Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 5 de mayo de 2026
La accionante a través de su representante denuncia la lesión de sus derechos a la propiedad y a la posesión; toda vez que, los demandados ingresaron y ocuparon de manera ilegal la propiedad denominada El Totoral, del cual se encuentra en su posesión desde el 2013, ello en virtud a la firma de varios documentos privados de promesa de compra venta y transferencia definitiva, que fueron suscritos por su entonces esposo y ella con los herederos de Pedro Justiniano Plata; con el compromiso de que una vez finalizada la compraventa, se procedería a la inscripción de su derecho propietario y cambio de nombre en Derechos Reales (DD.RR.); sin embargo, el demandado, que es uno de los coherederos no firmó ningún contrato, mediante la interposición de una denuncia penal, planteada en contra de los trabajadores de la accionante, por la presunta comisión del delito de robo, aprovechó tal acto para materializar el despojo de la posesión que la accionante ejercía sobre la referida propiedad, impidiendo tanto su ingreso como el de sus trabajadores, impidiendo el normal desarrollo de sus actividades ganaderas, acciones que los demandados realizaron sin acudir a las vías legales correspondientes y mediante actos carentes de respaldo jurídico, asumiendo medidas de hecho, destinadas a privarle del ejercicio de sus derechos de uso, goce y disfrute sobre el inmueble y los semovientes existentes en el mismo; por lo cual, solicita se conceda la tutela, disponiendo: El desalojo y cese inmediato de la toma ilegal de su propiedad, emitiéndose mandamiento de desapoderamiento a ser ejecutado por la Poli…
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 05/2025 de 24 de septiembre, cursante de fs. 485 a 496 vta., pronunciada por el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Reyes del departamento de Beni; y en consecuencia, Denegar la tutela impetrada sin ingresar al fondo de la problemática planteada y con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0780/2026-S3 Sucre, 5 de mayo de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 77604-2025-156-AAC Departamento: Beni En revisión la Resolución 05/2025 de 24 de septiembre, cursante de fs. 485 a 496 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Yory Pablo Sossa Cáceres en representación de Alessandra Bersani Mendía contra Fernán Justiniano Cortez, Jackeline Ibáñez de Justiniano y Varinia Justiniano Ibáñez.
Por memorial presentado el 16 de septiembre de 2025, cursante de fs. 373 a 390, la accionante a través de su representante, manifestó lo siguientes:
Conforme a los contratos de promesa de venta, suscritos el 6 de junio, 26 de julio, 30 de julio, 11 de septiembre, 17 de septiembre, 30 de octubre, 20 de noviembre y 3 de diciembre, todos de 2013; así como de 3 de enero, 29 de abril y 10 de julio de 2014, tanto ella, como su esposo, Yerko Martin Nuñez Negrette, hubieran adquirido la propiedad agraria denominada “El Totoral”, quienes se encuentran en posesión de dicho predio; tales contratos fueron firmados con los herederos del fallecido Pedro Justiniano Plata, es decir la conyugue Carmen Delcy Cortez de Justiniano, y sus hijos, Dalia Justiniano Cortez, Diva Justiniano Cortez, José Pedro Justiniano Cortez, William Justiniano Cortez y Elvira Justiniano Cortez, quienes recibieron la suma de Bs947 788,56 (novecientos cuarenta y siete mil setecientos ochenta y ocho 56/100 bolivianos), así como la entrega de Bs20 000 (veinte mil bolivianos) para la realización del trámite de declaratoria de herederos, y se pueda realizar la inscripción definitiva de la transferencia realizada por estos en su favor y la de su entonces esposo. En los señalados contratos, se estableció claramente que los compradores entraban en posesión de los predios, lo que ejercieron desde el 11 de septiembre de 2013 hasta el 3 de septiembre de 2025, momento en el que fueron víctimas de medidas de hecho, utilizando una denuncia falsa de robo presentada por Fernán Justiniano Cortez, con la única finalidad de quitarles la posesión de dicho predio y avasallar su derecho propietario, del cual hasta la fecha no se ha podido realizar la transferencia definitiva, ya que los herederos no han realizado el trámite de transferencia de derecho propietario a su nombre, aclarando que el único heredero del señor Pedro Justiniano que no suscribió un documento privado de venta o compromiso de venta es precisamente Fernán Justiniano Cortez, quien además no tuvo en ningún momento posesión del predio señalado. Ha cumplido con la posesión de buena fe, así como con la función económica social, conforme lo prueba con la certificación por la comunidad “Baychuje”, misma que es colindante con el predio El Totoral que señalan la posesión del predio; aparte de ello, la Asociación de Ganaderos del Beni, filial FEGABENI, establece que su persona cuenta con una marca registrada en los libros, desde agosto de 2016 y que desarrolla sus actividades en el predio El Totoral; tiene además el Registro Único Nacional de Sanidad Agropecuaria (RUNSA) emitido por el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) que establece el referido registro de sanidad a su nombre y tal documento señala que cuenta con quinientos ochenta y dos cabezas de ganado, desarrollando la función económica social; finalmente hace referencia al Certificado de Matrimonio que determina que se encuentra casada con Yerko Martín Nuñez Negrette