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SCP 0781/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 18 de julio de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
18 de julio de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
56193-2023-113-AAC
Departamento
Chuquisaca
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la lesión de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, al debido proceso, a la defensa, a una vida digna, así como el principio de seguridad jurídica; toda vez que, el Director codemandado resolvió la rescisión de su contrato mediante el Cite U.RR.HH. 338/2022, sin que se haya tramitado un proceso interno previo. Asimismo, el Gobernador demandado, mediante Resolución Administrativa Gubernamental CH/527, confirmó dicha decisión al resolver el recurso jerárquico interpuesto, fundamentando su Resolución en la supuesta falta de presentación de informes mensuales por su persona. Ante ello, el Director codemandado señala que, el contrato fue resuelto debido al incumplimiento de la accionante, quien no presentó los informes mensuales de sus labores, conforme a lo estipulado en el referido acuerdo. Por su parte, el Gobernador demandado no presentó informe escrito alguno, ni se conectó a la audiencia virtual de garantías programada.

En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 081/2023 de 23 de junio, cursante de fs. 101 a 104, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, en consecuencia, CONCEDER en parte la tutela solicitada, en los mismos términos de la Resolución de garantías.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones administrativas
  2. III.2. Análisis de caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0781/2025-S2 Sucre, 18 de julio de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 56193-2023-113-AAC Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 081/2023 de 23 de junio, cursante de fs. 101 a 104, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Margarita Romero Barrón Vda. de Flores contra Damián Condori Herrera, Gobernador; y, Juan José Fernández Murillo, Director Técnico del Servicio Departamental de Salud (SEDES), ambos del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 29 de mayo y 2 de junio de 2023, cursantes a fs. 1; 65 a 70; y, 74, la accionante manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Se desempeñó como trabajadora manual en el Hospital del Niño “Sor Teresa Huarte”, dependiente del SEDES Chuquisaca, desde el 17 de junio de 2013 hasta el 20 de junio de 2022. Fue desvinculada de su fuente laboral mediante Cite U.RR.HH. 338/2022 de 10 de junio, por presunto incumplimiento en la presentación de informes de trabajo. Esta determinación fue posteriormente confirmada mediante Resolución Administrativa Recurso de Revocatoria DIR.SEDES-CH. 021/2022 de 22 de julio, emitido por Juan José Fernández Murillo, Director Técnico de SEDES del citado departamento -ahora codemandado- al resolver el recurso de revocatoria, y ratificada por la Resolución Administrativa Gubernamental CH/ 527 de 30 de noviembre de 2022, emitido por Damián Condori Herrera, Gobernador del Gobierno Autónomo del mencionado departamentoo -ahora demandado- al decidir sobre el recurso jerárquico.

A pesar de que los contratos de trabajo eran formalmente a plazo fijo, su relación laboral fue continua e ininterrumpida durante nueve años, circunstancia que generó una expectativa legítima de estabilidad laboral.

Asimismo, su despido fue efectuado sin previo proceso administrativo interno, vulnerando sus derechos constitucionales a la defensa, al debido proceso, al trabajo digno y a la estabilidad laboral.

