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SCP 0783/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 18 de julio de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
18 de julio de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
56213-2023-113-AAC
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

Los accionantes, a través de sus representantes, alegan la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; y, tutela judicial, todos vinculados al principio de verdad material; debido a que, las autoridades demandadas no valoraron apropiadamente los recibos presentados en calidad de prueba en el marco de la excepción de pago documentado formulada, los cuales demostrarían que la deuda con la tercera interesada asciende a $us520 y no a los $us11 000 reclamados; además, alegan que su decisión se sustentó en un argumento falso, inicialmente formulado por la Jueza a quo, basado en la afirmación de la tercera interesada de que los recibos en cuestión corresponderían a una deuda distinta contraída entre esta y una tercera persona, lo cual no fue acreditado documentalmente. Las autoridades demandadas no presentaron informe escrito alguno ni participaron de la audiencia de garantías, pese a su notificación. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve; REVOCAR en parte la Resolución 34/23 de 17 de abril de 2023, cursante de fs. 190 a 194, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada respecto al debido proceso en sus vertientes fundamentación y motivación; 2° Dejar sin efecto el Auto de Vista 230 de 18 de noviembre de 2022, disponiendo que los actuales Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Domestica y Pública Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitan uno nuevo conforme a los fundamentos jurídicos descritos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 3° DENEGAR la tutela impetrada con relación al derecho a la tutela judicial y el debido proceso en sus elementos congruencia y valoración de la prueba; y, su vinculación con el principio de verdad material.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la carga dinámica de la prueba en el proceso civil y la debida fundamentación de las resoluciones
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0783/2025-S2 Sucre, 18 de julio de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 56213-2023-113-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 34/23 de 17 de abril de 2023, cursante de fs. 190 a 194, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Víctor Hugo Aliaga y Juan Marcelo Aliaga Zamorano en representación legal de Silenia Casanova Mendez y Olmer Galvis Vaca contra Mirian Rosell Terrazas y Freddy Larrea Melgar, exvocales; y, David Rosales Rivero y Edil Robles Lijeron, Vocales, todos de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Domestica y Pública Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 31 de marzo de 2023, cursantes a fs. 153 a 174, los accionantes, a través de sus representantes, manifiestan lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro la tramitación de un proceso coactivo seguido a instancia de Miriam Ruth Gonzales Sumoya -ahora tercera interesada-, fueron notificados con la demanda y la Sentencia Inicial pronunciada por la Jueza Pública Civil y Comercial Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz -se asume la Sentencia 3 de 27 de noviembre de 2020- por cuyo motivo opusieron excepción de pago, adjuntando recibos de las gestiones 2018, 2019 y 2019; y, el comprobante de giro de dinero realizado por “Western Union” de 28 de octubre de 2020 por la suma de $us2 980.- (dos mil novecientos ochenta dólares estadounidenses).

Dicha documentación acreditaba que la deuda con la tercera interesada ascendía únicamente a $us520.- (quinientos veinte dólares estadounidenses) y no a los $us11 000.- (once mil dólares estadounidenses) que pretendió reclamar. No obstante, aquello no fue considerado por la supra citada Jueza a tiempo de resolver la excepción planteada, tampoco tomó en cuenta la declaración testifical de la testigo ofrecida por su parte -Solange Molina Casanova- quien, en audiencia preliminar, manifestó que el préstamo fue gestionado en su beneficio, lo que justificaba que los recibos por pagos de intereses fuesen firmados por ella misma.

El único argumento que la mencionada Jueza utilizó para rechazar la excepción presentada radicaba en que la ahora tercera interesada manifestó que los pagos realizados por Solange Molina Casanova derivaban de una deuda distinta contraída entre ambas, lo cual le generó dudas de tal forma que aquello sustentó el rechazo de su excepción a través de Sentencia Definitiva 27 de 19 de julio de 2021.

