B.IA.LEGAL

SCP 0779/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 18 de julio de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
18 de julio de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
56190-2023-113-AAC
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante, a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la propiedad privada, al debido proceso, “legítima defensa”, tutela judicial efectiva y a la vivienda; toda vez que, la Jueza demandada emitió los Autos de señalamiento de remate de 27 de septiembre, 29 de noviembre de 2022, y 19 de abril de 2023, incumpliendo los arts. 417 y 419 del CPC, debido a que, en ningún momento se aprobó avaluó alguno y, además, no se ejecutó previamente el embargo -en ambos casos sobre el bien inmueble dado en garantía-. Ante ello, la autoridad demandada considera que la objeción del avaluó se limitó a circunstancias ajenas a criticar la tasación, que el recurso de apelación concedido en efecto devolutivo no puede impedir la tramitación de la causa y que el art. 411 del CPC supedita la efectividad del embargo a su solo registro, el cual fue cumplido. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución Constitucional 044/2023 de 5 de junio, cursante de fs. 387 a 393 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, aclarándose que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La excepción al principio de subsidiariedad de la acción de amparo constitucional
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0779/2025-S2 Sucre, 18 de julio de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 56190-2023-113-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 044/2023 de 5 de junio, cursante de fs. 387 a 393 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Mario Jorge Jerez Calle en representación legal de Olivia Muñoz Caballero contra Giovanna Aleida Balderrama Medrano, Jueza Pública Civil y Comercial Decimoctava de la Capital del departamento de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 19 y 25 de mayo de 2023, cursante a fs. 1 y 192 a 206 vta.; y, 209 a 217 vta., la accionante, a través de su representante, manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso coactivo civil que María del Carmen Ovando de Hosse -hoy tercera interesada- sigue en su contra ante el Juzgado Público Civil y Comercial Decimoctavo de la Capital del departamento de Cochabamba, se emitió Sentencia que declaró probada la demanda, disponiendo que pague la suma de $us100 000.- (cien mil dólares estadounidenses), más intereses convencionales, costas y costos, bajo apercibimiento de procederse al remate del inmueble dado en garantía hipotecaria. En ejecución de fallos, se designó perito tasador, mismo que presentó un informe técnico de avalúo respecto al inmueble aludido, consignando como valor comercial la suma de $us852 312,55.- (ochocientos cincuenta y dos mil trescientos doce 55/100 dólares estadounidenses) que, en su conocimiento, decidió recurrirla en apelación -siendo lo correcto y en adelante, dedujo oposición-, en razón a que no se practicó previamente el embargo del bien, debido a que no fue ejecutado por ningún funcionario y, además, que este requisito no puede satisfacerse con la mera inscripción en el registro de Derechos Reales (DD.RR.), incumpliendo lo establecido en el art. 417 del Código Procesal Civil (CPC). Dicha oposición fue rechazada por Auto Interlocutorio de 17 de junio de 2021, que, a mayor abundamiento, tampoco aprobó la tasación; por lo que, en conocimiento del mencionado fallo, decidió recurrirlo en apelación mediante memorial presentado el 9 de julio de igual año, recurso que, desde el 10 de agosto del mismo año, se encuentra radicado ante la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en espera de resolución. Posteriormente, a solicitud de la tercera interesada, Giovanna Aleida Balderrama Medrano, Jueza Pública Civil y Comercial Decimoctava de la Capital del departamento de Cochabamba -ahora demandada-, por Auto de 27 de septiembre de 2022, señaló audiencia de primer remate, sin que esté aprobado el avalúo y desconociendo el decreto de 3 de noviembre de 2021, que rechazó una anterior solicitud de este tipo. En ese contexto, por memorial presentado el 16 de noviembre de 2022, formuló incidente de nulidad, mismo que fue rechazado por la referida autoridad judicial a través de Auto Interlocutorio de 29 de igual mes y año que, además, realizó un nuevo señalamiento de audiencia de primer remate. Una vez recurrido en reposición bajo alternativa de apelación, mereció un nuevo rechazo por medio de Auto Interlocutorio de 16 de febrero de 2023, donde se le concedió la apelación en efecto devolutivo, el cual, desde el 14 de marzo del referido año, se encuentra radicado ante la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, aguardando resolución. Finalmente, mediante Auto de 19 de abril de 2023, la Jueza demandada señaló audiencia de segundo remate para el 23 de mayo de igual año, sin que previamente se haya cumplido lo dispuesto por los arts. 417 y 419 del CPC, ya que no puede señalarse audiencia de remate sin la aprobación previa del avalúo correspondiente. Todas estas acciones cometidas por la autoridad demandada constituyen medidas de hecho, las cuales pueden generar una lesión irremediable a su patrimonio, a su derecho a la vivienda y el de su familia, resultando aplicable la excepción al principio de subsidiariedad.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La peticionante de tutela, a través de su representante, alega la lesión de sus derechos a la propiedad privada, debido proceso, “legítima defensa”, tutela judicial efectiva y a la vivienda; citando al efecto los arts. 19, 56, 115, 117, 119.II y “120.IV” de la CPE.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: a) Se anulen los Autos de señalamiento de remate de 27 de septiembre, 29 de noviembre de 2022; y, 19 de abril de 2023; y, b) Se dejen sin efecto todos los actos procesales en ejecución de sentencia “…hasta fs. 37 inclusive…”, mientras la Jueza demandada cumpla el trámite correcto en ejecución de sentencia, conforme lo establecido en los arts. 417 y 419 del CPC.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 5 de junio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 384 a 386 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La impetrante de tutela, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Giovanna Aleida Balderrama Medrano, Jueza Pública Civil y Comercial Decimoctava de la Capital del departamento de Cochabamba, mediante informe escrito cursante de fs. 247 a 249, solicitó se deniegue la tutela impetrada, manifestando lo siguiente: 1) Siendo que el proceso se encuentra en fase de ejecución, no puede suspenderse conforme el art. 400.I del CPC; 2) La objeción al avalúo pericial se limitó al incumplimiento de las normas procesales sobre la extensión del embargo y la designación inoportuna del perito, sin cuestionar la tasación, en cuyo caso, incurrió en una aceptación tácita; asimismo, la objeción fue rechazada por el Auto Interlocutorio de 17 de junio de 2021, debido la inexistencia de causal nulidad, conforme el art. 105 del CPC; 3) El recurso de apelación se concedió en el efecto devolutivo, circunstancia que, conforme el art. 259.2 del CPC, no involucra la pérdida de competencia por el juez de instancia, lo cual motivó la continuidad del trámite de ejecución; 4) El argumento utilizado, en que supuestamente no se ejecutó el mandamiento de embargo, no mantiene asidero, debido a que el art. 411 del CPC, condiciona la efectividad del embargo a su solo registro sin mayor formalidad; normativa cumplida en el caso, además que el mandamiento se ejecutó el 17 de mayo de igual año; y, 5) La jurisprudencia ofrecida en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales “380/2015 y 1329/2014” respecto a las vías de hecho, no contienen supuestos análogos con el caso que se trata.

