B.IA.LEGAL

SCP 0779/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 8 de agosto de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
8 de agosto de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
Expediente
53817-2023-108-AAC
Departamento
Pando
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia lesionado sus derechos a la vacación y de petición; alegando que, a pesar de las solicitudes al Comandante Departamental de la Policía Boliviana y al Director de la Cárcel Modelo de Villa Busch, ambos del departamento de Pando, se le otorgó únicamente cinco días hábiles de vacación anual, mediante Memorándum 1076/2022 de 13 de diciembre, el cual fue rechazado por su persona; porque el mismo estaría restringiéndole su derecho a gozar sus vacaciones por veinticuatro días. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 014/2023 de 16 de febrero, cursante de fs. 112 a 114 vta., pronunciada por la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada en cuanto a los derechos a la vacación y de petición denunciados, disponiendo que se programe la vacación no reconocida al accionante, conforme a los procedimientos de la entidad, y se otorgue la misma independiente de que hubiera gozado otras vacaciones por otros periodos al dispuesto por el presente fallo constitucional; y, 2° DENEGAR la tutela en cuanto a las demás autoridades por falta de legitimación pasiva.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Legitimación pasiva en la acción de amparo constitucional.
  2. III.2. La vigencia plena de los derechos fundamentales en el Estado
  3. III.3. Sobre el derecho a las vacaciones en el ámbito de la Policía
  4. III.4. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0779/2023-S2 Sucre, 8 de agosto de 2023 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de amparo constitucional Expediente: 53817-2023-108-AAC Departamento: Pando En revisión la Resolución 014/2023 de 16 de febrero, cursante de fs. 112 a 114 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Franz Jorge Flores Yujra contra Julio Renán Monroy Chuquimia, Comandante; Jorge Espino Cruz, Jefe del Departamento I de Personal; Nemesio Mamani Poma, Jefe de movimiento del Departamento I de Personal; Ángel Rolando Quispe Cerda, Jefe del Departamento de Asesoría Jurídica; y Ervin Sossa Torrez, Asesor Jurídico todos del Comando Departamental de Pando de la Policía Boliviana; y, Rolando Jhonatan Vila Choque, Director de la Cárcel Modelo de Villa Busch del mismo departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 6 de febrero de 2023, cursantes a fs. 1, 74 a 76, el accionante expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Sería miembro de la Policía Boliviana, que a pesar de tener programada su vacación anual para marzo de 2022, la misma fue suspendida por un proceso administrativo del cual fue declarado sin responsabilidad. Conforme, a los memoriales de 4, 25 de noviembre y de 7 y 12 de diciembre, todos del citado año requirió al Director de la Cárcel Modelo de Villa Busch del departamento de Pando, gozar de sus vacaciones adjuntando certificado de 20 de octubre de 2022; en el cual refería que no pudo gozar de su vacación en el periodo asignado. De tal manera, solicitó a esta autoridad se le conceda la misma; sin embargo, sus solicitudes fueron ignoradas, posteriormente con Memorándum 1076/2022 de 13 de diciembre, se le concedió cinco días hábiles a partir del 13 al 19 de diciembre de 2022, debido a que por Memorándum Circular –FAX 050/2022 de 4 de noviembre, en la cual habría determinado que todo el personal debía estar cumpliendo funciones desde el 20 de diciembre al referido año. Asimismo, solicitó medidas cautelares porque las autoridades demandadas, el 31 de enero de 2023, hubieran presentando una denuncia contra el impetrante de tutela, por falta disciplinaria en la vía administrativa, por exigir vacación que fue acumulada. La denuncia pretendería el inicio de una investigación y se le ponga a disposición del Régimen Disciplinario, para fines investigativos conforme al art. 57 de la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana (LRDPB). Solicitó gozar de su vacación completa por motivos familiares y de fuerza mayor; toda vez que, su padre está hospitalizado, y que como hijo estaría preocupado al no poder bridar el apoyo, cuidado y protección a su padre enfermo.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la vacación y de petición, citando al efecto el art. 48 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia disponer: a) La restitución de sus derechos sociales y laborales ‘vacación’; y, b) Medidas cautelares para evitar la amenaza de restringir derechos fundamentales, suspendiendo el proceso administrativo que se inició en su contra.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 16 de febrero de 2023, según consta en acta cursante de fs. 109 a 111 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de sus abogados, ratificó los argumentos contenidos en la demanda tutelar añadiendo que: 1) No pudo gozar de su vacación en marzo de 2022 debido a que tendría un proceso administrativo disciplinario del cual fue absuelto; 2) Además recibió una certificación que acreditaba no haber gozado de su vacación en esa gestión, con base en dicha certificación solicitó el cumplimiento de la misma, pero sus solicitudes fueron ignoradas; 3) Luego de varios reclamos solo recibió cinco días de vacación en diciembre del citado año, a pesar de que le correspondían veinticuatro días, y que la norma prohíbe sean fraccionadas; 4) Requiere gozar de sus vacaciones para atender a su padre enfermo; 5) En cuanto al Informe 025/2022 de 22 de septiembre, estableció su ingreso el 2012 y que hasta el año 2020 siempre gozo de sus vacaciones, pero tanto el 2021 y 2022 no pudo hacerlo; y, 6) Por lo que solicitó se le indemnicen por los daños causados.

