Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 9 de julio de 2025
Concede en parte la tutela
El accionante denunció la vulneración sus derechos al debido proceso, en sus componentes de derecho a la congruencia de las decisiones judiciales y la fundamentación; derecho al trabajo; derecho a las familias y, derecho al nom bis in idem; toda vez que, las autoridades accionadas, en la emisión de la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 415/2022 de 16 de diciembre, incurrieron en las siguientes vulneraciones: i) Omiten responder a todos los agravios de su apelación, referidos a que no se explica si la sola declaración del Sargento David Mollo Choque sería suficiente elemento que constituya prueba suficiente que genere plena convicción, ni de qué manera se configura su conducta a la falta disciplinaria prevista en el art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 82/2023 de 10 de mayo y la Resolución complementaria de 12 de mayo del 2023, cursantes de fs. 277 a 283 y 287 y vta. de obrados, respectivamente, pronunciadas por La Sala Constitucional Tercera de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, con relación a los derechos al debido proceso, en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; y, al trabajo, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Disponer lo siguiente:
a) Dejar sin efecto, la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 415/2022 de 16 de diciembre. b) Que los integrantes de dicho Tribunal, emitan nueva Resolución, conforme a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional. 3° DENEGAR la tutela solicitada, con relación a los derechos al nom bis in idem y a la familia, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración que, respecto a dichas denuncias, no se ingresó al examen de fondo.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0788/2025-S4 Sucre, 9 de julio de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de amparo constitucional Expediente: 56230-2023-113-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 82/2023 de 10 de mayo, cursante de fs. 277 a 283, y Resolución Complementaria de 12 de mayo del 2023, cursante a fs. 287 y vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Orlando Gómez Nina contra Lucio Enrique René Jiménez Vargas, Ex Presidente; Álvaro Marcelo Flores López, actual Presidente; Miguel Ángel Pablo Hidalgo Chávez, Vocal Suplente; Miguel Ángel Moncada Mendieta, actual Vocal suplente permanente; Freddy Rolando Calsina Guachalla, Vocal Permanente; Boris Benjamin Mendoza Méndez, actual Vocal permanente; Román Paco Rafael, Vocal Suplente; y, Oscar Raúl Choque Ramírez, Secretario General Permanente, todos del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana.
El accionante por memorial presentado el 12 de abril del 2023, cursante de fs. 183 a 209, expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Dentro del proceso administrativo disciplinario que se siguió en su contra, mediante Resolución Administrativa (RA) 059/2017 de 9 de mayo, se le absolvió por las faltas disciplinarias, previstas por el art. 12.12 y 15 de la Ley 101 de 4 de abril de 2011 –Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana–; y, se le encontró responsable por la falta disciplinaria prevista en el art. 12.4 de la citada norma legal, sancionándole con el retiro de la institución por cuatro meses, sin goce de haberes; y, pérdida de antigüedad. Contra dicha Resolución interpuso Recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana, mediante RA 276/2017 de 16 de noviembre, que resolvió revocar la Resolución Administrativa Sancionatoria. Después de haberse dispuesto “la nulidad de la resolución de primera instancia” (sic), se emitieron varias resoluciones con el mismo resultado; siendo las siguientes: RA 055/2018 de 20 de julio de 2018, emitida por el Tribunal Disciplinario Departamental de La Paz; la RA del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 255/2018 de 3 de diciembre; La RA “N° 11519181” (sic) de 4 de noviembre de 2019, emitida por el Tribunal Disciplinario Departamental de La Paz; RA del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 077/2020 de 5 de octubre; RA 003/2021 de 21 de enero, emitida por el Tribunal Disciplinario Departamental de La Paz; y la RA del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 415/2022 de 16 de diciembre; siendo esta última contra la que interpone la presente acción de amparo constitucional. En la emisión de la referida Resolución, las autoridades accionadas han incurrido en las siguientes vulneraciones: a) Omisión de dar respuesta a la totalidad de argumentos expuestos en los agravios de la apelación; ya que, no se explica si la sola declaración del Sargento David Mollo Choque sería suficiente elemento que constituya prueba suficiente que genere plena convicción, más allá de toda duda razonable, para superar la presunción de inocencia; ni de qué manera se configura su conducta a la falta disciplinaria prevista en el art. 12.4 de la Ley 101; en razón a que, ninguno de los elementos objetivos y subjetivos, se adecuan a su conducta; b) La exigua respuesta de los accionados solo se constituye en evasivas que no responden al fondo del planteamiento de los agravios; los argumentos de la Resolución son errados; ya que: b.1) Se alega que existiría falta de identificación de declaración informativa sobre la cual se funda el agravio; sin embargo, en los fundamentos del mismo sí existe especificación sobre qué declaración testifical se fundamenta la insuficiencia de prueba para configurarse la falta en su contra; y, ello es tan evidente que en la misma Resolución impugnada “-pagina 6, quinto párrafo-“ (sic) el mismo fundamento de agravio indica específicamente a la declaración que identifica como agravante para fundarse decisión en su contra a sola revisión del informe emitido por el Investigador asignado –Sargento David Mollo Choque–; como se advierte existe una fundamentación de agravio donde claramente se identifica la declaración sobre la cual se funda el agravio de considerar como plena prueba insuficiente de donde pretende tipificar falta disciplinaria en su contra; b.2) Resulta totalmente incorrecto no atender el fundamento de agravio cuando se alega vulneración al derecho a la presunción de inocencia por insuficiencia de carga probatoria; ya que, se trata de un principio universal que todo Juez está obligado a aplicar con base al principio iura novit curia; por lo que, resulta errado rechazar ese agravio alegando que no se fundamentó suficientemente con relación al derecho a la presunción de inocencia; más aún, si existe la adecuada fundamentación sobre el agravio de considerarse suficiente una declaración testifical para tomar como base cierta que su persona habría tratado de influir negativamente en un servidor policial –Sargento David Mollo Choque– para obtener una ventaja indebida por la no ejecución de un mandamiento de secuestro; tal es así que, la propia Resolución lo consigna; por lo que, resulta evidente el error en el que incurren las autoridades accionadas; y, b.3) Al señalar las autoridades accionadas que las autoridades de primera instancia obraron conforme a derecho y valoraron las pruebas, conforme a la sana crítica, incurren en una total falta de fundamentación; c) En este caso existe relevancia constitucional; ya que, no existe la posibilidad jurídica de que se tipifique su conducta en el tipo de falta disciplinaria prevista en el art. 12.4 de la Ley 101; d) Al no poder trabajar y percibir recursos que cubran las necesidades de su esposa e hijos, se vulnera el derecho a la familia; y, e) En este caso, la denuncia disciplinaria, que se halla signada como 522/2016, cuenta con Resolución de rechazo, por las faltas previstas en los arts. 12.14 y 13.20 de la Ley 101, la investigación de oficio fue por el hecho que en su condición de Capitán habría cargado gasolina con los vales de combustible 89539 y 90002 en los vehículos con placa de control 2146-GCA y 3101-CCC, siendo que dichos motorizados no pertenecen a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN); y, en el caso signado como 585/2016, la denuncia fue realizada por Luis Arturo Calzadilla Morales por la falta prevista en el art. 12.4, 12 y 15 y el art. 13.4 de la Ley 101, por haber utilizado en forma indebida los vales de la institución policial y del Ministerio de Gobierno para cargar combustible a su vehículo particular; durante la tramitación del segundo proceso disciplinario sostuvo que por el hecho de haber cargado combustible ya le sancionaron, a través de la Resolución de 15 de noviembre de 2016; por lo que, pidió el respeto a su derecho al nom bis in ídem; sin embargo, el Tribunal de instancia, aparatándose del principio de objetividad; se ha limitado a señalar que, la falta atribuida con relación al caso 522/2016 es el art. 12.14 y el art. 13. 20 de la Ley 101; asimismo, que la denuncia se realizó de oficio y que el denunciado es el Capitán Orlando Gómez Nina; y, finalmente que el objeto es que se habría realizado el cargado con los vales de combustible 89540, 89539 y 90002, en vehículos con placa de control 2146 GCA y 3101-CCC, motorizados que no pertenecen a la FELCN; y, que en el caso 585/2012 la denuncia la realizó mediante memorial presentado por Luis Arturo Calzadilla Morales donde los hechos eran muy diferentes, no existiendo identidad de sujeto, del hecho y del fundamento, respecto a la conducta del procesado; por lo que, no afectaba el principio de nom bis in ídem; empero, el Tribunal superior no ha considerado los aspectos esenciales establecidos por la SCP 0003/2013 de 3 de enero, afectando de esta manera su derecho al nom bis in ídem por su incorrecta interpretación.