I.2.3. Intervención de la tercera interesada

María del Carmen Ovando de Hosse, a través de su abogado, en audiencia de garantías, sostuvo que: i) De acuerdo al art. 400 del CPC, no puede suspenderse la ejecución de la sentencia y del remate, aun cuando estén pendientes de tratamiento recursos ordinarios o extraordinarios; y, ii) La accionante ejerció todos los medios defensa oportunos, por cuanto la autoridad demandada no transgredió derecho alguno, máxime cuando la deuda asciende a $us100 000.- que no fueron cancelados, ingresando en una mora de seis años que, a la fecha -se entiende de la audiencia de acción de amparo constitucional-, continúa elevándose.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -con convocatoria del Vocal de su similar Tercera-, por Resolución 044/2023 de 5 de junio, cursante de fs. 387 a 393 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: a) Si bien fueron cuestionados los Autos de 29 de noviembre de 2022 y 19 de abril de 2023, ambos de señalamiento de audiencia de remate, en los dos casos no se agotó la subsidiariedad, debido la existencia de recursos pendientes: El primero cuenta con un recurso de apelación -que fue promovido como alternativo a una reposición previa- que fue elevado en efecto devolutivo sin que todavía fuese resuelto por el Tribunal de alzada y, el segundo -objeto de incidente de nulidad-, todavía se encuentra pendiente de ser resuelto por la autoridad demandada y con posibilidad de recurrirse en apelación; b) Las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0360/2022-S4 de 23 de mayo y 0341/2016-S2 de 8 de abril, no pueden constituirse en precedentes a observarse, debido a que los hechos fácticos no corresponden en identidad a la causa tramitada; c) No se acreditó la existencia material y objetiva de daño o perjuicio irreparable, frente a la defensa asumida en etapa de ejecución; circunstancia que impide el tratamiento de los cuestionados Autos de señalamientos de audiencia de remate-; de esa manera, los demás derechos denunciados, como el debido proceso, tutela judicial efectiva y “legítima defensa”, tampoco mantienen asidero para considerarlos, debido la falta de acreditación de daño irremediable e irreparable; d) El proceso coactivo, emerge de una decisión voluntaria de la accionante, debido la entrega del inmueble en garantía hipotecaria; asimismo, los elementos adjuntos al expediente constitucional, no informan que el inmueble objeto de ejecución pudiese constituir la vivienda de la impetrante de tutela que, en su caso, pudiese generar la posibilidad de concederse la tutela por daño irreparable; y, e) La peticionante de tutela intentó promover -en una anterior oportunidad- su acción de amparo constitucional, radicada ante la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, cuyo contenido trata de los mismos términos que la presente acción tutelar, la cual fue declarada inadmisible debido a su improcedencia por subsidiariedad.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Sentencia de 8 de septiembre de 2020, pronunciada por Giovanna Aleida Balderrama Medrano, Jueza Pública Civil y Comercial Decimoctava de la Capital del departamento de Cochabamba -hoy demandada-, se declaró probada la demanda coactiva interpuesta por María del Carmen Ovando de Hosse -tercera interesada- contra Olivia Muñoz Caballero -ahora accionante-, disponiendo que esta última cancele la suma de $us100 000.-, más intereses convencionales, costas y costos; asimismo, se ordenó el embargo de sus acciones y derechos sobre el bien inmueble dado en garantía hipotecaria, registrado en la oficina de DD.RR. con Matricula “3011990004502”, Asiento A-8 de 23 de octubre de 2015 (fs. 12 a 13). II.2. Cursa avalúo pericial de 6 de abril de 2021, emitido por la arquitecta Luz Eliana Avendaño Villalba, Gerente General “STARCONST”, informando el valor comercial del inmueble descrito en la Conclusión II.1, ascendente a $us852 312,55.- (fs. 19 a 39). II.3. Se tiene Auto de 27 de septiembre de 2022, por el que la Jueza demandada señaló primera audiencia de remate para el día lunes 21 de noviembre del mismo año, a horas 11:00, consignando como valor del inmueble, el expresado en el avalúo descrito en la Conclusión II.2; además, memorial de 16 de noviembre del referido año, sobre incidente de nulidad formulado por la impetrante de tutela cuya petición anulatoria abarca hasta fs. 35 del expediente coactivo; Auto Interlocutorio de 29 de noviembre del año reiterado, que rechaza el citado incidente -justificando su manifiesta improcedencia-, y define nuevo señalamiento de primera audiencia de subasta y remate para el 16 de febrero de 2023 a horas 11:00 (fs. 83; 85 a 87 vta.; y, 93 a 94 vta.). II.4. Consta memorial presentado el 27 de enero de 2023 por la accionante, sobre recurso de reposición bajo alternativa de apelación -en contra del señalamiento referido, además de la resolución que resolvió un incidente de nulidad anterior-; así también, Auto Interlocutorio de 16 de febrero de igual año, que rechaza el recurso de reposición y concede en alzada la apelación invocada de forma alternativa (fs. 98 a 100; y, 106 a 107). II.5. Cursa Auto de 19 de abril de 2023, sobre señalamiento de audiencia de segundo remate para el 23 de mayo de igual año a horas 11:00, de acuerdo a los anteriores términos; asimismo memorial de 22 del mismo mes y año, por el que recurre en reposición bajo alternativa de apelación -memorial en el que además la impetrante de tutela, interpuso incidente de nulidad-. Finalmente cursa providencia de 24 de igual mes y año, que dispuso correr en traslado el antecedido recurso (fs. 354 y vta.; 361 a 362; y 365).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante, a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la propiedad privada, al debido proceso, “legítima defensa”, tutela judicial efectiva y a la vivienda; toda vez que, la Jueza demandada emitió los Autos de señalamiento de remate de 27 de septiembre, 29 de noviembre de 2022, y 19 de abril de 2023, incumpliendo los arts. 417 y 419 del CPC, debido a que, en ningún momento se aprobó avaluó alguno y, además, no se ejecutó previamente el embargo -en ambos casos sobre el bien inmueble dado en garantía-. Ante ello, la autoridad demandada considera que la objeción del avaluó se limitó a circunstancias ajenas a criticar la tasación, que el recurso de apelación concedido en efecto devolutivo no puede impedir la tramitación de la causa y que el art. 411 del CPC supedita la efectividad del embargo a su solo registro, el cual fue cumplido. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La excepción al principio de subsidiariedad de la acción de amparo constitucional