I.2.2. Informe de los demandados

Julio Renán Monroy Chuquimia, actual Comandante Departamental de Pando de la Policía Boliviana, presentó informe escrito el 16 de febrero de 2023, cursante de fs. 106 a 108 vta., indicando que: i) El accionante habría gozado de sus vacaciones anuales en cada gestión conforme señala el art. 78 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional (LOPN), concordante con el art. 58 del Reglamento del Personal aprobado por la Resolución Suprema 204652 de 23 de julio de 1988; ii) Se dio cumplimiento a la Resolución 076/2022 emitida a favor del ahora impetrante de tutela mediante Memorándum 0820/2022 otorgándole una vacación anual de veinticuatro días hábiles computable desde 19 de septiembre al 20 de octubre de 2022; iii) En la misma gestión pretendió gozar de vacaciones por eso mediante el Memorándum 1076/2022 se le concedió vacación anual de cinco días hábiles computable desde el 13 al 19 de diciembre de igual año; iv) Las vacaciones anuales son un derecho de los funcionarios públicos, las cuales deben ser gozada en forma anual, obligatoria y continuada; v) El impetrante de tutela ha gozado de sus vacaciones anuales en dos ocasiones en la misma gestión, vi) Por lo que, no vulneró los derechos constitucionales ya que cumplió con la normativa legal vigente; vii) Tampoco realizó denuncias disciplinarias contra el solicitante de tutela; y, viii) Actuó de manera legal y conforme a sus funciones. En audiencia complementó que: a) El accionante solicitó vacación anual de la gestión 2022 y que le corresponde gozar del año 2023; b) Gozó de su vacación anual de la gestión 2022, en cumplimiento de la Resolución 076/2022; y, c) No ha cumplido con el procedimiento para requerir vacación anual por ello sería improcedente y se debería denegar la tutela. Jorge Espino Cruz, Jefe del Departamento I de Personal del Comando Departamental de Pando de la Policía Boliviana, no presentó escrito alguno, ni asistió a la audiencia a pesar de su legal notificación, cursante a fs. 80. Nemesio Mamani Poma, Jefe de movimiento del Departamento I de Personal del Comando Departamental de Pando de la Policía Boliviana no presentó escrito alguno, ni asistió a la audiencia a pesar de su legal citación cursante a fs. 81.

