Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 18 de julio de 2025
Concede en parte la tutela
La accionante denunció la lesión de sus derechos de las usuarias y los usuarios y de las consumidoras y consumidores, a la “información fidedigna”, al debido proceso en sus componentes de motivación y congruencia; y, aplicación correcta de la norma; toda vez que, la Resolución Ministerial Jerárquica MEFP/VPSF/URJ-SIREFI 052/2022 de 5 de agosto, no consideró que el Banco FIE S.A. es responsable por no informar oportunamente a Ladislao Iván Laura Paco -fallecido-, sobre el rechazo del seguro de desgravamen incurriendo en contradicción al sostener que no hay elementos para sancionar al Banco, pero en la parte dispositiva confirma el inicio de un proceso sancionatorio, evidenciando falta de congruencia. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 53/2023 de 9 de marzo, cursante de fs. 939 a 942 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, en relación a la falta de fundamentación, motivación y congruencia, conforme a los fundamentos expresados por la citada Sala constitucional; y, 2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto a los derechos de las usuarias y usuarios y de las consumidoras y consumidores, y, a la “información fidedigna” conforme los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0789 /2025-S3 Sucre, 18 de julio de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencia Candia Acción de amparo constitucional Expediente: 55935-2023-112-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 53/2023 de 9 de marzo, cursante de fs. 939 a 942 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Gabriel Remberto Justiniano Terrazas en representación de Luz Victoria Paco Vda. de Laura contra Marcelo Alejandro Montenegro Gómez García, Ministro de Economía y Finanzas Públicas del Estado Plurinacional de Bolivia.
Por memorial presentado el 30 de enero de 2023, cursante de fs. 161 a 172, la accionante a través de su representante refirió que:
Durante su vida conyugal con Ladislao Iván Laura Paco, adquirieron un crédito con el Banco Fortaleza S.A., cuya deuda fue comprada por el Banco para el Fomento a Iniciativas Económicas Sociedad Anónima (FIE) S.A., mediante Testimonio 4325/2017 de 31 de octubre, que incluía la gestión de un seguro de desgravamen. Tras el fallecimiento del prenombrado, solicitaron la activación del seguro, pero el Banco FIE S.A. informó que la aseguradora había rechazado la cobertura, alegando que se trataba de un microcrédito sin obligación de seguro. El 16 de abril de 2021, presentó una queja ante la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) por incumplimiento de deber de información. La ASFI emitió la Resolución ASFI/073/2022 de 28 de enero, declarando fundado en parte el reclamo al confirmar que el banco no informó oportunamente sobre el rechazo del seguro, aunque sin ordenar resarcimiento. Esta resolución fue confirmada en revocatoria mediante la Resolución ASFI/462/2022 de 14 de abril. Finalmente, interpuso un recurso jerárquico ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que mediante Resolución Ministerial Jerárquica MEFP/VPSF/URJ-SIREFI 052/2022 del 5 de agosto, confirmó totalmente las resoluciones anteriores, incurriendo en falta de motivación y congruencia; toda vez que, en el punto I.4 del fallo, refirió que no existen elementos objetivos por el cual iniciar un proceso sancionador contra el Banco FIE S.A.; sin embargo, en la parte dispositiva, confirmó totalmente la RA ASFI/462/2022, que en recurso de revocatoria confirmó totalmente la RA ASFI/073/2022, que declaró fundado en parte el reclamo presentado por la accionante, debido a que la entidad financiera no había comunicado e informado el rechazo de la afiliación del seguro de desgravamen de su esposo fallecido.
Denunció la lesión de sus derechos de las usuarias y los usuarios y de las consumidoras y consumidores, a la “información fidedigna”, al debido proceso en sus componentes de motivación y congruencia; y, aplicación correcta de la norma, citando al efecto los arts. 75, y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo dejar sin efecto la Resolución Ministerial Jerárquica MEFP/VPSF/URJ-SIREFI 052/2022 de 5 de agosto, ordenando que se emita una nueva, cumpliendo las reglas del debido proceso y del derecho al consumidor, ordenando: a) Restituir la afectación y restaurar las lesiones económicas que le causó el acto vulnerador -derecho a la información fidedigna-; b) Que el Banco FIE S.A., asuma la obligación de prestación de cobertura de seguro de desgravamen por la falta de información, que debe ser asumida desde el fallecimiento de “Iván Ladislao” -siendo lo correcto Ladislao Iván Laura Paco-, al amparo de los arts. 40 y 45 de la Ley de Servicios Financieros; y, 51 y 62.3.b) de la Ley General de los Derechos de las Usuarias y los Usuarios y de las Consumidoras y Consumidores -Ley 453 de 4 de diciembre de 2013-; y, c) Que el Banco FIE S.A. proceda a la devolución de las cuotas pagadas por la operación crediticia 10003585413 desde febrero de 2020 “a la fecha”, en base a los tres últimos pagos realizados.
