B.IA.LEGAL

SCP 0792/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 12 de julio de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
12 de julio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
47075-2022-95-AL
Departamento
Tarija
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad física y de locomoción; a la defensa; al debido proceso en sus vertientes de motivación y fundamentación, y el principio de presunción de inocencia, en mérito a que dentro del proceso que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, fue detenido preventivamente señalándose en la audiencia de medidas cautelares personales fecha de consideración de situación jurídica para el 6 de abril de 2022; sin embargo, el Juez de Instrucción Penal Segundo de Yacuiba del departamento de Tarija –ahora codemandado- no llevó a cabo la misma, indicándole la Secretaria del referido Juzgado, que al haber presentado el Ministerio Público acusación formal, el proceso se habría remitido al Tribunal de Sentencia Penal Primero de Yacuiba del mismo departamento, recepcionandose la causa el 5 de abril de 2022, sin que ninguno de los jueces codemandados del Tribunal y Juzgado lleven adelante la referida audiencia de situación jurídica el 6 de abril del citado año, y por otra parte refiere que se le habría notificado con el señalamiento de audiencia de cesación a la detención preventiva recién el 11 de abril de 2022, cuando dicha audiencia estaba programada para el 8 de abril del mismo año. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos demandados son evidentes para conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para fijar fecha y hora …

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 001/2022 de 15 de abril, cursante de fs. 60 a 65 vta., pronunciado por el Juez de Sentencia Penal Primero de Yacuiba del departamento de Tarija; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada en la presente acción de libertad respecto a los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Yacuiba del departamento de Tarija, bajo la modalidad innovativa, por constatarse demora innecesaria en la celebración de la audiencia de situación jurídica y el señalamiento de audiencia de cesación a la detención preventiva, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Sin disponer ninguna actuación; por cuanto, la referida audiencia ya fue desarrollada el 14 de abril de 2022; 2° Exhortar a los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Yacuiba del departamento de Tarija, que en solicitudes en las cuales se encuentre comprometido el derecho a la libertad, deben actuar con la mayor celeridad posible, en estricto cumplimiento de los plazos procesales establecidos en el ordenamiento jurídico penal y conforme lo señala la jurisprudencia constitucional, debiendo asumir además y de manera preferente la aplicación de enfoque de género y vulnerabilidad que denote la protección adecuada a la víctima menor de edad; y, 3° DENEGAR la tutela solicitada respecto al Juez de Instrucción Penal Segundo de Yacuiba del departamento de Tarija.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para fijar fecha y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva
  2. III.2. El principio de celeridad en las actuaciones procesales
  3. III.3. La acción de libertad innovativa
  4. III.4. La protección de víctimas niñas y adolescentes mujeres en los procesos penales
  5. III.5. Sobre la fijación del plazo de la detención preventiva y su solicitud de ampliación
  6. III.6. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0792/2023-S1 Sucre, 12 de julio de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 47075-2022-95-AL Departamento: Tarija En revisión la Resolución 001/2022 de 15 de abril, cursante de fs. 60 a 65 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Diego Saúl Arias Janco en contra de Guido Barrios Arce, Juez de Instrucción Penal Segundo de Yacuiba; Luis Alberto Frías Durán, Angélica María Gil Vera; y, Mabel Jacqueline Caba Castro, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Yacuiba, ambos del departamento de Tarija.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial de 13 de abril de 2022, cursante de fs. 28 a 34, el accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, se encuentra indebidamente procesado llevándose a cabo audiencia de medidas cautelares el 6 de diciembre de 2021, ante el Juez de Instrucción Penal Segundo de Yacuiba del departamento de Tarija -ahora codemandado- dispuso su detención preventiva en el Centro de Readaptación Productiva “El Palmar”, por el lapso de cuatro meses, señalando en dicho actuado procesal la fecha de cesación a la detención preventiva para el 6 de abril de 2022, a horas 09:00; sin embargo, hasta el día de la audiencia no se le notificó con algún link para poder ingresar a dicho acto, comunicándose con la Secretaría del Juzgado, quien de forma verbal le manifestó que ante una acusación presentada por el Ministerio Público, la causa se habría remitido al Tribunal de Sentencia Penal Primero de la misma ciudad.

Así el 4 de abril de 2022, el mencionado Juez, mediante decreto de la fecha, dispuso que se tenía presente el acto conclusivo de acusación formal presentado en su contra y que por secretaría se proceda al sorteo de la acusación en el plazo de veinticuatro horas, siendo recibida la causa el 5 de abril de 2022, en secretaría del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Yacuiba del departamento de Tarija, sin que ninguno de los jueces que administran justicia lleven adelante la audiencia de cesación a la detención preventiva conforme “el art. 113 y 239 inc.2.”. El 11 de abril de 2022, fue notificado por la secretaria del mencionado Tribunal de Sentencia con el Decreto de 7 de abril de 2022, por el cual se dispuso la realización de la audiencia pública de consideración de cesación a la detención preventiva para el 11 de abril del citado año, a horas 09:30. Asimismo, -refiere el accionante de manera confusa que- el actual caso se constituye en una detención indebida, a raíz de un procesamiento ilegal o indebido “pues vulnera el derecho al debido proceso en su elemento a la fundamentación y motivación de las resoluciones…” (sic), restringiéndole su derecho a la libertad y de locomoción ya que a causa de una defectuosa y arbitraria valoración de la prueba, sin realizar una valoración integral de la misma, y vulnerando la presunción de inocencia, derecho de igualdad, y la verdad material se agravó su situación jurídica, disponiendo su detención preventiva de manera gravosa y desproporcional, sin tener en cuenta la instrumentalidad y finalidad que cumplen las medidas cautelares.

I.1.2. Derechos y principio supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela denuncia la lesión de su derecho a la libertad física y de locomoción; a la defensa; al debido proceso en sus vertientes de motivación y fundamentación; y, el principio de presunción de inocencia; citando al efecto, los arts. 21, 22, 23, 115. II, 116. I, 117, 119. II, 180, 256 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE), 7, 8 y 11 del Pacto San José de Costa Rica, 9, 10, 11 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga: a) Dejar sin efecto la detención preventiva disponiendo su libertad inmediata; y, b) Que las autoridades judiciales demandadas “dicte nueva resolución donde se me imponga medidas sustitutivas a la detención preventiva establecidas en el art. 240 del CPP (…) debiendo ser la misma en audiencia pública al efecto, sin retrotraer el trámite de fundamentación de las partes…” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

La audiencia pública de consideración de la presente acción de libertad, se realizó el 15 de abril de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 59 y vta., produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante, a través de su abogado, ratificó íntegramente los términos de su demanda tutelar, solicitando que se deje sin efecto la detención preventiva disponiendo su libertad de forma inmediata.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Guido Barrios Arce, Juez de Instrucción Penal Segundo de Yacuiba del departamento de Tarija, por informe escrito cursante a fs. 54 y vta., señaló: 1) La vulneración alegada no existe, ya que dio cumplimiento al principio de celeridad procesal conforme dispone el art. 325.I de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, al presentarse la acusación formal antes de la fecha programada de control de plazo de la detención preventiva; una vez que, pasó a despacho el 4 de abril de 2022, en la misma fecha se dispuso la remisión y sorteo al Tribunal de Sentencia de turno en lo penal, realizando el sorteo el mismo día; y, 2) Por la remisión del cuaderno de autos con la acusación formal ya no podía llevar adelante la audiencia de control de plazo de la detención, porque la misma estaba programada para el 6 de abril de 2022; tal es así que, lo único que hizo fue dar la secuencia procesal que la norma establece. Luis Alberto Frías Durán, Angélica María Gil Vera; y, Mabel Jacqueline Caba Castro, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Yacuiba del departamento de Tarija, mediante informe escrito de fs. 55 a 57 vta., a tiempo de pedir que se declarare improcedente la presente acción, manifestaron que: i) El acto conclusivo del Ministerio Público se encuentra fechado el 1 de abril de 2022, pero en el expediente remitido al Tribunal no se observa cargo de presentación de la acusación, cursando el decreto de 4 de abril de 2022, en el cual el Juez de Instrucción ordena que se remita la acusación en el plazo de veinticuatro horas; ii) Se tiene otro decreto del 4 de abril de 2022, por el cual el citado Juez señala que al haber un acto conclusivo de acusación, no corresponde ya considerar audiencia de ampliación de plazo “a este despacho judicial”, no obstante de ello no se tiene ningún memorial subido por el Ministerio Público en la plataforma; iii) Al remitirse el proceso a última hora el 5 de abril de 2022, al día siguiente se realizó el registro en el libro del Tribunal para sorteo e ingreso a despacho, una vez ingresado el expediente, advertido por terceras personas -familiares del acusado- que había una audiencia para las 09:00, se hizo la consulta para verificar si realizaron los actos preparativos para la audiencia virtual -que debió realizar la secretaría del juzgado de instrucción-; empero, no se cumplió con dichos actos; iv) Posteriormente se tomó conocimiento que el objeto de la audiencia era el control del plazo de la detención preventiva y no así de cesación de medidas cautelares de carácter personal, “en ese sentido corresponde precisar lo señalado por la SCP 0685/2021-S4”; v) El 6 de abril de 2022 ingresó un memorial de solicitud de cesación a la detención preventiva de Diego Saúl Arias Janco -ahora accionante- el cual fue resuelto inmediatamente y bajo el principio de concentración de actos, emitiendo el decreto de radicatoria el 6 de abril de 2022, señalando además la audiencia de cesación a la detención preventiva para el 8 de abril de 2022 a horas 15:00; vi) En cuanto a la audiencia de cesación a la detención preventiva señalada para el 8 de abril de 2022, de acuerdo a la representación realizada por la secretaria del juzgado del Tribunal, en la cual informa que no realizó la programación de la audiencia por tener recargada labor por efecto de la “refuncionalización” y por tener otras audiencias programadas, que fueron señaladas para la misma fecha y hora con la audiencia del accionante, se generó una confusión en la realización de la audiencia, más aun cuando no se cuenta con auxiliar, ni oficial de diligencias; vii) En mérito a la referida representación, mediante decreto de 13 de abril de 2022, nuevamente se señaló audiencia de cesación para el 14 de abril del mismo año, a horas 11:00, la cual se llevó a cabo rechazando la solicitud de cesación a la detención preventiva.