El solicitante de tutela denunció la vulneración del derecho al debido proceso, en sus componentes de derecho a la congruencia de las decisiones judiciales y la fundamentación; derecho al trabajo; derecho a las familias, derecho al nom bis in idem, citando los arts. 46.I.1, 62 y 64.II, de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.2 y 4 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (CADH); y, el art. 14.3 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicitó se le conceda tutela impetrada; y en consecuencia se disponga: i) Se deje sin efecto la Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 415/2022 de 16 de diciembre, dictada por las autoridades accionadas; y, ii) Se emita una nueva Resolución, conforme a los lineamientos jurídicos y constitucionales que vayan a ser expuestos en la Resolución; en consecuencia, se restituyan todos sus derechos con la reincorporación inmediata a su fuente laboral inicial, que era la Dirección General de Lucha contra el Narcotráfico; y, el pago de sus sueldos devengados, con los descuentos de los aportes sociales y otros.
Celebrada la audiencia virtual el 10 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 265 a 276, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogado en audiencia, se ratificó en el contenido de su acción de amparo constitucional; y ampliando señaló que, en el primer proceso se indicó que tenía 14 vales, de los cuales habría utilizado 13 y se ha consignado en la Resolución 3 vales; en el segundo caso, que es el actual, se le sanciona por el uso de estos vales; ya que, se puede evidenciar que son los mismos vales por los que se le había sancionado la primea vez.
Álvaro Marcelo Flores López; actual presidente; y, Oscar Raúl Choque Ramírez, Secretario General Permanente, ambos del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana, a través de su abogado en audiencia, señalaron lo siguiente: a) Durante todo el proceso disciplinario, tanto en primera instancia, en la etapa investigativa, como en la etapa de cierre, el abogado o abogada que en ese momento ejercía la defensa no hizo uso de las excepciones que establece el art. 52 de la Ley 101; b) Con relación a la doble sanción que se señala del caso 522/2016, que es una Resolución de rechazo, revisado el archivo del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana, no se encuentra la mencionada Resolución; la abogada señaló que habría existido una sanción de arresto; empero, de acuerdo a la Ley 101, el arresto corresponde a una falta leve; y, si bien es cierto que en el cuaderno procesal cursa el Memorándum con llamada de atención y arresto de diez días, tampoco es menos cierto que haya acreditado que cumplió la sanción disciplinaria de arresto; no ha demostrado con prueba que hubiera sido sancionado y que haya cumplido esa sanción; pero, reitera que no existe en archivos la Resolución de rechazo; y, por otra parte, la Resolución del caso signado como 522/2016 corresponde a otro proceso disciplinario; c) Se han efectuado todas las valoraciones de la prueba, en el proceso no se ha presentado exclusión probatoria; en este caso, de acuerdo a la denuncia interpuesta, a las declaraciones recibidas y a los informes pertinentes, el ahora accionante habría hablado con el Sargento David Mollo Choque, a quien le habría inducido, valiéndose de su grado y de su cargo de jerarquía dentro de la institución policial, para que evite el secuestro de una movilidad que era objeto de denuncia de robo de parte del denunciante, “señor Calzadilla” (sic); se pretende confundir señalando que se estaría sancionándole por el uso de vales; sin embargo, esos vales no son objeto de pronunciamiento dentro del presente caso; en todo el proceso se demostró que el accionante cometió la falta inmersa en el art. 12.4 de la Ley 101, que se refiere a recurrir a influencias o recomendaciones para obtener destinos o prebendas en beneficio personal o de un tercero, en base a las pruebas existentes, aclarándose que se le impuso la sanción mínima prevista en la Ley; d) Habiendo apelado el accionante, el Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana, emitió la RA 415/2022 de 16 de diciembre del 2022, en la que se da respuesta a la apelación interpuesta, habiéndose determinado declarar improbado el Recurso de apelación y se confirmó la RA 003/2021 de 21 de enero; e) Tanto la Resolución de primera instancia como la Resolución de segunda instancia, no vulneraron ningún derecho ni el debido proceso, en ninguna de sus vertientes; ya que, el accionante estuvo asistido de un abogado desde el comienzo, y presentó todas las pruebas; tampoco, se ha vulnerado la congruencia; ya que, la falta administrativa fue por el art. 12.4 de la Ley 101 y no por otra falta disciplinaria; en el requerimiento de inicio de investigación existió una calificación provisional de la Fiscalía Policial; empero, se le absolvió por dos faltas disciplinarias y se ha “acomodado” (sic) la conducta del accionante en el art. 12.4 de la pre citada Norma; por lo que, no existe incongruencia; f) Sobre la violación del derecho al trabajo, la SCP 0094/2012 de 19 de abril y la SCP 1089/2014 de 10 de junio; señalan que, ante cualquier inconducta de los funcionarios policiales, a través del proceso disciplinario, las normas internas pueden aplicar la sanción; y, en este caso, se ha verificado en el proceso disciplinario la inconducta del accionante; razón por la que, se emitió una Resolución sancionatoria; por lo cual, no se está vulnerando el derecho al trabajo; ya que, su desvinculación es temporal; de manera que, luego de cumplida su sanción podrá retornar a la institución; además, la sanción se impone con el fin de que el funcionario público modifique su conducta; tampoco, se ha vulnerado su derecho a la familia; g) Asimismo, no se está vulnerando el derecho al nom bis in ídem; ya que, no existe prueba idónea respecto a que exista una Resolución sancionatoria con días de arresto del ahora accionante por una falta inmersa por el uso de los vales de gasolina, siendo este proceso, por el hecho de haber influenciado o tratar de influenciar con un subalterno para evitar que se realice una actuación policial; y, h) En ese entendido pidió que se deniegue la tutela impetrada; asimismo, al haber sido accionado Oscar Raúl Choque Ramírez, quien únicamente es Secretario General del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana, como personal de apoyo, carece de legitimación pasiva; ya que, su función únicamente es la de apoyo judicial y no de decisión. Los accionados Lucio Enrique René Jiménez Vargas, ex presidente; Miguel Ángel Pablo Hidalgo Chávez, Vocal Suplente; Miguel Ángel Moncada Mendieta, actual Vocal Suplente Permanente; Freddy Rolando Calsina Guachalla, Vocal Permanente; Boris Benjamín Mendoza Méndez, actual Vocal Permanente; Román Paco Rafael, Vocal Suplente, todos del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana, no remitieron informe escrito ni se hicieron presentes a la audiencia de garantías, pese a su legal notificación cursante a fs. 213.
Roque Antonio Arraya Vidaurre, Director Nacional a.i. de La Dirección Nacional de Personal del Comando General de la Policía, a través de su abogado en audiencia, señaló que con relación al Auto Constitucional respecto a la suspensión temporal de la ejecución de la RA 415/2022 de 16 de diciembre, conforme al art. 101 de la Ley 101, se notificó al ahora accionante el 1 de marzo del 2023, con la baja temporal, que refiere el Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana, habiéndose remitido el informe técnico. Por su parte, Pedro Gabino Alí Aduviri, en representación de la Fiscalía Policial departamental, señaló: Se han aperturado dos procesos; en el primero se emitió una Resolución de rechazo, que fue por distintas faltas y distintos hechos, conforme al informe evacuado por la Investigadora del caso; posteriormente, se inició otro proceso, que es el signado como 585/2016, que supuestamente fue por distintas faltas, en el que se impuso la sanción disciplinaria por el art. 12.4 de la ley 101. En cuanto al nom bis in ídem; si bien es cierto que, se habla de un rechazo; empero, en el fondo, emergió una falta disciplinaria leve, estipulada en el art. 11.7 de la pre citada Ley. Por su parte –se entiende el accionante– planteó una excepción de cosa juzgada en base al Memorándum de arresto 0375/2016 de 26 de diciembre; no obstante, no se advierte el cumplimiento del mismo; puesto que, en la parte posterior del Memorándum no se halla rubricado por el Jefe de Seguridad, por cada día de arresto. Si bien es cierto que el accionante en el caso 586/2016, en la etapa investigativa, planteó la excepción de cosa juzgada y, a través del requerimiento fiscal policial de 10 de enero de 2017, emitido por el Sub Oficial Justino Tudela Cabrerara, Fiscal Policial, se requirió no ha lugar y que el impetrante debe observar lo establecido en el art. 52 de la Ley 101; ya que, dicha excepción debe plantearse en el primer momento de la audiencia; sin embargo, en la audiencia de juicio oral público contradictorio de 18 de abril de 2017, el ahora accionante, en la etapa correspondiente de excepciones –art. 52 de la Ley 101– no planteó la excepción de cosa juzgada, conforme se evidencia en el cuaderno de investigaciones; por lo que, existe actos consentidos; puesto que, según acta de audiencia de 18 de abril de 2017, la excepción de cosa juzgada fue denegada; ya que, habría precluido, conforme al cuaderno procesal. Los terceros interesados José Jesús Flores Veizaga, Director Nacional Administrativo de la Policía Boliviana y Luis Arturo Calzadilla Morales, no se hicieron presentes a la audiencia de amparo constitucional, pese a su legal notificación cursante a fs. 215 y 217.