Celebrada la audiencia pública el 9 de marzo de 2023, según consta en acta cursante de fs. 917 a 938, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su abogado, ratificó los argumentos de la demanda tutelar, y ampliándolos, señaló que:1) El Banco FIE S.A. vulneró el derecho a una información fidedigna del consumidor, al no informar oportunamente sobre el rechazo del seguro de desgravamen, infringiendo el art. 75 de la CPE y la Ley de Servicios Financieros -Ley 393 de 21 de agosto de 2013-; 2) Se vulneró el debido proceso en sus componentes de motivación y congruencia, ya que la Resolución Ministerial Jerárquica MEFP/VPSF/URJ-SIREFI 052/2022 ratificó la RA ASFI/073/2022, que declaró fundado el reclamo contra el Banco FIE S.A. por no informar sobre el rechazo del seguro de desgravamen, no inició un proceso sancionatorio ni se pronunció sobre el resarcimiento del daño causado por la falta de información; 3) En cuanto al debido proceso y la correcta aplicación de la norma, la Resolución Ministerial Jerárquica MEFP/VPSF/URJ-SIREFI 052/2022 señaló que: “…Si el tipo de crédito corresponde a ‘hipoteca de vivienda’ o ‘hipotecario de vivienda de interés social’ el seguro de desgravamen tiene carácter obligatorio para el titular y codeudores…” (sic). el titular principal debía contar mínimamente con un seguro de desgravamen. El Banco FIE S.A. debió informar por escrito sobre esta obligación, lo cual no fue acreditado en el procedimiento ante la ASFI; 4) El procedimiento Interno del Banco FIE S.A. establece que la medida de excepción, debería extenderse o dejarse constancia del rechazo del seguro de desgravamen. Aspecto que no fue considerado en la Resolución Ministerial cuestionada; 5) El art. 45.IV de la Ley de Servicios Financieros -Ley 393 de 21 de agosto de 2013-, refiere a la imposición de sanciones normativas. Entonces, el Banco FIE S.A. al no cumplir su normativa interna es pasible de una sanción. El art. 45 de la citada norma, establece que si se determina una falta, debe existir una reparación del daño; y, 6) Además se debe disponer que el Banco FIE S.A. proceda a la devolución de las cuotas pagadas por la operación crediticia 10003585413, obligación que no debia cumplir en razón a que tendría que ser cubierta por el seguro de desgravamen. Ante las interrogantes de la Sala Constitucional, en relación a cuál el objeto de la pretensión, por qué y qué otro derecho fue vulnerado; a través de su abogado, respondió que la Resolución Ministerial Jerárquica MEFP/VPSF/URJ-SIREFI 052/2022, sea anulada y se emita una nueva; porque en la parte dispositiva tanto el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas como la ASFI determinaron que no hubo incumplimiento de parte del Banco FIE S.A. en cuanto a la prestación del seguro de desgravamen. Se transgredió el derecho a la información fidedigna.
Marcelo Alejandro Montenegro Gómez García, Ministro de Economía y Finanzas Públicas del Estado Plurinacional de Bolivia, mediante informe escrito presentado el 9 de marzo de 2023, cursante de fs. 742 a 747 vta., a través de sus representantes, manifestó que: i) La pretensión de la accionante busca un control de legalidad sobre actos del Ministro de Economía y Finanzas Públicas, lo que contraviene los arts. 4 y 5 del Código Procesal Constitucional (CPCo), al no ser la acción de tutela el mecanismo adecuado para ese fin; ii) Sobre la supuesta vulneración del derecho a la información adecuada y fidedigna, la Resolución Ministerial Jerárquica MEFP/VPSF/URJ-SIREFI 052/2022, concluyó que el préstamo otorgado por el Banco FIE S.A., según Testimonio 4325/2017, fue un microcrédito. La cláusula décima primera del contrato estableció los términos del seguro de desgravamen contratado; iii) Se comprobó la sujeción de las actuaciones y determinaciones de la ASFI, valorando correctamente la normativa interna de la entidad financiera, previendo que para los créditos que no requieren de la contratación obligatoria del seguro de desgravamen, es necesario mínimamente que el titular principal del crédito cuente con el seguro de desgravamen, caso contrario la solicitud de préstamo requerirá la autorización a través de la medida de excepción respectiva establecida en las políticas y normas de crédito del Banco FIE S.A.; iv) La resolución cuestionada es clara cuando considera las actuaciones y determinaciones de la ASFI cumplió con el principio de sometimiento a la ley previsto por el art. 4 inc. c) de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) -Ley 2341 de 23 de abril de 2002-, considerando que el Banco FIE S.A. no tenía la obligación de contratar en favor de la ahora impetrante de tutela el seguro de desgravamen, habiéndose comprobado igualmente que el rechazo de asegurar a Ladislao Iván Laura Paco -fallecido-, fue por no haber comprobado -la aseguradora- condiciones preexistente no tratadas, habiéndose remitido la declaración jurada de salud, dando así por cumplido el procedimiento; v) Respecto al debido proceso en sus componentes de motivación y congruencia, la Resolución Ministerial Jerárquica MEFP/VPSF/URJ-SIREFI 052/2022, estableció el incumplimiento del Banco FIE S.A. del deber de contar con una constancia escrita de la comunicación de rechazo de la aseguradora a la afiliación de Ladislao Iván Laura Paco -fallecido-, lo que de ninguna manera supone o implica el inicio de un proceso sancionatorio por incumplimiento de la norma en contra de dicha entidad financiera y con ello considerarse una posible reparación o restitución de derechos vinculados; y, vi) Al tratarse de una omisión operativa que se encuentra identificada, deberá ser investigada conforme a la norma positiva en sustanciación del respectivo proceso administrativo sancionador; por lo que, solicitó se deniegue la tutela impetrada. En audiencia de garantías, a través de su abogado, expresó que, los deudores, conforme establece la cláusula décima primera del contrato de préstamo de dinero suscrito con el Banco FIE S.A., conocieron sobre la situación del contrato de seguro de desgravamen.