I.2.3. Tercero interviniente

Diego Cesar Barriga Vallejos, representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, en audiencia señaló que para la presentación de la acción de libertad, deben estar acreditados los presupuestos como la libertad, la vida o persecución ilegal o indebida, ante la falta de estos requisitos no es viable la protección de la acción de defensa, “además de estar sometido a la ampliación del proceso penal y ser dispuesto por el juez cautelar, debiéndose entender que no se agotó las instancias ordinarias y al existir el principio de subsidiariedad, se declare improcedente” (sic). 1.2.4. Resolución El Juez de Sentencia Penal Primero de Yacuiba del departamento de Tarija, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 001/2022 de 15 de abril, cursante de fs. 60 a 65 vta., concedió la tutela solicitada respecto a Luis Alberto Frías Durán, Angélica María Gil Vera y Mabel Jacqueline Caba Castro, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Yacuiba del departamento de Tarija, disponiendo la sustanciación de la audiencia de cesación a la detención preventiva, determinando lo que fuere en cada caso, sea dentro del plazo imperativo de cuarenta y ocho horas “advirtiendo que se ha verificado dicha audiencia DE CESACIÓN A LA DETENCIÓN PREVENTIVA en relación al accionante se EXHORTA A DICHO TRIBUNAL DE SENTENCIA PENAL PRIMERO DE YACUIBA a que, en lo futuro, no vuelvan a incurrir en acción dilatoria igual o similar respecto al mismo accionante, o de quienes se encuentre en la misma situación procesal en otros casos análogos” (sic); y denegó con relación a Guido Barrios Arce, Juez de Instrucción en lo Penal Segundo de Yacuiba del departamento de Tarija, al no haber vulnerado ningún derecho respecto al debido proceso, quien en aplicación del principio de celeridad remitió el cuaderno de autos ante el Tribunal competente, dentro del plazo de ley; sustentando su resolución en base a los siguientes fundamentos: a) Con relación a Guido Barrios Arce, Juez de Instrucción en lo Penal Segundo de Yacuiba del departamento de Tarija, en la hipótesis de que no hubiese remitido en el plazo de ley, se debe entender que asume responsabilidad por esa dilación procesal, más cuando ninguna de las partes en ese momento solicitaron ampliación o control jurisdiccional del plazo, necesariamente debió remitir aplicando los principios de celeridad a efecto de cumplir mandatos constitucionales como legales, de acceso a una justicia pronta, oportuna y el principio de celeridad; b) Respecto a los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Yacuiba del departamento de Tarija, del informe brindado que refiere que los familiares del accionante estuvieron presentes para advertir que había audiencia de control de plazo programada para el 6 de abril de 2022, a horas 09:00, en atención al principio de “desformalización” podían instalar la audiencia si correspondía, verificando el cumplimiento de formalidades de ley, y ante la imposibilidad de sustanciar por razones de fuerza mayor, correspondía suspender previa instalación y reprogramar la audiencia dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, habilitando horas inhábiles inclusive; c) Acerca de la solicitud de cesación a la detención preventiva, que fue resuelta por el Juez técnico Luis Alberto Frías Durán, con el señalamiento de audiencia de cesación para el 8 de abril de 2022, a horas 15:00, advirtiéndose que el personal de apoyo jurisdiccional no cumplió con la diligencia de haber previsto la notificación oportuna a todos los sujetos procesales, desconociéndose los motivos, se tiene la pretensión de justificar con la alegada carga procesal, pero no es corroborada de manera objetiva, además de referir aspectos externos que no dependen del acusado; por otra parte, recién se advierten las notificaciones al Ministerio Público, como al accionante, realizadas mediante ciudadanía digital el 11 de abril de 2022; empero, a horas 23:16 y 23:24; es decir, cerca de la media noche, emergiendo un informe de la abogada secretaria el 12 de abril del mismo año, haciendo conocer que no realizó la programación de audiencia de cesación de medidas cautelares; d) Las audiencias programadas eran de conocimiento del Juez técnico, Luis Alberto Frías Durán, el cual señaló hora y fecha; en esa lógica, conocía de ese actuado procesal y se hacía inclusive necesario instalar la audiencia y advertir su verificativo, al efecto, ante falencias de notificación, inmediatamente debió efectuar la corrección y sustanciar la audiencia de cesación a la detención preventiva habilitando horas inhábiles para su verificativo; e) En el presente caso no se ha verificado la audiencia señalada, que fue advertida por el abogado y familiares del acusado, por una parte; y por otra, desde la solicitud de cesación a la detención preventiva, dicha audiencia se llevó a cabo después de siete días de haber sido solicitada por el ahora accionante; f) El Juez o Tribunal, con su facultad privativa, debió señalar audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva con la debida celeridad y en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas, a efecto de constatar si los motivos que fundaron la misma aún son concurrentes; y, al encontrarse en esta etapa de juicio oral, no corresponde ya establecer el control del plazo de la detención preventiva; g) La dilación procesal por falta de personal de apoyo jurisdiccional no es causal legítima ni válida para limitar la posibilidad de considerar la cesación a la detención preventiva dentro del plazo imperativo dispuesto, al estar en juego derechos primarios como es la libertad; h) Los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Yacuiba del departamento de Tarija, al no haber señalado y verificado la sustanciación efectiva de la audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva, dentro de las cuarenta y ocho horas de haber conocido de la solicitud de cesación, además de justificar esa dilación procesal argumentando falta de personal de apoyo jurisdiccional y que por ello no se cumplieron con las notificaciones pendientes, incurrieron en dilación indebida vulnerando el debido proceso en su elemento de plazo razonable, vinculado a su vez a la libertad del accionante “y para ello, precisamente se ha instituido la acción de libertad Instructiva o de pronto despacho” (sic); y, i) Por otra parte los mencionados jueces coaccionados habrían verificado y celebrado audiencia de cesación a la detención preventiva el 14 de abril de 2022, en consecuencia cesó la lesión al día de haberse notificado con la acción de libertad, consumándose como acto dilatorio, estableciéndose la existencia de lesión, cuyo fundamento es la acción de libertad innovativa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta Auto Interlocutorio 372/2021 de 6 de diciembre, por el cual Guido Barrios Arce, Juez de Instrucción Penal Segundo de Yacuiba del departamento de Tarija -ahora codemandado-, dispuso la detención preventiva del imputado Diego Saúl Arias Janco -accionante- en el Centro de Rehabilitación Productiva El Palmar, por el lapso de cuatro meses, programando audiencia de “cesación” para el 6 de abril de 2022, a horas 09:00 (fs. 6 a 8 vta.). II.2. Por providencia de 4 de abril de 2022, emitida por el Juez de Instrucción Penal Segundo de Yacuiba del departamento de Tarija, refiriendo que se tiene presente la acusación formal presentada por el Ministerio Público en contra del ahora accionante por el ilícito de violación agravada, dispuso que en el plazo de veinticuatro horas, por secretaría, se proceda al sorteo de la acusación vía sistema informático del acto conclusivo y se remita al Tribunal de Sentencia Penal de Yacuiba del citado departamento. Asimismo, también cursa otra providencia de la misma fecha emitido por la misma autoridad señalando que: “Al haber un acto conclusivo de acusación no corresponde ya considerar audiencia de ampliación de plazo a este despacho judicial, no obstante, de ello no se tiene ningún memorial subido por el Ministerio Público en la plataforma, lo que hay en ese casillero es la acusación formal (fs. 11 y vta.). II.3. Por Cite Of. J.I.P. 2 113/2022 de 4 de abril, el Juez demandado Guido Barrios Arce remitió la acusación formal y antecedentes del proceso penal por la presunta comisión del delito de violación, seguido por el Ministerio Público y víctima en contra del impetrante de tutela, al Tribunal de Sentencia Penal Primero de Yacuiba del departamento de Tarija, con cargo de recepción de 5 de abril de 2022 a horas 16:00 (fs. 12). II.4. Mediante memorial de 6 de abril de 2022, el acusado y ahora solicitante de tutela, solicitó al Tribunal de Sentencia Penal Primero de Yacuiba del departamento de Tarija, señalar audiencia de cesación de las medidas cautelares impuestas, decretando el Juez del referido Tribunal -Luis Alberto Frías Durán-, el mismo 6 de abril del mencionado año, la radicatoria de la causa, que el Ministerio Público presente las pruebas de cargo, y señalando audiencia virtual para el 8 de abril de 2022, a horas 15:00, disponiendo a ese fin, que secretaría se proceda a la notificación de las partes y se haga conocer el enlace de audiencia de forma oportuna. Asimismo, señaló que en el memorial se expresaría que el “día de hoy” -6 de abril de 2022- se tenía señalada una audiencia de cesación para las 09:00, pero que de la revisión del expediente acusatorio no existe dicho señalamiento para la fecha, “salvo error del juzgador” (fs. 13 a 14). II.5. Cursa notificación de 11 de abril de 2022 a horas 23:24 pm, mediante ciudadanía digital al abogado del accionante Luis Narciso Tárraga -conforme se evidencia por la firma estampada en el memorial de solicitud de cesación- con el decreto de 6 de abril de 2022, por el cual Luis Alberto Frías Durán, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Yacuiba del departamento de Tarija, señaló audiencia virtual para el 8 de abril de 2022, a horas 15:00 parea considerar la mencionada solicitud de cesación (fs. 15).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad física y de locomoción; a la defensa; al debido proceso en sus vertientes de motivación y fundamentación, y el principio de presunción de inocencia, en mérito a que dentro del proceso que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, fue detenido preventivamente señalándose en la audiencia de medidas cautelares personales fecha de consideración de situación jurídica para el 6 de abril de 2022; sin embargo, el Juez de Instrucción Penal Segundo de Yacuiba del departamento de Tarija –ahora codemandado- no llevó a cabo la misma, indicándole la Secretaria del referido Juzgado, que al haber presentado el Ministerio Público acusación formal, el proceso se habría remitido al Tribunal de Sentencia Penal Primero de Yacuiba del mismo departamento, recepcionandose la causa el 5 de abril de 2022, sin que ninguno de los jueces codemandados del Tribunal y Juzgado lleven adelante la referida audiencia de situación jurídica el 6 de abril del citado año, y por otra parte refiere que se le habría notificado con el señalamiento de audiencia de cesación a la detención preventiva recién el 11 de abril de 2022, cuando dicha audiencia estaba programada para el 8 de abril del mismo año. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos demandados son evidentes para conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para fijar fecha y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva; 2) El principio de celeridad en las actuaciones procesales; 3) La acción de libertad innovativa; 4) La protección de víctimas niñas y adolescentes mujeres en los procesos penales; 4.i.) El enfoque interseccional; y, 4.ii.) El enfoque interseccional para el análisis de la violencia hacia niñas y adolescentes mujeres; 5) Sobre la fijación del plazo de la detención preventiva y su solicitud de ampliación; y, 6) Análisis del caso concreto.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para fijar fecha y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0280/2020-S1 de 7 de agosto, asumió el siguiente entendimiento: El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señala que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad-“…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la citada SC 1579/2004-R; la SC 0044/2010-R de 20 de abril amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: 1) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se 1El FJ III.3, señala: “…se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando:

a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley.

b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad.

c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”.

dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; 2) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, 3) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia.

A través de la SCP 0015/2012 de 16 de marzo, el Tribunal Constitucional Plurinacional, razonó a partir del principio ético-moral ama qhilla, vinculándolo con el de celeridad procesal, estableciendo que las autoridades judiciales, en virtud a dichos principios tienen el deber procesal de dirigir y resolver sin dilaciones indebidas, las solicitudes de cesación de detenciones preventivas. Por su parte, la SCP 0110/2012 de 27 de abril, en el Fundamento Jurídico III.3, determina que el memorial de solicitud de cesación de la detención preventiva debe ser providenciado dentro de las veinticuatro horas de su presentación, conforme al siguiente razonamiento:

Por otra parte, ante la inexistencia de un plazo específico determinado por ley para que el juez señale día y hora de audiencia para considerar la cesación de la detención preventiva, es necesario establecer que el memorial de solicitud, debe ser providenciado indefectiblemente dentro de las veinticuatro horas de su presentación, conforme dispone el art. 132 inc. 1) del CPP, al tratarse de una providencia de mero trámite. En este entendido, habrá lesión del derecho a la libertad cuando existe demora o dilación indebida al no emitirse el decreto pertinente de señalamiento de este actuado procesal dentro del referido plazo, bajo sanción disciplinaria a imponerse al juzgador en caso de incumplimiento. La SCP 0112/1012 de 27 de abril recogió los supuestos de dilaciones 2El FJ III.2.1, refiere: "…fueron constitucionalizadas y resumen de manera extraordinaria la moral que toda persona, natural o jurídica debe practicar en todas sus actividades. En ese sentido, se hace énfasis en el principio del ama qhilla, que establece una conducta de vida diligente que debe observar todo individuo, con mayor razón un servidor público como es el juez, del cual debe exigirse una actitud acuciosa en la administración de justicia, sobre todo cuando afecta a un vivir bien, así como a una vida armoniosa.