I.1.2. Derechos y principio supuestamente vulnerados

La demandante denuncia la lesión de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, al debido proceso, a la defensa, y a una vida digna, así como el principio de seguridad jurídica; citando al efecto los arts. 46.I, 48.II, 49.III, 115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga: a) Se deje sin efecto la Resolución Administrativa Gubernamental CH/ 527; y, b) Su inmediata reincorporación al mismo cargo del cual fue despedida de manera ilegal, con el correspondiente pago de los haberes devengados desde la fecha de su destitución hasta el momento efectivo de su reincorporación laboral, así como el pago de los demás derechos que le fueron suspendidos durante el período de cesantía.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 23 de junio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 90 a 100 vta.; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional y ampliando en audiencia de garantías, señaló que: 1) En cada gestión, y antes de que finalice su contrato, se le hacían evaluaciones a través del SEDES; 2) Durante todo el tiempo que prestó funciones en el SEDES, su relación laboral estuvo regida por el Estatuto del Funcionario Público (EFP) -Ley 2027 de 27 de octubre de 1999-. Sin embargo, debido a la modalidad contractual bajo la cual fue contratada de manera consecutiva, no se enmarcaba en ninguna de las categorías previstas en el art. 5 del referido EFP -no siendo considerada funcionaria de libre nombramiento ni interina-. Esta situación no le es imputable, sino que responde a una omisión de la propia administración, la cual debió haber convocado oportunamente al respectivo proceso de selección para permitir su ingreso como trabajadora de carrera; 3) El último contrato es de la gestión 2022 -Contrato de Prestación de Servicio a Plazo Fijo Cargo de “MANUAL” REDE 126/2022 de 5 de enero- que tenía una vigencia hasta el 31 de diciembre del mismo año; sin embargo, antes de que concluya su contrato, se la destituyó sin previo proceso, sin la posibilidad de que pueda defenderse; y, 4) Presentó los recursos de revocatoria y jerárquico, los cuales fueron resueltos por las autoridades demandadas sin la debida motivación ni fundamentación, limitándose a confirmar la decisión impugnada y manteniéndola incólume.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Juan José Fernández Murillo, Director Técnico del SEDES-Chuquisaca, a través de sus representantes legales, por informe escrito cursante de fs. 87 a 89 vta., sostuvo que: i) La accionante fue vinculada mediante contratos de prestación de servicios en salud a plazo fijo desde la gestión 2013 hasta 2022, siendo el último de ellos el Contrato de Prestación de Servicio a Plazo Fijo Cargo de “MANUAL” REDE 126/2022, para desempeñar funciones como trabajadora manual en el Hospital del Niño “Sor Teresa Huarte Tama”. Dicho contrato fue resuelto por Cite U.RR.HH. 338/2022, con base en las cláusulas cuarta y décima segunda incs. a) y d), que prevé la terminación anticipada del contrato por incumplimiento de deberes, entre ellos, la omisión en la presentación de informes mensuales de labores; ii) La impetrante de tutela impugnó dicha Resolución contractual mediante el recurso de revocatoria, que fue resuelto por Resolución Administrativa Recurso de Revocatoria DIR.SEDES-CH. 021/2022, confirmando el acto administrativo. Posteriormente, formuló recurso jerárquico, resuelto por la Resolución Administrativa Gubernamental CH/527, que confirmó la legalidad de la desvinculación; iii) La peticionante de tutela no era funcionaria de carrera ni aspirante a serlo, sino personal eventual contratado bajo la modalidad prevista en el art. 6 del EFP, por lo que no era titular del derecho a la estabilidad laboral ni a ser destituida mediante proceso disciplinario previo, derechos reconocidos exclusivamente a los servidores incorporados a la carrera administrativa; iv) La desvinculación fue dispuesta conforme a las cláusulas contractuales previamente aceptadas por la accionante, no existiendo acto ilegal u omisión que vulnere sus derechos; dado que, su situación jurídica se encuentra regulada por las condiciones del contrato y no por el régimen del funcionario público de carrera ni por la Ley General del Trabajo; y, v) La jurisprudencia constitucional distingue claramente entre el personal contratado de manera eventual y los funcionarios públicos de carrera, concluyéndose que los primeros no gozan de los derechos vinculados a la estabilidad ni al debido proceso disciplinario, como se estableció en las SCP 0205/2016-S3 de 12 de febrero y la SC 0217/2004-R de 11 de febrero. En consecuencia, al haberse realizado la desvinculación conforme a derecho, no se configura la lesión denunciada por la accionante.

