Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 20 de julio de 2023
Deniega la tutela
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa, a la propiedad privada, al debido proceso, y a la justicia; puesto que en el proceso coactivo, se omitió notificar a los propietarios del bien inmueble otorgado en garantía hipotecaria como son su padre, su esposa y al fallecimiento del primero de los nombrados a su persona por sucesión hereditaria. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 050/2022 de 1 de junio, cursante de fs. 1013 a 1015 vta., pronunciada por la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0780/2023-S3 Sucre, 20 de julio de 2023 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 48197-2022-97-AAC Departamento: Pando En revisión la Resolución 050/2022 de 1 de junio, cursante de fs. 1013 a 1015 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Sarah Ferreira Becerra contra Miguel Ángel García Solares y Luis Gonzalo Vargas Terrazas, Vocales de la Sala Civil, Social, Familiar, de Niñez y Adolescencia, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; y, Joyce Villalobos Aguilar, Jueza Pública Civil y Comercial Cuarta de la Capital del referido departamento.
La accionante por memorial presentado el 25 de mayo de 2022, cursante de fs. 974 a 983, manifestó lo siguiente:
En el Juzgado Público Civil y Comercial Cuarto de la Capital del departamento de Pando, se tramitó una demanda de ejecución coactiva, interpuesta por el Banco para el Fomento a Iniciativas Económicas Sociedad Anónima (FIE S.A.) -hoy tercero interesado-, contra Marven Enrique Cuellar Ribera (deudor titular), Yamne Eliana Arias Soleto (prestatario apoderado), Fernando Ferreira Becerra (garante hipotecario) y Norah Nelda Claure de Becerra, como consecuencia de un préstamo de dinero que consta en la Escritura Pública 878/2016 de 18 de julio, con garantía de un bien inmueble de propiedad de Catalina Melgar de Ferreira, por la suma de Bs1 200 000.- (un millón doscientos mil bolivianos), en favor de la Sociedad Comercial “IMPORT EXPORT GUARACACHI MOTORS S.R.L.”
El Juez de la causa dio curso a la acción coactiva, sin fijarse la documentación base del proceso, a través de la cual, se evidenció la existencia de personas con derechos expectaticios que emergieron al fallecimiento de su padre Alberto Ferreira Filgueira propietario del bien inmueble otorgado en garantía hipotecaria; no obstante, su persona no tuvo conocimiento del proceso, debido a que en la demanda y en el proceso se omitió notificar a los propietarios de dicho bien inmueble otorgado en garantía hipotecaria. En el contexto referido, el 13 de octubre de 2020, se apersonó al Juzgado Público Civil y Comercial Cuarto de la Capital del departamento de Pando, solicitando la nulidad de obrados hasta la Sentencia de 28 de septiembre de 2018, para que el Banco FIE S.A. ahora tercero interesado, complemente la demanda coactiva, incluyendo en ella a los garantes hipotecarios propietarios del bien inmueble dado en garantía, Catalina Melgar de Ferreira y a los herederos del copropietario fallecido Alberto Ferreira Filgueira, como lo establece la SCP 1913/2012 de 12 de octubre, con el propósito de permitirles hacer valer sus derechos; puesto que, si se pretendía rematar el bien inmueble dado en garantía, necesariamente debían ser citados los garantes hipotecarios. Como consecuencia de esa omisión, fueron despojados del referido bien inmueble, vulnerando su derecho a la defensa, a la propiedad privada y al debido proceso. Si bien los propietarios del bien inmueble dado en garantía hipotecaria, otorgaron poder en favor de la Sociedad Comercial “IMPORT EXPORT CUARACACHI MOTORS S.R.L”, representada legalmente por Marven Enrique Cuellar Ribera, para que solicite un préstamo de dinero, con la garantía del referido bien inmueble, no les dieron facultades para que sean citados, objetar avalúos y/o actuar en juicios a nombre de los poderconferentes. Se debe aclarar que solo se hipotecaron los derechos y acciones que le corresponden a Catalina Melgar de Ferreira sobre el bien inmueble otorgado en garantía hipotecaria y no así