Los principios ético morales constitucionalizados: 'ama qhilla, ama llulla y ama suwa', vinculados entre sí, constituyen directrices de obligada observancia por los servidores de justicia cuando resuelvan derechos y garantías constitucionales, están en el deber imperativo de impulsar, ser director y promotor del proceso, velando su desarrollo, siendo responsables de cualquier demora por su inactividad, impulsando la nueva justicia en el nuevo Estado Plurinacional" (las negrillas son nuestras). 3El FJ III.2, indica: “Conforme se desarrolló en el acápite anterior, las normas constitucionales-principios, son los valores, principios derechos fundamentales y garantías constitucionales previstos en la Constitución…

(…)

4) Los principios procesales de celeridad y respeto a los derechos, previstos en el art. 178.I de la CPE.

4.1. El principio de celeridad procesal, previsto en el art, 178.I concordante con el art. 180.I, ambos de la CPE, que según el desarrollo legal (art. 3.7, ley 025 de 24 de junio de 2010), comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia.

4.2 El principio de respeto a los derechos, que según el desarrollo legal (art.3. 12 de la Ley 025, de 24 de junio), es la base de la administración de justicia, que se concreta en el respeto al ejercicio de derechos del pueblo boliviano, basados en principios ético-morales propios de la sociedad plural que promueve el Estado Plurinacional y los valores que sustenta este”.

Asimismo, el FJ III.2.1, reiterando en entendimiento de la SC 0862/2005-R de 27 de julio, manifiesta: “…el tratamiento que debe darse a las solicitudes en la que se encuentre de por medio el derecho a la libertad, entre ellas, la cesación de la detención preventiva, debe tener un trámite acelerado y oportuno, pues de no hacerlo podría provocarse una restricción indebida de este derecho, cuando, por un lado, existe una demora o dilación indebida en su tramitación y consideración, o en su caso, cuando existan acciones dilatorias que entorpezcan o impidan que el beneficio concedido pueda efectivizarse de inmediato, dando lugar a que la restricción de la libertad se prolongue o mantenga más de lo debido. Esto en los casos, en los que por razones ajenas al beneficiario, la cesación de la detención preventiva u otro beneficio, no puede concretarse debido a los actos de obstaculización o dilación innecesaria, que originan que el injustificadas en el tratamiento de solicitudes vinculadas con la libertad; resaltando el respeto al principio de celeridad, su carácter normativo y vinculante, como su necesaria aplicación en supuestos en los que la situación jurídica de las personas deba ser definida.

III.2. El principio de celeridad en las actuaciones procesales

Al respecto la misma SCP 0280/2020-S1 de 7 de agosto estableció lo siguiente:

Respecto a la celeridad con la que deben actuar los administradores de justicia, corresponde indicar que el art. 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE), sostiene que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”; a su vez, el art. 180.I de la misma Norma Suprema, determina que: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”; disposiciones que se encuentran en concordancia con lo previsto en el art. 30 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, pues el principio de celeridad comprende la agilidad en la tramitación de los procesos judiciales, procurando que su desarrollo garantice el ejercicio oportuno y rápido de la administración de justicia. En cuanto a la celeridad exigida a toda autoridad que asuma conocimiento de una solicitud de cesación de la detención preventiva de una persona privada de libertad, dicho principio debe ser entendido como la actividad procesal que tiene por finalidad realizar las diligencias judiciales con la prontitud debida, dejando de lado cualquier posibilidad que implique demora en el desarrollo y continuidad del proceso, debiendo entender que la tardía atención a una petición formulada al Juez, que involucre un derecho fundamental, afecta no solo el debido proceso, sino también, la seguridad jurídica; más aún, tratándose del derecho a la libertad que se encuentra restringido por una medida cautelar, como es la detención preventiva. Sobre el particular, la jurisprudencia desarrollada por la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, en el Fundamento Jurídico III.1, sostuvo que:

…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud (las negrillas nos pertenecen).

Jurisprudencia constitucional reiterada, entre otras, por las SSCC 1213/2006-R de 1 de diciembre y 0900/2010 de 10 de agosto; y, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1157/2017-S2 de 15 de noviembre y 0052/2018-S2 de 15 de marzo.

Por consiguiente, debe entenderse que si bien la privación de libertad fue dispuesta por orden judicial, esta determinación no es indefinida, tiene límites en el tiempo y sobre la base del cumplimiento de requisitos que están expresamente previstos en la ley, de manera que, cuando un procesado solicita la cesación de su detención preventiva, habiendo cumplido tales condiciones y si el Juez o Tribunal no responde dentro de plazo a la pretensión efectuada, la privación se convierte en una detención indebida, razonamiento expresada en la SC 0862/2005-R de 27 de julio.

III.3. La acción de libertad innovativa

El Tribunal Plurinacional Constitucional a través de la SCP 0141/2018-S2 de 30 de abril, asumió el siguiente razonamiento: Es una acción tutelar, cuyo propósito es proteger, restablecer y/o restituir el derecho a la libertad física o de locomoción, así como el derecho a la vida, cuando se hallan en peligro como consecuencia de la supresión o restricción a la libertad personal; disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma. En este marco, la línea jurisprudencial sobre la posibilidad de presentar la acción de libertad, aun hubiere cesado la restricción del derecho a la libertad física, conocida en la doctrina como recurso de hábeas corpus innovativa, tiene el siguiente desarrollo jurisprudencial:

El Tribunal Constitucional, en la SC 0092/02-R de 24 de enero de 2002, sostuvo que era posible el planteamiento del hábeas corpus -ahora acción de libertad- cuando el accionante ya había sido liberado, pues dicha liberación “…no desvirtúa la ilegalidad del acto ni libera de responsabilidad a los recurridos…”, de forma que en tales casos, se evitaba la reiteración de la conducta; es decir, que el interés en la resolución de la temática, trascendía del caso particular para convertirse en uno de interés general. Posteriormente, sin modificarse oficialmente aquella línea, la SC 1489/2003-R de 20 de octubre estableció que promovido el recurso de habeas corpus -ahora acción de libertad-, no procedía cuando el hecho conculcador ya había cesado, puesto que dicho acto adquiría características que lo hacían punible en la instancia ordinaria penal; por lo que, se debería acudir a esa jurisdicción para conseguir la respectiva sanción. A través de la SC 0327/2004-R de 10 de marzo, se cambió dicho entendimiento jurisprudencial, sosteniendo que las lesiones del derecho a la libertad, encuentran protección dentro del ámbito del hábeas corpus, en los casos en los que se constate la existencia de una ilegal privación de libertad, a pesar de haber cesado la detención antes de la interposición del recurso; supuesto en el cual, la concesión de la tutela debe establecer la responsabilidad de los servidores públicos que efectuaron la indebida privación de libertad; razonamiento que fue adoptado como línea jurisprudencial hasta la gestión 2010. Con la SC 0451/2010-R de 28 de junio, se recondujo el entendimiento jurisprudencial al anterior contenido en la SC 1489/2003-R, estableciendo 5El Tercer Considerando, señala: “…Si bien el Juez de la causa dispuso la libertad del procesado ello no desvirtúa la ilegalidad del acto ni libera de responsabilidad a los recurridos, tal como lo establece el art. 91-6) de la Ley N° 1836 (…)”. 6El FJ III.2, indica “En el caso que se examina, conforme lo expresa el propio recurrente, el hábeas corpus fue planteado después de que sus representados fueron puestos en libertad, de manera que si hubo ilegalidad en su detención por no haberse observado lo establecido por los arts. 6.II y 9.I CPE, ella no puede resolverse dentro de un recurso de hábeas corpus que fue presentado luego de haber sido puestos en libertad los recurrentes. Por consiguiente esa presunta ilegalidad adquiere otras características que la hacen punible, por lo que corresponde ser considerada en el ámbito penal o en el que los recurrentes estimen adecuado. En consecuencia, correspondía al recurrente interponer el recurso en el momento en que sus representados se encontraban -según él- indebidamente detenidos a fin de que la autoridad competente dentro del trámite de hábeas corpus, haga comparecer a los detenidos y analice los antecedentes del caso para pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo, situación que no puede darse, ya que fueron puestos en libertad antes de la presentación misma del recurso”. 7El FJ III.1, refiere: “Consiguientemente, del contenido de los preceptos aludidos y los debates parlamentarios glosados, se extrae de manera clara y precisa que la voluntad del legislador es que las lesiones al derecho a la libertad encuentren protección dentro del ámbito del hábeas corpus, declarando su procedencia en los casos en que se constate la existencia de una ilegal privación de libertad, no obstante haber cesado la detención antes de la interposición del recurso; en consecuencia, es preciso cambiar el entendimiento jurisprudencial sentado en la SC 1489/2003-R (…)”. 8El FJ III.2.2, manifiesta: “Cuando se alega privación de libertad personal, la norma constitucional (art. 125 de la CPE), señala que toda persona que esté indebida o ilegalmente privada de su libertad personal, podrá interponer la acción de libertad y solicitar al juez o tribunal competente `se restituya su derecho a la libertad´”.

Lo cual significa que en estos casos, la acción de libertad debe ser interpuesta cuando la lesión al derecho a la libertad existe; de no ser así, se desnaturalizaría la esencia de la presente acción de defensa, dado que el petitorio de que `se restituya su derecho a la libertad´, ya no tendría sentido si está en libertad.

En consecuencia, desde el orden constitucional, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos procesales:

que cuando se alega o denuncia una privación de libertad personal ilegal o indebida, debe interponerse la acción de libertad mientras persista la lesión, no cuando hubiere cesado; lo cual fue confirmado por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0201/2012 de 24 de mayo, entre otras. La SC 0895/2010-R de 10 de agosto, complementó el entendimiento previamente asumido y señaló que cuando sea imposible plantear la acción de libertad por situaciones debidamente justificadas durante la privación de libertad, es posible su interposición inmediatamente después de haber cesado la misma. La jurisprudencia glosada fue reconducida a través de la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre; en la que, sobre la base de la SC 0327/2004-R, dispone que procede la acción de libertad -bajo la modalidad de innovativa-, aun hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de la acción de libertad; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida, o en su caso, el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal.

Primero.- Cuando el acto ilegal o indebido denunciado sea la detención o privación de libertad física del agraviado o accionante, la acción de libertad debe ser interpuesta mientras exista la lesión, no cuando haya cesado.

