajo procesal -Acta ni Auto de Vista de 9 de febrero de 2023-; por lo que, no se cuenta con el objeto de estudio tutelar, para poder advertir la lesión o no, de los derechos del accionante (fs. 73 a 74).
El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la salud, al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación, congruencia, valoración de la prueba y presunción de inocencia; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación a una niña de trece años, la Jueza de primera instancia dispuso a su favor la modificación de su detención preventiva por detención domiciliaria; sin embargo, la autoridad demandada a través del Auto de Vista de 9 de febrero de 2023, revocó dicha determinación y dispuso nuevamente la privación de su libertad, porque supuestamente, aún se encontraban vigentes los riesgos procesales de los arts. 234.7 y 235.2 del CPP, sobre la base de una determinación ultra petita, que no valoró de forma integral los elementos probatorios presentados, indebidamente motivada, fundamentada e incongruente. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para lo cual, con carácter previo se analizarán los siguientes problemas de carácter procesal: 1) El alcance de la presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante en los casos de medidas cautelares; 2) El deber del accionante de presentar la prueba pertinente en casos donde se encuentren dilucidándose medidas cautelares: 2.i) Sobre la presentación de la prueba en sede constitucional a efectos de realizar el contraste constitucional; y, 2.ii) Sobre el deber que tiene la parte accionante de presentar prueba idónea, en casos donde se encuentren dilucidándose medidas cautelares; y, 3) Sobre la debida diligencia reforzada y la protección especial ante casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Obligación del accionante de presentar prueba a efectos de realizar el análisis integral del problema jurídico relacionado con medidas cautelares.
La SCP 0379/2019-S2 de 14 de junio, respecto a la presunción de veracidad, realizó el siguiente trabajo de sistematización:
«La jurisprudencia constitucional entendió inicialmente a través de las SSCC 1068/00-R de 15 de noviembre de 2000 y 1388/2002-R de 18 de noviembre, entre otras, que para la concesión del entonces recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, debería existir prueba que demostrara las afirmaciones del accionante.
Posteriormente, a través de las SSCC 1164/2003-R de 19 de agosto y 0785/2010-R de 2 de agosto, se determinaron excepciones a la denegatoria de la acción de libertad por falta de pruebas, aplicando el principio de presunción de veracidad, en los siguientes supuestos: a) Cuando las autoridades demandadas no asistieron a la audiencia ni presentaron el informe correspondiente para desvirtuar las afirmaciones de la o el impetrante de tutela, supuestos en los cuales, se tienen por ciertas las afirmaciones contenidas en la demanda tutelar; y por ende, se concede la tutela; razonamiento aplicado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0224/2012, 1329/2012, 2498/2012 y 0029/2014-S1, entre otras; y, b) Cuando las autoridades demandadas, a pesar de comparecer, no negaron los hechos alegados por la o el solicitante de tutela; razonamiento aplicado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1974/2013, 0100/2014 y 0207/2014, entre otras. En el mismo sentido, la SC 0038/2011-R de 7 de febrero, refiere sobre la presunción de veracidad de los hechos demandados por el accionante; estableciendo que, atendiendo a los principios constitucionales de compromiso e interés social, de responsabilidad que rigen la función pública y a la naturaleza de los derechos tutelados por la acción de libertad, señala: “…cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos”. Entendimiento que fue reiterado, entre otras, por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0320/2016-S3 de 3 de marzo y 0037/2018-S2 de 6 de marzo. En consecuencia, la parte demandada tiene la obligación, por su propio interés, de presentar la prueba necesaria y suficiente que permita desestimar una acción presentada en su contra, pues su negligencia puede dar lugar a determinarle responsabilidad, más aún, cuando se trata de un servidor público, que tiene el deber de elevar un informe con la prueba suficiente ante el juez o tribunal de garantías y estar presente en la audiencia; pues de lo contrario, se presume la veracidad de los hechos o actos denunciados por la o el accionante».
1El FJ III.3, sostiene: “Según señala la doctrina del Derecho Administrativo, el servidor público ʽ…es la persona física, que desempeña un trabajo material, intelectual o físico dentro de alguno de los Poderes del Estado, bajo un régimen jurídico de derecho público, y que lleva como finalidad atender a necesidades sociales.´ (SÁNCHEZ GÓMEZ, citado en PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Bernardo. Ética del abogado y del servidor público. 12ª ed. Méjico, 2006. p. 127). Tradicionalmente, para garantizar el logro de los fines del Estado, la función pública ha implicado una posición de autoridad respecto a los administrados; sin embargo, conforme a la doctrina contemporánea del Derecho Administrativo, dicha autoridad no es un fin en sí misma, sino un medio para un efectivo servicio a la sociedad.
Con esa orientación, el art. 232 de la CPE, establece que: ʽLa Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados´ (negrillas agregadas) y el art. 235.1 de la misma Ley Fundamental, consagra que la primera y más importante obligación de las servidoras y servidores públicos, es cumplir la Constitución y las leyes.
Partiendo del marco doctrinal y constitucional referido, se debe señalar que en el caso de la acción de libertad, atendiendo especialmente a los principios de compromiso e interés social y de responsabilidad que rigen la función pública, así como a la naturaleza de los derechos tutelados por esa garantía jurisdiccional, cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos.