Horacio Andrés Terrazas Cataldi, Gerente Nacional de Asuntos Jurídicos del Banco FIE S.A., por memorial presentado el 9 de marzo de 2023, cursante de fs. 910 a 916 vta., y en audiencia a través de su representante y abogada, señaló que: a) El crédito otorgado fue un microcrédito que, según la Ley 393, no exigía la contratación obligatoria del Seguro de Desgravamen Hipotecario; por lo que, el Banco FIE S.A. no tenía dicha obligación; b) De forma paralela a la aprobación del crédito, Ladislao Iván Laura Paco -fallecido-, solicitó el seguro de Desgravamen Hipotecario, pero fue rechazado por la Compañía Aseguradora, en atención a las condiciones de salud del nombrado. Rechazo que fue informado a los clientes de manera verbal y de forma previa a que se proceda al desembolso del préstamo solicitado, cumpliendo con el aviso oportuno de esa situación, más aún si se considera que la norma regulatoria no especifica los medios o la forma bajo los cuales se debió dar el aviso de rechazo de cobertura. Contexto en el cual, el prenombrado estuvo de acuerdo con la información proporcionada; c) De manera previa al desembolso del crédito se procedió a la entrega del certificado de cobertura y la póliza de seguro de desgravamen; por lo que, manifestaron su conformidad al haber suscrito el contrato del crédito; d) Considerando que la accionante se encontraba coberturada por la Compañía aseguradora, en el contrato de préstamo se consignó la cláusula décima primera de seguro de desgravamen; e) No existió incumplimiento de la norma interna por parte del Banco FIE S.A.; puesto que, la afiliación de la impetrante de tutela fue realizada como una medida de excepción autorizada en la resolución de créditos de la operación crediticia, en la que consta el texto “…El Seguro de Desgravamen se otorga al codeudor” (sic); f) El Certificado de Cobertura del Seguro de Desgravamen Hipotecario fue firmado por la solicitante de tutela. En el plan de pagos del crédito, solo se incluyó el monto correspondiente a la prima del seguro para ella, no así para el titular fallecido; g) El argumento sobre la vulneración del derecho a la información adecuada y fidedigna carece de sustento, ya que, según la ASFI y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, no era obligatorio contratar un seguro de desgravamen para el crédito otorgado a Ladislao Iván Laura Paco y la accionante, al tratarse de un microcrédito y no de un crédito hipotecario de vivienda, vivienda social o automotores; h) La accionante no argumentó ni aclaró cuál sería el contenido incongruente en la Resolución Ministerial Jerárquica cuestionada, tampoco puntualizó el hecho, fundamento y norma que no hubiera sido tomado en cuenta en el citado fallo, que pueda permitir ingresar al fondo de la cuestión planteada; i) Respecto a la aplicación errónea de la norma, la impetrante de tutela solo indicó que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas no aplicó la norma interna del Banco FIE S.A., lo cual si aconteció; sin embargo, para que el Tribunal Constitucional Plurinacional, ingrese a la revisión de la actividad Jurisdicional, el accionante debe cumplir con los requisitos establecidos por la jurisprudencia -SCP 0832/2012 de 20 de agosto-; y, j) La pretensión de la aplicación de medidas cautelares, busca evitar el pago de las cuotas de crédito, lo cual no tiene relación con la supuesta restricción de su derecho de consumidora financiera, tampoco con el debido proceso. Correspondiendo denegarse la tutela solicitada. Juan Reynaldo Yujra Segales, Director General Ejecutivo a.i. ASFI, mediante memorial presentado el 9 de marzo de 2023, cursante de fs. 870 a 875, a través de sus abogados y representantes, refirió que: 1) El Banco FIE S.A. otorgó un préstamo de dinero en favor de la impetrante de tutela y Ladislao Iván Laura Paco -fallecido-, y tratándose de un microcrédito, no correspondía que cuenten con un Seguro de Desgravamen Hipotecario de forma obligatoria; toda vez que, dicha condición es aplicable a los créditos hipotecarios de vivienda conforme el art. 87 de la Ley de Servicios Financieros; 2) El Banco FIE S.A., al ser informado del rechazo de afiliación del fallecido por parte de la aseguradora debido a condiciones médicas, gestionó la afiliación de la co-deudora (impetrante de tutela) como medida de excepción, logrando su incorporación a la póliza 80235. Con ello, el banco cumplió con la normativa interna para la gestión del Seguro de Desgravamen; 3) El no haber afiliado a Ladislao Iván Laura Paco -fallecido- a la póliza