Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 27 de abril de 2026
Concede en parte la tutela
La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y a la defensa; de la garantía del debido proceso en su elemento de fundamentación; y, de los principios de legalidad, celeridad y seguridad jurídica; por cuanto, el Juez codemandado por Auto Interlocutorio 778/2022, declaró improcedente su solicitud de cesación de la detección preventiva, manteniendo firme y subsistente la detención preventiva y dispuso ampliar dicha medida por el lapso de tres meses más; por su parte, la Vocal demandada, a través del Auto de Vista 629/2022, declaró inadmisible su recurso de apelación incidental por falta de formalización, sin tomar en cuenta que tanto el Ministerio Público como la víctima, no solicitaron de manera fundada ampliar el plazo de la medida extrema, tampoco demostraron la existencia de actos investigativos pendientes. La Vocal demandada sostuvo que: i) El Auto de Vista 629/2022 cuestionado, fue emitido del marco competencia y dentro de los plazos establecidos en los arts. 396 y 398 del CPP; y, ii) Conforme al Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal, emitió la resolución impugnada, donde el accionante no sustentó agravios de forma fundamentada, tampoco invocó su pretensión a través de algún artículo. El Juez codemandado, no presentó informe escrito ni asistió a la audiencia de garantías. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 01/2022 de 9 de septiembre, cursante de fs. 27 a 31 vta., pronunciado por el Juez de Sentencia Penal, Partido de Trabajo y Seguridad Social Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, conforme a los razonamientos expuestos en el presente fallo constitucional; 2° Disponer dejar sin efecto el Auto de Vista 629/2022 de 6 de septiembre y se dispone que la Vocal demandada, o la autoridad que actualmente ejerza esa competencia, emita un nuevo fallo resolviendo el recurso de apelación incidental interpuesto al amparo del art. 251 del Código de Procedimiento Penal, pronunciándose sobre los agravios planteados, sin exigir requisitos formales distintos a los previstos por dicha disposición legal y observando los criterios desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, salvo que por el transcurso del tiempo la situación del accionante ya se encuentre definida por una resolución posterior; y, 3° DENEGAR la tutela impetrada, en cuanto al derecho a la defensa y a los principios de legalidad, celeridad y seguridad jurídica, conforme al entendimiento expuestos en este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0792/2026-S2 Sucre, 27 de abril de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 50576-2022-102-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 01/2022 de 9 de septiembre, cursante de fs. 27 a 31 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rheggis Ramiro Lema Delfín en representación sin mandato de Brayan Pedro Siñani Rivero contra Claudia Marcela Castro Dorado, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción, contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de la Capital del citado departamento.
Por memorial presentado el 8 de septiembre de 2022, cursante a fs. 1 y 5 a 14, la parte accionante manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de abuso sexual, René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción, contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero del citado departamento -ahora codemandado-, por Auto Interlocutorio de 26 de abril de 2022, dispuso su detención preventiva por el lapso de tres meses en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz. Posteriormente, instalada la audiencia por cumplimiento de la medida impuesta -tres meses-, la autoridad judicial codemandada suspendió dicho verificativo al no contar con el cuaderno de control jurisdiccional, pues producto de una apelación se encontraba en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; ante esa situación “…tuvo que accionar a la sala penal para que remita[n] el cuaderno a su juzgado de origen” (sic). Estando detenido de manera ilegal, el 26 de julio de 2022, amparado en el art. 239.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), solicitó cesación de la detención preventiva, siendo enviada mediante sorteo radicó en la Sala Penal Cuarta del indicado departamento, donde Claudia Marcela Castro Dorado, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -hoy demandada- devolvió el 10 de agosto de 2022 los actuados al juzgado de origen y ordenó subsanen la observación. Cumplida dicha observación, la Vocal demandada después de una semana, convocó audiencias para el 2 y 3 de septiembre de 2022, las cuales fueron diferidas para el 5 de igual mes y año, debido al permiso de la prenombrada y ante la falta de conexión de internet de la víctima. Instalada la indicada audiencia y luego de haber fundamentado sus agravios mediante su abogado, la autoridad demandada estableció cuarto intermedio a efecto de resolver el recurso de apelación, es así que, por Auto de Vista de 629/2022 de 6 de septiembre -ahora impugnado-, declaró inadmisible su recurso por falta de formalidad, confirmando de esa manera la ampliación de tres meses de detención preventiva. La autoridad demandada, olvido que el derecho penal no es formalista, sino garantista; por lo que, el plazo de duración de la medida extrema no debió ser ampliada, debido a que, el Ministerio Público ni la víctima presentaron peticiones fundadas, tampoco demostraron la existencia de actos investigativos pendientes.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad y a la defensa; de la garantía del debido proceso en su elemento de fundamentación; y, de los principios de legalidad, celeridad y seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 178.I y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia: se anule el Auto de Vista 629/2022, ordenando su libertad inmediata al no existir ampliación de detención preventiva; asimismo, la Vocal demandada lleve “…a cabo la Audiencia de Apelación interpuesta…” (sic), respetando derechos y garantías constitucionales.
