B.IA.LEGAL

SCP 0779/2026-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 5 de mayo de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
5 de mayo de 2026
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
75688-2025-152-AAC
Departamento
Chuquisaca
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, denuncia la lesión del debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia externa, seguridad jurídica, defensa e “incorrecta interpretación de la legalidad ordinaria”; argumentando que, la autoridad demandada, al resolver el recurso jerárquico interpuesto contra la decisión que tuvo por no presentada su excepción de prescripción, incorporó aspectos vinculados a un informe de auditoría interna y a la supuesta interrupción de la prescripción, que al no ser objeto de debate no constituyeron fundamento de las decisiones emitidas; asimismo, la resolución confutada privilegió la aplicación de disposiciones reglamentarias a la Constitución Política del Estado y de la jurisprudencia vinculante en materia de prescripción, además de efectuar una interpretación errónea del art. 79 de la Ley 2341, impidiéndole obtener un pronunciamiento de fondo respecto al mecanismo de defensa planteado. Solicita se conceda la tutela y, se deje sin efecto el Recurso Jerárquico 4/2025 de 21 de abril, disponiendo que la autoridad demandada emita una nueva resolución, subsanado las vulneraciones al debido proceso. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 117/2025 de 11 de agosto, cursante de fs. 2357 a 2361 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, conforme los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso. Jurisprudencia reiterada.
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0779/2026-S3 Sucre, 05 de mayo de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 75688-2025-152-AAC Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 117/2025 de 11 de agosto, cursante de fs. 2357 a 2361 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Mariela Arancibia Seña, Rectora del Instituto Técnico Aurora Rosells de Fe y Alegría contra Víctor Hugo Coronado Mejía, Director Departamental de Educación de Chuquisaca.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 29 de mayo de 2025, cursante de fs. 51 a 72, la accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso disciplinario administrativo instaurado en su contra por presuntas faltas disciplinarias denunciadas por Lucy Ximena Zelaya Calvimontes, Noelia Paola Paniagua Chavarría, Sara Annet Rojas Carreño, Fritz Adrián Hamel Cruz y Olga Campos Thus, -terceras interesadas-, planteó excepción de prescripción respecto a los hechos atribuidos, argumentando que éstos acontecieron en las gestiones 2021, 2022 y 2023, habiendo sido notificada con el Auto de Inicio de Proceso Administrativo Disciplinario 03/2024 el 17 de octubre de 2024; transcurriendo, el plazo de dos años reconocido por la jurisprudencia constitucional para la prescripción respecto a las gestiones 2021 y 2022, citando al efecto la SCP 0241/2021-S4 de 10 de junio. Mediante Decreto de 20 de diciembre de 2024, el Tribunal Disciplinario de la Dirección Distrital de Educación; observó su solicitud, requiriéndole que precise la base que sustentaba la prescripción invocada; en cumplimiento a dicha observación, por memorial de 13 de enero de 2012 señaló que, los arts. 203 y 140 de la Constitución Política del Estado (CPE) obligaban a las autoridades disciplinarias a aplicar la jurisprudencia constitucional y el bloque de constitucionalidad con carácter preferente; en el entendido de que, conforme al criterio establecido en el precedente jurisprudencial citado, la prescripción operaba por el transcurso del tiempo aun cuando no hubiera sido oportunamente alegada por la parte interesada; ante lo cual, mediante Decreto de 14 de enero de 2025, el Tribunal Disciplinario; consideró, que la observación no había sido cumplida, otorgando un nuevo plazo para su subsanación. En dicho mérito, por memorial de 16 del mismo mes y año, refirió que si bien el Reglamento de Sanciones y Faltas de Institutos Técnicos y Tecnológicos aprobado por Resolución Ministerial 631/2023 de 2 de agosto, no regulaba expresamente la prescripción, correspondía aplicar de manera preferente la Constitución Política del Estado y la jurisprudencia constitucional, que reconoce a dicho instituto como un mecanismo de defensa vinculado a ser juzgado dentro de un plazo razonable; sin embargo, por decreto de 21 de enero de 2025, el Tribunal Disciplinario tuvo por no presentada la excepción de prescripción, al considerar que la subsanación fue presentada fuera de plazo. Contra dicha determinación; interpuso, recurso de revocatoria denunciando la vulneración de sus derecho al debido proceso por haberse desconocido la aplicación preferente de