B.IA.LEGAL

SCP 0784/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 18 de julio de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
18 de julio de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
56017-2023-113-AAC
Departamento
Pando
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante GAM de Cobija denunció la lesión de los derechos al debido proceso en su elemento de fundamentación, acceso a la justicia; principio de verdad material y pro homine; toda vez que, dentro del proceso contencioso promovido por la empresa LIDERMED S.A. contra el municipio de Cobija, se presentaron en plazo las excepciones previas acompañadas de una fotocopia simple del Testimonio de Poder 1220/2023, el cual incluía un código QR que permitía verificar su autenticidad, conforme a lo previsto en los arts. 148.III y 150.4 del CPC; no obstante, los Vocales demandados exigieron una copia legalizada, por lo que se gestionó dicha legalización; sin embargo, debido a un error involuntario de la Secretaria de la Dirección Jurídica de la mencionada institución municipal, no se adjuntó el formulario notarial complementario; en consecuencia, los Vocales ahora demandados rechazaron las excepciones presentadas de su parte, alegando preclusión, sin emitir una resolución fundamentada; por lo que, solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia se disponga dejar sin efecto los decretos de 23, 28 y 31 de marzo de 2023 y por ende, se resuelvan las excepciones opuestas.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 036/2023 de 26 de mayo, cursante de fs. 102 a 105, pronunciada por la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada; en los mismos términos dispuestos por la citada Sala Constitucional y conforme los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1 La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso
  2. III.2. Marco normativo del Sistema Informático del Notariado
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0784/2025-S3 Sucre, 18 de julio de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 56017-2023-113-AAC Departamento: Pando En revisión la Resolución 036/2023 de 26 de mayo, cursante de fs. 102 a 105; pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Cristhian Jesús Tamayo Aguilar en representación de Ana Lucía Reis Melena, Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Cobija contra Miguel Ángel García Solares y Delfín Humberto Betancourt Chinchilla, Vocales de la Sala Civil, Social, Familiar, de Niñez y Adolescencia, Contencioso y Contenciosa Administrativo del Tribunal Departamental de Justicia de Pando.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 5 y 13 de abril de 2023, cursante de fs. 37 a 43. y fs. 50 a 52, respectivamente, la parte accionante a través de su representante legal expuso lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro el proceso contencioso signado con NUREJ 9028390, seguido por la empresa LIDERMED Sociedad Anónima (S.A.), contra el GAM de Cobija, los Vocales de Sala Civil tomaron conocimiento de la demanda el 15 de febrero de 2023; luego, el 17 de febrero, el Vocal Miguel Ángel García Solares observó que el demandante debía presentar el contrato o invitación directa y las facturas originales, sin otorgarle un plazo expreso, no obstante, el 28 de febrero, el demandante solicitó ampliación de plazo, petición que fue concedida de forma irregular por el vocal Delfín Humberto Betancourt Chinchilla por cinco días más, permitiendo que recién el 10 de marzo se presente un nuevo memorial, sin subsanar lo observado inicialmente, a pesar de ello, la demanda fue admitida y puesta en conocimiento de la mencionada entidad municipal, habiendo el demandante gozado de un plazo total de treinta y dos días hábiles desde la primera observación hasta la presentación de la supuesta subsanación. En el ejercicio de su derecho a la defensa, el GAM de Cobija presentó excepciones previas dentro del plazo legal, adjuntando prueba documental y el Testimonio de Poder de representación legal en fotocopia simple, dicho poder contenía el sello original de la Notaría de Fe Pública donde fue labrado, mismo que contenía un código QR legible para su verificación conforme a las disposiciones administrativas emitidas por la Dirección del Notariado Plurinacional (DIRNOPLU); sin embargo, mediante Decreto de 23 de marzo del mismo año, el Vocal, Miguel Ángel García Solares, exigió la presentación del poder en original o copia legalizada para admitir las excepciones; en respuesta, el abogado del indicado GAM, solicitó la legalización notarial correspondiente; en dicho trámite de legalización se percataron que el procedimiento de legalización cambio; puesto que, desde la digitalización de dichos documentos, únicamente se firma en un formulario notarial, que va al final del documento público legalizado, formulario este que involuntariamente no adjuntó por parte de la Secretaria de la Dirección Jurídica del GAM de dicho municipio, que como se indicó, ahora reemplaza los métodos tradicionales de legalización, a pesar de que el poder ya contaba con sello y vigencia. El 28 de marzo, los Vocales rechazaron las excepciones previas, alegando falta de legalización adecuada, sin realizar un análisis de fondo ni considerar el principio de verdad material, el principio pro homine o la igualdad de oportunidades reconocidos por los arts. 13.IV y 109 de la Constitución Política del Estado (CPE). En ese contexto el GAM de Cobija interpuso recurso de reposición explicando que el documento fue emitido de buena fe, en plazo oportuno, y solicitando se reponga la determinación; sin embargo, mediante Decreto de 31 de marzo de 2023, los Vocales nuevamente rechazaron su petición sin fundamentación jurídica, alegando simplemente la preclusión de su derecho. Cabe señalar que el art. 150 inc. 4) del Código Procesal Civil (CPC) otorga valor probatorio a documentos digitalizados, y el art. “148.IV)” -no indica de qué cuerpo normativo- reconoce la validez de documentos emitidos electrónicamente; además, conforme a la Resolución Administrativa 096/2022 de la DIRNOPLU, los arts. 25, 28 y 30 avalan el uso del código QR y la interoperabilidad de documentos digitales como mecanismos válidos de verificación; a pesar de ello, los Vocales demandados desconocieron estos avances normativos, incurriendo en un formalismo excesivo y vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva del ente municipal. 1.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