En ese sentido, la SC 1164/2003-R de 19 de agosto de 2003 señaló: ʽLos hechos denunciados por el recurrente no han sido desvirtuados por la autoridad demandada al no haber concurrido a la audiencia de Ley ni haber presentado su informe no obstante de su legal citación (…) lo que determina la procedencia del recurso´ y la SC 0650/2004-R de 4 de mayo, determinó: `…el funcionario recurrido, una vez citado legalmente con el recurso no comparece a la audiencia del hábeas corpus y no presenta informe alguno, por lo mismo, no niega ni desvirtúa las denuncias formuladas por el recurrente; en ese caso, el silencio del recurrido será considerado como confesión de haber cometido el hecho ilegal o indebido denunciado en el recurso´; entendimientos reiterados, entre otras, por las SSCC 0141/2006-R, 020/2010-R y 0181/2010-R.
Así, siguiendo esa línea la SC 0785/2010-R de 2 de agosto, refirió: ʽ…se tendrán por probados los extremos denunciados cuando las autoridades denunciadas, no desvirtúen los hechos demandados, situación que concurre cuando no obstante su legal notificación no comparecen a la audiencia ni presten su informe de ley´”.
Sobre el particular cabe aclarar que, no todos los problemas planteados a través de una acción de libertad, pueden ser sometidos a la presunción de veracidad de los hechos denunciados por el accionante; pues, conforme lo señala la SCP 0102/2014-S1 de 24 de noviembre, las autoridades constitucionales tienen la obligación de analizar las circunstancias del caso y verificar que su aplicación no afecte derechos de terceros o al interés público, máxime si se trata de casos vinculados con violencia en razón de género, donde el deber de asegurar el equilibrio entre la víctima y el imputado o acusado forma parte de un debido proceso constitucional y de un real acceso a la justicia, que debe ser asegurado en la jurisdicción constitucional. En ese entendido, cuando la parte accionante solicita realizar la contrastación de una resolución en el marco del ejercicio de control de constitucionalidad tutelar en medidas cautelares, denunciando su falta de motivación, fundamentación, su incongruencia omisiva, ausencia de valoración de la prueba o pida el análisis de la legalidad ordinaria, se debe tomar en cuenta, que si bien la autoridad que lo emite se constituye en la parte demandada dentro del proceso constitucional por la presunta lesión de los derechos del impetrante de tutela; empero, se trata de una determinación que se pronuncia dentro un proceso penal, donde no solo se debaten los derechos e intereses del accionante, sino también de terceros que incluso pueden encontrarse en escenarios de mayor vulnerabilidad, como los casos vinculados con violencia donde las víctimas son niñas, niños y/o adolescentes, circunstancia que exige un análisis particular por los bienes jurídicos involucrados y la adopción de un enfoque interseccional que tenga en cuenta su condición de género, edad y su situación de vulnerabilidad a la violencia. En dichos casos, de ninguna manera puede aplicarse la presunción de veracidad de los hechos alegados por el solicitante de tutela, ante la falta de informe o inasistencia de la la autoridad demandada en una acción de libertad; porque, en primer orden, la denuncia del acto lesivo relacionado por la falta de fundamentación y motivación de una resolución de medida cautelar exige su contrastación necesaria; y, en segundo orden, se estaría sometiendo a un absoluto estado de indefensión a la otra parte del proceso penal, con probable afectación directa a sus derechos, otorgándole la razón al accionante sin tener los medios probatorios suficientes para contrastar la resolución cuestionada, en detrimento del derecho a la defensa del oponente dentro del proceso ordinario e irrumpiendo arbitrariamente, sin certidumbre jurídica, en la labor propia de la jurisdicción ordinaria. Consecuentemente, tratándose de medidas cautelares, si el accionante considera que una determinada resolución vulnera su derecho al debido proceso en cualquiera de sus componentes, tiene la responsabilidad de probar de qué manera la autoridad judicial incurrió en arbitrariedades, a efectos que la jurisdicción constitucional verifique si cumplió o no, con los elementos de una adecuada argumentación, asegurando de esta forma que la jurisdicción constitucional cuente con las herramientas necesarias para realizar una efectiva labor de control de constitucionalidad tutelar, esto, sin perjuicio del deber que tiene la autoridad demandada de cumplir con la obligación de presentar informe o remitir los antecedentes pertinentes. De esta manera, cuando tanto la parte accionante, como la autoridad demandada no cumplen con la responsabilidad de asegurar que la jurisdicción constitucional cuente con la certidumbre de los hechos o con ningún elemento de contrastación pertinente de los hechos, la presunción de veracidad no puede ser aplicada de ninguna manera en los casos de medidas cautelares, pues ello, implicaría aceptar a simple vista los hechos relacionados por el accionante, generando un desequilibrio procesal con la otra parte involucrada en el proceso penal, sin realizar, con carácter previo, la contrastación de la resolución objetada, que además se constituye en el elemento probatorio elemental para verificar si se cometió o no, el acto lesivo de los derechos alegados por el accionante; más, cuando en los casos vinculados con violencia en razón de género, la jurisdicción constitucional tiene la obligación de realizar un análisis integral de los hechos puestos a su consideración, para asegurar el equilibrio en el proceso penal de la víctimas de violencia, con mayor razón si entre las víctimas se encuentra niñas, niños y/o adolescentes, supuesto que exige el deber de aplicar un enfoque diferenciado e interseccional. Finalmente cabe aclarar, que en casos donde el accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en su componente de celeridad, por la dilación indebida o arbitraria en la que incurrió la autoridad judicial u otros funcionarios subalternos, en la tramitación de una actuación judicial, no afecta derechos de terceros, por el contrario, toda solicitud de celeridad, cumplimiento de plazos y debida diligencia, favorece a todas las partes procesales, en procura de efectivizar el acceso a una justicia pronta y oportuna; razón por la cual, en estos casos la jurisdicción constitucional puede aplicar la presunción de veracidad de los hechos o actos denunciados por el accionante en los casos establecidos por la jurisprudencia, sobre todo, porque no se afectan derechos ni intereses de terceros interesados dentro del proceso penal.