la Constitución Política del Estado y la jurisprudencia constitucional sobre la prescripción afectando la seguridad jurídica, así como por haber emitido una decisión carente de fundamentación y motivación al no explicar las razones por las cuales desestimó los argumentos constitucionales expuestos, vulnerando además su derecho a la defensa la impedirle obtener un pronunciamiento de fondo sobre la excepción planteada. El Tribunal Disciplinario, por decreto de 4 de febrero de 2025 no dio curso al recurso formulado; ante ello, promovió recurso jerárquico, reiterando los agravios vinculados a la vulneración del debido proceso en sus elementos de interpretación constitucionalmente válida, seguridad jurídica, fundamentación, motivación y defensa, sosteniendo que las autoridades disciplinarias privilegiaron la aplicación de normas reglamentarias por encima de los mandatos contenidos en la Constitución Política del Estado y de la jurisprudencia constitucional vinculante. Dicho recurso fue resuelto mediante Resolución 4/2025 de 21 de abril, que confirmó la decisión impugnada, argumentando que la recurrente -hoy accionante- no subsanó adecuadamente las observaciones efectuadas por el Tribunal Disciplinario respecto a la fundamentación legal de la prescripción; así como la existencia de observaciones de auditoría relacionadas con el manejo de recursos económicos cuya investigación no podía quedar sin esclarecimiento, sosteniendo que la responsabilidad administrativa se encontraba respaldada por informes de auditoría con valor de prueba pre constituida y que, conforme a lo previsto en el art. 79 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) –Ley 2341 de 23 de abril de 2022— la prescripción habría sido interrumpida por actuaciones previas vinculadas al informe de auditoría y a las comunicaciones efectuadas a la accionante. En ese contexto, las autoridades demandadas mantuvieron una interpretación que desconoció la aplicación preferente de la Constitución Política del Estado y la jurisprudencia constitucional, impidiéndole obtener una decisión de fondo respecto a la excepción de prescripción planteada, incorporando incluso nuevos fundamentos vinculados al informe de auditoría interna, concluyendo que la prescripción no resultaba aplicable debido a la interrupción de plazos y la naturaleza de los hechos investigados, razonamientos que resultan ajenos a la problemática en revisión, puesto que el objeto de la impugnación no radicaba en determinar la existencia o no de responsabilidad administrativa ni sobre el mérito de las observaciones de auditoría, sino sobre la legalidad de la decisión que tuvo por no presentada la excepción de prescripción. Asimismo, existió una errónea interpretación del art. 79 de la LPA, refiere que la prescripción de las sanciones queda interrumpida mediante la iniciación de un proceso de cobro, aspecto distinto a su caso, dado que en su contra no pesaba ninguna sentencia que la declare culpable y le imponga sanción alguna; en ese sentido, la prescripción opuesta se encontraba referida la transcurso de más de dos años desde la presunta comisión de los hechos atribuidos, no resultando aplicable la normativa invocada por las autoridades demandadas.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, incongruencia externa, seguridad jurídica, derecho a la defensa e “incorrecta interpretación de la legalidad ordinaria”, citando al efecto los arts. 115, 203 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia, se deje sin efecto el Recurso Jerárquico 4/2025 de 21 de abril, disponiendo que la autoridad demandada emita una nueva resolución, subsanado las vulneraciones al debido proceso.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 11 de agosto de 2025, según consta en el acta cursante a fs. 2345 a 2356, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, señaló que: a) La excepción de prescripción fue indebidamente tenida por no presentada bajo el argumento de que la subsanación habría sido efectuada fuera de plazo, pese a que ésta fue presentado en el término otorgado por el Tribunal Disciplinario; b) La autoridad jerárquica incurrió en incongruencia aditiva al fundamentar su decisión en un informe de auditoría interna y en la supuesta interrupción de la prescripción, aspectos que no fueron considerados ni debatidos durante la tramitación de la excepción de prescripción ni del recurso de revocatoria; c) Dicha situación, vulneró sus derechos al debido proceso en sus elementos de defensa, fundamentación y motivación, al impedirle pronunciarse oportunamente sobre tales aspectos y resolver la controversia sobre fundamentos ajenos a los inicialmente invocados; y, d) La autoridad jerárquica interpretó erróneamente el art. 79 de la Ley 2341; al aplicar indebidamente las reglas relativas a la interrupción de la prescripción de sanciones, pese a que en su caso no existía una sanción firme ni un procedimiento de cobro.