La parte accionante denunció la lesión de los derechos fundamentales al debido proceso en su elemento de fundamentación, acceso a la justicia; principio de verdad material y pro homine, citando al efecto los arts. 8.II y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga dejar sin efecto los Decretos de 23, 28 y 31 de marzo de 2023, emitidos por los Vocales integrantes de la Sala Civil, Social, Familiar, de Niñez y Adolescencia, Contencioso y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando y por ende se resuelvan las excepciones opuestas de su parte.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 26 de mayo de 2023, según consta en acta cursante de fs. 99 a 101 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte accionante a través de su abogado, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, señaló que: a) Dentro del proceso contencioso iniciado por LIDERMED S.A. contra el GAM de Cobija, se presentaron oportunamente las excepciones previas adjuntando una fotocopia simple el Testimonio de Poder Notarial 1220/2023 de 17 de octubre, el cual contenía un código QR que permitía verificar su vigencia y autenticidad, sin embargo, los Vocales demandados exigieron la presentación de una copia legalizada; por lo que, se procedió a gestionar dicha legalización; b) Por error humano de la Secretaria de la Dirección Jurídica del GAM del citado municipio, no adjuntó el formulario notarial complementario, documento que actualmente acredita formalmente la legalización de poderes, a raíz de ello, los Vocales rechazaron sin mayor fundamentación las excepciones previas, argumentando la preclusión del derecho a su presentación; c) Se vulneraron derechos fundamentales, como el acceso a la justicia, al haberse negado la posibilidad de que el municipio sea oído, y el principio de verdad material, al no haberse valorado la autenticidad y vigencia del poder, citó como respaldo las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1898/2012 de 18 de octubre y 974/2016-S1 de 19 de octubre, señalando que el acceso a la justicia debe darse sin obstáculos ni formalismos excesivos; y d) De acuerdo a la normativa vigente, incluyendo la Ley del Notariado Plurinacional -Ley 483 de 25 de enero de 2014-, el DS 3946, y los arts. 144, 148, 150 y 153 del Código Procesal Civil (CPC) que reconoce la validez de documentos digitalizados y la posibilidad de verificación mediante código QR.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Miguel Ángel García Solares y Delfín Humberto Betancourt Chinchilla, Vocales de la Sala Civil, Social, Familiar, de Niñez y Adolescencia, Contencioso y Contenciosa Administrativo del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, no presentaron informe escrito alguno y tampoco asistieron a la audiencia de la presente acción tutelar, pese a notificación cursante de fs. 56 a 57.