desde el 10 de enero de 1998. Manifiesta que las medidas de hecho iniciaron con la interposición de una denuncia presentada el 3 de septiembre de 2025, por parte de Fernán Justiniano Cortez, señalando que sería heredero del predio y que los trabajadores del predio El Totoral, le hubieran sustraído diversos bienes de su propiedad -motosierra, generador de luz, alambre de púas, herramientas de trabajo-, violentando las chapas de su puerta. Tal denuncia falsa fue presentada con la única finalidad de sacar a sus trabajadores del predio y no dejarlos ingresar después, para luego despojarlos de sus predios, con acciones de hecho y no dejarles ingresar, siendo que Fernán Justiniano Cortez, ahora demandado, nunca tuvo la posesión sobre la estancia El Totoral. Los trabajadores denunciados por el ahora demandado, fueron puestos en libertad, y conjuntamente el hijo de la accionante, Antonio Nuñez Bersani, el hijo acompañados de personal policial y una notaría, trataron de retornar a los predios de “El Totoral”, pero su paso fue impedido por Jackeline Ibáñez y Varinia Justiniano, esposa e hija de Fernán Justiniano Cortez, los que señalaron que ellos ingresaron al predio a través de la denuncia interpuesta el 3 de septiembre de 2025 y que no tenían la intención de retirarse del lugar. Ante lo sucedido, su representante interpuso una denuncia penal en contra del demandado, por la comisión de los delitos de avasallamiento y abigeato el 5 de septiembre de 2025, misma que se encuentra admitida y en etapa preliminar; sin embargo, el accionar de Fernán Justiniano Cortez, su esposa e hija, ahora codemandados, y otros familiares suyos, continúan en posesión ilegal de su inmueble, y siguen impidiendo realizar su trabajo e incluso el vaqueo de las cabezas de ganado, ocasionando un daño económico irreversible; el demandado ingreso a tales predios sin ningún proceso de por medio y tampoco tiene registrado su derecho propietario como heredero, conforme se puede verificar de la matrícula computarizada de Folio Real 8.03.1.01.0000914, que sigue a nombre de Pedro Justiniano Plata, y que sobre su Libro B cursan gravámenes por procesos civiles, a favor de otros sujetos procesales, no verificándose que en ninguno de esos libros haya registro alguno a nombre de Fernán Justiniano Cortez. Los demandados, aparte de que nunca han estado en posesión de dicho predio, no realizan ninguna actividad económica, y solamente se dedican a impedir a que pueda trabajar en sus actividades ganaderas, conforme se demuestra en Acta Notarial 40/2025 de 10 de septiembre, en el que la Notaría de Fe Pública 1 del asiento judicial del municipio de Reyes del departamento de Beni, constató como Fernán Justiniano Cortez y su familia no permiten que se ingrese a dicho predio, impidiéndole el ejercicio de su derecho propietario sobre los semovientes y su posesión del predio El Totoral, para usarlo conforme a su naturaleza en actividades de ganadería.
Denunció la lesión de sus derechos a la propiedad y a la posesión, sin citar norma constitucional alguna.
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga: El desalojo y cese inmediato de la toma ilegal de su propiedad, emitiéndose mandamiento de desapoderamiento a ser ejecutado por la Policía Boliviana, con costas y costos.
Celebrada la audiencia virtual el 24 de septiembre de 2025, según consta en acta cursante de fs. 463 a 484, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de sus abogados, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, señaló que: a) Tiene certificado de matrimonio con Yerko Martín Nuñez Negrette de 10 de enero de 1998 y que cuenta con una cancelación de partida de matrimonio de la gestión 2023, motivo por el cual no afecta la suscripción de los trece contratos señalados en la acción de amparo constitucional, que fueron suscritos entre el 2013 y 2014, motivo por el cual su legitimación no se puede ver afectada por tal motivo, esto sin tomar en cuenta los contratos suscritos -en su calidad de compradora- con Carmen Delcy Cortez Justiniano, que implica que tiene todos los derechos para interponer la acción de defensa, ya que se encuentra en posesión de los predios y cumple con la función económico social; b) No existe una doble acción u otra demanda ordinaria, en el que se haya planteado el mejor derecho propietario o una demanda agroambiental por interdicto de recobrar la posesión, en realidad se interpuso una demanda penal en contra del demandado por la comisión del delito de abigeato, ante la pérdida de cabezas de ganado que se advirtió en las dos ocasiones en las que se realizó el vaqueo; c) La interposición de la denuncia de robo, solo se dio con la finalidad de sacar a sus trabadores del referido predio, aun cuando dicha propiedad no es el domicilio del demandado, lo que evidencia las medidas de hecho cometidas, sacando a los trabajadores a sabiendas que el predio es de su propiedad de y que la misma vive en el departamento de La Paz y el administrador es ahora su representante, quienes no se encontraban en el predio motivo por el cual se interpuso la denuncia por abigeato; d) Por Acta Notarial 37/2025 de 5 de septiembre, suscrita por la Notaría de Fe Pública 1 del asiento judicial del municipio de Reyes del departamento de Beni, se evidencia que ante la asistencia de una verificación en conjunto con la Notaria de Fe Pública, la Policía Boliviana y los señores Antonio Nuñez Bersani, Pablo Yumacale Camaconi, Jeison Mano Medina y