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Víctor Hugo Coronado Mejía, Director Departamental de Educación de Chuquisaca, en audiencia, por medio de su abogado, manifestó que: 1) La excepción de prescripción, fue observada porque carecía de una base o fundamento legal, incumpliendo la accionante en dos oportunidades los requerimientos para que subsane dicha omisión; razón por la cual, el Tribunal Disciplinario de la referida institución tuvo por no presentada; 2) El recurso de revocatoria fue rechazado debido a que la Resolución Ministerial 631/2023 no prevé dicho recurso contra decretos de mero trámite, sino únicamente contra resoluciones definitivas; 3) La Resolución Administrativa Departamental 4/2025 resolvió los agravios de la accionante, concluyendo que no subsanó las observaciones efectuadas por el Tribunal Disciplinario dentro de los plazos otorgados; 4) El informe de auditoría interna citado en la Resolución Jerárquica tuvo únicamente carácter ilustrativo y no constituyó el fundamento determinante para confirmar la decisión impugnada; por lo que, no existió la alegada incongruencia aditiva ni afectación al derecho a la defensa, dado que además la Resolución impugnada expuso de manera fundamentada y motivada las razones por las cuales confirmó el rechazo ; y, 5) La accionante no identificó de manera expresa la norma legal que sustentaba la excepción de prescripción y que los agravios ahora planteados carecen de relevancia constitucional, por existir una resolución definitiva ejecutoriada dentro del proceso disciplinario.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Lucy Ximena Zelaya Calvimontes, Noelia Paola Paniagua Chavarría, Sara Annet Rojas Carreño, Fritz Adrián Hamel Cruz y Olga Campos Thus, a través de su abogado, en audiencia, señalaron que: i) La excepción opuesta por la parte accionante, fue observada por carecer de base legal expresa, misma que se tuvo por no presentada por no haber sido subsanada; en consecuencia, los recursos posteriores fueron planteados contra una determinación que únicamente constató el incumplimiento de los requisitos exigidos para la admisión de la excepción de prescripción, por lo que el debate debía limitarse a ese aspecto y no a cuestiones relativas a la auditoría o a la prescripción misma; ii) La Resolución de Recurso Jerárquico 4/2025; resolvió, adecuadamente la problemática planteada, concluyendo que la accionante no subsanó las observaciones efectuadas por el Tribunal Disciplinario; pese, a los plazos concedidos para tal efecto; iii) Las denuncias referidas a incongruencia, vulneración del derecho a la defensa e interpretación errónea del art. 79 de la Ley 2341 carecen de sustento, puesto que la resolución impugnada no ingresó al análisis de fondo de la prescripción, limitándose a verificar el cumplimiento de los requisitos para su consideración; y, iv) La acción de amparo constitucional, dado que la emisión de una nueva resolución jerárquica no modificaría el resultado del proceso; toda vez que, la excepción de prescripción continuaría siendo inviable por falta de cumplimiento de los requisitos exigidos; además que, existe una resolución definitiva dentro del proceso disciplinario que se encontraría ejecutoriada.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante Resolución AAC 117/2025 de 11 de agosto, cursante de fs. 2357 a 2361vta., denegó la tutela solicitada; argumentando que: a) Únicamente los agravios referidos a la incorrecta aplicación de la legalidad ordinaria y a la vulneración del derecho a la defensa contenían carga argumentativa para un análisis de fondo, y no así los reclamos vinculados a la seguridad jurídica ni a la fundamentación y motivación; b) La autoridad jerárquica, al resolver el primer agravio, incorporó al análisis aspectos relacionados con un informe de auditoría interna y, respecto al cuarto agravio, se limitó a desarrollar normativa administrativa sin establecer un nexo con los reclamos formulados; circunstancias que, evidencia deficiencias en la fundamentación y motivación de la resolución cuestionada, no obstante, tales falencias carecían de relevancia constitucional, debido a que una eventual concesión de tutela y la emisión de una nueva resolución jerárquica no modificarían el resultado del fondo del caso; y, c) En el recurso de revocatoria como en el recurso jerárquico, la impetrante de tutela centró sus agravios en cuestiones de fondo relativas a la procedencia de la prescripción y a la aplicación de la SCP 0214/2021-S4, sin cuestionar adecuadamente las razones por las cuales el Tribunal Disciplinario tuvo por no presentada la excepción de prescripción y rechazó posteriormente los recursos formulados.

