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SCP 0782/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 27 de abril de 2026

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
27 de abril de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
54662-2023-110-AL
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de su derecho a la defensa; de la garantía del debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia, así como de los principios de seguridad jurídica, legalidad e impugnación; toda vez que, la autoridad demandada, a través de Auto de Vista 111/2023 declaró, inadmisible y rechazó in límine su recurso de apelación incidental planteado contra la resolución de medidas cautelares que dispuso su detención preventiva; argumentando que, fue presentado extemporáneamente, sin considerar que, de acuerdo al art. 163.II del CPP, correspondía la notificación personal con la resolución de medidas cautelares, a través de la entrega de la copia de la misma, acto a partir del cual, empezó a computarse el plazo para interponer recurso de apelación incidental; aspecto que, no se cumplió. Ante ello, la autoridad demandada no presentó informe alguno ni se presentó en audiencia de garantías pese a su citación. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 7/2023 de 1 de abril, cursante de fs. 11 a 13 vta., pronunciada por la Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia:

1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto al derecho a la defensa vinculado a la libertad, en los mismos términos dispositivos establecidos por la Jueza de garantías, conforme los fundamentos jurídicos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; y,

2° DENEGAR la tutela, con relación a la lesión a la garantía del debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia, así como los principios de seguridad jurídica, legalidad e impugnación, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Notificación personal con la resolución que imponga la medida cautelar de detención preventiva
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0782/2026-S2 Sucre, 27 de abril de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 54662-2023-110-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 7/2023 de 1 de abril, cursante de fs. 11 a 13 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Luis Pereira Mamani en representación sin mandato de Brayan Julio Saravia Herbas contra Julio Huarachi Pozo, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 31 de marzo de 2023, cursante de fs. 1 a 3 vta., el accionante, a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal iniciado en su contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, tipificado y sancionado en el art. 272 bis del Código Penal (CP) en grado de autor, fue imputado por el Ministerio Público, que, a su vez, solicitó su detención preventiva; seguidamente, el 19 de marzo de 2023 en audiencia de aplicación de medidas cautelares mediante auto interlocutorio se dispuso la aplicación de la detención preventiva en su contra por cuarenta días en el Centro Penitenciario de San Pedro de Oruro. Ante tal determinación, el 23 de marzo de 2023, interpuso recurso de apelación incidental, mereciendo proveído de 24 de igual mes y año, que ordenó la remisión de antecedentes al superior en grado; más adelante, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Oruro, mediante Auto de Vista 111/2023 de 29 de marzo, declaró inadmisible y rechazó in límine su recurso, bajo el argumento de haber sido planteado extemporáneamente. Dicho Auto de Vista, hacía referencia a los plazos de interposición de las apelaciones y se apegaba a lo manifestado por la Jueza a quo: “…queda notificado el Ministerio Público, el imputado…” (sic); sin considerar el art. 163.II del Código de Procedimiento Penal (CPP), el cual establece que, cuando la notificación se realiza en audiencia, corresponde entregar una copia de registro digital dejando constancia de su recepción; aspecto que, de la revisión minuciosa del cuaderno de control jurisdiccional no se cumplió, lo que significaba que el plazo para interponer el recurso de apelación incidental establecido en el art. 251 del CPP, quedaba vigente para su interposición en cualquier momento; por ende, el aludido Auto de Vista carecía de fundamento necesario y omitía la motivación sobre la constancia de recepción de la copia del registro; haciendo, en su lugar, un razonamiento de preceptos favorables a su fundamento, omitiendo someterse a la voluntad de la ley para no ingresar al fondo de los agravios, restringiendo -a su criterio- su derecho a la libertad.