colectiva contratada por la entidad bancaria, no se debe a una omisión o falta de cuidado, sino al rechazo expreso de la compañía de seguros, por considerar que el deudor principal del crédito no era asegurable; 4) El Banco FIE S.A. no efectuó cobro alguno por concepto de prima de seguro del prenombrado, habiéndose demostrado que el cobro realizado correspondía a la prima de la solicitante de tutela; 5) Considerando la cronología de actuaciones, el Banco FIE S.A. cumplió con lo dispuesto por el numeral 2.1.1 de su procedimiento para la gestión del Seguro de Desgravamen; 6) Con relación a la falta de comunicación del rechazo de la compañía aseguradora para asegurar a Ladislao Iván Laura Paco -fallecido-, se constituiría una infracción que tendría como efecto que el banco asuma el riesgo de la deuda, mediante el resarcimiento del daño ocasionado y devolución de las cuotas pagadas desde el siniestro de febrero de 2020; al respecto, la Resolución ASFI/073/2022, determinó que “…el banco no demostró haber informado de manera veraz, exacta , precisa, integra, clara oportuna y verificable a los deudores sobre el rechazo del seguro para el señor Ladislao Iván Laura Paco (…) razón por la cual (…) se procederá a iniciar el correspondiente proceso sancionatorio administrativo contra el Banco…” (sic); 7) En cuanto a la comunicación de rechazo de afiliación al Seguro Colectivo de Desgravamen de Ladislao Iván Laura Paco -fallecido-, el Banco FIE S.A. señaló que: “…con referencia a la comunicación de rechazo del seguro (…) la misma fue realizada en reunión sostenida por los esposos Laura Paco y el Oficial de Negocios (…) se informó de manera verbal (…) indicándoles que sería conveniente que al menos uno de los deudores cuente con seguro…” (sic); no obstante, en la Resolución ASFI/073/2022, se identificó un presunto incumplimiento; toda vez, que no existiría evidencia que la entidad financiera hubiera informado oportunamente a los deudores el rechazo de la cobertura del seguro de Ladislao Iván Laura Paco -fallecido-, considerando que es obligación del Banco suministrar información, veraz, exacta, precisa, íntegra, clara, oportuna y verificable; 8) La Resolución ASFI/073/2022 estableció que, aunque se iniciaría un proceso sancionatorio contra el Banco FIE S.A. por posible incumplimiento, este no está obligado a asumir ni cancelar la deuda tras el fallecimiento de Ladislao Iván Laura Paco, ya que la falta de cobertura del seguro no se debió a la ausencia de constancia de rechazo por parte de la aseguradora; y, 9) En relación a la medida cautelar solicitada, la autoridad administrativa puede suspender la ejecución del acto recurrido, por razones de interés público o para evitar grave perjuicio al solicitante, empero, en el caso no existe la ejecución de un acto dispuesto por la ASFI que pueda suspenderse. Ante las interrogantes de la Sala Constitucional, respecto a que si el seguro de desgravamen hipotecario se otorga al codeudor o es excepcional y a quien se notifica con la carta de rechazo al seguro de desgravamen y cuando se inicia el proceso sancionador, respondió que sí, es una excepción; la carta de rechazo se notifica al Banco solicitante y que el proceso sancionador se encuentra en trámite.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 53/2023 de 9 de marzo, cursante de fs. 939 a 942 vta., concedió en parte la tutela impetrada, dejando sin efecto la Resolución Ministerial Jerárquica MEFP/VPSF/URJ-SIREFI 052/2022, disponiendo que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas emita una nueva Resolución estableciendo con precisión la fecha de inicio del procedimiento sancionatorio en contra del Banco FIE S.A., observando el fallo de la ASFI, en el plazo de setenta y dos horas; con base en los siguientes fundamentos: i) La Sala Constitucional está parcialmente de acuerdo con la autoridad demandada, reconociendo que los actos administrativos de cierre corresponden ser impugnados en proceso contencioso administrativo, pero aclara que la jurisdicción constitucional puede intervenir cuando se trata de la vulneración de derechos fundamentales; ii) Se constató que Ladislao Iván Laura Paco (fallecido) nunca fue notificado oficialmente sobre la negativa de afiliación de la aseguradora Alianza Seguros y Reaseguros S.A., por lo que se presume que la notificación fue informal; iii) La accionante en los recurso que presentó, reiteró que su pretensión es el inicio del proceso sancionatorio administrativo en contra del Banco FIE S.A.; iv) De las resoluciones emitidas en el proceso se advirtió negligencia por parte del referido Banco FIE S.A., que puso a la accionante en una situación desventajosa; v) La ASFI anunció un proceso sancionatorio contra el Banco FIE S.A., pero lamentablemente después de casi un año no existe ese comienzo, en tanto la accionante sigue amortizando la deuda contraída. No siendo posible la hipótesis que iniciado el proceso la sanción sea una multa pecuniaria, debiendo ser siempre la indemnización; y, vi) No se ordenará el pago, retrotracción o devolución; pero si, se establecerá que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas determine el plazo para el inicio del proceso administrativo sancionatorio.