Abraham Ovando Ribera para sacar monturas de caballos y realizar el vaqueo de las cabezas de ganado, se encontraron con las codemandadas Jackeline Ibáñez de Justiniano y Varinia Justiniano Ibáñez, quienes les manifestaron que el heredero de la propiedad era Fernán Justiniano Cortez y ellas como esposa e hija de este, estaban defendiendo su derecho que les corresponde, ya que tienen conocimiento de que el señor Yory Pablo Sossa Cáceres es el administrador del lugar, que ellos tienen posesión del lugar desde el 3 de septiembre de 2025 y que no pensaban salir más del lugar; e) La referida Acta Notarial 40/2025, señala que Yory Pablo Sossa Cáceres, conjuntamente con trabajadores de otras estancias pudieron juntar su ganado, pero cuando se aprestaban a abrir las puertas del corral de “El Totoral”, para su inventario respectivo, el demandando junto con su esposa y su hermana Elvira Justiniano, acompañados de su abogado, impidieron dicha tarea, al ser la misma propiedad privada y que nadie ocuparía sus corrales, ni su propiedad, tratando de realizar el conteo fuera de dicha propiedad, momento en el que Fernán Justiniano Cortez habría ahuyentado a gritos y con un lazo al ganado, obstaculizando la tarea de conteo; y, f) El demandado no cuenta con cabezas de ganado ni marca registrada, lo que determina que nunca estuvo en posesión del predio, ya que él tiene como domicilio la calle Gualberto Guerrilla de la localidad de Reyes del departamento de Beni y su lugar de trabajo en la carretera a Rurrenabaque Yucumo, en Villa del Carmen del mimo departamento, motivo por el cual no se pretende con la acción de amparo constitucional la tutela sobre el derecho propietario; sino, al no encontrarse registro alguno que determine su derecho propietario, ya que el predio está inscrito a nombre de su fallecido padre -Pedro Justiniano Plata-, no puede tomar justicia por cuenta propia.
Fernán Justiniano Cortez, a través de su abogado, en audiencia de garantías, señaló que: 1) Existe falta de legitimación activa por parte de la accionante, ello en cumplimiento del art. 33 del Código Procesal Constitucional (CPCo), ya que quien otorga el Testimonio Poder 1693/2025 de 8 de septiembre, Alessandra Bersani Mendía, se ampara en documentos privados de anticipo de venta, que se encuentran cursantes en el expediente y que fueron transcritos in extenso en el memorial de acción tutelar, documentos que establecen un anticipo de dinero por compra y venta y en los que la misma no figura, siendo el señor Yerko Martín Núñez Negrette el firmante, y que la impetrante de tutela señalaría como su esposo por Certificado de Matrimonio, documento que también establece la cancelación de dicho certificado por divorcio que se dio el 1 de febrero de 2023, motivo por el cual no podía pasar la fase de admisibilidad y debió procederse con el rechazo de la acción; 2) Los documentos de promesa de compra y venta, jamás se llegaron a consolidar, a pesar de haber transcurrido más de diez años de su suscripción, eso sin tomar en cuenta que en materia agroambiental, los documentos de esta índole ameritan registrase en el catastro del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), concorde lo establece al art. 429 del Reglamento del INRA, lo cual no aconteció; 3) El Folio Real presentado por la demandante demuestra de manera documental y contundente que el predio El Totoral se encuentra inscrito a nombre de Pedro Justiniano Plata, padre del ahora demandado, por lo que no puede señalarse una posesión ilegal, ya que el art. 2 del Reglamento del INRA ordena que, en cualquier proceso jurisdiccional de la materia, que dispone la oponibilidad de un bien inmueble, el mismo debe ser certificado por el registro de Derechos Reales; el Folio Real presentado da cuenta de que dicho predio se encuentra registrado a nombre del padre del demandado, quien en vida fue propietario del predio, correspondiendo la titularidad, ante su fallecimiento, a los hijos y la esposa, y no así de la demandante de tutela que no tiene legitimidad ni derecho propietario para demandar vías de hecho en su contra; 4) Se hizo referencia a artículos del Código de Procedimiento Civil que no se encuentra en vigencia por la promulgación del Código Procesal Civil el 2016, además de señalar los arts. 9 y 10 de la Ley 80 de 5 de enero de 1961 referente a cualquier contrato de ganado debe estar registrado en los Gobiernos Autónomos Municipales, o en las federaciones de Ganaderos correspondientes, pero no se tiene constancia alguna del ganado que se encontraba en el predio El Totoral o las condiciones del mismo; 5) No puede acusarse por la comisión de vías de hecho, cuando la propiedad supuestamente avasallada resulta ser de su propiedad, ya que si existe personas ajenas en esta, que pretender entrar sin tener derecho alguno, es justo que como propietario, debe hacer respetar su propiedad, y por tales actos recibe una denuncia por la presunta comisión del delito de abigeato, que consta de la presentación de varios documentos legales, que se encuentran cursantes en la acción, motivo por el cual, se puede concluir que en este caso no existe el cumplimiento del principio de subsidiariedad, ya que se encuentran pendientes de resolución los señalados procesos, en los que se van a resolver los agravios de despojos o desalojos que se acusan y se pretende que se resuelvan en la presente acción de amparo constitucional, por lo que claramente existe una activación paralela de jurisdicciones; y, 6) Corresponde la denegatoria de la tutela solicitada y sancionar al accionante con costas y costos, ya que no existe registro alguno de inscripción en el INRA, además de comprobarse la existencia de procesos penales de por medio, así como la cancelación de la partida de matrimonio entre la accionante y su esposo, que deja sin valor absoluto el referido Testimonio de Poder. Jackeline Ibáñez de Justiniano y Varinia Justiniano Ibáñez, a través de su abogada, en audiencia de garantías, señalaron que: i) Existe una falta de legitimación activa en cumplimiento del art. 52 del CPCo, siendo el mismo un presupuesto indispensable para el conocimiento de la acción tutelar en el fondo, esto porque la accionante afirma un supuesto derecho derivado de una relación conyugal con Yerko Martín Nuñez Negrette, pero de la documental adjunta, se evidencia la cancelación de la partida de matrimonio inscrito el 1 de febrero de 2023, supuesto que desvirtúa cualquier derecho derivado de la relación conyugal, lo cual también afecta al Testimonio de Poder otorgado al representante, para la interposición de la acción de defensa, ya que carece también de efectos jurídicos; ii) No se cumple con el principio de subsidiariedad, ya que si bien existe una flexibilización de este principio, en relación a las medidas o vías de hecho, pero también no debe existir una doble acción judicial ordinaria y otra constitucional, de manera paralela, ya que de la documentación presentada por la accionante, se evidencian varias acciones jurisdiccionales en la vía ordinaria activadas de manera paralela a la acción de defensa, con hechos similares y las mismas personas; motivo por el cual, no pueden resolverse en sede constitucional, al contar con una autoridad judicial competente; iii) La SCP 0998/2012 de 5 de septiembre establece la exigencia de una carga probatoria atribuible a demandante de tutela que acredite de manera objetiva y fehaciente la titularidad del bien sobre el que se denuncia algún tipo de vía de hecho, y que debe ser emitido por Derechos Reales, y que en el caso de autos, acreditan el derecho propietario del difunto padre del demandado -Pedro Justiniano Plata- y como heredero Fernán Justiniano Cortez, por lo que no se constata la vulneración de derecho alguno; iv) En el memorial de la acción tutelar se establece que Fernán Justiniano Cortez no celebró ningún contrato de compraventa o compromiso de venta con la accionante o su entonces esposo, además de que al demandado no le concierne las acciones que hayan realizado sus hermanos, por lo que al no demostrarse el derecho propietario, ni una legitimación activa, la acción constitucional resulta inviable, al no poder sustentarse en meras suposiciones una medida de hecho, sino que esta debe sustentarse en prueba idónea que acredite la existencia de actos lesivos que podrían haber sufrido; y, v) Se habla de la existencia de cabezas de ganado, señalando doscientos, luego quinientos y finalmente quinientos ochenta y dos, y que muchas de ellas pertenecen a personas ajenas a la acción interpuesta, que no pueden ser sostenidas solo con registros sanitarios o de marca, no pudiendo solo señalarse que presuntamente existen, peor aún impulsarse acciones civiles y penales.
El Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Reyes del departamento de Beni, constituido en Juez de garantías, por Resolución 05/2025 de 24 de septiembre, cursante de fs. 485 a 496 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo: a) La inmediata restitución del predio denominado El Totoral a la accionante; por lo que los demandados deberán de abandonar dicho predio y levantar la alambrada; en su defecto, que se libre mandamiento de desalojo y desapoderamiento, a las persona que se encuentren en el predio El Totoral, con auxilio de la fuerza pública; y, b) Sin imposición de costas y costos, porque esta determinación se dictó de manera oral. Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) En base a los contratos privados de anticipo y promesa de venta, en los que se ha comprobado que se dieron montos de dinero como anticipo a varios de los herederos de Pedro Justiniano Plata; además de las certificaciones y actas notariales, así como la certificación de FEGABENI, se considera que la impetrante de tutela acreditó su posesión del predio El Totoral; 2) Es evidente la existencia de vías de hecho, referentes a actos y acciones de avasallamiento, ya que después del ingreso al predio por intermedio de una denuncia penal que el demandado presentó por la presunta comisión de robo en su propiedad, luego impidieron el ingreso a los trabajadores de la accionante, y luego procedieron a cercar y alambrar el referido predio, siendo tales actos al margen de los mecanismos legales establecidos, realizándolos por cuenta propia y alejado de todo procedimiento; 3) Se corrobora por las verificaciones notariales realizadas, la presencia de los demandados en el predio El Totoral, quienes restringieron el ingreso tanto a los trabajadores como al hijo de la accionante, quienes querían realizar sus trabajos de ganadería, como ser la verificación y conteo de las cabezas de ganado, o el acceso a los caballos para realizar el vaqueo, a pesar de encontrarse en compañía de un funcionario policial; 4) A pesar de haberse alegado derechos hereditarios, por parte del demandado, los mismos no justifican recurrir al uso de la fuerza o medidas de hecho alejadas de la Ley, a pesar de haberse reconocido la posible existencia de una controversia en relación al derecho propietario, pero las mismas deben ser resueltas en la vía jurisdiccional correspondiente y no por medidas o vías de hecho; y, 5) Existe vulneración al derecho a la posesión y de los bienes de la accionante, ya que por las certificaciones de la comunidad, fotografías del lugar adjuntas a los informes de la acción tutelar, y las diversas denuncias y acciones legales, evidencian que se despojó de la pacifica posesión y el acceso a los animales y bienes existentes en el referido predio.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional. Por memorial presentado el 23 de octubre de 2025 (fs. 504 a 508 vta.) ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, Carmen Delcy Cortez Vda. de Justiniano, al no ser notificado como tercera interesada en la presente acción tutelar y ser persona adulta mayor, solicitó adelanto de sorteo; a lo cual, la Comisión de Admisión de este Tribunal a través de AC 528/2025-CA/S de 27 de noviembre, cursante de fs. 533 a 539, dispuso ha lugar la misma, procediéndose al efecto con el sorteo respectivo de la presente causa.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Se adjuntan varios Documentos Privados de anticipo de dinero -con diferentes montos de dinero- de promesa de compra venta y transferencia definitiva de la propiedad “El Totoral”, suscrito unos entre Yerko Martín Nuñez Negrette y otros entre Alessandra Bersani Mendia con Willam Justiniano Cortez; Carmen Delcy Cortez de Justiniano; Elvira Justiniano de Hurtado; Diva Justiniano Cortez; Dalia Justiniano Cortez; José Pedro Justiniano Cortez (fs. 4 a 17 vta.). II.2. Cursa Acta Notarial 37/2025 de 5 de septiembre, suscrita por la Notaría de Fe Pública 1 del asiento judicial del municipio de Reyes del departamento de Beni; en el cual se establece, que se constató que el área donde se encuentra la casa de madera en el predio “El Totoral”, el mismo se encuentra cerrado y alambrado además de que le mostraron los documentos privados de compra venta de la propiedad, certificados del SENASAG, Testimonio de Poder y documentación que demostrarían la posesión del predio desde 2013, así como la imposibilidad de poder ingresar al predio para sacar monturas y los caballos para el vaqueo, imposibilitadas por parte de Jackeline Ibáñez de Justiniano y Varinia Justiniano Ibáñez -codemandadas- quienes indicaron que no podrían ingresar y que no saldrían del lugar, posterior a la misma ingresaron dos personas para realizar las labores pero no pudo ser realizada porque los caballos habían sido liberados por el demandado y quedando solo dos caballos recién capados, imposibilitándose el vaqueo y adjuntando muestrario fotográfico (fs. 39 a 41).
II.3. Corre Acta de Denuncia Verbal, de 5 de septiembre de 2025, realizada por Yory Pablo Sossa Cáceres, en contra de Fernán Justiniano Cortez -demandado- por la presunta comisión del delito de abigeato en el predio El Totoral (fs. 43 a 45). II.4. Cursa Acta Notarial 40/2025 de 10 de septiembre, suscrita por la Notaría de Fe Pública 1 del asiento judicial del municipio de Reyes del departamento de Beni; en el cual se establece, que se constató que los trabajadores de Yory Pablo Sossa Cáceres conjuntamente trabajadores de estancias vecinas habrían realizado el vaqueo desde un día anterior y en horas de la mañana en los predios de El Totoral, pero cuando los trabajadores abrieron la reja del corral, Fernán Justiniano Cortez, conjuntamente su abogado cerraron las rejas evitando el ingreso del ganado, señalando que si querían contar el ganado lo hagan en otro lugar, al ser propiedad privada, realizando un conteo afuera, momento en el que el demandado salió gritando y con un lazo disperso al ganado acercándose de manera posterior al señor Yori Pablo Sossa Cáceres alterado diciendo que por “migajas” perderían la propiedad y que los hermanos querían volver a tomar posesión de la estancia, y que reclamen a sus hermanos y a su madre que fueron ellos los que vendieron su parte; posteriormente, se llevó al ganado a un “bajío” llegando a contabilizar solo ciento treinta y cinco cabezas de ganado y adjuntando muestrario fotográfico (fs. 46 a 58). II.5. Cursa matrícula computarizada de Folio Real 8.03.1.01.0000914 de predio denominado El Totoral con una superficie de 1157.8434 ha en el que se evidencia en el Asiento A1 la inscripción de la propiedad a nombre de Pedro Justiniano Plata de 16 de octubre de 2013 por medio de Título Ejecutorial Individual MPENAL000737 de 22 de noviembre de 2012 (fs. 225 y vta.). II.6. Consta Título Ejecutorial MPE-NAL-000737 de 22 de noviembre de 2012 emitido por el INRA de una propiedad denominada El Totoral con una superficie de 1157.8434 ha a nombre de Pedro Justiniano Plata adjunto del Plano Catastral 08030101002035 (fs. 226 a 227). II.7. Cursa Testimonio de 2 de mayo de 2012, emitido por la Jueza de Instrucción Mixta y Cautelar Primera de San Borja del departamento del Beni, por el cual se establece que por intermedio del Auto Definitivo de 9 de marzo de 2012, ante el fallecimiento de Pedro Justiniano Plata, a causa de un traumatismo cráneo encefálico los señores Fernán Justiniano Cortez y José Pedro Justiniano Cortez como hijos de los progenitores Pedro Justiniano Plata y Carmen Cortez Asbun, son declarados como herederos forzosos abintestato en todos los bienes, acciones y derechos relictos al fallecimiento de su señor padre (fs. 461 a 462 vta.).
La accionante a través de su representante denuncia la lesión de sus derechos a la propiedad y a la posesión; toda vez que, los demandados ingresaron y ocuparon de manera ilegal la propiedad denominada El Totoral, del cual se encuentra en su posesión desde el 2013, ello en virtud a la firma de varios documentos privados de promesa de compra venta y transferencia definitiva, que fueron suscritos por su entonces esposo y ella con los herederos de Pedro Justiniano Plata; con el compromiso de que una vez finalizada la compraventa, se procedería a la inscripción de su derecho propietario y cambio de nombre en Derechos Reales (DD.RR.); sin embargo, el demandado, que es uno de los coherederos no firmó ningún contrato, mediante la interposición de una denuncia penal, planteada en contra de los trabajadores de la accionante, por la presunta comisión del delito de robo, aprovechó tal acto para materializar el despojo de la posesión que la accionante ejercía sobre la referida propiedad, impidiendo tanto su ingreso como el de sus trabajadores, impidiendo el normal desarrollo de sus actividades ganaderas, acciones que los demandados realizaron sin acudir a las vías legales correspondientes y mediante actos carentes de respaldo jurídico, asumiendo medidas de hecho, destinadas a privarle del ejercicio de sus derechos de uso, goce y disfrute sobre el inmueble y los semovientes existentes en el mismo; por lo cual, solicita se conceda la tutela, disponiendo: El desalojo y cese inmediato de la toma ilegal de su propiedad, emitiéndose mandamiento de desapoderamiento a ser ejecutado por la Policía Boliviana, con costas y costos. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0373/2018-S2 de 24 de julio, asumió el siguiente entendimiento:
La acción de amparo constitucional, establecida en el art. 128 de la CPE, como una acción de defensa contra actos u omisiones ilegales o indebidas de los servidores públicos y personas particulares, individuales o colectivas, que restrinjan supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos; en este mismo sentido el art. 51 del Código Procesal Constitucional (CPCo), prevé al respecto: “…tiene el objeto de garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica, reconocidos por la Constitución Política del Estado y la Ley, contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de las y los servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir”. En esa comprensión, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0046/1012 de 26 de marzo, en el Fundamento Jurídico III.1 expresó que la acción de amparo constitucional:
Se constituye entonces en una de las acciones de defensa más amplia en cuanto al alcance de su ámbito de tutela y protección de derechos, rigiendo para su interposición, los principios de inmediatez y subsidiariedad, conforme lo establece el art. 129 de la Ley Fundamental; denotándose de la naturaleza de esta acción su objeto de protección y resguardo de derechos en el marco de los valores y principios ético-morales establecidos en la Constitución Política del Estado, contribuyendo desde la justicia constitucional a efectivizar y materializar esos valores y principios para una vida armoniosa, con equidad, igualdad de oportunidades y dignidad, entre otros valores, en los que se sustenta el Estado Plurinacional y que son parte de la sociedad plural (las negrillas nos corresponden). En consecuencia, tal como refiere la SCP 0132/2012 de 4 de mayo, en el Fundamento Jurídico III.1, la acción de amparo constitucional:
…establece un procedimiento de protección cuyo objeto es el restablecimiento inmediato y efectivo de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados, a través de un procedimiento judicial sencillo, rápido y expedito, frente a situaciones de lesión provenientes de la acción u omisión de servidores públicos o particulares; siempre que el ordenamiento jurídico ordinario no prevea un medio idóneo y expedito para reparar la lesión producida (las negrillas son nuestras). Empero, conforme a su naturaleza jurídica precedentemente citada, su activación procede sobre la base de los principios constitucionales de inmediatez y subsidiariedad, salvo supuestos excepcionales plenamente justificados. No obstante, la jurisprudencia constitucional determinó que las medidas de hecho constituyen uno de los supuestos que se sustraen al principio de subsidiariedad de manera excepcional, porque no solo afecta derechos fundamentales y garantías constitucionales, sino compromete la concepción de la naturaleza misma del Estado Plurinacional Comunitario con Autonomías, entendimiento desarrollado en la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre, lo que justifica la consideración de la excepción a la subsidiariedad ante la acción de amparo constitucional y que posibilita a la jurisdicción constitucional ingresar al análisis de fondo de la cuestión planteada para una eventual tutela si corresponde; entendimiento reiterado por la SCP 0064/2018-S3 de 22 de marzo.