Conforme el entendimiento asumido por la SC 1770/2011-R de 7 de noviembre: “Si bien el amparo constitucional es una vía tutelar de carácter subsidiario, por lo que sólo se activa cuando el accionante agotó las vías legales previstas para el reclamo de sus derechos que considera vulnerados, sin embargo, conforme este Tribunal ha establecido en su uniforme jurisprudencia, es posible aplicar la excepción a la regla de la subsidiaridad en situaciones en las que los hechos ilegales o indebidos denunciados en una acción de amparo podrían producir efectos irreparables o irremediables; de manera que, a pesar de existir vías legales ordinarias para que los accionantes puedan lograr la restitución de sus derechos fundamentales amenazados, restringidos o suprimidos es posible activar inmediatamente esta vía tutelar para que, compulsando los antecedentes y verificando que los hechos ilegales o indebidos denunciados, lesionaron los derechos fundamentales y los efectos de dichos actos podrían ser irreparables o irremediables, se otorgue una tutela provisional o directa, sin exigir el agotamiento de la vía ordinaria de reclamo. En ese sentido, a través de la SC 1743/2003-R de 1 de diciembre, ha establecido las subreglas que permiten determinar de manera objetiva el peligro del perjuicio irreparable o irremediable, al señalar que: 'Para determinar la irremediabilidad del perjuicio hay que tener en cuenta la presencia concurrente de varios elementos que configuran su estructura, como la inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situación fáctica que legitima la acción de tutela, como mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la protección de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados. Con respecto al término `amenaza` es conveniente manifestar que no se trata de la simple posibilidad de lesión, sino de la probabilidad de sufrir un mal irreparable y grave de manera injustificada. La amenaza requiere un mínimo de evidencia fáctica, de suerte que sea razonable pensar en la realización del daño o menoscabo material o moral'” (las negrillas nos corresponden).

