B.IA.LEGAL

SCP 0780/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 18 de julio de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
18 de julio de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
55976-2023-112-AAC
Departamento
Beni
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos la seguridad social, la salud, la vida; por cuanto, durante la relación laboral que mantiene con el Gobierno Autónomo Departamental de Beni, nació su hija; por lo que, de manera oportuna este solicitó en reiteradas oportunidades que se le otorguen las asignaciones familiares que por ley le corresponden, mismas que fueron dispuestas mediante el certificado de atención prenatal y el Formulario de Calificación de Beneficios, para el Régimen de Asignaciones Familiares; sin embargo, dicha entidad departamental hasta el momento de interposición de esta acción tutelar, le adeuda un subsidio prenatal, y tres subsidios de lactancia, mismos que al no ser entregados de manera oportuna por el GADB, correspondería que le sean cancelados en efectivo; por lo previamente detallado, el accionante solicita que se le conceda la tutela impetrada y en consecuencia pide se ordene al GADB, que los referidos subsidios le sean cancelados de forma retroactiva y en dinero; puesto que los gastos de alimentación de la infante ya fueron erogados de su parte. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 034/2023 de 24 de mayo, cursante de fs. 63 a 66 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, conforme a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional en los mismos términos dispuestos por la Sala Constitucional; y,

2° DENEGAR respecto al pago de costas procesales.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La excepción del principio de subsidiariedad en el caso de padres progenitores
  2. III.2. Derecho a la seguridad social y las asignaciones familiares
  3. III.3. Respecto al pago de los subsidios devengados
  4. III.4. Principio del interés superior de los niños y niñas
  5. III.5. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0780/2025-S3 Sucre, 18 de julio de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 55976-2023-112-AAC Departamento: Beni En revisión la Resolución 034/2023 de 24 de mayo, cursante de fs. 63 a 66 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Eduardo Vásquez Cardona contra José Alejandro Unzueta Shiriqui, Gobernador y Freddy Macahado Flores, Secretario Departamental de Administración y Finanzas, ambos del Gobierno Autónomo Departamental de Beni.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 10 de mayo de 2023, cursante de fs. 20 a 23, el accionante señaló que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En su condición de funcionario público, como Corregidor del Municipio de Exaltación y padre de una niña, nacida el 5 de enero de 2023, denuncia que no recibió los subsidios prenatales y de lactancia, que por ley le corresponden; pese haber presentado diferentes notas a su empleador -Gobierno Autónomo Departamental del Beni- informando de su situación de padre progenitor y solicitando la entrega de los subsidios referidos, sus requerimientos fueron sistemáticamente ignorados y desatendidos, viéndose este obligado a erogar por cuenta propia todos los gastos de alimentación, salud y cuidado que su hija recién nacida requería, afectando de esa manera directamente su economía familiar y el bienestar de la menor. Conforme a lo determinado por el art. 9.2 del Reglamento de Asignaciones Familiares, cuando el empleador no realiza la entrega del subsidio en especie de manera oportuna, entonces, ante la omisión, le corresponde a este efectuar el pago del mismo en dinero, en ese marco, el impetrante de tutela solicitó se ordene la cancelación retroactiva de asignaciones familiares a razón de Bs2 000.-(dos mil bolivianos) por cada mes que se omitió tal deber, en ese sentido, al adeudarle un mes del subsidio prenatal y tres de lactancia, hacen un total de Bs8 000.- (ocho mil bolivianos), debiendo hacerle la entidad ahora demandada realizar dicha cancelación en dinero. Asimismo, la negativa de las autoridades demandadas de entregarle las asignaciones familiares de forma oportuna puso en riesgo la vida, la salud, la alimentación y el desarrollo físico y psicológico de su hija menor, lesionando de forma directa los derechos a la seguridad social, la salud, la vida, la alimentación, así como el principio del interés superior del niño. Con relación al principio de subsidiariedad, señaló que a pesar de haber acudido de manera insistente a la vía administrativa mediante notas escritas y gestiones personales, no obtuvo ninguna respuesta concreta, oportuna ni eficaz que atienda su legítimo reclamo, por el contrario, el tiempo transcurrido ha agravado la situación de su hija menor, haciendo ineficaz e improcedente el uso de vías ordinarias o administrativas que no garantizan la restitución urgente de derechos fundamentales amenazados, como lo son el derecho a la salud, la seguridad social y la vida misma, bajo este entendido, invocó el carácter subsidiario e inmediato de la presente acción de amparo constitucional. En virtud de lo expuesto, solicitó se le conceda la tutela constitucional y se disponga el pago inmediato y retroactivo de los subsidios familiares devengados, en efectivo, por la omisión y dilación incurrida por el Gobierno Autónomo Departamental del Beni.

