Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 20 de julio de 2023
Concede en parte la tutela
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de congruencia, motivación y fundamentación, valoración de la prueba, interpretación de la legalidad ordinaria, seguridad jurídica, verdad material, derecho a la defensa e igualdad procesal; puesto que, en el proceso disciplinario el Director ahora accionado emitió la Resolución Final Disciplinaria de Segunda Instancia 009/2022 de 7 de abril, sin pronunciarse a los agravios formulados, sin la debida fundamentación y motivación, sin la valoración de las pruebas de descargo y sin la aplicación supletoria de la ley. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 38 de 9 de mayo de 2022, cursante de fs. 898 a 902 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada respecto al segundo y tercer punto consignado en el análisis del caso concreto del presente fallo constitucional, disponiendo: a) Dejar sin efecto la Resolución Final Disciplinaria de Segunda Instancia 009/2022 de 7 de abril, emitido por Leónidas Milton Barón Hidalgo, Director a.i. de la Dirección del Notariado Plurinacional, en el proceso disciplinario seguido contra la accionante; y, b) La emisión de una nueva resolución por el Director hoy accionado, reparando las vulneraciones a los derechos fundamentales denunciados en la presente acción de defensa, con base en los fundamentos y justificaciones de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
2º DENEGAR la tutela solicitada, respecto al primer punto consignado en el análisis del caso concreto del presente fallo, con base en los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0788/2023-S3 Sucre, 20 de julio de 2023 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 48227-2022-97-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 38 de 9 de mayo de 2022, cursante de fs. 898 a 902 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Marbel Silvana España Pedraza contra Leónidas Milton Barón Hidalgo, Director a.i. de la Dirección del Notariado Plurinacional (DIRNOPLU).
La accionante, por memoriales presentados el 22 y 27 de abril de 2022, cursantes de fs. 242 a 273 y vta.; y, 278 a 285, manifestó lo siguiente:
A denuncia de 8 de febrero de 2022 interpuesta por Claudia María Zamorano Sosa -ahora tercera interesada- contra su persona en calidad de Notaria de Fe Pública de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, se le inicio un proceso disciplinario por haber presuntamente suscrito el Acta de verificación de domicilio 34/2020, de 5 de noviembre, a solicitud de Rudy Erland Antelo Paz, sin haber asistido al acto notarial. En el proceso se emitió el Auto de Apertura del Proceso Disciplinario de 18 de febrero de 2022, por la presunta comisión de la falta disciplinaria grave establecida por el art. 105 inc. h) de la Ley del Notariado Plurinacional (LNP) -Ley 483 de 25 de enero de 2014-, en la que propuso y produjo pruebas testificales y documentales; asimismo, la denunciante ahora tercera interesada, mediante memorial de 14 de marzo de 2022, presento el desistimiento de la denuncia, asimismo solicitó exclusión probatoria de la prueba de cargo Disco Compacto (CD) conteniendo las filmaciones de las cámaras de seguridad y extinción del proceso sumario por perdida de objeto procesal; puesto que, el hecho objeto del proceso nunca existió.
El Sumariante Disciplinario emitió la Resolución Disciplinaria de Primera Instancia 06/2022 de 18 de marzo; por la cual, declaró probada la denuncia presentada por la hoy tercera interesada contra su persona, por la comisión de la falta disciplinaria grave prevista por el art. 105 inc. h) de la Ley 483, consistente en la autorización de acto o negocio jurídico cuyo otorgamiento o realización no haya presenciado, imponiéndole la sanción de suspensión temporal de sus funciones por el periodo de ocho meses establecida por el art. 107 de la citada Ley. Mediante memorial presentado el 24 de marzo de 2022, interpuso recurso de apelación contra la Resolución Disciplinaria de Primera Instancia 06/2022, con la debida fundamentación de agravios. Por cuanto el Director ahora accionado emitió la Resolución Final Disciplinaria de Segunda Instancia 009/2022 de 7 de abril, confirmando la Resolución Disciplinaria de Primera Instancia 06/2022, en inobservancia del principio de congruencia puesto que no se pronunció respecto al agravio vinculado a las declaraciones de los testigos, indicando solamente que no ayudaban al esclarecimiento del hecho o la generación de convicción, siendo incomprensible para arribar a esa conclusión; puesto que, son testigos presenciales del acto notarial de verificación domiciliaria, objeto del proceso disciplinario, tampoco a las pruebas documentales aportadas concernientes al desistimiento de la denuncia, refiriendo que el desistimiento no se encuentra establecido en la Ley 483; empero, se debe tomar en cuenta que se encuentra regulado por los arts. 51 y 53 de la Ley de Procedimiento Administrativo -Ley 2341 de 23 de abril de 2002-; art. 241 del Código Procesal Civil (CPC); por lo que, era necesario su aplicación supletoria en observancia de los principios de seguridad jurídica vinculado a la aplicación objetiva de ley, verdad material, favorabilidad, más aún cuando la denuncia fue promovida a instancia de parte en aplicación del principio dispositivo y contradicción; por cuanto, al haber desistido se solicitó la exclusión probatoria, conllevando la extinción del proceso por perdida de objeto procesal, puesto que el hecho no existió. En ese entendido el Director hoy accionado debió señalar con precisión las circunstancias especiales, las razones particulares o causas inmediatas que consideró para asumir dicha decisión; sin embargo, el nombrado director no cumplió con el deber de motivación, remitiéndose a la explicación del Sumariante Disciplinario, sin efectuar una valoración de las pruebas de descargo, valorándose solo las pruebas de cargo, sin especificar norma jurídica, suprimiendo de esa manera el debido proceso “…al ser insuficiente motivada, resulta carente de congruencia al no otorgar ningún valor probatorio (citra petita) a mis medios de pruebas de descargo, omitiendo pronunciarse, bajo el absurdo y arbitrario argumento de ser irrelevantes y no generan convicción…” (sic), en su elemento de verdad material, presunción de inocencia ante la inexistencia de la falta disciplinaria.