Celebrada la audiencia virtual el 9 de septiembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 25 a 26 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La parte accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos expuestos en su memorial de acción de defensa.
Claudia Marcela Castro Dorado, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través del informe escrito cursante a fs. 19 vta., solicitó se deniegue la tutela impetrada, sosteniendo que: a) El Auto de Vista 629/2022 cuestionado, fue emitido del marco competencia y dentro de los plazos establecidos por los arts. 396 y 398 del CPP; b) Conforme al Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal, emitió la resolución impugnada; por cuanto, el accionante no sustentó agravios de forma fundamentada, tampoco invocó su pretensión a través de algún artículo; por ello, no lesionó derechos y garantías constitucionales; y, c) El impetrante de tutela no puede pretender, muchos menos alegar vulneración a derechos en base a un acto una omisión generada por sí mismo. René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción, contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de la Capital del departamento de La Paz, no presentó informe escrito ni asistió a la audiencia de garantías pese a su citación cursante a fs. 18.
El Juez de Sentencia Penal, Partido de Trabajo y Seguridad Social Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 01/2022 de 9 de septiembre, cursante de fs. 27 a 31 vta., denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: 1) El Juez codemandado cumplió con sus obligaciones no solo conforme a la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 8 de mayo de 2019- y a la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-; 2) El impetrante de tutela a través de esta acción de defensa denunció que las autoridades demandadas de manera oficiosa sin petición alguna ampliaron tres meses su detención preventiva; empero, la Vocal demandada al momento de conocer y resolver el recurso de apelación, basó sus fundamentos y competencias enmarcadas en la ley procesal penal; y, 3) La justicia constitucional no puede ingresar al ámbito procesal ordinario, en vista a que, la solicitud de cesación de la detención preventiva fue resuelta por las autoridades demandadas.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso la devolución a la Comisión de Admisión de los expedientes y causas sorteadas para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional (fs. 35 a 37); en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. A través del Auto Interlocutorio 778/2022 de 3 agosto, René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de El Alto del departamento de La Paz -hoy codemandado-, declaró improcedente la solicitud de cesación de la detención preventiva de Brayan Pedro Siñani Rivera -ahora accionante-; en consecuencia, mantuvo firme y subsistente la detención preventiva conforme al art. 233 del CPP y a “…solicitud por parte del Ministerio de Justicia la ampliación del plazo de la detención preventiva por 3 meses calendario…” (sic); decisión que fue apelada por el impetrante de tutela de acuerdo al art. 251 del citado Código (fs. 20 a 21). II.2. Por Auto de Vista 629/2022 de 6 de septiembre, Claudia Marcela Castro Dorado, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -hoy demandada-, declaró inadmisible el recurso de apelación deducido por el solicitante de tutela, por “…falta de formalización del mismo, extremo que impide e inviabilidad a este Tribunal de Alzada pronunciamiento en el fondo de las cuestiones de agravios planteados…” (sic), confirmando de esa manera, el citado Auto Interlocutorio 778/2022 (fs. 22 a 23).