I.2.3. Intervención del tercer interesado

El representante legal de la empresa LIDERMED S.A., a través de su abogado en audiencia señaló que: 1) De los antecedentes se evidenciaba que la Sala Civil, Social, Familiar, de Niñez y Adolescencia, Contencioso y Contenciosa Administrativo del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, observó correctamente la presentación de una fotocopia simple del poder notarial por parte del GAM de Cobija, otorgándole un plazo para subsanar la omisión; sin embargo, dicha observación no fue cumplida en el tiempo señalado, y el poder fue presentado fuera de plazo; 2) A raíz de ello -reconociendo la parte accionante dicha omisión- se interpuso un recurso de reposición y posteriormente se activó la acción de amparo constitucional, solicitando se dejen sin efecto los decretos emitidos los días 23, 28 y 31 de marzo de 2023 y se admitan sus excepciones previas; y, 3) La acción de amparo constitucional resultaba improcedente de conformidad con lo previsto por el art. 53 núm. 3 del Código Procesal Constitucional (CPCo), el cual establece que el amparo no procede contra resoluciones que pueden ser modificadas por otro recurso legal del cual no se haya hecho uso oportuno, en ese sentido, indicó que aún estaba pendiente la posibilidad de interponer recurso de casación dentro del proceso civil, el cual apenas se encontraba en etapa inicial.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional del departamento de Pando por Resolución 36/2023, cursante de fs. 102 a 105, concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el decreto de 31 de marzo de 2023, debiendo emitir otro en su lugar, cumpliendo con el principio de verdad material, bajo los siguientes fundamentos: i) Si bien el principio de subsidiariedad requiere agotar previamente las vías ordinarias de reclamación, el Código Procesal Constitucional permite dejarlo de lado de forma excepcional, cuando la protección de derechos fundamentales pudiera resultar tardía, en este caso, al tratarse de una posible vulneración al derecho fundamental de acceso a la justicia, correspondía realizar el análisis sobre la observación al poder de representación, presentada por la parte accionante ante las autoridades accionadas; ii) Revisados los antecedentes, se estableció que la parte accionante, dentro de una demanda de cumplimiento de obligación seguida por la empresa LIDERMED S.A. contra el GAM de Cobija, planteó excepciones adjuntando una fotocopia simple del Testimonio de Poder 1220/2023, por ello, los Vocales demandados observaron la presentación mediante decreto de 23 de marzo de 2023, exigiendo original o copia legalizada, sin embargo, la parte accionante adjuntó nuevamente la copia del testimonio con el sello de la Notaría, lo que fue considerado insuficiente; por lo que, mediante decreto de 28 de marzo del mismo año, se declaró por no presentadas las excepciones, citando el art. 1311 del Código Civil (CC), a pesar de que se interpuso recurso de reposición y se adjuntó una versión legalizada del poder, el mismo fue desestimado por decreto de 31 de marzo de la gestión mencionada; iii) Los Vocales ahora demandados no consideraron adecuadamente el sello original de la Notaría de Fe Pública ni el código QR impreso en el documento, que permitía verificar su autenticidad, citando el art. 150 núm. 4 del CPC, recordó que las copias digitalizadas certificadas por una entidad competente tienen el mismo valor probatorio que el original, además, enfatizó que, conforme al principio de verdad material y al enfoque garantista del derecho de acceso a la justicia, los demandados debieron interpretar de forma favorable la documentación presentada por el GAM de Cobija, sobre todo considerando que el defecto fue atribuible a un error involuntario del abogado y que existían mecanismos tecnológicos de verificación de tal extremo; y, iv) Concluyó que la negativa de admitir las excepciones previas, pese a haberse presentado un documento verificable con código QR y posteriormente legalizado, configuró una restricción indebida al acceso a la justicia, vulnerando de esa manera, por un excesivo ritualismo los derechos de la referida entidad municipal, correspondiendo conceder la tutela impetrada.

