B.IA.LEGAL

SCP 0790/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 27 de abril de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
27 de abril de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
49833-2022-100-AL
Departamento
Potosí
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad; toda vez que, el 27 de febrero de 2022, se llevó a cabo una audiencia de medidas cautelares, disponiéndose su detención preventiva por el plazo de cuatro meses, con el argumento, por parte del Ministerio Público, de que debían realizarse varios actos investigativos; entre ellos, pericia psicológica y entrevista en cámara Gesell. Posteriormente, en audiencia de 27 de junio de igual año, el Fiscal de Materia demandado, solicitó la ampliación de la detención preventiva señalando los mismos fundamentos expuestos anteriormente y alegando que todavía faltaba la realización del peritaje correspondiente; motivo por el cual, la autoridad de la causa penal de origen, amplió su detención hasta el 27 de julio de ese año. Ante esta situación, presentó varios memoriales solicitando al Ministerio Público y a la referida autoridad judicial, que se dé cumplimiento a las conminatorias emitidas, para que la Psicóloga codemandada, realice la pericia pendiente; ya que, pese a haber sido designada desde marzo de la indicada gestión, la prueba no fue presentada debido a la carga procesal existente. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 1 de 22 de julio de 2022, cursante de fs. 52 a 58, pronunciada por el Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Llallagua del departamento de Potosí; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis del fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la legitimación pasiva en la acción de libertad
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0790/2026-S2 Sucre, 27 de abril de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 49833-2022-100-AL Departamento: Potosí En revisión la Resolución 1 de 22 de julio de 2022, cursante de fs. 52 a 58, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Martín Quenta Vargas contra Osmar Téllez Maldonado, Fiscal de Materia y Giovana Camargo Castellón, Psicóloga Forense del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF). I.1. Contenido de la demanda Por memorial presentado el 22 de julio de 2022, cursante a fs. 1 y 30 a 33 vta., el accionante manifestó lo siguiente: I.1.1. Hechos que motivan la acción El 27 de febrero de 2022, se señaló audiencia de imputación formal y aplicación de medidas cautelares en su contra, por la presunta comisión del delito de abuso sexual agravado, acto procesal en el que se dispuso su detención preventiva por el plazo de cuatro meses; toda vez que, debían realizarse diversos actos investigativos, tales como la pericia psicológica, -entrevista en-cámara Gesell, entre otros. Posteriormente, el 27 de junio de igual año, se llevó a cabo una nueva audiencia, en la cual Osmar Téllez Maldonado, Fiscal de Materia -ahora demandado- solicitó la ampliación de la medida extrema, con los mismos fundamentos que fueron expuestos en la audiencia anterior e indicando que aún resultaba necesario contar con el dictamen pericial; por ello, “la Jueza” amplió la referida medida cautelar hasta el 27 de julio del mismo año. Por ese motivo, en audiencia de 27 de junio de 2022, el Juzgado de la causa de origen, conminó al Ministerio Público a presentar la prueba pericial en el plazo de veinticuatro horas. En cumplimiento de ello, el Fiscal de Materia demandado emitió el requerimiento fiscal el 28 de junio del mismo año; ante lo cual, la Psicóloga codemandada manifestó: “LA SUSCRITA EMITIRÁ EL DICTAMEN PERICIAL COMO CORRESPONDA EN EL PLAZO ESTABLECIDO A PARTIR DE LA FECHA PROGRAMADA ORIGINALMENTE; POR TODA LA CARGA PROCESAL QUE SE TIENE, COMO ES DE CONOCIMIENTO LA SUSCRITA ES LA ÚNICA PERITO A NIVEL DEPARTAMENTAL” (sic). El 4 de julio de 2022 presentó un memorial -que, según refiere, hasta la presentación de esta acción tutelar no habría merecido actuación procesal alguna-, mediante el cual solicitó que el Ministerio Público haga conocer y cumpla las conminatorias efectuadas a Giovana Camargo Castellón, Psicóloga Forense del IDIF -hoy codemandada-, designada como perito dentro del proceso penal de origen, a fin de que realice la prueba pericial correspondiente; designación que, fue efectuada el 31 de marzo de ese año, otorgándosele un plazo de diez días para la remisión del respectivo dictamen. Asimismo, realizó reclamos ante el Juzgado origen mediante memoriales presentados el 6 y 13 de julio de 2022. Posteriormente, por memorial de 18 de igual mes y año, reiteró la solicitud de conminatoria ante el Fiscal de Materia demandado. Pese a dichas actuaciones, hasta la presentación de esta acción tutelar continuaba detenido en el Centro Penitenciario de San Miguel de Uncía del departamento de Potosí. I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado Denunció la lesión de su derecho a la libertad, citando al efecto los arts. 23.