La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y a la defensa; de la garantía del debido proceso en su elemento de fundamentación; y, de los principios de legalidad, celeridad y seguridad jurídica; por cuanto, el Juez codemandado por Auto Interlocutorio 778/2022, declaró improcedente su solicitud de cesación de la detección preventiva, manteniendo firme y subsistente la detención preventiva y dispuso ampliar dicha medida por el lapso de tres meses más; por su parte, la Vocal demandada, a través del Auto de Vista 629/2022, declaró inadmisible su recurso de apelación incidental por falta de formalización, sin tomar en cuenta que tanto el Ministerio Público como la víctima, no solicitaron de manera fundada ampliar el plazo de la medida extrema, tampoco demostraron la existencia de actos investigativos pendientes. La Vocal demandada sostuvo que: i) El Auto de Vista 629/2022 cuestionado, fue emitido del marco competencia y dentro de los plazos establecidos en los arts. 396 y 398 del CPP; y, ii) Conforme al Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal, emitió la resolución impugnada, donde el accionante no sustentó agravios de forma fundamentada, tampoco invocó su pretensión a través de algún artículo. El Juez codemandado, no presentó informe escrito ni asistió a la audiencia de garantías. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Sobre el intitulado, la SCP 0004/2025-S2 de 14 de febrero señala: «El art. 180.II de la CPE, reconoce el principio de impugnación en los procesos judiciales. En el ámbito penal, respecto a la apelación de incidentes y excepciones el art. 403 del CPP, establece que procederá contra las siguientes resoluciones: “…3. La que resuelve medidas cautelares o su sustitución…” debiéndose entender por cautelares reales y no de carácter personal pues estas están reguladas por el art. 251 del CPP. El procedimiento a seguir para la tramitación y posterior resolución del recurso de apelación establecido en el art. 403 del CPP, se encuentra contemplado en los arts. 404, 405 y 406 del CPP y respecto al art. 404 del CPP el mismo fue modificado por el art. 16 de la Ley 1173 que estableció: “404 (INTERPOSICIÓN). Cuando la resolución se dicte en audiencia, el recurso se interpondrá inmediatamente de forma oral ante la jueza, el juez o tribunal que la dictó. En los demás casos, la apelación se interpondrá por escrito, debidamente fundamentada, dentro de los tres (3) días de notificada la resolución al recurrente”. Por lo que la modificación establecida por la Ley 1173 del art. 404 del CPP no alcanza al art. 251 del CPP que regula específicamente las medidas cautelares de carácter personal el cual establece:
“251 (APELACIÓN). La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas”. Como podrá advertirse, el citado procedimiento que rige exclusivamente para la apelación incidental contra resoluciones emergentes de medidas cautelares personales, el mismo resulta un trámite expreso, sencillo y rápido para su resolución; el mismo, no fue objeto de una modificación substancial por la Ley 1173. Del marco normativo glosado, debe quedar claro que, el art. 404, 405 y 406 del CPP, contienen el procedimiento de la apelación incidental de los institutos establecidos en el art. 403, excepto, la que incumbe a las medidas cautelares de carácter personal cuyo procedimiento está contenido en el art. 251 del mismo Código. En relación con lo expuesto, la Disposición Transitoria Décima Tercera de la referida Ley 1173, dispuso que: “Dentro del plazo máximo de treinta (30) días calendario siguientes a la publicación de la presente Ley, el Tribunal Supremo de Justicia deberá establecer en reglamento las conductas y las medidas disciplinarias inherentes al poder ordenador y disciplinario, previsto en el Artículo 339 del Código de Procedimiento Penal”; en cumplimiento de dicho precepto, el Tribunal Supremo de Justicia, por Acuerdo de Sala Plena 12/2019 de 10 de junio, aprobó el Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal el cual no se constituye en una norma jurídica y por tanto no goza de presunción de constitucionalidad y cuyo artículo 33 respecto a la impugnación del fallo de medidas cautelares en audiencia señala que: ‘I. Una vez emitido el fallo que disponga la aplicación o no de alguna medida cautelar personal, la parte que se considera agraviada con la resolución, apelará la resolución en el acto a los efectos del plazo establecido por el art. 251 de la Ley N° 1173. II. El Juez ordenará en audiencia que por intermedio de la oficina gestora de procesos se remitan las piezas procesales pertinentes al Tribunal de alzada´. En tal contexto, siendo que el art. 33 del Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal es una decisión soft law que no goza de presunción de constitucionalidad y que por tanto no puede modificar el art. 251 del CPP; por lo que, a efectos de computar el plazo para la apelación incidental de las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares de carácter personal, toda autoridad judicial debe aplicar el art. 251 del CPP”».