El Director ahora accionado, al emitir la Resolución Final Disciplinaria de Segunda Instancia 009/2022, ratificando la Resolución Disciplinaria de Primera Instancia 06/2022 “vulnero” el principio constitucional de verdad material al tener conocimiento del desistimiento presentado oportunamente por la hoy tercera interesada ante el Sumariante Disciplinario, en el que indica que el hecho denunciado no existió, constituyendo una confesión espontanea, que debió ser valorada y no desestimada con la excusa de que no se encuentra prevista en la Ley 483 y el Protocolo de actuaciones de procesos disciplinarios lo prohíbe, por la especialidad de la citada Ley, infringiendo la supremacía constitucional, el principio de progresividad y la presunción de inocencia. Sin embargo, el Director hoy accionado en su condición de máxima autoridad, supletoriamente debió aplicar los arts. 51 y 53 de la Ley 2341 y el art. 241 del CPC, en las que se encuentran previstas el desistimiento, así como su procedimiento, tomando en cuenta que el proceso fue promovida a denuncia de parte; por lo que, en observancia de los principios dispositivo y de contradicción el nombrado Director estaba obligado a corregir la resolución impugnada -Resolución Disciplinaria de Primera Instancia 06/2022-, revocándola y declarándola improbada la denuncia disciplinaria, en observancia de los principios de seguridad jurídica -vinculado a la aplicación objetiva de ley- y legalidad, que rigen el poder punitivo del Estado que busca eliminar la arbitrariedad. En ese entendido, el Director ahora accionado realizó una inadecuada interpretación del Código Procesal Civil y de la Ley 2341, las normas ya citadas, puesto que “…no fue aplicado una interpretación literal y mucho menos sistemática y gramatical que le permita análisis en su contexto…” (sic).
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de congruencia, motivación y fundamentación, valoración de la prueba, interpretación de la legalidad ordinaria, seguridad jurídica, verdad material, derecho a la defensa e igualdad procesal; citando al efecto los arts. 115, 117 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela, en consecuencia, se disponga la nulidad de la Resolución Final Disciplinaria de Segunda Instancia 009/2022 de 7 de abril y se emita una nueva resolución congruente, debidamente motivada y fundamentada.
Celebrada la audiencia virtual el 9 de mayo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 891 a 897 vta. se produjeron los siguientes actuados:
La accionante, a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional.
Leónidas Milton Barón Hidalgo, Director a.i. de la DIRNOPLU, a través de sus representantes legales, mediante informe presentado el 9 de mayo de 2022 cursante de fs. 361 a 364, así como en audiencia manifestó que: a) En el proceso disciplinario seguido contra la accionante en su calidad de Notaria de Fe Pública 103 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a denuncia la hoy tercera interesada, se emito la Resolución Disciplinaria de Primera Instancia SDI/CBBA-TJ-CH/JAQR 003/2022 CBBA de 14 de marzo, en el que se declaró probada la denuncia, por la comisión de la falta grave establecida por el art. 105 inc. h) de la Ley 483, decisión que fue confirmada en apelación, promovida por la accionante, mediante Resolución Final Disciplinaria de Segunda Instancia de Segunda Instancia 009/2022; b) No obstante, la ambigüedad, generalidad y repetición de los presuntos agravios formulados en el recurso de apelación, la accionante identificó once supuestos agravios, los mismos que fueron atendidos puntual e individualmente, de acuerdo a la naturaleza del agravio formulado, salvo el séptimo que fue analizado junto al cuarto; por lo que, no se advierte la falta de congruencia externa, explicando las razones que sustentan la decisión y la jurisprudencia constitucional de respaldo, tomando en cuenta que no es necesario realizar amplias consideraciones; c) Su autoridad se pronunció sobre el agravio relacionado a la revaloración de la prueba en la que citó el Auto Supremo (AS) 417/2015-RRC de 25 de junio, señalando que la parte recurrente debe exponer necesariamente cuales son las reglas de la sana critica que fueron infringidas o desconocidas, indicando de qué manera los elementos de prueba fueron valorados arbitrariamente, extremo que no fue cumplido por la accionante; d) En cuanto a la valoración de la prueba señaló que, el hecho de que en instancia de apelación realice el control, no implica que tenga que revalorar nuevamente las pruebas, además, el Sumariante Disciplinario efectuó una valoración en conjunto de los elementos probatorios relacionados con el hecho investigado; y, e) Respecto al desistimiento de la denuncia disciplinaria presentada, corresponde referir que en reiteradas oportunidades los operadores de justicia se encuentran ante lagunas normativa y antinomias, en la especie la Ley del Notariado Plurinacional, establece las faltas y sanciones disciplinarias de los Notarios de Fe Pública, esa es la norma especial de aplicación preferente ante cualquier norma de igual jerarquía como es la Ley de Procedimiento Administrativo, en ese entendido si bien la Ley especial no prevé el desistimiento, empero el Protocolo de Actuación del Régimen Disciplinario para Procesos Sumarios Disciplinarios contra Notarios de Fe Pública, establece que ante la presentación de retiros y desistimiento de denuncias, el proceso iniciado debe continuar hasta su conclusión, además, los Notarios no son servidores públicos, son profesionales del derecho que prestan servicios (fedatarios) por delegación del Estado como es la fe pública; por lo que, no correspondía la aplicación de otra norma por supletoriedad. Por lo expuesto, pidió se deniegue la tutela solicitada.
