Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 20 de julio de 2023
Deniega la tutela
La accionante a través de su representante legal, denuncia la vulneración de los derechos al debido proceso en sus elementos de -valoración de la prueba-defensa y comunicación previa y detallada de la denuncia; así como los principios de verdad material y sana crítica; puesto que dentro la demanda de cumplimiento de obligación y resarcimiento de daños y perjuicios, seguido por el tercero interesado Eduardo Rosas Baltazar en su contra y de otros; ante el planteamiento de un incidente de nulidad de obrados: a) El Juez coaccionado por Auto Interlocutorio de 22 de junio de 2021, rechazó y declaró improbado dicho incidente, alegando que al no tenerse especificado su domicilio en la República de Alemania, cualquier exhorto librado mediante los canales de cancillería y consulados no habría tenido un resultado positivo por falta de precisión, siendo previsible su resultado negativo y el trámite resultaría muy burocrático y con alto costo de tiempo; sin tomar en cuenta que la prueba cursante en el expediente señaló su domicilio con exactitud, y no podía presumirse el desconocimiento de dicho domicilio; además de manera incorrecta señaló que la confesión o contestación afirmativa de su tía codemandada, podía convalidar actos penados con nulidad; y, finalmente, indicó que concurrieron los principios de convalidación y preclusión, basado en que el poder de representación fue otorgado el 2017 y que recién se hubiera empleado el 2020, siendo que la validación de actos procesales solo tendrán efecto desde su apersonamiento y la aceptación expresa del mandato o apersonamiento, no pudiendo …
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 78/2022 de 15 de junio, cursante de fs. 236 a 246, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela impetrada, conforme los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional.
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[[SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0791/2023-S3 Sucre, 20 de julio de 2023 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional Expediente: 48390-2022-97-AAC Departamento: Oruro En revisión la Resolución 78/2022 de 15 de junio, cursante de fs. 236 a 246, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Lucero Grace Gómez Gutiérrez en representación legal de Patricia Verónica Fernández Benítez contra Hernán Ocaña Marzana y Juan Carlos Selaya Rojas, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, Omar Gonzalo Pereyra Moya, Juez Público Civil y Comercial Cuarto de la Capital del referido departamento.
Por memoriales presentados el 3 y 10, ambos de junio de 2022, cursantes de fs. 164 a 169; y, 172 y vta., la accionante a través de su representante legal manifestó lo siguiente:
El 20 de febrero de 2015, Eduardo Rosas Baltazar formalizó una demanda de cumplimiento de obligación y resarcimiento de daños y perjuicios en su contra y otros, pretendiendo el cumplimiento del documento de 25 de mayo de 2009, suscrita por el demandante y José Lucio Fernández Mosca, quien actuó en supuesta representación suya, en virtud al Poder Notarial 55/2000 expedido por la Notaría de Fe Pública 7 de la Capital del departamento de Oruro. Esa demanda radicó en el Juzgado Público Civil y Comercial Cuarto de dicha Capital, dentro de la cual, a fs. 17 y 18 del expediente -original-, se presentó como prueba un recibo de pago firmado por el demandante y Marión Victoria Fernández Skultety de Olmos, en el que manifiestan de manera formal el conocimiento de su domicilio fuera del territorio boliviano; y una vez admitida, se dispuso su citación, así como de la nombrada como codemandada y los posibles herederos de José Lucio Fernández Mosca. En cuanto a su persona, el demandante solicitó su citación por edictos conforme lo establecido el art. 78 “…del Código de Procedimiento Civil…” (sic), debido a que según el certificado emitido por el Servicio de Registro Cívico (SERECI) no consignaba registro alguno y de los datos evacuados del Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) a través de su tarjeta prontuario, su domicilio correspondía al del demandante; en ese sentido, el Juez coaccionado, el 26 de marzo de 2015, dispuso se libren los edictos de Ley para su citación y emplazamiento, estando en ese momento en plena vigencia el régimen de comunicación procesal para personas con domicilio fuera del país, así como el procedimiento de la citación y emplazamiento establecidos por el Código Procesal Civil (CPC). Y el 6 de mayo del mismo año, dicho Juez emitió la Sentencia 44/2016 de 6 de mayo, declarando probada en parte la demanda, que fue declarada ejecutoriada el 17 de junio del año indicado, emitiendo en ejecución de la misma una minuta judicial en favor del demandante respecto al bien inmueble de su propiedad, despojándola de su derecho propietario, causándole daño y perjuicio. Enterada de los hechos descritos, el 14 de diciembre de 2020, a través de su apoderada interpuso un incidente de nulidad de obrados, denunciando la vulneración de los derechos al debido proceso y a la defensa, al no haber sido citada y emplazada conforme lo establecido por los arts. 77.II y 123.III del CPC, a pesar de que tanto el demandante, el Juez coaccionado y el Tribunal de alzada tenían conocimiento documental de “mi domicilio real” en la República de Alemania. Dicho incidente fue rechazado y declarado improbado por Auto Interlocutorio de 22 de junio de 2021, emitido por el Juez hoy accionado; motivo por el cual, interpuso recurso de reposición bajo alternativa de apelación, que fue resuelto por Auto Interlocutorio de 12 de julio de similar año, siendo rechazado y declarado no ha lugar el recurso de reposición y concediéndose alternativamente la apelación planteada, en el efecto devolutivo; pronunciado al efecto los Vocales ahora accionados, el Auto de Vista 3/2022 de 3 de enero, confirmando los referidos Autos Interlocutorios. Al señalarse en el Auto Interlocutorio de 22 de junio de 2021, que conforme la prueba no se tenía un domicilio específico en el país europeo -República de Alemania-; por lo que, cualquier exhorto librado mediante los canales de cancillería y consulados no habría tenido un resultado positivo por falta de precisión, siendo ineficaz activar todo el aparato estatal y diplomático pretendiendo que se busque a una persona en Munich-Alemania, sin tener un domicilio específico necesario para el cumplimiento de actos de comunicación y su efectividad, siendo previsible su resultado negativo y el trámite resultaría muy burocrático y con alto costo de tiempo; el Juez coaccionado olvida que como medio de prueba se presentó las literales de fs. 17 y 18, y todo el expediente, en cuyas fs. 19, 21 y 23 se señalaron su domicilio con total exactitud; por lo cual, dicha autoridad no podía presumir el desconocimiento de su domicilio, sino que tenía la obligación de recabar informes para establecer el mismo, conforme lo determina el art. 78.I del CPC. Además, resulta incorrecto pensar que la confesión o contestación afirmativa de la codemandada, que es su tía, pueda convalidar actos penados con nulidad; máximo si los mismos le causaron indefensión. Y finalmente, la convalidación y preclusión referida, basado en que el poder de representación fue otorgado el 2017 y que recién se hubiera empleado el 2020, se tiene que el apoderado puede activar el mandato en el momento que vea conveniente y la validación de actos procesales solo tendrán efecto desde su apersonamiento y la aceptación expresa del mandato o apersonamiento, no pudiendo imputar al apoderado conocimiento de una causa sin que haya sido aceptada su personería de manera expresa. En el Auto Interlocutorio de 12 de julio de 2021, el Juez coaccionado señaló que por haberse notificado al SEGIP se agotaron las formalidades de ley para establecer su domicilio, y que se procedió a su citación conforme a ley; lo que demuestra que no se realizó esfuerzo alguno para desvirtuar que vive en la República de Alemania, ratificando su posición que tuvo conocimiento del proceso el 2017, convalidando los actos reclamados. Y respecto al Auto de Vista 3/2022, los Vocales accionados mantienen el criterio plasmado en los mencionados Autos Interlocutorios, sin realizar una adecuada valoración de la prueba inmersa en el proceso, que consolida la vulneración de sus derechos. Así también, al confirmarse los actos del Juez de la causa, quien desarrolló un proceso que no fue de su conocimiento, se vulneró su derecho al debido proceso en sus elementos: defensa, al no ser escuchado antes de la emisión de la Sentencia 44/2016 y negarle la interposición de los recursos; así también, al no habérsele otorgado la oportunidad de defenderse por ser citado y emplazado ilegalmente mediante edictos de prensa, pese a estar documentalmente demostrado y conocerse que su persona tenía un domicilio cierto fuera de Bolivia, en la ciudad de Munich-Alemania, Arzbacher Strasse 481371; por lo que, correspondía su citación mediante comisión por exhorto suplicatorio y no así por edictos de prensa que tienen un alcance nacional, no cumplen su objetivo y le impiden asumir defensa; y, finalmente, al rechazarse el incidente de nulidad planteado. Los accionados, pese a conocer el lugar de su residencia, que incluso fue mencionado en la Sentencia aludida en tres ocasiones, actuaron de manera incorrecta, omitiendo los principios de verdad material y sana crítica. Y a la comunicación previa y detallada de la denuncia.