Ángel Rolando Quispe Cerda, Jefe del Departamento de Asesoría Jurídica del Comando Departamental de Pando de la Policía Boliviana no presentó escrito alguno; empero, asistió a la audiencia. Ervin Sossa Torrez, Asesor Jurídico del Comando Departamental de Pando de la Policía Boliviana no presentó escrito alguno, pero asistió a la audiencia. Rolando Jhonatan Vila Choque, Director de la Cárcel Modelo de Villa Busch de Pando no presentó escrito alguno ni asistió a la audiencia, a pesar de su legal citación cursante a fs. 85.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, mediante Resolución 014/2023 de 16 de febrero, cursante de fs. 112 a 114 vta., denegó la tutela solicitada. Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) El accionante solicitó vacaciones por no haber hecho uso de las que le correspondía en la gestión 2021-2022; 2) No habría especificado a qué vacación o gestión pretendía gozar; toda vez que, el petitorio debe ser expreso y en términos directos y claros, y deben estar directamente relacionado con los hechos de la causa; 3) Las solicitudes de vacaciones serían contradictorias porque pide la programación de la vacación correspondiente a la gestión 2022, la cual estaría programada para febrero de 2023, 4) Así que el impetrante de tutela pidió la vacación del año 2022, en ese entendido ya se encuentra programada por lo que no corresponde que esta Sala nuevamente ordene su reprogramación; 5) Bajo el principio de verdad material concierne aclarar que la Resolución 076/2022 ha sido emitida por esta Sala Constitucional otorgando la vacación del año 2020 que fue programada para agosto de 2021 y le fue negada por la autoridad demandada; y, 6) En consecuencia la vacación de septiembre a octubre de 2022 fue otorgada porque debió haber sido gozada en la gestión 2021 por el trabajo realizado la gestión 2020, por lo que la presente acción de defensa no tiene en lo absoluto relación con las solicitudes del accionante; por lo que, se recomienda a las autoridades demandadas verificar que vacación se encuentra pendiente a parte de la gestión 2022, con el fin de no vulnerar derechos adquiridos. El demandante de tutela, mediante memorial presentado el 23 de febrero de 2023, cursante a fs. 125 y vta., solicitó aclaración, enmienda y complementación de la Resolución con relación al Memorándum 1076/2022 que le concedió cinco días hábiles cuando le correspondía veinticuatro días hábiles. Además, la vacación reclamada por la otra acción tutelar fue por la gestión 2020 y no por la gestión 2021 como erróneamente afirmó la Resolución. La citada Sala Constitucional mediante Auto de 24 de febrero de 2023, consideró que la petición no sería admisible, porque no identifica el error, oscuridad u omisión que se pretende aclarar, enmendar o complementar; por lo que se declara no ha lugar la referida solicitud.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursan memoriales de reposición de beneficios laborales “vacación” de 19 y 21 de septiembre de 2022, presentados por el impetrante de tutela dirigidos al Comandante Departamental de la Policía Boliviana solicitando vacaciones de la gestión 2020 y 2021 (fs. 4 a 5 vta.). II.2. Consta Informe 025/2022 de 22 de septiembre, suscrito por Iván Parisaca Fernández, Jefe de la División de Archivo y Kardex del Departamento I de Personal de la mencionada institución donde se evidencia en forma cronológica todos los Memorándums de vacación y no registra el año “2012” y “2022”. Asimismo, en cuanto al año “2021” registra un permiso excepcional mediante Memorándum 0334/2021 -no indica fecha- (fs. 42 a 43). II.3. Por Informe Legal CDPP/DAJ/EST/INF-313/2022 de 3 de octubre, por el cual señala que el Memorándum 0820/2022 de 19 de septiembre, dio cumplimiento a la Resolución 076/2022 anteriormente planteada (fs. 30 y vta.). II.4. Mediante certificación de 20 de octubre de 2022, suscrita por el Director Departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) acreditó que el Franz Jorge Flores Yujra -ahora accionante-tendría programada su vacación para marzo de igual año; sin embargo, no gozó de la misma ni se le concedieron permisos (fs. 3). II.5. Constan memoriales de solicitud de vacación anual presentados el 4, 25 de noviembre, 7 y 12 de diciembre todos de 2022, dirigidos al Director de la Cárcel Modelo Villa Busch del departamento de Pando, por los cuales el accionante reclamó por las vacaciones no concedidas (fs. 6 a 9 vta.). II.6. Consta el Memorándum 1076/2022 de 13 de diciembre emitido por Rolando Jonatán Vila Choque, Director de la Cárcel Modelo de Villa Busch por la que se le concede vacación anual de cinco días hábiles (fs. 12). II.7. Cursa memorial de 16 de diciembre de 2022, presentado por el impetrante de tutela solicitando vacaciones de veinticuatro días hábiles, en respuesta al Memorándum 1076/2022 que le habría concedido únicamente por cinco días hábiles (fs. 10 a 11 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia lesionado sus derechos a la vacación y de petición; alegando que, a pesar de las solicitudes al Comandante Departamental de la Policía Boliviana y al Director de la Cárcel Modelo de Villa Busch, ambos del departamento de Pando, se le otorgó únicamente cinco días hábiles de vacación anual, mediante Memorándum 1076/2022 de 13 de diciembre, el cual fue rechazado por su persona; porque el mismo estaría restringiéndole su derecho a gozar sus vacaciones por veinticuatro días. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Legitimación pasiva en la acción de amparo constitucional.