Damián Condori Herrera, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca, no presentó informe escrito alguno, ni se conectó a la audiencia virtual de garantías programada, pese a su notificación que consta a fs. 78.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, por Resolución 081/2023 de 23 de junio, cursante de fs. 101 a 104, concedió parcialmente la tutela impetrada, únicamente en relación al derecho al trabajo, y denegó la tutela solicitada, respecto del derecho a la estabilidad laboral, disponiendo dejar sin efecto la Resolución Administrativa Recurso de Revocatoria DIR.SEDES-CH. 021/2022, la Resolución Administrativa Gubernamental CH/527, así como el Cite U.RR.HH. 338/2022, ordenando al SEDES-Chuquisaca que, en el plazo máximo de treinta días computables a partir de su notificación con la presente Resolución, proceda al pago de los salarios correspondientes a la accionante, desde el momento de su desvinculación hasta la fecha de cumplimiento del contrato; con base en los siguientes fundamentos: a) Se evidenció que la accionante suscribió contratos administrativos de prestación de servicios a plazo fijo desde 2013, siendo el último el Contrato de Prestación de Servicio a Plazo Fijo Cargo de “MANUAL” REDE 126/2022, cuyo objeto era desempeñar funciones como trabajadora manual. En dicho contrato establecía como obligación la presentación mensual de informes escritos y verbales; preveía como causal de resolución la falta de cumplimiento de esta obligación contractual; b) Mediante Cite U.RR.HH. 338/2022, suscrita por Marco Antonio Ugarte Cuba, Jefe de Recursos Humanos de SEDES-Chuquisaca y el Director codemandado, se comunicó a la accionante la rescisión de su contrato con base en el presunto incumplimiento de dicha obligación. No obstante, dicha decisión fue adoptada de manera unilateral, sin otorgarle la oportunidad de presentar descargos o justificar su accionar, lo que evidencia una actuación arbitraria de la autoridad administrativa; c) Si bien el contrato establecía causales de resolución, la existencia de una fecha de vencimiento -31 de diciembre de 2022- generaba una expectativa legítima de continuidad laboral hasta ese momento, así como de percepción de la remuneración correspondiente. La decisión de resolución anticipada, sin previo procedimiento que garantice el ejercicio del derecho a la defensa, lesionó el derecho al trabajo de la impetrante de tutela. Por tanto, corresponde conceder la tutela únicamente respecto a este derecho; d) Las resoluciones administrativas de revocatoria y jerárquica - Resolución Administrativa Recurso de Revocatoria DIR.SEDES-CH. 021/2022 y Resolución Administrativa Gubernamental CH/527- convalidaron dicha actuación unilateral, sin reparar en la necesidad de un mínimo procedimiento contradictorio antes de disponer una medida de tal gravedad. En consecuencia, corresponde dejar sin efecto ambas resoluciones administrativas, así como el Cite U.RR.HH. 338/2022; y, e) Tomando en cuenta que la peticionante de tutela no era funcionaria de carrera, ni accedió al cargo por convocatoria pública, no corresponde disponer su reincorporación ni convertir su vínculo contractual en uno de carácter permanente. Por tanto, se ordenó al SEDES-Chuquisaca el pago de los salarios correspondientes desde la fecha de desvinculación hasta la finalización del contrato, esto es, hasta el 31 del citado mes y año.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Contrato de Prestación de Servicio a Plazo Fijo Cargo de “MANUAL” REDE 126/2022 de 5 de enero, suscrito entre Juan José Fernández Murillo, Director Técnico del SEDES-Chuquisaca -ahora codemandado- y Margarita Romero Barrón Vda. de Flores -hoy accionante-, con vigencia desde el 5 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022 (fs. 32 a 34). II.2. Consta Cite U.RR.HH. 338/2022 de 10 de junio, emitido por el Director codemandado, mediante el cual se comunica a la accionante la decisión de rescindir el Contrato de Prestación de Servicio a Plazo Fijo Cargo de “MANUAL” REDE 126/2022, suscrito para el cargo de “Trabajadora Manual”, en razón de haber incumplido de manera reiterada las obligaciones establecidas en la cláusula cuarta del referido contrato (fs. 35 a 36). II.3. Se tiene Resolución Administrativa Recurso de Revocatoria DIR. SEDES-CH. 021/2022 de 22 de julio, emitido por el Director codemandado, por el cual resolvió confirmar el Cite U.RR.HH 338/2022 (fs. 42 a 46); y, la Resolución Administrativa Gubernamental CH/527 de 30 de noviembre de 2022, emitido por Damián Condori Herrera, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca -ahora demandado-, que confirmó la Resolución Administrativa Recurso de Revocatoria DIR. SEDES-CH. 021/2022 (fs. 52 a 62).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la lesión de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, al debido proceso, a la defensa, a una vida digna, así como el principio de seguridad jurídica; toda vez que, el Director codemandado resolvió la rescisión de su contrato mediante el Cite U.RR.HH. 338/2022, sin que se haya tramitado un proceso interno previo. Asimismo, el Gobernador demandado, mediante Resolución Administrativa Gubernamental CH/527, confirmó dicha decisión al resolver el recurso jerárquico interpuesto, fundamentando su Resolución en la supuesta falta de presentación de informes mensuales por su persona. Ante ello, el Director codemandado señala que, el contrato fue resuelto debido al incumplimiento de la accionante, quien no presentó los informes mensuales de sus labores, conforme a lo estipulado en el referido acuerdo. Por su parte, el Gobernador demandado no presentó informe escrito alguno, ni se conectó a la audiencia virtual de garantías programada.

En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones administrativas

La SCP 0903/2012 de 22 de agosto, señaló: “De lo expuesto, inferimos que la fundamentación y motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo”. Ahora bien, cuando se trata de decisiones vinculadas a la administración y disposición de recursos públicos, como contratos financiados por el Estado, una fundamentación débil o inexistente no solo vulnera derechos fundamentales, sino que también puede generar responsabilidades administrativas e incluso un daño económico al Estado por decisiones arbitrarias o precipitadas; por lo que, toda rescisión de contrato debe efectuarse con una adecuada motivación y fundamentación por parte de las autoridades púbicas.

III.2. Análisis de caso concreto

Margarita Romero Barrón Vda. de Flores -ahora accionante- denuncia la vulneración de sus derechos fundamentales al trabajo, a la estabilidad laboral, al debido proceso, a la defensa, una vida digna, así como al principio de seguridad jurídica; debido a que, Damián Condori Herrera, Gobernador -ahora demandado-; y, Juan José Fernández Murillo, Director Técnico de SEDES -ahora codemandado-, ambos del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca resolvieron unilateralmente la rescisión de su contrato administrativo de prestación de servicios a plazo fijo suscrito con el SEDES del referido departamento, bajo el argumento de que no se presentaron informes mensuales sobre sus actividades laborales, tal determinación fue adoptada sin una debida motivación, sin otorgarle la oportunidad de presentar descargos y sin haberse tramitado un proceso administrativo interno previo, configurándose así una decisión arbitraria.

Con carácter previo, corresponde precisar: 1) De conformidad con el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, si bien la accionante no diferencia de manera expresa entre motivación y fundamentación, ambos elementos forman parte del contenido esencial del debido proceso cuya vulneración se denuncia, constituyéndose en el parámetro de control constitucional en el presente caso; y, 2) En aplicación del principio de subsidiariedad que rige la acción de amparo constitucional, el objeto de control se circunscribe al último pronunciamiento emitido en la vía administrativa, esto es, la Resolución Administrativa Gubernamental CH/527 de 30 de noviembre de 2022, emitido por el Gobernador demandado, razón por la cual no corresponde emitir pronunciamiento alguno respecto al Director codemandado en la presente acción, limitándose la legitimación pasiva al mencionado Gobernador, en su calidad de autoridad que dictó la decisión jerárquica final. Ahora bien, de los antecedentes del caso se establece que la relación laboral entre la impetrante de tutela y el SEDES-Chuquisaca se encontraba regida por el Contrato de Prestación de Servicio a Plazo Fijo Cargo de “MANUAL” REDE 126/2022, vigente desde el 5 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022 (Conclusión II.1). No obstante, el Director codemandado, dispuso unilateralmente la rescisión anticipada de dicho contrato mediante Cite U.RR.HH. 338/2022 de 10 de junio, bajo el fundamento de que la peticionante de tutela incumplió reiteradamente con la obligación establecida en la cláusula cuarta de informar mensualmente sobre sus labores realizadas (Conclusión II.2). Ante dicha determinación, la accionante interpuso recurso de revocatoria, el cual fue resuelto mediante Resolución Administrativa Recurso de Revocatoria DIR. SEDES-CH. 021/2022 de 22 de julio, que confirmó la decisión de rescisión del contrato. Esta decisión fue posteriormente ratificada por el Gobernador demandado por Resolución Administrativa Gubernamental CH/527 (Conclusión II.3). De lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, se tiene que toda resolución administrativa debe contener una exposición clara, coherente y suficiente de las razones fácticas y normativas que justifican la decisión adoptada, de modo que la persona afectada pueda comprender los motivos del acto y eventualmente cuestionarlo.