Sobre la base de lo establecido por los arts. 125 y 126 de la CPE; y, 46 a 49 del Código Procesal Constitucional (CPCo), el carácter de la acción de libertad es: a) Rápido, pues debe celebrarse la audiencia dentro de las veinticuatro horas de su presentación, no pudiendo ser suspendida, debiendo la autoridad constitucional dictar sentencia en el mismo acto, quedando notificadas las partes con la lectura de la resolución; constituyéndose en un mecanismo inmediato y oportuno para la restauración y restitución de los derechos que protege; b) Sencillo, por su carácter informal, ya que puede ser presentada de manera oral o escrita, con o sin la colaboración de un abogado, por sí o a través de un representante legal o sin mandato, entre otras características de la informalidad, donde se hace prevalecer el derecho sustancial respecto al formal; y, c) Eficaz, porque se constituye en un mecanismo constitucional, que garantiza de forma efectiva e idónea el resguardo, la protección y el restablecimiento de los derechos que tutela. De donde se tiene que, la rapidez, sencillez y eficacia, son elementos que caracterizan a la acción de libertad; sin embargo, para otorgar una idónea tutela a los derechos que protege, deben engranar de forma armónica; constituyéndose la prueba, en la única herramienta de engranaje para que la acción de libertad logre la finalidad de tutelar los derechos puestos a su consideración, sobre la base de elementos de convicción y no de meras presunciones o suposiciones. En ese sentido, en los casos puestos a consideración de la jurisdicción constitucional, donde se encuentre de por medio el análisis de una medida cautelar, las autoridades constitucionales deben contar necesariamente, con los instrumentos de contrastación -las resoluciones objeto de vulneración de derechos, las actas de audiencias correspondientes, los puntos de apelación, entre otros- a efectos de verificar la supuesta lesión del derecho cuestionado, en el marco del ejercicio de control de constitucionalidad tutelar; en consecuencia, el accionante no debe esperar que la autoridad demandada remita estos antecedentes ante las autoridades constitucionales o que se solicite prueba; puesto que en una gran mayoría de casos, las autoridades demandadas, a pesar de ser conminadas, no cumplen con esta atribución; quedando la autoridad constitucional sin medio probatorio para analizar la veracidad o no del acto lesivo, correspondiendo en estos asuntos denegar la tutela por falta de prueba, dado el corto plazo que tiene para resolver el asunto y la prohibición de suspensión de la audiencia tutelar; consiguientemente, quedan en la retórica estos tres elementos, vale decir, que no funcionan armónicamente, cuando no existen elementos de convicción a ser analizados para la protección o no de los derechos tutelados por la acción de libertad; en razón a ello, el accionante anula su pretensión, cuando no se asegura de prueba idónea que sustente la verdad de los hechos y otorgue certidumbre sobre su denuncia a las autoridades constitucionales; por lo que, tiene la responsabilidad a su favor, de presentar la prueba necesaria que respalde su pretensión. Finalmente, si bien los arts. 126 de la CPE y 49 del CPCo, establecen que la acción de libertad debe ser resuelta dentro de las veinticuatro horas de interpuesta, en una sola audiencia, en la cual debe dictarse sentencia y notificarse a las partes; sin embargo, ello no es un óbice para que, sobre la base de los principios de informalismo, verdad material e inmediación, de acuerdo al caso y a la negligencia de las autoridades o funcionarios demandados, las autoridades constitucionales puedan solicitar la remisión de la prueba que la autoridad demandada tenga en su poder, pudiendo en caso de omisión adoptar las medidas que considere necesarias para contar con la prueba necesaria a efectos de celebrar la audiencia respectiva con la finalidad de materializar la tutela judicial efectiva como principio rector de la justicia constitucional. Consecuentemente, conforme a la jurisprudencia glosada, se tienen vigentes los siguientes entendimientos: 1) El accionante tiene la responsabilidad de adjuntar a su memorial de acción de libertad, la prueba necesaria para acreditar la veracidad de su denuncia, a objeto de lograr sus pretensiones, porque corre por su cuenta, la carga de demostrar la existencia o no, del acto lesivo que supuestamente restringe o vulnera sus derechos; de lo contrario, peor si la parte demandada no asume defensa a través de informes u otra prueba, las autoridades constitucionales no podrán emitir una resolución a su favor o en su contra, precisamente por falta de prueba en la que puedan sustentarla, previa constatación si efectivamente se lesionaron o no, derechos y garantías del impetrante de tutela; 2) En casos donde de por medio confluyan situaciones de mayor vulnerabilidad o interseccionalidad, o en aquellos donde el juez, tribunal de garantías o la sala constitucional lo vean por conveniente, deben dirigirse al lugar de la privación de libertad o donde se encuentre el accionante, para constatar la supuesta lesión de sus derechos y el escenario de vulnerabilidad en el que se encuentra; con base en los principios de informalismo, verdad material, prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal, inmediación, diligencia y celeridad -entre otros- que rigen la justicia constitucional; 3) Por mandato de los arts. 235.2 de la CPE y 35 del CPCo, la parte demandada está obligada por su propio interés a presentar prueba y acudir a la audiencia tutelar para asumir defensa, desestimando la acción de libertad, de lo contrario, incurre en negligencia; sobre la base de este razonamiento, en caso que el accionante no presente prueba idónea, para sustentar su pretensión, la autoridad constitucional puede basar su decisión en la prueba aportada por la parte demandada, siempre y cuando, la considere suficiente, a efectos de conceder o denegar la tutela impetrada; 4) Solo en aquellos casos, donde no se afecten derechos de terceros interesados dentro de procesos penales, se puede aplicar la presunción de veracidad; es decir, únicamente cuando se denuncien dilaciones innecesarias, indebidas o arbitrarias, cuyo objetivo sea otorgar la celeridad y la diligencia a una tramitación que beneficia a ambas partes procesales, o cuando solo se encuentre involucrado el derecho del accionante; y, 5) El juez, tribunal de garantías o la sala constitucional, tienen la obligación de remitir el legajo procesal puesto a su consideración por la jurisdicción ordinaria, que contenga la prueba necesaria para que el Tribunal Constitucional Plurinacional pueda realizar el contraste correspondiente dentro del ejercicio de control de constitucionalidad tutelar; de lo contrario, son pasibles de responsabilidad, por los costos adicionales de tiempo que ocasionarían, al tener que solicitar documentación desde su sede, provocando una dilación innecesaria.