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Resolución ASFI/073/2022 de 28 de enero, Juan Reynaldo Yujra Segales, Director General Ejecutivo a.i. -hoy tercero interesado-, resolvió declarar fundado en parte el reclamo presentado por Luz Victoria Paco Vda. de Laura contra el Banco FIE S.A. debido a que la entidad financiera no habría comunicado y/o informado a los deudores que la Compañía Aseguradora Alianza Seguros y Reaseguros S.A. rechazó la afiliación al seguro de desgravamen hipotecario de Ladislao Iván Laura Paco -fallecido- (fs. 57 a 64). II.2. Por Resolución ASFI/462/2022, de 14 de abril, el citado Director General Ejecutivo a.i. de la ASFI, confirmó totalmente la Resolución ASFI/073/2022 (fs. 104 a 127 vta.). II.3. A través de memorial presentado ante la ASFI el 9 de mayo de 2022, la solicitante de tutela interpuso recurso jerárquico contra la Resolución ASFI/462/2022, solicitando se declare fundado en su totalidad su reclamo y como consecuencia se inicie el correspondiente proceso sancionatorio al Banco FIE S.A., cuya sanción emergente considere el resarcimiento de daños y perjuicios ocasionados por la transgresión de las normas en concordancia a la Constitución Política del Estado, Ley de Servicios Financieros y demás normativa aplicable (fs. 128 a 132). II.4. Cursa respuesta del Banco FIE S.A. al recurso jerárquico formulado por la accionante el 9 de mayo de 2022 (fs. 139 a 143 vta.). II.5. Por Resolución Ministerial Jerárquica MEFP/VPSF/URJ-SIREFI 052/2022 de 5 de agosto, Marcelo Alejandro Montenegro Gómez García, Ministro de Economía y Finanzas Públicas, resolvió confirmar totalmente la Resolución ASFI/462/2022, que en recurso de revocatoria confirmó totalmente la Resolución ASFI/073/2022, ambas pronunciadas por la ASFI (fs. 146 a 157).
La accionante denunció la lesión de sus derechos de las usuarias y los usuarios y de las consumidoras y consumidores, a la “información fidedigna”, al debido proceso en sus componentes de motivación y congruencia; y, aplicación correcta de la norma; toda vez que, la Resolución Ministerial Jerárquica MEFP/VPSF/URJ-SIREFI 052/2022 de 5 de agosto, no consideró que el Banco FIE S.A. es responsable por no informar oportunamente a Ladislao Iván Laura Paco -fallecido-, sobre el rechazo del seguro de desgravamen incurriendo en contradicción al sostener que no hay elementos para sancionar al Banco, pero en la parte dispositiva confirma el inicio de un proceso sancionatorio, evidenciando falta de congruencia. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la jurisprudencia constitucional refirió que la fundamentación y motivación que realice un servidor público a tiempo de emitir una determinación, debe exponer con claridad los motivos que sustentaron su decisión, entre otras la SC 0863/2007-R de 12 de diciembre señaló: “…la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma…”
Sobre este mismo tema, la SCP 0712/2015-S3 de 3 de julio, concluyó que: “…la fundamentación consiste en la justificación normativa de la decisión judicial, y la motivación es la manifestación de los razonamientos que llevaron a la autoridad a la conclusión de que el acto concreto que se trate, se encuentra, por una parte probado, lo que supone que la autoridad judicial debe explicar las razones por las cuales considera que la premisa fáctica se encuentra probada, poniendo de manifiesto la valoración de la prueba efectuada, y por otra explicando por qué el caso encuadra en la hipótesis prevista en el precepto legal -contexto de justificación-…” (las negrillas nos corresponden).
En relación a la congruencia como elemento del debido proceso, reiterando entendimientos jurisprudenciales anteriores, la SC 0486/2010-R de 5 de julio, sostuvo que esta se entiende como: “…la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes”. (las negrillas y subrayado son nuestras).