La Sala Constitucional Tercera de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 82/2023 de 10 de mayo, cursante de fs. 277 a 283 concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto la Resolución 415/2022 de 16 de diciembre, pronunciada por el Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana; y que dicha autoridad, en el plazo máximo de diez días hábiles siguientes, “a partir de la siguiente fecha” (sic) pronuncie nueva Resolución, atendiendo a los argumentos expresados en el fondo del Recurso de apelación planteado por el accionante en contra de la RA 003/2021 y los lineamientos establecidos en esta Resolución. Determinación asumida, con base en los siguientes fundamentos: 1) Los accionados omiten pronunciarse en el fondo respecto al agravio de que cargar vales oficiales de gasolina a un vehículo particular en el tipo disciplinario previsto en el art. 12.4 de la Ley 101 que hace referencia a recurrir a influencias o recomendaciones para obtener destinos u otras prebendas en beneficio personal o de terceros, o que implica la ausencia de observar los elementos de congruencia externa y el deber de motivación de la decisión asumida; 2) El agravio referido a que el hecho que se le atribuye al accionado de haber hecho una llamada telefónica a un funcionario de jerarquía inferior “de apellido Mollo” (sic) a objeto de que éste paralice la ejecución de un mandamiento de secuestro de un vehículo que pertenecía al denunciante de apellido Calzadilla Morales no se encuentra en el tipo administrativo previsto en el art. 12.4 de la indicada Ley, aspecto que no ha sido revisado por el Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana; 3) Asimismo, la Autoridad superior de apelación omite dar respuesta al agravio referido a la falta de prueba sobre la supuesta llamada telefónica que habría efectuado el hoy accionante; ya que, del contenido de la Resolución no se establece la acreditación inequívoca de que esa llamada ciertamente fue generada por el hoy accionante; no se puede hablar de omisión de valoración de la prueba; ya que, el accionante no indicó que medios de prueba deben valorarse; la omisión advertida involucra ausencia de motivación suficiente e inobservancia de la congruencia externa; lo cual, tiene suficiente relevancia constitucional; 4) Con relación a la garantía del principio nom bis in ídem, se llega a la conclusión de que el accionante fue sometido a un debido proceso, independientemente de los riesgos evidenciados ahora, el accionante tenía a su alcance y la facultad prevista en el art. 52 de la Ley 101, activando el mecanismo que consideraba idóneo; ya que, conocía los hechos por los que se le presentó la acusación fiscal policial; al no haber obrado de esa manera se entiende que no agotó de manera idónea, oportuna el principio de subsidiariedad; por lo que, no corresponde otorgar tutela; 5) Esta Sala no advierte como se pudo haber afectado el derecho a la familia del accionante; y, 6) Con relación al trabajo y a una remuneración justa, la decisión asumida por la autoridad accionada, fue como consecuencia de un proceso disciplinario al interior de la Policía Boliviana y el Memorándum 119/2023 de 22 de febrero, no involucra la afectación arbitraria de esos derechos, al ser la consecuencia reglada de un proceso disciplinario; no siendo posible retrotraer actuados a través de esta jurisdicción constitucional; y, al estarse cumpliendo la decisión administrativa sancionatoria, no se pronunciarán al respecto; no obstante, deja abierta la vía para la reposición de beneficios para la eventualidad de dejarse sin efecto el citado Memorándum, en virtud de los resultados que se pueda obtener. Mediante memorial presentado el 12 de junio del 2023, mediante el cual Orlando Gómez Nina, solicitó complementación de la Resolución ordenando que en la nueva Resolución que vaya a dictar el Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana, considere y/o se pronuncie respecto a la vulneración del nom bis in ídem dentro del caso 585/2016; toda vez que, existe como antecedente todas las resoluciones descritas precedentemente y en ninguna de ellas refieren que no se haya agotado instancias, que el derecho habría precluido y de antecedentes se tiene también que ya ha cumplido con la sanción que le impusieron en el caso 522/2016, pues en la Resolución Constitucional de manera concreta no se ha pronunciado sobre ese hecho. Mediante memorial presentado el 12 de mayo del 2023, Orlando Gómez Nina, solicita complementación de la resolución ordenando que en la nueva resolución que vaya a dictar el Tribunal Disciplinario Superior Permanente, considere y/o se pronuncie respecto a la vulneración del nom bis in ídem dentro del caso 585/2016; toda vez que, existe como antecedente todas las resoluciones descritas precedentemente y en ninguna de ellas refieren que no se haya agotado instancias, que el derecho habría precluido y de antecedentes se tiene también que ya ha cumplido con la sanción que le impusieron en el caso 522/2016; pues, en la Resolución Constitucional de manera concreta no se ha pronunciado sobre ese hecho. Respondiendo a dicha solicitud, el Presidente de la Sala Constitucional Tercera de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución de 12 de mayo de 2023, que dispone sin lugar a considerar el pedido de complementación de referencia; toda vez que, de una revisión in extenso de la RA 003/2021, así como de la RA del Tribunal de Apelación 415/2022, e incluso del acta de audiencia del juicio oral de 18 de abril del 2017, no se evidencia de forma expresa la activación de la facultad prevista por el art. 52 de la Ley 101, mecanismo a partir del cual, si el accionante advirtió que se inició otro proceso, por los mismos hechos; por lo que, ya fue sancionado, en el caso signado como 585/2016, se encontraba en la facultad de activar la excepción prevista en la indicada norma policial, en el plazo y la forma señalados; razón por la cual, esta jurisdicción constitucional no ha ingresado a examinar el mérito de dicha alegación, por la concurrencia del art. 54 de la Ley 254 de 5 de julio de 2012 –Código Procesal Constitucional (CPCo)–; no obstante, el accionante cuenta con la más amplia facultad de hacer valer dicho argumento en grado de revisión, adjuntando el antecedente que acredite la verosimilitud de lo alegado en el memorial que antecede.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental de La Paz 003/2021 de 21 de enero (fs. 17 a 35).