II. CONCLUSIONES

II.1. Cursa memorial presentado el 22 de marzo de 2023 por Rafael Dennis Zapata Velasco y Cristhian Jesús Tamayo Aguilar en representación de Ana Lucía Reis Melena, Alcaldesa del GAM de Cobija, ante los Vocales de Sala Civil, Social, Familiar, de Niñez y Adolescencia, Contencioso y Contenciosa Administrativo del Tribunal Departamental de Justicia de Pando a través del cual formula excepciones previas dentro del proceso NUREJ 9028390, adjuntando al efecto el Testimonio de Poder 1220/2023 de 17 de octubre (fs. 89 a 91 vta.), dicho escrito mereció como respuesta el decreto de 23 de marzo de ese mismo año, por el que se adjunte el original o legalizada del Testimonio de Poder (fs. 89 a 92). II.2. Consta memorial presentado el 24 de marzo de 2023, por el que Rafael Dennis Zapata Velasco y Cristhian Jesús Tamayo Aguilar en representación de Ana Lucía Reis Melena, Alcaldesa del GAM de Cobija, que en atención al decreto de 23 de marzo de ese año, adjunta poder de representación (fs. 93). Por decreto de 28 de marzo del mismo año, Delfín Humberto Betancourt Chinchilla, Vocal de la Sala Civil, Social, Familiar, de Niñez y Adolescencia, Contencioso y Contenciosa Administrativo del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, dispone por no presentadas las excepciones en razón a que la observación no fue cumplida en el marco del art. 1311 del CC (fs. 94).

II.3. Por memorial presentado el 30 de marzo de 2023, Rafael Dennis Zapata Velasco y Cristhian Jesús Tamayo Aguilar en representación de Ana Lucía Reis Melena, Alcaldesa del GAM de Cobija, formularon ante los Vocales de la Sala Civil, Social, Familiar, de Niñez y Adolescencia, Contencioso y Contenciosa Administrativo del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, recurso de reposición contra el decreto de 28 de marzo de igual año (fs. 97 y vta.); mismo que mereció respuesta por decreto de 31 del mismo mes y año, señalando que habiendo precluido la presentación de excepciones, estese al decreto de 28 de marzo de ese año (fs. 98).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante GAM de Cobija denunció la lesión de los derechos al debido proceso en su elemento de fundamentación, acceso a la justicia; principio de verdad material y pro homine; toda vez que, dentro del proceso contencioso promovido por la empresa LIDERMED S.A. contra el municipio de Cobija, se presentaron en plazo las excepciones previas acompañadas de una fotocopia simple del Testimonio de Poder 1220/2023, el cual incluía un código QR que permitía verificar su autenticidad, conforme a lo previsto en los arts. 148.III y 150.4 del CPC; no obstante, los Vocales demandados exigieron una copia legalizada, por lo que se gestionó dicha legalización; sin embargo, debido a un error involuntario de la Secretaria de la Dirección Jurídica de la mencionada institución municipal, no se adjuntó el formulario notarial complementario; en consecuencia, los Vocales ahora demandados rechazaron las excepciones presentadas de su parte, alegando preclusión, sin emitir una resolución fundamentada; por lo que, solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia se disponga dejar sin efecto los decretos de 23, 28 y 31 de marzo de 2023 y por ende, se resuelvan las excepciones opuestas.