En ese escenario, interpusieron recurso de apelación, solicitando se valore la documentación presentada “como verdad material”, ya que la misma acreditaba que el dinero recibido por la tercera interesada fue entregado por su persona y que los pagos fueron firmados por Solange Molina Casanova por su encargo; además, reiteraron los argumentos expuestos en su memorial de excepción; empero, Mirian Rosell Terrazas y Freddy Larrea Melgar, -entonces-Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Domestica y Pública Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -demandados-, emitieron una gravosa y atentatoria resolución que se traduce en el Auto de Vista 230 de 18 de noviembre de 2022, por el cual rechazaron el recurso de apelación interpuesto. El mencionado Auto de Vista lesionó sus derechos, puesto que: a) Infringió el principio de verdad material vinculado al debido proceso, ya que no consideraron que los recibos ofrecidos en calidad de prueba demostraban que la ahora tercera interesada recibió los importes descritos en dichos documentos por parte de Solange Molina Casanova a su encargo, quien firmó algunos de los recibos y que demostraron la verdad material de los hechos; b) Transgredió el debido proceso en su vertiente fundamentación y motivación, debido a que dicha decisión se sostuvo en un argumento falso, inicialmente expuesto por la Jueza a quo y, posteriormente, reiterado por dichas autoridades, el cual se sustentaba en dos elementos: 1) Que los recibos ofrecidos como prueba corresponderían a una deuda distinta suscrita con Solange Molina Casanova, cuyo capital ascendería a $us3 500.- (tres mil quinientos dólares estadounidenses); y, 2) Los recibos ofrecidos en calidad de prueba contienen el nombre de la prenombrada, quien no formó parte del título ejecutivo; c) Omitieron realizar un análisis y una valoración adecuada de los recibos ofrecidos en calidad de prueba, puesto que, de haberlo hecho, podrían advertir que los importes recibidos por la ahora tercera interesada fueron entregados por Solange Molina Casanova por su encargo; y, d) Coartaron el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva, debido a que emitieron un pronunciamiento judicial informal, “grosero y prevaricador”, puesto que desconocieron las pruebas aportadas en el trámite judicial.

I.1.2. Derechos, garantías y principio supuestamente vulnerados

Los impetrantes de tutela, a través de sus representantes legales, alegan la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; y, tutela judicial, todos vinculados al principio de verdad material; citando al efecto los arts. 14.III, 115, 117.I y II, 119.I, 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE); “2” y “26.1” de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH); 8.1 y 2 inc. h) y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); “Acápite XII” de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH); 14 y “21” del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).; “10.3” del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).

I.1.3. Petitorio

Solicitan se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se anule el Auto de Vista 230 y ordene a las autoridades demandadas a emitir una resolución debidamente fundamentada y motivada, debiendo valorar los mencionados recibos ofrecidos “…de FS. 24 al 35…” (sic) -se aclara que los mismos corresponden a fs. 28 y 30 a 40 del expediente constitucional-, especialmente los recibos de “…Fs. 29,30,32,33,34 y 35…” -se entiende que se refiere a los recibos correspondientes a fs. 34, 35, 37, 38, 39 y 40 del citado expediente-.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual pública el 17 de abril de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 187 a 190, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La parte peticionante de tutela, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Mirian Rosell Terrazas y Freddy Larrea Melgar, exvocales; y, David Rosales Rivero y Edil Robles Lijeron, Vocales, todos de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Domestica y Pública Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no participaron de la audiencia de garantías ni remitieron informe escrito alguno, pese a su notificación cursante de fs. 183 a 186.

I.2.3. Intervención de la tercera interesada

Miriam Ruth Gonzales Sumoya, a través de su abogado, señaló que: i) El Auto de Vista 230 fue emitido en el marco de lo establecido en los art. 115 de la CPE y 4 del Código Procesal Civil (CPC); toda vez que, dicho pronunciamiento se encuentra debidamente fundamentado y motivado, en el entendido de que las autoridades demandadas valoraron la prueba ofrecida de manera razonable y objetiva; y, ii) Dentro la tramitación del proceso de cobro coactivo, los impetrantes de tutela presentaron recibos de pago que no guardan relación con la obligación contraída al amparo del Testimonio 64/2016 de 14 de enero; ya que los mismos corresponden a una deuda distinta, asumida entre Solange Molina Casanova y su persona, por un monto de $us3 500.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Resolución 34/23 de 17 de abril de 2023, cursante de fs. 190 a 194, denegó la tutela solicitada, sin costas, con base en los siguientes argumentos: a) No se advierten agravios en relación con el derecho al debido proceso en su vertiente motivación, fundamentación y congruencia, debido a que las autoridades demandadas señalaron, en el Considerando II del Auto de Vista 230, que el Jueza a quo explicó con claridad las razones para declarar parcialmente probada la excepción de pago formulada, en tanto que los recibos adjuntos consignan el nombre de Solange Molina Casanova, quien no interviene en el contrato de préstamo de dinero; b) En cuanto al principio de verdad material, se advierte que los recibos incorporados al expediente constitucional fueron suscritos por una persona que no forma parte del instrumento notarial que dio origen al proceso coactivo civil -se entiende que hace referencia al Testimonio 64/2016-; y, c) No resulta evidente la vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva, dado que los peticionantes de tutela dispusieron de todos los medios procesales ordinarios que la ley les otorga para hacer valer sus derechos.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Testimonio 64/2016 de 14 de enero sobre préstamo de dinero con garantía hipotecaria suscrito entre Miriam Ruth Gonzales Sumoya -ahora tercera interesada-, Silenia Casanova Mendez y Olmer Galvis Vaca -hoy accionantes- por la suma de $us11 000.- (fs. 6 a 7 vta.). II.2. Por memorial presentado el 2 de febrero de 2021, los impetrantes de tutela opusieron excepción de pago documentado, adjuntando recibos de las gestiones 2018, 2019 y 2019; y, el comprobante de giro de dinero realizado por “Western Unión” de 28 de octubre de 2020 por la suma de $us2 980.- (fs. 44 a 47 vta.).

II.3. A través de memorial presentado el 4 de marzo de 2021, la tercera interesada contestó la excepción de pago documentado opuesta, alegando lo siguiente: 1) Los peticionantes de tutela efectivamente pagaron la suma de $us2 980.- por concepto de intereses, a través de un giro bancario realizado por una tercera persona; y, 2) Los recibos ofrecidos por los accionantes no corresponden a la obligación principal discutida, toda vez que hacen referencia a una deuda distinta, contraída entre Solange Molina Casanova y la tercera interesada (fs. 51 a 52). II.4. Cursa acta de audiencia única y Sentencia Definitiva 27, ambas de 19 de julio de 2021, emitidas por Fátima Norma Rivera Fernández, Jueza Pública Civil y Comercial Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz. Mediante la última, la citada Jueza declaró probada en parte la excepción planteada por los accionantes, disponiendo descontar la suma de $us2 980.- del total de la obligación adeudada, salvándose el derecho de los mismos de acudir a la vía ordinaria (fs. 82 a 85 vta.). II.5. Por memorial presentado el 13 de agosto de 2021, los impetrantes de tutela interpusieron recurso de apelación, impugnando la Sentencia citada en la Conclusión II.4 y señalando que la Jueza a quo restó valor a los Recibos ofrecidos en calidad de prueba, basando su decisión en la afirmación de la tercera interesada, según la cual dichos recibos corresponderían “'…a otra deuda de $us 3.500.- que tenía Solange Molina Casanova con la demandante Miriam Ruth Gonzales Sumoya…'” (sic); no obstante, dicho extremo no fue acreditado objetivamente, lo cual constituye una vulneración al principio de verdad material (fs. 90 a 97 vta.). II.6. Mediante Auto de Vista 230 de 18 de noviembre de 2022, Mirian Rosell Terrazas y Freddy Larrea Melgar, exvocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Domestica y Pública Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -demandados-, rechazaron la impugnación propiciada por los accionantes, argumentando que es falso que la Sentencia Definitiva 27 adoleció de fundamentación, motivación y congruencia, debido a que la misma cumple con los requisitos exigidos por el art. 213 del CPC y presentó un adecuado ejercicio de contrastación entre hechos y derecho, lo cual puede verificarse en el Considerando I de dicha Resolución, en cuyo acápite se explica con claridad las razones de su decisión (fs. 125 a 126 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes, a través de sus representantes, alegan la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; y, tutela judicial, todos vinculados al principio de verdad material; debido a que, las autoridades demandadas no valoraron apropiadamente los recibos presentados en calidad de prueba en el marco de la excepción de pago documentado formulada, los cuales demostrarían que la deuda con la tercera interesada asciende a $us520 y no a los $us11 000 reclamados; además, alegan que su decisión se sustentó en un argumento falso, inicialmente formulado por la Jueza a quo, basado en la afirmación de la tercera interesada de que los recibos en cuestión corresponderían a una deuda distinta contraída entre esta y una tercera persona, lo cual no fue acreditado documentalmente. Las autoridades demandadas no presentaron informe escrito alguno ni participaron de la audiencia de garantías, pese a su notificación. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre la carga dinámica de la prueba en el proceso civil y la debida fundamentación de las resoluciones