I.1.2. Derechos y principio supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la seguridad social, la salud, la vida, citando al efecto los art. 15.I, 18.1, 45.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga la cancelación retroactiva de cinco asignaciones familiares devengadas en dinero, en razón a Bs2 000.- por cada una, haciendo un total de Bs8 000.-; y, sea con la imposición de pago de costas procesales.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 24 de mayo de 2023, según consta en acta cursante de fs. 59 a 62 vta.; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su abogado, en el desarrollo de la audiencia ratificó íntegramente el contenido de su acción tutelar y ampliándola, manifestó lo que sigue: a) Aclaró que su solicitud recae sobre el pago retroactivo de cuatro subsidios de asignaciones familiares, correspondientes a un mes de subsidio prenatal, tres meses de subsidio de lactancia y no cinco, como se habría consignado por error en la demandada, b) El incumplimiento por parte del Gobierno Autónomo Departamental del Beni constituye una vulneración al derecho a la seguridad social, que se encuentra protegido por el art. 45 de la CPE, al no haberse realizado la cancelación de los beneficios sociales que corresponden al hijo menor del accionante; c) Respecto a la legitimación pasiva del Gobierno Autónomo Departamental, señaló que, conforme al art. 279 de la CPE y al art. 30 de la Ley Ley Marco de Autonomías y Descentralización, el órgano ejecutivo departamental está presidido por el Gobernador, siendo la máxima autoridad ejecutiva, y que todas las unidades desconcentradas, como los Corregidores, Secretarías, Sub Gobernaciones y Direcciones Departamentales dependen jerárquica, administrativa y presupuestariamente del mismo; en ese sentido, corresponde que el pago de los subsidios sea exigido directamente al Gobierno Autónomo Departamental del Beni; y, d) Finalmente, solicitó que se emita resolución concediendo la tutela, disponiendo el pago retroactivo en efectivo de los cuatro subsidios en un plazo no mayor a cinco días; por no haber sido entregados en especie dentro del término legal.