Claudia María Zamorano Sosa, no asistió a la presente acción de amparo constitucional pese a su notificación cursante a fs. 352.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 38 de 9 de mayo de 2022, cursante de fs. 898 a 902 vta., concedió la tutela solicitada bajo los siguientes fundamentos: 1) Dejar sin efecto la Resolución Final Disciplinaria de Segunda Instancia 009/2022 de 7 de abril y la emisión de una nueva resolución reguardando el derecho fundamental al debido proceso en su elemento de fundamentación y motivación; y, 2) Dejar sin efecto la medida cautelar otorgada por ése Tribunal de garantías, por las razones expuestas en esa resolución. Todo ello bajo los siguientes fundamentos: i) La Resolución Final Disciplinaria de Segunda Instancia 009/2022, contiene todos los elementos estructurales que hacen a una resolución con la exposición de los hechos, la descripción del origen de la problemática, la exposición de cada uno de los agravios, resolviendo todos los agravios expuestos por el apelante, en lo referente al cuarto agravio, incluye el séptimo; ii) Sin embargo, en el análisis que realiza el Director hoy accionado se extraña la revisión de las pruebas de descargo presentadas, el desistimiento formulado por la ahora tercera interesada en el proceso disciplinario, y las pruebas adjuntas al mismo y la consideración de cada una de ellas; iii) No ha explicado de manera clara del porque no tomó en cuenta las pruebas propuestas, solamente se ha referido al Reglamento del Notariado Nacional, la prohibición de la valoración de las pruebas, por cuanto no cumple con la debida fundamentación y motivación; asimismo, debió exponer los motivos que la sustentan, lograr el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados, sino, de la forma en que se decidió; iv) Es evidente que la Ley del Notariado Nacional “…establece que la autoridad de apelación no tiene la obligación de valorar prueba…” (sic); empero, la Ley del Procedimiento Administrativo le obliga a la valoración de la prueba, tomando en cuenta que, lo que se busca es la verdad material establecida por el art. 180 de la CPE; v) Al no haberse pronunciado a las pruebas de descargo presentadas, el Director ahora accionado incurrió en incongruencia, ya sea aceptando o rechazando las pruebas; y, vi) En el Auto de admisión de 28 de abril de 2022 se otorgó la medida cautelar únicamente hasta la audiencia de acción de amparo constitucional, hasta que se emita la decisión de fondo respecto a los derechos vulnerados, de manera particular el derecho al trabajo, tutelado de manera reforzada, puesto que no solo afecta a la titular que goza de ingresos económicos, sino, también a su sustento familiar; ya que le imponen la suspensión de ocho meses, privándole de gozar de ingresos económicos, por lo que habiendo ingresado al análisis de fondo, queda sin efecto la medida cautelar. En vía de enmienda, complementación y aclaración la accionante a través de su abogado solicito a la Sala Constitucional: a) Aclaración respecto al derecho al trabajo; puesto que, se tiene que aguardar que la sentencia sea emitida en el Tribunal Constitucional Plurinacional; y, b) Respecto al derecho al trabajo y empleo, si el Director hoy accionado tiene competencia para ejecutar la sanción disciplinaria impuesta. En mérito a esa solicitud la referida Sala Constitucional señaló que: No puede seguir otorgando la medida cautelar, no puede suspender la ejecución de la resolución hasta que se emita la sentencia por el Tribunal Constitucional Plurinacional porque ya se pronunció en el fondo, los antecedentes serán remitidos al citado Tribunal y no se puede emitir una nueva medida cautelar, será el Tribunal Constitucional Plurinacional en revisión, la instancia que otorgue la medida cautelar si corresponde.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
de marzo, emitido por Edwin Jaime Ovando Palenque, Sumariante Disciplinario de Santa Cruz, Beni y Pando de la DIRNUPLU, en el proceso sumario disciplinario por faltas graves seguida a denuncia de Claudia María Zamorano Sosa -ahora tercera interesada- contra Marbel Silvana España Pedraza -hoy accionante-, signado como proceso disciplinario SDSC-06/2022, se declaró probada la denuncia contra la denunciada, en su calidad de Notaria de Fe Publica 103 de Santa Cruz de la Sierra, por la comisión de la falta disciplinaria grave prevista por el art. 105 inc. h) de la Ley 483, la autorización de acto, asunto o negocio jurídico cuyo otorgamiento o realización no haya presenciado, imponiéndole la sanción de suspensión temporal de sus funciones por el periodo de ocho meses, establecido por el art. 107 inc. b) de la citada Ley (fs. 781 a 788). II.2. Cursa memorial presentado el 24 de marzo de 2022, dirigido al Sumariante Disciplinario; por la cual, la accionante, presentó recurso de apelación contra la Resolución Disciplinaria de Primera Instancia 06/2022, dentro el proceso disciplinario SDSC-06/2022, fundamentando agravios (fs. 800 a 815 vta.).
de 7 de abril, emitido por Leónidas Milton Barón Hidalgo, Director a.i. de la DIRNOPLU -hoy accionado-, en el proceso sumario disciplinario por faltas graves seguida a denuncia de Claudia María Zamorano Sosa contra la accionante, signado como proceso disciplinario SDSC-06/2022, resolvió confirmando la Resolución Disciplinaria de Primera Instancia 06/2022, pronunciado por el Sumariante Disciplinario (fs. 834 a 841 vta.).
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de congruencia, motivación y fundamentación, valoración de la prueba, interpretación de la legalidad ordinaria, seguridad jurídica, verdad material, derecho a la defensa e igualdad procesal; puesto que, en el proceso disciplinario el Director ahora accionado emitió la Resolución Final Disciplinaria de Segunda Instancia 009/2022 de 7 de abril, sin pronunciarse a los agravios formulados, sin la debida fundamentación y motivación, sin la valoración de las pruebas de descargo y sin la aplicación supletoria de la ley. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El debido proceso se encuentra consagrado en la Constitución Política del Estado como un derecho fundamental, garantía constitucional y principio procesal constitucional que disciplina la función de impartir justicia, en atención a estas cualidades, la jurisprudencia constitucional se encargó de resaltar su carácter tridimensional del debido proceso, en sus diferentes fallos; también fue la jurisprudencia constitucional del extinto Tribunal Constitucional la que se encargó de asignarle la calidad 1 Respecto al debido proceso como derecho, el art 115.II de la CPE, establece que: “I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos.
II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones” (las negrillas son nuestras). 2 Respecto al debido proceso como garantía, el art. 117.I de la CPE señala que: “I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada.
II. Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. La rehabilitación en sus derechos restringidos será inmediata al cumplimiento de su condena.
III. No se impondrá sanción privativa de libertad por deudas u obligaciones patrimoniales, excepto en los casos establecidos por la ley” (las negrillas nos pertenecen). 3 Respecto al debido proceso como derecho, el art. 180.I de la CPE, refiere que: “I. La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez.
II. Se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales.
III. La jurisdicción ordinaria no reconocerá fueros, privilegios ni tribunales de excepción. La jurisdicción militar juzgará los delitos de naturaleza militar regulados por la ley”. 4 El carácter tridimensional del debido proceso fue referido en la SC 0086/2010-R de 4 de mayo, SC 902/2010-R, de 10 de agosto, SC 0533/2011-R de 25 de abril, entre otros.
de garantía general, razonamiento que continuó en la doctrina constitucional del actual Tribunal Constitucional Plurinacional. En ese sentido la jurisprudencia constitucional configuró los elementos constitutivos que le conciernen, en los siguientes términos: “En consonancia con los Tratados Internacionales citados, a través de la jurisprudencia constitucional se ha establecido que los elementos que componen al debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra sí mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; la garantía del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones” (las negrillas son nuestras). Configuración que no se encuentra en un sistema limitado o cerrado, al contrario, debido al carácter progresivo de los derechos fundamentales, previsto por el art. 13.I de la CPE, esos elementos constitutivos, tienen un carácter enunciativo, puesto que, del debido proceso, al haberse constituido en una garantía general, pueden derivar otros elementos conforme al desarrollo doctrinal y jurisprudencial, así como al desarrollo del proceso, cuya finalidad viene a constituir en un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. Por otra parte, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH) señaló que las garantías del debido proceso no se restringen a los procesos judiciales o jurisdiccionales, se refiere a cualquier autoridad pública -administrativa, legislativa o judicial- o entidad privada que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional; es decir, a cualquier actividad decisoria que determine algún tipo de sanción o resoluciones que determine derechos y obligaciones de las personas o que produzca efectos jurídicos que indudablemente repercuten en los derechos de las personas, entendimiento recogido en la jurisprudencia constitucional; en ese contexto, corresponde señalar que el principio, derecho y garantía general del debido proceso no se restringe en su aplicación al ámbito jurisdiccional solamente, sino, es extensivo a cualquier procedimiento en el que deba determinarse derechos y obligaciones. Ahora bien, la motivación y congruencia de las decisiones como elementos constitutivos de la garantía general del debido proceso -precisados en líneas precedentes-, se encuentran vinculados directa e insoslayablemente a las resoluciones en general. En esa comprensión, corresponde señalar que la motivación, en el ámbito normativo procesal constitucional se encuentra fijado como un principio procesal de la justicia constitucional, entendida como los fundamentos y razonamientos que deben ser de fácil comprensión para las partes y la población en general. El desarrollo de la jurisprudencia constitucional ha establecido que la motivación alude a las razones en que se funda la decisión de la autoridad, de tal manera que, mediante su análisis, sea posible constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; empero, no supone que las decisiones tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; se tendrá por satisfecho Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, determina que las garantías inherentes al debido proceso, no únicamente son exigibles a nivel judicial, sino también que deben ser de obligatorio cumplimiento por cualquier autoridad pública, señalando que: `De conformidad con la separación de los poderes públicos que existe en el Estado de Derecho, si bien la función jurisdiccional compete eminentemente al Poder Judicial, otros órganos o autoridades públicas pueden ejercer funciones del mismo tipo (...). Es decir, que cuando la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un «juez o tribunal competente» para la «determinación de sus derechos», esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas. Por la razón mencionada, esta Corte considera que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos del artículo 8 de la Convención Americana´.
El debido proceso es una garantía de orden constitucional, que en virtud de los efectos de irradiación de la Constitución Política del Estado, es aplicable a cualquier acto administrativo que determine algún tipo de sanción de ése carácter que produzca efectos jurídicos que indudablemente repercuten en los derechos de las personas”. 9 El art. 3 del Código Procesal Constitucional (CPCo), establece los principios procesales constitucionales de la justicia constitucional en los siguientes términos: “Las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, así como las Juezas, los Jueces y Tribunales, a tiempo de impartir justicia constitucional, se regirán por los siguientes principios:
1. Conservación de la Norma. En los casos en que una ley admita diferentes interpretaciones, el Tribunal Constitucional Plurinacional en todo momento optará por la interpretación que sea compatible con el texto constitucional.
2. Dirección del Proceso. Por el que deben conducir la intervención de las partes y establecer los actos correctivos necesarios.
3. Impulso de Oficio. Por el que las diferentes actuaciones procesales se efectuarán sin necesidad de petición de las partes.
4. Celeridad. Que obliga a resolver los procesos evitando dilaciones en su tramitación.
5. No Formalismo. Por el que sólo podrán exigirse aquellas formalidades estrictamente necesarias para la consecución de los fines del proceso.
6. Concentración. En el proceso constitucional debe reunirse la mayor actividad procesal en el menor número de actos posibles.
7. Motivación. Que obliga a fundamentar y argumentar un fallo de forma jurídicamente razonable.
8. Comprensión Efectiva. Por el cual, en toda resolución, los fundamentos de hecho y derecho, así como los razonamientos expuestos deben ser de fácil comprensión para las partes que intervienen en el proceso y la población en general”.
aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron a la autoridad a tomar tal decisión, de modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento jurídico. Cuando se omite la motivación en las resoluciones, se asume una decisión de hecho, no de derecho, se suprime la facultad que las partes tienen de conocer las razones de la decisión, la razones para declarar en tal o cual sentido, además, se suprime una parte estructural de la resolución. Este diseño jurisprudencial respecto a las resoluciones, tiene las siguientes finalidades: 1) El sometimiento a la Constitución; 2) El convencimiento de las partes que la resolución en cuestión, observa los principios de razonabilidad, congruencia e interdicción de la arbitrariedad; 3) La posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores a través de recursos o medios de impugnación; y, 4) El control de la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. En cuanto al principio de congruencia, la jurisprudencia constitucional ha razonado que, de la inobservancia de este principio puede derivar la emisión de una resolución ultra petita, más allá de lo pedido por la parte; una resolución extra petita, algo diferente a lo 10 La SCP 0012/2006-R de 4 de enero, respecto a la motivación señaló que: “… se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla” (las negrillas y el subrayado nos pertenece), citado por la SC 0899/2010-R de 10 de agosto, SCP 0500/2015-S1 de 18 de mayo, SCP 0064/2017-S1 de 15 de febrero, SCP 0011/2018-S2 de 28 de febrero, entre otras. 11 Respecto a la ausencia de motivación, la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, estableció que: “…consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión” (las negrillas nos corresponden), citada por las SSCC 0752/2002-R de 25 de junio y 1289/2010-R de 13 de septiembre, entre otras. 12 Las finalidades de una resolución motivada, se encuentran ampliamente explicadas en la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad”.
solicitado; o, una resolución infra o citra petita, otorgando menos de lo pedido, es decir, el cumplimiento de este principio, en cuanto a la correspondencia entre lo que se pide y lo que se resuelve, configura en la esfera procesal la coherencia externa; y la observancia de este principio, también implica la concordancia del fallo, en cuanto a la correspondencia entre cada una de las partes de la resolución, lo que configura su coherencia interna. En cuando a las resoluciones de segunda instancia, implica que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada, una resolución que no tenga coherencia o congruencia, será arbitraria, por lo que puede concluirse que el principio de congruencia impone un límite al poder discrecional del juzgador, delimita o condiciona la acción del juzgador respecto al pronunciamiento de la resolución. En esa comprensión, la jurisprudencia constitucional resalta que toda resolución debe ser expresa, clara, precisa, positiva, motivada y congruente, lo que excluye cualquier posibilidad de ambigüedad, falta de claridad y precisión, tanto en sus fundamentos como en la parte resolutiva. En resumen, una resolución será arbitraria cuando sea carente, sea arbitraria o sea insuficiente de motivación; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa.
La SCP 0151/2022-S3 de 28 de marzo, citando a su vez a la SCP 0327/2016-S2 de 1 de abril, señaló que: “Resulta necesario 13 En el sentido señalado la SC 1494/2011-R de 11 de octubre, SCP 0335/2023-S1 de 28 de abril, entre otros. 14 El principio de congruencia como elemento constitutivo de la garantía general del debido proceso se encuentra sistematizado en la SCP 0794/2018-S2 de 3 de diciembre, entre otros. 15 La SCP 0049/2013 de 11 de enero, señala al respecto: “El principio de congruencia hace a la garantía del debido proceso, que en definitiva marca el desarrollo del proceso para poder llegar a la sentencia, estableciendo un límite al poder discrecional del juzgador. A través de este principio se obtiene la concordancia entre el petitum de las partes y la decisión asumida por el juez o tribunal; quedando entendido que los mismos no pueden modificar el petitorio ni los hechos planteados en la demanda. En ese sentido, el juez o tribunal no podrá iniciar una acción invocando ciertas conductas previamente tipificadas para en el curso de la sustanciación del proceso, cambiar las mismas, o peor aún, arribar a una conclusión de que fueron vulnerados otros preceptos por los cuales no se dio inicio al proceso en curso, aquello indudablemente significaría vulneración del principio de congruencia y atentatorio contra el debido proceso y el derecho a la defensa, por cuanto efectivamente se deja en indefensión al procesado quien no podrá asumir la misma de una manera efectiva, alterando inclusive la producción de la prueba de descargo”. 16 Al referirse a las cualidades de una resolución la SCP 0342/2013 de 18 de marzo, textualmente señala que: “Las sentencias ponen fin al litigio en primera instancia, deben contener decisiones expresas, positivas y precisas, recaen directamente sobre las cosas litigadas de la manera en la que fueron demandadas, y conforme a las pruebas presentadas en el proceso, en ella se llega a una conclusión final sobre el proceso principal, definiendo situaciones jurídicas, se trata de un pronunciamiento sobre la demanda de fondo; proyectan siempre al futuro y no hacia el pasado. En su estructura debe respetarse el silogismo, en que la premisa mayor está dada en la norma abstracta, la menor en la subsunción del caso concreto y la decisión final contenida en la parte dispositiva del fallo.
Al poner término al asunto principal objeto del litigio, deben estar revestidas de varios elementos componentes del debido proceso, como son: una debida motivación, pertinencia, congruencia y valoración integral de la prueba; en virtud a lo cual, como se señaló deben ser expresas, claras, precisas, positivas, motivadas y congruente, lo que excluye cualquier posibilidad de ambigüedad, falta de claridad y precisión, tanto en sus fundamentos como en la parte resolutiva”.
precisar entonces, que de acuerdo a la previsión contenida en el art. 180.I de la Ley Fundamental, que consagra los principios de la jurisdicción ordinaria, se halla contemplado el de verdad material, que comprende la superación de la dependencia de la verdad formal o la que emerge de los procedimientos judiciales, por eso es aquella verdad que concierne a la realidad, superando cualquier limitación formal que restrinja o distorsione la percepción de los hechos, a la persona encargada de juzgar a otro, o de definir sus derechos y obligaciones, arribando a una decisión injusta que no corresponda a los principios, valores y valores éticos instituidos en la Ley Fundamental y a los que todas las autoridades de todos los órganos de poder están compelidos a cumplir; en ese sentido, es lógico que a fin de efectivizar una impartición de justicia menos formalista y procesalista, dando lugar a una material y efectiva, que respete los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las personas, devenga la obligación de una correcta apreciación de los medios probatorios durante el proceso. En consecuencia, en virtud del respeto a un debido proceso, en el caso en que se denuncie omisión de valoración de los medios probatorios o apartamiento de los principios de razonabilidad y/o equidad, al igual que en el supuesto de inobservancia de fundamentación de las resoluciones judiciales o administrativas, se activa el control tutelar de constitucionalidad para su restitución; ciñéndose todo lo mencionado a los lineamientos definidos por la jurisprudencia constitucional. Sobre el particular, la SCP 0410/2013 de 27 de marzo, refirió: ‘…por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: 1) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, 3) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Claro está que además de ello, en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia de que su incumplimiento ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional. Supuestos que constituyen excepciones a la regla aludida, dado que se admite injerencia de la jurisdicción constitucional, únicamente cuando se evidencian dichas vulneraciones; empero, dicha competencia se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente’. Ahora bien, esta jurisdicción constitucional ha sido constante en exponer que para que el Tribunal Constitucional Plurinacional pueda ingresar al análisis de la valoración de la prueba, la ya citada SC 0965/2006-R, estableció que la parte procesal que se considere agraviada con los resultados de la apreciación efectuada dentro de un proceso judicial o administrativo, debe invocar la lesión a sus derechos fundamentales y expresar: ‘Por una parte, qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas (…). Asimismo, es imprescindible también, que el recurrente señale en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final; por cuanto, no toda irregularidad u omisión procesal en materia de prueba (referida a su admisión, a su práctica, a su valoración, etc.) causa por sí misma indefensión material constitucionalmente relevante, correspondiendo a la parte recurrente, demostrar la incidencia en la Resolución final a dictarse, es decir, que la Resolución final del proceso hubiera podido ser distinta de haberse practicado la prueba omitida, o si se hubiese practicado correctamente la admitida, o si se hubiera valorado razonablemente la compulsada…’. No obstante, lo anotado, es ineludible exponer que las reglas precedentes, que impone como carga procesal obligatoria a la parte accionante explicar de modo sistemático y metódico la irrazonabilidad, inequidad, omisión arbitraria, o valoración equivocada de la prueba, como ha sido explicado en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, constituyen instrumentos argumentativos, no causales de denegatoria de la acción de amparo constitucional…” (las negrillas nos corresponden).
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de congruencia, motivación y fundamentación, valoración de la prueba, interpretación de la legalidad ordinaria, seguridad jurídica, verdad material, derecho a la defensa e igualdad procesal; puesto que, en el proceso disciplinario el Director ahora accionado emitió la Resolución Final Disciplinaria de Segunda Instancia 009/2022 de 7 de abril, sin pronunciarse a los agravios formulados, sin la debida fundamentación y motivación, sin la valoración de las pruebas de descargo y sin la aplicación supletoria de la ley. De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados se concluye que la accionante, en su calidad de Notaria de Fe Pública 103 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, fue sometida a un proceso sumario disciplinario por la comisión de faltas graves seguida a denuncia de Claudia María Zamorano Sosa, hoy tercera interesada, signado como proceso disciplinario SDSC-06/2022, en el cual el Sumariante Disciplinario de Santa Cruz, Beni y Pando de la DIRNOPLU, emitió la Resolución Disciplinaria de Primera Instancia 06/2022, de 18 de marzo, declarando probada la denuncia por la comisión de la falta disciplinaria grave prevista por el art. 105 inc. h) de la Ley 483, la autorización de acto, asunto o negocio jurídico cuyo otorgamiento o realización no haya presenciado, imponiéndole la sanción de suspensión temporal de sus funciones por el periodo de ocho meses, establecido por el art. 107 inc. b) de la citada Ley (Conclusión II.1.); por lo que, mediante memorial presentado el 24 de marzo de 2022, dirigido al Sumariante Disciplinario de Santa Cruz, Beni y Pando de la DIRNUPLU presentó recurso de apelación contra la Resolución Disciplinaria de Primera Instancia 06/2022, dentro el proceso disciplinario SDSC-06/2022, fundamentando agravios (Conclusión II.2). En respuesta al recurso de apelación, el director hoy accionado, emitió la Resolución Final Disciplinaria de Segunda Instancia 009/2022 de 7 de abril, en el indicado proceso sumario disciplinario SDSC-06/2022, en el que resolvió confirmando la Resolución Disciplinaria de Primera Instancia 06/2022, pronunciado por el Sumariante Disciplinario (Conclusión II.3). En ese contexto se revisará el problema jurídico planteado vinculado esencialmente con la falta de pronunciamiento a los agravios formulados, a la falta de la debida fundamentación y motivación, la falta de valoración de las pruebas de descargo y sin la aplicación supletoria de la ley, en la que presuntamente incurrió el Director ahora accionado en la emisión de la Resolución Final Disciplinaria de Segunda Instancia 009/2022, dentro el proceso disciplinario seguido contra la accionante y que derivo en la imposición de la sanción de suspensión temporal de sus funciones como Notaria de Fe Pública, por el periodo de ocho meses. En ese entendido, a fin de establecer si los extremos denunciados son evidentes, es preciso establecer con meridiana claridad los agravios formulados por la accionante en el recurso de apelación y los fundamentos esgrimidos por el Director hoy accionado en la resolución denunciada de vulneradora a sus derechos.
En primer término, es necesario señalar que en la examinada la Resolución Final Disciplinaria de Segunda Instancia 009/2022, el Director ahora accionado identificó 11 agravios formulados en el recurso de apelación de la accionante, a los que aparentemente se pronuncia a cada uno de los agravios formulados y con la debida fundamentación para justificar su decisión. Otro aspecto que resalta en los agravios identificados en la Resolución Final Disciplinaria de Segunda Instancia 009/2022, principalmente los cuestionamientos formulados se encuentran vinculados a la actividad probatoria y específicamente a la valoración de la prueba, con la pretensión de que el Director ahora accionado la revise y la repare en caso de encontrar errores, omisiones o deficiencias; empero, el nombrado Director negó totalmente esa posibilidad por el presunto incumplimiento de requisitos formales en la formulación del recurso de apelación, señalando textualmente “…el Tribunal de Apelación se encuentra impedido de realizar una revalorización completa e integral de los elementos de prueba, puesto que la parte tenía la obligación de precisar cuál fue la errónea valoración de la prueba en que incurrió el Sumariante, fundamentado el motivo por el que en tal labor se hubiera alejado de los marcos de razonabilidad y equidad; asimismo, señalar cual es la infracción a las reglas de la sana critica, al respecto es necesario recordar que el Auto Supremo 417/2015-RRC de 25 de junio…” (sic) complemento que la “…apelante debe realizar una motivación tal que permita el Tribunal de apelación identificar cuales fueron esas reglas de la sana critica que fueron infringidas y desconocidas…” (sic), para concluir que el Sumariante Disciplinario en el considerando V de la resolución objeto de apelación “…consideró un conjunto de elementos probatorios que le llevaron a generar convicción sobre la existencia del hecho, no existiendo agravio respecto a la valoración probatoria que se realizó” (sic). Al respecto es necesario efectuar algunas precisiones, como el hecho de que en el ámbito administrativo rige el principio de informalismo; por cuanto, no se puede pedir al administrado, respecto a la accionante sumariada el cumplimiento exacto de los requisitos formales en la técnica recursiva al formular sus agravios en su recurso de apelación; por lo que, el Director ahora accionado se encontraba impelido a efectuar una revisión de la valoración de la prueba y en caso de encontrar defectos o errores u omisiones, ingresar a una valoración de la prueba para corregirlos. El Director hoy accionado para darle sustento a su afirmación, efectúo una cita de la jurisprudencia -AS 417/2015-RRC, se presume del Tribunal Supremo de Justicia-, sin señalar si la misma, tiene un carácter vinculante o justificar cual la razón de su aplicación en el ámbito administrativo sancionador, específicamente en el proceso disciplinario a los Notarios de Fe Pública. El Director ahora accionado al concluir de que el Sumariante Disciplinario en el considerando V de la resolución apelada -Resolución Disciplinaria de Primera Instancia 06/2022-“…consideró un conjunto de elementos probatorios que le llevaron a generar convicción sobre la existencia del hecho” (sic), no señaló expresa y específicamente cuales fueron esos elementos probatorios que generaron la convicción sobre el hecho objeto del proceso disciplinario y que sustentan la decisión asumida, quedando inconclusa ese razonamiento, por cuanto sin justificación alguna la citada Resolución impugnada en ese aspecto. Ahora bien, de la lectura del recurso de apelación, interpuesto por la accionante en el memorial presentado el 24 de marzo de 2022 (fs. 800 a 815 vta.), se puede advertir que el mismo se caracteriza por sus desordenados, confusos y repetitivos agravios, los mismos que contienen cuestionamientos vinculados a la actividad probatoria y específicamente a la valoración de la prueba efectuada por el Sumariante Disciplinario, además, a los cuestionamientos referidos a la pretensión de invalidar actos notariales extra protocolares que gozan de presunción de legalidad, a la consideración del desistimiento formulado por la denunciante en el proceso disciplinario, la sanción impuesta y la observancia de los principios jurídicos; en ese entendido, con el propósito de establecer orden, claridad y precisión en los agravios formulados, esos pueden agruparse en los siguientes términos: Primero.