III.1 La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, reiterada por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0349/2018-S2 y 0353/2018-S2, ambas de 18 de julio -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento: El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como uno de los elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se estaría vulnerando dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio2, se aclara que esta garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios. Posteriormente, en el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que deben contener toda resolución jurisdiccional o administrativa con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elemento configurativo del debido proceso, como ser: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio 1El Cuarto Considerando, señala: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma. (…) consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”. 2El FJ III.3 indica que: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”. 3 El FJ III.2.3, señala: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cuál es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados. En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: 1) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad del control de la resolución a través de los medios de impugnación; 4) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, 5) La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-.

justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”. 4El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”. 5El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación: (…)

(2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia. (…)

b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´.

c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”. 6El FJ III.2, señala: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: i) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; ii) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; iii) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, iv) Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv.a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, iv.b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010 de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”.

7El FJ III.3, establece: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. 8El FJ III.3.1, indica: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”.

9El FJ III.2, refiere: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”.

otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. La jurisprudencia contenida en la SCP 2221/2012 como en la SCP 0100/2013, citadas anteriormente fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, estableció que: Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna. En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o cuando ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa, cuya tutela por vía de amparo procederá siempre y cuando tenga relevancia constitucional. Jurisprudencia reiterada en la SCP 0006/2025 de 5 de marzo.

III.2. Marco normativo del Sistema Informático del Notariado

Plurinacional (SINPLU)

En el marco de las nuevas políticas públicas orientadas a la modernización del aparato estatal, el Estado Plurinacional de Bolivia ha asumido el compromiso de implementar de manera progresiva el Gobierno Electrónico, como parte del proceso de transformación institucional y administrativa, con el fin de garantizar mayor eficiencia, transparencia, accesibilidad y simplificación de los servicios públicos, en coherencia con los principios establecidos en la Constitución Política del Estado, particularmente el acceso efectivo a los derechos, la igualdad y la inclusión.

Como parte de esta estrategia nacional, se ha creado la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC), que constituye el órgano encargado de diseñar, implementar y coordinar los sistemas y plataformas tecnológicas orientadas al fortalecimiento del Estado digital, su labor se sustenta en el Decreto Supremo 2514 de 9 de septiembre de 2015, que establece los lineamientos para el avance del Gobierno Electrónico, cuyo propósito fundamental es optimizar la relación entre las instituciones públicas y la ciudadanía mediante el uso de herramientas digitales.

Dentro de este contexto, diferentes entidades del sector público han comenzado a adoptar estas políticas de digitalización y modernización, entre estas instituciones se encuentra la Dirección del Notariado Plurinacional, la cual, en ejercicio de sus competencias, ha iniciado un proceso gradual de incorporación de mecanismos electrónicos en sus procedimientos, en consonancia con las políticas de gobierno electrónico y los estándares de modernización administrativa.

Esta transición, además de responder a un mandato estatal, tiene como finalidad principal mejorar el acceso, la celeridad y la seguridad en los trámites notariales, facilitando la interacción entre los ciudadanos y las instancias encargadas de garantizar la seguridad jurídica documental en el país.

En el marco de la modernización institucional impulsada por el Estado Plurinacional de Bolivia, la implementación de los documentos notariales en soporte electrónico constituye una política pública expresamente reconocida y respaldada por la normativa vigente, en concordancia con los lineamientos establecidos para la consolidación del Gobierno Electrónico. Este proceso, lejos de ser una práctica aislada, responde a un mandato legal y reglamentario que busca optimizar la gestión administrativa, facilitar el acceso a los servicios públicos, y garantizar la seguridad jurídica mediante el uso de herramientas digitales.

Es así que, conforme dispone el art. 28 de la Ley del Notariado Plurinacional, el servicio notarial constituye una potestad estatal de otorgar fe pública y legalidad a los instrumentos que consignen hechos, actos y negocios jurídicos, pudiendo estos documentos extenderse tanto en soporte físico como electrónico. Este criterio es reforzado por el art. 2.II de la misma norma, que establece como una de sus finalidades la de “Garantizar la implementación tecnológica para un servicio integral”, lo que implica el uso de medios digitales en la función notarial.

De igual forma, el art. 40 de la Ley del Notariado Plurinacional -Ley 483 de 25 de enero de 2014- dispone expresamente que los documentos notariales -sean protocolares o extra protocolares- tendrán carácter de documentos públicos con independencia del medio en que se extiendan, ya sea en papel o en soporte electrónico, reconociéndose de este modo la plena validez jurídica de los documentos generados a través de plataformas digitales.

La implementación de estos instrumentos electrónicos se encuentra a cargo de la Dirección del Notariado Público (DIRNOPLU), entidad que, en el marco de sus atribuciones previstas en el art. 9 inciso g. del Decreto Supremo 2189 de 19 de noviembre de 2014, debe desarrollar y administrar el Sistema Informático del Notariado Plurinacional (SINPLU), sistema que conforme al art. 14 del mismo Decreto Supremo, modificado por el Decreto Supremo 3946 de 24 de Junio de 2019, constituye la herramienta tecnológica mediante la cual se procesan y gestionan los documentos notariales en formato digital, garantizando su autenticidad, seguridad y accesibilidad.

Cabe señalar que este proceso de digitalización se enmarca dentro de las políticas nacionales de Gobierno Electrónico impulsadas por la AGETIC, en cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Decreto Supremo 2514 de 9 de septiembre de 2015, que establece los principios rectores para el avance del Estado digital y la modernización de los servicios públicos.

En virtud a ello en el Notariado Plurinacional, se implementó lo que viene a ser el Sistema Informático del Notariado Plurinacional (SINPLU), que se sustenta en la siguiente normativa:

De acuerdo al art. 28 de la Ley del Notariado Plurinacional, se establece que: “El servicio notarial es la potestad del Estado de conferir fe pública, otorgando autenticidad y legalidad a los instrumentos en los que se consignen hechos, actos y negocios jurídicos u otros actos extra judiciales. El servicio notarial está facultado para tramitar la creación, modificación o extinción de relaciones jurídicas en la vía voluntaria notarial”.

En el marco de dicha atribución, el art. 2.II de la mencionada Ley, se estableció como una finalidad de dicha normativa la de “3. Garantizar la implementación tecnológica para un servicio integral” (las negrillas nos corresponden). En ese contexto, el art. 9, inc. g) del Decreto Supremo 2189 de 19 de noviembre de 2014, la Dirección del Notariado Plurinacional tiene entre sus funciones la de: “Desarrollar y administrar el Sistema Informático del Notariado Plurinacional…”.

En ese contexto, resulta evidente que la implementación de los documentos notariales en formato electrónico, así como su plena validez y eficacia jurídica, no solo se encuentran respaldadas por la legislación nacional, sino que constituyen una manifestación concreta de las políticas de modernización administrativa y acceso a los servicios públicos, que el Estado Plurinacional de Bolivia ha venido promoviendo a través del Gobierno Electrónico desde hace varios años.

III.3. Análisis del caso concreto

De los antecedentes que cursan en obrados, se puede establecer que dentro del proceso contencioso iniciado por la empresa LIDERMED S.A. contra el GAM de Cobija -ahora accionante- por intermedio de sus representantes presento el 22 de marzo de 2023, excepciones previas; siendo dicho memorial observado por los Vocales demandados, solicitando que sea presentado el Testimonio de Poder 1220/2023 en original o fotocopia legalizada (Conclusión II.1). El 24 de marzo de 2023, mediante memorial Rafael Dennis Zapata Velasco y Cristhian Jesús Tamayo Aguilar en representación de Ana Lucía Reis Melena, Alcaldesa del GAM de Cobija, cumpliendo el decreto de 23 de marzo de ese año, adjuntaron poder de representación en copia legalizada, a este escrito se le respondió por decreto de 28 de ese mismo mes y año, en sentido que al no haberse adjuntado un poder debidamente legalizado y firmado por Notario de Fe Pública conforme establece el art. 1311 del CC, se tenía por no presentadas las excepciones previas interpuestas (Conclusión II.2). Ante tal determinación Rafael Dennis Zapata Velasco y Cristhian Jesús Tamayo Aguilar en representación de Ana Lucía Reis Melena, Alcaldesa de la entidad edil mencionada, formularon recurso de reposición contra el decreto de 28 de marzo, medio de defensa que fue respondido por decreto de 31 del mismo mes y año, en el que se señala que habiendo precluido la presentación de excepciones, estese al decreto de 28 de igual mes y año (Conclusión II.3).

Ahora bien, con carácter previo a ingresar analizar el problema planteado, es preciso identificar si en la presente acción tutelar se cumplió con el principio de subsidiariedad, al respecto el Auto Supremo 197 de 22 de abril de 2019 señaló que:

“considerando la naturaleza del proceso contencioso, cuya tramitación se encuentra regulada por la Ley Nº 620 “Ley Transitoria para la Tramitación de los procesos Contencioso y Contencioso Administrativo”, se advierte que si bien esta norma dispone la aplicación supletoria del adjetivo civil, no instituye una instancia de apelación con las competencias para conocer este tipo de recursos, encontrándose impedido el Tribunal A quo de conceder la apelación por no existir norma específica que lo habilite.”(sic); Es decir, que el recurso de reposición contra decretos, providencias o autos interlocutorios en procesos contenciosos administrativos no admite apelación; ello se debe a que, por la naturaleza del proceso y la estructura institucional, no existe una instancia jerárquica superior que pueda conocer y resolver el referido medio de impugnación, en tal sentido, al no existir otro medio de impugnación establecido en la ley, la parte accionante al interponer recurso de reposición contra el decreto de 28 de marzo, cumplió con el principio de subsidiariedad, facultando a la jurisdicción constitucional a ingresar analizar el fondo de la problemática planteada. Para ingresar analizar la presente problemática, este Tribunal pasará a revisar y considerar tanto el recurso de reposición como la respuesta que se dio a dicho medio de impugnación. De lectura del memorial de 30 de marzo de 2023, se tiene que la parte accionante en esa oportunidad señaló que el recurso de reposición es contra el Decreto de 28 de marzo de 2023, argumentando que las excepciones previas fueron presentadas dentro del plazo legal, pero observadas por falta de presentación del poder notarial en original; por lo que, a objeto de subsanación, se gestionó su legalización ante la notaría correspondiente; sin embargo, por error involuntario de la Secretaria, no se adjuntó el formulario notarial que actualmente complementa dicha legalización, a pesar de ello, el poder fue presentado con el sello original de la Notaría, se cumplió con los requisitos formales exigidos y el documento mantiene su vigencia; por ello, invocando el principio pro homine y el principio de igualdad de oportunidades, solicitó se reponga la determinación y se resuelvan las excepciones presentadas.

En respuesta, las autoridades ahora demandadas emitieron el decreto de 31 de marzo de 2023, en la que señala que, habiendo precluido la presentación de excepción, estese al decreto de 28 de marzo de 2023.

En ese sentido, conforme lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que toda autoridad judicial o administrativa que emita alguna determinación debe hacerlo en el marco del debido proceso, cumpliendo con la debida fundamentación y motivación, expresando los motivos de hecho como de derecho, en los que basará sus decisiones, dejando de esa manera pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados, sino en la forma como se decidió; asegurando además la estricta correspondencia entre lo peticionado, lo probado por las partes y lo resuelto -congruencia externa-, así como la coherencia y concordancia entre su parte considerativa y dispositiva, efectuando un razonamiento integral. En el caso objeto de análisis, se advierte que la resolución de 31 de marzo de 2023, emitida por los Vocales demandados, incurre en una determinación arbitraria y contraria a los principios constitucionales, en la medida en que se limitó a confirmar mecánicamente la preclusión para la presentación de excepciones previas en el proceso contencioso seguido contra el GAM de Cobija, sin realizar un análisis integral, razonable y acorde al marco jurídico vigente, omitiendo aspectos jurídicos y normativos que resultaban determinantes para la consideración del recurso de reposición.