De la revisión de antecedentes se advierte que el accionante cuestionó, mediante apelación incidental, la decisión que rechazó su solicitud de cesación de la detención preventiva y dispuso mantener dicha medida, sosteniendo esencialmente que el Ministerio Público ni la víctima solicitaron de manera fundada la ampliación del plazo de la detención preventiva tampoco acreditaron la existencia de actos investigativos pendientes que justificaran su prolongación (Conclusión II.1); no obstante, la Vocal demandada, mediante Auto de Vista 629/2022, declaró inadmisible el recurso al considerar que el apelante no habría formalizado adecuadamente la impugnación ni cumplido determinados requisitos formales, absteniéndose por ello de examinar los agravios planteados (Conclusión II.2). Al respecto, conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, la apelación prevista por el art. 251 del CPP constituye un procedimiento especial aplicable exclusivamente a las resoluciones que disponen, modifican o rechazan medidas cautelares personales, caracterizado por su trámite expedito y por no encontrarse sometido al procedimiento regulado por los arts. 404 a 406 del mismo Código. En ese entendido, tampoco resulta jurídicamente admisible modificar la ley a través de disposiciones reglamentarias, pues en atención a la jerarquía normativa se tiene que estas carecen de la aptitud normativa para modificar el contenido de una ley. En consecuencia, la decisión de la Vocal demandada de declarar inadmisible el recurso por una supuesta falta de formalización importó la aplicación de un requisito procesal no previsto y contrario al art. 251 del CPP, restringiendo indebidamente el derecho del accionante a que el Tribunal de alzada conozca los agravios formulados contra la resolución que mantuvo la medida cautelar de detención preventiva. Tal actuación desconoce el procedimiento legal expresamente establecido para este tipo de impugnaciones y, por consiguiente, vulnera el principio de impugnación reconocido por el art. 180.II de la CPE. A ello se añade que, al declarar inadmisible el recurso con base en una exigencia formal ajena al régimen previsto para las apelaciones de medidas cautelares personales, la autoridad demandada omitió pronunciarse sobre el agravio relativo a la inexistencia de una solicitud fundada para ampliar el plazo de la detención preventiva y sobre la ausencia de elementos que demostraran la necesidad de su mantenimiento lo que obliga a conceder la tutela impetrada.
Finalmente, respecto a la alegada vulneración del derecho a la defensa y de los principios de legalidad, celeridad y seguridad jurídica, se advierte que el accionante se limitó a su enunciación sin desarrollar una argumentación que permita establecer su vinculación concreta con los hechos denunciados ni con el acto reclamado; por ello, corresponde denegar la tutela solicitada al respecto. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 01/2022 de 9 de septiembre, cursante de fs. 27 a 31 vta., pronunciado por el Juez de Sentencia Penal, Partido de Trabajo y Seguridad Social Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, conforme a los razonamientos expuestos en el presente fallo constitucional; 2° Disponer dejar sin efecto el Auto de Vista 629/2022 de 6 de septiembre y se dispone que la Vocal demandada, o la autoridad que actualmente ejerza esa competencia, emita un nuevo fallo resolviendo el recurso de apelación incidental interpuesto al amparo del art. 251 del Código de Procedimiento Penal, pronunciándose sobre los agravios planteados, sin exigir requisitos formales distintos a los previstos por dicha disposición legal y observando los criterios desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, salvo que por el transcurso del tiempo la situación del accionante ya se encuentre definida por una resolución posterior; y, 3° DENEGAR la tutela impetrada, en cuanto al derecho a la defensa y a los principios de legalidad, celeridad y seguridad jurídica, conforme al entendimiento expuestos en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0792_2026-S2.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): 15d9eef00df41224a61eae731605ac1a0385863df3cc3837edda8b9d2bb621ae
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