La impetrante de tutela a través de su representante legal, denuncia la vulneración de los derechos al debido proceso en sus elementos de -valoración de la prueba- defensa y comunicación previa y detallada de la denuncia; así como los principios de verdad material y sana crítica, citando al efecto los arts. 115.II, 116.II y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.1 y 2.b, y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicita se conceda la tutela impetrada y, en consecuencia: a) Se deje sin efecto, con carácter de nulidad, el Auto de Vista 03/2022, pronunciado por los Vocales accionados, teniendo en cuenta que conforme el principio de subsidiariedad, es la última resolución que pudo haber restituido los derechos y garantías restringidos, en lo que respecta a su derecho a la defensa y como consecuencia su pretensión de anular obrados; y, b) Se ordene emitir nueva resolución restituyendo las garantías constitucionales vulneradas, conforme se tiene denunciado.
Celebrada la audiencia pública el 15 de junio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 227 a 235 vta., presentes la representante legal de la peticionante de tutela asistida de su abogado y el tercero interesado Eduardo Rosas Baltazar asistida de su abogada; ausentes los Vocales y Juez accionados, así como la tercera interesada Marion Victoria Fernández Skultety de Olmos, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su representante legal por medio de su abogado ratificó el contenido íntegro del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliando en audiencia señaló que: 1) Los Vocales accionados tomaron como base probatoria simples indicios y dudas razonables sobre su domicilio, como se advierte en su informe, siendo que en el fondo el demandante tenía conocimiento que no tenía su domicilio en el país, aspecto debidamente documentado en el expediente y que no fue valorado por los accionados; 2) Cursa de fs. 17 a 23 del expediente original que fue remitido a la audiencia tutelar, una serie de bauchers de depósito -de dinero- generados por el mismo demandante, donde se aprecia su domicilio exacto en la República de Alemania; 3) Se presenta en audiencia, la impresión de -mensajes de- un correo electrónico, que evidencia que mantenía comunicación con su persona y -sabía- que estaba fuera del país; quien haciendo uso abusivo del derecho y desconociendo el principio de buena fe, forzó un proceso con el único fin de causarle agravios; 4) En cuanto al poder notarial extendido en favor de su apoderada el 2017, los Vocales accionados refieren que en esa fecha ya se conocía de la demanda civil y su apoderada no actuó en su oportunidad, interpretando de manera errónea que ella tuviera que utilizar dicho poder dentro de algún plazo procesal, siendo que la norma -procesal- civil establece que el momento procesal oportuno para denunciar cualquier vicio o lesión de derechos, es en el primer actuado o en la primera oportunidad, lo que ocurrió cuando se apersonó su apoderada a la demanda civil, denunciando las respectivas irregularidades; 5) Los accionados no hicieron una adecuada valoración de la prueba cursante en el expediente, para poder determinar su domicilio, sobreponiendo simples presunciones sobre prueba formalmente presentada ; 6) En su informe, los Vocales accionados señalan que actuaron sobre dudas razonables y pretenden confundir con institutos procesales como la preclusión, al referir que su apoderada no actuó de manera oportuna; por lo que, su derecho hubiese precluido, perdiendo su derecho por no ejercerlo en el plazo establecido, y no en su primer actuado como establece la Ley; 7) No puede haber un debido proceso cuando se juzga y sentencia a alguien sin que tenga el conocimiento de la demanda instaurada en su contra, y más aún cuando la parte actora y los juzgadores tiene evidencia de que esa persona no radica en el país; y, 8) Se busca el respeto de sus derechos a conocer de qué está siendo procesada, a poder tener la oportunidad de asumir defensa en igualdad de condiciones, a ser oída y plantear los recursos legales para evitar la colusión en los procesos ordinarios.
Hernán Ocaña Marzana y Juan Carlos Selaya Rojas, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, por informe cursante de fs. 193 a 194 vta., señalaron que: i) De una revisión del testimonio o legajo de apelación, entre la prueba de mayor relevancia se tiene al Poder Notarial 266/2017 de 13 de junio, que confiere la impetrante de tutela en favor de Lucero Grace Gómez Benítez, para que se apersone ante el Juzgado Púbico Civil y Comercial Cuarto de la Capital del departamento de Oruro o ante cualquier otro juzgado o tribunal donde radique el proceso de cumplimiento de obligación y resarcimiento de daños y perjuicios seguido por Eduardo Rosas Baltazar, lo que permitió generar convicción de que tenía pleno conocimiento de la demanda, al señalar los datos del juzgado, IANUS, causa y sujetos procesales, habiéndose apersonado su apoderada; aspecto que no puede constituirse en una vulneración de su derecho a la defensa; ii) La apoderada tenía una responsabilidad exclusiva, quien por su dejadez e incumplimiento de los mandatos y facultades conferidas, no activó de manera oportuna su participación en la causa, pese a conocerla con antelación; situación que no puede ser atribuible a la administración de justicia, no existiendo vulneración del derecho al debido proceso; iii) La documentación cursante a fs. 19, 21 y 23, consistente en depósitos -de dinero- realizados por el demandante en favor de la peticionante de tutela el 1 de junio, 9 de noviembre y 19 de diciembre, todos de 2012, que harían inferir que esta tenía su domicilio en Alemania; sin embargo, de una revisión de una fotocopia del documento -Testimonio de Escritura Pública 418/2016- de aclaración de ubicación y medidas de lote de terreno, -realizado- con el Poder Notarial 431/2014 de 23 de diciembre, efectuada por Wilhelm William Gómez Gutiérrez, apoderado de la accionante, se advirtió que ella señaló como su domicilio la calle Tomas Frías s/n y Bullain de la ciudad de Oruro, aspecto por el que se desmerecieron sus afirmaciones respecto a la ubicación de su domicilio en Alemania, al ser notoria su contradicción con la prueba cursante en el expediente; lo que generó una duda razonable en cuanto a la veracidad de lo manifestado; iv) Al conferir el poder -notarial- cursante a fs. 375-376 y vta. dentro del mencionado Testimonio de Escritura Pública, se reiteró que la conferente señaló como domicilio la calle Tomas Frías s/n y Bullain; v) Los extremos indicados permitieron generar una duda razonable del supuesto domicilio en Arzbacher Strasse 4 81371 Munchen- Alemania, en el que se alega habitar, aspecto que no fue demostrado contundentemente con prueba idónea; puesto que los referidos depósitos fueron efectuados el 2012, en tanto que el Poder Notarial 431/2014, fue emitido el 2014; motivo por el que, no se dio una respuesta favorable al recurso interpuesto por la impetrante de tutela; habiéndose aplicado el principio de verdad material, al ser evidenciable -lo descrito- de la compulsa y valoración de la prueba que se alega como eludidas y los antecedentes del legajo de apelación que fue remitido; y, vi) En la apelación que se interpuso se buscaba distorsionar la norma al buscar a toda costa la modificación de la resolución emitida por el Juez de primera instancia. Por lo expuesto, solicitaron se deniegue la tutela impetrada. Omar Gonzalo Pereyra Moya, Juez Público Civil y Comercial Cuarto de la Capital del departamento de Oruro, no compareció a la audiencia ni presentó informe alguno, pese a su legal citación cursante a fs. 178 y 179.
