Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 18 de julio de 2025
Deniega la tutela
El accionante denunció la vulneración de su derecho a la propiedad privada, al trabajo; a una vejez digna con calidad y calidez humana; a la consulta previa como miembro de una Colonia Indígena Originaria Campesina; y, a la información, seguridad jurídica y certeza; toda vez que, es propietario de la parcela 19 de la Colonia Corpus Cristy del Municipio de Caranavi del departamento de La Paz, con una superficie de 2.7114 ha, mediante Título Ejecutorial PPD-NAL-158880, Resolución Suprema 04330 de 14 de octubre de 2013 y Certificado Catastral CC-T-LPZ05369/2022 de 21 de octubre; no obstante, reconoció que aun estaba pendiente el saneamiento una superficie adicional de 1.1686 ha, correspondiente a la parcela “19-A”, que su persona ocupó durante más de veinte años, desarrollando actividades agrícolas en dicha área. Sin embargo, el 27 de diciembre de 2022, personal del Gobierno Autónomo Municipal de Caranavi ingresó sin notificación previa, destruyendo con maquinaria pesada, cultivos y viviendas rústicas hechos que fueron que fueron presenciados por su hermano; posteriormente, el 11 de enero de 2023, en ausencia del solicitante de tutela ingresaron nuevamente a su predio, aplanando el terreno y destruyendo toda evidencia de vivienda y pertenencias; dichas acciones se ejecutaron sin respaldo legal ni garantías procesales, constituyéndose en una vía de hecho vulnerando sus derechos fundamentales invocados ut supra. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 07/2023 de 18 de mayo, cursante de fs. 131 a 134 vta., pronunciada por el Juzgado Publico de la Niñez y Adolescencia e Instrucción penal Primero de Caranavi del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por el citado Juzgado.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0776/2025-S3 Sucre, 18 de julio de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 55916-2023-112-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 07/2023 de 18 de mayo, cursante de fs. 131 a 134 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Luis Quispe Callimia contra Eustaquio Huiza Tapia, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Caranavi.
Por memorial presentado el 10 de mayo de 2023, cursante de fs. 30 a 41 vta., el accionante expresó que:
Su persona, mediante proceso de saneamiento, adquirió el Título Ejecutorial del predio denominado Colonia Corpus Cristy, parcela 19, con una superficie de 2,7114 ha (Dos hectáreas con siete mil ciento catorce metros cuadrados), ubicado en el municipio de Caranavi del departamento de La Paz, derecho propietario que se encontraba debidamente consolidado, conforme se demuestra con el Título Ejecutorial PPD-NAL-158880, expediente 1-21506 y Resolución Suprema 04330 de 14 de octubre de 2013, acompañando para el efecto el Certificado Catastral CC-T-LPZ05369/2022 de 21 de octubre; no obstante, de la consolidación del derecho propietario, quedaba pendiente de saneamiento una superficie adicional de 1.1686 hectáreas, correspondiente a la parte restante de la parcela, -identificada para fines didácticos como parcela “19-A”- de la Colonia Corpus Cristy, superficie que el ahora accionante ocupó de manera pacífica durante más de veinte años.
