Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 8 de julio de 2025
Deniega la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de circulación y a la dignidad; puesto que, la Jueza hoy accionada si bien en el Auto Interlocutorio de 8 de noviembre de 2022, dedujo la suma de Bs26 058,14.-; empero, se lo tiene detenido ilegalmente con un mandamiento de apremio por un monto mayor de Bs33 058,14.-; además que, no se cumplió con realizar una nueva liquidación de asistencia familiar. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad aplicable en materia de asistencia familiar ante la emisión de un mandamiento de apremio; b) El incidente en el Código de las Familias y del Proceso Familiar; y, c) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2023 de 27 de enero, cursante de fs. 22 a 24, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Primera de la Capital del departamento de Oruro en suplencia legal de su similar Sexto; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0780/2025-S1 Sucre, 8 de julio de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 53440-2023-107-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 05/2023 de 27 de enero, cursante de fs. 22 a 24, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Vladimir Rolando Ventura Pillco contra Soraya Britta Estrada Gamboa, Jueza Pública de Familia Séptima de la Capital del departamento de Oruro.
El accionante por memorial presentado el 25 de enero de 2023, cursante de fs. 4 a 8 vta., manifestó lo siguiente:
En el proceso de asistencia familiar seguido por Ruth Marleni Tola Huanca, se encuentra indebidamente detenido en el Centro Penitenciario La Merced de Oruro; puesto que, su persona solo adeuda la suma de Bs “26.058,14” por asistencia familiar; empero, está detenido por el monto de Bs33 058,14.-(treinta y tres mil cincuenta y ocho 14/100 bolivianos); es decir, que la demandante del proceso familiar en complicidad de la Jueza hoy accionada le tienen detenido por un monto económico incorrecto, pretendiendo “sonsacarle” y estafarle. Por Auto Interlocutorio de 8 de noviembre de 2022, se deduce el monto adeudado de Bs “26.058,14”; empero, la Jueza ahora accionada lo detuvo por un monto económico superior al adeudado, lo que es ilegal y contrario a la normativa vigente, cometiéndose una ilegalidad; por lo que, solicitó se restaure el debido procesamiento, al no poder detenerse a una persona con un mandamiento de apremio que no tiene ningún efecto legal; además que, no se cumplió con realizar una nueva liquidación, lo que resulta ilegal, irracional y un actuar vil para la justicia; interponiendo su acción de libertad en su modalidad reparadora.
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de circulación y a la dignidad; citando al efecto los arts. 21.7, 22, 23.II, 256 y 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga dejar sin efecto el mandamiento de apremio ilegal por contener un monto erróneo e ilegal, ya que lo que se adeuda es Bs“26.058,14” y no la suma de Bs33 058,14.-; y, ordenar su libertad inmediata.
Celebrada la audiencia pública el 27 de enero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 20 a 21, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: a) Si bien se tiene un acta de juramento por la suma de Bs33 058,14.-, transcurridos seis meses solicitó nuevo mandamiento de apremio; puesto que, fue depositando en todo ese transcurso de tiempo, reduciendo la suma de Bs“26.058,14”; empero, se libró mandamiento de apremio contra su persona con facultades de allanamiento de manera directa, con esa determinación es notificado en estrados judiciales sin efectuarse previamente una nueva liquidación antes de la emisión del referido mandamiento, la cual debió ser notificada de manera personal y no en estrados judiciales; b) Formuló incidente de la nulidad de notificación señalando de que la misma no es válida en estrados judiciales después de seis meses, tampoco se libró un edicto, incidente que una vez contestado fue declarado no ha lugar e improbada por la Jueza hoy accionada; c) Conforme señala el Código de las Familias y del Proceso Familiar, antes de librar cualquier mandamiento de apremio se debe efectuar una nueva liquidación; d) Ante el reclamo realizado respecto a los depósitos que fueron efectuados la propia Jueza ahora accionada a “Fs. 369” deduce lo mencionado “...se deduce la suma de Bs. 6.200.- (seis mil doscientos bolivianos) del total de Bs. 33.058,14.- quedando un saldo deudor de Bs 26.858,14” (sic); es decir, por “este Auto” la referida Jueza le da la razón y refiere que evidentemente no se debe la suma de Bs33 058,14.- sino el monto de Bs“26.858,14”; por lo que, con “esta Resolución” solicitó se deje sin efecto el mandamiento de apremio y se libre uno nuevo con el monto económico que se adeuda, ya que el anterior mandamiento de apremio, señaló claramente que para obtener su libertad tiene que cancelar la suma de Bs33 058,14.-, correspondiendo dejar sin efecto el mencionado mandamiento de apremio; y, e) Al existir una detención ilegal por un monto económico superior a lo adeudado debe disponerse su libertad inmediata.