La SCP 1478/2012 de 24 de septiembre señala que:
[L]a carga probatoria a ser realizada por el peticionante de tutela, debe: i) Acreditar de manera objetiva la existencia de actos o medidas, asumidas sin causa jurídica, es decir en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos; y, ii) Estar circunscrita a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción ordinaria.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0890/2013 de 20 de junio, asumió el siguiente entendimiento:
Por su naturaleza jurídica, la acción de amparo constitucional, tutela derechos reconocidos por la CPE y la Ley), que hubieran sido afectados y lesionados por actos u omisiones ilegales o indebidas de autoridades o personas particulares, y no puede ingresar a dilucidar hechos que sean controvertidos, ni reconocer derechos; tales hechos deben ser dirimidos por la jurisdicción ordinaria. Al respecto, el anterior Tribunal Constitucional ha desarrollado lo siguiente: a) La SC 1370/2002-R de 11 de noviembre, expresó: “…que el ámbito del Amparo Constitucional como garantía de derechos fundamentales, no alcanza a definir derechos ni analizar hechos controvertidos, pues esto corresponderá -de acuerdo al caso- a la jurisdicción judicial ordinaria o administrativa, cuyos jueces, tribunales o autoridades de acuerdo a la materia, son las facultadas para conocer conforme a sus atribuciones específicas las cuestiones de hecho. En este sentido, la función específica de este Tribunal, en cuanto a derechos fundamentales, sólo se circunscribe a verificar ante la denuncia del agraviado, si se ha incurrido en el acto ilegal u omisión indebida y si ésta constituye amenaza, restricción o supresión a derechos fundamentales”; b) La SC 278/2006-R de 27 de marzo, señaló: “…el recurso de amparo constitucional es un mecanismo instrumental para la protección del goce efectivo de los derechos fundamentales por parte de las personas, por tanto protege dichos derechos cuando se encuentran consolidados a favor del actor del amparo, no siendo la vía adecuada para dirimir supuestos derechos que se encuentren controvertidos o que no se encuentren consolidados, porque dependen para su consolidación de la dilucidación de cuestiones de hecho o de la resolución de una controversia sobre los hechos; porque de analizar dichas cuestiones importaría el reconocimiento de derechos por vía del recurso de amparo, lo que no corresponde a su ámbito de protección, sino sólo la protección de los mismos cuando están consolidados; por ello, la doctrina emergente de la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, también ha expresado que el recurso de amparo no puede ingresar a valorar y analizar hechos controvertidos”; c) La SC 0680/2006-R de 17 de julio, señaló: “…que a través del amparo no es posible dilucidar hechos controvertidos ni reconocer derechos, sino únicamente protegerlos cuando se encuentran debidamente consolidados…”; d) La SC 0675/2011-R de 16 de mayo, concluyó: “…que el recurrente, ahora accionante, al presentar la acción tutelar debe acompañar los elementos probatorios suficientes que comprueben la titularidad de los derechos que reclama como vulnerados, pues si el Tribunal no tiene certeza sobre la veracidad de los hechos expuestos por encontrarse en controversia, no puede pronunciarse sobre el fondo del asunto por no constituir una instancia de resolución de causas ordinarias, correspondiendo sólo la protección de derechos consolidados a favor del accionante”; y, e) La SC 1539/2011 de 11 de octubre, expresó: “…que quien acude a esta vía extraordinaria, debe acreditar su titularidad respecto de los derechos cuya tutela solicita, de manera que no será posible plantear la acción de amparo constitucional invocando derechos que se encuentren en disputa…”. El actual Tribunal Constitucional en su Jurisprudencia Constitucional desarrolló al punto, entre ellos señalamos las siguientes: 1) La SCP 0145/2012 de 14 de mayo, concluyó: “De donde se extrae, que la resolución de hechos controvertidos o el reconocimiento de derechos, delimita la competencia de la jurisdicción constitucional”; 2) La SCP 998/2012 de 5 de septiembre refirió: “…debe establecerse además que la finalidad de la justicia constitucional en su ámbito tutelar, es el resguardo a derechos fundamentales, por cuanto, a través de esta instancia, no pueden analizarse hechos controvertidos cuya definición está encomendada al Órgano Judicial, por tal razón, la carga probatoria atribuible a la parte peticionante de tutela para vías de hecho, debe estar circunscrita a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción ordinaria”; y, 3) Asimismo, la SCP1130/2012 de 6 de septiembre, desarrolló, en sentido de que si bien se puede activar directamente la acción de amparo constitucional, cuando existan medidas de hecho, prescindiendo del principio de subsidiariedad, pero también restringe y limita, cuando concurre hechos controvertidos, así, refiere: “…si bien debe garantizarse para los afectados con vías de hecho una tutela constitucional efectiva y un real acceso a la justicia constitucional, por la naturaleza de estos actos ilegales graves, (…) consolidar así la justicia material, debe establecerse deberes o cargas probatorias para la parte peticionante de tutela; en ese orden, para la determinación de las mismas, debe considerarse como punto de inicio que las vías de hecho se configuran por la realización de actos y medidas al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, por tanto, la carga probatoria a ser realizada por el peticionante de tutela, debe acreditar de manera objetiva la existencia de actos o medidas, asumidas sin causa jurídica, es decir en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos. En este contexto, debe establecerse además que la finalidad de la Justicia Constitucional en su ámbito tutelar, es el resguardo a derechos fundamentales, por cuanto, a través de esta instancia, no pueden analizarse hechos controvertidos cuya definición está encomendada al Órgano Judicial, por tal razón, la carga probatoria atribuible a la parte peticionante de tutela para vías de hecho, debe estar circunscrita a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción ordinaria”.