I.2.2. Informe del demandado

José Alejandro Unzueta Shiriqui, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, a través de sus representantes legales mediante informe escrito presentado el 15 de mayo de 2023, cursante de fs. 45 a 47 vta., manifestó que: 1) El accionante señaló en la demanda de esta acción tutelar que se encuentra bajo dependencia del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, lo cual es equivocado, pues el Corregidor del Municipio de Exaltación, es un cargo electo por voto directo de la población entidad con autonomía funcional y administrativa, conforme a lo determinado por la Ley Departamental 001/2010 de 8 de julio de 2010; por lo que, no existe dependencia jerárquica con el Gobierno Autónomo Departamental del Beni, siendo este último incorrectamente identificado como empleador; 2) Bajo ese entendido, cuestionó su legitimación pasiva, pues la acción fue mal dirigida, ya que corresponde al Corregidor como Máxima Autoridad Ejecutiva del corregimiento realizar las gestiones y programación para el pago de asignaciones familiares; y no así a su persona, por lo que, carece de legitimación pasiva; y, 3) En relación con el subsidio solicitado, se citó el Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares y el Subsidio Universal Prenatal por la Vida, aprobado mediante Resolución Administrativa ASUSS N° 0101/2021, que en su art. 20 prohíbe expresamente a los empleadores la entrega del subsidio de lactancia en dinero; en consecuencia solicitó se deniegue la tutela solicitada y se rechace además la imposición de costas, conforme al artículo 39 de la Ley de Administración y control Gubernamentales -1178-; 4) En audiencia sostuvo que la Secretaría actúa como nexo con el Ministerio de Economía y Finanzas, mientras que los servicios desconcentrados, como el corregimiento del accionante, elaboran su Planilla Operativa Anual (POA) y planificación, recibiendo los recursos correspondientes; 5) El accionante como corregidor debió haber presupuestado el pago de asignaciones familiares, lo cual no fue contemplado en su POA, lo que generó el incumplimiento denunciado de su parte; 6) Para evitar indefensión, el Gobierno Autónomo Departamental del Beni optó por realizar el pago mediante la cuenta única; 7) Reiteró que todos los corregimientos, sub gobernaciones y servicios desconcentrados tienen su propia dirección administrativa, manejan sus recursos y cuentan con firmas autorizadas para ejecutar pagos; y, 8) Solicitó que, en caso de concederse la tutela, se otorgue un plazo mínimo de 20 días hábiles para realizar las modificaciones presupuestarias necesarias, debido a que no cuentan con los recursos económicos disponibles para cubrir las obligaciones del corregimiento. Freddy Machado Flores, Secretario Departamental de Administración y Finanzas del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, a través de su representante legal mediante memorial de 15 de mayo de 2023 se apersonó al proceso; y en audiencia señaló que: i) Respecto a los cinco subsidios solicitados por el accionante, aclaró que ya fue cancelado el subsidio por nacido vivo; y, ii) El pago de asignaciones familiares no estaba contemplado en el POA del Corregimiento del Municipio de Exaltación; por lo que, la Secretaría de Administración y Finanzas tuvo que realizar la modificación presupuestaria necesaria para cumplir con el pago de los subsidios restantes.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, por Resolución 034/2023 de 24 de mayo, cursante de fs. 63 a 66 vta., concedió la tutela impetrada, disponiendo en consecuencia que las autoridades demandadas procedan al pago de las cuatro asignaciones familiares adeudadas en favor del accionante, debiendo ser dichas compensaciones retroactivas y canceladas en dinero; otorgándoles para el efecto, el plazo de veinte días hábiles a partir de su legal notificación, en razón a los trámites administrativos de modificación presupuestaria a realizarse; tal determinación se dio con base a los siguientes fundamentos: a) El accionante denunció la vulneración de sus derechos a la seguridad social, a la vida y a la salud, debido al incumplimiento en el pago de un subsidio prenatal y tres subsidios de lactancia por parte del Gobierno Autónomo Departamental del Beni que le corresponden a su hija recién nacida; y que pese a haberlos solicitado reiteradamente ante dicha entidad departamental, tal pago no fue cancelado; b) Dentro del presente caso, corresponde abstraerse del principio de la subsidiariedad, ello en virtud de la necesidad de brindar una protección inmediata a los derechos vinculados con la seguridad social: c) De los antecedentes se constató que el accionante era Corregidor del Municipio de Exaltación, y que tiene una hija nacida el 5 de enero de 2023; presentado al tal efecto el certificado de atención prenatal de diciembre de 2022, y mediante certificación de la Caja de Salud CORDES se le reconocieron 12 asignaciones familiares, desde el 4 de febrero de 2023; d) La autoridad demandada alegó no tener legitimación pasiva, ya que el accionante sería autoridad electa y dependiente directamente del Corregimiento; sin embargo, mediante notas internas de 12 de mayo de 2023, tal entidad departamental reconoció que el GAD-BENI adeuda un subsidio prenatal y tres subsidios de lactancia, por un total de Bs8 000.-; e) Conforme la jurisprudencia sentada por la SCP 0367/2015-S3 de 10 de abril, corresponde al empleador otorgar las asignaciones familiares de manera obligatoria, en cumplimiento de los derechos a la salud y a la vida del menor, sustentados en el interés superior del niño y el art. 60 de la CPE; por ello el incumplimiento en la provisión de asignaciones familiares debilita el contenido esencial de los derechos a la seguridad social, a la salud y a la vida, en el presente caso, corresponde ordenar el pago en dinero y no en especie; ya que, la infante beneficiaria tenía cuatro meses y diecinueve días, y la entrega de los indicados productos sería inoportuna; y, conforme a lo establecido por el art. 19 de la RM 1676 de 22 de noviembre de 2011, procediendo entonces el pago retroactivo en efectivo; por lo que, ante el incumplimiento en la entrega de los subsidios ahora reclamados por el accionante, se dispuso el pago de los mismos en efectivo.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta Credencial emitido por el Órgano Elector Plurinacional como Corregidor del Municipio de Exaltación a Eduardo Vásquez Cardona el 31 de marzo 2021 (fs. 7). II.2. Mediante Notas Internas de 6 de enero, 10 de febrero, 21 de marzo y 20 de abril todos del 2023 dirigidas a la Secretaría Departamental de Administración y Finanzas del Gobierno Autónomo Departamental de Beni el ahora impetrante de tutela solicitó se remita a la instancia competente el pago de los subsidios prenatal y de lactancia correspondientes (fs. 8, 11, 12 y 14). II.3. Cursa Certificado de Atención Prenatal emitido el 27 de diciembre de 2022; por el cual, la Ginecóloga Obstetra autorizó el subsidio prenatal correspondiente al noveno mes de embarazo (fs. 10). II.4. Cursa certificado de nacimiento de la infante, hija del accionante, con data de nacimiento de 5 de enero de 2023 (fs. 17). II.5. Cursa Formulario de Calificación de Beneficios para el Régimen de Asignaciones Familiares que en cumplimiento del Decreto Supremo (DS) 21637 de 25 de junio de 1987 modificado por el DS 3546 de 1 de mayo de 2018; por el cual, dispuso el pago del subsidio de natalidad correspondiente a Bs2 000 (dos mil bolivianos), en efectivo por única vez y las asignaciones familiares -subsidio de lactancia- a partir del 4 de febrero de 2023 hasta el 5 de enero de 2024 (fs. 39). II.6. Mediante Nota de Comunicación Interna D.BL.PS 65/2023 de 12 de mayo de 2023 dirigida al Freddy Machado Flores, Secretario de Administración y Fianzas del Gobierno Autónomo Departamental de Beni -codemandado-; Carolina Rodríguez Ribera, Directora Departamental de Bienestar Laboral y Previsión Social de la misma entidad informó que de revisado el File del accionante se le adeuda un prenatal correspondiente al mes de diciembre y tres lactancias desde enero hasta marzo del 2023, refiriendo que el subsidio por nacido vivo ya fue transferido a su cuenta personal, el valor del paquete es de Bs2 000.-, haciendo un total de Bs8 000.- (fs. 52).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos la seguridad social, la salud, la vida; por cuanto, durante la relación laboral que mantiene con el Gobierno Autónomo Departamental de Beni, nació su hija; por lo que, de manera oportuna este solicitó en reiteradas oportunidades que se le otorguen las asignaciones familiares que por ley le corresponden, mismas que fueron dispuestas mediante el certificado de atención prenatal y el Formulario de Calificación de Beneficios, para el Régimen de Asignaciones Familiares; sin embargo, dicha entidad departamental hasta el momento de interposición de esta acción tutelar, le adeuda un subsidio prenatal, y tres subsidios de lactancia, mismos que al no ser entregados de manera oportuna por el GADB, correspondería que le sean cancelados en efectivo; por lo previamente detallado, el accionante solicita que se le conceda la tutela impetrada y en consecuencia pide se ordene al GADB, que los referidos subsidios le sean cancelados de forma retroactiva y en dinero; puesto que los gastos de alimentación de la infante ya fueron erogados de su parte. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La excepción del principio de subsidiariedad en el caso de padres progenitores