Sobre dicha potestad, la SCP 1631/2013 de 4 de octubre, expresó que: “…ante la existencia de violación de derechos y garantías previstos en la Norma Suprema, excepcionalmente la justicia constitucional puede ingresar a valorar la actividad desarrollada en miras a brindar tutela. De lo referido, se deben precisar tres elementos de suma importancia: i) Las autoridades de los otros sistemas de justicia (civil, penal, familiar, agroambiental, administrativa) en realidad ejercen al igual que la justicia constitucional una actividad hermenéutica que parte de la Constitución e irradia a todo el ordenamiento jurídico; por ello a la luz del Estado Constitucional de Derecho no es válido hablar de ‘legalidad ordinaria’, pues todos los órganos de justicia se encuentran sometidos a la Constitución y su labor interpretativa parte de la misma; ii) La noción de ‘reglas admitidas por el Derecho’ rescatando una posición teórica decimonónica no agota las posibilidades hermenéutico - argumentativas de las autoridades judiciales, por ende, si bien los métodos de interpretación formalistas, pueden resultar útiles en la obtención de un resultado hermenéutico, no agotan todas las posibilidades que tiene la autoridad jurisdiccional en miras de satisfacer los principios fines y valores que se encuentran en la Constitución; iii) La revisión de la actividad interpretativa que realizan otras jurisdicciones que involucra el análisis de la motivación, congruencia, adecuada valoración de los hechos (valoración de la prueba) y adecuada valoración del Derecho (interpretación de las normas), no es la labor propia de la justicia constitucional, sin embargo, es insoslayable que las autoridades jurisdiccionales no se encuentran habilitadas a vulnerar derechos fundamentales, y en esa dimensión esta jurisdicción constitucional se encuentra facultada a vigilar que en todo fallo, providencia o decisión judicial que las autoridades judiciales se sometan a la Constitución; y, iv) Para que la jurisdicción constitucional analice la actividad interpretativa realizada por los tribunales de justicia, los accionantes deben hacer una sucinta pero precisa relación de vinculación entre los derechos fundamentales invocados y la actividad interpretativa - argumentativa desarrollada por la autoridad judicial. Demostrando ante esta justicia constitucional que se abre su competencia en miras a revisar un actuado jurisdiccional, sin que ello involucre que la instancia constitucional asuma un rol casacional, impugnaticio o supletorio de la actividad de los jueces.
De lo referido sólo resulta exigible sino una precisa presentación por parte de los accionantes que muestre a la justicia constitucional de por qué la interpretación desarrollada por las autoridades, vulnera derechos y garantías previstos por la Constitución, a saber en tres dimensiones distintas: a) Por vulneración del derecho a un Resolución congruente y motivada que afecta materialmente al derecho al debido proceso y a los derechos fundamentales que se comprometen en función de tal determinación; b) Por una valoración probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad; y, c) Por una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico, que más allá de las implicancias dentro del proceso judicial o administrativo lesiona derechos y garantías constitucionales” (énfasis y subrayado agregados).
La solicitante de tutela impugnó la Resolución Ministerial Jerárquica MEFP/VPSF/URJ-SIREFI 052/2022, alegando falta de Fundamentación, motivación y congruencia, entre otros. En ese contexto, corresponde analizar si los argumentos presentados en su recurso jerárquico fueron debidamente considerados por la autoridad al emitir dicha resolución, estos agravios son: a) La ASFI utilizó como medios de prueba presunciones al afirmar que el Banco FIE S.A. cumplió con la normativa interna y el procedimiento para la solicitud de afiliación al seguro de desgravamen;
b) La ASFI interpretó de forma incorrecta la normativa interna del Banco FIE S.A., al considerar que la expresión “altamente recomendable” respecto a la afiliación de los codeudores al seguro de desgravamen no implicaba una obligación, sino solo una sugerencia, constituyendo una interpretación infravalorada que protege al cumplimiento el crédito y del consumidor financiero.
c) La ASFI de manera contradictoria con la parte dispositiva, indicó que no concurría la advertencia de una infracción al numeral 2.1.1 del procedimiento para la solicitud de afiliación, ya que no existiría indicios que permitan el inicio de proceso sancionador, incurriendo en error de juicio y derecho transgrediendo la ley al negarse el inicio del proceso sancionatorio contra la citada entidad bancaria; y, d) El Banco FIE S.A. al omitir informar sobre el rechazo, ocasionó un daño por pérdida de oportunidad, y al tratar de identificar un daño directo, incurrió en aplicación indebida de la ley. De acuerdo al principio de pertinencia, la Resolución Ministerial Jerárquica MEFP/VPSF/URJ-SIREFI 052/2022 de 5 de agosto, debe ceñirse estrictamente a los argumentos planteados en el recurso jerárquico presentado por la accionante. Por ello, para evaluar si dicha resolución fue congruente y debidamente fundamentada y motivada, es necesario revisar los fundamentos que lo sustentan:
1) La Resolución ASFI/462/2022 de 14 de abril, fundamentó que, al ser la operación crediticia 10003585413 un microcrédito, el Banco FIE S.A. no está obligado a contratar el seguro de desgravamen para todos los codeudores, a diferencia de los créditos hipotecarios. Además, las primas cobradas fueron supervisadas y corresponden a la voluntad expresada por los codeudores al firmar el Testimonio 4325/2017 de 31 de octubre; por lo que, la autoridad emitió su pronunciamiento basado en los argumentos expuestos por los recurrentes, Asimismo, estableció que el Banco FIE S.A. cumplió con gestionar el Seguro Colectivo de Desgravamen para Ladislao Iván Laura Paco -fallecido-, pero fue la aseguradora quien rechazó la afiliación. Al conocer este rechazo, el banco gestionó, como medida excepcional, la afiliación al seguro para la esposa y codeudora autorizada en la Resolución de Créditos, según la carta del Banco FIE S.A. del 29 de noviembre de 2021.