Eduardo Rosas Baltazar, en audiencia a través de su abogada, manifestó que: a) Lucero Grace Gómez Gutiérrez, ahora representante legal de la peticionante de tutela, el 2016 se apersonó a la demanda civil -de manera particular-alegando tener un interés legítimo, siendo aceptado su apersonamiento por el Juez de la causa; lo que demuestra que tenía conocimiento de la problemática tramitada en esa demanda; b) Al promover el incidente de nulidad como apoderada de la accionante se hizo evidente la concurrencia del principio de convalidación, aspecto que fue alegado por su persona en el momento procesal respectivo, ya que estaba compenetrada del conflicto entre los sujetos procesales; c) El interés legítimo de la apoderada, se debía a que la impetrante de tutela le transfirió el “objeto del proceso” -un terreno-, olvidándose que el 2012 ya lo habría transferido a su persona; d) El 2017, cuando se encontraba con el poder extendido en su favor por la peticionante de tutela, podía interponer el incidente de nulidad de obrados para que se consideren sus argumentos, y no esperar hasta el 2020, por ello los accionados determinaron que operó el principio de preclusión así como el de convalidación; puesto que la apoderada hacía mucho tiempo que conocía “lo sucedido”, los efectos procesales y el contenido de la Sentencia 44/2016; apersonándose en ejecución de Sentencia, alegando una supuesta indefensión; e) De acuerdo a la jurisprudencia constitucional, se debe plantear el incidente de nulidad de obrados una vez conocido el defecto procesal, denunciándolo ante la autoridad jurisdiccional; en este caso, la apoderada mucho antes de que le confieran el poder notarial, ya conocía todos los actuados del proceso y los efectos de la Sentencia, y al obtener un poder notarial extendido en su favor, no reaccionó interponiendo el mencionado incidente en ese momento sino que esperó hasta el 14 de diciembre de 2020 para hacerlo, y después de tres años acusó que se le colocó en estado de indefensión a su mandante; y, f) Se pretende afectar la autoridad de cosa juzgada material que se adquirió dentro del proceso ordinario, situación que impide que se ingrese a valorar otros argumentos de fondo, los que no pueden ser analizados ni atendidos de manera ulterior, porque además operaron los principios de preclusión y la convalidación. Por lo expuesto, solicita se deniegue la tutela impetrada. Ante la pregunta realizada por los Vocales Constitucionales, en sentido de cuál sería su criterio -de la abogada patrocinante- en el hipotético caso de que el apoderado hubiese sido otra persona y no la “accionante”; se señaló que la accionante transfirió el bien inmueble objeto del litigio a su apoderada, pretendiéndose anular la primera venta, siendo ese el fondo del conflicto. Dicha apoderada trató de hacer valer algún derecho el 2016, pero no se le dio curso; por lo que consiguió un poder el año 2017, siendo que ya conocía del proceso, y suscitó el incidente de nulidad de obrados después de tres años. Marion Victoria Fernández Skultety de Olmos, no compareció a audiencia pese a su notificación personal cursante a fs. 180.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante Resolución 78/2022 de 15 de junio, cursante de fs. 236 a 246, concedió la tutela impetrada, disponiendo: 1) La nulidad de los Autos Interlocutorios de 22 de junio y 12 de julio, ambos de 2021, este último que resuelve un recurso de reposición, emitidos por el Juez coaccionado; así como el Auto de Vista 3/2022, emitido por los Vocales accionados; ordenando al mencionado Juez, emita dentro del plazo legal y sin espera de turno una nueva resolución que resuelva el incidente de nulidad planteado, atendiendo los razonamientos y las recomendaciones del presente fallo constitucional, bajo alternativa de ley en caso de incumplimiento conforme lo establecido por el art. 40 del Código Procesal Constitucional (CPCo); y, 2) Que las piezas -procesales- que fueron útiles para la emisión de la presente resolución, y que constan en el expediente original, sean adjuntadas en fotocopias a los antecedentes de la presente acción de amparo constitucional; decisión asumida bajo los siguientes fundamentos: i) En la contestación al incidente de nulidad de obrados planteada por la representante legal de la accionante, el demandante Eduardo Rosas Baltazar, hoy tercero interesado, señaló que: a) Canceló una suma de dinero que fue depositado mediante giro a una cuenta bancaria del Banco “STADTSPARKASSE MUNCHEN” de la República de Alemania que corresponde a Patricia Fischer aclarando que era el nombre de casada de la impetrante de tutela según lo referido por Marión Fernández Skultety de Olmos, hoy tercera interesada; b) Teniendo en cuenta la certificación emitida por el SERECI y el reporte del SEGIP, su persona no tenía certeza que la peticionante de tutela radicaba en el extranjero ya que en la indicada certificación no se configuró ningún domicilio dentro mucho menos fuera del país; c) Según las certificaciones de Migración, la mencionada no registraba datos de movimiento migratorio hasta el 5 de enero de 2018, como si nunca hubiera salido del país; y, d) El Juez coaccionado al disponer la citación por edictos de prensa obró con razonabilidad, ya que no podía ordenar la citación de una persona extraña como Patricia Fischer, no obstante que la accionante antes de interponer la demanda ordinaria mantenía una comunicación con su persona vía teléfono, quien nunca le comunicó oficialmente que cambió de apellido o adoptó otra identidad; ii) De lo expuesto, se tiene que el tercero interesado aceptó que nunca se acreditó que la impetrante de tutela tendría domicilio ni dentro ni fuera del país, y que además tenía conocimiento de que ella radicaba en la República de Alemania; iii) El componente del incidente de nulidad, según el Auto Interlocutorio de 22 de junio de 2021, era la precisión, la ubicación exacta del domicilio, en cuanto a la dirección, calle y numeración, aspectos que condujeron al rechazo del incidente; señaló, entre otros aspectos, que de la prueba pre constituida cursante de fs. 17 a 18, no se tenía un domicilio específico en el país europeo; por lo que, cualquier exhorto que se hubiera librado mediante los canales de cancillería y consulados no habría tenido resultado positivo por falta de precisión; al respecto, el art. 77.II del CPC hace referencia a la citación por comisión mediante exhorto suplicatorio conforme los acuerdos internacionales sobre los cuales el Juez coaccionado no ha hecho mención alguna; por lo cual, no puede contrastarse la interpretación de esos acuerdos que pueden establecer un procedimiento ágil y eficaz, para presumir o atender a una injustificada previsibilidad de que ese acto de comunicación no será efectivo y resultará altamente burocrático y con un costo elevado, cuando el Código Procesal Civil determina tiempos determinados para el cumplimiento y el agotamiento de esas formalidades; iv) A fs. 17 del expediente original cursan comprobantes de depósitos bancarios de 1 de junio y 19 de diciembre, ambos de 2012, realizadas por el tercero interesado a la cuenta DE 37 7015 0000 1001 8126 90, con dirección ARZBACHER STRASSE 4 81371 de la ciudad de Munchen -Munich- a nombre de Patricia Fischer; no habiendo considerado el Juez coaccionado de dilucidar la confusión del nombre de la peticionante de tutela, situación que pudo haber generado la confusión en la información remitida por el SEGIP y el SERECI; v) Se tiene evidencia que el tercero interesado tuvo conocimiento de esa situación, y en el acta de juramento de desconocimiento de domicilio juró desconocer el domicilio y el paradero actual de la accionante, sin tomar en cuenta que la Constitución Política del Estado prohíbe mentir, aspecto que no fue advertido por el Juez coaccionado o fue sorprendido en su buena fe; por lo que, se acredita la denuncia expuesta en la presente acción tutelar, de que dicha autoridad judicial asumió “este elemento” como parte de sus razonamientos, señalando que al radicar la impetrante de tutela en un país del continente europeo (Alemania), hacía que resulte sumamente complicado, dificultoso e improbable que pueda hacerse presente en el