B.IA.LEGAL

SCP 0787/2024-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 9 de septiembre de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
9 de septiembre de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Dr. Petronilo Flores Condori
Expediente
65723-2024-132-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

Los accionantes a través de su representante sin mandato, denuncian la vulneración de su derecho al juez competente en razón de materia; puesto que, simulando la existencia de conflictos en el predio “Maná”, fueron denunciados el 19 de junio de 2024 por Ronelio Felipe Barbery Paz -ahora tercero interviniente-, por la presunta comisión del delito de avasallamiento que hubiesen cometido en la propiedad respecto a la cual ejercen quieta y pacífica posesión, al constituirse copropietarios del predio señalado; sin embargo, el Juez, Fiscal de Materia y funcionario policial hoy accionados, a su turno, realizaron actos con la finalidad de la aprehensión de sus trabajadores, tratando de consumar el ilegal ingreso de la empresa “AGROPOSITIVA” S.R.L., con base a un contrato que ya no tiene validez, pretendiendo criminalizar su pacífica posesión, ejecutar un contrato agrario y que en la justicia penal se diluciden conflictos de división y partición de bienes hereditarios; por lo que, no puede suscitarse la causa penal. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 08/24 de 15 de julio de 2024, cursante de fs. 571 a 578, pronunciada por la Jueza Pública Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia de Partido de Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal Primero de La Guardia del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, de conformidad con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en los mismos términos dispuestos por la Jueza de garantías.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Derecho al debido proceso y su protección vía acción de libertad
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0787/2024-S3 Sucre, 9 de septiembre de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de libertad Expediente: 65723-2024-132-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 08/24 de 15 de julio de 2024, cursante de fs. 571 a 578, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Alex Cabrera, en representación sin mandato de Rosendo Ernesto Barbery Paz, Diego y Alejandro Barbery Coca, Edwin Gómez Gonzáles, Andrés Chávez Aramayo, Richard Guzmán Vargas, “Juan” Gutiérrez, Mario Cuba Asteti, Antonio Alarcón, Moisés Quispe Varizo, Igimio “Aguilar” Flores, Nelson Méndez “Maure”, Clemente Montero Romero, Juan Pablo “Pora” Masái, Silverio Becerra Popo, Ricardo Huanay Rodríguez, Germán Camacho Hinojosa, Gilbert López Céspedes, Miguel Rebollo Trujillo, Fernando Flores Salas, Ceferino Ari Tola, Juan Lira Huanca, Francisco Chachaqui Machaca, Raúl Romero Ortíz, “Raiz” Suárez Cortez, Juan Rodríguez Guzmán, Nelson Luizaga Carrillo, Roly Paredes Vaca, Juan Enrique Colodro Zárate, Rene Eguez “Sea”; y, Carlos Sosa Vanegas contra René Blanco León, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Mineros; Carlos Candia Justiniano, Fiscal de Materia; y, Andrés Chura Mena, funcionario policial; ambos de Montero, todos del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Los accionantes a través de su representante sin mandato, por memoriales presentados el 12 y 13 de julio de 2024, cursantes de fs. 54 a 57; y, 281 a 285 vta., manifestaron lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Rosendo Ernesto Barbery Paz -accionante- se encuentra en quieta y pacífica posesión, al tener la condición de copropietario del predio “Maná” ubicado en el departamento de Santa Cruz, Provincia Obispo Santiesteban, Municipio San Pedro; así como del predio “San Cayetano” que se encuentra en el mismo departamento, provincia Obispo Santiesteban, Sección Quinta, Cantón Handerman; sin embargo, el 13 de junio de 2023, en conocimiento de la presencia de tractores y equipos agrícolas instalados por orden de Leonardo Costa Beber y la Empresa “AGROPOSITIVA” Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.), con la intención de sembrar soya; es que por Carta Notariada de 14 del indicado mes y año, se repudió el avasallamiento a las propiedades mencionadas, alegando que esa situación sería una clara invasión y uso indebido de su propiedad, las cuales estaban siendo debidamente tituladas a su nombre y familia al encontrarse en proceso de distribución entre los coherederos desde el fallecimiento de su madre Nelly Paz Méndez Vda. de Barbery. Mediante Carta Notariada de 17 de junio de 2024, firmada por Ana Karen Barbery Paz -hoy tercera interviniente- dirigida a su representado se quiso encubrir el avasallamiento, indicando que hubiesen ingresado a esas propiedades con base en un Contrato de 27 de febrero de 2023, suscrito con la Sociedad Accidental “El Cañuelar”, ante lo cual igualmente por Carta Notariada de 18 de junio de 2024, se dejó establecido sobre la legalidad de su petición de retiro de maquinaria ajena, pidiendo incluso una reunión para tratar ese aspecto; no obstante, aprovechando que se suscitó un avasallamiento al predio “Santa Rita” colindante con el predio “San Cayetano”, la parte denunciante simuló que existía conflicto con ellos, dando lugar a que el 19 del indicado mes y año, Ronelio Felipe Barbery Paz -ahora tercero interviniente-, los denunciara por la supuesta comisión del delito de avasallamiento ante el Fiscal de Materia hoy coaccionado y con base en un sesgado informe del funcionario policial ahora coaccionado, luego de un mes de presentada la denuncia, el Ministerio Público allanó los predios “Maná” y “San Cayetano”, procediendo a la aprehensión de varios trabajadores, con la finalidad de consumar el ilegal ingreso de la empresa AGROPOSITIVA S.R.L. Finalmente manifiesta que, el Contrato suscrito -de 27 de febrero de 2023- no tiene la validez necesaria; puesto que, si bien está firmado por Ana Karen Barbery Paz -ahora tercera interviniente-, no es dueña de la totalidad de los predios, sino de una porción, además que esa sociedad se encuentra extinta hace muchos años, el que fue celebrado bajo un poder notarial nulo y revocado, no pudiendo con dicho documento intentar criminalizar su pacifica posesión ni a sus trabajadores, pretendiéndose ejecutar un contrato agrario, cuando la materia penal no tiene facultades para conocer asuntos agrarios, o relacionados a la división y partición de bienes hereditarios; por lo que, se trató de disfrazar el proceso penal con base en un avasallamiento con la finalidad de amedrentarlos, desconociendo la garantía del juez competente en razón de la materia, de conformidad con lo establecido por la SCP 0405/2023-S4 de 31 de mayo, lo que implica un defecto absoluto que no puede ser convalidado, debiendo disponerse la nulidad de todo lo obrado y remitir antecedentes a la instancia competente; por otro lado, siendo Rosendo Ernesto Barbery Paz de la tercera edad se puede exigir la subsidiaridad de la acción de libertad, más aún si los problemas surgidos pusieron en riesgo su vida y salud.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

Los accionantes a través de su representante sin mandato, denuncian la vulneración de su derecho al juez competente en razón de materia; sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitan se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga: a) La nulidad de todo lo obrado por infracción de la garantía del juez competente en razón de materia; y, la inmediata libertad de los detenidos Edwin Gómez Gonzáles, Andrés Chávez Aramayo, Richard Guzmán Vargas, “Juan”, Mario Cuba Asteti, Antonio Alarcón, Moisés Quispe Varizo, Igimio “Aguilar” Flores, Nelson Méndez “Maure”, Clemente Montero Romero, Juan Pablo “Pora” Masái, Silverio Becerra Popo, Ricardo Huanay Rodríguez, Germán Camacho Hinojosa, Gilbert López Céspedes, Miguel Rebollo Trujillo, Fernando Flores Salas, Ceferino Ari Tola, Juan Lira Huanca, Francisco Chachaqui Machaca, Raúl Romero Ortíz, “Raiz” Suárez Cortez, Juan Rodríguez Guzmán, Nelson Luizaga Carrillo, Roly Paredes Vaca, Juan Enrique Colodro Zárate, Rene Eguez “Sea”; y, Carlos Sosa “Vanegas” -accionantes-; b) La remisión de antecedentes de la demanda de División y Partición de Bienes sucesorios seguido contra Ronelio Felipe y Ana Karen ambos de apellidos Barbery Paz -hoy terceros intervinientes-, Rosendo Barbery Paz; María Nelly y Rosa Cristina, ambas de apellidos Barbery Paz y otros, radicada ante el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de La Guardia del departamento de Santa Cruz, con Número de Registro Judicial (NUREJ) 70475244, Expediente 216/23, donde se debe dilucidar la sucesión de la herencia; c) El Juez, Fiscal de Materia y funcionario policial hoy accionados, se abstengan de reincidir en medidas de hecho que obstaculicen que sus personas acudan a trabajar al interior de los predios de María Nelly, Rosa Cristina y Rosendo, todos de apellidos Barbery Paz; d) Se inicie investigación penal contra Leonardo y Flavio Junior Costa Beber, para determinar su nivel de participación en las medidas de hecho denunciadas en la acción de libertad; e) Se ordene que el Juez, Fiscal de Materia y funcionario policial ahora accionados abstenerse de reincidir en el ilícito de presentar ante los medios de comunicación a ninguno de sus personas como si se tratasen de personas autoras de delitos sin que hubiese un proceso previo; y, f) La remisión de antecedentes al Consejo de la Magistratura y a la autoridad sumariante del Ministerio Público, para abrir investigación de oficio por las medidas de hecho perpetrados por el Juez y Fiscal de Materia hoy accionados.

I.2. Audiencia y resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 15 de “abril” -julio- de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 552 a 570 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Los accionantes a través de su abogado en audiencia, ratificaron de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestaron que: 1) El simple ejercicio del derecho posesorio por cualquiera de los hermanos Barbery Paz no puede ser criminalizado como delito de avasallamiento ni de sus trabajadores, debiendo respetarse la partición y división de bienes que se encuentran en trámite en el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de La Guardia del departamento de Santa Cruz, conforme lo reconocieron los ahora terceros intervinientes al momento de promover la recusación del Juez donde inicialmente radicó la presente acción de libertad, indicando que en el proceso penal se discute lo mismo que se cuestiona en ese Juzgado; 2) En la audiencia cautelar de 12 de julio de 2024, se planteó excepción de incompetencia con la esperanza de que la arbitrariedad se limite al Ministerio Público, señalándose que la instancia penal no sería la competente para determinar la división y partición de los bienes; empero, el Juez hoy accionado declaró infundada la excepción de incompetencia; y, 3) En el presente caso corresponde hacer abstracción del principio de subsidiaridad excepcional de la acción de libertad en razón de las condiciones de vulnerabilidad de Carlos Sosa Banegas -coaccionante-, quien presenta una enfermedad de base vinculada a problemas del corazón; asimismo, Ronelio Felipe Barbery Paz, coheredero y copropietario de los bienes inmuebles -coaccionante-, tiene más de sesenta y cinco años de edad, igualmente con enfermedad de base, así como varios accionantes se encontrarían en esa misma categoría.

I.2.2. Informe de las autoridades y funcionario policial accionados

René Blanco León, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Mineros del departamento de Santa Cruz, mediante informe presentado el 15 de julio de 2024, cursante a fs. 352 y vta., señaló que: i) El acta de audiencia que se efectuó el 12 del indicado mes y año, aun no se encuentra labrada por la Secretaria de su Juzgado, al tenerse otra audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares por avasallamiento, contándose incluso con otra audiencia cautelar por abuso sexual; ii) Se declararon infundados los incidentes de defectos absolutos por indebida aprehensión, por notificación con la imputación formal y la nulidad de la imputación formal; de igual manera, se declaró infundada la excepción de incompetencia, interpuesta por el abogado de los veintiocho imputados -accionantes-, el cual se encuentra con recurso de apelación incidental; y, iii) De la misma manera, se interpuso recurso de apelación incidental contra las medidas cautelares que dispusieron la detención preventiva de todos los imputados -accionantes-; por lo que, debe denegarse la acción de libertad, al encontrarse pendientes recursos que resolver.

Carlos Candia Justiniano, Fiscal de Materia, por informe presentado en audiencia, indicó que: a) El Ministerio Público no investiga derechos propietarios, ni ve conflictos de derechos de herencias y agroambientales, sino investiga la presunta comisión de delitos de orden público en materia penal; b) Marcos Antonio Noza Guaji, en representación de Ronelio Felipe Barbery Paz -ahora tercero interviniente-, presentó denuncia por la presunta comisión del delito de avasallamiento, supuestamente ocurrido el 17 de junio de 2024, fecha en la que un grupo de cuarenta personas encapuchadas, irrumpieron en las propiedades denominadas “San Cayetano” y “Maná”, rompiendo el candado del portón principal, entraron a la fuerza armados de palos y machetes, armas de fuego, e intimidando al personal que se encontraba trabajando en ese momento en la siembra, a efectos que esas personas abandonen la propiedad; dicha denuncia fue base para el inicio de las investigaciones a través del investigador asignado al caso quien verificó los extremos de la señalada denuncia, evidenciándose en el lugar la existencia de personas presuntamente ajenas a la propiedad, jóvenes entre dieciocho y veinticinco año, quienes portaban machetes y otros instrumentos, y de manera textual una persona manifestó que se estaba avasallando el lugar porque sería su tierra, con actitud delincuencial y con la única intención de apropiarse de esa propiedad; c) El informe emitido por el funcionario policial ahora coaccionado causó alarma, siendo obligación del Ministerio Público investigar delitos y preservar la vida; puesto que, se encontraban personas secuestradas, se tenían armas de fuego y se verificó la existencia de actos violentos a consecuencia de todo ello; d) Se aprehendieron y detuvieron preventivamente a veintiocho personas; se intervino con funcionarios policiales pertenecientes al Comando Departamental de la Policía Boliviana para revisar el lugar del hecho, evidenciándose el cambio de candados, entre otros actos que denotaban un avasallamiento, encontrándose incluso la prensa; e) En el presente caso no se cometió ninguna arbitrariedad, sino el cumplimiento del deber de investigar tanto de los funcionarios policiales como del Ministerio Público al margen de la existencia de otro tipo de conflictos que no les atañe, se reaccionó al identificarse acciones de hecho concretas, y en la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares la parte denunciada reclamó ese extremo, presentando incidentes de nulidad de aprehensión, nulidad de imputación e incompetencia en razón de materia; incidentes que fueron rechazados y declarados infundados; ante lo cual, se interpuso recurso de apelación que se encuentra pendiente de resolución; es decir, existe una vía ordinaria y con relación a la incompetencia en razón de materia, se alegó la existencia de conflictos de derecho propietario, de herencia, de división y partición de bienes y que se trataría de conflictos en materia judicial o agroambiental; sin embargo, ya fue reclamado en instancia ordinaria; por lo que, no debió recurrir directamente a la jurisdicción constitucional; f) Esos aspectos no fueron denunciados en la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares, no hubo una petición concreta no se mencionó que los demandados -accionantes- fueran de la tercera edad, pese a la existencia de un sin número de asistencia técnica; sin embargo, se debe aclarar que no son personas de la tercera edad, simplemente se quiere confundir a efecto de que no aplique la excepción al principio de subsidiariedad de la acción de libertad; y, g) Cumplió con sus funciones, y el respaldo de todo lo actuado se encuentra en el cuaderno de investigaciones; por lo que, de manera objetiva y en defensa de la legalidad, se debe denegar la tutela solicitada por subsidiariedad; puesto que, al presentarse incidentes que fueron rechazados donde no fueron reclamados la supuesta existencia de personas de la tercera edad y enfermas, se encuentra pendiente de recurso de apelación. Andrés Chura Mena, funcionario policial, mediante informe emitido en audiencia a través de su abogada, manifestó que: 1) A través de inteligencia fueron doscientos cincuenta funcionarios policiales los que se hicieron presentes en el lugar para tratar de conservar el orden público con base en un plan de operaciones del Comando Departamental de la Policía Boliviana, lo cual se puede evidenciar de los antecedentes del cuaderno de investigaciones en el caso 108/24 con Código Único de Denuncia (CUD) 71010202092401539, que se encuentra a cargo del Juez ahora accionado, quien conoció todas las actuaciones, y que los funcionarios policiales fueron agredidos con “miguelitos” y “casabobo”, fabricados con pólvora y clavos, con la finalidad de que dichos funcionarios no ingresen al lugar; 2) Actos totalmente irregulares que fueron puestos a conocimiento del Ministerio Público a través de informes, dando a conocer también que existían personas secuestradas; por lo que, se actuó de conformidad con lo dispuesto por el art. 295.3 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que establece que la Policía Boliviana practicará las diligencias orientadas a la individualización de los presuntos autores del delito, así como conforme los numerales 4 y 5 del mismo artículo, referido a que pueden recabar datos que sirvan para identificar a los imputados y proceder a su aprehensión, cumpliendo en todo momento con el mandato del art. 251 de la Constitución Política del Estado (CPE); por lo que, en su labor protegieron la paz, integridad y el bien jurídico más importante como es la vida y la integridad de las personas que se encontraban secuestradas en el lugar de los hechos; y, 3) De acuerdo al art. 169 del CPP los defectos absolutos, relacionados a la nulidad de imputación y vulneración de derechos, debe ser conocida por el Juez hoy accionado.

I.2.3. Participación de los terceros intervinientes

Ana Karen Barbery Paz a través de su abogado en audiencia, manifestó que, resultaría redundante y vulneratorio al principio de certeza en su elemento del derecho al debido proceso, entrar a detalle de valoración y revaloración de la prueba aportada en la acción de libertad, encontrándose limitada la jurisdicción constitucional de revalorizar la prueba, más aún si está siendo tratada en una instancia de carácter ordinaria que se encuentra con recurso de apelación; en cuanto a los incidentes presentados “…el día de la audiencia…” (sic), igualmente fueron apelados, debido a que se hubiese debatido respecto de la ilegal detención, la vulneración del derecho al debido proceso; debiendo en el caso aplicarse la línea jurisprudencial establecida en la SCP “400/2018-S1” relacionada a la activación de la doble instancia y al procedimiento indebido e ilegal de la acción de libertad; es decir, que no es posible el conocimiento de la acción tutelar mientas existan actos y mecanismos pendientes en la jurisdicción ordinaria; asimismo, se debe acreditar que no se proporcionó medios de defensa o que se hubiese llevado de manera irregular la detención de las personas, desconociendo el derecho al debido proceso; finalmente, dentro de las declaraciones del Juez y Fiscal de Materia ahora accionados, se indicó que los “veintisiete” detenidos declararon en presencia de sus abogados; por lo que, no existe indefensión; de igual manera, Rosendo Ernesto Barbery Paz -accionante- entre otros, no se encuentra privado de libertad; por lo que, carece de legitimación activa “en el presente proceso”; no se demostró cómo se estaría vulnerando su derecho a la vida; y en cuanto a la persona de la tercera edad que tendría urgencia de ser tratado; de ser denunciados habrían sido otorgados, así como los auxilios necesarios dentro de su detención; de igual manera, el operativo realizado fue dentro de la línea constitucional y procesal para la verificación y protección de la vida y la libertad de personas que están siendo sometidas dentro de un “precinto legal”, no siendo evidente que doscientos policías fueron activados de manera arbitraria sin ninguna orden, al contrario, obraron cumpliendo la ley y en reguardo de la vida de esas personas; además los detenidos están siendo juzgados bajo la vía ordinaria y encontrándose pendiente su recurso de apelación. Ronelio Felipe Barbery Paz, a través de su abogado en audiencia indicó que, los accionantes no tienen legitimación activa, por cuanto Alex Cabrera, “Diego Alejandro” y “el señor Rosendo”, no son parte denunciada en la acción de defensa que pretende la nulidad del proceso penal, no pudiendo argumentar que no existe subsidiariedad; además de conformidad con lo establecido por el art. 232 del CPP “…en su numeral 4, cuando se tratan de personas mayores de 65 años…” (sic); en ese sentido, Rosendo Ernesto Barbery Paz -accionante-, al no ser parte denunciada en el proceso penal por avasallamiento, no correspondía aplicar el principio de subsidiariedad; por otro lado, “los señores” consintieron en que se siga tramitando la vía ordinaria en el proceso penal, al tenerse recurso de apelación contra la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares, encontrándose pendiente de resolución; y respecto a la posesión, la empresa “AGROPOSITIVA” S.R.L. tiene la actual posesión de los predios avasallados -“Maná y San Cayetano”-, posesión que tiene hace más de diez años; por lo que, cuando llegaron los funcionarios policiales, en las fotos que se sacaron, se pudo evidenciar la existencia de sembradíos de soya ya listos para cosechar, los cuales ya tienen entre cuatro y cinco meses; de igual manera, en el presente caso no se individualizó respecto a cada uno de los “veintiocho” imputados, y cuál sería la vulneración; puesto que, solamente indicaron que se vulneraron sus derechos; y lo relacionado al certificado médico no fue argumentado en la citada audiencia.

I.2.4. Resolución

La Jueza Pública Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia de Partido de Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal Primero de La Guardia del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 08/24 de 15 de julio de 2024, cursante de fs. 571 a 578, concedió la tutela solicitada, disponiendo: i) La nulidad del requerimiento de Imputación Formal de 11 del indicado mes y año, emitido por el Fiscal de Materia ahora coaccionado; ii) La nulidad del Auto Interlocutorio de 12 de ese mismo mes y año, de aplicación de medidas cautelares contra los accionantes emitido por el Juez hoy accionado, debiendo librarse por Secretaría los correspondientes mandamientos de libertad en favor de los “veintiocho” accionantes detenidos preventivamente dentro del caso “FUD 710102092401539”; iii) Debiendo Rosendo Ernesto Barbery Paz -accionante- y Ronelio Felipe Barbery Paz -ahora tercero interviniente-, en su calidad de denunciante del proceso penal por el supuesto delito de avasallamiento, y Ana Karen Barbery Paz -hoy tercera interviniente- y otros copropietarios y coherederos de Nelly Paz Méndez Vda. de Barbery, así como cursa en el título ejecutorial del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y Folio Real, constituirse ante el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de La Guardia -del departamento de Santa Cruz-, en el proceso civil de división y participación de bienes hereditarios; y, iv) Se restituya a los accionantes en el mismo estado en que se encontraban ocupando los predios “San Cayetano” y “Maná”, sin costas; todo ello, bajo los siguientes fundamentos: a) Las actuaciones realizadas no guardan relación con el presente caso penal ya que según la acción directa efectuada por la Policía Boliviana, el ingreso a dichos predios fue el 10 de julio de 2024 a las 7:00 horas; por lo que, el Ministerio Público por inobservancia emitió los requerimientos fiscales con el número de caso FELCC-MIN 108/2024 para que el médico forense realice los certificados médicos de incapacidad a las tres personas que no fueron víctimas en el proceso penal; en ese sentido lo aseverado por el funcionario policial hoy coaccionado falta a la verdad al indicar que existían personas heridas e incluso funcionarios policiales que hubiesen perdido el ojo, lesiones que fueron provocadas por los veintiocho aprehendidos con una actitud violenta y que dichas personas poseían armas y explosivos; sin embargo, aquello no pudo ser verificado de los actos de colección de indicios materiales de 10 de julio de 2024, documentos que no llevan la firma del funcionario policial ni del Fiscal de Materia hoy coaccionados; b) De igual manera, del Informe de acción directa de la Policía Boliviana de 10 de julio de 2024, se tiene que ingresaron a los predios “Maná” y “San Cayetano”, y procedieron al arresto de veintiocho personas, a los cuales los funcionarios policiales no les aclararon en qué calidad estaban siendo trasladadas a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Santa Cruz; si era de aprehendidos o arrestados, desde las 7:00 horas hasta las 23:00 horas, un plazo mayor de las ocho horas, incumpliendo el art. 225 del CPP e incomunicados excediendo el plazo de veinticuatro horas, desconociendo el art. 231 del citado Código; recién el 11 de igual mes y año, se les tomó su declaración informativa, sin estar adjuntada una resolución fundamentada como exige el art. 73 del CPP, en la que se expliquen los hechos; por lo que, el Fiscal de Materia ahora coaccionado no cumplió con la exigencia legal para proceder a la aprehensión de las veintiocho personas, ocasionando una aprehensión indebida, a pesar que remitió a los detenidos preventivos dentro de plazo legal, ante la autoridad jurisdiccional competente; c) Posteriormente, el 11 de julio de 2024 se presentó imputación formal, fuera del plazo de las veinticuatro horas, incumpliendo el art. 226 del CPP sin fundamentación, ya que la imputación solamente es una redacción de los elementos que cursan en el cuaderno de investigaciones de forma literal, sin adecuar e individualizar la conducta de los imputados al delito -de avasallamiento- y la concurrencia de los elementos constitutivos de la conducta, incurriéndose por ello en la vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de fundamentación de las resoluciones, con relación a la imputación de la señalada fecha; y, d) En cuanto al Juez ahora accionado, los accionantes indicaron que durante la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares se planteó la excepción de incompetencia en razón de materia, alegando que los predios en cuestión pertenecían en copropiedad a María Nelly Barbery Paz, Rosa Cristina Barbery Paz y Rosendo Ernesto Barbery Paz -accionante- quienes siempre estuvieron en posesión y no así Ana Karen Barbery Paz -hoy tercera interviniente-, presentando documentación que respalda esa pretensión al Juez ahora accionado, quien rechazó la excepción, señalando que si bien se reconocería la propiedad y posesión de Rosendo Ernesto Barbery Paz -accionante- en su condición de copropietario, ello no le permitía realizar justicia por mano propia y vulnerar los derechos de Leonardo y Flavio Junior, ambos de apellidos Costa Beber y la empresa “AGROPOSITIVA” S.R.L., quienes tendrían derecho de posesión con base en un contrato firmado con Ana Karen Barbery Paz -hoy tercera interviniente-, lo que produjo que el Juez ahora accionado convalide la forzada denuncia por avasallamiento contra los accionantes, ordenando contra los mismos mediante Auto Interlocutorio de 12 de julio de 2024, su detención preventiva por el tiempo de ciento ochenta días; en ese sentido, el Juez hoy accionado no cumplió con su obligación jurisdiccional de fundamentar y motivar el indicado Auto Interlocutorio que resuelve la aplicación de medidas cautelares y rechazó la excepción de incompetencia en razón de materia y el incidente de nulidad de imputación formal formulado por la defensa de los accionantes, debiendo concederse la tutela, más aún cuando el Juez ahora accionado reconoce a Rosendo Ernesto Barbery Paz -accionante- como copropietario de los predios “Maná” y “San Cayetano”, quien se encontraba con sus “veintiocho” trabajadores quienes fueron indebidamente procesados en el predio con la autorización del nombrado quien se comunicó con cartas notariadas con los denunciantes para tratar ese tema si tener una respuesta formal, hasta llegar a la vía penal, siendo evidente la vulneración del derecho al juez natural, al existir un proceso civil, en el que se debe determinar el derecho propietario sucesorio de las partes y la delimitación del predio en favor de los herederos y que vulnera la libertad de los accionantes ante la imposición de la medida extrema de la detención preventiva. En vía de complementación y enmienda, Ronelio Felipe Barbery Paz -ahora tercero interviniente-, a través de su abogado, solicitó que la Jueza de garantías explique la emisión directa de los mandamientos de libertad y no mediante el Juez hoy accionado; así como se pronuncié respecto a la legitimación activa y pasiva de los accionantes, alegada en audiencia. En mérito a esa solicitud, la Jueza de garantías, indicó que su resolución fue clara al adecuarse a los datos del proceso.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial de 19 de junio de 2024, dirigido al Fiscal de Materia; por el cual, Marco Antonio Noza Guaji en representación legal de Ronelio Felipe Barbery Paz -hoy tercero interviniente-, formalizó denuncia contra presuntos autores y otros por el delito de avasallamiento (fs. 67 a 69 vta.). II.2. Consta memorial de 11 de julio de 2024, dirigido al Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Mineros del departamento de Santa Cruz; por el cual, Carlos Candia Justiniano, Fiscal de Materia -ahora coaccionado- informó sobre la ampliación de denuncia e imputación formal, en el caso FELCC-MIN 108/2024, por los delitos de avasallamiento, asociación delictuosa; y, privación de libertad, que al tratarse de un acción penal pública se imputa formalmente a Juan Lira Huanca, Miguel Revollo Trujillo, René Eguez Seas, Juan Rodríguez Guzmán, Nelson Luisaga Carrillo, Andrés Chávez Aramayo, Clemente “Monterino” Romero, Juan Pablo “Para” Masái, Carlos Sosa Banegas, Germán Camacho Hinojosa, Silverio Becerra Popo, Mario Caba Asteti, Antonio Alarcón, Edwin Gómez Gonzáles, “Iván” Gutiérrez, “Higinio” Aguilar Flores, Richard Guzmán Vargas, Moisés Quispe Barizo, Nelson Méndez “Navia”, Ceferino Ari Tola, Gilber López Céspedes, Rey Suarez Cortes, Raúl Romero Ortiz, Fernando Flores Salas, Juan Enrique Colodro Zárate, Roly Paredes Vaca, Ricardo Huanay Rodrígues y Francisco Chachaqui Machaca -ahora accionantes-; solicitando que se ordene su detención preventiva por el plazo de noventa días en el Centro de Readaptación Productiva de Montero (CERPROM [fs. 301 a 323 vta.]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes a través de su representante sin mandato, denuncian la vulneración de su derecho al juez competente en razón de materia; puesto que, simulando la existencia de conflictos en el predio “Maná”, fueron denunciados el 19 de junio de 2024 por Ronelio Felipe Barbery Paz -ahora tercero interviniente-, por la presunta comisión del delito de avasallamiento que hubiesen cometido en la propiedad respecto a la cual ejercen quieta y pacífica posesión, al constituirse copropietarios del predio señalado; sin embargo, el Juez, Fiscal de Materia y funcionario policial hoy accionados, a su turno, realizaron actos con la finalidad de la aprehensión de sus trabajadores, tratando de consumar el ilegal ingreso de la empresa “AGROPOSITIVA” S.R.L., con base a un contrato que ya no tiene validez, pretendiendo criminalizar su pacífica posesión, ejecutar un contrato agrario y que en la justicia penal se diluciden conflictos de división y partición de bienes hereditarios; por lo que, no puede suscitarse la causa penal. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Derecho al debido proceso y su protección vía acción de libertad

La SCP 0826/2019-S2 de 17 de septiembre, señaló que: “…cabe mencionar como antecedente a la SC 0024/2001-R de 16 de enero, que estableció que la protección al debido proceso a través del entonces recurso de habeas corpus, era viable solamente en aquellos casos en los cuales exista directa causalidad con la libertad personal o de locomoción, es decir, cuando los actos u omisiones denunciados sean la causa directa para la restricción o supresión del derecho a la libertad. Luego, la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, refirió que las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien fue objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y solo agotados éstos, es posible acudir a la justicia constitucional a través del entonces recurso de amparo constitucional, al ser el medio idóneo para precautelar las lesiones al debido proceso, salvo que se constate que a consecuencia de dichas infracciones, se colocó al accionante en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad. Los criterios señalados fueron sistematizados en la SC 0619/2005-R de 7 de junio indicando que para la tutela del debido proceso a través del entonces recurso de hábeas corpus, debían concurrir los siguientes requisitos: a) Los actos u omisiones denunciados debían estar vinculados con la libertad y ser causa directa para su supresión o limitación; y, b) Debía existir absoluto estado de indefensión, impidiéndoles impugnar los supuestos actos lesivos en el proceso. Este entendimiento fue seguido por la jurisprudencia constitucional hasta su modulación por la SCP 0217/2014 de 5 de febrero, en la que, a partir de una interpretación sistemática y teleológica de los arts. 115.II, 125, 178.I y 180.I de la CPE con relación al art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo), a la luz del principio de favorabilidad y la fuerza expansiva de los derechos fundamentales, estableció en el Fundamento Jurídico III.1, que:

…Efectivamente, debe considerarse, por un lado, que los supuestos de procedencia de la acción de libertad señalados en el art. 125 de la CPE y el art. 47 del CPCo, y cuando se hace referencia al indebido procesamiento, en ningún momento se condiciona la procedencia la vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal. En ese entendido, bajo una interpretación literal de dichas normas, pero también atendiendo a una interpretación teleológica de las mismas, debe señalarse que la garantía del debido proceso en materia penal es tutelable por la acción de libertad, aún no exista una vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal, siendo suficiente la existencia de una relación indirecta con dicho derecho ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone… Asimismo, la misma Sentencia señaló que: ‘…las lesiones al debido proceso en materia penal en aquellos casos en los que se colocó al accionante en absoluto estado de indefensión o cuando éste agotó los medios de impugnación intra procesales, son susceptibles de la tutela constitucional que brinda la acción de libertad’. Sin embargo, posteriormente la SCP 1609/2014 de 19 de agosto recondujo la línea al criterio restrictivo, es decir, a la exigencia de la directa causalidad entre el acto u omisión denunciados como lesivos y el derecho a la libertad; y, la existencia de absoluto estado de indefensión. Ahora bien, efectuando un examen de la línea jurisprudencial en cuanto al procesamiento indebido en las acciones de libertad, el estándar jurisprudencial más alto se encuentra contenido en la SCP 0217/2014, por cuanto no limita la protección de la garantía del debido proceso vía acción de libertad a la existencia de indefensión absoluta y vinculación directa con el derecho a la libertad, sino -como se tiene señalado-establece que es posible la protección de la garantía del debido proceso, dentro de los procesos penales, aun no exista una vinculación directa con el derecho a la libertad, siempre que se hubieren agotado los medios intraprocesales de impugnación, salvo los supuestos de indefensión absoluta, en los cuales no se exige el agotamiento previo de las vías de impugnación existentes. De conformidad a lo anotado, las subreglas aplicables en materia de procesamiento indebido vía acción de libertad, son las siguientes: La garantía del debido proceso en materia penal es tutelable por la acción de libertad, cuando: a) Exista vinculación directa o indirecta con el derecho a la libertad física o personal, ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone; y, b) Se hubieren agotado los medios de impugnación dentro del proceso penal, siempre que estos sean idóneos, específicos y aptos para restituir de forma inmediata los derechos que se encuentran en el ámbito de protección de la acción de libertad; salvo indefensión absoluta del accionante, supuesto en el cual, la acción de libertad podrá ser formulada de manera directa” (las negrillas nos corresponden).

III.2. Análisis del caso concreto

Los accionantes a través de su representante sin mandato, denuncian la vulneración de su derecho al juez competente en razón de materia; puesto que, simulando la existencia de conflictos en el predio “Maná”, fueron denunciados el 19 de junio de 2024 por Ronelio Felipe Barbery Paz -ahora tercero interviniente-, por la presunta comisión del delito de avasallamiento que hubiesen cometido en la propiedad respecto a la cual ejercen quieta y pacífica posesión, al constituirse copropietarios del predio señalado; sin embargo, el Juez, Fiscal de Materia y funcionario policial hoy accionados, a su turno, realizaron actos con la finalidad de la aprehensión de sus trabajadores, tratando de consumar el ilegal ingreso de la empresa “AGROPOSITIVA” S.R.L., con base a un contrato que ya no tiene validez, pretendiendo criminalizar su pacífica posesión, ejecutar un contrato agrario y que en la justicia penal se diluciden conflictos de división y partición de bienes hereditarios; por lo que, no puede suscitarse la causa penal. Identificados de esa manera los supuestos actos vulneratorios al derecho al juez competente en razón de materia, alegado por los accionantes, de antecedentes se tiene que el 19 de junio de 2024, Marco Antonio Noza Guaji en representación legal de Ronelio Felipe Barbery Paz -hoy tercero interviniente-, formuló de manera genérica denuncia “contra presuntos autores y otros” por la supuesta comisión del delito de avasallamiento (Conclusión II.1.); posteriormente, el Fiscal de Materia ahora coaccionado, dio a conocer al Juez hoy accionado, sobre la ampliación de denuncia e imputación formal, dentro del caso FELCC-MIN 108/2024, por los delitos de avasallamiento, asociación delictuosa; y, privación de libertad; contra Juan Lira Huanca, Miguel Revollo Trujillo, René Eguez Seas, Juan Rodríguez Guzmán, Nelson Luisaga Carrillo, Andrés Chávez Aramayo, Clemente “Monterino” Romero, Juan Pablo “Para” Masái, Carlos Sosa Banegas, Germán Camacho Hinojosa, Silverio Becerra Popo, Mario Caba Asteti, Antonio Alarcón, Edwin Gómez Gonzáles, “Iván” Gutiérrez, “Higinio” Aguilar Flores, Richard Guzmán Vargas, Moisés Quispe Barizo, Nelson Méndez “Navia”, Ceferino Ari Tola, Gilber López Céspedes, Rey Suarez Cortes, Raúl Romero Ortiz, Fernando Flores Salas, Juan Enrique Colodro Zárate, Roly Paredes Vaca, Ricardo Huanay Rodrígues y Francisco Chachaqui Machaca -accionantes-; solicitando que se ordene su detención preventiva por el plazo de noventa días en el CERPROM. Conforme a los antecedentes que fueron descritos precedentemente, se tiene que se inició contra los accionantes un proceso penal por la supuesta comisión del delito de avasallamiento; cuando el conflicto estaría relacionado a la supuesta vigencia de un contrato agrario y que a través de ese proceso se determinen conflictos de división y partición de bienes hereditarios, lo que suscitó que a través de la presente acción de defensa se pretenda la protección del derecho al debido proceso en su elemento al juez competente en razón de materia. Dentro de ese contexto, de acuerdo a lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, las denuncias del derecho al debido proceso en materia penal son protegidas por la acción de libertad, siempre que exista vinculación directa o indirecta con el derecho a la libertad física o personal, así como ante la amenaza de su privación dentro del proceso penal; en el presente caso se evidencia que el Juez, Fiscal de Materia y funcionario policial ahora accionados a su turno, tramitaron un proceso penal contra los accionantes cuando no tenían competencia para conocer temas civiles como es la división y partición de bienes hereditarios, más aún cuando se tiene una demanda civil interpuesta por Gustavo Barbery Pelaez el 4 de diciembre de 2023, quien al fallecimiento de su abuela Nelly Paz Méndez Vda. de Barbery, pidió al Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primero de La Guardia del departamento de Santa Cruz, medida precautoria de anotación preventiva, entre otros, respecto a los fundos rústicos “Maná” inscrito en la Oficina de DD.RR. bajo la matrícula computarizada 7.10.0.50.0001052; y la propiedad “San Cayetano” igualmente inscrita en la citada Oficina bajo la matrícula computarizada 7.10.5.03.0000042; los cuales se encontrarían con arrendamiento o parcelas destinadas a la siembra y cosecha de soya, girasol y otros cultivos agrícolas desde el 2017 “hasta la fecha” (fs. 291 vta. a 299 vta.). En ese sentido, siendo que en el proceso civil de división y partición de bienes hereditarios, suscitado por Gustavo Barbery Pelaez, en la cual se señalaron como demandados -entre otros- a Rosendo Ernesto Barbery Paz -accionante-, y Ronelio Felipe Barbery Paz -ahora tercero interviniente, denunciante de avasallamiento dentro del caso FELCC-MIN 108/2024, por los delitos de avasallamiento, asociación delictuosa; y, privación de libertad-, y que el bien supuestamente avasallado, es parte de la masa patrimonial que se encuentra en conocimiento de la autoridad jurisdiccional en materia civil para determinar su división y partición hereditaria correspondiente, resulta evidente que existe planteada de manera inicial; es decir, el 4 de diciembre de 2023, un proceso civil anterior a la denuncia penal la cual es de 19 de junio de 2024, no pudiendo conocer el Juez hoy accionado el proceso penal por la supuesta comisión del delito de avasallamiento, cuando tanto los bienes como las partes en litigio ya se encuentran bajo tuición del Juez en materia civil, correspondiendo a esa instancia la competencia para resolver cuestiones planteadas sobre la partición de bienes hereditarios. Bajo ese criterio no corresponde realizar análisis alguno sobre la manera en la que el Juez, Fiscal de Materia y funcionario policial ahora accionados llevaron el procedimiento en el proceso penal y la actuación de cada uno de los mismos; es decir, respecto a la labor investigativa realizada por el funcionario policial hoy coaccionado; sobre la ampliación de la imputación formal con aprehendido emitida por el Fiscal de Materia ahora coaccionado; y el rechazo de los incidentes planteados por los accionantes, efectuada por el Juez hoy accionado; puesto que, realizar dicha labor implicaría reconocer que esa instancia penal, tendría competencia para realizar esos actos procesales, cuando ya se determinó que la competencia corresponde a la esfera civil; situación que igualmente sucede con el hecho de la supuesta existencia de medios impugnativos pendientes de resolución, como el recurso de apelación, y que darían lugar a la aplicación excepcional del principio de subsidiariedad en la presente acción de defensa; sin embargo, ello no puede ser exigible a los accionantes; ya que, implicaría el reconocimiento de las actuaciones realizadas en instancia penal, cuando ya se dijo que la competencia la tiene la jurisdicción civil. En ese entendido siendo una de las consecuencias de esa labor realizada sin competencia, la determinación de la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva, aquello vulneró el derecho a la libertad de los accionantes, correspondiendo en consecuencia dejar sin efecto todos los mandamientos de aprehensión emitidos contra los nombrados; por lo que, sin ingresar a mayores consideraciones de orden constitucional sobre el presente caso, y conforme a lo descrito precedentemente corresponde conceder la tutela solicitada. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 08/24 de 15 de julio de 2024, cursante de fs. 571 a 578, pronunciada por la Jueza Pública Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia de Partido de Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal Primero de La Guardia del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, de conformidad con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en los mismos términos dispuestos por la Jueza de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Isidora Jiménez Castro es de Voto Aclaratorio.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0787_2024-S3_id65555.pdf · páginas 1 a 16.

Huella digital del PDF (SHA-256): 5e733f890a08a7b271f8e90c4082ea77f9d5d918dbecc75f743c03eae1d6ba2c

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