En el caso concreto, la Resolución Administrativa Gubernamental CH/527 se limita a efectuar un mero inventario de antecedentes y a citar disposiciones normativas de manera genérica, concluyendo -sin el debido desarrollo argumentativo- que la trabajadora incumplió reiteradamente la obligación de presentar informes mensuales. No obstante, el acto impugnado no precisa cuántos informes omitió, en qué meses o gestiones se produjo dicha omisión, cuál fue su entidad o duración, si existieron conminatorias o requerimientos previos, ni de qué manera tales supuestos incumplimientos, confrontados con los descargos formulados por la accionante, justifican la resolución anticipada del contrato frente a la eventual adopción de medidas menos gravosas. Esta ausencia de individualización fáctica, así como la falta de un nexo analítico entre los hechos atribuidos y las normas aplicadas, revela una motivación insuficiente, en tanto no satisface los estándares de claridad, respuesta a los aspectos relevantes del caso ni coherencia entre la parte considerativa y la parte dispositiva del acto administrativo, vulnerando de este modo el debido proceso, conforme al Fundamento Jurídico III.1 del presente Fallo Constitucional. Asimismo, la Resolución jerárquica omite pronunciarse sobre el agravio referido a la inexistencia de un trámite contradictorio mínimo previo a la imposición de la sanción más gravosa -esto es, la resolución anticipada del contrato-, así como sobre la pertinencia y proporcionalidad de dicha medida a la luz de lo previsto en el propio contrato y de los antecedentes del caso. En ese contexto, la decisión confirmatoria adoptada en sede jerárquica se presenta como conclusiva e inobjetable, antes que debidamente razonada, reproduciendo el déficit de motivación ya advertido en la instancia de revocatoria (Conclusión II.3). Ello resulta particularmente relevante si se considera que, conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, tratándose de decisiones vinculadas con la administración y disposición de recursos públicos -como ocurre con los contratos financiados con fondos estatales-, la exigencia de una motivación reforzada es aún mayor, en tanto tales determinaciones pueden generar responsabilidades administrativas e incluso ocasionar un eventual daño económico al Estado. En consecuencia, al haberse acreditado que las autoridades demandadas dispusieron de manera anticipada la desvinculación de la impetrante de tutela sin observar el deber constitucional de motivación y fundamentación vinculado a los derechos al trabajo, debido proceso, defensa y del principio de seguridad jurídica, corresponde conceder la tutela impetrada respecto de este extremo. En tal mérito, deben dejarse sin efecto la Resolución Administrativa Gubernamental CH/527 y, por su carácter confirmatorio, la Resolución Administrativa Recurso de Revocatoria DIR. SEDES-CH. 021/2022, así como el Cite U.RR.HH. 338/2022, por haber sido emitidas con una motivación insuficiente, aparente y contraria a las exigencias del debido proceso administrativo.

Respecto al derecho a la estabilidad laboral, no corresponde conceder la tutela solicitada, en razón a la naturaleza eventual de la relación laboral existente. En ese mismo sentido, tampoco amerita un pronunciamiento de fondo sobre el derecho de una vida digna, al no advertirse conexidad alguna entre este y los hechos denunciados. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder en parte la tutela impetrada, obró de una forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 081/2023 de 23 de junio, cursante de fs. 101 a 104, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, en consecuencia, CONCEDER en parte la tutela solicitada, en los mismos términos de la Resolución de garantías.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0781_2025-S2.pdf · páginas 1 a 9.

Huella digital del PDF (SHA-256): dae506e786abb4541410336619f1a435f9125ff04c628f30e844cb1755633b8d

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