país para firmar la minuta correspondiente; vi) Al disponer que se libren los edictos de prensa, el Juez coaccionado advirtió cierta inconsistencia y atribuyó la responsabilidad en el desconocimiento del domicilio al tercero interesado; vii) El mencionado Juez señaló que Marion Victoria Fernández Skultety de Olmos, tía de la peticionante de tutela y codemandada en el proceso ordinario, luego de ser citada y emplazada, tenía la oportunidad de hacer conocer un domicilio de su sobrina o hacerle conocer dicha demanda, que indiciariamente lo habría hecho por presunción lógica, ya que contestó afirmativamente la pretensión del tercero interesado; señalando ser ciertos los argumentos y afirmaciones del demandante; viii) Asumir que la confesión de una codemandada, pueda generar perjuicio o certeza en favor del Juez, sobre determinado razonamiento, en perjuicio de quien no fue citado debidamente, resulta una arbitrariedad contenida en el Auto Interlocutorio de 22 de junio de 2021, ya que no se puede afirmar que por presunción lógica pueda entenderse que el acto de comunicación procesal o los actuados realizados en el proceso cumplieron su finalidad a la que estaban destinados; ix) El mencionado Juez al referirse y descartar a la denuncia de indefensión, no tomó en cuenta la aplicación preferente de lo establecido por el art. 109 de la CPE, ya que el derecho a la defensa es inviolable en todas sus formas; x) Dicho Juez señaló que la incidentista y apoderada Lucero Grace Gómez Gutiérrez, hoy representante legal de la accionante, conocía de la causa de manera personal desde el 13 de junio de 2017, puesto que de acuerdo al poder notarial otorgado en su favor por la impetrante de tutela, se identificó el proceso de forma precisa y le facultó a plantear el incidente de nulidad; por lo que, al tener conocimiento del mismo la incidentista y su apoderada, así como de las supuestas vulneraciones desde esa fecha, al plantear el incidente en diciembre de 2020, no solo establece una falta de diligencia y responsabilidad, sino que configura una convalidación y preclusión, ya que se interpone el reclamo de nulidad sobre hechos conocidos tres años y medio atrás; precisión que no resulta certera ya que no se establece si ella constituye una sanción procesal por el transcurso del tiempo o por falta de nulidad; además, se debe entender que la oportunidad para presentar la nulidad es en el primer actuado procesal; por lo cual, la falta de diligencia y responsabilidad deben ser atribuibles a la apoderada pero por su mandante y no como una carga negativa que justifique la denegatoria de su petitorio; xi) El señalado tercero interesado, indicó que la apoderada de la incidentista, hoy peticionante de tutela, conoció anteriormente del proceso y se apersonó, conociendo todos los detalles del mismo; sin bien la mencionada apoderada se apersonó conjuntamente otra persona; empero, lo hizo a título personal y no como apoderada o representante de la accionante; xii) La confirmación de los Autos Interlocutorios emitidos en primera instancia, por los Vocales accionados, se sustentó en el componente esencial de que no existiría plena prueba sobre el domicilio de la impetrante de tutela en la República Alemana, haciendo el análisis de una duda razonable, que en todo caso favorece al demandante, cuando, en un criterio particular, debió favorecer a la persona menos beneficiada en el proceso judicial; xiii) El Poder Notarial 266/2017, otorgado por la peticionante de tutela en favor de su apoderada -hoy su representante legal-, en su contenido menciona, entre otros aspectos, su domicilio en la República de Alemania, tiene la fe probatoria que le otorga el art. 1289 del Código Civil; por lo que, el argumento de que no existía plena prueba sobre la constitución de su domicilio en dicho país, en la forma como razonaron dichos Vocales no es razonable ni adecuado, resultando arbitrario;
xiv) Este Poder Notarial se opone inclusive a las certificaciones emitidas por el SEGIP y el SERECI, que pudieron emerger de una confusión -sobre su nombre-; sin embargo, demuestra que se exhibió una cédula de identidad ante el Notario de Fe Pública el 2017, que contiene los datos adecuados como domicilio y numeración en la República de Alemania, y que no fue analizado por el Juez coaccionado, quien no contrastó su valor probatorio con relación a los otros indicios que se generaron, para manifestar que la demora en la formalización del incidente de nulidad se constituiría en la preclusión o convalidación; y, xv) Los argumentos expuestos dejan en evidencia que las resoluciones de primera y segunda instancia son arbitrarias y lesivas al derecho a la defensa de la accionante, y que no se analizaron adecuadamente los indicios o elementos de prueba conforme establece la normativa procesal civil. Ante el pedido de aclaración realizado por el tercero interesado, del motivo por el cual el principio de convalidación no es relevante y aplicable al presente caso, puesto que Lucero Grace Gómez Gutiérrez no intervino en el proceso ordinario como mera interesada, sino como causahabiente particular de la impetrante de tutela quien le transfirió el lote de terreno objeto del proceso en su favor, siendo ese el motivo por el que fue acreditada en dicho proceso y aceptado su apersonamiento; en tal sentido, al haber adjuntado el documento de transferencia se consideró que operó el principio de convalidación procesal (fs. 234 vta.). Al respecto, los Vocales Constitucionales aclararon que no se desconoció la intervención de la nombrada, habiéndose mencionado que se apersonó al juzgado de primera instancia a título particular, manifestando tener un interés directo y particular, oportunidad en la cual no se apersonó como apoderada legal de la peticionante de tutela, aspecto por el que se manifestó que hubiese pasado si la apoderada no fuera ella, sino otra persona; no siendo relevante que sea la misma persona que -inicialmente- se apersonó a título personal y que haya coincidido también en su condición de futura apoderada; ni tampoco, es determinante para establecer una convalidación de actos, porque uno de los principios de las nulidades es la afectación, y sólo puede convalidar y reclamar una nulidad a quien le afecta; por consiguiente, no teniendo vinculación directa Lucero Grace Gómez Gutiérrez, pese a apersonarse por sus propios intereses, mal pudo convalidar las actuaciones de su futura mandante.
Del análisis de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial presentado el 14 de febrero de 2020, ante el Juez Público Civil y Comercial Cuarto de la Capital del departamento de Oruro -ahora coaccionado-, Lucero Grace Gómez Gutiérrez, en virtud al Poder Notarial 266/2017 de 13 de junio, extendido en su favor por Patricia Verónica Fernández Benitez -hoy accionante, se apersonó en su representación dentro del proceso ordinario seguido por Eduardo Rosas Baltazar en su contra y de otros, interponiendo incidente de nulidad de obrados (fs. 46 a 55 vta.). II.2. A través del memorial 24 de marzo de 2021, y adjuntando documentación respectiva, Eduardo Rosas Baltazar, hoy tercero interesado, contestó a dicho incidente (fs. 66 a 87); emitiendo el Juez coaccionado el Auto Interlocutorio de 22 de junio de 2021, por el cual rechazó y declaró improbado el mencionado incidente (fs. 95 a 98). II.3. Mediante memorial de 29 de junio de 2021, la apoderada de la impetrante de tutela interpuso recurso de reposición bajo alternativa de apelación contra el señalado Auto Interlocutorio (fs. 101 a 103); emitiéndose el Auto Interlocutorio de 12 de julio de 2021; por el cual, el Juez coaccionado rechazó y declaró no ha lugar al recurso de reposición, confirmando y manteniendo firme el Auto Interlocutorio apelado, y concedió la apelación -alternativamente planteada- en el efecto devolutivo (fs. 109 a 110 vta.). II.4. Por Auto de Vista 3/2022 de 3 de enero, Hernán Ocaña Marzana y Juan Carlos Selaya Rojas, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -hoy accionados-, confirmaron los Autos Interlocutorios de 22 de junio y 12 de julio, ambos de 2021 (fs. 135 a 142 vta.). Fallo con el que fue notificado la peticionante de tutela el 5 de enero de 2022 (fs. 145).