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). I.1.3. Petitorio Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia: a) Se admita la presente acción de libertad; b) “Se proceda a su citación legal para que asuma defensa legal” (sic); y, c) Se disponga de forma inmediata su libertad irrestricta, de forma pura y simple. I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías Celebrada la audiencia pública el 22 de julio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 51 a 52, se produjeron los siguientes actuados: I.2.1. Ratificación de la acción El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad. I.2.2. Informe de la parte demandada Osmar Téllez Maldonado, Fiscal de Materia, a través de informe escrito cursante de fs. 49 a 50, sostuvo que: 1) Dentro de la investigación que se siguió en contra al accionante, en primera instancia, se otorgó a la nombrada cuatro meses de detención preventiva; posterior a ello, el Ministerio Público, solicitó de manera fundada la ampliación de “2 meses más”, estando dentro del plazo de seis meses que establece el Código Adjetivo Penal, esto debido a la complejidad del proceso; toda vez que, la supuesta víctima fue una menor de edad y el presunto autor del hecho era “su propio padre”. A su vez, existió una contradicción entre la versión que otorgó la indicada menor de edad en una primera instancia ante la Psicóloga codemandada y la declaración que dio en cámara Gesell, lo que motivó a que la prenombrada deba realizar una pericia sobre la credibilidad del testimonio otorgado; por ende, se solicitó el requerimiento de designación de perito, el cual fue notificado a las partes el 22 de abril de 2022, y estaba pendiente la emisión del dictamen respectivo; siendo que, dicha pericia también fue solicitada por el impetrante de tutela mediante memorial, ya que -a su criterio-, esta era necesaria para ambas partes; y, 2) Se emitió requerimiento expreso, a efectos de que la Psicóloga codemandada remita la pericia solicitada; ante ello, la nombrada envió un oficio indicando el motivo por el cual no realizó lo ordenado, señalando la excesiva carga laboral que tenía al ser la única perito que atendía a todo el departamento de Potosí, aspecto que fue notificado al abogado del peticionante de tutela; por otro lado, es la autoridad de la causa de origen quien dispuso la detención preventiva del solicitante de tutela y la ampliación de la misma, decisión que pudo ser apelada para su consideración. Giovana Camargo Castellón, Psicóloga Forense del IDIF, no presentó informe alguno ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su legal notificación cursante a fs. 36. I.2.3. Resolución El Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Llallagua del departamento de Potosí, constituido en Juez de garantías, por Resolución 1 de 22 de julio de 2022, cursante de fs. 52 a 58, denegó la tutela solicitada; con base en los siguientes fundamentos: i) Revisado el cuaderno de control jurisdiccional, se advirtió que las solicitudes de conminatoria presentadas por el accionante sí obtuvieron respuesta por parte del Fiscal de Materia demandado, así como también de la Psicóloga codemandada, quien mediante informe presentado el 8 de similar mes y año, indicó su imposibilidad de presentar el informe pericial; el cual, fue de conocimiento de las partes, lo que sí se pudo observar, es la falta de pronunciamiento por parte la autoridad de control jurisdiccional, “…teniendo en cuenta que todo el control jurisdiccional está bajo la potestad de dicha autoridad…” (sic), debiendo la misma conminar al Fiscal de Materia demandado con el señalamiento de fecha y hora para la presentación de dicho informe pericial; ii) No se advirtió lesión alguna sobre la supuesta mora procesal, tomando en cuenta que el cumplimiento del plazo de la detención preventiva fenecía el 27 de igual mes y año; y, para la presentación del informe pericial, no se tenía una conminatoria efectiva por parte de la autoridad judicial de origen; ya que, conforme al procedimiento, no se tiene establecido plazo alguno para la presentación del mismo, debiendo este ser presentado en un tiempo razonable y siendo la prenombrada autoridad quien llevaba el control jurisdiccional, debió otorgar un plazo para la presentación de dicho informe. Asimismo, el impetrante de tutela, al momento de la ampliación de su detención preventiva, pudo apelar la resolución dictada