La SCP 0772/2020-S2 de 2 de diciembre, señaló que: “La jurisprudencia constitucional con relación a la excepción del principio de subsidiariedad tratándose de mujeres embarazadas, a través de la SC 0530/2010-R de 12 de julio, determinó que: ‘…la protección de una mujer trabajadora en estado de gestación (…) es de carácter inmediato por el efecto irreparable que podría causar el hecho ilegal denunciado…’ (…); en similar sentido, la SCP 0198/2013 de 27 de febrero, haciendo extensiva la línea jurisprudencial procesal hacia el padre progenitor con una hija o hijo menor de un año -que se integra a esta protección, a la luz de la Constitución Política del Estado- sostuvo que: ‘…los padres trabajadores en búsqueda de tutela ante la justicia constitucional ante un despido o destitución de su fuente laboral, extensivamente deberá aplicarse el entendimiento desarrollado con relación a la excepción de la subsidiariedad en las acciones de amparo constitucional…’ (…). En ese estado de cosas, la SCP 1104/2012 de 6 de septiembre, concluyó que: ‘Por la protección especial de la que gozan la mujer embarazada y el progenitor-trabajador, hasta que el hijo o hija cumpla un año de edad, el principio de subsidiaridad de la acción de amparo constitucional no es aplicable en razón a los derechos que tutela de la mujer embarazada, lactante o hasta el año de nacimiento del nuevo ser, excepción que es también extensiva en materia de seguridad social referida a las prestaciones del Régimen de asignaciones Familiares dentro de las cuales están contemplados los subsidios prenatal, de natalidad y lactancia, que se encuentran directamente vinculados a la vida y a la salud tanto de la madre como fundamentalmente del nuevo ser futuro capital humano, cuya protección especial y constitucional es deber del Estado y no puede estar condicionada al agotamiento de recursos o vías administrativas, circunstancia que determina se abra el ámbito de protección de esta acción de defensa’ (…). De la jurisprudencia desarrollada, se establece que en los casos de mujer embarazada o padre progenitor hasta que la niña o niño cumpla un año de edad, no es imprescindible que él o la accionante agote los mecanismos previstos en la jurisdicción administrativa u ordinaria para la protección de los derechos fundamentales invocados como lesionados, por cuanto no puede exigirse el cumplimiento de aspectos formales que rigen a esta acción de defensa cuando se encuentra de por medio derechos que merecen una tutela inmediata como son: la alimentación, salud y vida del nasciturus” (las negrillas son nuestras).

III.2. Derecho a la seguridad social y las asignaciones familiares

El art. 45 de la CPE, prevé el derecho a la seguridad social, estableciendo lo siguiente: “I. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social. II. La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social.

III. El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales” (las negrillas nos corresponden). Asimismo, el art. 48.I de la CPE, instituye que las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio, y en su parágrafo IV el citado artículo, establece que los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegios y preferencia sobre cualquier otra acreencia y son inembargables e imprescriptibles, entre ellos los subsidios prenatal y de lactancia. El Decreto Supremo (DS) 3546 de 1 de mayo de 2018, que modificó el art. 25 del DS 21637 de 25 de junio de 1987, establece que: “ARTÍCULO 25.- Se reconocen las prestaciones del Régimen de Asignaciones Familiares, que serán pagadas a su cargo y costo, directamente por los empleadores de los sectores público y privado y de las cooperativas mineras: a) Subsidio Prenatal, consistente en la entrega a la madre gestante asegurada o beneficiaria, de un pago mensual, en dinero o especie, equivalente a Bs2.000.- (DOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) durante los cinco (5) últimos meses de embarazo, independientemente del subsidio de incapacidad temporal por maternidad; b) Subsidio de Natalidad, por nacimiento de cada hijo: un pago único a la madre, equivalente a Bs2.000.- (DOS MIL 00/100 BOLIVIANOS); c) Subsidio de Lactancia, consistente en la entrega a la madre de productos lácteos u otros equivalentes a Bs2.000.- (DOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) por cada hijo, durante sus primeros doce meses de vida; d) Subsidio de Sepelio, por fallecimiento de cada hijo calificado como beneficiario menor de 19 años: un pago único a la madre, equivalente a Bs2.000.- (DOS MIL 00/100 BOLIVIANOS)”. En cuanto al pago retrasado de subsidios en especie o en dinero, el art. 35 del Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen De Asignaciones Familiares -aprobado por Resolución Administrativa ASUSS 0101 de 31 de diciembre de 2021, refirió que: “En caso de que el empleador hubiese incumplido la otorgación de las Asignaciones Familiares de manera oportuna, el pago de los subsidios adeudados en especie o en dinero según corresponda se realizará con carácter retrasado a los meses correspondientes”.