II.2. Cursa memorial presentado el 27 de abril del 2021, mediante el cual Orlando Gómez Nina, hoy accionante, interpone Recurso de apelación contra la RA 003/2021, expresando los siguientes agravios: i) El proceso disciplinario responde a las nefastas intenciones de parte de Arturo Calzadillas Morales, quien se propuso a ultranza, de forma ilegal y mal intencionada, destruir su vida en el ámbito profesional, por el hecho de que su actual pareja sentimental es Linda María Aduen Tovar; con tal fin le ha iniciado varios procesos penales; entre ellos, un proceso por hurto de vehículo LPZ 1608108, en el cual se ejecutó una orden de secuestro, por el Investigador Segundo David Mollo Choque, pretendiendo hacer creer la existencia de supuestas irregularidades en las que habría participado; lo que es falaz; puesto que, no existe prueba plena de que su persona se haya contactado con funcionario policial alguno; ya que, como consta en el proceso disciplinario, en ningún momento se llegó a establecer el registro de números telefónicos que hubieran sido utilizados para realizar la presunta comunicación, que en realidad nunca existió; en consecuencia, no se interactuó conversación alguna, poniendo en duda el hecho de poder identificar a su persona como responsable de una supuesta llamada telefónica, descartando de tal modo la posibilidad de haber realizado una orden o utilizar ni siquiera el nombre de superior alguno, siendo notoria la intensión de perjudicarle; es más, el mandamiento de secuestro de vehículo con placa de Control 3010-CCC fue efectivamente realizado, cursando en antecedentes; puesto que, fue ofrecido como prueba; por otro lado, el informe evacuado por el sargento segundo David Mollo Choque da cuenta que se constituyó en la zona de Achumani, calle 25 en el edificio Oblitas, procediendo al secuestro del vehículo descrito, según la propia acta de secuestro; es decir, que de manera probada e inequívoca se hizo efectiva dicha orden; ii) Bajo un contexto diferente, se denunció robo de la misma movilidad, haciendo alusión a un lugar y circunstancias diferentes a los antecedentes; posteriormente, el sujeto que pretende perjudicarle en su trabajo, modifica su denuncia por el delito de hurto, señalando circunstancias y lugares diferentes; al presente este caso se encuentra con Resolución de rechazo 1215/2016, la cual fue ratificada por el Fiscal Departamental de La Paz, mediante Resolución 405/2017, en razón a que el hecho denunciado no constituye delito; puesto que, los hechos denunciados recaen sobre un bien ganancial, del cual se encuentra pendiente la respectiva división y partición, aclarando a su vez que cualquier intervención realizada por parte de su persona, corresponde al reflejo natural de salvaguardar los intereses de su pareja, con quien contempló vínculo sentimental; iii) En consecuencia, de la revisión de antecedentes, y en aplicación de lo establecido por el art. 87 de la Ley 101, el Tribunal asignará el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba con aplicación de las reglas de la sana crítica, justificando y fundamentando adecuadamente las razones por las cuales les otorga determinado valor, en base a la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba producida; al respecto y sobre la base de la aplicación de la sana crítica, solicita que sean considerados dos presupuestos de defensa que no fueron contemplados en la resolución, hoy apelada: iii.a.) La imposibilidad de establecer con un elemento de prueba material la existencia de una llamada telefónica; puesto que, si bien cursa en antecedentes la declaración testifical; al respecto es imprescindible el objeto o instrumento que se vincule con el hecho, en concreto, un equipo telefónico que registre una llamada saliente u otro que tenga una llamada entrante o un extracto o detalle de llamadas “principio de verdad material”; y, iii.b.) Aplicación de la presunción de inocencia, relacionado con la valoración y fundamentación debida a cada elemento probatorio de juicio, que es la base de la investigación; puesto que, lo que se investiga es la exteriorización de la voluntad, mediante actos que transforman la realidad; en consecuencia es un argumento imposible de sostener cuando la parte denunciante señala que se influenció en el investigador de manera ilegal y arbitraria, tomando en cuenta que el secuestro del vehículo se llevó a cabalidad, cumpliendo lo determinado por la autoridad fiscal, aspecto que se puede advertir a sola revisión del informe emitido por el investigador David Mollo Choque; iv) Otro inventado proceso es el que se le abrió por el delito de estelionato y amenazas, que ameritó la apertura de la causa ante el Ministerio Público, signada con el número LPZ1607911, basada en la existencia de un departamento, ubicado en el condominio Miraflores de Linda María Aduen Tovar, como poseedora del bien ganancial; y, que la Fiscalía, advertida de las falencias esgrimidas por el denunciante, emitió Resolución de rechazo, que fue ratificada por Resolución Jerárquica 1520/2016, emitida por el Fiscal Departamental de La Paz, ratificando la Resolución de rechazo; como se demuestra el proceder de Arturo Calzadilla Morales, tiene como único fin dañar su persona como profesional; y, asimismo, el de ejercer violencia económica contra su ex pareja Linda María Aduen Tovar; v) Con relación al precedente contradictorio sobre hecho denunciado, cabe señalar que sobre el hecho de cargar gasolina con vales de la FELCN, ello no constituye falta disciplinaria, porque ese accionar está enmarcado y contemplado en el Reglamento Interno para Uso de Vehículo y Provisión de Combustible, cuyo art. 11, establece que “Los vehículos asignados a los programas, proyectos y otras entidades bajo tuición Ministerial y VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTREN EN CALIDAD DE PRESTAMO o arrendamiento, quedarán bajo custodia y responsabilidad del funcionario solicitante, debiendo hacerse cargo de la administración y control de los mismos INCLUIDO EL MANTENIMIENTO Y APROVISIONAMIETO DE CARBURANTES”; dicho Reglamento se encuentra refrendado por la “Resolución Ministerial (RM) 431/2015 de 31 de diciembre”; y, a partir de ello, resulta más clara la figura de pretender responsabilizarle y sancionarle por una falta disciplinaria que jamás cometió; por el contrario, su actuar se encuentra enmarcado en lo previsto por la autoridad competente; sobre el mismo hecho, se aplicó por el Tribunal ad quem el “nom bis ídem” al advertir la Resolución Fiscal Policial de Rechazo de denuncia de 15 de noviembre de 2016 dentro del Caso 522/2016, siendo imprescindible aclarar, que este caso cuenta con rechazo por aspectos contemplados en los arts. 115, 116 y 180.I de la CPE; empero, primordialmente el art. 117.II –se entiende de la CPE– y la SC 0506/2005 de 10 de mayo; con el único fin de respaldar lo manifestado, adjunta un cuadro demostrativo en el cual se contraponen los hechos relacionados a los vales de gasolina, siendo posible advertir que en ambos casos ventilados en el Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana, los vales guardan correlación en número y fecha, en consecuencia corresponden al mismo hecho; vi) Presentado en la primera apelación contra la Resolución Administrativa emitida por el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz 059/2017 de 9 de mayo, como prueba de reciente obtención la querella con sello de recepción de 25 de julio de 2017, por la comisión de los delitos de acusación y denuncia falsa, simulación de delito e incumplimiento de deberes contra Luis Arturo Calzadilla Morales y David Mollo Choque; y, que en el inexistente caso por el delito de robo de vehículo, se cuenta con Resolución de rechazo 1215/2016; y, a su vez adjunta la Resolución jerárquica, ratificada por la Resolución de rechazo, emitida por la Fiscalía departamental de La Paz, mediante Resolución 405/2017; vii) Es importante mencionar que al momento de procesarle en la vía disciplinaria, se investigó una supuesta intervención suya en un caso, dentro del cual existe un rechazo de la denuncia con el fundamento de que el hecho denunciado no constituye delito; consecuentemente por medio de un delito de acusación y denuncia falsas, se llevó a cabo el secuestro de un vehículo por medio de argumentos falsos y contradictorios, haciendo alusión a un delito de robo-hurto, bajo el respaldo de un requerimiento Fiscal, y en el que el sargento segundo David Mollo Choque, prestó cooperación eficaz, direccionando la función policial para fines ilícitos, logrando así la consumación del delito de violencia psicológica, económica y patrimonial en contra de Linda María Aduen Tovar; sin embargo, es su persona que a causa de esa denuncia falsa se encuentra asumiendo defensa en el proceso disciplinario ante la Policía Boliviana, siendo removido de su cargo, dejando de percibir beneficios en razón de antigüedad como el de no ser promovido en el cargo; al respecto actualiza que esta causa cuenta con acusación formal, emitida por el Ministerio Público; y, viii) Resulta imposible sustentar por medio de las pruebas y declaraciones; peor aún, a través de un análisis objetivo de los antecedentes que su persona de alguna forma fue responsable de algún hecho y al presente, pese a la Resolución sancionatoria en su contra bajo el entendido del art. 12.4 de la Ley 101, solicita al Tribunal superior que tome en cuenta el siguiente argumento. Dicha norma señala “…recurrir a influencias o recomendaciones…”; objetivamente no se puede establecer en que forma su persona recurrió a mecanismos o circunstancia alguna en pro de algún interés; puesto que, a través de los antecedentes es imprescindible establecer una acción conducente a la materialización de este elemento, se refiere en la denuncia a una orden de secuestro, misma que fue ejecutada, se refiere a unos vales por los cuales ya existe un pronunciamiento realizado por autoridad policial correspondiente, que tiene valor de cosa juzgada; asimismo, establece “…para obtener destinos u otras prebendas…”, siendo evidente las circunstancias que motivaron la denuncia disciplinaria y más evidente aun las intenciones de perjudicarle, sin