I.3. Trámite Procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por memorial presentado el 3 de octubre de 2025 ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, cursante de fs. 2370 a 2373 vta., la accionante pidió adelanto de sorteo, al tener a su cargo a sus hijos menores de edad y su madre adulta mayor, quienes dependen del cargo del que fue destituida como su sustento económico; a lo cual, la Comisión de Admisión de este Tribunal a través del Auto Constitucional (AC) 0518/2025-CA/S, cursante de fs. 2378 a 2382, dispuso ha lugar la misma, procediéndose al efecto con el sorteo respectivo de la causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. En el proceso disciplinario administrativo seguido en su contra a denuncia de Lucy Ximena Zelaya Calvimontes y otros, el 4 de noviembre de 2024, Mariela Arancibia Seña -hoy accionante-, opuso excepción de prescripción por transcurso del tiempo, sobre los hechos acusados (fs. 2236 a 2244). II.2. Por Auto de 20 de diciembre de 2024 (numeral 2), el Tribunal de disciplinario, observó la excepción opuesta, disponiendo que la accionante, con carácter previo, señale cual es la base o fundamento legal en el que amparaba su solicitud de prescripción, otorgándoles el plazo de tres días para cumplir lo dispuesto, bajo advertencia de tener por no interpuesta la solicitud de prescripción (fs. 2245 a 2247). II.3. El 13 de enero de 2025, la accionante presentó memorial con la suma, cumple lo ordenado; empero, mediante decreto de 14 de enero de 2025, el Tribunal de garantías, dispuso que los presentados por la ahora accionante, no cumplieron con la observación efectuada por disposición de 20 de diciembre de 2024; por lo que, otorgaron el plazo de dos días a efectos de cumplir con lo ordenado (fs. 2248 a 2250 y 2251). II.4. Por memorial de 16 de enero de 2025; la accionante, presentó memorial reiterando los argumentos expuestos el primer memorial de subsanación, mereciendo decreto de 21 de enero de 2025; por el que, se tuvo por no presentada la excepción de prescripción al considerarse que no se subsanaron las observaciones efectuadas (fs. 2252 a 2253). II.5. Mediante decreto de 4 de febrero de 2025, el Tribunal Disciplinario, desestimó el recurso de revocatoria interpuesto por la recurrente –ahora accionante-, contra el decreto de 21 de enero del mismo año, arguyendo que, conforme lo previsto en la Resolución Ministerial (RM) 0631 /2023 el recurso de revocatoria solo procede contra resoluciones definitivas; asimismo, en caso de estar permitida la interposición del recurso de revocatoria, el mismo estaría fuera de plazo (fs. 2262) II.6. Víctor Hugo Coronado Mejía, Director Departamental de Educación de Chuquisaca, emitió la Resolución Administrativa Departamental en Grado de Recurso Jerárquico D.D.E.CH. 4/2025 de 21 de abril, por el que se confirmó el decreto de 21 de enero del mismo año, emitido por el Tribunal Disciplinario de Primera Instancia (fs. 2274 a 2282).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, denuncia la lesión del debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia externa, seguridad jurídica, defensa e “incorrecta interpretación de la legalidad ordinaria”; argumentando que, la autoridad demandada, al resolver el recurso jerárquico interpuesto contra la decisión que tuvo por no presentada su excepción de prescripción, incorporó aspectos vinculados a un informe de auditoría interna y a la supuesta interrupción de la prescripción, que al no ser objeto de debate no constituyeron fundamento de las decisiones emitidas; asimismo, la resolución confutada privilegió la aplicación de disposiciones reglamentarias a la Constitución Política del Estado y de la jurisprudencia vinculante en materia de prescripción, además de efectuar una interpretación errónea del art. 79 de la Ley 2341, impidiéndole obtener un pronunciamiento de fondo respecto al mecanismo de defensa planteado. Solicita se conceda la tutela y, se deje sin efecto el Recurso Jerárquico 4/2025 de 21 de abril, disponiendo que la autoridad demandada emita una nueva resolución, subsanado las vulneraciones al debido proceso. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso. Jurisprudencia reiterada.