los de su fallecido padre Alberto Ferreira Filgueira, así se desprende de la Cláusula de Garantía establecida en la Escritura Pública 878/2016 de 18 de julio. Su persona se enteró del remate y adjudicación por el Banco coactivante hoy tercero interesado del bien inmueble de propiedad de su fallecido padre, cuando tramitaba una certificación en la Oficina de Derechos Reales (DD.RR.), para presentar en un juicio de división y partición de herencia de los bienes dejados por el de cujus y la esposa supérstite Catalina Melgar de Ferreira, ya que desconocía el proceso coactivo que hoy la perjudica, más aun si su domicilio se encuentra en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Razón por la cual, interpuso el incidente de nulidad, el que fue rechazado por Auto Interlocutorio de 16 de diciembre de 2020, emitido por el Juez Público Civil y Comercial Cuarto de la Capital del departamento de Pando; decisión que fue apelada y resuelta por los Vocales de la Sala Civil, Social, Familiar, de Niñez y Adolescencia, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, a través del Auto de Vista de 22 de octubre de 2022, que confirmó el Auto impugnado.
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa, a la propiedad privada, al debido proceso, y a la justicia; citando al efecto los arts. 14. III, 18, 56.I, 115.I, 116.I 117.I, 119.I, 120.I y 410.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 8, 10 y 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH).
Solicita se conceda la tutela y en consecuencia se disponga la nulidad de obrados hasta el estado en el que el Banco FIE S.A. hoy tercero interesado, complemente su demanda y se ponga en conocimiento de las partes por medio de los “formalismos”, “maneras”, plazos y requisitos de ley.
Celebrada la audiencia virtual el 1 de junio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 1010 a 1012, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo, manifestó que se remató un bien inmueble de una persona fallecida sin citar a los herederos para que estos puedan defenderse.
Miguel Ángel García Solares y Luis Gonzalo Vargas Terrazas, Vocales de la Sala Civil, Social, Familiar, de Niñez y Adolescencia, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, no asistieron a la audiencia de consideración de la presente acción de amparo constitucional, ni remitieron informe alguno pese a su citación cursante de fs. 988 a 989. Joyce Villalobos Aguilar, Jueza Pública Civil y Comercial Cuarta de la Capital del departamento de Pando, no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción de amparo constitucional, ni remitió informe alguno pese a su citación cursante a fs. 990.
El Banco FIE S.A., en audiencia, a través de su abogado manifestó que: a) En el proceso coactivo integraron a todos los partícipes que firmaron la Escritura Pública 878/2016 de 18 de julio de préstamo de dinero con garantía hipotecaria; b) Iniciado el referido proceso, se apersonó Catalina Melgar de Ferreira interponiendo una serie de incidentes y posteriormente Sarah Ferreira Becerra accionante a quien se le notificó en el domicilio de Catalina Melgar de Ferreira; c) El Banco FIE S.A., desconocía el fallecimiento de Alberto Ferreira Filgueira, razón por la cual el proceso continuo hasta la adjudicación del bien inmueble otorgado en garantía, acto procesal que recién se perfeccionó el 2021; d) Si bien no se notificó al fallecido Alberto Ferreira Filgueira, su esposa Catalina Melgar de Ferreira tuvo pleno conocimiento del proceso quien participó activamente dentro del proceso coactivo; y, e) El ultimo actuado que realizó la accionante dentro del proceso fue el 2019 y de acuerdo con el art. 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo) el plazo de seis meses a partir de la supuesta vulneración de derechos ya transcurrió y por lo tanto corresponde denegar la tutela solicitada. Marven Enrique Cuellar Ribera, Yamne Eliana Arias Soleto, Fernando Ferreira Becerra y Norah Nelda Claure de Becerra, no asistieron a la audiencia de consideración de la presente acción de defensa, pese a sus notificaciones cursantes de fs. 993 a 995 y 997.
La Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, mediante Resolución 050/2022 de 1 de junio, cursante de fs. 1013 a 1015 vta., denegó la tutela solicitada, bajo a los siguientes fundamentos: 1) La interposición de la acción de amparo constitucional debe ser realizada en el plazo de seis meses computables a partir de la comisión del acto ilegal u omisión indebida del servidor público o de notificado con la última decisión judicial o administrativa; y, 2) La accionante fue notificada con el Auto de Vista de 22 de octubre de 2021, el 28 del mismo mes y año, e interpuso la presente acción de amparo constitucional el 25 de mayo de 2022, cuando ya pasaron los seis meses establecidos en la Constitución Política del Estado, por lo que su interposición resulta extemporánea y en consecuencia el derecho de reclamo de parte de la accionante se encuentra precluido. En vía de complementación y enmienda la accionante solicitó a la Sala Constitucional aclaración respecto a los plazos suspendidos por la vacación judicial. En merito a esa solicitud, la Sala Constitucional, aclaró que desde su apertura el 18 de febrero de 2019, en ningún momento ingresó en vacación judicial.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Sentencia Inicial de 28 de septiembre de 2018, dictada por María Inéz Burgos Belaude, Jueza Pública Civil y Comercial Cuarta de la Capital del departamento de Pando, declara probada la demanda coactiva interpuesta por el Banco FIE S.A. hoy tercero interesado contra Marven Enrique Cuellar Ribera, Yamne Eliana Arias Soleto, Fernando Ferreira Becerra y Norah Nelda Claure de Ferreira -ahora terceros interesados-, ordenado el remate de los bienes de los coactivados para que con su producto se cancele al Banco coactivante ahora tercero interesado Bs1 200 000.- (fs. 39 a 40 vta.). II.2. Por Auto Interlocutorio de 16 de diciembre de 2020, emitida por Rudy Luis Arévalo Murillo, Juez Público Civil y Comercial Cuarto de la Capital del departamento de Pando, rechazó el incidente de nulidad de obrados, interpuesta por Sarah Ferreira Becerra -hoy accionante-(fs.411 a 417 vta.). II.3. Cursa memorial presentado el 8 de febrero de 2021, dirigido al Juzgado Público Civil y Comercial Cuarto de la Capital del departamento de Pando, por la cual la accionante, interpuso recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio de 16 de diciembre de 2020- (fs. 434 a 458 vta.). II.4. Mediante Auto de Vista de 22 de octubre de 2021, emitido por Miguel Ángel García Solares y Luis Gonzalo Vargas Terrazas, Vocales de la Sala Civil, Social, Familiar, de Niñez y Adolescencia, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando -hoy accionados-, confirmaron el Auto Interlocutorio de 16 de octubre de 2019 -siendo lo correcto diciembre de 2020-, con el que fue notificada la accionante el 28 de octubre de 2021 (fs. 953 a 955 y 961).
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa, a la propiedad privada, al debido proceso, y a la justicia; puesto que en el proceso coactivo, se omitió notificar a los propietarios del bien inmueble otorgado en garantía hipotecaria como son su padre, su esposa y al fallecimiento del primero de los nombrados a su persona por sucesión hereditaria. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 2058/2012 de 8 de noviembre, estableció que: “…la jurisprudencia constitucional ha sido firme al señalar que la acción de amparo constitucional (…), debe plantearse dentro de un plazo oportuno, justo y razonable, debiendo el juez constitucional, valorar los elementos particulares de cada caso; así, mediante la SC 1438/2002-R de 25 de noviembre, se determinó que: ‘…el recurso debe ser presentado dentro del término máximo de seis meses; la no observancia de este requisito, determina la improcedencia del recurso e impide conocer el fondo del asunto, además de implicar el consentimiento tácito de los recurrentes con esa decisión…’, razonamiento al que se arribó ante la inexistencia de norma legal específica y la necesidad de establecer un plazo relativamente prudencial que si bien permita el ejercicio del derecho a la defensa, no atente contra la seguridad jurídica y el principio de celeridad que rige a la administración de justicia (…). A partir de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado (…), se estableció en el art. 129.II que: ‘La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial (…). De la interpretación sistemática y teleológica de las normas citadas supra en relación al art. 4.II de la Ley de Necesidad de Transición de los Nuevos Entes del Órgano Judicial y Ministerio Público, es posible concluir entonces que, la presentación de la acción de amparo constitucional debe efectuarse en el plazo de seis meses después de conocida la lesión o de notificada la última resolución administrativa o judicial que se considere vulneratoria, o de la que, en su caso, emerja de la solicitud de aclaración enmienda y complementación (…).
(…)
…un requisito para la procedibilidad de la acción de amparo constitucional es precisamente la inmediatez (…), siendo que ‘…la jurisdicción constitucional no puede aguardar de manera indefinida a que el titular del derecho solicite su protección, pues en su propio interés debe ser diligente en cuanto al respeto y vigencia de sus derechos que sufren menoscabo, por ello tiene el derecho y el deber de acudir sin ningún tipo de espera o dilación en busca de la protección requerida’ (SC 0128/2010-R de 10 de mayo); de donde se infiere que la presente acción tutelar debe ser intentada dentro de los plazos establecidos por la norma y la jurisprudencia, plazo que es razonable, oportuno y justo y que tiene la finalidad de evitar que este mecanismo de defensa se convierta en una excusa que salve la desidia, negligencia o indiferencia de los actores procesales y que, como lógica consecuencia, genere una suerte de inseguridad jurídica en la sociedad.
En este sentido, al ser la inmediatez inherente al núcleo esencial de la protección que brinda la acción de amparo constitucional respecto a los derechos y garantías que la Constitución Política del Estado sustenta, su activación implica la atención de su propia naturaleza que exige en su ejercicio la interposición oportuna de la acción; no puede obviarse que quien ocurre ante la jurisdicción constitucional en busca de la tutela que este mecanismo extraordinario ofrece, a efectos de alcanzar un protección eficaz, debe hacerlo dentro del tiempo prudencial establecido por la Constitución y las leyes, lo contrario involucra inactividad procesal por parte del propio accionante, que conlleva a la inevitable denegatoria de tutela, siendo que la falta de ejercicio, en los plazos legalmente establecidos, de los mecanismos que otorga el ordenamiento jurídico vigente para el reconocimiento y preservación de los derechos individuales, sea en la vía ordinaria o constitucional, no puede argumentarse en beneficio propio, menos aun cuando existen derechos de terceros que pudieran ser afectados con la resolución; en similar sentido ha razonado este Tribunal mediante la SCP 0040/2012 de 26 de marzo, al señalar que: ‘…la interposición de la acción de amparo constitucional fuera del plazo de los seis meses, previsto en el art. 129.II de la CPE, no implica una simple y llana exigencia, sino más bien responde al tiempo prudente de tolerancia o aceptación del acto lesivo que se acusa, de lo contrario da lugar al principio de preclusión del derecho de acudir a esta acción tutelar ante la jurisdicción constitucional; por cuanto el ciudadano o afectado en sus derechos o garantías, por su propio interés debe ser diligente y acudir sin ningún tipo de espera a la protección de los mismos, de no ser así su actitud llega a ser negligente en causa propia llevándolo a una consecuencia jurídica, que es la extemporaneidad de la presentación de la acción; lo que significa que no se puede ingresar al análisis de fondo’” (las negrillas son nuestras).
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa, a la propiedad privada, al debido proceso, y a la justicia; en razón a que en el proceso coactivo, se omitió notificar a los propietarios del bien inmueble otorgado en garantía hipotecaria como son su padre, su esposa y el fallecimiento del primero de los nombrados a su persona por sucesión hereditaria. De la revisión de los antecedentes, se tiene que dentro del proceso coactivo de cobro de dinero interpuesta por el Banco FIE S.A. hoy tercero interesado contra Marven Enrique Cuellar Ribera, Yamne Eliana Arias Soleto, Fernando Ferreira Becerra y Norah Nelda Claure de Ferreira -ahora terceros interesados-, el Juez Público Civil y Comercial Cuarto de la Capital del departamento de Pando, emitió la Sentencia Inicial de 28 de septiembre de 2018, declarando probada la demanda coactiva ordenado el remate de los bienes de los coactivados (Conclusión II.1.). Posteriormente, por Auto Interlocutorio de 16 de diciembre de 2020, el referido Juzgado, rechazó el incidente de nulidad de obrados, interpuesta por la accionante (Conclusión II.2.); decisión que fue apelada por la nombrada (Conclusión II.3.). Finalmente, por Auto de Vista de 22 de octubre de 2021, los Vocales hoy accionados, confirmaron el Auto Interlocutorio de 16 de diciembre de 2020, con el que fue notificada la accionante el 28 de octubre de 2021 (Conclusión II.4.). En el marco de lo referido, con carácter previo al análisis de fondo de la problemática planteada, se analizará el cumplimiento del principio de inmediatez en la presentación de ese mecanismo de defensa constitucional, por tratarse de un requisito de procedencia. Asimismo, corresponde precisar que conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, la acción de amparo constitucional se rige por el principio de inmediatez, que es un requisito que obliga a la accionante a solicitar la tutela constitucional en el plazo de seis meses computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial que contiene el acto vulnerado; puesto que, se entiende que quien requiere la tutela constitucional, debe solicitarla de forma pronta, oportuna y sin dilaciones innecesarias; es decir, una vez que opere la vulneración del derecho y se agoten las vías legales ordinarias. En ese contexto, de la revisión de antecedentes, se evidencia que la accionante interpuso la acción de amparo constitucional contra la Sentencia Inicial de 28 de septiembre de “2017” -siendo lo correcto 2018-, el Auto Interlocutorio de 16 de diciembre de “2021” -siendo lo correcto 2020- y el Auto de Vista de 22 de octubre de 2021, solicitando se anule obrados hasta que el Banco coactivante ahora tercero interesado complemente su demanda incluyendo a los garantes hipotecarios o a sus sucesores legales, en ese sentido, y en consideración al principio de subsidiariedad que caracteriza la acción de amparo constitucional, este Tribunal Constitucional Plurinacional realizará un análisis respecto al principio de inmediatez únicamente respecto al Auto de Vista de 22 de octubre de 2021 al ser la última resolución notificada la a accionada en sede jurisdiccional. En ese entendido, del contenido de la diligencia de fs. 961, la accionante fue notificada con el Auto de Vista de 22 de octubre de 2021, el 28 de igual mes y año, por lo que de considerarse ese actuado judicial como vulneratorio de sus derechos, y conforme a los seis meses que se prevé para la interposición de la acción de amparo constitucional, tenía hasta el 28 de abril de 2022, para la presentación de la presente acción tutelar, y al interponerlo el 25 de mayo de igual año, de acuerdo al dato que arroja el Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ [fs. 1]), se sobrepasó abundantemente ese plazo; por ello, su derecho a acudir a esta jurisdicción constitucional por medio de la presente acción de defensa caducó por su presentación extemporánea, razón por la cual el órgano contralor de constitucionalidad no puede ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, al no cumplir la accionante con el principio de inmediatez que rige esta acción de defensa establecido en los arts. 129. II de la CPE y 55 del CPCo, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 050/2022 de 1 de junio, cursante de fs. 1013 a 1015 vta., pronunciada por la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0780_2023-S3.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): e3ccd522a71bc68704d4fb4261cd43070e1110bd162f47a2bd3e70e38e9bd361
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
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