En general, la prueba es aquel elemento de juicio que permite a un juzgador establecer como cierto un hecho afirmado por las partes y que, a su vez, sirve para fundamentar una resolución judicial. Ahora bien, quien quiere que la autoridad determine una consecuencia prevista en el ordenamiento jurídico debe, por regla general, demostrar que se presenta la condición establecida en la norma, de ahí que la carga de su producción recae en la parte que pretende hacer valer una pretensión. Por ejemplo, si se quiere cobrar judicialmente una deuda, debe demostrarse la existencia de la misma, la cuantía, etc. Por ello, el art. 135.I. del CPC señala expresamente que: “Las afirmaciones de hecho efectuadas por una parte que fueren relevantes o controvertidas, deben ser probadas”. Sin embargo, si el deudor pretende desvirtuar la acreencia a través de una prescripción, debe demostrar -entre otras cosas- el tiempo transcurrido, de ahí que el art. 136.II del mencionado Código establece de manera expresa que: “Quien contradiga la pretensión de su adversario, debe probar los hechos impeditivos, modificatorios o extintivos del derecho de la parte actora”; es decir, la carga probatoria varía de acuerdo a las diferentes afirmaciones y pretensiones de las partes, lo cual se denomina en doctrina como “carga dinámica de la prueba”. Entonces, en el ámbito procesal civil, la carga de la prueba no se concibe como una actividad unilateral ni limitada a un único momento procesal, sino como un ejercicio dinámico y compartido, en el cual ambas partes están obligadas, no solo a acreditar los hechos que sustentan sus propias afirmaciones, sino también a debatir respecto a quien tiene la carga probatoria, por ejemplo, a través de presunciones, debiendo la autoridad judicial justificar en sus resoluciones de manera racional la parte que debía probar la afirmación, en la medida en la que la garantía del debido proceso, descrita en el art. 115.I de la CPE implica, entre otras cosas, que una resolución judicial y administrativa o de cualquier otra índole debe necesariamente estar fundamentada y motivada. En ese marco, los enunciados no generan consecuencias por el solo hecho de ser declarados por una de las partes, sino por ser establecidos como verdaderos en virtud a la prueba presentada por las partes. Es en este sentido que, la justificación inherente al principio de la carga dinámica de la prueba, consignada en los puntos de hecho a probar o en la propia sentencia, permite al menos lo siguiente: i) Evitar la indefensión, al impedir que la dificultad probatoria de una de las partes determine automáticamente el resultado del proceso; y, ii) Garantizar el equilibrio procesal, asignando la carga probatoria a quien se encuentre en mejores condiciones de proporcionarla y, de esta forma, acreditar el hecho.