I.1.2. Derecho, garantía y principios supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho a la defensa, la garantía al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia, así como de los principios de seguridad jurídica, legalidad e impugnación, citando al efecto los arts. 23.I, 115.I, 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 7.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo la nulidad del Auto de Vista 111/2023, debiendo la autoridad demandada admitir el recurso de apelación interpuesto y señalar audiencia para su consideración, sea en el plazo de veinticuatro horas a partir de su notificación.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública el 1 de abril de 2023, según consta en acta cursante de fs. 9 a 10, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su abogado, reiteró íntegramente los términos de su memorial de acción de libertad, y ampliando señaló que, la notificación personal con la resolución de medida cautelar de extrema ratio, se realizó el 27 de marzo de 2023; por lo que, se estaría dentro del plazo para apelar de acuerdo al art. 251 del CPP.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Julio Huarachi Pozo, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, no presentó informe alguno ni se hizo presente en la audiencia de garantías, pese a su citación cursante a fs. 8.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento de Oruro, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 7/2023 de 1 de abril, cursante de fs. 11 a 13 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 111/2023, debiendo la autoridad demandada resolver el recurso de apelación incidental formulado por el accionante en el plazo de veinticuatro horas a partir de su legal notificación, sin costas por ser excusable; decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: a) El art. 163.4 del CPP estableció que, se notificará personalmente las resoluciones que impongan medidas cautelares personales, debiéndose entregar una copia del registro digital, dejando una constancia de su recepción cuando la notificación sea realizada en audiencia; b) De las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0760/2017-S3 de 14 de agosto y 1981/2013 de 4 de noviembre, se entiende que, únicamente la primera resolución de medidas cautelares que imponía la medida de detención preventiva, debe ser notificada de manera personal o en domicilio real de acuerdo al art. 163.4 del CPP, computándose el plazo para interponer recurso de apelación a partir de la entrega de la copia de la resolución en la referida audiencia; debiendo las resoluciones posteriores, que resuelvan la cesación de la detención preventiva, modificación y revocación de medidas sustitutivas y otros, ser notificadas por su lectura en audiencia en aplicación al art. 160 de la referida norma, a efecto del cómputo del plazo para la apelación; c) No se consideró que, la apelación incidental formulada por el accionante, fue a consecuencia de una resolución que ordenaba su detención preventiva; por ende, el plazo dispuesto para interponer el mencionado recurso, corría desde la notificación personal con la decisión; es decir, con la entrega de una copia física o registro digital de la resolución, y no desde la emisión oral del fallo; d) Si bien en la diligencia de notificación personal de 27 de marzo de 2023 se encontraba foliada antes del memorial de recurso de apelación, la misma era de fecha posterior a la presentación del recurso; por lo que, no existía constancia de que la autoridad demandada haya tomado conocimiento de la referida notificación, ya que de haber sido así, debió computar los tiempos desde 27 de marzo de 2023; y, e) Ante la imposibilidad de confirmar estos antecedentes, con base en el cómputo realizado por la autoridad demandada -desde la notificación en audiencia- no debería haberse rechazado la impugnación por extemporaneidad ni por falta de fundamentación, sino por vulneración al derecho a la defensa vinculado al derecho a libertad.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso la devolución a la Comisión de Admisión de los expedientes y causas sorteadas para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional (fs. 20 a 22); en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIÓN

No cursa en el expediente antecedentes del caso, por lo que se procederá a resolver con base en lo expuesto por los sujetos procesales y que no fue controvertido.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de su derecho a la defensa; de la garantía del debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia, así como de los principios de seguridad jurídica, legalidad e impugnación; toda vez que, la autoridad demandada, a través de Auto de Vista 111/2023 declaró, inadmisible y rechazó in límine su recurso de apelación incidental planteado contra la resolución de medidas cautelares que dispuso su detención preventiva; argumentando que, fue presentado extemporáneamente, sin considerar que, de acuerdo al art. 163.II del CPP, correspondía la notificación personal con la resolución de medidas cautelares, a través de la entrega de la copia de la misma, acto a partir del cual, empezó a computarse el plazo para interponer recurso de apelación incidental; aspecto que, no se cumplió. Ante ello, la autoridad demandada no presentó informe alguno ni se presentó en audiencia de garantías pese a su citación. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Notificación personal con la resolución que imponga la medida cautelar de detención preventiva

La SC 1418/2005-R de 8 de noviembre, señaló que: “Sobre el primer aspecto, resulta necesario establecer que dado el carácter garantista del Código de procedimiento penal, toda resolución que imponga una medida cautelar personal debe ser notificada necesaria y obligatoriamente en forma personal, conforme dispone el art. 163 inc. 3) del CPP [hoy art. 163.4 del Código de Procedimiento Penal], esto en el entendido de que contra dicha resolución las partes pueden hacer uso del recurso de apelación previsto por el art 251 CPP, con la aclaración de que, no es suficiente que las partes sean notificadas con dicha resolución en audiencia por su lectura, por cuanto es necesario la entrega de una copia al interesado y la constancia de su recepción; consecuentemente, con la notificación personal de la resolución que impone una medida cautelar se asegura que las partes ejerciten en la forma más amplia el derecho a la defensa a través de la interposición de los recursos y acciones que concede la Ley, de no ocurrir ello se provocaría indefensión en la parte si no se asegura que ésta tenga conocimiento efectivo de la Resolución de medidas cautelares, para que en caso de existir recursos contra ésta, pueda utilizarlos sin ninguna restricción…”.