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, reiterada por las SSCCPP 0349/2018-S2 y 0353/2018-S2 ambas de 18 de julio -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento: El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.

Posteriormente, en el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elementos configurativos del debido proceso, como ser:

a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre, se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, la que desarrolla el contenido 3El FJ III.2.3, señala: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cuál es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados.

En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”. 4El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”. 5El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: 1) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; 4) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, 5) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: i) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; ii) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; iii) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, iv) Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv.a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación:

(…)

(2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia.

(…)

b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´.

(…)

c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”. 6El FJ III.2, establece: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo. 5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”.

iv.b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. La jurisprudencia contenida en la SCP 2221/2012 como en la SCP 0100/2013 citadas anteriormente fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida 7El FJ III.3, expresa: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. 8El FJ III.3.1, señala: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”. 9El FJ III.2, indica: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”. 10El FJ III.1, refiere: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.

por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, estableció que:

Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna.

En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o cuando ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa, cuya tutela por vía de amparo procederá siempre y cuando tenga relevancia constitucional.

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante, denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, incongruencia externa, seguridad jurídica, derecho a la defensa e incorrecta interpretación de la legalidad ordinaria; refiriendo que, la autoridad demandada, al resolver el recurso jerárquico interpuesto contra la decisión que tuvo por no presentada su excepción de prescripción, incorporó otros aspectos vinculados a un informe de auditoría interna y a la supuesta interrupción de la prescripción, pese a que tales cuestiones no fueron objeto de debate no constituyeron fundamento de las decisiones impugnadas; asimismo, la resolución confutada privilegió la aplicación de disposiciones reglamentarias por encima de la CPE y de la jurisprudencia vinculante en materia de prescripción, además de efectuar una interpretación errónea del art. 79 de la Ley 2341, impidiéndole obtener un pronunciamiento de fondo respecto al mecanismo de defensa planteado. De los antecedentes que informan la presente causa, se establece que, en el proceso administrativo disciplinario instaurado contra la accionante, esta interpuso excepción de prescripción respecto de los hechos atribuidos correspondientes a las gestiones 2021 y 2022 (Conclusión II.1), sustentando su pretensión en la jurisprudencia constitucional, particularmente en la SCP 0241/2021-S4, alegando que dicho entendimiento jurisprudencial resulta aplicable por mandato de los arts. 203 y 410 de la CPE. En conocimiento de dicha pretensión, el Tribunal disciplinario, por Auto de 20 de diciembre de 20247 observó la excepción planteada y dispuso que, en el plazo de tres días, la accionante precisara la base legal que sustentaba su pretensión (Conclusión II.2); en atención a dicha observación, la impetrante de tutela presentó memorial de subsanación, reiterando que la prescripción invocada encontraba fundamento en la jurisprudencia constitucional citada y en la aplicación preferente de la CPE, conforme a los arts. 203 y 410 de