La SCP 0367/2015-S3 de 10 de abril, siguiendo la línea jurisprudencial de la SCP 0134/2014 de 10 de enero, señaló que: “…el Estado en todos sus niveles protegerá el derecho a la salud y a la seguridad social, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida y bienestar común. Así, cabe recordar que la seguridad social, no sólo comprende el acceso a la salud, sino también, cuando se trate de mujeres embarazadas y/o madres o progenitores de niños (a) menores de un año, el derecho a recibir las prestaciones que por derecho les corresponde. (…) …siendo la seguridad social un derecho fundamental y por mandato constitucional, se garantiza su efectivo cumplimiento (…) corresponde al empleador, del sector público o privado, cumplir con la prestación de las asignaciones familiares correspondientes; consistentes en subsidios, prenatal, de natalidad y de lactancia, relativas a la maternidad hasta que el niño cumpla un año de edad y demás derechos laborales. Esto se justifica, en la prioridad de resguardar el derecho a la salud y a la vida del recién nacido hasta que cumpla un año de edad y ante todo, precautelando por su interés superior, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados -art. 60 de la CPE-. En ese sentido, el deber de acatar estrictamente la provisión de las asignaciones familiares, por el empleador, permitirá la materialización del derecho a la seguridad social de la madre y del recién nacido, que se concreta en los derechos a la vida y a la salud. Lo contrario, implicaría vulnerar el contenido esencial de ambos derechos, sea destruyendo o debilitándolos, por la falta de provisión oportuna de asignaciones familiares, que por ley se encuentran previstas y como se dijo son de cumplimiento obligatorio para el empleador, dada la finalidad de los mismos” (las negrillas nos pertenecen). La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) con relación a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) en el Caso Vera Rojas y Otros Vs. Chile, en la Sentencia de 1 de octubre de 2021, señaló que: “…existen dos tipos de obligaciones que derivan del reconocimiento de los DESCA, conforme al artículo 26 de la Convención: aquellas de exigibilidad inmediata, y aquellas de carácter progresivo. Al respecto, la Corte recuerda que, en relación con las primeras (obligaciones de exigibilidad inmediata), los Estados deberán adoptar medidas eficaces a fin de garantizar el acceso sin discriminación a las prestaciones reconocidas para el derecho a la salud, garantizar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y en general avanzar hacia la plena efectividad de los DESCA. Respecto a las segundas (obligaciones de carácter progresivo), la realización progresiva significa que los Estados partes tienen la obligación concreta y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia la plena efectividad de dicho derecho, en la medida de sus recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados. Asimismo, se impone la obligación de no regresividad frente a la realización de los derechos alcanzados. En virtud de lo anterior, las obligaciones convencionales de respeto y garantía, así como de adopción de medidas de derecho interno…”, de igual manera, respecto al derecho a la seguridad social como parte de los DESCA refirió que: “…el derecho a la seguridad social es de fundamental importancia para garantizar la dignidad de las personas y para hacer frente a circunstancias que privan del ejercicio de otros derechos…”; por lo tanto el Estado tiene la obligación de adoptar medidas positivas de orden interno que permitan proteger y materializar el derecho a la seguridad social del capital humano con la finalidad de garantizarles una vida digna, con calidad y calidez; medidas que deberán ser progresivas frente a los derechos alcanzados, para evitar situaciones que generen discriminación. De lo desarrollado, se concluye que el régimen de asignaciones familiares consistentes en los subsidios prenatal, de natalidad, de lactancia y de sepelio, al formar parte del derecho a la seguridad social son de exigibilidad inmediata y de carácter progresivo; por consiguiente, son de cumplimiento obligatorio, siendo deber del Estado en todos sus niveles protegerlo y garantizarlo, al estar íntimamente ligado con los derechos a la salud y a la vida de la madre y del recién nacido, subsidios que deberán ser otorgados por el empleador del sector público, privado y de las cooperativas mineras de forma oportuna y obligatoria, con la finalidad de materializar los derechos sociales y las prestaciones reconocidas en favor del binomio madre e hijo.

III.3. Respecto al pago de los subsidios devengados

Sobre este tema en la SCP 1228/2022-S1, de 14 de octubre, se hace referencia a la SCP 1027/2019-S1 de 21 de octubre, que se refiere a que en un caso en el que se exigía el pago de subsidios devengados, que no fueron pagados de forma oportuna, y se pedía que los mismos sean efectivos en dinero, se concedió la tutela; empero, razonando que:

“…respecto a que las asignaciones familiares devengadas por ser extemporáneas deben ser compensadas en dinero, al respecto existe una prohibición para que el empleador materialice el subsidio y la lactancia de esa manera, por lo que en base a lo señalado el disponer que sea entregado de manera monetaria, como se pretende, no resulta viable.

Bajo tales razonamientos, este Tribunal advierte la vulneración del derecho a percibir las asignaciones familiares reclamadas, consistente en subsidio prenatal, natalidad y lactancia, por cuanto su hijo nació el 15 de agosto de 2018, habiendo ejercido las funciones de Asistente Administrativa III en la UABJB, desde el 2 de abril de 2014, hasta el momento de su retiro voluntario, efectivizado el 14 de marzo de 2019; en ese sentido, tomando en cuenta la protección de los derechos sociales de la madre trabajadora y el interés superior del niño AA que sustenta su atención prioritaria, corresponde disponer se otorgue el pago retroactivo de las asignaciones familiares devengadas correspondientes a: subsidio prenatal de tres meses, subsidio de natalidad; y, lactancia de ocho meses, en virtud de lo establecido en el art. 19.I del Reglamento de Asignaciones Familiares, que prevé que ‘La compensación del subsidio en especie y en dinero se realizará con carácter retroactivo, a los meses correspondientes, en caso que el empleador hubiere incumplido la otorgación de las asignaciones familiares de manera oportuna’ (el resaltado es ilustrativo). Entonces, de lo resuelto por las precitadas Sentencias Constitucionales Plurinacionales se puede extraer lo siguiente: una primera reflexión, que implica que es posible la entrega de subsidios devengados pre natal y lactancia en dinero cuando la solicitud se efectúa luego o después de que el hijo nacido vivo cumplió un año de edad, esto en virtud al principio de oportunidad, puesto que la falta oportuna de las prestaciones subsidiarias que le corresponden a la madre o padre progenitor, genera vulneración de los derechos constitucionales primarios del hijo menor de un año -sea en gestación y/o recién nacido-en consonancia con el principio del interés superior del niño y niña; siendo viable determinar su pago en forma monetaria, porque en especie resultaría inoportuno, desactualizado y no cumpliría la finalidad específica del subsidio, cual es la protección del ser en gestación y el recién nacido hasta que cumpla un año de vida, esto independientemente de si la madre o padre progenitor hubiesen cesado de sus funciones de forma voluntaria, por cuanto estos tiene cobertura del seguro social hasta dos meses después de su cesantía; y, en una segunda reflexión, se puede establecer que mientras el hijo nacido vivo no haya cumplido un año de edad, no es viable el pago de subsidios en forma monetaria en virtud a la prohibición expresa para que el empleador materialice el subsidio y la lactancia de esa manera establecida en la RM 1676 en su art. 21.1 inc. a); y en el numeral 2 inc. a), prohíbe a las beneficiarias a recibir el subsidio prenatal y lactancia en dinero, por lo que es posible que el empleador efectúe el pago de los subsidios devengados pre natal y de lactancia en especie hasta que el hijo cumpla un año de edad; toda vez que es hasta ese momento que se cumple con la finalidad del subsidio.