relacionado con medidas cautelares
La SCP 0351/2025-S3 de 15 de mayo, establece en su Fundamento Jurídico III.3.3, que la aplicación de la debida diligencia reforzada en casos de violencia o violación sexual contra niñas, niños y adolescentes, está sustentada en:
«…ia) Los principios de interés superior de las niñas, niños y adolescentes; prioridad absoluta; corresponsabilidad; ejercicio progresivo de sus derechos; especialidad; no discriminación, respeto al derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo; y, de respeto a la opinión y a su derecho a ser oído; ib) Los derechos a su desarrollo integral, a su integridad personal, que comprende la integridad física, psicológica y sexual y el respeto a su vida y dignidad; ic) La protección especial y reforzada contra cualquier forma de violencia; id) La adopción de un enfoque interseccional que tenga en cuenta su condición de género, edad y la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir este sector poblacional, en razón a su minoría de edad -perspectiva de género y niñez-; ie) La aplicación de componentes diferenciados, asumiendo que no se encuentran en las mismas condiciones que un adulto, tomando en cuenta sus capacidades en evolución, su edad, el grado de madurez y el nivel de compresión, sin alguna discriminación; if) La sensibilidad por la experiencia sumamente traumática que conlleva un acto de violencia o violación sexual, que se agrava severamente en las niñas, niños y adolescentes, ocasionando un trauma emocional diferenciado de los adultos; más cuando, se genera dentro del entorno familiar; ig) La aplicación de un criterio reforzado de celeridad en las tramitaciones administrativas y judiciales; ih) La atención prioritaria e inmediata a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, en todos los niveles estatal tanto administrativos como judiciales; ii) En dotar de efectividad a los derechos de niñas, niños y adolescentes cuando son víctimas de estos delitos de violencia o violación sexual, garantizando el ejercicio pleno de sus derechos; ij) En evitar la revictimización o reexperimentación en todas las esferas de la familia, la sociedad y el Estado, sobre la profunda experiencia traumática de la víctima por su situación agravada de vulnerabilidad; y, ik) En evitar la violencia institucional. (…) La debida diligencia reforzada, contiene los siguientes elementos: ii.4) El Estado, la sociedad y la familia tienen la obligación de proteger y asegurar el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, respecto a su lesión frente a actos de violencia; en ese sentido, el Estado en todos sus niveles debe adoptar políticas para prevenir, investigar, sancionar, castigar, indemnizar, reparar y erradicar la violencia, y de rehabilitación y reinserción de la víctima; Asimismo, debe asumir medidas jurídicas para que el agresor se abstenga de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida, integridad física o propiedad de este sector poblacional, que incluyan medidas de protección apropiadas para crear un entorno de apoyo que las aliente a reclamar sus derechos y denunciar delitos de violencia cometidos en su contra, juicio oportuno y acceso efectivo a los procedimientos ; en ese sentido, se entiende que el ejercicio de la violencia conlleva a la responsabilidad estatal, no solo por actos cometidos por particulares sino por agentes estatales; por ello, debe implementar los mecanismos necesarios y medidas con la debida diligencia de forma reforzada; ii.5) Todos los casos relacionados con violencia o violación sexual contra niñas, niños y adolescentes, deben ser analizados desde un enfoque diferenciado e interseccional tomando en cuenta su condición de género y niñez -edad-, discapacidad, condición económica -según el caso-, asumiendo la situación de doble vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir este sector poblacional , en razón a ser una persona menor de 18 años, no solo frente a su perpetrador, sino, ante todo un proceso judicial; a efectos de aplicar la protección especial y reforzada; ii.6) Las jurisdicciones ordinarias y constitucionales, tienen la obligación de adoptar procedimientos adaptados a las niñas, niños y adolescentes, pues al tiempo de observarse la garantía del debido proceso, deben aplicar componentes diferenciados, tomando en cuenta que su participación dentro del proceso no se da en las mismas condiciones que un adulto; que implica un acceso a la justicia accesible y apropiado a cada uno de ellos, por su edad, grado de madurez y nivel de comprensión, capacidades en evolución y sin discriminación de ninguna índole, prevaleciendo el interés superior de este sector poblacional; ii.7) Las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a ser oídos y participar en las diferentes etapas del proceso, con las debidas garantías y ante una autoridad competente, siempre que ello, no signifique revictimización; (…)»
Sobre la base del estándar nacional e internacional de la debida diligencia reforzada, todas las autoridades judiciales y en especial las autoridades constitucionales tienen la responsabilidad de otorgar una protección reforzada a las niñas, niños y adolescentes; en ese sentido, cuando se presente un asunto relacionado con medidas cautelares, donde se encuentre de por medio los derechos de este sector poblacional, tienen el deber realizar un análisis integral de todo el problema jurídico, con el objetivo de evitar lesiones a sus derechos; y en todo caso, cumplir con su resguardo reforzado.