Jurisprudencia reiterada. El art. 129.I de la CPE, prevé: “La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados”. Por su parte, el art. 52.1 del Código Procesal Constitucional (CPCo), establece que esta acción de defensa, podrá ser interpuesta por: “Toda persona natural o jurídica cuyos derechos estén siendo restringidos, suprimidos o amenazados, de serlo, directamente u otra en su nombre con poder suficiente”; correspondiendo identificar como requisito de contenido en el art. 33.2 del Código Procesal anotado, el: “Nombre y domicilio contra quien se dirige la acción, o los datos básicos para identificarla o identificarlo, así como, en el caso de que se conozca, el lugar dónde pueda ser notificada o notificado”. Al respecto la SC 0918/2005-R de 10 de agosto, estableció el entendimiento: “…de lo que en la doctrina se denomina legitimación pasiva, que ha sido conceptuada como: ‘(…) la calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción (…)’ (SC 1349/2001-R, de 20 de diciembre) (…). Dicho requisito no es una mera formalidad, pues la determinación de la legitimación pasiva del recurrido, adquiere trascendental importancia al momento de calificar la acción u omisión denunciada y de imponer las responsabilidades emergentes del recurso de amparo constitucional, pues no se puede analizar actos atribuidos a una persona, sin que los haya cometido, o sin que aquella que los hubiera realizado tenga la oportunidad de defenderse en el recurso, (…) al instituir el derecho a la defensa en un debido proceso; de tal manera, que sólo será posible determinar la existencia o no de un acto lesivo, cuando el funcionario o persona señalada por el recurrente efectivamente sea la causante del acto u omisión denunciada; más, cuando la persona recurrida no es la misma que aquella que presumiblemente es responsable de los actos u omisiones denunciadas, no será posible ingresar al análisis del fondo de las denuncias, debiendo declararse la improcedencia del recurso por falta de legitimación pasiva” (énfasis añadido).

III.2. La vigencia plena de los derechos fundamentales en el Estado

Constitucional de Derecho Al respecto, la SC 0258/2011-R de 16 de marzo, refirió que: “El modelo de Estado asumido en Bolivia, se constituye en un verdadero Estado constitucional de Derecho, establecido sobre valores universales y el principio fundamental de legalidad, sin desechar los principios generales de soberanía popular en el ejercicio del poder público y reforzando el principio de respeto y vigencia de los Derechos Humanos; pues se establece un amplio catálogo de derechos fundamentales, garantías constitucionales, principios y valores; además, se señalan como fines y funciones del Estado, entre otras, el garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución (art. 9.4 de la CPE), se señalan como deberes de los bolivianos y bolivianas el conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, conocer, respetar y promover los derechos reconocidos en la Constitución, y la práctica de los valores y principios que proclama la Constitución (art. 108 numerales 1, 2 y 3), así como también consagra de manera expresa el principio de legalidad y supremacía constitucional en el art. 410.I de la CPE…”. Por su parte, la SCP 1714/2012 de 1 de octubre, sostuvo que: “...el Estado Constitucional de Derecho, sustenta su estructura en el respeto a derechos fundamentales con el encargo de materializarlos a través de sus instituciones y estructuras organizativas para lograr una convivencia pacífica, debido a ello, la vigencia plena de derechos fundamentales, no solamente se la realiza a través del reconocimiento de un catálogo amplio de éstos, sino también mediante la incorporación de mecanismos eficaces: garantías normativas, jurisdiccionales e institucionales para una real protección” (las negrillas son agregadas). Asimismo, la SCP 1462/2013 de 21 de agosto, fue concluyente al establecer que: “La reforma constitucional aprobada mediante referendo constitucional de 25 de enero de 2009, conlleva la vigencia de un modelo de Estado Constitucional de Derecho, así esta característica se plasma en la cláusula estructural que rige la ingeniería propia del Estado Plurinacional de Bolivia contemplada en el art. 1 CPE. En el marco de lo señalado, una de las características esenciales del Estado Constitucional de Derecho, es la vigencia plena de los derechos fundamentales; por tanto, el constituyente encomienda al contralor de constitucionalidad el mandato expreso de velar por el respeto y la vigencia de los derechos y garantías constitucionales, así lo dispone el art. 196 de la CPE. Por lo señalado, se establece que las bases y postulados del Estado Constitucional de Derecho, constituyen el elemento legitimizador y directriz del ejercicio del control de constitucionalidad, por esta razón, el último y máximo contralor de constitucionalidad como es el Tribunal Constitucional Plurinacional, no puede consentir actos que impliquen lesiones a derechos fundamentales, por ser estos contrarios al pilar estructural del Estado Plurinacional de Bolivia” (el resaltado nos corresponde).