Asimismo, debe resaltarse que los demandados desatendieron la aplicación del principio pro homine, de obligatorio cumplimiento en la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico, conforme lo establece el art. 13 de la CPE y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, principio impone que, en casos de duda o interpretación, debe optarse por la solución que más favorezca a la persona en el ejercicio de sus derechos fundamentales, máxime cuando se debate el acceso a la jurisdicción y el derecho a la defensa, como ocurrió en el presente caso.

Asimismo, los Vocales omiten considerar lo dispuesto en el art. 150 del CPC, norma que regula expresamente el valor probatorio de los documentos, incluidos aquellos generados o certificados en medios digitales, que en su numeral cuarto, esta disposición establece de manera clara que: “Cuando sean generados mediante correo electrónico o se trate de documentos digitalizados, certificados por entidad competente, tendrán el mismo valor probatorio que el original.”

Este precepto incorpora de manera explícita el reconocimiento jurídico de los documentos electrónicos y digitalizados, siempre que cuenten con la certificación de la entidad competente, como ocurre en el presente caso, en el que los poderes notariales presentados por los representantes legales de la mencionada institución municipal de Cobija portaban los sellos de autenticidad correspondientes, emitidos por la Notaría de Fe Pública, en el marco de los procedimientos digitales vigentes, por lo que, las autoridades demandadas en cumplimiento de lo establecido en el Reglamento para la Aplicación del Sistema Informático del Notariado Plurinacional (SINPLU), específicamente en su art. 28 que establece los mecanismos de consulta externa y verificación de documentos notariales digitales, a los que pudieron acceder a objeto de verificar la autenticidad y veracidad del referido documento notarial mediante su código de seguridad o QR, mecanismos que responden a la necesidad de modernizar los procesos administrativos y garantizar la validez jurídica de los documentos digitales, en consonancia con los estándares internacionales de eficiencia, accesibilidad y seguridad jurídica.

Pese a ello, los Vocales demandados desconocieron tanto el valor jurídico de los documentos digitales presentados, como la normativa sectorial que regula su autenticidad, limitándose a emitir una resolución basada en un formalismo excesivo y en consideraciones ajenas a la realidad normativa vigente, lo que evidencia una falta de fundamentación y motivación suficiente y razonable, configurando una resolución arbitraria.

Este actuar vulneró también los principios de legalidad, acceso a la justicia, y tutela judicial efectiva, generando un perjuicio al derecho a la defensa de los representantes del Gobierno Autónomo Municipal de Cobija, quienes se vieron impedidos de ejercer su derecho a interponer excepciones previas en el proceso de origen, con base en argumentos técnico-formales.

Por tanto, corresponde que la jurisdicción constitucional, en aplicación de los principios de prevalencia del derecho sustancial, verdad material, pro homine, y tutela judicial efectiva, conceder la tutela solicitada, y en consecuencia, dejar sin efecto el decreto de 31 de marzo de 2023, en virtud de que la misma carece de fundamentación y motivación suficiente, omitiendo valorar los documentos conforme a su verdadero alcance jurídico, los mecanismos de consulta externa y verificación de documentos notariales digitales establecidos en el art. 28 del SINPLU. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber concedido la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 036/2023 de 26 de mayo, cursante de fs. 102 a 105, pronunciada por la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada; en los mismos términos dispuestos por la citada Sala Constitucional y conforme los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

10 El FJ III.1, manifiesta: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0784_2025-S3.pdf · páginas 1 a 17.

Huella digital del PDF (SHA-256): f9948d1fb75592fb0a1028b4ae37a6efe8ea41f2ba679fe54c2e76e6056289d4

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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