Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 12 de julio de 2023
Concede la tutela
El accionante alega la lesión del debido proceso, debido a que el Fiscal de Materia demandado provocó suspensiones de audiencia por su inasistencia a las audiencias que el Juez ha fijado a objeto de considerar la homologación de un acuerdo conciliatorio que fue suscrito cumpliendo lo establecido por los arts. 323.2 del CPP y 46.IV de la Ley 348; situación que vulnera sus derechos porque él permanece en detención preventiva; por lo que, solicita se ordene o recomiende al Fiscal de Materia ahora demandado que asista a la audiencia que se tiene programada para el 20 de abril de 2020 a horas 14:30. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes aspectos: a) La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante; b) Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; c) Sobre la conciliación en asuntos de violencia familiar o doméstica; y, d) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 22/2022 de 13 de abril, cursante de fs. 10 a 11, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, en la modalidad traslativa y de pronto despacho, con la aclaración que no se ingresó al análisis del acuerdo conciliatorio suscrito por el accionante y la víctima; análisis que la autoridad jurisdiccional debe efectuar considerando el razonamiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional. 2° Llamar la atención al Fiscal de Materia demandado por no asistir a la audiencia de homologación de acuerdo conciliatorio de 5 de abril de 2022 y se le conmina a hacerse presente a todas las audiencias que estén vinculadas a las peticiones de los privados de libertad, así como aquellas donde existan víctimas de violencia en razón de género, advirtiéndole que si nuevamente causa dilación en este tipo de casos se remitirán antecedentes para su procesamiento.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0788/2023-S1 Sucre, 12 de julio de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 47071-2022-95-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 22/2022 de 13 de abril, cursante de fs. 10 a 11, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Deivith Fernando Quisbert Huallpa contra Javier Flores Huanca, Fiscal de Materia.
Por memorial presentado el 13 de abril de 2022, cursante a fs. 3 y vta., el accionante expuso los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el Juez de la causa dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz. Posteriormente de manera voluntaria la víctima en aplicación de los arts. 323.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 46.IV de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013- y al ser la primera vez presentó al Fiscal de Materia memorial solicitando conciliación, habiéndose suscrito la misma ante dicha autoridad; sin embargo, hasta la fecha de interposición de la presente acción de defensa se encuentra detenido, debido a que el Fiscal de Materia no asiste a las audiencias de homologación dispuestas por el Juez de la causa, suspendiéndose de mera reiterada el actuado por culpa atribuible al Fiscal de Materia, Javier Flores Huanca, incluso ante las inasistencias del Ministerio Público a la audiencia de homologación referida, el Juez de la causa ofició al Fiscal Departamental haciendo conocer dicho extremo.
El accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso, citando al efecto el art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada disponiendo que el Fiscal de Materia -ahora demandado-, se presente a la audiencia de homologación de conciliación para la cual ya fue legalmente notificado.
La audiencia pública de consideración de la presente acción de libertad, fue llevada a cabo el 13 de abril de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 8 a 9 vta.; produciéndose los siguientes actuados:
En audiencia de consideración de la presente acción de libertad, el accionante por intermedio de su abogado, ratificó lo expuesto en su memorial de interposición de la presente acción de defensa y ampliando los términos señaló lo siguiente: a) Efectivamente, el anterior Fiscal de Materia tuvo problemas de orden legal, motivo por el cual tuvieron que precintar su oficina; empero, antes de que ello ocurra se envió a la autoridad jurisdiccional la resolución de conciliación, misma que se encuentra en el expediente que está a cargo de la autoridad judicial y lo único que falta es su homologación en aplicación del art. 323.II del CPP; b) Las audiencias suspendidas por inasistencia del representante del Ministerio Público son las de 8, 17 y 31 de marzo y 5 de abril todas de 2022, desconociendo el demandado lo establecido en la SCP “134/2018”, que dice que cuando se trata de una solicitud realizada por un privado de libertad, el pedido debe ser atendido con la premura del caso; c) Ante el cambio de Fiscal de Materia, sus abogados se comunicaron verbalmente con la nueva autoridad fiscal indicándole que no podía faltar a la audiencia del 5 del citado mes y año, momento en que dicha autoridad se comprometió a asistir; sin embargo, llegado el momento nuevamente se suspendió la audiencia por su inasistencia; d) Se envió al Fiscal Departamental de La Paz un memorial solicitando se reasigne nuevo Fiscal de Materia; asimismo, también cursa notificación para la nueva audiencia a celebrarse el 20 de igual mes y año a horas 14:30; y, e) Si llega a salir procedente o improcedente la presente acción tutelar, de todas maneras se pide recomiende al Fiscal de Materia asistir a la nueva audiencia fijada para el 20 del citado mes y año a horas 14:30.
Javier Flores Huanca, Fiscal de Materia, en audiencia expuso los siguientes extremos: 1) Se debe tomar en cuenta que recientemente se le asignó el presente caso puesto que anteriormente se encontraba cumpliendo funciones en la ciudad de El Alto del departamento de La Paz; por lo que, para dejar sus anteriores funciones tuvo que inventariar los procesos que ahí tenía para su correspondiente entrega; 2) La oficina del Fiscal de Materia Jhasmani Edwing Mita Larrea, no se le entregó de manera oficial debido a que la misma se encontraba precintada y todos los documentos estaban bajo resguardo, por la naturaleza de los hechos que tenía en su contra, hecho que debe ser evaluado; 3) No es como argumenta el abogado del accionante, no asistió a la audiencia de 5 de abril de 2022, debido a que no tenía el cuaderno de investigaciones para entender la problemática, puesto que a esa fecha no se le entregó los cuadernos de investigación; es así que, bajo el principio de razonabilidad se debe valorar que previamente debía recibir del nuevo despacho con alrededor de 1600 cuadernos de investigación, los cuales debía recibir mediante inventario por la responsabilidad que acarrea; 4) Otro elemento que debe ser evaluado, es que los equipos de computación del anterior Fiscal de Materia también fueron secuestrados; sin embargo, pese aquellos contratiempos se dio los modos para hacer algunas gestiones, aclara que a la fecha ya se encuentra en posesión de todos los cuadernos de investigación y se está regularizando todo, y hace notar que el retraso no es por negligencia; y, 5) Fue notificado con la nueva audiencia programada para el 14 del citado mes y año, y como ya se encuentra en su poder el cuaderno de investigación, va asistir a la misma, pero aclara que revisado el mismo, no se encuentra la resolución de homologación.
El Juez de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, mediante Resolución 22/2022 de 13 de abril, cursante de fs. 10 a 11, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes argumentos: i) Se tomó por ciertas las alegaciones expuestas por parte del Fiscal de Materia demandado, en sentido que recién se encuentra asumiendo el conocimiento del proceso y si bien para el 5 del citado mes de 2022, ya se encontraba ejerciendo el cargo; empero, no asistió debido a que no fueron entregados ni la oficina menos los cuadernos de investigación por los problemas legales que acontecieron; ii) La inasistencia fue a raíz del conflicto con el anterior Fiscal de Materia y la excesiva carga procesal; por lo que, se encuentra justificada la misma; así también señala que se está tomando en cuenta la promesa que realizó el Fiscal de Materia demandado en esa audiencia respecto a que se va hacer presente de manera inexcusablemente en la siguiente audiencia señalada para el 20 de igual mes y año; y, iii) En caso de insistirse nuevamente existirá una vulneración del derecho a la libertad del accionante, siendo ya pasible a responsabilidades funcionarias emergentes.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial presentado por Andrea Rita “Savatierra” Camargo, mediante el cual pone en conocimiento de la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género y Violencia Sexual, el patrocinio de un nuevo abogado y pide se fije audiencia de conciliación; toda vez que, la agresión ocurrió por primera vez (fs. 2 y vta.).
El accionante alega la lesión del debido proceso, debido a que el Fiscal de Materia demandado provocó suspensiones de audiencia por su inasistencia a las audiencias que el Juez ha fijado a objeto de considerar la homologación de un acuerdo conciliatorio que fue suscrito cumpliendo lo establecido por los arts. 323.2 del CPP y 46.IV de la Ley 348; situación que vulnera sus derechos porque él permanece en detención preventiva; por lo que, solicita se ordene o recomiende al Fiscal de Materia ahora demandado que asista a la audiencia que se tiene programada para el 20 de abril de 2020 a horas 14:30. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes aspectos: a) La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante; b) Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; c) Sobre la conciliación en asuntos de violencia familiar o doméstica; y, d) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0259/2018-S2 de 18 de junio, asumió el siguiente razonamiento:
La jurisprudencia constitucional entendió inicialmente a través de las SSCC 1068/00-R de 15 de noviembre de 2000 y 1388/2002-R de 18 de noviembre, entre otras, que para la concesión del entonces recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, debería existir prueba que demostrara las afirmaciones del accionante. Posteriormente, a través de las SSCC 1164/2003-R de 19 de agosto y 0785/2010-R de 2 de agosto, se determinaron excepciones a la denegatoria de la acción de libertad por falta de pruebas, aplicando el principio de presunción de veracidad, en los siguientes supuestos: 1) Cuando las autoridades demandadas no asistieron a la audiencia ni presentaron el informe correspondiente para desvirtuar las afirmaciones de la o el impetrante de tutela, supuestos en los cuales, se tienen por ciertas las afirmaciones contenidas en la demanda tutelar; y por ende, se concede la tutela; razonamiento aplicado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0224/2012, 1329/2012, 2498/2012 y 0029/2014-S1, entre otras; y, 2) Cuando las autoridades demandadas, a pesar de comparecer, no negaron los hechos alegados por la o el solicitante de tutela; razonamiento aplicado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1974/2013, 0100/2014 y 0207/2014, entre otras.
En el mismo sentido, la SC 0038/2011-R de 7 de febrero, refiere sobre la presunción de veracidad de los hechos demandados por el accionante; estableciendo que, atendiendo a los principios constitucionales de compromiso e interés social, de responsabilidad que rigen la función pública y a la naturaleza de los derechos tutelados por la acción de libertad, señala: “…cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos”. Entendimiento que fue reiterado, entre otras, por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0320/2016-S3 de 3 de marzo y 0037/2018-S2 de 6 de marzo.
En consecuencia, la parte demandada tiene la obligación, por su propio interés, de presentar la prueba necesaria y suficiente que permita desestimar una acción presentada en su contra, pues su negligencia puede dar lugar a determinarle responsabilidad, más aún, cuando se trata de un servidor público, que tiene el deber de elevar un informe con la prueba suficiente ante el juez o tribunal de garantías y estar presente en la audiencia; pues de lo contrario, se presume la veracidad de los hechos o actos denunciados por la o el accionante.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, asumió el siguiente razonamiento:
1El FJ III.3, sostiene: “Según señala la doctrina del Derecho Administrativo, el servidor público ʽ…es la persona física, que desempeña un trabajo material, intelectual o físico dentro de alguno de los Poderes del Estado, bajo un régimen jurídico de derecho público, y que lleva como finalidad atender a necesidades sociales.´ (SÁNCHEZ GÓMEZ, citado en PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Bernardo. Ética del abogado y del servidor público. 12ª ed. Méjico, 2006. p. 127). Tradicionalmente, para garantizar el logro de los fines del Estado, la función pública ha implicado una posición de autoridad respecto a los administrados; sin embargo, conforme a la doctrina contemporánea del Derecho Administrativo, dicha autoridad no es un fin en sí misma, sino un medio para un efectivo servicio a la sociedad.
Con esa orientación, el art. 232 de la CPE, establece que: ʽLa Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados´ (negrillas agregadas) y el art. 235.1 de la misma Ley Fundamental, consagra que la primera y más importante obligación de las servidoras y servidores públicos, es cumplir la Constitución y las leyes.
Partiendo del marco doctrinal y constitucional referido, se debe señalar que en el caso de la acción de libertad, atendiendo especialmente a los principios de compromiso e interés social y de responsabilidad que rigen la función pública, así como a la naturaleza de los derechos tutelados por esa garantía jurisdiccional, cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos.
En ese sentido, la SC 1164/2003-R de 19 de agosto de 2003 señaló: ʽLos hechos denunciados por el recurrente no han sido desvirtuados por la autoridad demandada al no haber concurrido a la audiencia de Ley ni haber presentado su informe no obstante de su legal citación (…) lo que determina la procedencia del recurso´ y la SC 0650/2004-R de 4 de mayo, determinó: `…el funcionario recurrido, una vez citado legalmente con el recurso no comparece a la audiencia del hábeas corpus y no presenta informe alguno, por lo mismo, no niega ni desvirtúa las denuncias formuladas por el recurrente; en ese caso, el silencio del recurrido será considerado como confesión de haber cometido el hecho ilegal o indebido denunciado en el recurso´; entendimientos reiterados, entre otras, por las SSCC 0141/2006-R, 020/2010-R y 0181/2010-R.
Así, siguiendo esa línea la SC 0785/2010-R de 2 de agosto, refirió: ʽ…se tendrán por probados los extremos denunciados cuando las autoridades denunciadas, no desvirtúen los hechos demandados, situación que concurre cuando no obstante su legal notificación no comparecen a la audiencia ni presten su informe de ley´”.
La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a la libertad física como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo por constituir un derecho inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima con el propósito que este derecho, goce de protección especial cuando se pretenda lesionarlo o esté siendo amenazado de lesión. A ese efecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una lesión a producirse o correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida.
Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, el que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del que se encuentra el hábeas corpus instructivo, que se admite cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado con el derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos; debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-.
2El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente…”.
El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente…”.
El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad…”. 3El FJ. III.5, refiere que: “El primer (instructivo); hace referencia a la supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física.
Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…)
Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.
Con ese razonamiento, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, por cuanto la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad.
Al respecto el Voto Disidente de la SCP 0709/2018-S2 de 31 de octubre, asumió el siguiente razonamiento:
A partir de la vigencia del Código de Procedimiento Penal, uno de los lineamientos del sistema procesal penal, fue el establecimiento de mecanismos procesales destinados a obtener soluciones prontas y razonables del conflicto, conocidos como salidas alternativas del juicio ordinario, entre ellas, el instituto procesal de la conciliación.
En el ámbito nacional, de acuerdo a lo establecido en el inciso 7) del art. 27 del CPP, la conciliación constituye uno de los motivos por los cuales se extingue la acción penal. Además, representa una forma de reintegrar a las partes en conflicto, derivado de un hecho delictivo; es decir, a la víctima y al imputado, a fin de llegar a una solución; sin que ello represente que el Estado quede al margen; ya que a través de las autoridades judiciales, la promueve en los casos permitidos por ley, conforme establece el art. 67 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ); siendo concordante a esta prescripción normativa, el art. 327 del CPP, modificado por el art. 8 de la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal -Ley 586 de 30 de octubre de 2014-, estableciendo que su procedencia se sujetará a la normativa especial vigente. En este marco, el referido art. 67.III de la LOJ, dispone que: “No está permitida la conciliación en temas de violencia intrafamiliar o doméstica…”; en concordancia con esta disposición, el art. 46 de la Ley 348, prescribe:
institución receptora de denuncias ni su personal, podrá promover la conciliación ni suscripción de ningún tipo de acuerdo entre la mujer y su agresor, bajo responsabilidad. (...)
III. No se reconoce la conciliación bajo presión a la víctima o para evitar carga procesal, bajo responsabilidad funcionaria.
IV. Excepcionalmente la conciliación podrá ser promovida únicamente por la víctima, sólo por única vez y no siendo posible en casos de reincidencia (las negrillas son introducidas).
De modo tal, que el parágrafo I del citado art. 46 de la Ley 348, contiene un mandato imperativo, traducido en la prohibición de la conciliación, en aquellos delitos que contienen hechos de violencia contra las mujeres, que comprometen su vida e integridad sexual, entre los cuales, estarían inmersos los tipos penales de feminicidio, homicidio suicidio, aborto forzado, lesiones gravísimas, violación, abuso sexual, acoso sexual, actos sexuales abusivos, padecimientos sexuales, incumplimiento de deberes de protección a mujeres en situación de violencia, así como la violencia familiar o doméstica, que se halla contemplada en el art. 272 bis del Código Penal (CP). Por lo que, el legislador trató con especial cuidado, la posibilidad de conciliar, ya que expresamente estableció su prohibición como regla. A propósito de este instituto procesal, el CEDAW, en la Recomendación General 33, citada en el anterior Fundamento, estableció que en cuanto a los procesos alternativos de resolución de conflictos, recomienda a los Estados que se aseguren que los casos de violencia contra las mujeres, incluida la violencia doméstica, bajo ninguna circunstancia, se remitan a cualquiera de los procedimientos alternativos de solución de controversias.
En la Recomendación efectuada al Estado de Bolivia el 2015, el CEDAW observó la prevalencia de diferentes formas de violencia contra las mujeres; así como el extremado bajo número de procesamientos y condenas de los autores en los casos de violencia contra la mujer y la remisión de casos de violencia contra las mujeres a los procedimientos de conciliación, a pesar de estar prohibido. A partir de las observaciones realizadas, el CEDAW recomendó a Bolivia, entre otras medidas:
(C) Asegurar que todos los casos de violencia contra las mujeres, incluidos los casos de feminicidio y la violencia sexual, sean investigados de manera efectiva, y los perpetradores enjuiciados y castigados adecuadamente;
(D) Velar por que los casos de violencia contra la mujer, incluida la violencia doméstica, bajo ninguna circunstancia sean derivados a procedimientos alternativos de solución de controversias; (…) [las negrillas son nuestras].
En similar sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en las recomendaciones efectuadas al Estado boliviano, mencionó que:
…conciliación asume que las partes involucradas se encuentran en igualdad de condiciones de negociación, lo que no sucede en el ámbito de la violencia intrafamiliar. Es reconocido internacionalmente que la conciliación en casos de violencia intrafamiliar no es recomendable. En efecto, se ha verificado que los acuerdos realizados en el marco de la mediación aumentan el riesgo físico y emocional de las mujeres, por la desigualdad en las relaciones de poder entre las partes. Además, los acuerdos generalmente no son cumplidos por el agresor y no abordan las causas y consecuencias de la violencia en sí mismas.
De igual manera, el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), que es la responsable de analizar y evaluar el proceso de implementación de la Convención de Belém do Pará dentro de los Estados, recomienda:
…prohibir los métodos de conciliación, mediación y otros orientados a resolver extrajudicialmente casos de violencia contra las mujeres. En caso de que ya cuenten con dicha prohibición recomienda a los Estados armonizar su legislación procesal con esta prohibición, a fin de evitar que en casos de violencia contra las mujeres se requiera la audiencia de conciliación… Esta prohibición se justifica, por los efectos contraproducentes en el acceso a la justicia para las víctimas y la erradicación de la violencia; y, atendiendo la problemática desde una visión más amplia, resultaría difícil no exponer a la víctima a un potencial escenario de violencia; además que, no garantiza una real protección ni un tratamiento integral del problema que permita romper y erradicar este ciclo de violencia ejercido; además, no se debe obviar que uno de los principales problemas que presenta conciliar este tipo de asuntos, es el desbalance de poder entre las partes, como se vio en el Fundamento Jurídico precedente.
6En el Caso Loayza Tamayo Vs. Perú, a través de la Sentencia de 17 de septiembre de 1997 sobre el Fondo, la Corte IDH pronunciándose respecto al carácter vinculante de las recomendaciones de la CIDH, en sus párrafos 80 y 81, estableció que:
“80. …en virtud del principio de buena fe, consagrado en el mismo artículo 31.1 de la Convención de Viena, si un Estado suscribe y ratifica un tratado internacional, especialmente si trata de derechos humanos, como es el caso de la Convención Americana, tiene la obligación de realizar sus mejores esfuerzos para aplicar las recomendaciones de un órgano de protección como la Comisión Interamericana que es, además, uno de los órganos principales de la Organización de los Estados Americanos, que tiene como función ‘promover la observancia y la defensa de los derechos humanos’ en el hemisferio (Carta de la OEA, artículos 52 y 111).
81. Asimismo, el artículo 33 de la Convención Americana dispone que la Comisión Interamericana es un órgano competente junto con la Corte ‘para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados Partes’, por lo que, al ratificar dicha Convención, los Estados Partes se comprometen a atender las recomendaciones que la Comisión aprueba en sus informes”. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_33_esp.pdf 7Informe de la CIDH de 28 junio 2007. Acceso a la justicia e inclusión social: El Camino hacia el Fortalecimiento de la Democracia en Bolivia, Capítulo V, Derecho de las Mujeres., párrafo 338.
Disponible en: https://www.cidh.oas.org/countryrep/bolivia2007sp/Bolivia07cap5.sp.htm#_ftn279 8Segundo Informe Hemisférico sobre la Implementación de la Convención Belem do Pará. MESECVI-abril 2012, págs. 28 y 29.
Disponible en: http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/MESECVI-SegundoInformeHemisferico-ES.pdf
En la misma línea, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 1961/2013 de 4 de noviembre, se refirió en el análisis del caso concreto -Fundamento Jurídico III.2-, sobre la prohibición de conciliar, en aquellos procesos penales derivados de hechos de violencia familiar y doméstica, indicando:
En el caso concreto, el accionar al margen del ordenamiento jurídico por parte de las servidoras públicas demandadas, amenazó el derecho a la vida de la accionante en sus vertientes integridad psicológica y física, pues independientemente de si evidentemente fue o no víctima de violencia intrafamiliar, al estar en curso una denuncia penal y medidas de seguridad impuestas, todas las autoridades públicas tienen el deber supremo de no arriesgar la vida ni la integridad física y emocional de las mujeres supuestamente agredidas; en esa dimensión al volver a citarla a efectos de reunirla con su agresor y crear nuevos escenarios angustiantes procurando una conciliación prohibida por la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, incurrieron en persecución indebida que eventualmente pone en riesgo el derecho a la integridad personal que conglomera al derecho a la integridad psicológica y en definitiva a la vida digna de la accionante; así cabe recordar lo estipulado por el art. 46 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, que establece que la conciliación está prohibida en cualquier hecho de violencia contra las mujeres, que comprometa su vida e integridad sexual. Ninguna institución receptora de denuncias ni su personal, podrá promover la conciliación ni suscripción de ningún tipo de acuerdo entre la mujer y su agresor, bajo responsabilidad (el resaltado es ilustrativo).
Cabe señalar, que los estándares de los Sistemas Universal e Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, con relación a la discriminación y violencia en razón de género, deben ser aplicados por todas las juezas, jueces y tribunales, en el marco de las obligaciones asumidas por el Estado boliviano, del control de convencionalidad y de las normas constitucionales contenidas en los arts. 13 y 256 de la CPE. Dichos estándares se encuentran sistematizados en el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, aprobado por el Tribunal Supremo de Justicia mediante Acuerdo de Sala Plena 126/2016 de 22 de noviembre; el cual, debe ser aplicado de manera obligatoria por las autoridades jurisdiccionales.
Ahora bien, del conjunto de disposiciones legales desarrolladas, a partir de un análisis integral de las mismas, se puede concluir que la normativa interna boliviana, en el marco de los derechos reconocidos en el art. 15 de la CPE y los estándares internacionales de protección de los Derechos Humanos, incluidas las recomendaciones efectuadas al Estado boliviano, no admiten la conciliación en hechos de violencia familiar o doméstica, por la desigualdad de condiciones entre las partes, acentuado por el vínculo afectivo y familiar que media y que hacen más probable viciar la voluntad de la víctima.
Complementando este análisis con lo establecido en el parágrafo IV del mencionado art. 46 de la Ley 348, se abre una excepcionalidad respecto a la posibilidad de conciliar, conforme al siguiente texto: “Excepcionalmente la conciliación podrá ser promovida únicamente por la víctima, sólo por única vez y no siendo posible en casos de reincidencia”.
Ahora bien, a partir de los argumentos señalados en párrafos precedentes, dicha excepción debe ser interpretada de manera restrictiva, en el marco de los estándares universales e interamericanos que fueron anotados y conforme a los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, dispuesto en los arts. 13 y 256 de la CPE. En ese sentido, debe entenderse que dicha excepción, solo procede en los casos no contemplados en el parágrafo I del art. 46 de la Ley 348; es decir, aquellos delitos que no contengan hechos de violencia contra las mujeres que comprometan su vida e integridad sexual; además, deben exigirse los siguientes presupuestos, que: i) Sea promovida por la víctima, por única vez; y, ii) No exista reincidencia.
De lo que se extrae, que aquellos casos derivados de agresiones físicas, solo excepcionalmente, resultarían conciliables, ya que su conveniencia dependerá del grado de afectación de los derechos de la víctima; vale decir, a la vida y a la integridad sexual; por tanto, se torna necesario que el Ministerio Público adopte todas las medidas para verificar que estos derechos no se encuentren comprometidos; y en su caso, si dicha entidad no cumple con su deber, con la responsabilidad que ello conlleva, prevista en el art. 46.I de la Ley 348, es obligación de la autoridad jurisdiccional, antes de homologar dicha conciliación, adoptar aquellas medidas que permitan verificar y ponderar de manera objetiva su conveniencia; considerando para el efecto, la relevancia social del hecho que motivó el inicio del proceso penal, los alcances del daño causado y si el agresor efectuó una reparación del mismo. Entre las medidas que pueden ser adoptadas por las autoridades antes mencionadas, se tiene el análisis del perfil del caso a conciliar, el contexto y los elementos que se hallen involucrados; en ese entendido, podrá solicitar informes psicológicos y sociales, entre otros. Por otra parte, otro de los requisitos para la procedencia de la conciliación es que ésta sea promovida por la víctima; y en ese sentido, el parágrafo III del art. 46 de la Ley 348, establece que: “No se reconoce la conciliación bajo presión a la víctima o para evitar carga procesal, bajo responsabilidad funcionaria”. Conforme a ello, corresponde que las autoridades antes anotadas, analicen que la voluntad de la víctima no hubiera sido viciada, utilizando las medidas necesarias, como la solicitud de informes de tipo psicológico.
A este efecto, en el marco de lo previsto en la Disposición Transitoria Segunda de la referida Ley 348, se aprobó a través de la Resolución Ministerial 213/2014 de 5 de noviembre, el Protocolo y Ruta Crítica Interinstitucionales para la Atención y Protección a Víctimas; el cual, indica que para la conciliación se debe exigir:
4. Para la conciliación se deberá exigir un informe del perfil psicológico del agresor y las recomendaciones terapéuticas. En caso que se recomiende una terapia se desestimará esta salida alternativa, pudiendo optarse por la suspensión condicional del proceso, debiendo establecerse entre las condiciones el tratamiento psicológico que deba cumplir el sindicado; con la obligatoriedad de informe de evolución psicológica de las instituciones tratantes.
5. A efectos de dar curso a la conciliación, el o la Fiscal de Materia requerirá a la UPAVT o Instancia Promotora, informe con relación al cumplimiento de las medidas de protección, la actual situación de la víctima y si los hechos de violencia hacia la víctima y o su entorno familiar ha cesado.
6. En aplicación del parágrafo 3 del art. 46 de la Ley N° 348, con la finalidad de verificar si la víctima no ha sido presionada para la suscripción de acuerdos conciliatorios presentados al o la Fiscal, éste o ésta requerirá a la UPAVT o Instancia Promotora informe correspondiente. (…)
8. En el caso de víctimas, cuya lengua materna sea diferente al castellano, o que sean procedentes de pueblos indígenas originarios o que tuvieran alguna discapacidad en el lenguaje, en el Acta de Audiencia de Conciliación, necesariamente deberá nombrarse traductor o intérprete a través del cual se explicará a la víctima las consecuencias y efectos de la conciliación solicitada, salvo en el caso de que el o la Fiscal de Materia conozca el idioma o lengua materna de la víctima o lenguaje de señas. Disposiciones específicas y operativas que se tornan necesarias para desarrollar, dar efectividad y aplicación material a dicha normativa legal; así también, otorga los parámetros aplicables en la atención, protección y sanción en estos casos; constituyéndose en un documento legal válido durante el proceso judicial, al tener carácter obligatorio; puesto que, su fundamento de validez deriva de los estándares universales e interamericanos de protección de los Derechos Humanos, que fueron referidos en el Fundamento Jurídico anterior, así como de las disposiciones legales contenidas en la referida Ley 348. Por otra parte, otro de los requisitos para la procedencia de la conciliación, es que se trate de una primera vez y que no exista reincidencia; último supuesto, que no debe ser comprendido en los términos previstos por el art. 41 del CP, que exige la existencia de una sentencia condenatoria ejecutoriada y que no hubiera transcurrido desde el cumplimiento de la condena un plazo de cinco años; pues ello, no resultaría conforme a los estándares universales e interamericanos citados en este Voto Disidente, que exigen la protección de las mujeres víctimas de violencia y que recomiendan a los Estados Partes rechazar la conciliación, debido a que no existe igualdad en las relaciones de poder entre ambas partes y a que los acuerdos generalmente no son cumplidos por el agresor; supuestos que en caso de reiteración de la conducta violenta, se torna más evidente; pero además, deben considerarse los bajos índices de sentencias condenatorias existentes, debido al uso constante de la conciliación y de salidas alternativas como la suspensión condicional del proceso; aspecto que, como se analizó, fue advertido por el CEDAW. En ese marco, la reincidencia a la que se refiere el art. 46 de la Ley 348, debe ser entendida como la reiteración de la violencia en razón de género, ya sea que exista con anterioridad un rechazo de denuncia, una conciliación, una suspensión condicional del proceso, o cualquier otra medida; pues, lo que interesa -a efecto de garantizar los derechos de las víctimas de violencia- es la existencia de un antecedente como tal y no una sentencia condenatoria ejecutoriada. Cabe señalar que este entendimiento, no vulnera el derecho a la defensa del agresor ni supone una violación al principio de presunción de inocencia; por cuanto, no se está asumiendo ninguna medida punitiva contra él, sino, simplemente, se está negando la posibilidad de conciliar, en aras de defender los derechos de la víctima, en el marco de los instrumentos internacionales de protección de Derechos Humanos, asumidos por el Estado boliviano. El razonamiento desarrollado en los párrafos precedentes, también es aplicable a los supuestos de conciliación en la jurisdicción indígena originaria campesina (JIOC), cuyas autoridades deben velar, a partir de sus propias normas y procedimientos, que los casos sometidos a conciliación no impliquen lesión a los derechos a la vida e integridad sexual de las mujeres, que no exista presión a la víctima para la conciliación y que no se trate de una conducta reiterada del agresor; para el efecto, las autoridades deben efectuar un seguimiento del caso, en el marco de sus valores ancestrales, del equilibrio, de la armonía y de la complementariedad. En síntesis, es posible señalar las siguientes subreglas para efectos de la conciliación:
a) La conciliación solo procede en los supuestos en que no esté comprometida la vida e integridad sexual de las víctimas; para el efecto:
a.1) El Ministerio Público está obligado a adoptar todas las medidas para verificar que los derechos a la vida e integridad sexual no se encuentren comprometidos; y, a.2) Si el Ministerio Público no cumple con su obligación, la autoridad jurisdiccional está en el deber de solicitar las medidas necesarias para verificar y ponderar la conveniencia de homologar o no, la conciliación pedida por el Ministerio Público; b) La conciliación solo procede a pedido de la víctima; para el efecto:
b.i) El Ministerio Público está obligado a adoptar las medidas necesarias para analizar, si la voluntad de la víctima no fue viciada; y, b.ii) Si el Ministerio Público no cumple con esa obligación, la autoridad judicial debe solicitar las medidas necesarias para verificar la ausencia de vicios en la voluntad de la víctima;
c) La conciliación solo puede ser dispuesta por una vez y no se aplica en casos de reincidencia; la cual, debe ser entendida como la reiteración de la violencia, sin necesidad que exista sentencia condenatoria ejecutoriada; y, d) Las autoridades de la JIOC, deben velar, a partir de sus propias normas y procedimientos, por el cumplimiento de todas las subreglas antes anotadas, efectuando un seguimiento del caso, en el marco de sus valores ancestrales, el equilibrio, la armonía y la complementariedad.
El accionante alega la lesión de su derecho al debido proceso; toda vez que, el Fiscal de Materia ahora demandado provocó suspensiones de audiencia por su inasistencia a las audiencias que el Juez ha fijado a objeto de considerar la homologación de un acuerdo conciliatorio que fue suscrito cumpliendo lo establecido por los arts. 323.2 del CPP y 46.IV de la Ley 348; situación que vulnera sus derechos porque él permanece en detención preventiva. Precisada que fue la problemática traída en revisión, de los antecedentes y conclusiones del presente fallo constitucional; se tiene que, dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público contra Deivith Fernando Quisbert Huallpa -hoy solicitante de tutela- a instancia de Andrea Rita “Savatierra” Camargo por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, y que habiendo sido suscrita la conciliación por ambas partes ante el Fiscal de Materia, su homologación ante autoridad judicial no se pudo concretar debido a las reiteradas inasistencias del Fiscal de Materia ahora demandado, ello pese a que ya se ofició por parte de la autoridad judicial al Fiscal Departamental haciendo conocer dichos extremos.
Estando precisado el objeto de la presente acción tutelar y la supuesta lesión como es su derecho al debido proceso vinculado al derecho a la libertad en razón a que, pese a que el Fiscal de Materia se encontraba notificado con el señalamiento de audiencia para la homologación de la conciliación, el mismo no se pudo concretar debido a la inasistencia por cinco veces consecutivas; es así que, si bien no cursa en el expediente constitucional pruebas sobre lo denunciado; sin embargo, conforme a los argumentos expuestos en la audiencia de consideración de la demanda tutelar, que no fueron objeto de observación por ninguna de las partes, así como el principio de veracidad desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional que es aplicable no solo cuando la autoridad demandada no presenta informe sino cuando no aporta los elementos necesarios para desvirtuar las denuncias, se arriba a las siguientes conclusiones: ¡) Que a la fecha de celebración de la acción de libertad no se llevó acabo la audiencia para la homologación de la conciliación que fue impetrada por la parte imputada -ahora accionante-mediante memorial de 31 de enero de 2022 (Conclusión II.1); es decir, más de dos meses antes de la interposición de la demanda tutelar; ii) Que hubo un cambio de Fiscal de Materia, ya que el anterior Fiscal de Materia asignado al caso -Jhasmani Edwing Mita Larrea- fue suspendido en sus funciones y precintada toda su oficina; iii) Que las audiencias para la homologación programada para el 17 de marzo, 31 de marzo y 5 de abril todos del 2022, fueron suspendidas por inasistencia del Ministerio Público siendo que para la última audiencia ya tenía pleno conocimiento de la misma el actual Fiscal de Materia -ahora demandado-; y, iv) El Juez de la causa, procedió a oficiar al Fiscal Departamental haciendo conocer las repetidas inasistencias del representante del Ministerio Público quien designó al Fiscal de Materia ahora demandado para el conocimiento del proceso penal que se sigue contra el accionante. En el marco de lo desarrollado, es evidente que existe una dilación en el trámite para considerar la homologación del acuerdo conciliatorio que hace referencia el accionante, pero como el mismo lo refiere anteriormente el proceso penal se encontraba a cargo de otro Fiscal de Materia -Jhasmani Edwing Mita Larrea- y el ahora Fiscal de Materia demandado estaba recién en el ejercicio del cargo y funciones para la audiencia de 5 de abril de 2022, tal cual lo reconoce el Fiscal de Material demandado; empero, resulta que no asistió a dicha audiencia, actuar con el cual causa dilación. Como descargo el Fiscal de Materia ahora demandado señala que si bien fue designado para asumir las causas que llevaba el ex Fiscal de Materia -Jhasmani Edwing Mita Larrea- no se le había entregado los cuadernos de investigaciones y que la oficina se encontraba precintada; por lo que, no asistió a la audiencia; sin embargo, no ha adjuntado documental de respaldo; además de ninguna manera justifica su inasistencia pues tenía el deber de concurrir a la misma, verificar el cuaderno de control jurisdiccional e incluso en ese actuado podía haber explicado ante el Juez si realmente requería analizar otros documentos del cuaderno de investigación, al no haber actuado de esa forma causó dilación en la consideración de la homologación del acuerdo conciliatorio que hubiera suscrito el ahora accionante con la parte víctima del proceso penal, lesionando el principio de celeridad elemento del derecho al debido proceso vinculado al derecho a la libertad, al estar el accionante con detención preventiva, correspondiendo conceder la tutela conforme el entendimiento expuesto en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional máxime cuando en el presente caso la autoridad jurisdiccional ya asumió conocimiento de la dilación que ocasionó el demandado e incluso ya habría oficiado al Fiscal Departamental, pero aun así se suspendió la audiencia de 5 de febrero de 2022.
Finalmente, cabe señalar que no es objeto de análisis la legalidad o no del acuerdo conciliatorio, ya que el mismo no figura en los antecedentes; empero, la autoridad jurisdiccional es la encargada de verificar el fondo de dicho acuerdo y sea conforme el razonamiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 22/2022 de 13 de abril, cursante de fs. 10 a 11, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, en la modalidad traslativa y de pronto despacho, con la aclaración que no se ingresó al análisis del acuerdo conciliatorio suscrito por el accionante y la víctima; análisis que la autoridad jurisdiccional debe efectuar considerando el razonamiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional. 2° Llamar la atención al Fiscal de Materia demandado por no asistir a la audiencia de homologación de acuerdo conciliatorio de 5 de abril de 2022 y se le conmina a hacerse presente a todas las audiencias que estén vinculadas a las peticiones de los privados de libertad, así como aquellas donde existan víctimas de violencia en razón de género, advirtiéndole que si nuevamente causa dilación en este tipo de casos se remitirán antecedentes para su procesamiento.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
4 Disponible en: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10710.pdf 5CEDAW / C / BOL / CO / 5-6, Distr.: General, 24 de julio 2015, pág. 7.
9 El art. 41 del CP, señala: “(Reincidencia). Hay reincidencia, siempre que el condenado en Bolivia o el extranjero por sentencia ejecutoriada, cometa un nuevo delito, si no ha transcurrido desde el cumplimiento de la condena un plazo de cinco (5) años”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0788_2023-S1.pdf · páginas 1 a 17.
Huella digital del PDF (SHA-256): a6a8a40b607433a27104fb691a5b10ac5f03c76be83995d010970c4868768779
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