III.3. Sobre el derecho a las vacaciones en el ámbito de la Policía

Boliviana En cuanto a este tópico, la SCP 0495/2014 de 25 de febrero, sostuvo que: “No obstante que éste derecho no se encuentra taxativamente en el catálogo de derechos enumerados en la Carta Magna, debe tenerse en cuenta que de manera implícita se constituye en un derecho del trabajador, contemplado en otras leyes, por ello goza de protección” (énfasis añadido). En ese marco, el extinto Tribunal Constitucional en la SC 1869/2004-R de 6 de septiembre, con referencia a este derecho laboral, señaló lo siguiente: “…las vacaciones constituyen un derecho del que gozan todos los trabajadores, por cuanto, el descanso es una condición mínima que ofrece la posibilidad de que el empleado renueve la fuerza y la dedicación para el mejor desarrollo de sus actividades; consiguientemente, las vacaciones no constituyen un sobre sueldo, sino un derecho a un descanso remunerado. Por ello, la compensación de las vacaciones está prohibida por ley, salvo algunas excepciones previstas por ley o que sin estar se presentan en la actividad laboral; tal el caso por ejemplo, cuando un trabajador se desvincula del servicio o de su fuente de trabajo, por causas ajenas a su voluntad, sin haber gozado de su derecho a la vacación remunerada” (las negrillas nos pertenecen). Por su parte, la SC 0275/2010 de 7 de junio, señaló que: “En cuanto a los derechos sociales, el art. 48.I de la CPE, señala que las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio; el parágrafo III del mismo artículo prescribe que los derechos y beneficios reconocidos a favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos. El empleador está en la obligación de programar y conceder la vacación La vacación o descanso remunerado, como derecho social inherente a cada trabajador, es un derecho cuyo ejercicio no puede ser soslayado o burlado, por lo que su falta de goce una vez adquirido, puede lesionar derechos sociales que el empleador, sea el Estado o un particular están reatados a cumplir…” (el énfasis nos corresponde). El art. 3.IV del Estatuto del Funcionario Público (EFP), modificado por el art. 1 de la Ley 2104 de 21 de junio de 2000 estableció que: “Los Servidores Públicos dependientes de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, servicio de Salud Pública y seguridad Social, estarán solamente sujetos al Capítulo III del Título II y al Título V del presente Estatuto”; es decir, a las disposiciones de ética y de rendición de cuentas. El art. 78 de la LOPN, establece que: “El personal de la Policía Nacional tendrá derecho a licencias y vacaciones conforme a ley y reglamento correspondiente”. A su vez, el art. 58 del Reglamento de Personal de la nombrada institución policial, dispone que: “El beneficio de la vacación anual se computará del siguiente modo: a) Por servicios de 1 a 5 años; diez y ocho días hábiles b) Por servicios de 6 a 10 años; veinticuatro días hábiles. c) Por servicios de 11 años adelante, treinta días hábiles.” En cuanto al rol de vacaciones, el art. 59 del citado Reglamento de Personal, señalando lo siguiente: “Tanto en el Comando General como en los Organismos desconcentrados, se planificará, al principio de cada gestión administrativa el rol de vacaciones que regirá en el curso del año”. Conforme a la normativa precedentemente glosada, se tiene que el derecho a la vacación anual, está reconocida a favor de los funcionarios de la Policía Boliviana, determinando una escala propia en función a la antigüedad y que la misma debe ser planificada y programada al inicio de cada gestión administrativa, al estar excluida de las normas del Estatuto del Funcionario Público, tampoco le sería aplicable el Reglamento de Impugnación al Régimen Laboral de las Servidoras y Servidores Públicos aprobado por la Resolución Ministerial (RM) 014/10 de 18 de enero de 2010. Las vacaciones son consideradas como un derecho del que gozan todos los trabajadores y los funcionarios; toda vez que, constituye un descanso que posibilita la renovación de la energía y fuerza laboral para un mejor desarrollo de las actividades habituales en la fuente de trabajo, su ejercicio debe ser periódico cada gestión anual y obligatorio, de tal forma que el empleador o la autoridad a cargo del personal beneficiario del descanso anual, no puede soslayar o denegar la utilización de ese beneficio laboral, más si el art. 48 III de la CPE, dispone que los derechos y beneficios reconocidos a favor de las trabajadoras y de los trabajadores, son irrenunciables y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos.