La accionante a través de su representante legal, denuncia la vulneración de los derechos al debido proceso en sus elementos de -valoración de la prueba-defensa y comunicación previa y detallada de la denuncia; así como los principios de verdad material y sana crítica; puesto que dentro la demanda de cumplimiento de obligación y resarcimiento de daños y perjuicios, seguido por el tercero interesado Eduardo Rosas Baltazar en su contra y de otros; ante el planteamiento de un incidente de nulidad de obrados: a) El Juez coaccionado por Auto Interlocutorio de 22 de junio de 2021, rechazó y declaró improbado dicho incidente, alegando que al no tenerse especificado su domicilio en la República de Alemania, cualquier exhorto librado mediante los canales de cancillería y consulados no habría tenido un resultado positivo por falta de precisión, siendo previsible su resultado negativo y el trámite resultaría muy burocrático y con alto costo de tiempo; sin tomar en cuenta que la prueba cursante en el expediente señaló su domicilio con exactitud, y no podía presumirse el desconocimiento de dicho domicilio; además de manera incorrecta señaló que la confesión o contestación afirmativa de su tía codemandada, podía convalidar actos penados con nulidad; y, finalmente, indicó que concurrieron los principios de convalidación y preclusión, basado en que el poder de representación fue otorgado el 2017 y que recién se hubiera empleado el 2020, siendo que la validación de actos procesales solo tendrán efecto desde su apersonamiento y la aceptación expresa del mandato o apersonamiento, no pudiendo imputar al apoderado conocimiento de una causa sin que haya sido aceptada su personería de manera expresa; b) En el Auto Interlocutorio de 12 de julio de 2021, que rechazó y declaró no ha lugar a su recurso de reposición y concedió la apelación alternativamente planteada, dicho Juez señaló que con la notificación al SEGIP se agotaron las formalidades de ley para establecer su domicilio, y que fue citada conforme a ley; sin realizar algún esfuerzo para desvirtuar que vive en la República de Alemania, ratificando su posición que tuvo conocimiento del proceso el 2017, convalidando los actos reclamados; y, c) Los Vocales accionados, al pronunciar el Auto de Vista 3/2022, mantuvieron el criterio plasmado en los mencionados Autos Interlocutorios, sin realizar una adecuada valoración de la prueba inmersa en el proceso, que consolidó la vulneración de sus derechos. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 1533/2022-S3 de 28 de noviembre, haciendo mención a la SCP 0720/2017-S2 de 31 de julio, al respecto, indicó que: [«…el Tribunal Constitucional Plurinacional, ha establecido que la facultad de la valoración de la prueba corresponde privativamente a los órganos jurisdiccionales ordinarios; empero, también determinó que existen excepciones a esta regla cuando se configuran ciertos supuestos en los que evidentemente la jurisdicción constitucional puede ingresar a realizar dicha valoración, en este entendido, la SCP 0017/2016-S2 de 18 de enero reiterando los abundantes entendimientos jurisprudenciales al respecto de este tema señala: “La SCP 0903/2012 de 22 de agosto, mencionando a la SC 1461/2003-R de 6 de octubre, estableció que: ‘…la facultad de valoración de la prueba aportada en cualesquier proceso corresponde privativamente a los órganos jurisdiccionales ordinarios, por lo que el Tribunal Constitucional no puede pronunciarse sobre cuestiones que son de exclusiva competencia de aquellos, y menos atribuirse la facultad de revisar la valoración de la prueba que hubieran efectuado las autoridades judiciales competentes…’. Desarrollando este razonamiento, la propia jurisprudencia constitucional también determinó excepciones a esta regla, al señalar que existen supuestos en que la jurisdicción constitucional puede revisar la valoración de la prueba por las autoridades jurisdiccionales ordinarias o administrativas, conforme se tiene de la SC 0285/2010-R de 7 de junio, que concluyo lo siguiente: ‘…el Tribunal Constitucional precautelando los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos, en cumplimiento de una de las finalidades por las que ha sido creado este órgano, como es el respeto y vigencia de los derechos y garantías fundamentales de las personas, ha establecido la SC 873/2004 de 28 de julio, los únicos supuestos para que la jurisdicción constitucional ingrese a revisar la valoración realizada por dichas autoridades: 1) Cuando en dicha valoración exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir y 2) Cuando se haya omitido arbitrariamente valorar la prueba y su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales, es decir en el primer supuesto cuando en la labor valorativa se apartan del procedimiento establecido valorando arbitraria e irrazonablemente y en el segundo, que actuando arbitrariamente no se haya procedido a la valoración de la prueba, por cuya omisión se vulneren derechos y garantías fundamentales’. (…) En ese orden de razonamiento para que este Tribunal pueda cumplir con esta tarea, es necesario que la parte procesal, que se considera agraviada con los resultados de la valoración efectuada dentro de un proceso judicial o administrativo, invocando la lesión a sus derechos fundamentales, exprese de manera adecuada y precisa en los fundamentos jurídicos que sustenten su posición (recurso de amparo) lo siguiente: Por una parte, qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas; para ello, será preciso, que la prueba no admitida o no practicada, se haya solicitado en la forma y momento legalmente establecidos, solicitud, que en todo caso, no faculta para exigir la admisión de todas las pruebas que puedan proponer las partes en el proceso, sino que atribuye únicamente el derecho a la recepción y práctica de aquellas que sean pertinentes, correspondiendo a los órganos judiciales ordinarios, el examen sobre la legalidad y pertinencia de las pruebas solicitadas, debiendo motivar razonablemente la denegación de las pruebas propuestas. Por supuesto, una vez admitidas y practicadas las pruebas propuestas declaradas pertinentes, a los órganos judiciales, les compete también su valoración conforme a las reglas de la lógica y de la sana crítica, según lo alegado y probado. Asimismo, es imprescindible también, que el recurrente señale en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final; por cuanto, no toda irregularidad u omisión procesal en materia de prueba (referida a su admisión, a su práctica, a su valoración, etc.) causa por sí misma indefensión material constitucionalmente relevante, correspondiendo a la parte recurrente, demostrar la incidencia en la Resolución final a dictarse, es decir, que la Resolución final del proceso hubiera podido ser distinta de haberse practicado la prueba omitida, o si se hubiese practicado correctamente la admitida, o si se hubiera valorado razonablemente la compulsada; puesto que resulta insuficiente, para la viabilidad del recurso de amparo, la mera relación de hechos; porque sólo en la medida en que el recurrente exprese adecuada y suficientemente sus fundamentos jurídicos, la jurisdicción constitucional podrá realizar la labor de contrastación, que amerita este tema de revisión excepcional de la labor de la valoración de la prueba realizada por la jurisdicción ordinaria; máxime si se tiene en cuenta que el art. 97 de la LTC, ha previsto como un requisito de contenido, el exponer con precisión y claridad los hechos que le sirvan de fundamento y precisar los derechos o garantías que se consideren restringidos, suprimidos o amenazados, señalando en qué consiste la restricción o supresión”»] (las negrillas corresponden al texto original).