Asimismo, desde junio de 2021, inició el trabajo agrícola en dicho predio, efectuando actividades de chaqueo en agosto, siembra de maíz en septiembre, y plantación de plátano, yuca, coco y maracuyá en octubre, alcanzando, para noviembre de 2022, un 50% de la capacidad de producción; consiguientemente, el 27 de diciembre del mismo año, a horas 11:30, su hermano Carpio Quispe Callimia se encontraba en la parcela “19-A” y presenció el ingreso de personal del Gobierno Autónomo Municipal de Caranavi con maquinaria pesada, quienes habrían destruido las plantaciones agrícolas descritas, demolido una vivienda construida con caña hueca y techo de calamina, además de aplastar víveres, alimentos y aproximadamente 4 500 ladrillos, sin que existiera notificación o aviso previo, procediendo al desalojo forzoso del terreno y permitiendo el ingreso de personas particulares al lugar; por lo que, denunció el hecho ante el Ministerio Público y la Policía. Posteriormente, el 11 de enero de 2023, mientras realizaba trámites en la Fiscalía y en la Policía relacionados con el proceso anteriormente mencionado, personal del mismo Gobierno Autónomo Municipal habría ingresado nuevamente a su parcela, procediendo a aplanar el terreno con maquinaria pesada, enterrando y destruyendo todo vestigio de su vivienda y pertenencias; razón por la cual, tales actos asumidos de forma arbitraria por el Gobierno Autónomo Municipal de Caranavi, se constituyen en una vía de hecho, al ejecutarse sin respaldo normativo ni garantías del debido proceso. Por lo que la acción tutelar resulta procedente como mecanismo idóneo y urgente de tutela frente a la vulneración de sus derechos fundamentales en los siguientes términos: a) Derecho a la propiedad privada, al haberse producido una privación arbitraria y sin indemnización del uso de su parcela y bienes; contrariando el Informe Técnico CITE: GAMC/CSMTOP/DATC/REP/1273-2022 de 12 de diciembre, emitido por el Gobierno Autónomo Municipal de Caranavi, que reconoció que la parcela “19-A” se halla fuera del radio urbano; b) Derecho al trabajo, por la destrucción de su fuente de sustento representada en cultivos agrícolas desarrollados desde 2021; c) Derecho a una vejez digna con calidad y calidez humana, al ser persona adulta mayor despojada de su vivienda y medios económicos; d) Derecho a la consulta previa, al no haberse realizado consulta alguna con la Colonia Indígena Originaria Campesina Corpus Cristy, a la que pertenece, antes de la intervención sobre el predio; y, e) Derecho a la información, seguridad jurídica y certeza, dado que no recibió explicación, resolución, informe ni identificación de los funcionarios que alegaron cumplir de la autoridad edil demandada.
Denunció la lesión de su derecho a la propiedad privada, al trabajo; a una vejez digna con calidad y calidez humana; a la consulta previa como miembro de una Colonia Indígena Originaria Campesina; y, a la información, seguridad jurídica y certeza, citando al efecto los arts. “24”, 30.II.15, 46.I, 56.I y II, 67.I y 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 21.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 6.1 inc. a) y 2; y, 7 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales.
El impetrante de tutela solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia se disponga: 1) El cese inmediato de las vías de hecho ejecutadas por el Gobierno Autónomo Municipal de Caranavi sobre la parcela 19-A que es de su propiedad; y, 2) Se establezca la compensación económica de Bs. 100.000.- (cien mil bolivianos) por la destrucción de plantaciones y el derrumbe de obras civiles.
Celebrada la audiencia pública el 18 de mayo de 2023, según consta en acta cursante de fs. 123 a 130 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El peticionante de tutela, a través de su abogado, ratificaron en su integridad los argumentos expuestos en su memorial de acción de amparo constitucional y ampliándolos, señaló que: 1) La entidad edil demandada incurrió en un error al clasificar la zona como área de equipamiento, pese a que se trata de un sector rural colindante entre las comunidades Bautista Saavedra y Corpus Cristy, vulnerando la ley de uso de suelos que restringe dicha categoría a áreas urbanas o periurbanas; 2) No se brindó al accionante ninguna alternativa de reubicación dentro de la comunidad Corpus Cristy, para continuar con su actividad productiva, limitando su derecho a una vejez digna y al desarrollo integral sin discriminación ni violencia; 3) Se lesionó el derecho a la consulta previa, dado que no se efectuó ningún proceso de consulta, ni con la comunidad Bautista Saavedra ni Corpus Cristy, contraviniendo los procedimientos exigidos para el uso del territorio indígena originario campesino; 4) El accionar de la entidad municipal también afectó el derecho a la información, al acceso a la justicia y a la seguridad jurídica, en razón de que no existió notificación previa, que advirtiera al impetrante de tutela sobre el ingreso y destrucción de su predio; y, 5) Que el Gobierno Autónomo Municipal de Caranavi no consideró el Acta de Conformidad de Colindancias de 10 de septiembre de 2002, suscrita entre las comunidades Corpus Cristy y Bautista Saavedra, en la que se reconoce que el área intervenida pertenece a la Colonia Corpus Cristy.