Segundo.- En los casos, en que presentada la acción de libertad conforme a esta exigencia, luego de la notificación a la autoridad, funcionario o persona denunciada o accionada, con la admisión de la misma, ésta libera al accionante o agraviado, ello no impide la prosecución del trámite y la otorgación de la tutela si es que corresponde, a los efectos de la reparación de los daños causados por la privación de libertad y en su caso los efectos que corresponda.

Tercero.- En los casos en que durante la detención no se presentó la acción de libertad, sino después de haber cesado la misma; verificada que sea tal situación, en audiencia pública y sin ingresar al análisis de fondo, corresponde la denegación de tutela, salvando los derechos del agraviado o accionante en la vía jurisdiccional ordinaria.

Al respecto, el art. 110.I de la CPE, señala que: `Las personas que vulneren derechos constitucionales quedan sujetas a la jurisdicción y competencia de autoridades bolivianas´, lo cual guarda coherencia con el art. 292 del Código Penal (CP), que bajo el nomen juris de `privación de libertad´, establece: `El que de cualquier manera privare a otro de su libertad personal, incurrirá en reclusión de seis meses a dos años y multa de treinta a cien días. La sanción será agravada en un tercio, cuando el hecho fuere cometido: 1) Por un funcionario público, con abuso de su autoridad. 2) Sobre un ascendiente, descendiente o cónyuge. 3) Si la privación de libertad excediere de cuarenta y ocho horas´ (…)

El art. 4.II de la Ley 003 de 13 de febrero de 2010 denominada Ley de Necesidad de Transición, señala que: `Los Tribunales, Jueces y autoridades administrativas del Estado Plurinacional podrán considerar la jurisprudencia constitucional emitida con anterioridad a la aprobación del nuevo orden constitucional, en tanto no se contraponga a la Constitución Política del Estado´, en ese sentido, y al ser -entre otras- la función del Tribunal Constitucional, intérprete y guardián de la Constitución vigente; la interpretación efectuada a través de su jurisprudencia no puede contravenir a la Constitución misma, ni asimilar un entendimiento jurisprudencial pasado que se aparte de ella, sino sólo aquél que guarde coherencia o armonía con la Constitución vigente, uniformando así la jurisprudencia constitucional; labor que le corresponde a los miembros que componen este Tribunal. En ese sentido, y a la luz de la nueva Constitución, se concluye que `cuando se alega o denuncia privación de libertad personal ilegal o indebida, debe interponerse la acción de libertad, mientras persista la lesión, no cuando ha cesado´, tal cual se explicó precedentemente, lo cual a su vez significa una reconducción de la línea jurisprudencial al asumido en la SC 1489/2003-R, que es conforme al orden constitucional vigente”. 9El FJ III.2, establece: “Así como no hay derechos absolutos, no hay reglas que no permitan una excepción cuando en mérito a ello se materializará un derecho fundamental, sin alterar la esencia y naturaleza de la acción tutelar, en este caso de la acción de libertad; y es que debe tenerse en cuenta que hay situaciones particulares en las que estando el ciudadano privado de libertad no es posible activar ningún medio de defensa ordinario, mucho menos extraordinario o de rango constitucional, pese a la lesión sufrida; por ello es oportuno complementar al entendimiento asumido en la citada SC 0451/2010-R, con referencia a que cuando se aduzca o se denuncie detención indebida, la acción de libertad debe ser interpuesta estando en privación o restricción de la libertad física, no luego de haber cesado: `Salvo que por las situaciones debidamente justificadas y la particularidad del caso, durante la privación de libertad no le fue posible interponer la acción de libertad, sino inmediatamente después de haber cesado la misma, lo cual no hace desparecer el acto ilegal y amerita un pronunciamiento de fondo a objeto de establecer las responsabilidades que correspondan, sean civiles, penales, u otras, dependiendo de la gravedad y del sujeto pasivo o causante de la lesión de derechos´”.

En efecto, la SCP 2491/2012 consagra la acción de libertad denominada innovativa; entendimiento que fue seguido de manera uniforme por este Órgano encargado del control de constitucionalidad, a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0640/2013 de 28 de mayo y 2075/2013 de 18 de noviembre, entre otras. Efectivamente, debe señalarse que la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía constitucional, debe ser repudiado por la justicia constitucional; de esta manera, evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protege únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan hechos cuestionados de ilegales; en razón a que, como entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa, no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, sino también, desde su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional. En ese marco, corresponde la aplicación de la SCP 2491/2012, en cuyo Fundamento Jurídico III.1, establece:

…de acuerdo a la nueva coyuntura constitucional imperante desde febrero de 2009, nuestro país atraviesa un proceso de constitucionalización en sus instituciones jurídicas y políticas. No se encuentra al margen la justicia constitucional, que acoge parámetros interpretativos y de amparo más garantistas y favorables a la protección de los derechos y de los derechos humanos.

En ese sentido, la interpretación que debe hacerse respecto del art. 125 constitucional, no debe recorrer un camino restrictivo, en el sentido de que únicamente la acción de libertad pueda ser interpuesta cuando la persona se encuentre privada de libertad, pues partiendo de un criterio amplio y garantista como se tiene anotado, este mecanismo puede operar cuando efectivamente ha cesado la vulneración al derecho protegido. Este criterio se justifica, al análisis de lo dispuesto por el art. 256 de la CPE, que de forma expresa reconoce criterios de interpretación más favorables que los contenidos en nuestra propia Ley Fundamental y que se encuentran contenidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la acción de libertad innovativa debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional, asume un rol fundamental para el resguardo de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección -libertad personal, vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción-; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efectos de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática, para determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o personas particulares que transgredieron el o los derechos invocados como lesionados, al ser estas conductas contrarias al orden constitucional; evitando de esta forma, futuras conculcaciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales. Más aún cuando nuestro ordenamiento jurídico expresamente establece la existencia de esta figura, en el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que determina: “Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan”.

III.4. La protección de víctimas niñas y adolescentes mujeres en los procesos penales

III.4.1. El enfoque interseccional

Al respecto el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, desarrolló un razonamiento amplio que describe a continuación y que además fue reiterado por distintas Sentencia Constitucionales Plurinacionales entre las cuales se encuentran la SCP 0187/2020-S1 de 28 de julio y la SCP 0478/2021-S1 de 24 de septiembre:

El enfoque interseccional se constituye en una herramienta útil para analizar la vulneración de los derechos, en especial de la igualdad, cuando se presentan múltiples factores de discriminación que se entrecruzan y que influyen en el ejercicio y goce de los derechos de las personas. A partir de ello, es posible tener una mirada plural de la discriminación y violencia hacia diversas categorías biológicas, sociales y culturales, como el sexo, el, la clase, la discapacidad, la orientación sexual, la religión, la edad, la nacionalidad y otros ejes de identidad que se interaccionan en múltiples, y a menudo, en simultáneos niveles de discriminación y violencia, comprendiendo las desigualdades y necesidades de esta población en los casos concretos, las cuales pueden estar atravesadas por diversas identidades u otros factores, que las coloquen en situaciones mayores de subordinación, violencia o discriminación. El enfoque interseccional, se está incorporando de manera gradual, permitiendo superar un análisis unidimensional, para introducir una interpretación múltiple de la discriminación y las interacciones entre los factores o categorías de discriminación, que se está materializando a través de informes de las instancias de seguimiento y aplicación de las recomendaciones de los instrumentostanto en el Sistema de Protección de Derechos Humanos de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), como en los Sistemas Regionales.

Este enfoque, permite analizar la discriminación y violencia hacia las mujeres, comprendiendo sus desigualdades y necesidades en casos concretos, como lo exige, además, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará), en cuyo art. 9, establece como criterio interpretativo sobre las obligaciones internacionales de los Estados, que éstos tendrán especialmente en cuenta, la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada, así, como embarazada, discapacitada, menor de edad, anciana o que se encuentre en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), utilizaron el enfoque interseccional, cuando se presentaron varios factores de discriminación. Así, la referida Corte IDH, en el Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, a través de la Sentencia de 25 de noviembre de 2006, sobre Fondo, Reparaciones y Costas, en el párrafo 259 inc. i), hizo referencia a la violencia sexual contra las mujeres que se encuentran bajo la custodia del Estado, señalando que: “…Las mujeres han sido víctimas de una historia de discriminación y exclusión por su sexo, que las ha hecho más vulnerables a ser abusadas cuando se ejercen actos violentos contra grupos determinados por distintos motivos, como los privados de libertad...”.

La misma Sentencia en el párrafo 292, también se refirió a las mujeres embarazadas que se encontraban en prisión, indicando que: “…Las mujeres embarazadas que vivieron el ataque experimentaron un sufrimiento psicológico adicional, ya que además de haber visto lesionada su propia integridad física, padecieron sentimientos de angustia, desesperación y miedo por el peligro que corría la vida de sus hijos…”. Asimismo, hizo referencia a las madres internas, indicando en el párrafo 330, que:

La incomunicación severa tuvo efectos particulares en las internas madres. Diversos órganos internacionales han enfatizado la obligación de los Estados de tomar en consideración la atención especial que deben recibir las mujeres por razones de maternidad, lo cual implica, entre otras medidas, asegurar que se lleven a cabo visitas apropiadas entre madre e hijo. La imposibilidad de comunicarse con sus hijos ocasionó un sufrimiento psicológico adicional a las internas madres. Por otra parte la Corte IDH, en el Caso González y Otras (“Campo Algodonero”) vs. México, a través de la Sentencia de 16 de noviembre de 2009 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, en los párrafos 408 y 409, además de analizar la relación de la violencia de género con las relaciones sociales, culturales y económicas de discriminación, para caracterizar a las víctimas, también lo hizo respecto a las discriminaciones de género, pobreza y edad, al hacer referencia a los derechos de las víctimas menores de edad, indicando:

408. (…) el Estado debe prestar especial atención a las necesidades y los derechos de las presuntas víctimas en consideración a su condición de niñas, como mujeres que pertenecen a un grupo en una situación vulnerable.

409. En el presente caso, la Corte considera que el Estado tenía la obligación de adoptar todas las medidas positivas que fueran necesarias para garantizar los derechos de las niñas desaparecidas. En concreto, el Estado tenía el deber de asegurar que fueran encontradas a la mayor brevedad, una vez los familiares reportaron su ausencia, especialmente debido a que el Estado tenía conocimiento de la existencia de un contexto específico en el que niñas estaban siendo desaparecidas.