III.2. Análisis del caso concreto

Con carácter previo a ingresar al análisis de fondo del fallo traído a revisión, corresponde precisar que la problemática planteada por los ahora accionantes emerge de un proceso civil de cobro coactivo procurado por la ahora tercera interesada, por medio del cual exige el pago de $us11 000.-, merced a un documento público traducido en el Testimonio 64/2016 de 14 de enero entre los prenombrados (Conclusión II.1) Dentro la tramitación de dicho proceso, los impetrantes de tutela plantearon una excepción de pago documentado, adjuntando una serie de recibos y un comprobante de transferencia de dinero que, en su criterio, demostrarían que la deuda existente con la tercera interesada fue parcialmente pagada, subsistiendo únicamente un saldo pendiente de pago por la suma de $us520.- (Conclusión II.2). Dicha excepción fue puesta en conocimiento de la tercera interesada a efectos de que se pronunciara sobre las alegaciones formuladas por los peticionantes de tutela y sobre la prueba documental ofrecida; por lo que, el 4 de marzo de 2021, presentó un memorial contestando negativamente la excepción formulada, argumentando que los accionantes efectivamente pagaron la suma de $us2 980.- por concepto de intereses, a través de un giro bancario realizado por una tercera persona, pero que los recibos presentados como prueba no corresponden a la obligación principal discutida, toda vez que hacen referencia a una deuda distinta, contraída entre Solange Molina Casanova -quien suscribe los recibos de referencia- y la tercera interesada, cuyo capital ascendería a la suma de $us3 500.- (Conclusión II.3); aspecto ratificado por el abogado de la acreedora, quien en acta de audiencia única de 19 de julio de 2021 sostuvo: “…corresponde considerar en el presente proceso toda que a puño y letra de la señora Solange Molina son de otra prestación debida por esta señora que en la vía correspondiente y autoridad competente nosotros vamos a iniciar las acciones que correspondan…”(sic[Conclusión II.4)]. En dicho acto, la Jueza a quo emitió la Sentencia Definitiva 27 de 19 de julio de 2021, mediante la cual declaró probada en parte la excepción planteada por los accionantes, disponiendo descontar del total de la obligación adeudada, la suma de $us2 980.-, bajo el argumento de la existencia de una duda razonable, originada en la mera manifestación de la tercera interesada, quien indicó que los Recibos de referencia corresponden a una deuda distinta, contraída entre ella y Solange Molina Casanova. En dicho escenario, los accionantes, mediante memorial presentado el 13 de agosto de 2021 (Conclusión II.5), recurrieron la citada Sentencia en apelación, lo que conllevó a que las autoridades demandadas emitieran el Auto de Vista 230 de 18 de noviembre de 2022, mediante el cual confirmaron la resolución recurrida, señalando que ésta expone de manera clara las razones que motivaron la decisión asumida por la Jueza a quo y que contiene un adecuado ejercicio de contrastación entre los hechos del caso y las normas aplicables al mismo, aspecto que -según indicaron- se encuentra debidamente desarrollado en el Considerando I de la Resolución de referencia (Conclusión II.6). Ahora bien, considerando que la prueba se constituye en un instrumento o elemento de juicio que permite averiguar la verdad de los hechos alegados por las partes, su producción se ve constreñida por mandato del art. 135.I. del CPC que, expresamente, establece que las afirmaciones de hecho efectuadas por una parte deben ser probadas cuando estas sean relevantes o controvertidas. Es así que, dentro el trámite de cobro coactivo, la primera afirmación sostenida por la tercera interesada fue la existencia de un crédito del cual derivaría un derecho de acreencia, lo cual, a criterio de la Jueza de instancia, fue corroborado con el Testimonio 64/2016 que se constituye en el título idóneo para reclamar una deuda compuesta por sumas líquidas y exigibles. Por su parte, la parte accionante sostuvo otra aseveración de efecto extintivo de derechos, consistente en que la referida acreencia fue pagada parcialmente, subsistiendo únicamente un saldo pendiente de pago por la suma de $us520.-, respaldando tal extremo con Recibos y un comprobante de trasferencia de dinero. En ese entendido, una vez que los accionantes formularon una nueva afirmación relevante para la resolución del proceso, la carga de la prueba recayó nuevamente en la tercera interesada -en su calidad de parte coactivante dentro del proceso de cobro coactivo- a efectos de que la misma mantenga incólume los importes de su acreencia o, en su caso, admita como válidos los pagos alegados por la contraparte, debido a que la carga de la prueba no se concibe como una actividad unilateral ni limitada a un único momento procesal, sino como un ejercicio dinámico y compartido, en el cual ambas partes no solo están obligadas a acreditar los hechos que sustentan sus propias afirmaciones, sino también a ofrecer elementos probatorios