Soraya Britta Estrada Gamboa, Jueza Pública de Familia Séptima de la Capital del departamento de Oruro, mediante informe presentado el 27 de enero de 2023, cursante de fs. 17 a 19 vta., manifestó que: 1) Desarchivado el proceso familiar del accionante el 13 de febrero de 2019, se tuvo una liquidación de asistencia familiar devengada de 22 de mayo del citado año, la suma de Bs51 058,14.-(cincuenta y un mil cincuenta y ocho 14/100 bolivianos), que al no cancelarse se dispuso librar mandamiento de apremio; 2) La parte demandante del proceso familiar reconoció que se le canceló el monto de Bs18 000.- (dieciocho mil bolivianos) quedando saldo deudor la suma de Bs33 058,14.-; por lo que, por Auto de 27 de septiembre de igual año, se dispuso librar mandamiento de apremio por dicho monto; 3) Posteriormente se emitió mandamiento de libertad, previo juramento a objeto de cancelar el referido monto económico en un lapso de seis meses, ante su incumplimiento la demandante solicitó nuevo mandamiento de apremio, lo que fue debidamente notificado al accionante, emitiéndose en consecuencia, nuevo mandamiento de apremio siendo de pleno conocimiento del nombrado, ante lo cual éste presentó el 4 de noviembre de 2022, incidente de nulidad de notificación, declarándose no ha lugar e improbada, determinación que no mereció impugnación alguna; 4) El accionante hizo conocer depósitos posteriores a la liquidación de asistencia familiar, emitiéndose el Auto de 8 de ese mes y año, donde se deduce el saldo total a pagar de Bs“26. 858,14”, lo que fue notificado debidamente a las partes y no mereció impugnación alguna; posteriormente, el accionante pidió se deje sin efecto el mandamiento de apremio, conciliación y notificación; lo que por decreto de 16 de igual mes y año, se determinó que ampare su solicitud al art. 127.III del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) considerando que tenía un saldo deudor; 5) El 22 del mismo mes y año, el accionante pidió audiencia de conciliación indicando que tenía una propuesta de pago, “Proveidos que no han merecido impugnación u observación” (sic), llevada a cabo la audiencia de conciliación el 2 de diciembre de igual año, ante la ausencia del accionante y al no tener su abogado el mandato correspondiente, no se prosiguió con la misma; 6) El mandamiento de apremio se emitió conforme a derecho con las notificaciones correspondientes, siendo de pleno conocimiento del accionante; además, que tomó juramento de ley para cancelar lo adeudado en seis meses saliendo de su detención; empero, ante su incumplimiento correspondió se emita mandamiento de apremio; 7) Se tomó conocimiento de sus depósitos, siendo estos deducidos; por lo que, de ser ejecutado el mandamiento de apremio se considera el monto conforme a los actuados cursantes en el proceso familiar; es decir, la suma de Bs “26.858,14” -Auto de 8 de noviembre de 2022-, siendo incorrecta la apreciación del accionante al referir que se le quiere cobrar un monto económico mayor, queriendo desconocer lo obrado en el proceso de asistencia familiar; 8) En caso de existir depósitos efectuados por el accionante de manera posterior a la fecha de expedición del mandamiento de apremio no corresponde dejar sin efecto el mismo y librar uno nuevo; ya que, se ocasionaría una vulneración al art. 127.III de la CFPF y el art. 60 de la CPE, de ser así en todos los casos de asistencia familiar los demandados presentarían depósitos recientes con montos menores o mininos que no cubren el total del monto adeudado en el mandamiento de apremio, aspecto que iría en desmedro de los beneficios y jamás se cumpliría la garantía de pago de la obligación de la asistencia familiar; y, 9) No se realizó el uso de recursos ordinarios contra las resoluciones, autos y decretos en un plazo oportuno; por lo que, se tiene actos consentidos por parte del accionante. Puesto que, no corresponde otorgarle la libertad, pura y simple, correspondiendo denegar la tutela solicitada.