En el mismo sentido, la Corte IDH en los Casos Rosendo Cantú y Otra VS. México -Sentencia de 31 de agosto de 2010 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas- y Fernández Ortega y Otros VS. México -Sentencia de 30 de agosto de 2010 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas-, efectuó el análisis sobre la discriminación y violencia de las mujeres indígenas, estableciendo que debía garantizarse el acceso a la justicia de los miembros de las comunidades indígenas, adoptando medidas de protección que tomen en cuenta sus particularidades propias, sus características económicas y sociales, su situación de especial vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, así como sus valores, usos y costumbres. También cabe mencionar, el Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile, en cuya Sentencia de 24 de febrero de 2012 sobre Fondo, Reparaciones y Costas, donde la Corte IDH hizo referencia a la discriminación sufrida por las mujeres con orientación sexual diversa; pues se impuso a la accionante, que en su condición de mujer atendiera y privilegiara sus deberes como madre:

139. Al respecto, el Tribunal considera que dentro de la prohibición de discriminación por orientación sexual se deben incluir, como derechos protegidos, las conductas en el ejercicio de la homosexualidad. Además, si la orientación sexual es un componente esencial de identidad de la persona, no era razonable exigir a la señora Atala que pospusiera su proyecto de vida y de familia. No se puede considerar como “reprochable o reprobable jurídicamente”, bajo ninguna circunstancia, que la señora Atala haya tomado la decisión de rehacer su vida. Además, no se encontró probado un daño que haya perjudicado a las tres niñas. 140. En consecuencia, la Corte considera que exigirle a la madre que condicionara sus opciones de vida implica utilizar una concepción “tradicional” sobre el rol social de las mujeres como madres, según la cual se espera socialmente que las mujeres lleven la responsabilidad principal en la crianza de sus hijos e hijas y que en pos de esto hubiera debido privilegiar la crianza de los niños y niñas renunciando a un aspecto esencial de su identidad. Por tanto, la Corte considera que bajo esta motivación del supuesto privilegio de los intereses personales de la señora Atala tampoco se cumplía con el objetivo de proteger el interés superior de las tres niñas.

El enfoque interseccional antes descrito, debe ser utilizado en el presente caso considerando, por una parte, que la víctima es una mujer víctima de violencia sexual; y por otra, es una adolescente. Este enfoque, permitirá comprender de mejor manera la situación de vulnerabilidad de la misma, así como identificar los criterios reforzados de protección contenidos tanto en nuestra Constitución Política del Estado como en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos respecto a niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, conforme se desarrollará en el siguiente punto.

III.4.2. El enfoque interseccional para el análisis de la violencia hacia niñas y adolescentes mujeres

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto y la SCP 0443/2021-S1 de 16 de septiembre, asumieron el siguiente razonamiento:

El art. 60 de la CPE, sostiene que:

Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado. Conforme a dicha norma, el constituyente boliviano estableció que las niñas, niños; y, las y los adolescentes gozan de especial protección y atención de sus derechos, mediante la corresponsabilidad del Estado en todos sus niveles con la familia y la sociedad, debiendo ser atendidos con preferencia en centros de salud, en la escuela, entidades judiciales, por la Policía Boliviana, el Ministerio Público, entre otros.

Por su parte, los estándares de protección existentes en el ámbito internacional, que constituyen fuente de obligación para el Estado, y que a partir de los principios contenidos en los arts. 13 y 256 de la CPE, pueden ser aplicados de manera preferente, si son más favorables a las normas contenidas en nuestra Norma Suprema. En ese sentido, existen una serie de instrumentos que tienen especial relevancia para la solución del caso y que servirán como parámetro normativo y jurisprudencial para ese propósito.

Pues bien, en el ámbito interamericano, la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes encuentra su sustento jurídico, en las disposiciones contenidas en el art. 19 de la CADH, que establece que los mismos, tienen derecho a las medidas de protección, que su condición de menores, requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. En similar sentido, el art. 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -Protocolo de San Salvador-, reconoce por un lado, el derecho a medidas de protección; y por otro, incorpora explícitamente una obligación para el Estado respecto a adoptar medidas especiales de protección a fin de garantizarles la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral. Asimismo, el art. VII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH), por su parte hace referencia a la protección y cuidado especial del que gozan los niños; de igual modo, la Declaración de los Derechos del Niño incorpora entre sus principios, el derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y explotación; y, el deber de ser siempre los primeros en recibir protección y socorro.

Ahora bien, un elemento importante en este acervo jurídico internacional de protección de los niños, niñas y adolescentes, representa la adopción y ratificación por parte de todos los Estados miembros de la Convención sobre los Derechos del Niño; a través de lo cual, se consolida la vigencia de sus preceptos dentro del derecho doméstico o interno de dichos Estados, cuyo ámbito personal de protección, se circunscribe a las personas menores de 18 años de edad.

La Convención sobre los Derechos del Niño, de la misma forma que los otros instrumentos de derechos humanos, orienta y limita los actos del Estado, sus instituciones y particulares, así como le impone deberes que suponen la creación de las condiciones jurídicas, institucionales, culturales y económicas, para garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención, entre ellas, la dispuesta en su art. 39, que señala: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de: cualquier forma de abandono, explotación o abuso (…). Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño”. En esta misma línea, la referida Convención incorpora entre los 13Protocolo de San Salvador, art. 16: “Todo niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Todo niño tiene el derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres; salvo circunstancias excepcionales, reconocidas judicialmente, el niño de corta edad no debe ser separado de su madre. Todo niño tiene derecho a la educación gratuita y obligatoria, al menos en su fase elemental, y a continuar su formación en niveles más elevados del sistema educativo.” También, art. 15 con el título “Protección de la familia”; en el cual, es muy relevante la obligación de los Estados de brindar adecuada protección al grupo familiar, así dentro del numeral 2, literal c., indica: “adoptar medidas especiales de protección de los adolescentes a fin de garantizar la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral”. Suscrito en San Salvador de El Salvador, el 17 de noviembre de 1988, en el décimo octavo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Entró en vigor el 16 de noviembre de 1999. Ratificado por Bolivia mediante Ley 3293 de12 de diciembre de 2005. 14Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, art. VII: “Toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho a protección, cuidados y ayuda especiales”. Adoptada en la novena Conferencia Interamericana, celebrada en Bogotá, Colombia, 1948, conjuntamente con la constitución de la OEA. 15Declaración de los Derechos del Niño, Principio 8: “El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban protección y socorro”. Principio 9: “El niño deber ser protegido contra toda forma de abandono crueldad y explotación (…)”.

principios básicos de la protección integral, a los de protección especial y de efectividad. El principio de protección especial consignado a lo largo de todo el articulado de la Convención, acuerda medidas especiales de protección o adicionales, reafirmando en primer lugar, la aplicación de aquellos derechos ya reconocidos a los seres humanos en general; y en segundo lugar, establece normas que atañen exclusivamente a la niñez, que representa una protección adicional, basadas en una atención positiva y preferencial de los niños que se encuentran en situaciones de desprotección, para restituir esta condición a parámetros normales de protección.

A su vez, a través del principio de efectividad que se halla inserto en la disposición del art. 4 del citado instrumento jurídico, se prescribe de manera imperativa la tarea de adoptar mecanismos de cualquier índole, tendientes a lograr la efectividad de los derechos de los niños y desarrollo de garantías, incluidas institucionales y administrativas. Descritas las normas internas e internacionales sobre la protección de niñas, niños y adolescentes, cabe hacer referencia a las similares normas vinculadas a mujeres víctimas de violencia sexual y las específicas regulaciones conectadas a violencia contra niñas y adolescentes. Así, el art. 15 de la CPE, señala:

I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. (…)

II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad.

III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional (…), tanto en el ámbito público como privado (las negrillas son nuestras).

De este modo, se puede ver que el constituyente boliviano, sobre el problema de la violencia contra la mujer, fue preciso en reconocerle un derecho específico del que deriva la obligación para el Estado, en todos sus niveles, no solo de investigar y sancionar actos de violencia contra la mujer, sino, de actuar en las distintas etapas y manifestaciones de este fenómeno, así como de ofrecer reparación y socorro a las víctimas a fin de preservar su integridad; por tanto, cualquier inacción resultaría desde el punto de vista jurídico, reprochable. Asimismo, el Estado al ratificar un convenio internacional de derechos humanos, adquiere la obligación de respetar y proteger los derechos reconocidos en dicho instrumento. Así, la Convención Belém Do Pará de 9 de junio de 1994, ratificada por Bolivia mediante Ley 1599 de 18 de agosto de igual año, se constituye en el primer Tratado Interamericano que reconoce la violencia hacia las mujeres, como una violación de derechos humanos; en cuyo art. 7, consigna los deberes que tienen los estados, de adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entre ellos, el de abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer, y velar, porque las autoridades y funcionarios se comporten de acuerdo a esa obligación; es decir, actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer, de cualquier forma, que atente contra su integridad o propiedad; establecer procedimientos legales, justos y eficaces para aquella que fue sometida a violencia, que incluyan medidas de protección, juicio oportuno y acceso efectivo a esos procedimientos. En tal sentido, las obligaciones consignadas en los instrumentos jurídicos de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que fueron anotados precedentemente, se complementan y refuerzan para aquellos Estados Partes de los mismos, con las obligaciones de la Convención Belém Do Pará, dotando de contenido a la responsabilidad estatal de aplicar políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer con perspectiva de género. Así, el art. 9 de dicha Convención establece, que los Estados tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, en razón, entre otras, por ser menor de edad o estar en situación socioeconómica desfavorable. Ahora bien, entre los estándares del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, vinculados con la violencia de género, cabe mencionar a la Recomendación 19 pronunciada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité de la CEDAW), que es una de las más relevantes en temas de violencia; afirmándose en ella, que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente que ésta goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre. La Recomendación también señala que la violencia contra la mujer conlleva responsabilidad estatal, no solamente, por actos violentos cometidos por agentes estatales, sino por particulares, cuando el Estado no implementa los mecanismos necesarios para protegerlas de este tipo de violencia; y, cuando no adopta medidas con la diligencia debida, para impedir la lesión de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas. En la misma Recomendación, el Comité de la CEDAW señala que los Estados Partes, entre otras medidas, deben velar porque las leyes contra la violencia y los malos tratos en la familia, la violación, los ataques sexuales y otro tipo de violencia contra la mujer, protejan de manera adecuada a todas las mujeres, respetando su integridad y su dignidad; proporcionando protección y apoyo a las víctimas; capacitando a los funcionarios judiciales, a los agentes del orden público y a otros funcionarios públicos para que apliquen la Convención antes referida. El mencionado Comité de la CEDAW, en la Recomendación General 33 de 3 de agosto de 2015, sobre el acceso de las mujeres a la justicia, examinó las obligaciones de los Estados Partes, para asegurar que éstas tengan acceso a dicho derecho, al advertir que existen obstáculos y restricciones que les impiden efectivizarlo en el marco de la igualdad; obstáculos que se producen en un contexto estructural de discriminación y desigualdad, debido a factores como los estereotipos de género, leyes discriminatorias, procedimientos interseccionales de discriminación, las prácticas y los requisitos en materia probatoria; limitaciones que constituyen violaciones persistentes a los derechos humanos de las mujeres. En dicha Recomendación, se hace referencia a la justiciabilidad, estableciendo que se requiere el acceso irrestricto de la mujer a la justicia, y para ello, recomienda que se debe mejorar la sensibilidad del sistema de justicia a las cuestiones de género, empoderando a las mujeres para lograr la igualdad de jure y de facto -de derecho y hecho-; asegurando que los profesionales de los sistemas de justicia, tramiten los casos, teniendo en cuenta las cuestiones de género; y, revisando las normas sobre la carga de la prueba, para asegurar la igualdad entre las partes, en todos los campos, en aquellas relaciones de poder que priven a las mujeres a la oportunidad de un tratamiento equitativo de su caso. El mencionado Comité de la CEDAW, también recomienda a los Estados Partes establecer y hacer cumplir recursos adecuados, efectivos, atribuidos con prontitud, holísticos y proporcionales a la gravedad del daño sufrido por las mujeres; recursos que deben incluir, según corresponda, la restitución -reintegración-, la indemnización -en forma de dinero, bienes o servicios- y la rehabilitación -atención médica, psicológica y otros servicios sociales-. Asimismo, establece recomendaciones específicas en la esfera del Derecho Penal, encomendando que los Estados ejerzan la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer la reparación, por todos los delitos cometidos contra mujeres, ya sea, perpetrados por agentes estatales o no estatales; garantizando que la prescripción se ajuste a los intereses de las víctimas, tomando medidas apropiadas para crear un entorno de apoyo, que las aliente a reclamar sus derechos, denunciar delitos cometidos en su contra y participar activamente en los procesos; revisando las normas sobre pruebas y su aplicación específicamente en casos de violencia contra la mujer; y, mejorando la respuesta de la justicia penal a la violencia en el hogar. Asimismo, la Decisión del Comité de la CEDAW, en el Caso, LC vs. Perú -octubre 2011- basado en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, resulta un importante precedente en el ámbito de protección de los derechos de las mujeres y niñas, por cuanto el Comité, además de abordar el derecho del aborto en casos de violencia sexual, reconoció la obligación de protección reforzada, que recae sobre las niñas, adolescentes y mujeres como mayores víctimas de violencia sexual.