importar que, al presente, por medio de marcadas incongruencias se encuentra apelando la resolución sancionatoria; existe la obligación de establecer, conforme a los antecedentes, con que elemento probatorio y comprendido en la Ley 101, se puede determinar la obtención de un destino o prebenda; finalmente, señala “En beneficio personal o de terceros…”; respecto a lo cual, está por demás aclarar que, objetivamente, es insostenible demostrar un beneficio personal o de tercero; puesto que, los elementos cuestionados responden a un ilegal y desleal accionar promovido por el denunciante, como ya se demostró ante su delito de acusación y denuncias falsas, arguyendo ser único propietario del vehículo, aspecto que pide se tome en cuenta, en sentido de que las instituciones no pueden ser utilizadas como instrumentos ejecutores de caprichos personales, venganzas privadas y más aún emplear a la fuerza pública –Sgto. David Mollo Choque– para la consumación de delitos, siendo por su parte inadmisible tener que asumir defensa por el solo hecho de manejar su nombre en informes, declaraciones y otros, solo con el fin de dañar su imagen ante la Policía y frente a la sociedad, como se advierte por las prueba presentadas por el fiscal policial acusador, que se evidencia en la denuncia presentada en el Caso LPZ1708512 (fs. 251 a 256 vta.). II.3. Cursa Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 415/2022 de 16 de diciembre que declara improbado el Recurso de apelación presentado por Orlando Gómez Nina; y confirma la Resolución de Primera Instancia 003/2021 de 21 de enero, emitido por el Tribunal Disciplinario Departamental de La Paz, con los siguientes fundamentos: 1) Revisados autos y actuados, cursa memorial presentado por Arturo Calzadilla Morales, quien realizó la denuncia por hurto de vehículo, que se hallaba conducido por el apelante Orlando Gómez Nina, quien mantenía una relación afectuosa con la ex esposa del denunciante –Linda María Aduen Tovar–; y, que por el grado que ostenta el denunciado, para beneficio propio, procedió a utilizar de forma indebida los vales de la institución Policial para cargar combustible al vehículo particular, conduciendo en la ciudad de La Paz y al interior del país, detallando los lugares donde cargo combustible; posteriormente, el denunciante inicio un proceso ordinario por robo de la misma movilidad; 2) El ahora apelante, no puede argüir que el denunciante Calzadilla realizó la denuncia con nefastas intenciones de destruirle en el ámbito profesional, y dañarle como profesional; ya que, cualquier persona que conozca sobre la comisión de alguna falta disciplinaria cometida por un funcionario policial, lo debe hacer conocer; en el presente caso, el denunciante hizo conocer que se habrían utilizado vales de combustible pertenecientes a la Policía Boliviana, o sea cargar gasolina a un vehículo particular con placa 3101 CCC, esto conforme lo establece el art. 65 (Denuncia y obligación de denunciar) de la Ley 101; por lo que, se inició la investigación para establecer la verdad histórica del hecho, conforme al art. 68 (Diligencias de Investigación) de la precitada norma legal; por lo que, se puede advertir que no existe ninguna vulneración a derechos y garantías constitucionales; 3) Respecto al precedente contradictorio sobre el hecho enjuiciado, el apelante señala sobre cargar gasolina con vales de la FELCN, que ello no constituye falta disciplinaria y está enmarcado en el art. 11 del Reglamento Interno Para Uso de Vehículos y Provisión de Combustible; 4) El Caso 522/2016 cuenta con Resolución de Rechazo de 15 de noviembre de 2016 y que rige el principio de "non bis in idem”; al respecto, revisados autos y actuados, el Reglamento Interno Para Uso de Vehículo y Provisión de Combustible, en su art 11, señala que “Los vehículos asignados a los programas, proyectos y otras entidades bajo tuición Ministerial y VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTREN EN CALIDAD DE PRESTAMO arrendamiento, quedaran bajo custodia y responsabilidad del funcionario solicitante, debiendo hacerse cargo de la administración y control de los mismos, INCLUIDO EL MANTENIMIENTO Y APROVISIONAMIENTO DE CARBURANTES" (sic); en el presente caso, el ahora procesado no demostró que el vehículo con placa de control 3101-CCC, que conducía, se encontraba en calidad de préstamo o arrendamiento; como antecedente se tiene que dicho vehículo es de uso particular; 5) Con relación al caso 522/2016, que cuenta con Resolución de Rechazo, la falta atribuida que se investigó se refiere al art. 12 núm. 14; y, al art. 13 núm. 20 de la Ley 101; y, la denuncia se realizó de oficio, siendo el denunciado Orlando Gómez Nina, por el hecho de haber realizado el carguío de vales de combustible 89540 89539 y 90002 en vehículos con placa de control 2146-GCA y 3101-CCC, motorizados que no pertenecen a la FELCN; 6) En el presente caso 585/2016, la denuncia se realizó mediante memorial presentado por el Luis Calzadillas Morales, por la posible falta prevista en el art. 12 núm. 4), 12), 15) y el art 13 núm. 4) de la Ley 101, contra el denunciado Orlando Gómez Nina; siendo muy diferente los hechos; por lo que, no existe identidad de sujeto; del hecho y del fundamento respecto a la conducta del procesado; por lo cual, no afecta el principio del NON BIS IN IDEM, al respecto, la SC 0962/2010-R de 17 agosto, señala “En cuanto al alcance del principio "non bis in idem"; es decir, la prohibición de doble sanción y por ende doble juzgamiento, la jurisprudencia constitucional ha establecido que "…EI principio non bis in idem implica, en términos generales, la imposibilidad de que el Estado sancione dos veces a una persona por los mismos hechos. En la doctrina y jurisprudencia española, el principio implica la prohibición de imponer una doble sanción, cuando existe identidad de sujeto, del hecho y del fundamento respecto a una conducta que ya fue sancionada con anterioridad.
En el principio se debe distinguir el aspecto sustantivo (nadie puede ser sancionado doblemente por un hecho por el cual ya ha sido absuelto o condenado) y el aspecto procesal o adjetivo (nadie puede ser juzgado nuevamente por un hecho por el cual ya ha sido absuelto o condenado). En este sentido, existirá vulneración al non bis in idem, no sólo cuando se sanciona sino también cuando se juzga nuevamente a una persona por un mismo hecho.
Este principio no es aplicable exclusivamente al ámbito penal, sino que también lo es al ámbito administrativo, cuando se impone a un mismo sujeto una doble sanción administrativa, o cuando se le impone una sanción administrativa y otra penal pese a existir las identidades antes anotadas (sujeto, hecho y fundamento). Conforme a esto, no existirá violación al principio non bis in idem cuando alguna de las identidades no se presenta; por ejemplo, cuando el sujeto a quien se le imponen las sanciones, administrativa y penal no es el mismo, o cuando se trata de hechos diferentes o, finalmente, cuando el fundamento de ambas sanciones es distinto.”; 7) Con relación a la aplicación de la sana crítica, alega que deben ser considerados dos aspectos; la imposibilidad de poder establecer con un elemento de prueba materia la existencia de una llamada telefónica; puesto que, existe una declaración testifical; empero, no especifica de quien es esa declaración testifical, siendo ambigua; y, la aplicación de la presunción de inocencia, relacionado con la valoración y fundamentación debida a cada elemento probatorio de juicio; respecto a lo cual se señala que en todo el proceso se respetó derecho a la inocencia; ya que, el ahora procesado fue investigado conformé lo establecen los arts. 64 y 65 de la Ley 101, llegando al proceso oral, público y contradictorio, en la que escuchó y fue escuchado por los miembros del Tribunal a quo; 8) Con relación al otro proceso penal de ESTELIONATO Y AMENAZAS, el mismo no tiene relación con la falta disciplinaria atribuida a Orlando Gómez Nina, por el art. 12 núms. 4, 12 y 15 y el art. 13. 4, –se entiende de la Ley 101–; i) con relación a la querella por los delitos de ACUSACIÓN Y DENUNCIA FALSA, SIMULACIÓN DE DELITO E INCUMPLIMIENTO DE DEBERES, en contra de Arturo Calzadilla Morales y David Mollo Choque; y, la Resolución Rechazo 1215/2016 sobre el robo de vehículo, no tiene relación con la falta disciplinaria atribuida al Orlando Gómez Nina, prevista en los arts. 12 núms. 4, 12, 15; y, 13.4; 9) Sobre imposibilidad de sustentar por medio de pruebas de la falta disciplinaria del art. 12.4 de la Ley 101, el Tribunal de primera instancia valoró las pruebas testificales y documentales de cargo y descargo otorgándole el valor, conforme a la sana crítica, lógica y experiencia, en aplicación del art. 87 de la Ley 101, con relación a las instituciones que no pueden ser instrumentos de caprichos personales y venganzas privadas; en el presente caso, no se tiene conocimiento y no existe un documento que se haya utilizado para fines personales; el ahora apelante, desde el inicio de la investigación tenía y tiene conocimiento sobre las supuestas faltas atribuidas; además, en todo el proceso investigativo tuvo la oportunidad de demostrar o desvirtuar la denuncia, llegando a proceso oral, público y contradictorio, donde se judicializó las pruebas testificales y documentales y el Tribunal de primera instancia otorgó el valor correspondiente a cada una de ellas; 10) Con relación al Auto de Vista 76/2021 de fecha 15 de marzo de 2021, emitido por la Sala Penal, donde extingue la acción penal y ordena el archivo de obrados a favor de Orlando Gómez Nina, compulsando con el proceso administrativo 585/2016, se tiene que REVOCA la Resolución 173/2020 de 6 de noviembre