En ese entendido, en casos relacionados con violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, el accionante que pretende dejar sin efecto una resolución que dispuso su detención preventiva, por considerar que supuestamente lesionó sus derechos al debido proceso en cualquiera de sus elementos, en consecuencia, su libertad, tiene la responsabilidad de presentar la prueba idónea para respaldar sus pretensiones, al margen que la autoridad demandada cumpla o no, con la presentación de sus informes y pruebas a efectos de asumir defensa; toda vez que, la autoridad constitucional, asume la obligación de analizar minuciosamente los actuados procesales donde se encuentran involucrados derechos de niñas, niños o adolescentes, a efectos de cumplir con carácter previo a evaluar las pretensiones del accionante, con el mandato internacional de: i) Velar por el interés superior de los niños o adolescentes con prioridad absoluta respecto a los derechos o intereses del propio accionante -considerado el imputado o acusado dentro del proceso penal por violencia sexual-; ii) Respetar el derecho a la opinión, expresado directamente o a través de sus abogados, plasmado en los actuados a ser evaluados; iii) Asumir enfoques diferenciales o interseccionales, que tengan en cuenta la vulnerabilidad a la violencia que sufre este sector poblacional, siendo que no se encuentran en las mismas condiciones que un adulto; iv) Tomar en cuenta la experiencia sumamente traumática que conlleva un acto de violencia sexual, más cuando se genera dentro del entorno familiar; y, v) Evitar su revictimización y la violencia institucional. Para lo cual, aún en casos donde el accionante busca la tutela de sus derechos, también la autoridad constitucional, tiene el deber de velar por el desarrollo integral y la materialización del interés superior de la niña, niño y adolescente víctima de violencia sexual, asumiendo el estándar de la debida diligencia para la protección especial y reforzada de sus derechos; evitando que el derecho del accionante, limite o discrimine los derechos de un sector de la población tan vulnerable; a quienes en todo caso, se les debe garantizar el acceso a una justicia diferenciada, informal, pronta, oportuna, sin dilaciones, eficiente y que garantice el respeto a sus derechos.
Consiguientemente, en aquellos casos relacionados con medidas cautelares, donde de por medio se encuentren en tela de juicio derechos de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, especial atención cobra el deber que tienen los jueces de garantías de asegurar que en casos relacionados con medidas cautelares emergentes de procesos penales por delitos de violencia, de observar lo previsto en el art. 35.2 del CPCo, que dispone que la jueza, juez o tribunal, de estimarlo necesario ordenará la notificación para la audiencia a terceros interesados que puedan ser afectados en sus derechos o que aporten mayores elementos de juicio, para dictarse resolución.
De lo contrario, se los estaría sometiendo a un estado de indefensión absoluta, incumpliendo con la responsabilidad internacional asumida por el Estado boliviano de garantizar la materialización de los elementos de la debida diligencia reforzada, a favor de las niñas, niños y adolescentes; sobre todo, porque se estaría inobservando el compromiso de velar por el interés superior y la protección reforzada de este sector poblacional sobre cualquier interés o derechos de otros -imputado o acusado-.
El accionante enfoca su problemática, en el hecho que dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación a una niña de trece años, la autoridad demandada a través del Auto de Vista de 9 de febrero de 2023, dejó sin efecto el Auto Interlocutorio 1268/ 2022 de 20 de diciembre, que le otorgó a su favor la detención domiciliaria, disponiendo nuevamente su detención preventiva, por considerar la vigencia de los riesgos procesales establecidos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP; empero, considera que esa decisión de segunda instancia es arbitraria y ultra petita, porque no se encuentra debidamente motivada, fundamentada e incongruente, puesto que no valoró de forma integral, todos los elementos probatorios que presentó para poder desvirtuarlos; por lo que, el Vocal demandado lesionó sus derechos a la libertad, presunción de inocencia, al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación, congruencia y valoración de la prueba. Ahora bien, de la revisión de obrados se tiene que el accionante no adjuntó a esta acción de libertad el acta de audiencia de consideración de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 1268/2022 ni el Auto de Vista de 9 de febrero de 2023, para poder evaluar los puntos de agravio cuestionados respecto a la resolución de alzada a efectos de analizar su congruencia y/o realizar el análisis del referido Auto de Vista para poder determinar si realmente se constituye o no, en un acto lesivo para los derechos del accionante; así como tampoco, el Vocal demandado remitió ante el Tribunal de garantías el legajo procesal correspondiente; por lo que, no se cuenta con el objeto de estudio o contraste tutelar, para poder advertir la vulneración o no, de los derechos del impetrante de tutela. Sobre el particular, conforme lo señalado en Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 de este fallo constitucional, en los casos puestos a consideración de la jurisdicción constitucional, donde se encuentre de por medio el análisis de una medida cautelar, las autoridades constitucionales deben contar necesariamente, con los instrumentos de contrastación -las resoluciones objeto de vulneración de derechos, las actas de audiencias correspondientes, los puntos de apelación, entre otros- a efectos de verificar la supuesta lesión del derecho cuestionado, en el marco del ejercicio de control de constitucionalidad tutelar de una medida cautelar; en consecuencia, el accionante no debe esperar que la autoridad demandada remita estos antecedentes ante las autoridades constitucionales o que se solicite prueba; puesto que en una gran mayoría de casos, las autoridades demandadas, a pesar de ser conminadas, no cumplen con esta atribución; quedando la autoridad constitucional sin medio probatorio para analizar la veracidad o no del acto lesivo, correspondiendo en estos asuntos denegar la tutela por falta de prueba, dado el corto plazo que tiene para resolver el asunto y la prohibición de suspensión de la audiencia tutelar. Asimismo, en medidas cautelares, tampoco es posible aplicar la presunción de veracidad de los hechos alegados por el solicitante de tutela, ante la falta de informe o inasistencia de la autoridad demandada en una acción de libertad; porque, en