III.4. Análisis del caso concreto

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se llegó a evidenciar que el accionante requirió por varios memoriales (Conclusión II.5) al Director de la Cárcel Modelo de Villa Busch, el uso de sus vacaciones las cuales estaban pendientes, la citada autoridad mediante Memorándum 1076/2022 de 13 de diciembre (Conclusión II.6) le otorgó únicamente cinco días hábiles de vacación anual (computables a partir de la indicada fecha hasta el 19 de diciembre del mismo año), a pesar de que gozaba de más de veinticuatro días. En ese estado, el impetrante de tutela pidió al citado Director, que se le extienda vacación anual (Conclusión II.7), alegando que su padre estaba delicado de salud y además que tendría derecho a gozar toda la vacación que le corresponde. Con carácter previo, conforme a lo anterior el accionante denunció en su memorial de esta acción tutelar a varias autoridades; sin embargo, de la precisión del acto lesivo Memorándum 1076/2022, se puede establecer que Julio Renán Monroy Chuquimia, Comandante; Jorge Espino Cruz, Jefe del Departamento I de Personal; Nemesio Mamani Poma, Jefe de movimiento de del Departamento I de Personal; Ángel Rolando Quispe Cerda, Jefe del Departamento de Asesoría Jurídica; y Ervin Sossa Torrez, Asesor Jurídico todos del Comando Departamental de Pando de la Policía Boliviana; no emitieron el referido Memorándum por el cual se le hubiera restringido al accionante su derecho a gozar las vacaciones. Puesto que conforme, a lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, debe existir la plena coincidencia entre la autoridad que presuntamente causó lesión a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción de defensa, lo que en el presente caso no ocurre con relación a estas autoridades. En contraposición, a lo anterior Rolando Jhonatan Vila Choque, Director del Establecimiento Penitenciario Modelo de Villa Busch, autoridad que firmo el memorándum en el cual se le reconoce menor tiempo de vacaciones, puesto que conforme al art. 58 del Reglamento del Personal de la mencionada institución y a la certificación de 20 de octubre de 2022 tendría veinticuatro días de vacación. Conforme se tiene plasmado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la vacación o descanso remunerado, es un derecho del que gozan todos los trabajadores, cuyo ejercicio no puede ser soslayado; por lo que, su falta de goce una vez adquirido, puede lesionar derechos sociales que el empleador, sea el Estado o un particular, están reatados a cumplir; el mismo que, junto a los demás derechos sociales, se hallan amparados por el art. 48.I y III de la CPE, por ello de cumplimiento obligatorio y no pueden renunciarse, siendo nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos. En el caso en análisis, se evidencia que el impetrante de tutela en reiteradas oportunidades, solicitó al Director de la Cárcel Modelo de Villa Busch, de manera oportuna desde el 4 de noviembre de 2022, el uso de sus vacaciones; toda vez que, conforme a la certificación de 22 de octubre de igual año, no pudo gozar los mismos (Conclusión II.4) porque cuando estaba programado no pudo hacerse efectivo. Sin embargo, de la última petición no hay constancia de una respuesta, advirtiéndose de tal omisión, la lesión del derecho de petición reclamado en la presente acción de defensa. Respecto a la gestión de la que se estaría reclamando, el Informe 025/2022 de 22 de septiembre suscrito