respecto de los hechos que confirman o desvirtúan las pretensiones formuladas por su contraparte. Sin embargo, corrida en traslado la excepción de pago documentado, la tercera interesada, si bien contradijo la pretensión de su adversario, afirmando que los recibos presentados por los impetrantes de tutela corresponden a otro crédito distinto al reclamado, contaba con la carga probatoria que otorgue convicción a sus afirmaciones, conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. En su defecto, correspondía que las autoridades demandadas fundamentaran adecuadamente las razones por las cuales la carga probatoria recaía exclusivamente en la parte accionante, no solo para demostrar el pago de la deuda, sino también para acreditar la inexistencia de otras obligaciones y que los pagos efectuados no se imputaban a estas últimas, puesto que los enunciados no generan consecuencias por el solo hecho de ser declarados por una de las partes, sino por ser establecidos como verdaderos por la autoridad demandada con la debida fundamentación en el marco de un contexto de relevancia jurídica. Es así que, la búsqueda de la verdad en el ámbito procesal, cualquiera sea la naturaleza del proceso, no se alcanza mediante la mera inactividad del adversario, sino a través de la confrontación de pruebas debidamente producidas y sometidas al contradictorio. En consecuencia, la carga de la prueba establecida con la debida fundamentación debe entenderse como una herramienta relacional y bidireccional, que exige de cada sujeto procesal una actuación diligente en la producción y ofrecimiento del material probatorio, pues no basta con formular alegaciones orientadas a desvirtuar la pretensión ajena, sino que resulta imprescindible demostrar, mediante elementos objetivos, la existencia de circunstancias que impidan, modifiquen o extingan el derecho reclamado. Este ejercicio dinámico y compartido en la distribución de la carga probatoria responde a la necesidad de evitar situaciones de indefensión y de impedir que el resultado del proceso quede determinado, de forma automática, por la sola actuación de una de las partes. Asimismo, garantiza el equilibrio procesal, al asignar la carga de la prueba a quien se encuentre en mejores condiciones para acreditar un determinado hecho, lo cual se configura plenamente en el presente caso, en la medida en que, salvo exista una debida fundamentación, es la tercera interesada la parte procesal en condiciones de demostrar, mediante elementos objetivos, la veracidad de sus propias afirmaciones respecto a la existencia de otras acreencias y el pago realizado a las mismas. En ese contexto, se tiene que el Auto de Vista 230 rechazó los agravios de los accionantes al evidenciar que la Sentencia apelada cumplió con la motivación y fundamentación exigidas por el art. 213 del CPC, determinando que los recibos presentados estaban a nombre de una tercera persona ajena al contrato, “…reconociendo solo el pago realizado por la propia demandante…” (sic) y concluyendo que la valoración de la prueba fue correcta conforme al art. 145 del CPC, respetándose el debido proceso. Por consiguiente, en mérito a todo lo manifestado, al evidenciarse que las autoridades demandadas, en efecto, no fundamentaron adecuadamente las razones por las cuales los recibos en cuestión no demostraron el pago efectuado, presumiendo erradamente que la carga probatoria recaía exclusivamente en la parte ahora accionante, corresponde otorgar la tutela impetrada con relación al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación. Finalmente, respecto a la presunta lesión del derecho a la tutela judicial y el debido proceso en sus elementos congruencia y valoración de la prueba; y, su vinculación con el principio de verdad material, dicha denuncia no fue claramente argumentada por los peticionantes de tutela a momento de interponer la presente acción de defensa, por lo que corresponde denegar la tutela con relación a ese punto. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de forma parcialmente incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve; REVOCAR en parte la Resolución 34/23 de 17 de abril de 2023, cursante de fs. 190 a 194, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada respecto al debido proceso en sus vertientes fundamentación y motivación; 2° Dejar sin efecto el Auto de Vista 230 de 18 de noviembre de 2022, disponiendo que los actuales Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Domestica y Pública Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitan uno nuevo conforme a los fundamentos jurídicos descritos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 3° DENEGAR la tutela impetrada con relación al derecho a la tutela judicial y el debido proceso en sus elementos congruencia y valoración de la prueba; y, su vinculación con el principio de verdad material. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0783_2025-S2.pdf · páginas 1 a 11.

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