2020, no existiendo un proceso penal pendiente y habiendo culminado el proceso administrativo con todos los elementos conducentes a la averiguación de la verdad, el Tribunal de primera instancia valoró correctamente todos los elementos propuestos por las partes, siendo que la responsabilidad se asume conforme la SCP 1089/2014 de 10 de junio, retomando el entendimiento comprendido en la SCP 0094/2012 de fecha 19 de abril, que establece “dentro de la jurisprudencia un EXORDIO DE LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA, en el siguiente sentido “el art. 3 de la LRDPB, acoge diversos principios rectores de la función pública policial adecuados a la misión y finalidad constitucional referida, entre ellos, tenemos a: La ética, como la cualidad moral del funcionario policial que condiciona su comportamiento a la práctica de valores humanos y sociales; la disciplina, principio que compele al funcionario policial en el marco de las leyes y sus reglamentos, además de su estructura institucional, a que cumpla con las reglas de orden jerárquico y de subordinación; responsabilidad, por el que el funcionario policial, debe responder por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o en el cumplimiento del deber. Estos Principios, son de cumplimiento obligatorio por los miembros de la entidad policial, más aún, si se tiene en cuenta que, el perfil policial diseñado por nuestro ordenamiento jurídico, promueve a que el funcionario policial deba ser una persona íntegra, que ejercite y defienda los valores democráticos y en general constitucionales, sometida a la disciplina, a la jerarquía y al orden de la institución con la suficiencia moral y profesional para generar en la sociedad confianza y respeto a tiempo de cumplir con su misión fundamental establecida por la Constitución Política del Estado, cual es la defensa de la sociedad y el cumplimiento de las leyes; concluyéndose que ante la eventual inconducta de algún funcionario policial, éste puede ser sometido a un proceso disciplinario, y si es hallado responsable de alguna falta, ameritará una sanción. conforme prevén las normas especializadas de la entidad policial”; y, xi) con relación a la Resolución de imputación y acusación formal contra
Arturo Calzadilla Morales, se puede establecer que no guardan relación con la falta disciplinaria atribuida al procesado; es decir, el art. 12.4 de la Ley –se entiende 101–; y. que el Tribunal a quo determinó su decisión conforme a la valoración de todos los elementos conducentes a la averiguación de vedad (fs. 4 a 15). Asimismo, cursa diligencia de notificación con la citada Resolución a Orlando Gómez Nina, hoy accionante, el 19 de enero del 2023 (fs.16).
El accionante denunció la vulneración sus derechos al debido proceso, en sus componentes de derecho a la congruencia de las decisiones judiciales y la fundamentación; derecho al trabajo; derecho a las familias y, derecho al nom bis in idem; toda vez que, las autoridades accionadas, en la emisión de la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 415/2022 de 16 de diciembre, incurrieron en las siguientes vulneraciones: i) Omiten responder a todos los agravios de su apelación, referidos a que no se explica si la sola declaración del Sargento David Mollo Choque sería suficiente elemento que constituya prueba suficiente que genere plena convicción, ni de qué manera se configura su conducta a la falta disciplinaria prevista en el art. 12.4 de la Ley 101; ii) Responden de forma evasiva, sin pronunciarse sobre el fondo del planteamiento de los agravios; al alegar falta de identificación de declaración informativa sobre la cual se funda el agravio; y al alegar falta de fundamentación sobre el agravio de vulneración del derecho a la presunción de inocencia por insuficiencia de carga probatoria; más aún, si existe la adecuada fundamentación respecto a suficiencia de una declaración testifical para tener por cierto que habría tratado de influir negativamente en un servidor policial para obtener una ventaja indebida por la no ejecución de un mandamiento de secuestro, iii) Al señalar que las autoridades de primera instancia obraron conforme a derecho y valoraron las pruebas, conforme a la sana crítica, incurren en una total falta de fundamentación; y, iv) No consideraron el entendimiento establecido por la SCP 0003/2013 de 3 de enero sobre la aplicación del principio nom bis in ídem al permitir que se le juzgue dos veces por la utilización de vales de gasolina para el carguío de dicho combustible a un vehículo particular; hecho por el cual, ya fue juzgado en el caso con la denuncia disciplinaria signada como 522/2016. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Con relación al contenido esencial del derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales, la citada SCP 0061/2018-S2, señala lo siguiente: “El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios. En el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso, como son:
a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.
Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre refiere a los supuestos de motivación arbitraria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de 1El Cuarto Considerando, indica: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma (…).
…consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el por qué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”. 2El FJ III.3, refiere: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”. 3El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de noviembre la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: i) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; ii) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; iii) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; iv) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, v) La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013-.
Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión sin motivación, con motivación arbitraria, insuficiente y por la falta de coherencia del fallo. Ejemplificando refiere, que la decisión sin motivación se presenta cuando la resolución no da razones que la sustenten; en tanto que la motivación arbitraria es la que basa la decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas o los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”. 4El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación: (…)
(2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia. (…)
b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´. (…)
c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”. 5El FJ III.2, establece: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo.
5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”.
cuando deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; la motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; finalmente, la falta de coherencia del fallo se da, en su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; en su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo, es decir su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada.
6El FJ III.3, expresa: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. 7El FJ III.3.1, señala: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”.
8El FJ III.2, indica: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”. 9El FJ III.1, refiere: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.
Por otra parte, la jurisprudencia constitucional a partir de la SC 0995/2004-R de 29 de junio, estableció que los errores o defectos de procedimiento -entre los que se encuentra el caso de la resolución arbitraria- para ser corregida por vía de amparo, debe tener relevancia constitucional; es decir, que siendo el error o defecto la causa de la lesión de los derechos y garantías denunciados, de no haberse incurrido en ellos, la resolución impugnada tendría una decisión de fondo diferente.
En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa, cuya tutela por vía de amparo procederá siempre y cuando tenga relevancia constitucional.” A lo señalado en la Sentencia Constitucional precitado, cabe añadir que con relación al principio de congruencia, en su dimensión externa, amerita precisar que la SC 0682/2004-R y la SCP 0007/2021-S2 de 23 de febrero, estableció que la obligación del tribunal de alzada es de pronunciarse no solo respecto de los agravios formulados por el apelante sino también con relación a la contestación del recurso. Finalmente, cabe puntualizar que con relación a lo tipos de incongruencia la SC 0486/2010-R de 5 de julio de 2010, señaló que: “…respecto de la congruencia como principio constitucional en el proceso civil, se indica que: '…la congruencia ha venido clasificada en diversos tipos o categorías que nos interesa anotar a los fines que se seguirán, y así es moneda corriente hablar en doctrina de incongruencia 'ultra petita' en la que se incurre si el Tribunal concede 'extra petita' para los supuestos en que el juzgador concede algo distinto o fuera de lo solicitado por las partes; 'citra petita', conocido como por 'omisión' en la que se incurre cuando el Tribunal no se pronuncia sobre alguno de los pedimentos que le han sido planteados, etc.' (Principios Constitucionales en el Proceso Civil, Consejo General del Poder Judicial, El deber Judicial de Congruencia como Manifestación del Principio Dispositivo y su Alcance Constitucional, Madrid 1993, Mateu Cromo, S.A., Pág. 438).”
Con relación a este tema, la SCP 0276 /2025-S4 de 15 de abril señala:
“Al respecto, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 1530/2012 de 24 de septiembre, respecto al derecho al trabajo señaló: “' El art. 46.I.1 de la CPE, prevé expresamente que: 'Toda persona tiene derecho: Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna'. su parte, el art. 23.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), dispone que: 'Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo (…) que le asegure a ella, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana…’. Dada su importancia, el derecho al trabajo forma parte constitutiva de los derechos sociales, por ello también está consagrado por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuyo art. 6.1, define que el derecho al trabajo es el '…derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado…'. Sobre este derecho, la jurisprudencia constitucional establecida mediante la SC 1132/2000-R de 1 de diciembre, ha definido que el derecho al trabajo es: "...la potestad, capacidad o facultad que tiene toda persona para desarrollar cualquier actividad física o intelectual tendiente a generar su sustento diario como el de su familia”.