La entidad financiera, cumplió oportunamente con la gestión del seguro de desgravamen según lo acordado con los prestatarios. Además, la denuncia de la recurrente fue rechazada porque no se demostró que el banco haya incumplido alguna obligación legal relacionada con la gestión del seguro para la operación crediticia; por lo que, la instancia jerárquica confirmó que el Banco FIE S.A. cumplió con el procedimiento y la normativa del seguro de desgravamen, rechazando las alegaciones de la recurrente como simples presunciones; además, que a momento de suscribirse el contrato de préstamo, ambas partes acordaron en la cláusula décima primera que los prestatarios solicitaron la incorporación como asegurados en la póliza de seguro de desgravamen; Por tanto, las afirmaciones de la Autoridad de Supervisión en la Resolución ASFI/462/2022 están debidamente fundamentadas en la normativa aplicable. 2) El Banco FIE S.A. conforme la relación cronológica de actuaciones, cumplió con lo dispuesto por el numeral 2.1.1 del procedimiento establecido para la gestión del seguro de desgravamen, ya que primero realizó los trámites para afiliar al titular principal del crédito, Ladislao Iván Laura Paco. Tras el rechazo de la aseguradora, gestionó la afiliación de la solicitante de tutela como medida de excepción. Respecto a la comunicación del rechazo de afiliación al Seguro Colectivo de Desgravamen del señor Ladislao Iván Laura Paco a los clientes financieros el Banco señaló: “…‘la misma fue realizada en una reunión sostenida por los esposos Laura Paco y el Oficial de Negocios (…) es decir, que se informó de manera verbal a los esposos Laura Paco (…) indicandoles que sería conveniente que al menos uno de los dos deudores cuente con el seguro…’” (sic) No obstante, en la Resolución ASFI/073/2022, se identificó un posible incumplimiento del Banco FIE S.A., al no evidenciarse que hubiera informado oportunamente a los deudores sobre el rechazo del seguro a Ladislao Iván Laura Paco -fallecido-, basada en que el banco tiene la obligación de brindar información clara y veraz, y que, en caso de incumplimiento, corresponde aplicar medidas correctivas y de reparación del daño ocasionado de forma directa por la transgresión normativa que pueda identificarse, la cual deberá ser oportunamente demostrada. El propio banco, conforme a su normativa interna, establece que es “altamente recomendable” que todos los codeudores cuenten con el seguro de desgravamen, lo cual constituye una sugerencia y no una obligación legal vinculante. Por lo que, la ASFI sujetó su actuación a lo regulado por la Ley 393. 3) En relación a que el Banco FIE S.A. habría cumplido con el procedimiento para gestionar la solicitud de afiliación al seguro de desgravamen conforme a la normativa legal regulatoria y la interna de la entidad financiera , la ASFI, fue clara al establecer en la Resolución Administrativa ASFI/462/2022 que: “...‘no existiría incumplimiento alguno a la disposición señalada, debiendo tenerse en cuenta que al haber realizado las gestiones para afiliar a los señores Ladislao Iván Laura Paco, en primera instancia y de forma posterior a la señora Luz Victoria Paco de Laura al Seguro Colectivo de Desgravamen de la Compañía Aseguradora Alianza Seguros y Reaseguros S.A., el Banco dió cumplimiento al Numeral 2.1.1. del Procedimiento para la Gestión del Seguro de Desgravamen, logrando que al menos uno de los deudores se encuentre cubierto por el seguro’” (sic). La ASFI determinó que no existió incumplimiento normativo por parte del Banco FIE S.A., ya que las resoluciones administrativas emitidas fueron debidamente fundamentadas y motivadas, concluyendo que el procedimiento del seguro de desgravamen se ajustó a la normativa vigente. Por ello, se rechazó justificadamente el inicio de un proceso sancionatorio, considerando infundada la supuesta contradicción alegada por la recurrente.
Ahora bien, conforme se tiene reflejado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, toda autoridad al emitir una resolución debe fundamentarla adecuadamente, lo que implica: describir los hechos que originaron el recurso (fundamentación descriptiva), citar la normativa aplicable (fundamentación jurídica) y exponer los razonamientos que justifican su decisión (motivación), lo que significa hacer saber al afectado los motivos del procedimiento respectivo, ya que solo así estará en aptitud de defenderse como estime pertinente.