Consiguientemente, en cuanto a las solicitudes de pagos de subsidios devengados efectuadas por madres o padres progenitores trabajadores del sector público y/o privado, o que estén cesantes voluntariamente, corresponde su pago en especie -pre natal y lactancia- y en dinero -natalidad- cuando el pedido se haya efectuado antes de que el hijo nacido vivo cumpla un año de vida; y, cuando la solicitud sea efectuada después de que el hijo nacido vivo tenga un año cumplido, es posible el pago de los tres subsidios en forma monetaria; esto en correspondencia con los principios de oportunidad y favorabilidad respecto de los derechos involucrados y la progresividad de los derechos constitucionales, en resguardo del interés superior del niño y niña.

Jurisprudencia reiterada en la SCP 0396/2024-S1 de 31 de julio.

III.4. Principio del interés superior de los niños y niñas

El interés superior de los niños y niñas es un principio reconocido en la Constitución Política del Estado, instrumentos internacionales y normas infraconstitucionales. Es así, que el art. 60 de la CPE, señaló que: “Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado” (las negrillas nos pertenecen). De igual manera el Código de las Familias y del Proceso Familiar -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014-respecto al interés superior de las niñas, niños y adolescentes, en su art. 220 inc. k), establece que: “…las autoridades judiciales al adoptar toda decisión, disposición o acción jurisdiccional en la que se involucre una niña, niño o adolescente, se guiarán en interés de éstos, precautelando sus derechos, con preeminencia, primacía y prioridad con relación a los demás sujetos” (las negrillas nos corresponden). En el Caso Vera Rojas y Otros Vs. Chile, la Corte IDH advirtió que el interés superior de los niños y niñas constituye un principio regulador de toda normativa relativa a los derechos de la niñez, por lo cual el art. 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Bolivia mediante Ley 1152 de 14 de mayo de 1990, prevé que: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”; con la finalidad de garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos a la niñez por la referida Convención. En ese sentido, en el citado Caso la Corte IDH, estableció que el interés superior del niño tiene un triple concepto, al ser: “a) un derecho sustantivo, en el sentido que el niño y la niña tienen el derecho a que su interés superior sea una consideración primordial que se debe poner en práctica cuando se adopte una decisión que afecte a un niño o niña; b) un principio jurídico interpretativo fundamental, de forma que las normas se interpreten de forma que satisfaga el interés superior del niño o niña; y c) una norma de procedimiento, que requiere que siempre que se adopte una decisión que afecte a niños y niñas se tome en cuenta las repercusiones que puede tener en ellos”. Por consiguiente, dicha Corte consideró que el principio del interés superior del niño se constituye un mandato de priorización de los derechos de las niñas y niños frente a cualquier decisión que pueda afectarlos, ya sea de manera positiva o negativa, tanto en el ámbito judicial, administrativo y legislativo. De esta forma, el Estado debe garantizar que las normas y actos estatales no afecten el derecho de los niños y niñas con la finalidad de garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos a los mismos, haciendo especial énfasis en que es deber de los Estados situar el interés superior del niño en el centro de todas las decisiones que afecten a su salud y desarrollo. La SCP 0086/2012 de 16 de abril, señaló que: “Del nuevo orden constitucional, se infiere su particularidad de disciplinar políticas a favor de sectores vulnerables que necesitan de una protección reforzada por parte del Estado (…). (…) …deber del Estado, la sociedad y la familia, de garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, -que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados- (…)” La SCP 0719/2020-S4 de 12 de noviembre, señaló que: “…El principio de interés superior del niño o niña, también conocido como el interés superior del menor, es un conjunto de acciones y procesos tendentes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible a las y los menores; así se trata de superar dos posiciones extremas, el autoritarismo o abuso del poder que ocurre cuando se toman decisiones referidas a menores, por un lado, y el paternalismo de las autoridades por otro, puesto que todo niño, niña o adolescente es titular de los derechos que le son inherentes.

Las obligaciones del Estado con respecto a las niñas, niños y adolescentes, implican, además de facilitar una mediación adulta que siempre los considere sujetos de derechos, que tales derechos puedan ser ejercidos y protegidos por medios prácticos y efectivos a través del actuar de todas las instancias del Estado, las cuales deberán tomar en cuenta el carácter integral de los derechos humanos. Siguiendo a la misma autora, dicha obligación reforzada se expresa a través del efecto útil de los derechos de los niñas, niños y adolescentes; es decir, que los mismos tengan sentido en la vida y práctica del sujeto titular de ellos, puesto que deben ser expresados en medios efectivos y prácticos para su protección y ejercicio, tales como la actuación oficiosa del Estado para la protección de niños, niñas y adolescentes; la obligación de exhaustividad para atender la causa de pedir; la obligación de aplicar el principio superior del niño en temas que afectan a la infancia; y, adicionalmente, garantizar un Estado útil para la infancia, mediante la asistencia y representación suficientes y adecuadas para el ejercicio de sus derechos; y, la integralidad en la atención y protección de sus derechos” (las negrillas nos corresponden). Consiguientemente, las autoridades y los responsables de la toma de decisiones en cuestión jurídica y fáctica que involucre real o potencialmente a un menor de edad, deberán aplicar el principio del interés superior de los niños y niñas en todas sus interpretaciones, garantizando el goce efectivo de sus derechos, como es el caso de los niños y niñas no nacidos y los menores de un año de edad, para los que se normaron y reglamentaron políticas de protección de su vida y salud, dentro de las que se encuentran las asignaciones familiares y sus disposiciones especiales que forman parte de las normas de seguridad social que tienen carácter obligatorio para todas las personas e instituciones comprendidas en el campo de aplicación del Código de Seguridad Social, a efectos de proteger la salud del recurso humano, la continuidad de sus medios de subsistencia y la concesión de los medios necesarios para el mejoramiento de las condiciones de vida del grupo familiar; por lo tanto materializar el pago de las asignaciones familiares es resguardar los derechos a la seguridad social del binomio madre e hijo, debiendo el empleador otorgar las mismas de manera oportuna, con la finalidad de cubrir las necesidades reales y acorde a la etapa de desarrollo de los nombrados.

III.5. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos la seguridad social, la salud, la vida; por cuanto, durante la relación laboral con el Gobierno Autónomo Departamental de Beni, nació su hija; por lo que, solicitó de forma escrita las asignaciones familiares que por ley le corresponden, mismas que fueron dispuestas mediante el certificado de atención prenatal y el Formulario de Calificación de Beneficios para el Régimen de Asignaciones Familiares; sin embargo, dicha entidad le adeuda un subsidios prenatales, y tres de lactancia, mismos que al no ser entregados de manera oportuna solicita sean pagados de forma retroactiva y en dinero; puesto que, los gastos de alimentación de la infante ya fueron erogados.