primer orden, la denuncia del acto lesivo relacionado con la falta de fundamentación y motivación de una resolución de medida cautelar exige su contrastación necesaria; en segundo orden, se estaría sometiendo a un absoluto estado de indefensión a la otra parte del proceso penal, con probable afectación directa a sus derechos, otorgándole la razón al accionante sin tener los medios probatorios suficientes para contrastar la resolución cuestionada, en detrimento del derecho a la defensa del oponente dentro del proceso ordinario e irrumpiendo arbitrariamente, sin certidumbre jurídica, en la labor propia de la jurisdicción ordinaria. Consiguientemente, quedarían en la retórica el carácter rápido, sencillo y eficaz de la acción de libertad, cuando no existen elementos de convicción a ser analizados para la protección o no de los derechos tutelados por esta acción tutelar; en razón a ello, el accionante anula su pretensión, cuando no se asegura de prueba idónea que sustente la verdad de los hechos y otorgue certidumbre sobre su denuncia a las autoridades constitucionales; por lo que, tiene la responsabilidad a su favor, de presentar la prueba necesaria que respalde su pretensión. En el caso de autos, el impetrante de tutela pretende dejar sin efecto el Auto de Vista de 9 de febrero de 2023, por constituirse en el acto lesivo de sus derechos a la libertad y al debido proceso, al disponer nuevamente la medida cautelar de detención preventiva en su contra, alegando que se emitió una resolución sin la debida motivación y fundamentación, con incongruencia omisiva y sin valorar de forma integral los elementos de convicción presentados para desvirtuar los riesgos procesales de los arts. 234.7 y 235.2 del CPP; sin embargo, este Tribunal no cuenta con el citado Auto de Vista, ni con el acta de consideración de la apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 1268/2022, para poder verificar y contrastar, si realmente se constituye en una decisión arbitraria y vulneratoria de los derechos del accionante; prueba que no fue aportada ni por el accionante a tiempo de presentar esta acción de libertad ni por la autoridad demandada al momento de haber sido notificada con demanda tutelar presentada en su contra. Consecuentemente, al no existir prueba idónea y al tratarse de medidas cautelares, este Tribunal se ve impedido de poder ejercer el control de constitucionalidad tutelar del cuestionado Auto de Vista de 9 de febrero de 2023, ameritando denegar la tutela impetrada por falta de prueba, teniendo en cuenta que no es posible aplicar la presunción de veracidad de los hechos alegados, cuando se trata de una determinación que se ha pronunciado dentro de un proceso penal, donde no solo se debaten los derechos e intereses del accionante, sino también de terceros que incluso pueden encontrarse en escenarios de mayor vulnerabilidad, como los casos vinculados con violencia sexual. En efecto, cabe aclarar que conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, en casos relacionados con violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, el accionante que pretende dejar sin efecto una resolución que dispuso su detención preventiva, por considerar que supuestamente lesionó sus derechos al debido proceso en cualquiera de sus elementos, en consecuencia, su libertad, tiene la responsabilidad de presentar la prueba idónea para respaldar sus pretensiones, al margen que la autoridad demandada cumpla o no, con la presentación de sus informes y pruebas a efectos de asumir defensa; toda vez que, la autoridad constitucional, asume la obligación de analizar minuciosamente los actuados procesales donde se encuentran involucrados derechos de niñas, niños o adolescentes, a efectos de cumplir con carácter previo a evaluar las pretensiones del accionante, con el mandato internacional de: a) Velar por el interés superior de los niños, niñas o adolescentes con prioridad absoluta respecto a los derechos o intereses del propio accionante -imputado o acusado dentro del proceso penal por violencia sexual-; b) Respetar el derecho a la opinión, expresado directamente o a través de sus abogados, plasmado en los actuados a ser evaluados; c) Asumir enfoques diferenciales o interseccionales, que tengan en cuenta la vulnerabilidad a la violencia que sufre este sector poblacional, siendo que no están en las mismas condiciones que un adulto; d) Tomar en cuenta la experiencia sumamente traumática que conlleva un acto de violencia sexual, más cuando se genera dentro del entorno familiar; y, e) Evitar su revictimización y la violencia institucional. Para lo cual, aún en asuntos donde el peticionante de tutela busca el resguardo de sus derechos, también la autoridad constitucional, tiene el deber de velar por el desarrollo integral y la materialización del interés superior de la niña, niño y adolescente víctima de violencia sexual, asumiendo el estándar de la debida diligencia para la protección especial y reforzada de sus derechos; evitando que el derecho del accionante, limite o discrimine los derechos de un sector de la población tan vulnerable; a quienes en todo caso, se les debe garantizar el acceso a una justicia diferenciada, informal, pronta, oportuna, sin dilaciones, eficiente y que garantice el respeto a sus derechos.
Razones por las cuales, este Tribunal en medidas cautelares, sin perjuicio del deber que tiene la autoridad demandada de presentar informe y remitir los antecedentes pertinentes, exige al accionante la responsabilidad de adjuntar a su memorial de acción de libertad, la prueba necesaria para acreditar la veracidad de su denuncia, a objeto de lograr sus pretensiones, porque corre por su cuenta, la carga de demostrar la existencia o no, del acto lesivo que supuestamente restringe o vulnera sus derechos; de lo contrario, se generaría un desequilibrio contrario a los estándares de debida diligencia reforzada en casos de víctimas de violencia; más aún, si la parte demandada no asume defensa a través de informes u otra prueba, este Tribunal no puede emitir una resolución a su favor o en su contra, precisamente por falta de prueba en la que pueda sustentar sus alegatos; particular protección cobra, cuando de por medio, se encuentra en tela de juicio derechos de una niña de trece años, víctima de violencia sexual; a favor de quien el Estado boliviano asumió los compromisos internacionales de lucha contra todo tipo de violencia, de aplicar la debida diligencia reforzada a efectos de proteger su interés superior y su desarrollo integral, incluso por encima de los derechos e intereses del accionante; por lo que, corresponde denegar la tutela impetrada, sin ingresar a conocer el fondo de la problemática planteada.