De la revisión de antecedentes y conforme a las conclusiones arribadas en el presente fallo constitucional; se advierte que, Yerko Martín Nuñez Negrette y Alessandra Bersani Mendia -accionante-, suscribieron entre las gestiones 2013 y 2014 diversos documentos privados de promesa de compra venta y anticipo de pago respecto a la propiedad denominada El Totoral, con Carmen Delcy Justiniano Cortez, Willam Justiniano Cortez, Elvira Justiniano de Hurtado, Diva Justiniano Cortez, Dalia Justiniano Cortez y José Pedro Justiniano Cortez, documentos en los que se estableció la futura transferencia de las cuotas hereditarias correspondientes, una vez regularizada la documentación legal del predio (Conclusiones II.1). Asimismo, se encuentran agregadas actas notariales que dan cuenta de impedimentos para ingresar al inmueble y de conflictos suscitados entre las partes respecto al manejo del ganado existente en el predio (Conclusiones II.2 y II.4). Por otra parte, de la documentación aparejada por los demandados se evidencia que la matrícula computarizada de Folio Real 8.03.1.01.0000914 registra como titular del derecho propietario de la propiedad El Totoral a Pedro Justiniano Plata, en mérito al Título Ejecutorial emitido por el INRA, sin que conste registrada transferencia alguna a favor de la accionante o de Yerko Martín Núñez Negrette (Conclusiones II.5 y II.6). Finalmente, se tiene el Acta de Denuncia Verbal, de 5 de septiembre de 2025, realizada por Yory Pablo Sossa Cáceres, en contra de Fernán Justiniano Cortez -demandado- por la presunta comisión del delito de abigeato en la propiedad El Totoral (Conclusión II.3). Ahora bien, conforme se desarrolló en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de amparo constitucional procede de manera directa cuando se denuncian medidas o vías de hecho, entendidas como actos materiales o acciones realizadas al margen de los mecanismos institucionales previstos por el ordenamiento jurídico y que impliquen o conlleven la afectación arbitraria de derechos fundamentales. Sin embargo, la misma jurisprudencia, exige que quien acuda a esta jurisdicción constitucional acredite de manera objetiva la existencia de actos asumidos sin causa jurídica y que la controversia no se encuentre vinculada a hechos controvertidos cuya definición corresponda a la jurisdicción ordinaria o agroambiental. En ese contexto, si bien las pruebas aportadas por la accionante permiten advertir la probable existencia de actos de posesión material, sea esta de manera pacífica o no, que ha impedido el desarrollo de sus actividades ganaderas en el predio; también se evidencia que, el derecho propietario sobre la propiedad El Totoral continúa inscrito a nombre de Pedro Justiniano Plata y que la transferencia definitiva alegada por la accionante no fue perfeccionada ni registrada en DD.RR. Así también, consta Testimonio de 2 de mayo de 2012, emitido por la Jueza de Instrucción Mixta y Cautelar Primera de San Borja del departamento del Beni, que reconoce legamente como heredero a Fernán Justiniano Cortez, que reclama derechos sobre la propiedad (Conclusión II.7). En consecuencia, el conflicto planteado no se limita a verificar la existencia de una medida de hecho manifiesta y carente de sustento jurídico, sino que involucra la determinación de derechos emergentes de contratos privados de promesa de venta, la eficacia jurídica de dichos documentos frente a terceros, los efectos de la sucesión hereditaria de Pedro Justiniano Plata; y, fundamentalmente respecto a la definición de quién ostenta el mejor derecho propietario en relación a la propiedad denominada El Totoral, aspectos que constituyen cuestiones de hecho y de derecho controvertidos, cuya resolución corresponde a la jurisdicción ordinaria o agroambiental competente. Al respecto, el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional establece que la jurisdicción constitucional no puede definir derechos ni resolver controversias complejas relativas a la titularidad de bienes, toda vez que su función se limita a la protección de derechos fundamentales previamente consolidados; consecuentemente, ingresar al análisis de las pretensiones de la accionante, implicaría determinar la validez, alcance y eficacia de los contratos privados suscritos con los herederos de Pedro Justiniano Plata, así como establecer los efectos jurídicos de la declaratoria de herederos y de la inscripción cursante en los registros de DD.RR. vigente y que no ha sufrido modificación alguna por efecto de los contratos que se pueden haber suscrito, ya que esa labor excede las competencias de la justicia constitucional. Por lo señalado, no corresponde a esta jurisdicción definir quién ostenta el mejor derecho propietario o de posesión sobre el predio objeto de la presente controversia, tampoco puede disponer el desapoderamiento solicitado, ya que ello requiere previamente, la resolución de aspectos litigiosos que deben ser dilucidados ante la jurisdicción competente mediante los procesos previstos por Ley. En consecuencia, al advertirse la existencia de hechos controvertidos respecto a la titularidad y posesión de la propiedad denominada “El Totoral, cuya definición excede el ámbito tutelar de la acción de amparo constitucional, corresponde denegar la tutela impetrada. En consecuencia, el Juez de Garantías al conceder la tutela impetrada, no obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 05/2025 de 24 de septiembre, cursante de fs. 485 a 496 vta., pronunciada por el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Reyes del departamento de Beni; y en consecuencia, Denegar la tutela impetrada sin ingresar al fondo de la problemática planteada y con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
1 El FJ III.3, expresa: “…debe inequívocamente flexibilizarse, para consagrar así la vigencia en este nuevo modelo de Estado, de un mecanismo de tutela pronto y oportuno que asegure un real acceso a la justicia constitucional y por ende una tutela constitucional efectiva para el resguardo de derechos fundamentales afectados por vías de hecho. Por los fundamentos antes expuestos, se concluye inequívocamente que las vías de hecho, constituyen una excepción a la aplicación del principio de subsidiariedad, por tanto, el control tutelar de constitucionalidad puede ser activado frente a estas circunstancias sin necesidad de agotar previamente otros mecanismos ordinarios de defensa, aspecto reconocido de manera uniforme por la jurisprudencia emanada en ejercicio del control de constitucionalidad y que debe ser ratificado por este Tribunal Constitucional Plurinacional” (las negrillas son añadidas).
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0780_2026-S3.pdf · páginas 1 a 17.
Huella digital del PDF (SHA-256): b956caaea37182efbcd9c93252bb5fd9527fa3110a16da828c5073cbc852699f
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