Con carácter previo, es preciso aclara a la entidad ahora accionada que en materia de seguridad social referida a las prestaciones del Régimen de Asignaciones Familiares dentro de las cuales están contemplados los subsidios prenatal, de natalidad, lactancia y sepelio, al encontrarse directamente vinculados al derecho a la vida y a la salud tanto de la madre como fundamentalmente del nuevo ser, se debe realizar abstracción del principio de subsidiariedad, toda vez que, por la prioridad en su atención no puede estar condicionada al agotamiento de recursos o vías administrativas, conforme lo establece la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Respecto a la falta de legitimación pasiva, alegada por los demandados, de la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente se tiene que a fs. 9 cursa una Panilla de Subsidios en Especie, en la que establece como razón social del empleador del accionante al Gobierno Autónomo Departamental de Beni, quedando demostrado con ello el vínculo laboral existente entre el accionante y la referida entidad departamental ; por lo que, el Gobernador demandado, como Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, puede ordenar el pago de las asignaciones familiares devengadas y por ende reparar los derechos denunciados como vulnerados dentro del presente caso, quedando desvirtuado el argumento respecto a la falta de legitimidad pasiva alegada de su parte. Ahora bien, de la revisión efectuada a los antecedentes que cursan en obrados; se tiene que, el accionante es el Corregidor del Municipio de Exaltación del departamento de Beni, y padre progenitor de una infante conforme consta en el certificado de nacimiento adjunto, en dicha condición presentó varias notas internas solicitando se remita a la instancia competente el pago de los subsidios prenatal y de lactancia correspondientes, mismas que fueron otorgados por la instancias competentes, a través del Certificado de Atención Prenatal emitido el 27 de diciembre de 2022; que autorizó el subsidio prenatal correspondiente al noveno mes de embarazo y el Formulario de Calificación de Beneficios para el Régimen de Asignaciones Familiares que dispuso de las asignaciones familiares -subsidio de lactancia- a partir del 4 de febrero de 2023 hasta el 5 de enero de 2024 (Conclusiones II.1, II.2, II.3, II.4). Asimismo; mediante Nota de Comunicación Interna D.BL.PS 65/2023 de 12 de mayo de 2023 dirigida al Freddy Machado Flores, Secretario de Administración y Fianzas del Gobierno Autónomo Departamental de Beni -codemandado-; Carolina Rodriguez Ribera, Directora Departamental de Bienestar Laboral y Previsión Social de la misma entidad informó que de revisado el File del accionante se le adeuda un prenatal correspondiente al mes de diciembre de 2022 y tres lactancias desde enero hasta marzo del 2023, refiriendo que el subsidio por nacido vivo ya fue transferido a su cuenta personal, el valor del paquete es de Bs. 2.000.-, haciendo un total de Bs8 000.- (Conclusión II.6). Identificado el problema jurídico, se tiene que el accionante denuncia la vulneración de sus derechos seguridad social, la salud, la vida; puesto que la entidad ahora accionada le adeuda un subsidio prenatal y tres de lactancia, que por ley le corresponden, al respecto, es preciso señalar la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2. del presente fallo constitucional, que indicó que las asignaciones familiares al formar parte del derecho a la seguridad social son de exigibilidad inmediata y de cumplimiento obligatorio, siendo deber del Estado en todos sus niveles protegerlo y garantizarlo, al estar íntimamente ligado con el derecho a la salud y a la vida de la madre y del ser gestante hasta que cumpla un año de edad. Se debe tomar en cuenta que, por disposición del DS 3546 de 1 de mayo de 2018 las asignaciones familiares consistentes en los subsidios prenatal, de natalidad, de lactancia y de sepelio serán pagados de forma oportuna a cargo y costo de los empleadores de los sectores públicos, privados y de las cooperativas mineras, entendiéndose como el Subsidio Prenatal, a la entrega a la madre gestante asegurada o beneficiaria, de un pago mensual, en dinero o especie, equivalente a Bs2 000.- durante los cinco últimos meses de embarazo y el Subsidio de Lactancia a la entrega a la madre de productos lácteos u otros equivalentes a Bs2 000.- por cada hijo, durante sus primeros doce meses de vida, compensación que podrá ser dispuesta con carácter retrasado cuando el empleador haya incumplido este deber de forma oportuna, conforme lo establece el art. 35 del Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares -aprobado por Resolución Administrativa ASUSS 0101 de 31 de diciembre de 2021, vigente al momento del incumplimiento de los subsidios ahora reclamado. En ese sentido, conforme la Nota de Comunicación Interna D.BL.PS 65/2023 de 12 de mayo, emitida por la Directora Departamental de Bienestar Laboral y Previsión Social, reconoció que se le adeuda al accionante un prenatal correspondiente al mes de diciembre y tres lactancias desde enero hasta marzo del 2023, refiriendo que el subsidio por nacido vivo ya fue transferido a su cuenta personal, el valor del paquete es de Bs2 000.-, haciendo un total de Bs8 000.-, poniendo en evidencia el incumplimiento de la obligación de los demandados en de entregar las asignaciones familiares de forma oportuna, a pesar que los mismos fueron autorizados mediante Certificado de Atención Prenatal emitido el 27 de diciembre de 2022; que autorizó el subsidio prenatal correspondiente al noveno mes de embarazo y el Formulario de Calificación de Beneficios para el Régimen de Asignaciones Familiares que dispuso la entrega del subsidio de lactancia a partir del 4 de febrero de 2023 hasta el 5 de enero de 2024. En ese sentido, conforme la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.3. del presente fallo constitucional, se tiene que, es posible realizar el pago de las asignaciones familiares de forma monetaria cuando el infante beneficiario tenga más de un año de edad y que el mismo no haya sido entregado en el plazo establecido por Ley, como acontece en el presente caso, que al momento de la emisión de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional el infante ya tiene más de un año de edad. Por lo señalado y en concordancia el entendimiento señalado en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional, referido a que las autoridades y los responsables de la toma de decisiones en cuestión jurídica y fáctica que involucre real o potencialmente a un menor, deberán aplicar el principio del interés superior de los niños y niñas en todas sus interpretaciones, garantizando el goce efectivo de sus derechos, como es el caso de los niños y niñas no nacidos y los menores de un año de edad, para los que se normaron y reglamentaron políticas de protección de su vida y salud, dentro de las que se encuentran las asignaciones familiares y sus disposiciones especiales que forman parte de las normas de seguridad social que tienen carácter obligatorio para todas las personas e instituciones comprendidas en el campo de aplicación del Código de Seguridad Social (CSS) a efecto de proteger la salud del recurso humano, la continuidad de sus medios de subsistencia y la concesión de los medios necesarios para el mejoramiento de las condiciones de vida del grupo familiar. Por lo tanto, el materializar el pago de las asignaciones familiares es resguardar los derechos a la seguridad social del binomio madre-hijo, debiendo el empleador otorgar los mismos de manera oportuna, con la finalidad de cubrir las necesidades reales y acorde a la etapa de desarrollo de los nombrados. En consecuencia, la entidad ahora accionada al no otorgar un subsidio prenatal y tres de lactancia de forma oportuna, no permitió que el mismo cumpla su finalidad que es el de otorgar a la madre y al nuevo ser de productos alimenticios inocuos y con alto valor nutricional que coadyuven al desarrollo y nutrición acorde a la etapa evolutiva de los mismos; consiguientemente, determinar su pago en especie resultaría inoportuno, desactualizado y no cumpliría su finalidad; por lo cual, en resguardo del interés superior de menor resulta viable determinar su pago en dinero. Tal entendimiento progresivo también fue asumido en las Sentencias Constitucionales Plurinacional 0894/2018-S3 de 31 de octubre, 0690/2021-S2 de 25 de octubre, 0174/2022-S2 de 26 de abril, 0278/2022-S4 de 11 de mayo, 0396/2024-S1 de 31 de julio y otras, que por la similitud de los supuestos fácticos es aplicable al presente caso; que al tratarse de derechos sociales se prohíbe su regresividad; puesto que actuar de forma contraria podría generar un acto de discriminación, el cual se encuentra prohibido por mandato constitucional. Por lo previamente analizado, se concluye que corresponde conceder la tutela impetrada, respecto a la vulneración de los derechos a la seguridad social vinculados al derecho a la salud y a la vida; y, denegar respecto al pago de costas procesales por ser excusable. En consecuencia, la Sala Constitucional, al haber concedido la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 034/2023 de 24 de mayo, cursante de fs. 63 a 66 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, conforme a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional en los mismos términos dispuestos por la Sala Constitucional; y,

2° DENEGAR respecto al pago de costas procesales. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0780_2025-S3.pdf · páginas 1 a 18.

Huella digital del PDF (SHA-256): 32a37960313e34e241b7554f7ac27e524e7d7084955f15c1c9667b027985aa35

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