El Tribunal de garantías al haber concedido la tutela impetrada con base en la presunción de veracidad de los hechos alegados por el accionante, frente a la ausencia de la autoridad demandada en la audiencia tutelar y la no presentación de informes o pruebas a efectos de asumir su defesa, actuó de forma arbitraria y negligente, inobservando la jurisprudencia constitucional; toda vez que, conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, cuando la parte accionante solicita realizar la contrastación de una resolución en el marco del ejercicio de control de constitucionalidad tutelar en medidas cautelares, denunciando su falta de motivación, fundamentación, su incongruencia, ausencia de valoración de la prueba o pida el análisis de la legalidad ordinaria, se debe tomar en cuenta que, si bien, la autoridad que lo emite se constituye en la parte demandada dentro del proceso constitucional por la presunta lesión de los derechos del impetrante de tutela; empero, se trata de una determinación que se pronuncia dentro un proceso penal, donde no solo se debaten los derechos e intereses del accionante, sino también de terceros que incluso pueden encontrarse en escenarios de mayor vulnerabilidad; casos en los cuales, de ninguna manera puede aplicarse la presunción de veracidad de los hechos alegados por el solicitante de tutela, ante la ausencia de defensa de la autoridad demandada en una acción de libertad; porque se estaría sometiendo a un absoluto estado de indefensión a la otra parte del proceso penal, vulnerando sistemáticamente sus derechos, otorgándole la razón al accionante sin tener los medios probatorios suficientes para contrastar la resolución cuestionada, en detrimento del derecho a la defensa del oponente dentro del proceso ordinario e irrumpiendo arbitrariamente en la labor propia de la jurisdicción ordinaria. En el caso de autos, el Tribunal de garantías inobservó el sentido teleológico de la aplicación de presunción de veracidad de los hechos alegados por el accionante en la acción de libertad, pues omitió considerar que no todos los problemas planteados a través de una acción de libertad, pueden ser sometidos a la presunción de veracidad de los hechos denunciados por el accionante, pues ésta debe ser aplicada analizando las circunstancias del caso, verificando que su aplicación no afecte derechos de terceros o al interés público, tal el caso de acciones de libertad emergentes de procesos penales. Por otro lado, el Tribunal de garantías tampoco tomó en cuenta que si el accionante consideraba que una determinada resolución de medida cautelar vulneraba su derecho al debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación, para que la jurisdicción constitucional verifique si se cumplió o no, con los elementos de una adecuada argumentación, resulta imprescindible realizar una contrastación de la resolución cuestionada, dado que, para un adecuado ejercicio de control de constitucionalidad tutelar en medidas cautelares, se debe contar con las herramientas procesales y el andamiaje probatorio para hacerlo; pero de ninguna forma, es permisible aplicar la presunción de veracidad, para aceptar la sola alegación de la parte accionante, sin realizar con carácter previo la contrastación de la resolución objetada, que además se constituye en el elemento probatorio sustancial para verificar si se cometió o no, el acto lesivo de los derechos alegados por el accionante; más, cuando la jurisdicción constitucional tiene la obligación de realizar un análisis integral de los hechos puestos a su consideración. Asimismo, el Tribunal de garantías aplicó indebidamente la presunción de veracidad sin que se cumplieran los presupuestos que la jurisprudencia constitucional exige, siendo una de ellas, la no presencia de la autoridad demandada y la ausencia de informe, no obstante su debida notificación. En el caso en análisis, no se aseguró el debido proceso constitucional, puesto que la autoridad demandada no fue notificada debidamente asegurándole un plazo prudente para que pueda elaborar su informe, y/o en su caso remitir los antecedentes procesales correspondientes; todo lo contrario, fue notificada con el señalamiento de audiencia dos horas antes de la celebración de la audiencia, aspecto que permite concluir que la autoridad demandada no tuvo un plazo prudencial para que preparar su defensa y elevar el informe respectivo o en su caso, remitir los antecedentes procesales respectivos; adviértase que al tratarse de autoridades judiciales tienen a su cargo una elevada carga procesal, aspecto que exige se les asegure mínimamente, que dentro del plazo de veinticuatro horas con la que debe celebrarse la audiencia de acción de libertad, la autoridad demandada sea citada en un plazo prudencial que les permita asegurar su defensa. A lo señalado se suma, que en el caso de autos, el Tribunal de garantías en total desconocimiento de la jurisprudencia constitucional, aplicó la presunción de veracidad en un asunto donde de por medio se encuentran derechos de una niña de trece años, víctima de violación sexual, dejándola es absoluto estado de indefensión; peor aún, al haber dispuesto la libertad irrestricta del accionante, sin ser atribución de la jurisdicción constitucional en casos donde se encuentran involucrados derechos de niñas, niños y adolescentes; pues, si el asunto hubiera ameritado, la concesión de tutela por falta de motivación, fundamentación o valoración de la prueba, conllevaba a que la jurisdicción ordinaria vuelva a analizar el asunto, sobre la base de los parámetros otorgados por la justicia constitucional, dándole la oportunidad de reparar la argumentación, empero otorgándole también la posibilidad de ratificarse en su determinación, siendo en estos casos, la única llamada a disponer la libertad del accionante, por tener las herramientas procesales necesarias y el andamiaje probatorio para tal efecto; con lo cual, no cuenta la jurisdicción constitucional; por lo que, al haber concedido la tutela y determinar que su libertad sería efectivizada una vez sea notificado con la resolución constitucional, obró de forma arbitraria y negligente. Por otra parte, también el Tribunal de garantías desconoció los estándares nacionales e internacionales de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; pues