por Iván Parisaca Fernández, Jefe de la División de Archivo y Kardex del Departamento I de Personal evidenció en forma cronológica todas las gestiones y los Memorándums que acreditarían su concesión, excepto la gestión “2022” -que se refiere obviamente a la gestión ya vencida 2021 - 2022- y que no podría ser confundida con la gestión 2021, que registra el permiso excepcional mediante Memorándum 0334/2021 -no indica fecha-, el cual fue revisada en la acción de amparo constitucional signado con el expediente número 43505-2021-88-AAC y resuelto a través de la SCP 1560/2022-S2 de 6 de diciembre. En tal sentido, la jurisprudencia y normativa aplicable glosada en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, determina que la vacación del ahora impetrante de tutela se encontraría resguardada por el art. 48.I y III de la CPE, al establecer que los derechos sociales y laborales del trabajador, así como los beneficios reconocidos a estos son irrenunciables, y por lo tanto de cumplimiento obligatorio, debiendo en tal virtud proceder a su concesión y/o programación. Más aún si se tiene en cuenta, que el art. 78 de la LOPN, determina expresamente que, el personal de dicha institución tendrá derecho a licencias y vacaciones conforme a ley y reglamento correspondiente; así, los arts. 58 y 59 del Reglamento del Personal de dicha institución, hacen referencia al cómputo de este beneficio, además de la planificación al principio de cada gestión administrativa del rol de vacaciones en el curso del año, tanto en el Comando General como en los Organismos Desconcentrados. Por lo expuesto, se advierte que la vacación no se la otorgó en el momento programado, conforme se evidenció en el certificado de 20 de octubre de 2022. Conforme a la normativa de la Policía Boliviana y el mandato de la Norma Suprema sobre el beneficio de la vacación que tienen los trabajadores y/o funcionarios públicos, la autoridad demandada incurrió en vulneración de este derecho social al no otorgarle la vacación por los veinticuatro días que le correspondían. Además, la justificación de que no podrían otorgarle en una misma gestión dos periodos de vacación no tendría una limitación legal, aún más cuando una de estos periodos de vacaciones devenía del cumplimiento de otra acción tutelar, como en el presente caso. Por lo precedentemente señalado, se evidenció la vulneración del derecho a la vacación por parte del Director de la cárcel Modelo de Villa Busch, puesto que en forma contraria a su propia normativa procedió a conceder la vacación en forma parcial, y no completa como le fue requerido viable en consecuencia la tutela que brinda esta acción de defensa, debiendo disponer que se le conceda la vacación completa independiente de que si en la gestión ya hubiera gozado de la misma. En tal sentido, en el marco de los procedimientos de la entidad deberá definir cuando se le otorgaría la referida vacación. Además, no se acreditó ninguna lesión o amenaza de proceso disciplinario que amerite considerar algún tipo de medida cautelar, además que tampoco se justificó el daño irreparable, por lo que se considera acertado lo definido en su momento por la Sala Constitucional. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 014/2023 de 16 de febrero, cursante de fs. 112 a 114 vta., pronunciada por la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada en cuanto a los derechos a la vacación y de petición denunciados, disponiendo que se programe la vacación no reconocida al accionante, conforme a los procedimientos de la entidad, y se otorgue la misma independiente de que hubiera gozado otras vacaciones por otros periodos al dispuesto por el presente fallo constitucional; y, 2° DENEGAR la tutela en cuanto a las demás autoridades por falta de legitimación pasiva. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0779_2023-S2.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): dbd11d6a5056bcdf1b931d14cd3ff2cdecf8e534193301e4fdd316f2b39d00a5

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →