B.IA.LEGAL

SCP 0787/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 27 de abril de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
27 de abril de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
55693-2023-112-AL
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos a la vida y a la vida digna; por cuanto, el 4 de mayo de 2023, frente a los abusos ejercidos contra su compañera de trabajo en la Empresa Minera Huanuni, sus personas reclamaron y pidieron el respeto de sus derechos; sin embargo, como respuesta a ello recibieron agresiones, empujones e insultos, posteriormente, al enterarse que sus compañeros se encontraban festejando los indicados actos irregulares, una de las accionantes se constituyó en dicho lugar, procediendo a tomar una fotografía, lo que generó que le arrebaten el celular y la empujen; así, desde la indicada fecha, los demandados realizan amenazas, agresiones, intimidaciones, insultos e incluso tienen la intención de despojarles de su trabajo. Ante ello: 1) El Gerente de la Empresa Minera Huanuni demandado, alegó que carecen de legitimación pasiva; a su vez, los hechos se vinculan a Ymela Lora Jaita, quien no es parte de la presente acción; asimismo, los hechos se basan en aspectos subjetivos como el supuesto robo de un celular; además, si bien existieron denuncias las mismas no fueron admitidas; 2) El Subgerente de dicha Empresa no presentó informe ni concurrió a la audiencia de garantías; y, 3) Mario Argollo Mamani, William Calle Ramírez, Camilo Mamani Oscori, Ignacio Fabrica Antonio, Pedro Ticona Hurtado y Gustavo Choquecallata Cruz manifestaron que la acción tutelar no identificó los derechos presuntamente lesionados ni las personas que habrían realizados actos de amenaza e intimidación, siendo inclusive que los hechos se vinculan a una persona que no es acci…

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 29/2023 de 17 de mayo, cursante de fs. 56 a 59, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela impetrada, conforme los fundamentos jurídicos expresados en el presente fallo constitucional. 2° Por Secretaría General de este Tribunal remítase antecedentes al Ministerio Público, para conocimiento de los hechos demandados, salvo que ya exista un proceso en curso.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Hechos controvertidos y la tutela al derecho a las mujeres a vivir una vida libre de violencia
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0787/2026-S2 Sucre, 27 de abril de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 55693-2023-112-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 29/2023 de 17 de mayo, cursante de fs. 56 a 59, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rando Luciano Chambi Mamani, en representación sin mandato de Gloria Condori Choquecallata Vda. de Martínez, Enriqueta Rosario Pérez Villca, Lourdes Chaparro Mérida, Roxana Mercado Estrella y Luisa Dominga Valeriano Llusco contra Teófilo Dante Campos Mendoza, Gerente; Miguel Aguirre Ramírez, Subgerente, ambos de la Empresa Minera Huanuni; Mario Argollo Mamani, “Secretario General”, Gustavo Choquecallata Cruz, “Secretario de Actas”, William Calle Ramírez, “Secretario de Relaciones”, todos del Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Huanuni; y, Camilo Mamani Oscori, Pedro Ticona Hurtado e Ignacio Fabrica Antonio, trabajadores de la Empresa Minera Huanuni.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1.Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 16 de mayo de 2023, cursante a fs. 1; y, 3 a 5 vta., la parte accionante, a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 4 de mayo de 2023, antes de la conclusión de la asamblea de trabajadores de la Empresa Minera Huanuni, sus compañeros se constituyeron en las oficinas de la Ymelda Lora Jaita, Superintendente de Negocios de dicha Empresa, con el objeto de sacarla a fuerza y cerrar sus oficinas; por ello, frente a esos abusos sus personas reclamaron y pidieron el respeto de los derechos de la prenombrada; sin embargo, como respuesta recibieron agresiones, empujones e insultos. Posteriormente, al enterarse que sus compañeros se encontraban festejando los indicados actos irregulares, Enriqueta Rosario Pérez Villca se constituyó en dicho lugar, procediendo a tomar una fotografía, lo que generó que le arrebaten el celular y la empujen. Así, desde el 4 de mayo de 2023, Teófilo Dante Campos Mendoza, Gerente; Miguel Aguirre Ramírez, Subgerente, ambos de la Empresa Minera Huanuni; Mario Argollo Mamani, “Secretario General”, Gustavo Choquecallata Cruz, “Secretario de Actas”, William Calle Ramírez, “Secretario de Relaciones”, ambos del Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Huanuni; y, Camilo Mamani Oscori, Pedro Ticona Hurtado e Ignacio Fabrica Antonio, trabajadores de la Empresa Minera Huanuni -ahora demandados-incurrieron en amenazas, agresiones, intimidaciones, insultos e incluso tenían la intención de despojarles de su trabajo, por lo que, no pudieron desarrollar sus actividades con normalidad y tranquilidad; en ese sentido, en su condición de mujeres, se encuentran en situación de violencia y su derecho a la vida se encontraba en riesgo, no solo como una forma de permanecer con vida, sino también en su elemento vida digna.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Denunciaron la lesión de sus derechos a la vida y a la vida digna, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitaron se conceda la tutela; y, en consecuencia, se prohíba que los demandados las intimiden o amenacen de forma directa o a través de otras personas.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el “18” -siendo lo correcto 17- de mayo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 49 a 55 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte accionante, a través de su abogado ratificó in extenso su memorial de la acción de libertad presentada; y, ampliando en audiencia de garantías manifestó que: a) Se interpuso la acción de libertad en su modalidad innovativa, pues si bien cesó la vulneración de derechos, la justicia constitucional puede pronunciarse con el objeto que la conducta o acciones desplegadas por los demandados no sean repetitivos; b) “Nadie, por más dirigente que sea, puede estar amenazando o intimidando a una persona, peor todavía si es mujer (…) por órdenes de los señores primeros accionados, como son el gerente, el subgerente, el secretario general, personas se constituyen a las auxinas [oficinas] de la señora superintendente de negocios, entran, los sacan, los cierran, eso no es la manera de actuar (…) los señores accionados, está también en el segundo CD, envían a una persona de sexo masculino, le agarran a empujones a la señora que toma la fotografía, lo quitan su celular y eso se ve en el video (…) ocurre que desde ahí empieza una conducta amenazadora, intimidante, de amenazas, que esto va a ser así, los vamos a cambiar de puesto, una serie de situaciones que no permiten que las señoras hoy accionantes desarrollen sus actividades como dice la Sentencia Constitucional, con dignidad, con tranquilidad, con paz…” (sic); c) A partir del bloque de constitucionalidad y la obligación que tiene el Estado a través de los órganos de justicia, se debe decidir con perspectiva de género cuando se encuentra involucrada una mujer; y, d) “…antes de acudir ante su Autoridad, ante la Justicia Constitucional, las señoras accionantes han acudido a la policía boliviana, han recibido una respuesta negativa, han ido a la policía, le han dicho estamos siendo amenazadas, no les han querido recibir denuncia, han ido a la Fiscalía lo propio sucedió y por eso no han tenido más remedio que acudir a la Justicia Constitucional correspondiente” (sic). Por otra parte, en cuanto al informe de la parte demandada, señalaron que: 1) No se puede declarar improbada la acción de libertad por falta de prueba, debido a que hay dos Discos Compactos (CD) que contienen grabaciones en el que se puede evidenciar lo señalado; y, 2) Si bien se alegó que no se precisó la actuación de los demandados, ello, está en la conciencia de cada uno, ya que los mismos, de manera directa e indirecta realizaron los actos lesivos.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Teófilo Dante Campos Mendoza, Gerente de la Empresa Minera Huanuni, a través de su abogado en audiencia de garantías, manifestó que: i) Del contenido de la acción de libertad se advierte que no existe una identificación de la legitimación de los demandados; ii) La relación de hechos contenidas en la acción tutelar se vinculan a Ymela Lora Jaita quien no es parte accionante: iii) No existe prueba contundente, ya que únicamente se señalaron aspectos subjetivos como el supuesto robo de un celular; y, iv) En la acción tutelar se alegó que se realizó las denuncias pertinentes, empero, las mismas no fueron admitidas. Miguel Aguirre Ramírez, Subgerente de la Empresa Minera Huanuni no asistió a la audiencia de la acción tutelar ni presentó informe escrito alguno pese a su legal citación cursante a fs. 14. Mario Argollo Mamani, Secretario General, William Calle Ramírez, Secretario de Relaciones, Gustavo Choquecallata Cruz, Secretario de Actas, todos del Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Huanuni; Camilo Mamani Oscori, Ignacio Fabrica Antonio, Pedro Ticona Hurtado, trabajadores de la Empresa Minera Huanuni, por informe escrito cursante de fs. 17 a 19 vta., y en audiencia de garantías solicitaron se deniegue la tutela impetrada, manifestando que: a) La acción de libertad no cumplió con la identificación de derechos y garantías que se consideran vulnerados, tampoco es posible evidenciar quienes serían las personas que estarían efectuando acciones de amenaza e intimidación y menos se señaló quien estaría siendo objeto de tales actos; sumado a ello, los hechos referidos se encuentran vinculados a que se impidió que Ymelda Lora Jaita desarrolle sus actividades laborales, respecto lo cual, las accionantes carecen de “legitimidad” ya que reconocieron que las mismas no fueron objeto de agresión alguna; b) Si bien la acción de libertad se rige por el principio de informalismo, dicho criterio no alcanza a la obligación que tiene el impetrante de tutela de presentar la prueba necesaria que acredite su pretensión; c) Los hechos irregulares denunciados en la acción tutelar se encuentran vinculados a la toma de la oficina de una persona que no es parte accionante; sin embargo, debe considerarse que, la oficina no es particular y esa persona es “funcionaria”; por lo que, se encuentra sujeta a las determinaciones de la asamblea general conforme lo previsto en el art. 27 y ss. del Estatuto Orgánico del Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Huanuni, y “…el efecto y las decisiones de asamblea han sido tomadas (…) Es en ese sentido que se ha cuestionado, Digna Autoridad, aspectos administrativos, pero sin haber mostrado, bajo ningún elemento probatorio…” (sic); además, si bien se manifestó que las accionante iniciaron una huelga en apoyo a su compañera interviniendo las oficinas y que llegaron a ser amedrentadas, fueron las prenombradas quienes incurrieron en contravenciones administrativas previstas en el “Reglamento Interno”; d) En la acción de libertad no se estableció cuáles son los actos ilegales efectuados, señalando hechos, momentos, lugares y la forma en que se hubiese amenazado o suprimido los derechos a la vida, a la libertad física y de locomoción de la impetrante de tutela; y, e) En cuanto al derecho a la vida, si bien se hace referencia a la SCP 0019/2018-S2 de 28 de febrero, que sostuvo que dicho derecho también involucra el acceso a condiciones que permitan el ejercicio de otros derechos y tener una vida con dignidad; sin embargo, dicha Sentencia Constitucional Plurinacional no se refiere al tema de las amenazas o al derecho al trabajo, además, respecto este último, debe acudirse a las instancias correspondientes; sumado a ello, esos derechos deben ser conexos a los derechos a la vida o a “la libertad o la locomoción”.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Oruro, constituido en Juez de garantías, por Resolución 29/2023 de 17 de mayo, cursante de fs. 56 a 59, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) La acción de libertad no es la vía para efectuar reclamos relativos a las amenazas, intimidación e insultos, ya que para ello se tiene la vía ordinaria; 2) “…no se ha hecho alusión con referencia, de qué forma con anterioridad hubiesen sido objeto de maltrato en su fuente de laboral (…) en lo referente a alguna agresión verbal o en su mérito alguna agresión física, de ser, así aquello tiene la vía correspondiente, como es la vía ordinaria” (sic); 3) Respecto a su fuente laboral tiene la instancia laboral; y, si bien la acción de libertad no se rige por el principio de subsidiariedad; empero, el mismo tiene que agotarse por las accionantes dentro del interior de la Empresa Minera Huanuni; y, 4) En cuanto a la denuncia vinculada a “Enriqueta Rosario” y respecto a arrebatarle su celular se tiene la vía correspondiente. En la enmienda complementación y aclaración, se solicitó se complemente los siguientes puntos: i) Que norma faculta a la autoridad judicial a no ver una prueba presentada en acción de libertad; y, ii) Por qué no se refirió a las amenazas e intimidación diaria que se ejercen contra las accionantes. Al respecto, el Juez de garantías manifestó que: a) Respecto a los CD, debe considerar que, la parte accionante tiene que proveer un equipo, por cuanto, el Órgano Judicial no tiene un lector de CD; además, debe citar de forma específica el minuto y segundo donde se encuentran los hechos referidos en la acción de libertad; y, b) En cuanto a las amenazas, intimidaciones e insultos reiterados, se tiene la vía ordinaria para hacer prevalecer sus derechos.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso la devolución a la Comisión de Admisión de los expedientes y causas sorteadas para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional (fs. 79 a 81); en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Consta un CD en cuyo contenido se tienen cuatro registros audiovisuales identificados con los títulos “empujonea compañeras”, “argollo prepotente”, “maltratan compañeras” y “agrecion a señora” (fs. 2). II.2. Se tiene nota de 16 de mayo de 2023, a través de la cual, Jesús Abrahan Siles López, funcionario policial, en su calidad de Investigador de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Huanuni del departamento de Oruro, informó al “JEFE PROVINCIAL DE POLICÍA HUANUNI” (sic) que su persona se encontraba en servicio el 4 de mayo de 2023, y que no se tiene ninguna denuncia respecto a hechos suscitados en dependencias de la Empresa Minera Huanuni; asimismo, indicó que el 5 del citado mes y año, Enriqueta Rosario Pérez Villca -coimpetrante de tutela-interpuso una denuncia contra “Javier Fabrica” por la presunta comisión del delito de hurto de celular. Así, en cuanto a esta denuncia, cursa acta de denuncia, acta de declaración informativa, e Informe con relación al caso aperturado, todos del 5 de mayo de 2023, asimismo, consta Requerimiento de Desestimación de 6 de igual mes y año, mediante el cual, el fiscal de materia a cargo del proceso desestimó la denuncia (fs. 61 a 67).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos a la vida y a la vida digna; por cuanto, el 4 de mayo de 2023, frente a los abusos ejercidos contra su compañera de trabajo en la Empresa Minera Huanuni, sus personas reclamaron y pidieron el respeto de sus derechos; sin embargo, como respuesta a ello recibieron agresiones, empujones e insultos, posteriormente, al enterarse que sus compañeros se encontraban festejando los indicados actos irregulares, una de las accionantes se constituyó en dicho lugar, procediendo a tomar una fotografía, lo que generó que le arrebaten el celular y la empujen; así, desde la indicada fecha, los demandados realizan amenazas, agresiones, intimidaciones, insultos e incluso tienen la intención de despojarles de su trabajo. Ante ello: 1) El Gerente de la Empresa Minera Huanuni demandado, alegó que carecen de legitimación pasiva; a su vez, los hechos se vinculan a Ymela Lora Jaita, quien no es parte de la presente acción; asimismo, los hechos se basan en aspectos subjetivos como el supuesto robo de un celular; además, si bien existieron denuncias las mismas no fueron admitidas; 2) El Subgerente de dicha Empresa no presentó informe ni concurrió a la audiencia de garantías; y, 3) Mario Argollo Mamani, William Calle Ramírez, Camilo Mamani Oscori, Ignacio Fabrica Antonio, Pedro Ticona Hurtado y Gustavo Choquecallata Cruz manifestaron que la acción tutelar no identificó los derechos presuntamente lesionados ni las personas que habrían realizados actos de amenaza e intimidación, siendo inclusive que los hechos se vinculan a una persona que no es accionante y respecto a la cual no se tendría legitimación activa; asimismo, se refirió que si bien la acción de libertad se rige por el principio de informalismos, empero, dicho criterio no alcanza a la obligación que tiene el impetrante de tutela de presentar la prueba necesaria que acredite su pretensión; por otra parte, los hechos denunciados derivan de decisiones asumidas por la asamblea ordinaria de trabajadores respecto a una “funcionaria”; además, en la acción de libertad no se precisaron cuáles son los actos ilegales que vulneraron o amenazaron sus derechos a la vida; y, a la libertad física y de locomoción, siendo incluso que los aspectos vinculados al derecho al trabajo deben ser reclamados en la vía correspondiente.

En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Hechos controvertidos y la tutela al derecho a las mujeres a vivir una vida libre de violencia

Sobre este punto, la SCP 0673/2025-S2 de 30 de junio, estableció que: “Al respecto es necesario referirse a la tutela del derecho a la vida, en casos de violencia de género, establecida en la SCP 0261/2023-S3 de 17 de abril, la cual establece que: ‘…el derecho a la vida no adquiere una conceptualización de manera unívoca, lo cual obliga a que ante denuncias sobre presuntas afectaciones o peligro de lesión de este derecho primordial las mismas deben ser resueltas realizando una exhaustividad analítica-valorativa, considerando que sobre cualquier otro aspecto prima la protección de la vida del ser humano, cuya protección no se agota con el compromiso de velar por la mera subsistencia de la persona, sino que involucra a todos los componentes imprescindibles para permitir el goce efectivo de una vida digna; interrelacionando con estos razonamientos, a partir de la normativa constitucional y convencional se debe garantizar que las mujeres vivan sin violencia de ninguna naturaleza, permitiéndoles el goce o ejercicio pleno de sus derechos en cualquier esfera de actuación, restringiendo el menoscabo de estos bajo la concepción de género, lo cual impele por parte del Estado y la sociedad adoptar las medidas necesarias e idóneas para satisfacer su vigencia y prevalecer su ejercicio real y material’. Es decir, en casos de tutela del derecho a la vida, en materia de género y que involucren presuntos casos de violencia contra las mujeres, se debe garantizar a cada mujer, una vida libre de violencia; no obstante, esto no simplemente descansa en la enunciación de la lesión del derecho a la vida por parte del accionante, sino que la solicitud de tutela en la medida en la que puede restringir derechos de los demandados, al menos implica la carga procesal de explicar con claridad los hechos y la amenaza en concreto que permita al juzgador un mínimo de conocimiento de los hechos denunciados, además de la carga probatoria que respalde el hecho denunciado y le permita encontrar el mismo, al menos como probable, de forma que pueda deducirse la lesión del derecho fundamental del hecho denunciado. Entonces, la sola enunciación de la afectación al derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia no activa el análisis de fondo; debido a que, sin conocerse con precisión los hechos denunciados, no puede conocerse la amenaza al derecho, pero además es menester contar con elementos concretos que puedan dar cierta probabilidad de una amenaza a la vida en la medida en la que por el carácter sumario de la acción de libertad -la cual no cuenta con etapa probatoria amplia-, no se puede producir prueba.” (las negrillas son nuestras).

III.2. Análisis del caso concreto

Si bien Gloria Condori Choquecallata vda. de Martínez, Enriqueta Rosario Pérez Villca, Lourdes Chaparro Mérida, Roxana Mercado Estrella y Luisa Dominga Valeriano Llusco -hoy accionantes- refieren a que a partir del 4 de mayo de 2023, fueron objeto de amenazas, intimidaciones, agresiones e insultos por parte de los demandados; sin embargo, no explicaron con claridad los hechos, individualizando qué demandado realizó cada conducta ni cuáles fueron las amenazas concretamente proferidas, siendo los hechos denunciados genéricos e imprecisos. Sumado a lo anterior, se tiene que las accionantes adjuntaron un CD (Conclusión II.1) en cuyo contenido se advierte cuatro registros audiovisuales: i) El primero identificado como “empujonea compañeras” con una duración de cincuenta y ocho segundos, en el que, se observa una concentración de personas en inmediaciones de un portón -se comprende- de la Empresa Minera Huanuni, personas que se desplazan al interior de dicha empresa con forcejeos y empujones mientras otras personas obstaculizan su ingreso; ii) El segundo titulado como “maltratan compañeras” con una duración de un minuto con dieciséis segundos, en el que, se observa a varias personas de sexo femenino en interior de la mencionada empresa, quienes impiden el ingreso de varias personas, y se producen forcejeos; iii) El tercero denominado “argollo prepotente”, con una duración de dos minutos con veintisiete, en el cual se observa a una persona de sexo masculino dialogando en tono elevado con otras personas que se encuentran a su alrededor, de las cuales se escuchan reclamos; y, iv) El cuarto denominado “agrecion a señora”, con una duración de veintinueve segundos, en cuyo contenido se observa a un grupo de personas en un ambiente cerrado, donde varias personas se encuentran sentadas alrededor de una mesa; asimismo, se advierte discusión entre los presentes, así como intercambios verbales y empujones. Ahora bien, debe considerarse que, solo del contenido de los cuatro registros audiovisuales, no es posible establecer la concurrencia de amenazas concretas e inminentes contra la vida de las accionantes; sumado a ello, tampoco se explicó cuáles son los hechos que se pretendían demostrar con cada uno de los videos, omitiendo considerar que, la carga probatoria exigida no se satisface con la simple presentación de material audiovisual, sino que corresponde establecer cómo dicha prueba respalda los hechos denunciados.

Asimismo, se tiene un informe del investigador de la FELCC de Huanuni del departamento de Oruro (Conclusión II.2), en el que se establece que no se tiene ninguna denuncia respecto a hechos suscitados en dependencias de la Empresa Minera Huanuni, y únicamente consta una denuncia interpuesta el 5 de mayo de 2023, por parte de Enriqueta Rosario Pérez Villca -coimpetrante de tutela-quien denunció a “Javier Fabrica” por la presunta comisión del delito de hurto de celular; en ese sentido, dicha información no permite establecer que se hubiesen producido las amenazas, intimidación u otros. Consecuentemente, no existen elementos objetivos que permitan establecer que el derecho a la vida de las accionantes se encuentre en riesgo ni que se vulneró su derecho a la vida digna, correspondiendo denegar la tutela solicitada, ya que la comprobación de lo denunciado requiere de una etapa probatoria amplia. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 29/2023 de 17 de mayo, cursante de fs. 56 a 59, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela impetrada, conforme los fundamentos jurídicos expresados en el presente fallo constitucional. 2° Por Secretaría General de este Tribunal remítase antecedentes al Ministerio Público, para conocimiento de los hechos demandados, salvo que ya exista un proceso en curso. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0787_2026-S2.pdf · páginas 1 a 10.

Huella digital del PDF (SHA-256): 1a9b4c10c009c0da387e683b6cdbaa36518914095fc46cb5605ec857630946cf

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