La Jueza de Sentencia Penal Primera de la Capital del departamento de Oruro en suplencia legal de su similar Sexto, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 05/2023 de 27 de enero, cursante de fs. 22 a 24, declaró “IMPORCEDENTE” y “SIN LUGAR” la acción de libertad; bajo los siguientes fundamentos: i) El mandamiento de apremio por la suma de Bs33 058,14.- reconocido por la Jueza hoy accionada, es una deducción menor; empero “este reconocimiento” se debe realizar en la instancia y ante la autoridad correspondiente, para que se pueda ver una vía o forma de tramitar una conciliación o que se admitan pagos parciales que satisfagan las necesidades de los menores de edad; y, ii) Si bien se expidió -el mandamiento de apremio- no es un previo pago de aquello sino que cualquier deducción o reclamo debe realizarse ante la autoridad correspondiente y no acudir directamente a la jurisdicción constitucional; en consecuencia, no se advierte que se agotó la instancia correspondiente; además, que aún se debe un monto de asistencia familiar; y se debe cumplir con el principio de subsidiariedad agotándose previamente las instancias en la vía ordinaria en caso de advertir alguna ilegalidad. En vía de aclaración y complementación y enmienda, el accionante a través de su abogado, solicitó la aclaración a la Jueza de garantías, cómo pueden acudir ante la Jueza hoy accionada a quien en reiteradas oportunidades se reclamó y les rechazó; y, el principio de subsidiariedad no es aplicable en acciones de libertad sino en acciones de amparo constitucional, debiendo aclararse al respecto. En mérito a esa solicitud, la Jueza de garantías, señaló que, la Jueza ahora accionada en el “Decreto” reconoció que si paga la suma de Bs“26.058,14” que todavía debe el accionante terminaría su obligación, no así la suma de Bs33 058,14.-, que se le reconoció deducidos en “este trámite”; y, excepcionalmente es aplicable el principio de subsidiariedad como en el presente caso, se advierte que no se agotó el trámite correspondiente o el reclamo que se hace vía constitucional ante la referida Jueza.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. De la revisión del Sistema de Gestión Procesal del Tribunal Constitucional Plurinacional, se advierte en el número de expediente 52021-2022-105-AL la existencia de la SCP 0415/2025-S1 de 8 de mayo, que resolvió la acción de libertad interpuesta el 22 de noviembre de 2022, por Vladimir Rolando Ventura Pillco contra Soraya Britta Estrada Gamboa, Jueza Pública de Familia Séptima de la Capital del departamento de Oruro, en la que se pretendió dejar sin efecto el mandamiento de apremio ilegal, por contener un monto erróneo; puesto que únicamente se adeuda la suma de “Bs. 26.058,14”; a tal efecto el citado fallo constitucional confirmó la Resolución 16/2022 de 23 de noviembre, cursante de fs. 27 a 29 vta., pronunciada por Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Oruro; denegando la tutela solicitada.
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de circulación y a la dignidad; puesto que, la Jueza hoy accionada si bien en el Auto Interlocutorio de 8 de noviembre de 2022, dedujo la suma de Bs26 058,14.-; empero, se lo tiene detenido ilegalmente con un mandamiento de apremio por un monto mayor de Bs33 058,14.-; además que, no se cumplió con realizar una nueva liquidación de asistencia familiar. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad aplicable en materia de asistencia familiar ante la emisión de un mandamiento de apremio; b) El incidente en el Código de las Familias y del Proceso Familiar; y, c) Análisis del caso concreto.
La SCP 0018/2020-S1 de 12 de marzo, establece que: “…El art. 125 de la CPE refiere respecto al planteamiento de la acción de libertad y señala que:
Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad
Por su parte el Tribunal Constitucional a través de la SC 0008/2010-R de 6 de abril, hace mención a la naturaleza de esta acción de defensa al indicar que: ‘Su naturaleza hace que esta acción, frente a otros mecanismos ineficaces, se configure como un medio de defensa idóneo para la protección efectiva y real de derechos fundamentales vinculados a la vida, libertad y procesamientos indebidos que hagan peligrar, supriman o restrinjan estos derechos’.
Asimismo, esta misma Sentencia Constitucional en el Fundamento Jurídico III.4 modulando en entendimiento señalado en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, manifiesta:
I. El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos
, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas.
En ese contexto la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, señaló que la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria.
En consecuencia, este entendimiento debe ser asumidos en materia de asistencia familiar ante la emisión de un mandamiento de apremio que vulnera el derecho a la libertad como resultado de una supuesta ilegal persecución, indebido procesamiento o privación de libertad, debiendo agotarse los mecanismos idóneos, eficaces y oportunos al alcance, a efectos de buscar la restitución del derecho lesionado, no siendo pertinente activar de manera directa la justicia constitucional” (las negrillas nos corresponden).
Familiar
La SCP 0018/2020-S1 12 de marzo, señala que: “La doctrina define al incidente como una cuestión que difiere de la causa principal de un proceso judicial, los cuales sin embargo se encuentran relacionados; es decir que, se trata de un litigio accesorio al procedimiento judicial principal, que el juez de la causa debe resolverlo a través de un auto debidamente fundamentado. El art 255 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF), señala referente a la procedencia de un incidente: ‘Todo incidente deberá formularse de manera fundamentada’; seguidamente los artículos del mismo Código hacen referencia a la tramitación de los incidentes planteados, señalando: Artículo 256. (TRAMITACIÓN). La tramitación de los incidentes deberá observar las siguientes disposiciones: a) Los incidentes serán resueltos en audiencia. b) Si el incidente se planteare fuera de audiencia, éste deberá ser presentado dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes de la notificación. c) El incidente planteado en el curso de una audiencia será fundado y formulado verbalmente; oída la parte contraria si corresponde, se resolverá de inmediato. d) Si el incidente es notoriamente improcedente o se funda en hechos alegados anteriormente, la autoridad judicial lo rechazará sin más trámite.
Además, si la resolución que resuelve el incidente planteado no fuere positiva para el incidentista, tiene la posibilidad de activar los medios de impugnación que el referido Código establece en los arts. 364.I ‘Las resoluciones judiciales son impugnables de acuerdo a las disposiciones previstas en el presente Código’; 366 que indica: ‘Las resoluciones judiciales podrán impugnarse mediante los recursos de: a) Reposición. b) Apelación. c) Casación. d) Compulsa’; y, 368 que menciona: ‘…procede la reposición con alternativa de apelación únicamente contra los autos interlocutorios’. En conclusión, el incidente es una figura jurídica que se aplica en el ámbito de la jurisdicción ordinaria en materia familiar, medio procesal al que debe acudir la parte que se creyere afectada por defectos en el proceso, como ser falta de notificación o diligencia defectuosa entre otros, previo a acudir a la vía constitucional; y una vez agotada la misma, es decir, apelada ante la instancia superior, recién queda expedita la presente acción tutelar” (las negrillas son nuestras).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de circulación y a la dignidad; puesto que, la Jueza hoy accionada si bien en el Auto Interlocutorio de 8 de noviembre de 2022, dedujo la suma de Bs26 058,14.-; empero, se lo tiene detenido ilegalmente con un mandamiento de apremio por un monto mayor de Bs33 058,14.-; además que, no se cumplió con realizar una nueva liquidación de asistencia familiar.