Bajo ese entendimiento jurisprudencial y del examen de los fundamentos esgrimidos en Resolución Ministerial Jerárquica MEFP/VPSF/URJ-SIREFI 052/2022, se advierte que en el citado fallo, la autoridad demandada, refirió que la Resolución ASFI/462/2022, fundamentó, que la operación crediticia 10003585413 al ser un microcrédito, la entidad financiera no está obligado a contratar el seguro de desgravamen; Asimismo, estableció que el Banco FIE S.A. cumplió con gestionar el Seguro Colectivo de Desgravamen para Ladislao Iván Laura Paco -fallecido-, pero fue la aseguradora quien rechazó la afiliación, no obstante el banco gestionó el seguro como medida excepcional; por lo que, habría cumplido oportunamente con la gestión, concluyendo que al ser rechazada la denuncia de la recurrente, seria porque no se demostró que el banco haya incumplido alguna obligación legal relacionada con la gestión del seguro para la operación crediticia. De igual manera, justificó la interpretación a la normativa interna del Banco FIE S.A., relacionada al procedimiento para la afiliación inserta en el numeral 2.1.1. del procedimiento para la gestión del Seguro de Desgravamen, ya que realizó las gestiones para afiliar a Ladislao Iván Laura Paco, y que tras el rechazo, afilió a la accionante de manera excepcional, la entidad financiera cumplió con dicha normativa, advirtiendo entre otros argumentos que, el aludido rechazo fue informado de manera verbal, por lo que, en la resolución ASFI/073/2022, se identificó un posible incumplimiento por falta de información oportuna sobre el rechazo.
Por otro lado, en cuanto a que el banco no cumplió con el procedimiento para gestionar la solicitud de afiliación, conforme a la normativa legal regulatoria e interna del Banco FIE S.A., concluyó que la RA ASFI/462/2022, habría sido clara al determinar que no existió dicho incumplimiento con base en determinaciones debidamente fundamentadas y motivadas. Finalmente, en relación al cuarto y último agravio relativo a la omisión de información sobre el rechazo del seguro de desgravamen a favor de Ladislao Iván Laura Paco -fallecido-, si bien refirió manifiestamente que no hubiere incumplimiento a la normativa reguladora sobre las gestiones para la obtención de un seguro, no existiendo materia justiciable ni haciendo viable el inicio de un proceso sancionatorio por incumplimiento de normas;
toda vez que, la entidad crediticia gestionó hasta la obtención del seguro de desgravamen a favor de la accionante; sin embargo, se debe considerar que las Resoluciones Administrativas ASFI/073/2022 y ASFI/462/2022, resolvieron que se procederá al inicio de proceso sancionatorio y de forma contradictoria la Resolucion Jerárquica; por un lado, confirmó las aludidas resoluciones; empero, en su considerando 1.4 (fs. 156 vta.), sostuvo que no existe materia justiciable, liberando la responsabilidad de inicio de proceso sancionatorio, lo que es contradictorio, lo cual debe ser resuelto en términos de congruencia e integridad por la entidad demandada. En esa misma línea de entendimiento, la exigencia de que el Banco FIE S.A. pague y restituya el saldo deudor, en mérito a la conexitud de dicha pretensión, será la entidad demandada quien debe pronunciarse de manera expresa y fundamentada en norma legal, resolviendo si corresponde o no la misma. En ese marco, es evidente que existió lesión al derecho al debido proceso de la accionante, en sus elementos de motivación de las resoluciones y congruencia; toda vez que, los fallos emitidos por un Tribunal de cierre, tienen que estar debidamente fundamentados y motivados, ello con la finalidad de otorgar certeza y seguridad a las partes, de que la decisión asumida se ajusta a derecho y no es arbitraria, siendo principalmente acorde con los preceptos constitucionales; en consecuencia, es viable la tutela que brinda esta acción de defensa.
Asimismo, a través de este mecanismo de defensa, la accionante denunció aspectos relacionados a la interpretación de la legalidad ordinaria; sin embargo, son argumentos que con claridad no cumplen con la única exigencia establecida en la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.3. de este fallo constitucional, ya que la prenombrada no demostró con claridad ante la justicia constitucional la forma en la que el desarrollo interpretativo realizado por la autoridad demandada hubiere en modo alguno, vulnerado sus derechos y garantías constitucionales. Finalmente, con relación a la lesión de sus derechos de las usuarias y los usuarios, de las consumidoras y consumidores y a la “información fidedigna”, no se advirtió la expresión de argumentos suficientes que hagan posible su consideración y tutela. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber concedido en parte la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 53/2023 de 9 de marzo, cursante de fs. 939 a 942 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, en relación a la falta de fundamentación, motivación y congruencia, conforme a los fundamentos expresados por la citada Sala constitucional; y, 2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto a los derechos de las usuarias y usuarios y de las consumidoras y consumidores, y, a la “información fidedigna” conforme los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0789_2025-S3.pdf · páginas 1 a 16.
Huella digital del PDF (SHA-256): 37b72003ca5b973967a04c8a9579bd24e9c9b832184b64314e695ddb68e53c87
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