aquel cuerpo normativo; no obstante, mediante decreto 14 de enero de 2025; el Tribunal Disciplinario, consideró incumplida la observación formulada y le otorgó un plazo adicional de dos días para subsanarla (Conclusión II.3). En respuesta, por memorial de 16 de enero de 2025, la accionante reiteró los argumentos expuestos previamente; sin embargo, éstos no fueron considerados suficientes por la referida instancia disciplinaria, que mediante decreto de 21 del mismo mes y año, se tuvo por no presentada la excepción de prescripción (Conclusión II.4). Contra esta última determinación, la accionante interpuso recurso de revocatoria, que fue rechazado por el Tribunal Disciplinario, señalando que, conforme lo previsto en la RM 0631 /2023 el recurso de revocatoria solo procede contra resoluciones definitivas; asimismo, en caso de estar permitida la interposición del recurso de revocatoria, el mismo estaría fuera de plazo. Ante ello, formuló recurso jerárquico, el cual fue resuelto mediante Resolución Administrativa Departamental en Grado de Recurso Jerárquico D.D.E.CH. 4/2025 de 21 de abril, que confirmó la decisión de tener por no presentada la excepción de prescripción y mantuvo subsistente el decreto de 21 de enero de 2025 emitido por el Tribunal Disciplinario de Primera Instancia (Conclusiones II.5 y II.6). Ahora bien, del contenido del recurso jerárquico, la accionante cuestionó los siguientes aspectos: 1) Conforme al art. 35 de la RM 0631/2023 el decreto que rechazó el recurso de revocatoria, el mismo resultaba impugnable al ser una determinación que pone fin o cierre a un mecanismo de defensa como resulta ser la prescripción; asimismo, este recurso fue interpuesto dentro de plazo los tres días hábiles conforme lo previsto en la norma citada; por lo que, no existía razón para no conocer y resolver el fondo del recurso de revocatoria. 2) No se consideró en esencia los argumentos expuestos en los memoriales de subsanación, en los cuales se expuso la razón de presentación de la excepción de prescripción, rechazando la misma bajo el único argumento de no haberse cumplido con la observación de señalar la base legal de la pretensión, sin existir una adecuada fundamentación y motivación. 3) Las autoridades demandadas aplicaron el principio de legalidad por encima del principio de constitucionalidad, pues si bien la RM 0631/2023 no establece la prescripción como tal, no se consideró que el art. 3 incisos a), b) y c) de la merituada ley disponen que todos los actos de las autoridades administrativas deben estar enmarcados en la Constitución Política del Estado; en cuyo marco, por imperio de los arts. 203 y 410 de la CPE, debía declararse probada la prescripción, en virtud de la SCP 0241/2021-S4.

Tramitado como fue el recurso interpuesto, Víctor Hugo Coronado Mejía, Director Departamental de Educación -ahora demandado-, emitió la Resolución Administrativa Departamental en grado de Recurso Jerárquico 4/2025, la cual, confirmó el decreto del Tribunal de primera instancia de 21 de enero de 2025, determinando en lo principal, lo siguiente: i) La recurrente -ahora accionante- no subsanó adecuadamente las observaciones formuladas por el Tribunal disciplinario mediante los decretos de 20 de diciembre de 2024 y 14 de enero de 2025, referidos a la necesidad de precisar la base o fundamento legal de la excepción de prescripción, por cuanto no se vulneró su derecho a la defensa. ii) No existió vulneración al debido proceso en su elemento a la seguridad jurídica, puesto que el Tribunal Disciplinario actuó dentro de sus atribuciones, habiéndose respetado su derecho a la presunción de inocencia dentro del proceso administrativo iniciado en su contra. iii) El Tribunal Disciplinario, otorgó oportunidades suficientes para subsanar las observaciones realizadas y fundamentó la decisión de tener por no presentada la excepción de prescripción, sin haberse vulnerado el debido proceso en su elemento de motivación y fundamentación. iv) La prescripción invocada por la recurrente no resultaba procedente, toda vez que el plazo habría sido interrumpido con la emisión del Informe de Auditoría Interna OF.U.A.I.INF-INT 03/2023 de 10 de octubre de 2023 y su posterior comunicación a la interesada mediante Cite S.E.S.F. 440/2023 de 20 de octubre del mismo año; por lo que, conforme al art. 16 del DS 23318-A y al art. 79 de la Ley 2341, la prescripción no había operado en el caso concreto, por existir actuaciones previas que interrumpieron el transcurso del plazo.

Conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, el derecho a una resolución fundamentada, motivada y congruente constituye una garantía esencial del debido proceso, exigible tanto en actuaciones jurisdiccionales como administrativas y disciplinarias. En dicho mérito, toda autoridad se encuentra obligada a exteriorizar las razones fácticas y jurídicas que sustentan su decisión, respondiendo de manera suficiente a las pretensiones o agravios sometidos a su conocimiento, de forma que las partes puedan comprender las razones que sustentan lo resuelto y, en su caso, ejercer los mecanismos de impugnación. Sin embargo, la constatación de eventuales deficiencias en la fundamentación, motivación o congruencia de una resolución no determina automáticamente la concesión de la tutela constitucional, pues conforme al entendimiento contenido en la jurisprudencia supra citada, corresponde además verificar si tales falencias tienen relevancia constitucional; es decir, si tienen incidencia material en la decisión y son susceptibles de modificar el resultado de la controversia. En consecuencia, únicamente cuando la insuficiente o arbitraria fundamentación, motivación o congruencia genere una afectación constitucional trascendente sobre los derechos de las partes, corresponderá la concesión de la tutela; caso contrario, aun verificándose la deficiencia argumentativa, deberá ser denegada por carecer de relevancia constitucional. En ese marco jurisprudencial, el problema jurídico planteado en la presente acción tutelar debe ser analizado a partir de la controversia efectivamente suscitada en sede administrativa y no desde cuestiones accesorias o complementarias incorporadas posteriormente en la resolución impugnada. Así, de los antecedentes venidos en revisión se advierte que el núcleo de la problemática sometida a conocimiento de las autoridades administrativas no radicaba en determinar si la prescripción invocada por la ahora accionante resultaba o no procedente en el fondo, ni tampoco en establecer la existencia o inexistencia de responsabilidad administrativa derivada de los hechos investigados; sino, esencialmente, en verificar si la disciplinada había cumplido con la observación formulada por el Tribunal Disciplinario mediante los decretos de 20 de diciembre de 2024 y 14 de enero de 2025, referida a la necesidad de precisar la base o fundamento legal que sustentaba la excepción de prescripción planteada. En efecto, la decisión de tener por no presentada dicha excepción no se sustentó en una valoración de procedencia o improcedencia del instituto de la prescripción, sino en el entendimiento de que la observación efectuada por la autoridad disciplinaria no habría sido adecuadamente subsanada. En consecuencia, al resolver el recurso jerárquico, la cuestión central que debía ser examinada por la autoridad demandada consistía en determinar si la actuación del Tribunal Disciplinario fue correcta al considerar incumplida la observación formulada y, por ende, al disponer que la excepción de prescripción se tenga por no presentada. Bajo esa comprensión, si bien la Resolución Administrativa Departamental en Grado de Recurso Jerárquico 4/2025 no contiene una exposición amplia y metodológicamente ordenada, de su lectura integral se advierte que la autoridad demandada identificó el núcleo de la controversia y resolvió la misma, al concluir reiteradamente que la recurrente no cumplió con la observación relativa a la identificación del fundamento legal de su pretensión y que, por tal razón, resultaba correcta la decisión asumida por el Tribunal Disciplinario de tener por no presentada la excepción opuesta. A partir de ello, corresponde examinar si dicha conclusión se sustenta en una actuación manifiestamente arbitraria o irrazonable, o si, por el contrario, constituye una respuesta jurídicamente atendible dentro del ámbito de competencia de las autoridades administrativas. Al efecto, corresponde señalar que si bien el art. 4 inc. l) de la Ley de Procedimiento Administrativo -Ley 2341 de 23 de abril- establece que el procedimiento administrativo se encuentra regido por el principio de informalismo, reconocido como una garantía destinada a evitar que exigencias meramente formales impidan el ejercicio de los derechos de los administrados, dicho principio no puede ser entendido como una dispensa absoluta del cumplimiento de cargas mínimas de argumentación cuando se promueve una pretensión concreta dentro del procedimiento, pues si bien el informalismo procura que los defectos formales no obstaculicen la resolución de fondo de las solicitudes sometidas a conocimiento de la Administración; sin embargo, ello no exime al administrado de proporcionar los elementos indispensables que permitan a la autoridad comprender, verificar y resolver la pretensión formulada. Tal precisión adquiere especial relevancia cuando se trata de la excepción de prescripción, instituto jurídico que constituye un límite temporal al ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración y que tiene por finalidad extinguir la posibilidad de perseguir o sancionar determinadas conductas por el transcurso del tiempo. Precisamente por sus efectos extintivos respecto de la potestad disciplinaria del Estado, su análisis exige la concurrencia de determinados presupuestos mínimos que permitan a la autoridad verificar objetivamente su procedencia en el caso concreto. En ese entendido, aun bajo una interpretación favorable al principio de informalismo, quien plantea una excepción debe proporcionar, cuando menos, elementos mínimos de identificación de los hechos respecto de los cuales pretende su aplicación, precisar el periodo temporal involucrado, exponer las razones que sustentan el cómputo efectuado y señalar el fundamento jurídico que respalda su pretensión. Tales exigencias no constituyen formalismos excesivos ni cargas desproporcionadas, sino presupuestos mínimos que permiten a la autoridad administrativa verificar la concurrencia de los elementos necesarios para emitir un pronunciamiento fundado; por ello, la accionante no podía sustentar el incumplimiento de la observación formulada únicamente en el principio de informalismo ni en la aplicación preferente de los arts. 203 y 410 de la CPE, puesto que tales argumentos no la eximían de satisfacer mínimamente el requerimiento efectuado por la autoridad administrativa. Así, aun cuando la recurrente invocó la SCP 0241/2021-S4 como fundamento de su pretensión, correspondía que proporcione los elementos necesarios para posibilitar el análisis concreto de la prescripción alegada. Bajo ese entendimiento, este Tribunal advierte que la observación formulada por el Tribunal Disciplinario mediante los decretos de 20 de diciembre de 2024 y 14 de enero de 2025, referida a que la disciplinada precise la base o fundamento legal de la excepción de prescripción planteada, no aparece como una exigencia arbitraria, caprichosa o irrazonable; por el contrario, se encontraba orientada a obtener los elementos mínimos necesarios para posibilitar el análisis de una pretensión destinada a extinguir la potestad disciplinaria de la Administración. En consecuencia, cuando la autoridad jerárquica concluyó que la ahora accionante no cumplió con la observación a su recurso y que, por ello, correspondía mantener la decisión de tener por no presentada la excepción de prescripción, asumió una determinación que encuentra sustento en una razón objetiva y jurídicamente atendible. Así, aun cuando la Resolución Administrativa Departamental en Grado de Recurso Jerárquico 4/2025 no hubiera desarrollado una fundamentación óptima respecto de todos los agravios expuestos por la recurrente, sí identificó y resolvió el aspecto central de la controversia, referido al incumplimiento de la observación efectuada por el Tribunal Disciplinario, careciendo de relevancia constitucional disponer su nulidad para un nuevo pronunciamiento con mayor fundamentación; razón por la cual no se advierte que la decisión cuestionada resulte manifiestamente arbitraria ni que hubiera colocado a la accionante en estado de indefensión, no evidenciándose, en consecuencia, la lesión de los derechos fundamentales invocados. En consecuencia, la Sala Constitucional Segunda, al denegar la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 117/2025 de 11 de agosto, cursante de fs. 2357 a 2361 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, conforme los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Notas al pie

1 El Cuarto Considerando, indica: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma. …consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”. 2El FJ III.3, refiere: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”.

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0779_2026-S3.pdf · páginas 1 a 17.

Huella digital del PDF (SHA-256): 8de0eaef16987a2376d6e5e327cad084d381035b54e65d97d46a4a464c8dcb81

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