La impetrante de tutela a través de su representante legal, denuncia la lesión de los derechos al debido proceso en sus elementos de -valoración de la prueba- defensa y comunicación previa y detallada de la denuncia; así como los principios de verdad material y sana crítica; puesto que dentro la demanda de cumplimiento de obligación y resarcimiento de daños y perjuicios, seguido por el tercero interesado Eduardo Rosas Baltazar en su contra y de otros; ante el planteamiento de un incidente de nulidad de obrados: 1) El Juez coaccionado por Auto Interlocutorio de 22 de junio de 2021, rechazó y declaró improbado dicho incidente, alegando que al no tenerse especificado su domicilio en la República de Alemania, cualquier exhorto librado mediante los canales de cancillería y consulados no habría tenido un resultado positivo por falta de precisión, siendo previsible su resultado negativo y el trámite resultaría muy burocrático y con alto costo de tiempo; sin tomar en cuenta que la prueba cursante en el expediente señaló su domicilio con exactitud, y no podía presumirse el desconocimiento de dicho domicilio; además de manera incorrecta señaló que la confesión o contestación afirmativa de su tía codemandada, podía convalidar actos penados con nulidad; y, finalmente, indicó que concurrieron los principios de convalidación y preclusión, basado en que el poder de representación fue otorgado el 2017 y que recién se hubiera empleado el 2020, siendo que la validación de actos procesales solo tendrán efecto desde su apersonamiento y la aceptación expresa del mandato o apersonamiento, no pudiendo imputar al apoderado conocimiento de una causa sin que haya sido aceptada su personería de manera expresa; 2) En el Auto Interlocutorio de 12 de julio de 2021, que rechazó y declaró no ha lugar a su recurso de reposición y concedió la apelación alternativamente planteada, dicho Juez señaló que con la notificación al SEGIP se agotaron las formalidades de ley para establecer su domicilio, y que fue citada conforme a ley; sin realizar algún esfuerzo para desvirtuar que vive en la República de Alemania, ratificando su posición que tuvo conocimiento del proceso el 2017, convalidando los actos reclamados; y, 3) Los Vocales accionados, al pronunciar el Auto de Vista 3/2022, mantuvieron el criterio plasmado en los mencionados Autos Interlocutorios, sin realizar una adecuada valoración de la prueba inmersa en el proceso, que consolidó la vulneración de sus derechos. De la revisión de antecedentes se advierte que dentro de la demanda ordinaria de cumplimiento de obligación y resarcimiento de daños y perjuicios seguido por Eduardo Rosas Baltazar contra Patricia Verónica Fernández Benítez -ahora peticionante de tutela-, Marion Verónica Fernández Skultety de Olmos y los posibles herederos de José Lucio Fernández Mosca, en el cual el mencionado demandante -hoy tercero interesado- solicitó, entre otros aspectos, que la accionante entregue los documentos saneados y le extienda en su favor la minuta de transferencia del lote de su propiedad de 1038 m, ubicado en calle Bullain y Rengel s/n zona Agua de Castilla de la ciudad de Oruro, registrado en Derechos Reales (DD.RR.) bajo la Matrícula 4.01.1.01.0035924, transferido por José Lucio Fernández Mosca el 25 de mayo de 2009, en virtud al Poder Notarial 55/2000 de 11 de febrero; previo juramento de desconocimiento de domicilio prestado por el mencionado tercero interesado, el Juez coaccionado ordenó la publicación por edictos de prensa para la citación y emplazamiento de la impetrante de tutela (fs. 206 a 207 vta.). Posterior al trámite procesal, el 6 de mayo de 2016, el Juez coaccionado emitió la Sentencia 44/2016, por la cual declaró probada en parte la demanda ordinaria, respecto al cumplimiento “de contrato” con relación a la firma y extensión de minutas definitivas de transferencia en su favor; e improbada en cuanto a la entrega de documentos saneados y sobre el resarcimiento de daños y perjuicios, disponiendo que en el plazo de treinta días de su ejecutoria, se firme la minuta definitiva de transferencia por compraventa (fs. 219 a 226 vta.). Luego, el 24 de agosto de 2016, Lucero Grace Gómez Gutiérrez y Jorge Wilfred de la Serna Vargas, adjuntado entre otros, un documento de compra y venta de 6 de junio de 2016, del lote de terreno ubicado en la calle Rengel entre calles Bullain y La Salle, Zona Sud, con una superficie de 1 175 m, registrado en DD.RR. bajo la Matrícula 4.01.1.01.0035924, suscrito por Wilhelm William Gómez Gutiérrez, en representación de la peticionante de tutela de acuerdo al Poder Notarial 431/2014 de 23 de diciembre; se apersonaron dentro la señalada demanda ordinaria, a los fines de acreditar su interés -legal-, haciendo conocer que la propiedad sobre la cual se exigía el cumplimiento de obligación -le pertenecía-, por lo que se vulneraba su derecho propietario; siendo aceptado su apersonamiento por proveído de 26 de agosto de 2016 (fs. 12 a 20 y 208 a 215). Posteriormente, por Auto Interlocutorio de 23 de abril de 2019, el Juez coaccionado dispuso la rectificación y aclaración de datos de ubicación y técnicos -superficie- del mencionado bien inmueble (fs. 41 a 43 vta.). El 14 de febrero de 2020, Lucero Grace Gómez Gutiérrez, adjuntando el Poder Notarial 266/2017 de 13 de junio, conferido por la accionante en su favor, se apersonó en su representación e interpuso incidente de nulidad de obrados por indefensión y vulneración de los derechos a la defensa y al debido proceso, respecto a la citación y emplazamiento realizado por edictos de prensa, puesto que se sabía y estaba documentado que al formalizarse la demanda ordinaria su mandante tenía un domicilio cierto y conocido fuera de Bolivia; ya que el demandante a fs. 17 y 18, manifestó conocer su domicilio fuera del país; así también, en la Sentencia 44/2016, el Juez coaccionado evidencia su residencia y domicilio en la República de Alemania; por lo que, la citación por edictos evitó que su mandante conozca formalmente la demanda para apersonarse, contestarla y asumir defensa; en ese sentido, solicitó principalmente se disponga la nulidad de obrados hasta la citación y emplazamiento por edictos de prensa, incluyendo el “Auto” de 26 de marzo de 2015, que ordena su ilegal citación (Conclusión II.1). Dicho incidente una vez que fue contestado por el tercero interesado, motivó el pronunciamiento del Auto Interlocutorio de 22 de junio de 2021, por el cual el Juez coaccionado rechazó y declaró improbado el mencionado incidente, señalando, entre otros aspectos, que dispuso la citación por edictos de prensa y se designó un defensor de oficio, debido a que en las certificaciones e informes del SERECI y del SEGIP se estableció que la impetrante de tutela no tenía domicilio registrado al cual se pueda acudir a efectos de comunicación; además, de la prueba de fs. 17 y 18, no se tenía un domicilio específico en el país europeo; por lo cual, cualquier exhorto no hubiera tenido un resultado positivo por falta de precisión, siendo previsible su resultado negativo y el trámite resultaría muy burocrático y con alto costo de tiempo; así también, que la tercera interesada, como tía de la demandada tenía la oportunidad de hacer conocer un domicilio de ella o poner en su conocimiento la causa, ya que contestó afirmativamente la demanda; asimismo, que la incidentista conocía la demanda desde el 2017, pues extendió el Poder Notarial 266/2017 identificando el proceso, cuya apoderada planteó el incidente de nulidad de obrados el 2020, lo que denota falta de diligencia y configura los elementos y principios de preclusión del reclamo de nulidad y convalidación de lo actuado en el proceso (Conclusión II.2). Contra ese fallo, la apoderada de la peticionante de tutela interpuso recurso de reposición bajo alternativa de apelación, denunciando: i) La errónea interpretación y aplicación del art. 77.II del CPC, ya que el demandante afirmó que ella se encontraba en otro país al cual realizó transacciones bancarias en las que se consigna no solamente el país y la ciudad de su residencia, sino su dirección