- El agravio se encuentra referido a la pretensión de invalidar actos notariales extra protocolares que gozan de presunción de legalidad al expresar que con la denuncia disciplinaria se cuestiona la validez de un acto notarial extra protocolar (acta de verificación de domicilio) y se pretende la nulidad del mismo; no obstante, al gozar de presunción de legalidad solamente puede ser cuestionado y anulado a través de un procedimiento judicial y no de un procedimiento disciplinario, como el sumario administrativo disciplinario, pretendiendo dirimir o establecer la legalidad de ese acto a través del procedimiento disciplinario en su contra con el argumento de que su persona no hubiese participado del acto notarial (acta de verificación de domicilio) vinculado a un proceso penal entre su denunciante ahora tercera interesada y su ex esposo y otros, en la que existe un rechazo de denuncia, en ese entendido el Sumariante Disciplinario carece totalmente de competencia para dilucidar la invalidez del Acta 34/2020. Al respecto el Director hoy accionado se pronunció señalando que el Sumariante Disciplinario no tiene facultad de dilucidar la validez o no de un acto notarial, por lo que la Resolución Final Disciplinaria de Segunda Instancia 009/2022 no ha entrado a considerar la validez de una escritura pública -específicamente concierne a un acto notarial extra protocolar-, puesto que todo el análisis realizado fue respecto a la denuncia del hecho “no estuvo presente durante la verificación domiciliaria”; por lo que, no es correcto el agravio y no corresponde su consideración. En esos términos, el Director ahora accionado se pronunció dando cuenta de que el proceso disciplinario desarrollado está destinado exclusivamente a establecer la responsabilidad disciplinaria de la accionante, en el marco de la Ley 483, siendo un pronunciamiento debidamente fundamentado y motivado. Segundo.- Los agravios formulados se encuentran vinculados a la actividad probatoria y específicamente a la valoración de la prueba efectuada por el Sumariante Disciplinario, si bien no se encuentran desarrollados conforme a una adecuada técnica recursiva; empero, como se dijo en líneas precedentes, es necesario tomar en cuenta que en el derecho administrativo rige el principio de informalismo a favor del administrado, quien se encuentra en situación de inferioridad de condiciones en su relación con el Estado; por consiguiente ese principio no rige a favor de la administración, que ésta obligada al cumplimiento de todas las formalidades establecidas por las normas, aplicables en su relación con las personas; por lo que, la administración o la autoridad encargada de tramitarlo, tiene la obligación de corregir las equivocaciones formales del administrado y debe resolverlo en el fondo, puesto que, lo materialmente importante, no es el cumplimiento de las formalidades en el procedimiento administrativo, sino la búsqueda de la verdad material, la vigencia de los derechos de las personas; en ese entendido, cuando un administrado demuestre su inconformidad con la decisión asumida por una autoridad administrativa y reclama esa decisión, debe razonarse siempre que, lo que está haciendo el administrado es impugnar la resolución por que no la acepta, por lo que, las autoridades deben considerar ese cuestionamiento, lo que implica siempre la posibilidad de la revisión del acto administrativo, la revisión de la resolución impugnada. En esa comprensión, negar o rechazar la posibilidad de una revisión de la Resolución Final Disciplinaria de Segunda Instancia 009/2022, emitida por 17 Respecto al alcance del principio de informalismo en el ámbito administrativo, la SC 0992/2005-R de 19 de agosto, estableció que: “Con referencia el principio de informalismo, es necesario también dejar establecido que éste rige a favor del administrado, por la condición técnica de ciertas agencias, órganos y labores que cumple la administración pública, lo que lo sitúa en inferioridad de condiciones en su relación con el Estado, por ello no rige a favor de la administración, estando más bien ésta obligada al cumplimiento de todas las formalidades establecidas por las normas aplicables a su relación con las personas”. 18 Respecto al alcance del principio de informalismo en el ámbito administrativo, la SC 0755/2007-R de 24 de septiembre, estableció: “De la jurisprudencia glosada, se extrae, como aplicaciones prácticas del principio de informalismo, que la administración tiene la obligación de corregir las equivocaciones formales del administrado; así, cuando éste se equivoque en el destinatario de un recurso administrativo, la administración tiene la obligación de corregir ese error formal y remitir el recurso ante la autoridad que le corresponde tramitarlo; de igual forma, aun cuando exista una equivocación en la denominación del recurso, la autoridad encargada de tramitarlo debe resolverlo en el fondo, ya que lo materialmente importante en un procedimiento administrativo no es el cumplimiento de las formalidades, sino la búsqueda de la verdad material, así como la vigencia de los derechos de las personas; de tal modo que, cuando un administrado demuestre su inconformidad con lo resuelto por una autoridad administrativa y reclama esa decisión, debe siempre razonarse que lo que está haciendo el administrado es impugnar la resolución por que no la acepta; en consecuencia, las autoridades deben considerar ese cuestionamiento por medio de las vías recursivas previstas, sean ante la misma autoridad (revocatoria) o ante el superior (jerárquico), vías que pueden tener otra denominación, pero que siempre implican la posibilidad de la revisión del acto administrativo”.