Del entendimiento jurisprudencial citado se desprende que, si bien por regla las resoluciones dictadas en audiencia se notifican a través de la lectura de la misma; existen actuaciones tales como las sentencias de carácter definitivo, resoluciones que impongan medidas cautelares y otras expresamente dispuestas por el Código de Procedimiento Penal que, requieren de notificación personal, a través de la extensión de una copia del documento al interesado, dejando la respectiva constancia de entrega, además de una advertencia escrita sobre los recursos y plazos posibles para interponer una apelación.

III.2. Análisis del caso concreto

De lo referido por el accionante y no controvertido por la autoridad demandada, se tiene que, en audiencia de medidas cautelares de 19 de marzo de 2023, celebrada dentro de un proceso penal iniciado contra el accionante por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, la autoridad jurisdiccional a cargo impuso al nombrado la medida cautelar extrema de detención preventiva por el lapso de cuarenta días en el Centro Penitenciario San Pedro de Oruro; determinación ante la cual, interpuso recurso de apelación incidental el 23 del mismo mes y año, mereciendo la emisión del proveído de 24 de igual mes y año, que ordenaba la remisión del referido recurso al superior en grado; posteriormente, el 27 de igual mes y año, se notificó personalmente al accionante con la resolución de medidas cautelares, y el 29 de marzo de 2023, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, emitió el Auto de Vista 111/2023 de 29 de marzo, por el cual declaró inadmisible y rechazó in límine el recurso de apelación incidental planteado por el prenombrado, bajo el argumento de haber sido interpuesto fuera del plazo establecido en el art. 251 del CPP, computando el tiempo a partir de la fecha en que se dio lectura a la resolución impugnada -19 de marzo de 2023-. Entonces, si bien este Tribunal no tiene acceso al cuaderno de control jurisdiccional, de la revisión efectuada al mismo por la Jueza de garantías en audiencia de consideración del presente mecanismo de defensa, esta pudo constatar a través del Auto de Vista que, en efecto, la autoridad demandada declaró inadmisible y rechazó el recurso de apelación incidental planteado por el accionante, en razón de que, consideraba que este se planteó fuera del plazo de setenta y dos horas dispuesto en el art. 251 de la CPP, tiempo computado a partir de la lectura de la resolución de medidas cautelares el 19 de marzo de 2023; motivo por el cual, consideró que el recurso planteado el 23 del mismo mes y año, era extemporáneo; sin embargo, conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, al tratarse de una apelación incidental contra una resolución de medidas cautelares que imponía la detención preventiva del accionante, correspondía a la autoridad demandada, a fin de asegurar que las partes ejerciten de manera amplia su derecho a la defensa a través de recursos y acciones que les reconoce la ley y no provocar indefensión, verificar la efectiva notificación personal con la resolución de medidas cautelares antes de emitir el Auto de Vista 111/2023; situación que, en el presente caso, la autoridad demandada no cumplió, pues emitió referido Auto de Vista declarando inadmisible el recurso de apelación incidental, sin verificar la constancia de entrega de copia de la resolución o registro digital al accionante, negando de ese modo su derecho a la defensa vinculado a la libertad. En consecuencia, corresponde conceder la tutela solicitada respecto al derecho a la defensa relacionado a la libertad. Sin perjuicio de lo anterior, en cuanto a lo referido por la Jueza de garantías en relación a la supuesta “duda” que existiese sobre si la autoridad demandada tomó conocimiento o no de la diligencia personal de 27 de marzo de 2023, antes de emitir el Auto de Vista cuestionado -al estar la misma adjunta antes del recurso de apelación, pero ser de fecha posterior a este-; esta instancia considera irrelevante esa apreciación, en consideración de que, independientemente de que la autoridad demandada haya tomado conocimiento o no de la diligencia referida, de acuerdo al art. 163 del CPP, esta tenía la obligación ineludible de constatar la efectiva notificación personal con la decisión impugnada, a efectos de computar los plazos. Finalmente, al no haberse expuesto argumentos que demuestren la vulneración a la garantía del debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia, así como a los principios de legalidad, seguridad jurídica e impugnación, corresponde denegar la tutela respecto de los mismos. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de manera parcialmente incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 7/2023 de 1 de abril, cursante de fs. 11 a 13 vta., pronunciada por la Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia:

1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto al derecho a la defensa vinculado a la libertad, en los mismos términos dispositivos establecidos por la Jueza de garantías, conforme los fundamentos jurídicos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; y,

2° DENEGAR la tutela, con relación a la lesión a la garantía del debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia, así como los principios de seguridad jurídica, legalidad e impugnación, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0782_2026-S2.pdf · páginas 1 a 7.

Huella digital del PDF (SHA-256): 6dd174ecc6245f05efc5ba4904dab2da69906b4e4d3b50008fea22532e1cfa04

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