exacta conforme la prueba cursante a fs. 19, 21 y 23, lugar donde debió ordenarse su citación; siendo incongruente señalar que en la demanda se mencionaba un domicilio desconocido. Además, al encontrarse legislada la citación por comisión mediante exhorto suplicatorio, ello no significa crear burocracia y un alto costo en tiempo en la comunicación procesal como se alega, sino que ello garantiza el derecho a la defensa; por lo que al autorizar su citación por edictos de prensa se interpretó y aplicó erróneamente dicha norma; ii) Que resultaba incongruente e ilógico el afirmar que la codemandada al ser su familiar hubiese puesto en su conocimiento la demanda, ya que son sujetos procesales distintos; quien participó del proceso de manera intencional para consolidar un fraude procesal para despojarla de sus bienes, habiendo sufrido perjuicios materiales puesto que sus bienes fueron dispuestos de manera arbitraria; iii) En cuanto a la imprescriptibilidad de la nulidad procesal, resulta incongruente manifestar que por haber otorgado el poder notarial el 2017, cuando la Sentencia se encontraba ejecutoriada, su derecho a plantear el incidente habría precluido, operando incluso la convalidación de actos ilegales del proceso que fue orquestado en complicidad con la codemandada, no habiéndose advertido la colusión de partes; iv) Si bien se realizaron depósitos a su nombre por transferencias bancarias -fs. 19, 21 y 23-, no existe constancia de su recepción y menos que estaban destinados a la compra de su bien inmueble; y, v) El fallo recurrido no tiene motivación alguna, ya que se tiene demostrado documentalmente su domicilio exacto, con dirección y número de vivienda, lo que era de conocimiento del demandante y del Juez coaccionado, quien debía activar lo estipulado por el segundo parágrafo del art. 77 del CPC; además, es incongruente y carece de fundamentación porque no se basa en la prueba aportada al proceso y se encuentra alejada de la verdad material. Al respecto, el recurso de reposición fue rechazado y declarado no ha lugar por Auto Interlocutorio de 12 de julio de 2021, siendo concedida la apelación planteada de manera alternativa (Conclusión II.3); la cual fue resuelta por Auto de Vista 3/2022, pronunciado por los Vocales accionados, quienes confirmaron los Autos Interlocutorios de 22 de junio y 12 de julio, ambos de 2021, decisión que se notificó a la accionante el 5 de enero de 2022 (Conclusión II.4). Establecidos los antecedentes procesales, y de una revisión de la demanda de amparo constitucional se advierte que la impetrante de tutela a través de su representante legal, identifica como el acto vulneratorio de sus derechos, a las determinaciones asumidas por el Juez coaccionado en los Autos Interlocutorios de 22 de junio y 12 de julio, ambos de 2021; y, por los Vocales accionados en el Auto de Vista 3/2022; sin embargo, corresponde aclarar que esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional no puede emitir un pronunciamiento sobre los referidos Autos Interlocutorios emitidos por el Juez coaccionado -debiendo denegarse la tutela impetrada en cuanto a él-, puesto que esta instancia no se constituye en una etapa recursiva adicional o paralela de la jurisdicción ordinaria; en tal sentido, bajo el principio de subsidiariedad, la revisión sólo se realizará a partir del indicado Auto de Vista, como la última determinación emitida dentro del trámite del incidente de nulidad de obrados planteado, que tuvo la posibilidad de corregir, enmendar y/o anular las determinaciones asumidas por la autoridad judicial de menor jerarquía, las cuales como se tiene indicado no ameritan ser analizadas por esta jurisdicción. En ese sentido, estando claramente delimitada la competencia de esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional, de la problemática expuesta en la acción de defensa, se evidencia que la peticionante de tutela por medio de su representante legal, denuncia que los Vocales accionados al pronunciar el Auto de Vista 3/2022 hoy impugnado, no realizaron una adecuada valoración de la prueba inmersa en el proceso, manteniendo así el criterio plasmado en los Autos Interlocutorios emitidos por el Juez coaccionado, situación que consolidó la vulneración de sus derechos; en ese sentido, y en coherencia con lo mencionado en su recurso de reposición bajo alternativa de apelación, identifica como la prueba que no fue adecuadamente valorada, a aquella cursante a fs. 19, 21 y 23 del expediente original, relativas a comprobantes de depósitos bancarios, en las cuales se señalaría su domicilio con total exactitud ubicado en la ciudad de Munich-Alemania, Arzbacher Strasse 4 81371, lugar donde podía realizarse -válidamente- la comunicación procesal -citación y emplazamiento- con la demanda ordinaria, conforme lo establecido por el art. 77.II del CPC y no así por edictos de prensa. Al respecto, a fin de resolver adecuadamente la presente problemática, corresponde señalar que la documentación cursante a fs. 19, 21 y 23 del expediente original, en la cual la representante legal de la accionante respalda su denuncia de inadecuada valoración de la prueba, consiste en comprobantes (bauchers) de depósitos bancarios expedidos por el Banco Bisa Sociedad Anónima (S.A.), realizados el 1 de junio, 9 de noviembre y 19 de diciembre, todos de 2012. Por las sumas de $us20 000.- (veinte mil dólares estadounidenses); $us9 000.- (nueve mil dólares estadounidenses); y, $us20 000.- respectivamente; figurando el tercero interesado Eduardo Rosas Baltazar, como “ORDENANTE” -depositante-; siendo el Banco intermediario STADTSPARKASSE MÜNCHEN, ubicado en Munich República Alemana; depósitos realizados al número de cuenta DE 37 7015 0000 1001 8126 90, perteneciente a la beneficiaria Patricia Fischer, con dirección Arzbacher Strasse 4 81371 MÜNCHEN -Munich-, figurando como referencia sobre el envío, la “COMPRA DE INMUEBLE” (fs. 182, 185 y 189; 197, 199 y 202). Bajo ese contexto, los Vocales accionados sobre la prueba aludida señalaron lo siguiente: a) Que los antecedentes de la causa, cursante a “fs. 19, 21 y 23”, que fue mencionada por la recurrente -ahora impetrante de tutela-, tienen que ver con depósitos efectuados en la gestión 2012, 1 de junio, 9 de noviembre y 19 de diciembre, respectivamente; por el demandante en favor de la demandada, como afirma en su recurso; aspecto que podría hacer presumir que la demandada tenía su domicilio en Alemania, pero de la revisión minuciosa del testimonio de apelación, se evidencia que a fs. 380 del expediente original, se apersonaron a la causa Lucero Grace Gómez Gutiérrez y Jorge Wilfred de la Serna Vargas, adjuntando una fotocopia relativa a una aclaración de ubicación y medidas de lote de terreno -Testimonio de Escritura Pública 418/2016 de 12 de mayo- realizado por Wilhelm William Gómez Gutiérrez, apoderado de la peticionante de tutela Patricia Verónica Fernández Benítez, según Poder Notarial 431/2014 de 23 de diciembre, en cuya transcripción -fs. 375 a 376- se evidencia que la conferente señaló como domicilio en calle Tomas Frías s/n y Bullain de la ciudad de Oruro; aspecto que claramente desmerece las afirmaciones efectuadas en el recurso, en sentido que viviría en otro país o que eventualmente tuviera su residencia en Alemania. b) No se tiene certeza alguna de que Patricia Verónica Fernández Benítez -accionante- tenga su domicilio y residencia en Alemania, conforme lo expone reiteradamente, no evidenciándose prueba alguna que sustente tal afirmación, conforme se señaló al conferir el poder notarial cursante de fs. 375 a 376 vta., dentro del Testimonio de Escritura Pública de Aclaración, en el que se evidencia que la conferente señaló como su domicilio en la calle Tomás Frías s/n y Bullain de la ciudad de Oruro, elemento que permite generar duda razonable de su supuesto domicilio en Arzbacher Strasse 4 81371 MÜNCHEN -Munich Alemania-, aspecto no demostrado con prueba idónea; aclarando que los depósitos -bancarios- a los que se hace referencia fueron efectuados en la gestión 2012, no evidenciándose agravio sobre ese tópico.
c) Conforme también hubo fundamentado la autoridad de primera instancia se evidencia a fs. 547-548 de expediente (…) Poder Especial y Suficiente 266/2017 de 13 de junio que confiere la señora Patricia Verónica Fernández Benítez en favor de Lucero Grace Gomes Gutiérrez, en la que se establece amplias facultades de representación, entre los que se señala: “para que en representación de su persona, acciones y derechos se apersone el Juzgado Público Cuarto en lo Civil de la Capital Oruro-Bolivia, o ante cualquier otro Juzgado o Tribunal donde radique el proceso de cumplimiento de obligación y resarcimiento de daños y perjuicios seguido por Eduardo Rosas Baltazar contra la otorgante y contra Marion Victoria Fernández Skultety de Olmos y otros, con No. IANUS201502173…” (sic). Aspecto que permite generar convicción que la recurrente tenía pleno conocimiento de la causa, habiendo señalado con específica claridad los datos del proceso, siendo la apoderada de Patricia Verónica Fernández Benítez la señora Lucero Grace Gomes Gutiérrez quien se apersonó a la causa mediante memorial de fs. 380 del expediente y dejó transcurrir el tiempo a sabiendas que la causa se encontraba en trámite sin activar de manera oportuna los mandatos y facultades conferidos. Ahora bien, estando denunciado que los Vocales accionados no realizaron una adecuada valoración de la prueba, corresponde señalar que del entendimiento jurisprudencial mencionado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, se tiene que la labor de valoración de la prueba es exclusiva de los órganos jurisdiccionales ordinarios y que la jurisdicción constitucional de manera excepcional puede ingresar a realizar esa labor, cuando en dicha valoración exista un apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; y, cuando se haya omitido arbitrariamente valorar la prueba y su lógica consecuencia sea la lesión de derechos y garantías; en ese sentido, para que se realice el análisis excepcional de la valoración probatoria, la peticionante de tutela debe expresar; por un lado, que pruebas fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir, o cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas. Y por otro lado, debe además demostrar que esa valoración cuestionada de irrazonable e inequitativa, o la ausencia de valoración tendría incidencia en la resolución final. Bajo ese contexto jurisprudencial y del examen de los argumentos expuestos por los Vocales accionados sobre el análisis de la prueba cursante a fs. 19, 21 y 23 del expediente original, en la cual la impetrante de tutela sustenta la denuncia de vulneración de sus derechos, por no haber sido citada y emplazada en el domicilio identificado en dicha prueba, sino por edictos de prensa; no se advierte que en esa labor exista una apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir, o que resulte inadecuada como se tiene denunciado; puesto que luego de identificar claramente el contenido de esa prueba, consistente en comprobantes de tres depósitos bancarios realizados por el tercero interesado en el 2012, al número de cuenta perteneciente a la impetrante de tutela -aunque identificada con otro nombre, lo que no fue negado por ella-, en un Banco de la República de Alemania y por concepto de una “COMPRA DE INMUEBLE”; en las cuales además se identificaría su domicilio en ese país Europeo; dichos Vocales establecieron inicialmente que esa información haría presumir que la peticionante de tutela efectivamente tendría su domicilio en Alemania; sin embargo, contrastados esos datos con el contenido del Poder Notarial 431/2014 de 23 de diciembre, con el cual su apoderado suscribió la minuta inserta en el Testimonio de Escritura Pública 418/2016 de Aclaración de Ubicación y Medidas de un Lote de Terreno, que fue presentado por la tercera interesada junto a su apersonamiento; advirtió que en ese Poder, la accionante el 2014 señaló como domicilio en calle Tomas Frías s/n y Bullain de la ciudad de Oruro; situación que desvirtuaba la afirmación de que viviría en otro país o que su domicilio y residencia se encontraban asentados en la República de Alemania. Conforme lo señalado, concluyeron que no se tenía certeza de que la impetrante de tutela tenga su domicilio y residencia en la República de Alemania, debido a que ese domicilio señalado en los comprobantes de depósitos bancarios del 2012, cursantes a fs. 19, 21 y 23 del expediente original, era diferente al domicilio señalado el 2014, al otorgar el Poder Notarial 431/2014, ubicando al mismo en esta oportunidad en la calle Tomás Frías s/n y Bullain de la ciudad de Oruro; situación que les generó duda razonable de su supuesto domicilio en Arzbacher Strasse 4 81371 MÜNCHEN -Munich Alemania- que no fue demostrado con prueba idónea. Es decir que, ante la existencia de esa documental y específicamente del contenido de la misma respecto del domicilio de la ahora accionante en la gestión 2014, generó en las autoridades accionadas la certeza que tenía su domicilio en la ciudad de Oruro y no así en la República de Alemania. De lo expuesto y en el marco de la jurisprudencia mencionada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, resulta razonable y equitativo el análisis realizado por los Vocales accionados, así como debidamente justificada la posición y postura asumidas para contrarrestar el valor que pretendía otorgarle la peticionante de tutela a las pruebas cursantes a fs. 19, 21 y 23 del expediente original, puesto que al encontrar divergencias en el contenido de la información proporcionada por las mismas sobre su domicilio realizado el 2012, con respecto a otra prueba de fecha posterior -2014-, no podían encontrar certidumbre en los relatos y aseveraciones expuestas por la accionante, para dar por cierto que efectivamente su domicilio se encontraría asentado en la República de Alemania, donde tendría que haberse realizado su citación y emplazamiento con la demanda ordinaria instaurada en su contra.
En ese sentido, no resulta cierta la denuncia expuesta en la presente acción de defensa con relación a la actuación de los Vocales accionados, ya que el análisis y los argumentos expuestos sobre los comprobantes de depósitos bancarios, no demuestran que dichas autoridades hubieran realizado una inadecuada o arbitraria valoración de esa prueba o que exista un visible apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; al contrario, se aprecia que con la debida justificación argumentativa, encontraron que la información proporcionada en las mismas confrontadas con otro documento de fecha posterior, impedían dar por cierto que la impetrante de tutela tenía un domicilio en otro país, dando así una respuesta concreta y objetiva, que garantizaba la comprensión del motivo por el cual se tomó la decisión de desacreditar o desechar el valor del contenido de la información respecto a un domicilio asentado en la República de Alemania. A mayor abundamiento, es de considerar lo manifestado por las autoridades accionadas que en la gestión 2017 la ahora accionante tenía conocimiento cierto sobre la existencia del proceso civil iniciado en su contra conforme se advierte del Poder Especial y Suficiente 266/2017 de 13 de junio, que confiere la señora Patricia Verónica Fernández Benítez en favor de Lucero Grace Gomes Gutiérrez; oportunidad en la que bien pudo mediante su apoderada o mandataria apersonarse al proceso y ejercer los actos de defensa para el resguardo de sus derechos, tales como desvirtuar que su domicilio no se encontraba constituido en Bolivia sino en la República de Alemania. Por todo lo expuesto, no se advierte la existencia de una lesión al derecho al debido proceso en su elemento de valoración de la prueba, vinculados con los derechos a la defensa, a la comunicación previa y detallada de la denuncia, así como los principios de verdad material y sana crítica; motivo por el cual se debe denegar la tutela impetrada al encontrar incierta la denuncia expuesta en la presente acción tutelar. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, no obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 78/2022 de 15 de junio, cursante de fs. 236 a 246, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela impetrada, conforme los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0791_2023-S3.pdf · páginas 1 a 23.
Huella digital del PDF (SHA-256): ca9746dc308710c62c43e152b12a05f9bedec1a1e100e151425db95740c1b13f
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