el Director hoy accionado, con el fundamento de que la accionante incumplió los requisitos formales (identificar cuáles fueron las reglas de la sana critica que fueron infringidas y desconocidas) en la formulación del recurso de apelación, es un exceso que contraria el principio de informalismo, por lo que el Director ahora accionado se encuentra impelida a efectuar una revisión de la actividad probatoria, específicamente respecto a la valoración de la prueba realizada por el Sumariante Disciplinario, para que en caso de encontrar defectos o errores u omisiones, tenga que corregirlos con la debida fundamentación y motivación. En ese sentido, en los agravios formulados por la accionante cuestionan: 1) La admisión de la prueba de cargo de la denunciante consistente en CD de videograbación de seguridad del Condominio Colonial Norte, con tres horas y media de duración -no incluido en el informe pericial del IITCUP-, denunciando su dudosa procedencia o la licitud de su obtención y la imposibilidad de ser producida en la etapa probatoria; por cuanto, afirma que no puede ser sustento de la resolución sancionatoria; 2) La valoración probatoria solo de la declaraciones testificales de cargo (Martha Lourdes Zankys Añez, Luis Alberto Zamorano Sosa) y omitiéndose las declaraciones testificales o declaraciones voluntarias ante Notario de Fe Pública, de descargo (Ruddy Erland Antelo Paz, Rudy Irigoyen Baldelomar y Bruna Antelo Paz), los mismos que además, permiten arribar a conclusiones contradictoria y generar duda respecto al hecho objeto del proceso disciplinario; 3) La falta de consideración del desistimiento, solicitud de extinción de la acción por perdida de objeto y archivo de obrados formulado por la denunciante en el proceso disciplinario, mediante memorial de 14 de marzo de 2022, extremo que impone al Director ahora accionado, a pronunciarse sobre la aplicación supletoria de la Ley del Procedimiento Administrativo o la no aplicación del mismo al proceso administrativo disciplinario; 4) En consecuencia, afirma que no hay prueba fehaciente y científica que acredite que su persona no estuvo en el acto de verificación de domicilio -objeto del proceso disciplinario-, al contrario, mediante Oficio 731/2022 de 9 de marzo, el IITCUP concluyó que “…no se puede identificar específicamente a ninguna persona de forma taxativa y sin cuestionamientos” (sic), por lo que no se puede sancionar por la comisión de una falta disciplinaria grave, si no se llegó a demostrar la denuncia, lo contrario implicaría que la resolución sancionatoria se encuentre sustentadas en afirmaciones subjetivas; y, 5) Ante el caso de existir duda sobre la existencia del hecho objeto del proceso disciplinario, cuestiona la falta de aplicación del principio in dubio pro disciplinario en su favor; por cuanto, la resolución sancionatoria no puede estar sustentada en la existencia de duda respecto al hecho objeto del proceso disciplinario.
Tercero.- En los agravios formulados por la accionante también se cuestionan aspectos vinculados a la imposición de la sanción disciplinaria, tomando en cuenta que las faltas graves merecen dos tipos de sanciones: i) Suspensión temporal en meses; o, ii) Multa de salarios mínimos nacionales; en ambos casos reconocen limites mínimos y máximos (art. 107 inc. b) de la Ley 483, en ese entendido, se denuncia las siguientes omisiones: a) La falta de consideración especifica de sus antecedentes disciplinarios -no registra antecedentes-; b) Las atenuantes o agravantes; c) Si la denuncia comprende una sola falta, d) La vulnerabilidad de los afectados, e) La conducta durante y después del hecho (circunstancias previstas en el Protocolo de Actuaciones de los Procesos Sumarios Disciplinarios); y, f) Otro aspecto que también merece atención especial en este tema la aplicación de la sanción de proporcionalidad. El pronunciamiento que debe merecer del Director ahora accionado en todos los aspectos precisados en líneas precedentes, deben necesariamente contar con la debida fundamentación y motivación, tomando en cuenta que esos elementos, forman parte del derecho al debido proceso, por lo que importa desarrollar las razones jurídicas que sustentan la decisión, las justificaciones necesarias de cada uno los aspectos desglosados, de tal modo que la resolución que se vaya a emitir se encuentre fundada en derecho y no en la arbitrariedad. Por los razonamientos desplegados, se concluye que el Director hoy accionado incurrió en la vulneración de los derechos fundamentales denunciados por la accionante (segundo y tercero punto desarrollados), correspondiendo reparar o salvaguardar los mismos, mediante la nulidad de la Resolución Final Disciplinaria de Segunda Instancia 009/2022, debiendo emitir uno nuevo reparando los derechos vulnerados, en los términos expuestos en la presente sentencia constitucional plurinacional, debidamente fundamentados y motivados. En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder la tutela solicita, aunque con otros fundamentos, obró de manera parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 38 de 9 de mayo de 2022, cursante de fs. 898 a 902 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada respecto al segundo y tercer punto consignado en el análisis del caso concreto del presente fallo constitucional, disponiendo: a) Dejar sin efecto la Resolución Final Disciplinaria de Segunda Instancia 009/2022 de 7 de abril, emitido por Leónidas Milton Barón Hidalgo, Director a.i. de la Dirección del Notariado Plurinacional, en el proceso disciplinario seguido contra la accionante; y, b) La emisión de una nueva resolución por el Director hoy accionado, reparando las vulneraciones a los derechos fundamentales denunciados en la presente acción de defensa, con base en los fundamentos y justificaciones de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
2º DENEGAR la tutela solicitada, respecto al primer punto consignado en el análisis del caso concreto del presente fallo, con base en los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
5 El debido proceso como garantía general en la jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, fue referido en las SSCC 902/2010-R de 10 de agosto, 0981/2010-R de 17 de agosto, 1145/2010-R de 27 de agosto, entre otros.
6 El debido proceso como garantía general en la jurisprudencia del actual Tribunal Constitucional Plurinacional, fue referido en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0270/2012 de 4 de junio, 2493/2012 de 3 de diciembre, 0903/2019-S4 de 16 de octubre, 0618/2018-S1 de 11 de octubre, entre otros.
7 La jurisprudencia constitucional pronunciada en la SCP 1840/2013 de 25 de octubre, formuló razonamientos respecto al contenido, alcance o los elementos constitutivos del debido proceso.
8 El FJ III.4.1 de la SCP 0567/2012 de 20 de julio, señala que: "La Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948, en su art. 7 dispone: `Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley´.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0788_2023-S3.pdf · páginas 1 a 20.
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