Ahora bien, previamente al efectuar la labor de revisión, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional verificó en el Sistema de Gestión Procesal que dentro del número de expediente 52021-2022-105-AL se emitió la SCP 0415/2025-S3, en una acción de libertad interpuesta por el mismo accionante -Vladimir Rolando Ventura Pillco-, contra la misma autoridad judicial -Soraya Britta Estrada Gamboa, Jueza Pública de Familia Séptima de la Capital del departamento de Oruro, en la que se cuestionó la legalidad del mandamiento de apremio librado por la suma de Bs33 058,14.- en el marco del proceso de asistencia familiar seguido contra el accionante; determinándose que al no haber agotado los mecanismos ordinarios de defensa previstos en el ordenamiento procesal familiar, la acción de libertad se tornaría en improcedente, en aplicación del principio de subsidiariedad excepcional; es decir, que esa misma problemática fue expuesta en esta acción tutelar, y por consiguiente, ya fue sometida al conocimiento de la jurisdicción constitucional; sin embargo, al no ingresarse al análisis de fondo de esa acción de libertad, y tomando en cuenta lo establecido por la SCP 0014/2019-S2 de 26 de marzo, citando a su vez a la SCP 0038/2012 de 26 de marzo, establece que: “…la activación de una anterior acción tutelar con identidad de objeto, sujeto y causa que tenga calidad de cosa juzgada es una causal para la denegatoria de la acción de libertad, salvo que el Tribunal Constitucional Plurinacional no hubiese ingresado al análisis de fondo de la problemática…” (las negrillas nos pertenecen), lo que aconteció en el presente caso, corresponde a esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional ingresar analizar la problemática planteada. En ese contexto, para efectuar un análisis correcto de lo denunciado por el accionante, es necesario referir que, si bien no se cuentan con ningún antecedente arrimado al cuaderno procesal remitido a este Tribunal Constitucional Plurinacional, se tomará en cuenta la relación fáctica del caso desarrollada por la Jueza de garantías, y lo expuesto por el accionante y la Jueza hoy accionada en su informe presentado el 27 de enero de 2023 a esta acción de defensa. En ese sentido, el accionante pretende que esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional, resuelva directamente las presuntas ilegalidades que, a su criterio, se habrían suscitado por el Mandamiento de apremio librado por un monto económico erróneo de Bs33 058,14.-, mayor a la suma de Bs26 058,14.- y porque no se cumplió con realizarse una nueva liquidación; al respecto, del informe presentado por la Jueza hoy accionada el 27 de enero de 2023, en la audiencia de consideración de esta acción de libertad, se puede advertir que el accionante ya solicitó dejar sin efecto el mandamiento de apremio por el monto económico de Bs33 058,14.-, lo que fue respondido por el decreto de 16 de noviembre de 2022, señalando que ampare su solicitud al art. 127.III del CFPF, considerando que tenía un saldo deudor; aspecto que puede ser corroborado de los antecedentes consignados en la SCP 0415/2025-S1, correspondiente al expediente 52021-2022-105-AL, en el cual a fs. 23 consta el citado decreto, por el que la Jueza ahora accionada respecto al pedido de dejar sin efecto el Mandamiento de apremio librado por la suma de Bs33 058,14.-, -que también es cuestionado en esta acción de libertad-, dispone adecúe su pedido a lo establecido en el art. 127.III del CFPF. Con dicho antecedente se puede establecer que el reclamo del accionante ya mereció respuesta; por lo que, contra ese decreto, de conformidad a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional, debió utilizar un mecanismo procesal idóneo en sede ordinaria para solicitar su revisión y así agotar los mecanismos ordinarios de defensa previstos en el ordenamiento procesal familiar como el recurso de reposición previstos en los arts. 366 y 368 del CFPF, que faculta impugnar resoluciones judiciales dictadas dentro de un proceso familiar, antes de acudir a la jurisdicción constitucional a través de la acción de libertad; puesto que, no se puede desconocer el carácter subsidiario y excepcional de la acción de libertad, siguiendo el entendimiento jurisprudencial citado en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, la acción de libertad no puede ser utilizada como un mecanismo alternativo a los procedimientos ordinarios, cuando existen medios ordinarios de defensa idóneos, eficientes y oportunos, los cuales deben ser agotados antes de recurrir a la tutela constitucional.
En conclusión, pretender utilizar la acción de libertad como un mecanismo de defensa de la jurisdicción ordinaria, implicaría desnaturalizar el alcance del carácter subsidiario excepcional de esta acción de defensa, debido a lo cual el accionante al no agotar los mecanismos ordinarios de defensa previstos en el ordenamiento procesal familiar, la presente acción de libertad resulta improcedente, en aplicación del principio de subsidiariedad excepcional que rige esta acción de libertad, circunstancia que hace inviable ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada; por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2023 de 27 de enero, cursante de fs. 22 a 24, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Primera de la Capital del departamento de Oruro en suplencia legal de su similar Sexto; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0780_2025-S1.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): ee5e52eb2d6d2ad6565e401d3f746fa055d23e7bd25bd09845c6853b12e947b6
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