El accionante denunció la vulneración del derecho al debido proceso, en sus componentes de derecho a la congruencia de las decisiones judiciales y la fundamentación; derecho al trabajo; derecho a las familias y, derecho al nom bis in idem; toda vez que, las autoridades accionadas, en la emisión de la Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 415/2022 de 16 de diciembre, incurrieron en las siguientes vulneraciones: a) Omiten responder a todos los agravios de su apelación, referidos a que no se explica si la sola declaración del Sargento David Mollo Choque sería suficiente elemento que constituya prueba suficiente que genere plena convicción, ni de qué manera se configura su conducta a la falta disciplinaria prevista en el art. 12.4 de la Ley 101; b) Responden de forma evasiva, sin pronunciarse sobre el fondo del planteamiento de los agravios; al alegar falta de identificación de declaración informativa sobre la cual se funda el agravio; y al alegar falta de fundamentación sobre el agravio de vulneración del derecho a la presunción de inocencia por insuficiencia de carga probatoria, más aún si existe la adecuada fundamentación respecto a suficiencia de una declaración testifical para tener por cierto que habría tratado de influir negativamente en un servidor policial para obtener una ventaja indebida por la no ejecución de un mandamiento de secuestro, c) Al señalar que las autoridades de primera instancia obraron conforme a derecho y valoraron las pruebas, conforme a la sana crítica, incurren en una total falta de fundamentación; y, d) No consideraron el entendimiento establecido por la SCP 0003/2013 de 3 de enero sobre la aplicación del principio nom bis in ídem al permitir que se le juzgue dos veces por la utilización de vales de gasolina para el carguío de dicho combustible a un vehículo particular; hecho por el cual, ya fue juzgado en el caso con la denuncia disciplinaria signada como 522/2016. Toda vez que el peticionante de tutela ha sido notificado el 19 de enero de 2023 con la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 415/2022 de 16 de diciembre (Conclusión III.3), resulta evidente que la presente acción de tutela, presentada el 12 de abril del mismo año, cumple con el principio de inmediatez. Asimismo, en razón a que la indicada resolución es la de cierre de la vía administrativa, también se cumple con el principio de subsidiariedad, salvo lo relativo a la denuncia referida derecho al nom bis in idem, conforme se justifica más adelante. Con relación a la omisión de responder a todos los agravios de su apelación, referidos a que no se explica si la sola declaración del Sargento David Mollo Choque sería suficiente elemento de prueba para generar plena convicción, ni de qué manera se configura su conducta a la falta disciplinaria prevista en el art. 12.4 de la Ley 101. Efectuado el contraste en el contenido del Recurso de apelación (Conclusión II.2) y la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 415/2022 de 16 de diciembre, hoy impugnada (Conclusión II.3), se tiene que el accionante, en su apelación denuncia que existiría la imposibilidad de establecer con un elemento de prueba material la existencia de una llamada telefónica; puesto que, si bien cursa en antecedentes la declaración testifical; al respecto es imprescindible el objeto o instrumento que se vincule con el hecho, en concreto un equipo telefónico que registre una llamada saliente u otro que tenga una llamada entrante o un extracto o detalle de llamadas “principio de verdad material”. Con relación a esta denuncia, los Vocales accionados, responden que no especifica de quien es esa declaración testifical, “siendo ambigua” (sic). Si bien es cierto que el apelante no identifica al declarante al que se refiere, a partir de lo cual; sin embargo, la respuesta a la segunda parte del agravio, no se halla condicionada a esa identificación; por ello, el Tribunal de alzada, no se hallaba impedido de responder si es o no evidente que para corroborar el hecho de la llamada telefónica, resultaba imprescindible o no, en el marco del principio de la verdad material, la verificación objetiva en los aparatos telefónicos sobre el ingreso o salida de esa comunicación telefónica o en su caso con un extracto de llamadas; omisión, que efectivamente vulnera el principio de congruencia externa; dado que, no existe la correspondencia entre el agravio de la apelación considerada en forma íntegra y el pronunciamiento del Tribunal de apelación. En lo que atañe a la motivación sobre la calificación de su conducta de disciplinado. El apelante Orlando Gómez Nina, hoy accionante, esgrime como agravio que resulta imposible sustentar por medio de las pruebas y declaraciones, peor aún, a través de un análisis objetivo de los antecedentes que su persona de alguna forma fue responsable de algún hecho y al presente, pese a la Resolución sancionatoria en su contra bajo el entendido del art. 12.4 de la Ley 101, solicita al Tribunal superior que tome en cuenta el siguiente argumento. Dicha norma señala “…recurrir a influencias o recomendaciones…”; objetivamente no se puede establecer en que forma su persona recurrió a mecanismos o circunstancia alguna en pro de algún interés; puesto que, a través de los antecedentes es imprescindible establecer una acción conducente a la materialización de este elemento, se refiere en la denuncia a una orden de secuestro, misma que fue ejecutada, se refiere a unos vales por los cuales ya existe un pronunciamiento realizado por autoridad policial correspondiente, que tiene valor de cosa juzgada; asimismo, establece “…para obtener destinos u otras prebendas…”, siendo evidente las circunstancias que motivaron la denuncia disciplinaria y más evidente aun las intenciones de perjudicarle, sin importar que, al presente, por medio de marcadas incongruencias se encuentra apelando la resolución sancionatoria; existe la obligación de establecer, conforme a los antecedentes, con que elemento probatorio y comprendido en la Ley 101, se puede determinar la obtención de un destino o prebenda; finalmente, señala “En beneficio personal o de terceros…”; respecto a lo cual, está por demás aclarar que, objetivamente, es insostenible demostrar un beneficio personal o de tercero; puesto que, los elementos cuestionados responden a un ilegal y desleal accionar promovido por el denunciante, como ya se demostró ante su delito de acusación y denuncias falsas, arguyendo ser único propietario del vehículo, aspecto que pide se tome en cuenta, en sentido de que las instituciones no pueden ser utilizadas como instrumentos ejecutores de caprichos personales, venganzas privadas y más aún emplear a la fuerza pública –Sgto. David Mollo Choque– para la consumación de delitos, siendo por su parte inadmisible tener que asumir defensa por el solo hecho de manejar su nombre en informes, declaraciones y otros, solo con el fin de dañar su imagen ante la Policía y frente a la sociedad, como se advierte por las prueba presentadas por el fiscal policial acusador, que se evidencia en la denuncia presentada en el Caso LPZ1708512 (conclusión II.2). Refiriéndose a la imposibilidad de sustentar por medio de pruebas de la falta disciplinaria del art. 12.4 de la Ley 101, los accionados, responden que el Tribunal de primera instancia valoró las pruebas testificales y documentales de cargo y descargo otorgándole el valor, conforme a la sana crítica, lógica y experiencia, en aplicación del art. 87 de la Ley 101, con relación a las instituciones que no pueden ser instrumentos de caprichos personales y venganzas privadas; en el presente caso, no se tiene conocimiento y no existe un documento que se haya utilizado para fines personales; el ahora apelante, desde el inicio de la investigación tenía y tiene conocimiento sobre las supuestas faltas atribuidas; además, en todo el proceso investigativo tuvo la oportunidad de demostrar o desvirtuar la denuncia, llegando a proceso oral, público y contradictorio, donde se judicializó las pruebas testificales y documentales y el Tribunal de primera instancia otorgó el valor correspondiente a cada una de ellas” (Conclusión II.3). Como se advierte, en la parte desglosada ni en el resto de la Resolución 415/2022, hoy impugnada, los accionantes se refieren a la calificación de la conducta del disciplinado; es decir, no responden si es verdad o no que los hechos que dieron por acreditados cumplen o no con cada uno de los elementos descriptivos del tipo disciplinario; es decir, si se subsumen al mismo; puesto que, no efectúan ninguna consideración, como pide el apelante, sobre la falta del encuadre legal de su supuesta conducta a la falta disciplinaria prevista en el art. 12.4 de la Ley 101, con lo cual igualmente vulneran el derecho al debido proceso en su elemento de congruencia externa. Respecto a la denuncia de evasiva al responder sobre el agravio de vulneración del derecho a la presunción de inocencia por insuficiencia de carga probatoria El apelante, en su apelación, denuncia que con relación a la aplicación de la sana crítica, deben ser considerados dos aspectos; y, refiriéndose al segundo, hace referencia a la aplicación de la presunción de inocencia, relacionado con la valoración y fundamentación debida a cada elemento probatorio de juicio, que es la base de la investigación; puesto que, lo que se investiga es la exteriorización de la voluntad, mediante actos que transforman la realidad; en consecuencia es un argumento imposible de sostener cuando la parte denunciante señala que se influenció en el investigador de manera ilegal y arbitraria, tomando en cuenta que el secuestro del vehículo se llevó a cabalidad, cumpliendo lo determinado por la autoridad fiscal, aspecto que se puede advertir a sola revisión del informe emitido por el investigador David Mollo Choque (Conclusión II.2). En respuesta a esa denuncia, los accionados, señalan que en todo el proceso se respetó el derecho a la inocencia; ya que, el ahora procesado fue investigado conformé lo establecen los arts. 64 y 65 de la Ley 101, llegando al proceso oral, público y contradictorio, en la que escuchó y fue escuchado por los miembros del Tribunal a quo” (Concusión II.2).