III.2. Análisis del caso concreto

Delimitado el ámbito de análisis, se tiene que, dentro del proceso coactivo en fase de ejecución seguido contra la accionante, la Jueza demandada dictó Sentencia el 8 de septiembre de 2020, mediante la cual declaró probada la demanda interpuesta por la hoy tercera interesada, disponiendo el embargo del bien inmueble otorgado en garantía hipotecaria (Conclusión II.1). Posteriormente, en fase de ejecución, mediante avalúo pericial de 6 de abril de 2021, se estableció que el valor comercial del referido inmueble ascendía a $us852 312,55.- (Conclusión II.2). Dicho acto fue “impugnado” por la impetrante de tutela y, finalmente, rechazado por la autoridad demandada mediante Auto de 17 de junio del mismo año; resolución contra la cual interpuso recurso de apelación, que fue concedido en efecto devolutivo. Más adelante en el proceso, la autoridad demandada, a solicitud de la hoy tercera interesada, dictó el Auto de 27 de septiembre de 2022, por el que señaló primera audiencia de remate, consignando el valor del inmueble de acuerdo al supra citado avalúo. En ese contexto, la accionante, por memorial de 16 de noviembre de igual año, promovió incidente de nulidad, pretendiendo la anulación de todos los actos procesales hasta “fs. 35” del expediente, mismo que fue rechazado a través de Auto Interlocutorio de 29 de mismos mes y año, debido a su manifiesta improcedencia. En dicha Resolución, la autoridad demandada realizó un nuevo señalamiento de primera audiencia de subasta y remate (Conclusión II.3), lo que motivó a la impetrante de tutela a interponer recurso de reposición bajo alternativa de apelación mediante memorial presentado el 27 de enero de 2023, el cual fue rechazado por la referida autoridad demandada a través de Auto Interlocutorio de 16 de febrero de ese año, concediéndose su apelación de forma alternativa (Conclusión II.4). Posteriormente, la Jueza demandada, a través de Auto de 19 de abril de 2023, señaló audiencia de segundo remate, el cual fue recurrido en reposición bajo alternativa de apelación por la peticionante de tutela mediante memorial presentado el 22 de mayo de igual año, por el cual, además, interpuso incidente de nulidad, cuestionando todos los actos subsecuentes a la resolución del primer señalamiento de audiencia de remate; mismo que solo fue corrido en traslado sin mayor trámite (Conclusión II.5). Hechas estas precisiones, de la revisión del memorial de interposición de la presente acción tutelar y lo manifestado por la accionante en audiencia, se infiere que la prenombrada cuestiona la continuidad del trámite procesal a falta de una resolución que apruebe la tasación realizada mediante avalúo pericial del bien inmueble de referencia. Es así que, interpuso un incidente de nulidad que fue rechazado por la Jueza demandada, el cual se circunscribió de manera genérica a todos los actos procesales “hasta fs. 35” del expediente coactivo -conforme los términos de su redacción-, pretensión que alcanza los Autos de 27 de septiembre y 29 de noviembre de 2022; y, de 19 de abril de 2023; resoluciones que, a la fecha de interposición de la presente acción tutelar y de acuerdo a lo manifestado por la impetrante de tutela, fueron apeladas y se encuentran pendientes de resolución por parte de los tribunales de alzada correspondientes. En ese contexto, dado que los presuntos actos lesivos y los agravios denunciados aún se encontraban siendo evaluados por autoridades de la jurisdicción ordinaria al momento de interponerse la presente acción de amparo constitucional, un pronunciamiento de esta instancia constitucional podría dar lugar a resoluciones contradictorias, desnaturalizando el objeto de las acciones tutelares, las cuales no están concebidas para sustituir los mecanismos previstos en la vía ordinaria, conforme al principio de subsidiariedad que rige su tramitación, lo que, a priori, llevaría a la necesidad de denegar la tutela impetrada. Al margen de lo anterior, debe tomarse en cuenta que la impetrante de tutela, a través de su representante, solicitó la inaplicación excepcional del referido principio, amparándose en el posible daño irreparable que podría causarse a sus derechos en caso de no ingresarse a un análisis de fondo de la problemática planteada, al sostener que: “Ese el daño y perjuicio irreparable e irremediable en el patrimonio de mi mandante que lesiona el derecho a la propiedad privada y a la vivienda que sin que en el PROCESO PREVIAMENTE SE HAYA PRACTICADO LA TASACION PERICIAL sobre ese bien inmueble ANTES DE PRACTICADO EL EMBARGO y como consta de antecedentes del proceso NO EXISTE APROBACIÓN DE LA TASACIÓN PERICIAL, TAMPOCO ANTES DEL SEÑALAMIENTO DE REMATE, SE HA ESTABLECIDO DE MODO DEFINITIVO EL VALOR DEL BIEN inmueble de mi mandante, como claramente exigen los arts. 417 y 419 ambos del Código Procesal Civil” (sic); argumento del cual no es posible extraer un posible daño de naturaleza irreparable conforme se establece en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, en la medida en la que una posible nulidad determinada por las autoridades ordinarias podría, en su caso, retrotraer el trámite de remate; por lo que, este Tribunal concluye que, en definitiva, no se acreditó daño irreparable alguno, más aun considerando que, el sustento argumentativo se limitó a describir el estado del proceso y su probable consecuencia lógica; por lo cual, corresponde denegar la tutela, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada.

En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución Constitucional 044/2023 de 5 de junio, cursante de fs. 387 a 393 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, aclarándose que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0779_2025-S2.pdf · páginas 1 a 9.

Huella digital del PDF (SHA-256): d85ea59d3e9e3ea956c06fdf9ab01e0ef163bc2dbef32b836cbd9f33b4cd60c7

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