por la referida autoridad judicial, aspecto que no constó en obrados; y, iii) Por la demora en la presentación del informe pericial, correspondía conminar al Fiscal de Materia demandado para que, a través de él, se presente el referido informe en un plazo de veinticuatro horas. En vía de aclaración, complementación y enmienda, el peticionante de tutela, a través de su abogado, indicó que: a) No acudió al recurso de apelación debido a que, no estaba disconforme con la ampliación de la detención preventiva que señaló la autoridad de control jurisdiccional; su inconformidad, se debió a la falta de cumplimiento de lo que se determinó en la audiencia de 27 de junio de 2022, respecto a la remisión del informe pericial por parte de la Psicóloga codemandada; por lo cual, presentó memoriales de conminatoria o de reiteración, a objeto de que se cumpla “esta vía legal”, solicitando se complemente, respecto a si su alusión jurídica se enmarcaba dentro del debido proceso; b) El 31 de marzo de igual año, presentaron requerimiento de designación de perito; en el cual, la Psicóloga codemandada fue nombrada; por ende, que el Fiscal de Materia demandado consignó que la antes mencionada tenía que presentar el informe referido en un plazo de diez días; ya que, si bien es cierto que en el Código Adjetivo Penal no se establece un tiempo para la realización de pruebas periciales; el Ministerio Público, de forma objetiva, tiene la facultad de determinar el plazo para la presentación de la prueba indicada; siendo que, en el presente caso, sí se estableció el plazo de diez días, tomando en cuenta que, del 31 de marzo al 27 de junio de 2022 pasaron tres meses, más aún cuando la autoridad de la causa conminó al Fiscal de Materia demandado a que, en un plazo de veinticuatro horas, haga conocer el informe pericial; y, c) Se pueda complementar respecto a la “SC 0055/2012” de 9 de abril, la cual indica los dos precedentes para la activación directa de la acción de libertad, siendo el primero cuando exista dilación con referencia al plazo procesal o lo que “…nosotros conocemos como mora procesal…” (sic); toda vez que, la Psicóloga codemandada debió presentar su informe hasta el 27 de junio de 2022; empero, el 20 de similar mes y año, el Ministerio Público nuevamente solicitó la ampliación de su detención preventiva con el mismo fundamento; es decir, debido a la falta de presentación de la prueba pericial, constituyéndose como una mora procesal “…a objeto de seguir deteniendo a una persona dentro de una cárcel…” (sic). Ante ello, el Juez de garantías señaló que: 1) Sobre el recurso de apelación, es el peticionante de tutela quien viéndose afectado con la ampliación del plazo de su detención preventiva, debió haber hecho uso del recurso de apelación; 2) En cuanto a la Psicóloga codemandada, si bien se la consignó y existió una conminatoria a través de un requerimiento fiscal para que haga efectivo su informe pericial, la prenombrada, mediante nota, hizo conocer los motivos que le imposibilitaron para presentar el informe señalado; además, por informe del Fiscal de Materia demandado, el cual indicó que, la nota antes mencionada fue de conocimiento de las partes del proceso penal de origen; y, 3) En relación con la “SC 0055/2012”, respecto a la mora procesal, se tiene que, por memorial de 20 de junio de 2022, se solicitó la ampliación de “4 a 5 meses” y en audiencia de 27 de igual mes y año, se otorgó dicha ampliación, entendiéndose que en el momento en que el accionante fue notificado con esa resolución debió haber reclamado; sin embargo, no existió constancia de que hubiese hecho uso de recurso alguno; por lo que, en cuanto a los tres puntos por los cuales solicitó aclaración, complementación y enmienda, los mismos, no fueron oportunos ni tempestivamente reclamados los supuestos derechos vulnerados. I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional Por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso la devolución a la Comisión de Admisión los expedientes y causas sorteadas para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional (fs. 63 a 65); en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por acta de audiencia pública de cesación a la detención preventiva por cumplimento de 27 de junio de 2022, la Jueza Civil y Comercial Primera de Llallagua del departamento de Potosí, en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Penal Primera, del mismo municipio y departamento, determinó la ampliación de la detención preventiva de Martín Quenta Vargas -ahora accionante-, por un mes; es decir, hasta el 27 de julio de igual año (fs. 15 a 18). II.2. Cursa memorial presentado el de 4 de julio de 2022, por parte del impetrante de tutela, dirigido