Como se advierte, resulta evidente que los accionados no han respondido al agravio formulado por el apelante, hoy accionante, relativo a la justificación de que la prueba producida sea suficiente para destruir la presunción de inocencia, en sentido de que se halle probado plenamente el hecho y que éste se subsuma también con plenitud en el tipo disciplinario; puesto que, con relación a este agravio, debe tomarse en cuenta también lo señalado por el apelante en otra parte de su apelación en la que sostiene que no existe prueba plena de que su persona se haya contactado con funcionario policial alguno; ya que, como consta en el proceso disciplinario, en ningún momento se llegó a establecer el registro de números telefónicos que hubieran sido utilizados para realizar la presunta comunicación; en consecuencia, no se interactuó conversación alguna, poniendo en duda el hecho de poder identificar a su persona como responsable de una supuesta llamada telefónica, descartando de tal modo la posibilidad de haber realizado una orden o utilizar ni siquiera el nombre de superior alguno; y acota que el mandamiento de secuestro de vehículo con placa de Control 3010-CCC fue efectivamente ejecutado, y que ello estuviera demostrado por el informe del propio policía que lo ejecutó. Dichos argumentos debieron merecer respuesta por parte de los accionados, de manera que no quepa duda que los mismos quedan desvirtuados por los elementos de prueba producidos; empero, al no haber procedido de esa manera, resulta evidente que se ha quebrantado el principio de congruencia, y asimismo el elemento de la motivación de las resoluciones, en este caso administrativas; dado que, la respuesta otorgada al margen de ser evasiva, ciertamente no cumple con los estándares establecidos por la jurisprudencia constitucional, que se hallan desarrollados en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; razón por la cual, corresponde conceder la tutela solicitada, sobre esta denuncia. Respecto a la falta de fundamentación por afirmar que las autoridades de primera instancia obraron conforme a derecho y valoraron las pruebas, conforme a la sana crítica. Resulta evidente que las autoridades accionadas al sostener que el Tribunal de primera instancia valoró las pruebas testificales y documentales de cargo y descargo otorgándole el valor, conforme a la sana crítica, lógica y experiencia, en aplicación del art. 87 de la Ley 101; que el ahora apelante, desde el inicio de la investigación tenía y tiene conocimiento sobre las supuestas faltas atribuidas; y, que, además, en todo el proceso investigativo tuvo la oportunidad de demostrar o desvirtuar la denuncia, llegando a proceso oral, público y contradictorio, donde se judicializó las pruebas testificales y documentales y el tribunal de primera instancia otorgó el valor correspondiente a cada una de ellas; no han fundamentado debidamente su resolución, puesto que no obstante que el apelante, hoy accionante, observó que su conducta no se encuadra en el tipo disciplinario previsto en el art.12 numeral 4 de la ley N° 101, no han hecho referencia a la descripción de la conducta contenida en la referida norma legal, y menos aún a sus elementos configurativos; y, asimismo no han motivado sobre los hechos probados, ya que, a pesar de que el apelante observa que no se hubiera demostrado con prueba objetiva –registro de llamadas en los aparatos telefónicos o extracto de llamadas de los mismos- la supuesta llamada telefónica que se le atribuye; los accionados, no argumentan si considerar que esos medios probatorios son inconducentes o impertinentes para la acreditación o para desvirtuar los hechos juzgados; o, en su caso, porque razones consideran que la prueba testifical a la que aluden resultaría suficiente para crear convicción plena sobre el hecho; en suma resulta evidente que la respuesta de las autoridades accionadas a la apelación del peticionante de tutela, que no cumple con los estándares jurisprudenciales, desarrollados en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional Respecto a la denuncia de que no consideraron el entendimiento establecido por la SCP 0003/2013 de 3 de enero sobre la aplicación del principio nom bis in ídem, al permitir que se le juzgue dos veces por la utilización de vales de gasolina para el carguío de dicho combustible a un vehículo particular; hecho por el cual, ya fue juzgado en el caso con la denuncia disciplinaria signada como 522/2016. Con relación a esta denuncia, no es posible examinar el fondo; toda vez que, el accionante no ha acreditado que haya formulado su reclamo oportunamente ante el Tribunal de primera instancia en la etapa de juicio, a objeto de que dicho tribunal se pronuncie expresamente sobre esa defensa; lo que implica que no ha cumplido con el principio de subsidiariedad que rige la acción de amparo constitucional; razón por la cual, corresponde denegar la tutela solicitada, sin examinar el fondo de la misma; puesto que, como lo ha establecido la jurisprudencia constitucional, en la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, la acción de amparo constitucional, constituye un instrumento subsidiario, porque no es posible utilizarlo si previamente no se agotó la vía ordinaria de defensa, ello ocurre, entre otros, cuando “las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno”. Consecuentemente, al no estar acreditado que el peticionante de tutela reclamó su eventual doble juzgamiento ante el Tribunal Disciplinario Departamental de La Paz, en la etapa del juicio, ha impedido que el mismo se pronuncie sobre el mismo; por lo cual, saltando esa instancia, no puede pretender que se examine su denuncia reclamada directamente ante el Tribunal de alzada.
Respecto al derecho al trabajo, toda vez que el disciplinado Orlando Gómez Nina, hoy accionante, ha sido sancionado con el retiro temporal de cuatro meses con pérdida de antigüedad y sin goce de haberes (Conclusión II.3); sanción que además habría sido ya ejecutada, según da cuenta el peticionante de tutela en su solicitud de la complementación de la Resolución emitida por la Sala Constitucional, en la presente acción de tutela, resulta evidente que se le ha vulnerado el derecho al trabajo; puesto que, con base a una resolución que vulnera derechos fundamentales, se le ha privado de su fuente laboral; razón por la cual, igualmente corresponde conceder la tutela solicita. Finalmente, con relación al derecho a la familia, el accionante, no explica debidamente en que consiste su vulneración; razón por la cual, no es posible examinar el fondo de dicha denuncia. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder en parte la tutela impetrada, actuó de manera parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 82/2023 de 10 de mayo y la Resolución complementaria de 12 de mayo del 2023, cursantes de fs. 277 a 283 y 287 y vta. de obrados, respectivamente, pronunciadas por La Sala Constitucional Tercera de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, con relación a los derechos al debido proceso, en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; y, al trabajo, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Disponer lo siguiente:
a) Dejar sin efecto, la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 415/2022 de 16 de diciembre. b) Que los integrantes de dicho Tribunal, emitan nueva Resolución, conforme a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional. 3° DENEGAR la tutela solicitada, con relación a los derechos al nom bis in idem y a la familia, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración que, respecto a dichas denuncias, no se ingresó al examen de fondo. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
MSc. Isidora Jiménez Castro René Yván Espada Navía MAGISTRADA MAGISTRADO
10 El FJ III.2., menciona: “…los errores o defectos de procedimiento que materialmente no lesionan derechos y garantías fundamentales no tienen relevancia constitucional y por lo mismo, no son susceptibles de corrección por la vía del amparo, a menos que concurran necesariamente, los presupuestos jurídicos que se detallan a continuación: a) cuando el error o defecto procedimental en el que incurra el Juez o Tribunal, provoque una lesión evidente del debido proceso en cualquiera de sus elementos constitutivos; b) los errores o defectos procedimentales que ocasionan una indefensión material en una de las partes que interviene en el proceso judicial, impidiéndole toda posibilidad de que pueda hacer valer sus pretensiones, alegando, contrastando o probando; y c) esas lesiones tengan relevancia constitucional, es decir, que esa infracción procedimental de lugar a que la decisión impugnada tenga diferente resultado al que se hubiera dado de no haberse incurrido en los errores o defectos denunciados”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0788_2025-S4.pdf · páginas 1 a 28.
Huella digital del PDF (SHA-256): bd0cfb4e2019f79ff9cbb6794721d218819532864413682b3e6f5d5de25ef773
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