El mismo Comité, en la Recomendación General 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia, examina las obligaciones de los Estados Partes para asegurar que las mujeres tengan acceso a la justicia, siendo una de ellas, el asegurar que las niñas cuenten con mecanismos independientes, seguros, eficaces, accesibles, tomando en cuenta su situación e interés superior. Por su parte, el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, a través de la Corte IDH, al tiempo de pronunciarse sobre los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, en el Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala -Sentencia de 19 de mayo de 2014 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas-, sostiene en el párrafo 133, que:

…en relación con niñas, los derechos y obligaciones antedichos deben observarse en el marco del acatamiento del artículo 19 de la Convención Americana y siendo pertinente, atendiendo a lo dispuesto en la Convención Belém do Pará. El artículo 19 de la Convención establece, como se ha dicho en otras oportunidades, el derecho de “los y las niñas a (…) medidas especiales de protección que deben ser definidas según las circunstancias particulares de cada caso concreto”. El Tribunal ha indicado, asimismo, que “…la adopción de tales medidas […] corresponde tanto al Estado como a la familia, la comunidad y la sociedad a la que el niño o niña pertenece”. Además, la Corte ha reiterado que revisten especial gravedad los casos en los cuales las víctimas de violaciones a derechos humanos son niñas y niños quienes, en razón de su nivel de desarrollo y vulnerabilidad, requieren protección que garantice el ejercicio de sus derechos dentro de la familia, de la sociedad y con respecto al Estado”. En ese sentido, “han de ceñirse al criterio del interés superior del niño las acciones del Estado y de la sociedad en lo que respecta a la protección de los niños y a la promoción y preservación de sus derechos”. Por otra parte, el artículo 7 de la Convención de Belem do Para, sobre el que el Tribunal es competente (…) instituye deberes estatales para “prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer que especifican y complementan las obligaciones que tiene el Estado respecto al cumplimiento de los derechos consagrados en la Convención Americana, tales como los establecidos en los artículos 4, 5 y 7. En consecuencia, es de notar que estos instrumentos jurídicos visibilizan la vulnerabilidad a la que está expuesta la niñez, la cual se acentúa por la condición de mujer, ello exige por su importancia, mayor diligencia de parte de los actores políticos como el Estado y otros de carácter social como la familia y la sociedad, cuando se trata de proteger y asegurar el ejercicio de los derechos de las niñas y adolescentes, frente al hecho o posibilidad de vulneración de los mismos, en los que subyacen actos de violencia, con el fin de erradicarlos.

En el marco de dichas normas internacionales, el Estado boliviano promulgó el Código Niña, Niño y Adolescente, mediante Ley 548 de 17 de julio de 2014, cuyo objeto es garantizar el ejercicio pleno e integral de los derechos de la niña, niño y adolescente, implementando el Sistema Plurinacional Integral de la Niña, Niño y Adolescente (SPINNA), para garantizar la vigencia plena de sus derechos, mediante la corresponsabilidad del Estado, a través de todas sus instituciones públicas y privadas, en todos sus niveles, la familia y la sociedad. Este nuevo instrumento legal se basa en once principios; cuales son, interés superior, prioridad absoluta, igualdad y no discriminación, equidad de género, desarrollo integral, corresponsabilidad, ejercicio progresivo de derechos y especialidad. En el Capítulo VIII del citado Código, se desarrolla el derecho a la integridad personal y la protección contra la violencia a las niñas, niños y adolescentes, priorizando el resguardo contra cualquier forma de vulneración a su integridad sexual; disponiendo se diseñen e implementen políticas de prevención y protección contra toda forma de abuso, explotación o sexualización precoz. Así, el art. 145.I, establece que: “La niña, niño y adolescente, tiene derecho a la integridad personal, que comprende su integridad física, psicológica y sexual”. Por su parte, el art. 148.II inc. a) del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), respecto a este sector poblacional, prevé el derecho de ser protegidas y protegidos contra la violencia sexual; la cual es definida como: “…toda conducta tipificada en el Código Penal que afecte la libertad e integridad sexual de una niña, niño o adolescente”. Asimismo, el art. 157 del CNNA, en el marco del derecho de acceso a la justicia, establece:

I. Las niñas, niños y adolescentes, tienen el derecho a solicitar la protección y restitución de sus derechos, con todos los medios que disponga la ley, ante cualquier persona, entidad u organismo público o privado (…)

IV. La preeminencia de los derechos de la niña, niño y adolescente, implica también, la garantía del Estado de procurar la restitución y restauración del derecho a su integridad física, psicológica y sexual. Se prohíbe toda forma de conciliación o transacción en casos de niñas, niños o adolescentes víctimas de violencia (las negrillas son incorporadas). El art. 15 de la Ley de Protección a las Víctimas de Delitos Contra la Libertad Sexual -Ley 2033 de 29 de octubre de 1999-, indica:

La víctima de delitos contra la libertad sexual tendrá, además de los derechos y garantías reconocidas en la Constitución Política del Estado, en el Código de Procedimiento Penal y demás leyes, los siguientes derechos: (…)

10. A la seguridad, por lo que la autoridad investigadora y la jurisdiccional están obligadas a ordenar las medidas necesarias para la protección de la víctima, sus familiares, dependientes y testigos de cargo, de su domicilio y posesiones cuando se pongan en peligro por el probable responsable o sus cómplices mediante actos de intimidación o represalias;

11. A la renuncia del careo con el imputado. En caso de aceptación de la víctima este debe realizarse en presencia de su defensor (…). En esta misma línea, se promulgó la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013- con el objeto de establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia; en ella se indica, que su aplicación es preferente respecto a cualquier otra norma, debiendo ser utilizada de forma inmediata para salvaguardar la vida, las integridades física, psicológica y sexual de las mujeres en situación de violencia. De la misma manera, la referida Ley implementó el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género (SIPASSE), con el fin de garantizar a las mujeres, una vida digna en el ejercicio de sus derechos; de igual forma, modificó los artículos referentes a delitos que atentan la libertad sexual, contenidos en el Código Penal. El art. 6.1 de la citada Ley, conceptualiza la violencia como: “…cualquier acción u omisión, abierta o encubierta, que cause la muerte, sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico a una mujer u otra persona, le genere perjuicio en su patrimonio, en su economía, en su fuente laboral o en otro ámbito cualquiera, por el sólo hecho de ser mujer”. Por lo que, si dicha conducta omisiva o de abstención, causare sufrimiento psicológico para la mujer u otra persona, constituiría un acto de violencia, lo cual, puede darse en los distintos ámbitos en los que se desarrolla, incluidos el educativo y judicial. Dada la gravedad e intensidad de la violencia contra las mujeres, se visibiliza a la mujer como sujeto afectado en los contenidos de las tipificaciones penales, buscando así la prevención de estos delitos, sumado a que el Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad, la erradicación de la violencia contra las mujeres:

ARTÍCULO 3. (PRIORIDAD NACIONAL).

I. El Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género.

La declaratoria de prioridad nacional, implica que todas las instituciones públicas deben adoptar las medidas y políticas necesarias para erradicar la violencia contra las mujeres, asignando recursos económicos y humanos suficientes, con carácter obligatorio. Asimismo, la Ley 348 que acoge el contenido de las disposiciones nacionales e internacionales, define como tareas específicas, coordinar y articular la realización de instrumentos, servicios, acciones y políticas integrales de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, tanto en el nivel central del Estado como en las Entidades Territoriales Autónomas (ETA). Rompiendo progresivamente las tradicionales prácticas, procedimientos y decisiones, que revelan sesgos de género que relativizaban los hechos de agresión hacia la mujer, y por ende, su vida e integridad. En este entendido, el art. 11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) -Ley 260 de 11 de julio de 2012-; establece que, en los delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes, el Ministerio Público debe brindar una protección inmediata a los mismos.

Conforme a lo anotado, si bien internamente tenemos un adecuado desarrollo normativo; sin embargo, es evidente que las disposiciones legales, en muchos casos, requieren ser interpretadas, considerando el contexto de violencia -estructural y concreta- de la víctima, así como su situación especial de vulnerabilidad. Es, en ese marco de interpretación, que tanto las autoridades judiciales, como del Ministerio Público y la Policía Boliviana, deben tomar en cuenta el enfoque interseccional, cuando se trate de niñas o adolescentes víctimas de violencia, a efectos de actuar inmediatamente, con prioridad, adoptando las medidas de protección que sean necesarias, evitando todas aquellas acciones que se constituyan en revictimizadoras y no tomen en cuenta el interés superior de la niña o la adolescente. En ese sentido, el enfoque interseccional permite dar concreción al principio de igualdad, comprendido desde una perspectiva material; pues analiza las situaciones que colocaron a una persona, en el caso concreto, en mayores niveles de vulnerabilidad, con la finalidad de resolver el caso aplicando medidas, cuando corresponda, que permitan reparar y transformar las situaciones de subordinación, discriminación o violencia, no solo de la víctima en concreto, sino también, de todas las personas que se encuentren en situación similar.

III.5. Sobre la fijación del plazo de la detención preventiva y su solicitud de ampliación

El Tribunal Constitucional a través de la SCP 0585/2021-S1 de 25 de octubre, entre otras, asumió el siguiente razonamiento: Respecto a la fijación del plazo para la detención preventiva, el art. 233 del CPP, modificado por la La Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- y esta a su vez por la Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019, establece:

Artículo 233. (REQUISITOS PARA LA DETENCIÓN PREVENTIVA). La detención preventiva únicamente será impuesta cuando las demás medidas cautelares personales sean insuficientes para asegurar la presencia del imputado y el no entorpecimiento de la averiguación del hecho. Será aplicable siempre previa imputación formal y a pedido del fiscal o víctima, aunque no se hubiera constituido en querellante, quienes deberán fundamentar y acreditar en audiencia pública los siguientes extremos:

1. La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible; 2. La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; 3. El plazo de duración de la detención preventiva solicitada y los actos investigativos que realizará en dicho término, para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la Ley. En caso que la medida sea solicitada por la víctima o el querellante, únicamente deberá especificar de manera fundamentada el plazo de duración de la medida. En etapa de juicio y recursos, para que proceda la detención preventiva se deberá acreditar los riesgos procesales previstos en el numeral 2 del presente Artículo.

El plazo de duración de la detención preventiva podrá ser ampliado a petición fundada del fiscal y únicamente cuando responda a la complejidad del caso. La ampliación también podrá ser solicitada por el querellante cuando existan actos pendientes de investigación solicitados oportunamente al fiscal y no respondidos por éste” (el resaltado es añadido). Respecto a la solicitud del fiscal para la ampliación del plazo de la detención preventiva la citada Ley 1173, en la disposición transitoria Décima Segunda establece la conminatoria al Ministerio Público, señalando que:

Décima segunda. - (Conminatoria al Ministerio Público). Dentro del plazo de quince (15) días calendario posteriores a la entrada en vigencia de la presente Ley, bajo responsabilidad, las y los jueces penales, de oficio conminarán a la o el fiscal asignado al caso a través de la o el Fiscal Departamental, a la víctima, aunque no se hubiese constituido en querellante y a los cuadyuvantes si existieran para que dentro del plazo de los noventa (90) días calendario siguientes se pronuncien en los procesos con detenidos preventivos, sobre la necesidad de mantener la detención preventiva o disponer su cesación, conforme al régimen de cesación de medidas cautelares personales.

En caso de solicitarse la continuidad de la detención, deberá establecer el plazo de duración de la misma y los actos investigativos a realizar. El juez fijará el plazo atendiendo a la razonabilidad y proporcionalidad del planteamiento fiscal, victima, querellante o coadyuvante.

En caso de solicitarse la cesación, podrá solicitar la aplicación de otra medida cautelar personal menos grave o formular el requerimiento conclusivo que considere pertinente.

Si al vencimiento del plazo el Ministerio Público no se pronuncia, se dispondrá la cesación de la detención preventiva, bajo responsabilidad de la o el fiscal asignado al caso. (las negrillas son añadidas). De la interpretación gramatical y teleológica del numeral 3 del art. 233 del CPP precitado, que establece como requisito de la detención preventiva la fijación del plazo de su duración y los actos investigativos que realizará en dicho término; así como, de su interpretación sistemática en consideración a lo dispuesto por el numeral 3 de la norma en examen que señala:

“En etapa de juicio y recursos, para que proceda la detención preventiva se deberá acreditar los riesgos procesales previstos en el numeral 2 del presente Artículo”. así como de las causales de cesación a la detención preventiva prevista en art. 239 del CPP; y finalmente en consideración a que la razonabilidad 22Artículo 239. (CESACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES). Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales: 1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida; 2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención; 3. Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga; 4. Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación a niña, niño, adolescente e infanticidio, narcotráfico o sustancias controladas. 5. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad grave o en estado terminal; o, 6. Cuando la persona privada de libertad acredite el cumplimiento de sesenta y cinco (65) años de edad, salvo en delitos contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, delitos de corrupción y vinculados, de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria, crímenes de guerra y narcotráfico o sustancias controladas.

Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas.

En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos En los casos previstos en los numerales 2 al 6 del presente Artículo, la jueza, el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan, previstas en el Artículo 231 bis del presente Código.

de la duración de la medida cautelar constituye un requisito de validez, es posible concluir que se establece que la exigencia de la fijación del plazo de la detención preventiva para el desarrollo de actividades investigativas, corresponde durante la etapa preparatoria, dado que es en esa fase donde se desarrolla la investigación a la que se alude; y que, por consiguiente la casual de cesación establecida tanto en el numeral 2 del precitado artículo, como en la Disposición Transitoria Decima Segunda de la Ley 1173, se refiere a esa fase del proceso, puesto que, respecto a las fases del juico y recurso -donde ya no se desarrolla actos investigativos- no es aplicable la fijación judicial del plazo de la detención preventiva ni dicha causal de cesación; puesto que, en lo que concierne a la razonabilidad; es decir, a la duración de la detención preventiva examinada cuando el caso se halla en fase del juicio o de los recursos, son aplicables las causales previstas en los numerales 3 y 4 del art. 239 del CPP. Por supuesto, en los casos que corresponda, también son aplicables a las causales previstas en los numerales 1, 5 y 6, referidas al examen de los otros requisitos de validez de la restricción de la libertad personal por medio de la detención preventiva, cuya aplicación; sin embargo, es revisable de oficio conforme a lo dispuesto por el art. 250 del CPP.

III.6. Análisis del caso concreto

De la difusa redacción del memorial de acción de libertad, se tiene que el problema jurídico radica en el hecho que el accionante fue detenido preventivamente por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, determinándose en la misma audiencia de medidas cautelares personales, audiencia de consideración de su situación jurídica para el 6 de abril de 2022; sin embargo, no se llevó a cabo la misma por el Juez de Instrucción, en razón a que se presentó acusación formal en su contra, remitiéndose la causa ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Yacuiba del departamento de Tarija, el cual recepcionó la causa el 5 de abril de 2022, sin que ninguno de los jueces codemandados del Tribunal y Juzgado lleven adelante la audiencia para resolver su situación jurídica el 6 de abril de 2022 y por otra parte refiere que se le habría notificado con el señalamiento de audiencia de cesación a la detención preventiva recién el 11 de abril de 2022, cuando dicha audiencia estaba programada para el 8 de abril del mismo año. A efecto de dilucidar la problemática planteada, es pertinente referirnos a los antecedentes del proceso penal que cursan en el expediente constitucional y que tienen relación con el reclamo efectuado por el impetrante de tutela, en ese sentido se tiene que: El codemandado, Guido Barrios Arce, Juez de Instrucción en lo Penal Segundo de Yacuiba del departamento de Tarija, mediante Auto Interlocutorio 372/2021 de 6 de diciembre, dispuso la detención preventiva del imputado Diego Saúl Arias Janco -accionante- en el Centro de Rehabilitación Productiva El Palmar, por el lapso de cuatro meses, programando al mismo tiempo audiencia de “cesación” -entiéndase de consideración de la situación jurídica- para el 6 de abril de 2022, a horas 09:00. Por providencia de 4 de abril de 2022, el mencionado Juez demandado, en mérito a haberse presentado la acusación formal por parte del Ministerio Público en contra del ahora accionante por el ilícito de violación agravada, dispuso que, en el plazo de veinticuatro horas, por secretaría, se proceda al sorteo de la acusación vía sistema informático del acto conclusivo y se remita al Tribunal de Sentencia en lo Penal de Yacuiba, remitiendo el aludido Juez mediante Cite Of. J.I.P. 2 113/2022 de 4 de abril, la acusación formal y antecedentes del proceso al Tribunal de Sentencia en lo Penal Primero de Yacuiba del departamento de Tarija, con cargo de recepción de 5 de abril de 2022, a horas 16:00. En este contexto, se puede evidenciar que ante la acusación formal presentada por el Ministerio Público, antes de que se lleve a cabo la audiencia fijada para el 6 de abril de 2022, de consideración de la situación jurídica del accionante y que fuera señalada al momento de imponer la medida cautelar personal de detención preventiva; el Juez codemandado Guido Barrios Arce, por decreto de 4 de abril de 2022, dispuso que por secretaría se proceda al sorteo de la acusación vía sistema informático del acto conclusivo y se remita al Tribunal de Sentencia en lo Penal de Yacuiba, en el plazo de veinticuatro horas; es decir, que el mencionado Juez sólo se limitó a cumplir con lo dispuesto por el art. 325.I del Código de Procedimiento Penal (CPP), modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- que establece: “Presentado el requerimiento conclusivo de acusación, la jueza o el juez de Instrucción dentro del plazo de veinticuatro (24) horas, previo sorteo a través del Sistema Informático de Gestión de Causas por la Oficina Gestora de Procesos, remitirá los antecedentes a la jueza o juez o tribunal de sentencia, bajo responsabilidad” (sic); consiguientemente, el Juez de Instrucción en lo Penal Segundo de Yacuiba del departamento de Tarija, si bien hasta la radicatoria de la acusación fiscal en el Tribunal de Sentencia continuaba con competencia para conocer y resolver la audiencia de situación jurídica, sin embargo en el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Yacuiba del departamento de Tarija la causa se radicó el referido 6 de abril de 2022, entonces ese mismo día el Juez de Instrucción perdió competencia; consecuentemente, no existe por parte del Juez codemandado lesión alguna a los derechos y principio de presunción de inocencia alegados como vulnerados por parte del accionante, por lo que corresponde denegar la tutela. Sobre la actuación procesal de los codemandados Luis Alberto Frías Durán, Angélica María Gil Vera y Mabel Jacqueline Caba Castro, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Yacuiba del departamento de Tarija, se tiene que la causa fue recibida en dicho Tribunal el 5 de abril de 2022 a horas 16:00, solicitando el acusado Diego Saúl Arias Janco -ahora accionante- mediante memorial de 6 de abril de 2022, que se señale audiencia de cesación de las medidas cautelares impuestas, decretando el Juez Luis Alberto Frías Durán, en la misma fecha de solicitud -6 de abril-, la radicatoria del proceso, disponiendo que el Ministerio Público presente las pruebas de cargo, señaló audiencia virtual para el 8 de abril de 2022 a horas 15:00, a objeto de considerar la referida solicitud de cesación de medidas cautelares personales, y que por secretaría ordene la notificación de las partes y se haga conocer el enlace de audiencia de forma oportuna. Al respecto, no obstante que el Juez Técnico del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Yacuiba del departamento de Tarija, Luis Alberto Frías Durán, debió llevar adelante la audiencia de situación jurídica del procesado señalada para el 6 de abril de 2022; toda vez que, el Juez Instrucción Penal Segundo -ahora demandado- perdió competencia al emitirse el decreto de radicatoria ante el Tribunal de Sentencia, mediante decretó de la misma fecha, señaló audiencia para el 8 de abril de 2022 a horas 15:00, a fin de considerar el pedido del impetrante de tutela, de cesación de las medidas cautelares impuestas; sin embargo, de acuerdo a la notificación realizada por ciudadanía digital al abogado del accionante Luis Narciso Tárraga, -según la firma estampada en el memorial de solicitud de cesación- se establece que recién fue notificado con dicho decreto el 11 de abril de 2022 a horas 23:24. (Conclusión II.5); es decir, tres días después de la fecha -8 de abril de 2022- en que tenía que llevarse a cabo la aludida audiencia de cesación a la detención preventiva del acusado, ahora accionante; lo cual deviene en un acto dilatorio indebido en el mencionado trámite de cesación, al no llevarse a cabo la audiencia, sin que exista ningún justificativo para ello, ya que lo alegado por los Jueces codemandados del Tribunal de Sentencia, según consta en su informe escrito presentado, en sentido que la audiencia de cesación a la detención preventiva señalada para el 8 de abril de 2022, de acuerdo a la representación realizada por la secretaria del juzgado del Tribunal, no se habría llevado a cabo porque esta última no realizó la programación de la audiencia por tener recargada labor por efecto de la refuncionalización y por tener otras audiencias programadas, que fueron señaladas para la misma fecha y hora con la audiencia del accionante, generando una confusión en la realización de la audiencia, más aun cuando no se cuenta con auxiliar, ni oficial de diligencias; aspectos que como bien refirió el Juez de garantías no está debidamente comprobado de manera objetiva, así como tampoco estas circunstancias, de ser ciertas, no dependen del acusado -hoy impetrante de tutela-, por tanto los jueces codemandados no pueden agravar su situación de detenido alegando estas excusas, ya que lo cierto y evidente es que la secretaria del Tribunal no programó la audiencia de cesación, así como tampoco notificó de manera oportuna a todos los sujetos procesales, soslayando los jueces demandados el deber que tienen de ejercer control sobre las actuaciones y diligencias que realiza el personal de apoyo jurisdiccional, máxime si la audiencia programada para el 8 de abril de 2022, era de conocimiento del Juez Luis Alberto Frías Duran, el cual señaló hora y fecha; sin embargo, no subsanaron dicha omisión y tampoco asumieron ninguna medida en contra de la secretaria, permitiendo que se vulnere el debido proceso vinculado a la libertad del accionante y su derecho a la defensa. De igual manera, los jueces codemandados del nombrado Tribunal de Sentencia incumplieron la línea jurisprudencial establecida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, que se encuentra reiterada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional; toda vez que, al no realizarse la audiencia señalada para el 8 de abril de 2022, los jueces demandados debieron señalar en el plazo de veinticuatro horas otra audiencia para considerar la solicitud de cesación a la detención preventiva del demandante de tutela; empero, la misma recién se llevó a cabo recién el 14 de abril del mismo año a horas 11:00, de acuerdo a lo informado por las mismas autoridades demandadas, rechazando dicha solicitud; transcurriendo desde el 8 de abril de 2022 -fecha en la que no se realizó la audiencia- seis días hasta el 14 del mismo mes y año, lo cual se constituye nuevamente en una dilación indebida, que vulnera el derecho a la libertad del solicitante de tutela, conforme las directrices jurisprudenciales relacionadas a la acción de libertad en su modalidad de pronto despacho, cuando más bien los codemandados, en observancia del principio de celeridad, debieron agilizar el trámite de cesación garantizando el ejercicio oportuno y rápido de la administración de justicia, máxime cuando se trata de definir la libertad de una persona que se encuentra privada de libertad por una medida cautelar, razonamiento al que se arriba conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2, de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Como se dijo precedentemente, de acuerdo al informe brindado por los Jueces codemandados del Tribunal colegiado, la audiencia para considerar la solicitud de cesación a la detención preventiva del acusado, ya se habría realizado el 14 de abril de 2022, a horas 11:00, antes de que se les notifique a los demandados con la presente acción de libertad, toda vez que, estos fueron notificados en la misma fecha, pero en horas de la tarde, según consta en la diligencia cursante a fs. 46 y vta., y si bien ya no se puede disponer que señalen día y hora de audiencia para resolver la solicitud cesación a las medidas cautelares personales del accionante; empero, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional contenida en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, a fin de que los codemandados no vuelvan a dilatar indebidamente el mencionado trámite y no reiteren la conducta displicente que asumieron en el presente caso, corresponde concederse la tutela en la modalidad de la acción de libertad innovativa, únicamente con relación a ese actuado. No obstante, lo señalado, en el marco de los criterios desarrollados, la normativa internacional e interna, que hacen hincapié en los casos de violencia sexual, las autoridades judiciales deben tener máximo cuidado en garantizar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes cuando estos son los ofendidos por la conducta ilícita, protección que debe ser reforzada en el marco jurídico y jurisprudencial de lo establecido en el Fundamento Jurídico III.4 del presente fallo constitucional. En ese orden, se concluye que las autoridades fiscales y/o judiciales, al analizar la aplicación de las medidas cautelares, especialmente respecto al presupuesto previsto en el art. 234.7 del CPP se encuentran en la obligación de considerar la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentran las víctimas respecto a los imputados. Labor que se justifica en el principio establecido en el art. 86.13 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013- que cobra relevancia en las medidas cautelares que no se limitan -vale reiterar- allanar la averiguación de la verdad o el desarrollo del proceso, sino también la aplicación de la ley -art. 221 del CPP- desde un enfoque instrumental dando preminencia a la protección y seguridad de la mujer inmersa en un cuadro de violencia y a la prevención de la reiteración de los actos de violencia a través de un rol activo y diligente no solo en cuanto a la valoración de los elementos de prueba sino sobre todo en la búsqueda de resguardo de los derechos de la víctima, actuación que se intensifica cuando se trata una menor de edad, como en el caso en concreto. Asimismo, deberá considerarse que al haberse ya presentado acusación no es aplicable la fijación judicial del plazo de la detención preventiva ni dicha causal de cesación del art. 239.2 del CPP; toda vez que, la fijación del plazo de la detención preventiva es para el desarrollo de actividades investigativas únicamente durante la etapa preparatoria, dado que es en esa fase donde se desarrolla la investigación a la que se alude; y que, por consiguiente la causal de cesación establecida tanto en el numeral 2 del precitado artículo, como en la Disposición Transitoria Decima Segunda de la Ley 1173, se refiere a esa fase del proceso, puesto que, respecto a las fases del juicio oral y recursos -donde ya no se desarrolla actos investigativos- no es aplicable, de conformidad al Fundamento Jurídico III.5 del presente fallo constitucional. Por último, con relación a lo alegado por el peticionante de tutela de que se le estaría vulnerando su derecho al debido proceso en sus vertientes de motivación y fundamentación y el principio de presunción de inocencia, esta afirmación no guarda relación con la problemática constitucional venida en revisión; por lo que, no corresponde pronunciarse al respecto. En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela solicitada respecto al Juez unipersonal y conceder con relación al Tribunal colegiado, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 001/2022 de 15 de abril, cursante de fs. 60 a 65 vta., pronunciado por el Juez de Sentencia Penal Primero de Yacuiba del departamento de Tarija; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada en la presente acción de libertad respecto a los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Yacuiba del departamento de Tarija, bajo la modalidad innovativa, por constatarse demora innecesaria en la celebración de la audiencia de situación jurídica y el señalamiento de audiencia de cesación a la detención preventiva, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Sin disponer ninguna actuación; por cuanto, la referida audiencia ya fue desarrollada el 14 de abril de 2022; 2° Exhortar a los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Yacuiba del departamento de Tarija, que en solicitudes en las cuales se encuentre comprometido el derecho a la libertad, deben actuar con la mayor celeridad posible, en estricto cumplimiento de los plazos procesales establecidos en el ordenamiento jurídico penal y conforme lo señala la jurisprudencia constitucional, debiendo asumir además y de manera preferente la aplicación de enfoque de género y vulnerabilidad que denote la protección adecuada a la víctima menor de edad; y, 3° DENEGAR la tutela solicitada respecto al Juez de Instrucción Penal Segundo de Yacuiba del departamento de Tarija. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller MAGISTRADA

Notas al pie

solicitante, no obstante de haber sido favorecido por un beneficio que le permite obtener su libertad, se ve impedido de accederla, permaneciendo indebidamente detenido, situación por la cual se abre la protección que brinda el habeas corpus ante la ausencia de celeridad en efectivizarse el beneficio otorgado. En consecuencia, la celeridad en la tramitación, consideración y concreción de la cesación de la detención preventiva u otro beneficio que tenga que ver con la libertad personal no solo le es exigible a la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que intervenga o participe en dicha actuación y de quien dependa para que la libertad concedida se haga efectiva”.

4 El FJ III.2, refiere que: “…el tratamiento que debe darse a las solicitudes en la que se encuentre de por medio el derecho a la libertad, entre ellas, la cesación de la detención preventiva, debe tener un trámite acelerado y oportuno, pues de no hacerlo podría provocarse una restricción indebida de este derecho, cuando, por un lado, exista una demora o dilación indebida en su tramitación y consideración, o en su caso, cuando existan acciones dilatorias que entorpezcan o impidan que el beneficio concedido pueda efectivizarse de inmediato, dando lugar a que la restricción de la libertad se prolongue o mantenga más de lo debido”.

10 ZOTA-BERNAL, Andrea Catalina, Incorporación del análisis interseccional en las sentencias de la Corte IDH sobre grupos vulnerables, su articulación con la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos. Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad Nº 9, octubre 2015 – marzo 2016, Universidad Nacional de Colombia y Universidad Autónoma de Madrid; en cuya nota de pie de la página 73, señala: “Este artículo se centra en la incorporación de la interseccionalidad en el Sistema Interamericano de protección de Derechos Humanos, no obstante en el ámbito europeo esta emergencia se ha dado en varias etapas: i) a partir del año 2000 mediante la caracterización de las mujeres como sujetos habitualmente discriminados de manera múltiple: recogido en las directivas 43 y 78 del Consejo de laUnión Europea; ii) a partir del año 2013 se analiza la situación de otros sujetos históricamente discriminados de manera múltiple: Resoluciones del Parlamento Europeo del 12 de marzo de 2013 sobre mujeres con discapacidad, del 4 de febrero de 2014 sobre homofobia y discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género y Resolución del 25 de febrero de 2014 sobre violencia de género; y iii) un enfoque más amplio de la discriminación en la Resolución del Parlamento Europeo del 26 de febrero de 2014 al abordar la prostitución y la explotación sexual, como fenómenos vinculados a criterios como el género, la exclusión social, la edad, la pobreza, la vulnerabilidad, la migración , entre otros”. Disponible en: https://e-revistas.uc3m.es/index.php/EUNOM/article/view/2803/1534 11Ibídem.

12 Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 19: “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”. Suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos en San José de Costa Rica, 1969. Entra en vigor el 18 de julio de 1978. A la cual Bolivia se adhiere mediante Decreto Supremo (DS) 16575 el 13 de junio de 1979, elevado a rango de Ley 1430 de 11 de febrero de 1993.

16 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-17/2002 de 28 de agosto de 2002, párrafo 54: “Tal como se señalara en las discusiones de la Convención sobre los Derechos del Niño, es importante destacar que los niños poseen los derechos que corresponden a todos los seres humanos –menores y adultos– y tienen además derechos especiales derivados de su condición, a los que corresponden deberes específicos de la familia, la sociedad y el Estado”. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_17_esp.pdf 17Convención sobre los Derechos del Niño, art. 4: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención…”.

18 Convención Belén Do Pará, art. 9: “Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad”.

19 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ratificada por el Estado boliviano por la Ley 1100 de 15 septiembre de 1989. 20Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Caso L. C. vs. Perú, Comunicación 22/2009 de 18 de junio. Documento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) CEDAW/C/50/D/22/2009 (25 de noviembre de 2011).

21 Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/ninosninas3.pdf

La cesación de la detención preventiva por las causas señaladas en los numerales 3 y 4 del presente Artículo, dará lugar a la responsabilidad de la jueza, el juez, tribunal o fiscal negligente. Cuando la cesación sea resuelta en audiencia pública y ante la ausencia de cualquiera de los sujetos procesales, se seguirá en todo lo pertinente, lo establecido en el Artículo 113 de presente Código.”

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0792_2023-S1.pdf · páginas 1 a 36.

Huella digital del PDF (SHA-256): 5a8ca3aa7471a4aaabbd64cba8efcbbc5e13ed62286c91956cab28bdaffb1583

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