a Osmar Téllez Maldonado, Fiscal de Materia -hoy demandado-; en el cual, solicitó que se conmine a Giovana Camargo Castellón, Psicóloga Forense del IDIF -ahora codemandada- a objeto de que presente informe -pericial- en el plazo de veinticuatro horas (fs. 11). II.3. Consta memorial interpuesto el de 6 de julio de 2022, presentado por el peticionante de tutela, dirigido al Juzgado de la causa penal de origen; por el cual, solicitó “…SE REITERE LA CONMINATORIA AL FISCAL DEL MATERIA DEL MUNICIPIO DE LLALAGUA…” (sic), a objeto de que se conmine a la Psicóloga codemandada para presentar el informe requerido en el plazo de veinticuatro de horas (fs. 13). II.4. A través de memorial presentado el 13 de julio de 2022, ante el Juzgado de origen, el solicitante de tutela reiteró se conmine al Fiscal de Materia demandado para que este, a su vez, ordene a la Psicóloga codemandada que presente el informe pericial (fs. 14). II.5. Por memorial presentado el 18 de julio de 2022, el accionante reiteró la solicitud de conminatoria al Fiscal de Materia demandado; para que, la Psicóloga codemandada envíe el informe requerido (fs. 12).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad; toda vez que, el 27 de febrero de 2022, se llevó a cabo una audiencia de medidas cautelares, disponiéndose su detención preventiva por el plazo de cuatro meses, con el argumento, por parte del Ministerio Público, de que debían realizarse varios actos investigativos; entre ellos, pericia psicológica y entrevista en cámara Gesell. Posteriormente, en audiencia de 27 de junio de igual año, el Fiscal de Materia demandado, solicitó la ampliación de la detención preventiva señalando los mismos fundamentos expuestos anteriormente y alegando que todavía faltaba la realización del peritaje correspondiente; motivo por el cual, la autoridad de la causa penal de origen, amplió su detención hasta el 27 de julio de ese año. Ante esta situación, presentó varios memoriales solicitando al Ministerio Público y a la referida autoridad judicial, que se dé cumplimiento a las conminatorias emitidas, para que la Psicóloga codemandada, realice la pericia pendiente; ya que, pese a haber sido designada desde marzo de la indicada gestión, la prueba no fue presentada debido a la carga procesal existente. A causa de esa demora, continúa detenido en el Centro Penitenciario San Miguel de Uncía del departamento de Potosí hasta la presentación de esta acción tutelar. Ante ello, el Fiscal de Materia demandado señala que: i) La ampliación de la detención preventiva del accionante fue solicitada de manera fundamentada y dentro del plazo legal de seis meses, debido a la complejidad del caso; ya que, la supuesta víctima era una menor de edad y existían contradicciones entre sus declaraciones; por ello, se requirió una pericia psicológica sobre la credibilidad del testimonio de la misma, la cual aún estaba pendiente de emisión; ii) Se solicitó a la Psicóloga codemandada la remisión del informe pericial, pero esta explicó que no pudo realizarla debido a la excesiva carga laboral, al ser la única perito para todo el departamento de Potosí; y, iii) La detención preventiva y su ampliación fueron decisiones dispuestas por el Juzgado de la causa, las cuales podían ser apeladas por el peticionante de tutela. Por su lado, la Psicóloga codemandada, no presentó informe alguno ni asistió a la audiencia de garantías En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. De la legitimación pasiva en la acción de libertad

Al respecto, la SC 0192/2010-R de 24 de mayo, señaló que: “Para la procedencia del recurso de hábeas corpus, actualmente acción de libertad, se debe observar la legitimación pasiva; es decir, que la acción sea dirigida contra la autoridad, funcionario o persona que cometió el acto ilegal u omisión indebida que atenta contra el derecho a la libertad, o a la vida, ya sea a través de una persecución, procesamiento o detención ilegales o indebidas; vale decir, que se deberá demandar a quien impartió la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales, o en su caso, a la que directamente incurrió en los actos u omisiones que derivaron en que la aprehensión o detención sea ilegal o indebida, como por ejemplo pueden darse casos de la ejecución de una orden pero con notoria arbitrariedad al margen de lo encomendado. De lo contrario la acción carecería de falta de legitimación pasiva; es decir, en la no coincidencia o correspondencia entre la persona, autoridad o funcionario contra quien se interpuso la acción de defensa de derechos fundamentales, con quien efectivamente causó la supuesta lesión a derechos que se denuncia y que motiva la interposición de la misma” (las negrillas nos corresponden).