conforme a lo manifestado en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo, está totalmente prohibido aplicar la presunción de veracidad de los hechos planteados por el accionante, en aquellos casos relacionados con medidas cautelares, donde de por medio se encuentren en tela de juicio derechos de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual; porque se los estaría sometiendo a un estado de indefensión absoluta, incumpliendo con la responsabilidad internacional asumida por el Estado boliviano de garantizar la materialización de los elementos de la debida diligencia reforzada, a favor de las niñas, niños y adolescentes; sobre todo, porque se estaría inobservando el compromiso de velar por el interés superior y la protección reforzada de este sector poblacional sobre cualquier interés o derechos de otros sujetos procesales -imputado o acusado-; lo cual, aconteció con la actuación arbitraria del Tribunal de garantías, por lo que, corresponde una llamada severa de atención, exhortándole para que en casos similares puestos a su consideración, estudie la jurisprudencia constitucional y asuma los estándares de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia. Además, cabe aclarar, que sobre la base de lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional, el Tribunal de garantías tenía la atribución, para asegurar un equilibrio entre las partes dentro de un proceso penal, de ordenar la notificación a terceros interesados que puedan ser afectados en sus derechos o que aporten mayores elementos de juicio, atribución que resulta imprescindible en casos de víctimas de violencia, a efectos de asegurar el equilibrio entre partes, su derecho a ser oídas, deber que se hace aún más exigible cuando se trata de niñas, niños víctimas de violencia, como en el caso de autos, donde se encontraba involucrada una niña de trece años de edad, supuestos que exigía un tratamiento con tutela reforzada que adopte un enfoque de interseccionalidad que tome en cuenta su condición de género, edad y demás circunstancias de vulnerabilidad. A lo señalado se suma que el Tribunal de garantía tampoco observó lo previsto en el art. 35.1 del CPCo, que le permite adoptar las medidas necesarias para contar con los elementos probatorios necesarios para analizar conforme a derecho a efectos que ante la falta de informe y presencia de la autoridad demandada, ésta pueda remitir el legajo procesal, para poder tener la prueba necesaria a efectos de verificar si realmente, la autoridad demandada a través del Auto de Vista de 9 de febrero de 2023, lesionó los derechos del accionante; resguardando a su vez, por mandato constitucional y convencional, el interés superior de una niña de trece años víctima de violencia sexual. En consecuencia, el Tribunal de garantías al conceder la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 02/2023 de 11 de febrero, cursante de fs. 74 vta. a 77, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia:
1° DENEGAR la tutela impetrada conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Disponer:
a) Mantener vigente el Auto de Vista de 9 de febrero de 2023, siempre y cuando por el transcurso del tiempo, no se hubiera resuelto o modificado la situación jurídica del accionante; b) Que, Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en casos similares, ante una demanda tutelar, y más, cuando de por medio se encuentren en tela de juicio derechos de niñas, niños y adolescentes, tiene la obligación de remitir los antecedentes necesarios para su evaluación en sede constitucional; de lo contrario, será pasible al envío de antecedentes al Consejo de la Magistratura;
c) Que Guido Castellón Carrillo y Anibal Ugarteche Barrancos, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, en casos similares puestos a su consideración, asuman de forma obligatoria, la jurisprudencia relacionada con la presentación de prueba en sede constitucional y su obligatoria remisión a este Tribunal Constitucional Plurinacional; así como, considerar los estándares nacionales e internacionales de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia; d) Por Secretaría General de este Tribunal, se notifique al Presidente del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo de la Magistratura para la difusión de este fallo constitucional; y, 3° Llamar la atención de forma severa a Guido Castellón Carrillo y Anibal Ugarteche Barrancos, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, con la advertencia, que de volver a incurrir en estas arbitrariedades y negligencias procesales, se remitirá antecedentes a la vía pertinente para las responsabilidades que corresponda. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada Paola Verónica Prudencio Candia es de Voto Aclaratorio.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
2 La SCP 0102/2014-S1 de 24 de noviembre, en su Fundamento Jurídico III.1, señala: “De lo referido precedentemente, es posible aplicar el principio de presunción de veracidad, por inasistencia de la autoridad demandada a la audiencia de acción de libertad y falta de informe sobre los hechos denunciados, tomando en cuenta las circunstancias del caso, siempre que su aplicación no afecte a terceros interesados o el interés público. Si bien este principio es propio del procedimiento administrativo, a través del cual la administración pública a-priori, presume iuris tantum, que el actuar de los administrados en la presentación de documentos y declaraciones formuladas responde a la verdad de los hechos que aseveran. En sentido más amplio, resulta aplicable cuando el servidor público, por su inasistencia a la audiencia de acción de libertad o falta de informe priva al juez o tribunal de garantías, de pruebas que ayuden a esclarecer los hechos y decidir la situación demandada, viéndose en la necesidad de dar crédito a las aseveraciones del accionante, sustentándose en el principio de buena fe, en tanto que tal presunción como se tiene referido, no afecte derechos de terceros o el interés público” (las negrillas son añadidas).
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0793_2025-S3.pdf · páginas 1 a 23.
Huella digital del PDF (SHA-256): 6ea04f6180d8f929dbc11f696e5d8430475a8e0577f8431fbfc44789134f5852
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