III.2. Análisis del caso concreto

De la revisión de los antecedentes procesales; se advierte que, el accionante atribuye la vulneración de su derecho a la libertad al Fiscal de Materia y a la Psicóloga demandados, sosteniendo que la demora en la emisión del informe pericial psicológico ocasionó la ampliación de su detención preventiva; por ende, la prolongación de su permanencia en el Centro Penitenciario San Miguel de Uncía del departamento de Potosí. Al respecto, corresponde precisar que, la presente problemática no puede ser analizada únicamente desde la perspectiva de la demora en la elaboración de la pericia psicológica, sino también a partir de las competencias que la normativa procesal penal asigna a cada uno de los sujetos procesales durante la etapa preparatoria. En ese entendido, conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el control de los actos investigativos desplegados por el Ministerio Público y de los incidentes que surjan durante la investigación corresponden a la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional, quien se encuentra investida de facultades para adoptar las medidas necesarias destinadas a garantizar la legalidad del proceso y la tutela efectiva de los derechos de las partes. En el caso analizado, de la revisión de obrados se evidencia que, el propio impetrante de tutela activó dicho mecanismo de control jurisdiccional mediante memoriales de 6 y 13 de julio de 2022, solicitando a la autoridad judicial de origen que se reitere la conminatoria al Fiscal de Materia demandado para que; a su vez, exija a la Psicóloga codemandada la presentación del informe pericial pendiente (Conclusiones II.3 y II.4). Asimismo, consta que, en audiencia de 27 de junio de igual año, la referida la autoridad judicial dispuso que el Ministerio Público presente la referida prueba pericial (Conclusión II.1), circunstancia que demuestra que el peticionante de tutela reconoció y activó la competencia de la indicada instancia para ejercer control sobre la actividad investigativa y exigir el cumplimiento de las actuaciones pendientes. En consecuencia, si el accionante consideraba que las medidas adoptadas por la citada autoridad judicial resultaban insuficientes o que esta omitió ejercer de manera efectiva sus facultades de control respecto al cumplimiento de la prueba pericial observada, correspondía dirigir la acción constitucional contra aquella autoridad que, teniendo la potestad legal de adoptar medidas coercitivas o correctivas dentro de la investigación penal, presuntamente no hubiera desplegado una actuación eficaz para garantizar el cumplimiento de sus determinaciones. Bajo ese entendimiento se advierte que, la restricción de la libertad del impetrante de tutela no deviene de una decisión asumida por los demandados, sino de una determinación judicial que dispuso inicialmente su detención preventiva y posteriormente amplió dicha medida cautelar. Del mismo modo, aun cuando la demora en la emisión del informe pericial hubiera generado disconformidad en el peticionante de tutela, ello no resulta suficiente para atribuir de manera directa la supuesta lesión al derecho a la libertad al Fiscal de Materia y a la Psicóloga demandados, más aún, cuando el propio accionante acudió ante la autoridad judicial competente para que esta adopte las medidas correspondientes dentro de la investigación.

Por lo expuesto, se evidencia una falta de correspondencia entre las autoridades demandadas y la presunta lesión denunciada; toda vez que, los actos que el impetrante de tutela considera lesivos se encuentran vinculados al ejercicio del control jurisdiccional y a las determinaciones asumidas dentro del proceso penal por la autoridad judicial competente, quien no fue incorporada como sujeto pasivo de la presente acción tutelar. En consecuencia, al no concurrir el requisito de legitimación pasiva respecto de los demandados y no advertirse que estos hubieran ejecutado actos u omisiones directamente vinculados con la restricción de la libertad personal del accionante, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 1 de 22 de julio de 2022, cursante de fs. 52 a 58, pronunciada por el Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Llallagua del departamento de Potosí; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis del fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0790_2026-S2.pdf · páginas 1 a 9.

Huella digital del PDF (SHA-256): 169b580acfe5d2ed5e38b8521a28e4cefdb3477d024aaa6ad3dcd54034c9f4f8

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