Eustaquio Huiza Tapia, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Caranavi, a través de su representante, en audiencia señaló que: a) La existencia de la parcela 19-A no fue acreditada con documentos fehacientes por parte del accionante, ya que toda la documentación cursante en el proceso hace referencia únicamente a la parcela 19, situación que genera duda razonable respecto a la identificación precisa del predio reclamado; b) El área, donde se habrían producido los hechos denunciados, corresponde a una zona de equipamiento municipal consolidada mediante ley municipal, informes técnicos y jurídicos, y cartografía respaldada por el INRA, sin que se haya invadido territorio perteneciente a la Comunidad Corpus Cristy; c) Dicha zona es producto de un aluvión, ocasionado por el desvío del río, lo cual generó una nueva configuración territorial, que favorece a la Comunidad Bautista Saavedra, y en la que actualmente se emplaza un proyecto de planta de café inaugurado por el Presidente del Estado; d) El 23 de diciembre -no citó la gestión-, el accionante presentó denuncia ante el despacho del Alcalde, señalando como responsables de los daños y amenazas a terceros -Juan Pedro Quispe-, supuesto cabecilla de un grupo avasallador; asimismo, en la referida denuncia el solicitante de tutela se identificó como poseedor del lote 19-A y no como propietario; e) La Resolución Suprema 04330 de 14 de octubre de 2010, el impetrante de tutela fue beneficiario del proceso de saneamiento únicamente respecto a la parcela 19, mientras que el derecho propietario ancestral correspondería a José Sánchez Aduviri; f) El Gobierno Autónomo Municipal de Caranavi actuó en resguardo del área de equipamiento, la cual estaba siendo objeto de avasallamiento por parte de terceros, y no incurrió en actos que vulneren derechos fundamentales; g) No corresponde invocar el derecho a la consulta previa en el presente caso, por cuanto no se ha establecido con claridad la materia ni la comunidad objeto de consulta, además de que dicha consulta debería, en su caso, referirse a la Comunidad Bautista Saavedra, conforme a los límites definidos por el curso del río; y, h) por lo anteriormente manifestado, se solicitó el rechazo de la acción de amparo constitucional, por falta de legitimación del accionante sobre la parcela reclamada, inexistencia de vulneración atribuible a la entidad edil. Ivan Choque Alcon, Director de Catastro del Gobierno Autónomo Municipal de Caranavi, intervino en audiencia -sin ser accionante, demandado o tercer interesado- manifestando que: 1) El accionante no acreditó derecho propietario pese a múltiples requerimientos verbales y escritos, limitándose a presentar documentación insuficiente; 2) El área de equipamiento municipal, registrada en Derechos Reales (DDRR), se encuentra debidamente delimitada; mientras que el predio señalado por el impetrante de tutela carece de título ejecutoriado y sus antecedentes agrarios fueron anulados mediante Resolución Suprema; 3) El Informe presentado por el solicitante de tutela no certifica nada solo señala que su terreno se encuentra dentro de una franja de seguridad sujeta a servidumbre pública, conforme a la Ley 2482; 4) El peticionante de tutela ocupa el predio como poseedor y la Resolución Suprema solo reconoce posesión sobre una superficie determinada, sin derecho propietario; y, 5) El terreno se halla en zona de riesgo por el paso del río; por lo que, en reuniones previas se le advirtió que no podía realizar actividades productivas por tratarse de una franja hídrica restringida.
El Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción penal Primero de Caranavi del departamento de La Paz, constituida en jueza de garantías, llevó a cabo audiencia de Inspección Técnica Ocular, el 18 de mayo de 2023, en la colonia Corpus Christy, conforme acta cursante de fs. 127 a 130 vta., refiriendo las partes lo siguiente: a) El accionante señaló que el 27 de diciembre, maquinaria municipal arrasó casetas, una vivienda precaria, calaminas, herramientas y utensilios de cocina; asimismo, precisó que el lote objeto del reclamo se ubica desde el borde del río hasta un grupo de árboles, indicando confusión en los límites por una antigua acta de conformidad con la comunidad Corpus Christi y reconoció no contar con título saneado del lote 19-A, aunque afirma su intención de iniciar trámite ante el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA); b) El Secretario General de la comunidad Bautista Saavedra manifiesto que los derechos propietarios se encuentran definidos desde el saneamiento concluido en 2012 y sostiene que el predio reclamado pertenece a su comunidad; c) La parte accionante exhibe una nota de 14 de octubre de 2022, dirigida a la Alcaldía Municipal, denunciando atropellos en el lote 19-A y comunicando su ocupación, aspecto que, a su juicio, debió ser suficiente para que la entidad edil le notificara formalmente; d) El Concejal de la Dirección de planificación, catastro y obras públicas, informo que el terreno se encuentra en una franja de 50 metros desde el río, declarada zona de riesgo por Ordenanza Municipal de 2019; e) Renato Mamani, Secretario General de la comunidad Corpus Christi, indicó que el predio es zona de riesgo y área verde, por lo cual la comunidad decidió no habitar ni ejercer posesión y solicitó que el cauce del río sea restituido a su curso original; y, f) Finalmente, el concejal municipal aclara que la Alcaldía sostuvo reuniones con las comunidades Corpus Christi y Bautista Saavedra, en las que se acordó la renuncia voluntaria al uso del área afectada por riesgo hídrico; por lo que, niega la existencia de conflicto actual sobre dicha franja.
El Juzgado Publico de la Niñez y Adolescencia e Instrucción penal Primero de Caranavi del departamento de La Paz, constituida en jueza de garantías, mediante Resolución 07/2023 de 18 de mayo, cursante de fs. 131 a 134 vta., denegó la tutela, con relación al derecho a la propiedad privada, al trabajo, protección que brinda el Estado a personas adultas mayores, a la consulta previa, a la información y acceso a la justicia en su vertiente seguridad jurídica; tal determinación se dio bajo los siguientes fundamentos: a) Conforme a jurisprudencia consolidada por este Tribunal, el recurso de acción de amparo constitucional protege derechos fundamentales consolidados, y no procede para dirimir derechos controvertidos o sujetos a prueba, cuya resolución corresponde a la vía ordinaria, conforme lo establece indica la jurisprudencia constitucional; b) Respecto al derecho propietario, si bien el Gobierno Autónomo Municipal de Caranavi, ha presentado elementos de titularidad sobre el lote 19-A, no es menos cierto que el accionante cuestiona tal derecho; por lo que si sostiene que tiene su derecho propietario sobre tales predios tendrá que reclamar el mismo por la vía ordinaria, lo que confirma la existencia de controversia y por ello se descarta la procedencia de la acción de defensa; c) En relación al derecho al trabajo, no se evidenció destrucción comprobada de plantaciones por parte del ente edil, las placas fotográficas presentadas no permiten identificar con claridad afectación a cultivos, limitándose a mostrar materiales de construcción, sin que exista prueba directa sobre la intervención de maquinaria municipal ni destrucción de sembradíos; d) Sobre el agravio vinculado a la condición de persona adulta mayor, no demostró que durante la intervención municipal se hubiesen transgredido derechos fundamentales, ni que él accionante estuviese presente en el predio al momento del operativo, situación que impide establecer afectación directa; e) Respecto a la supuesta falta de consulta previa, por parte de la alcaldía, se acreditó en audiencia de inspección ocular que los representantes de las comunidades Bautista Saavedra y Corpus Christi manifestaron haber renunciado a dichos predios por su cercanía al río, al ser una zona peligrosa, reconociéndose el área como de titularidad municipal; y, f) Del análisis integral de los hechos y pruebas del expediente, concluye que el peticionante tutela no acreditó la consolidación de los derechos fundamentales invocados ni la existencia de actos u omisiones ilegítimas actuales atribuibles a las autoridades demandadas que configuren amenaza, restricción o supresión efectiva, elementos indispensables para la procedencia de la acción de amparo constitucional.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta Cédula de Identidad 2337380 perteneciente a Luis Quispe Callimia -accionante- con fecha de nacimiento de 18 de octubre de 1958 (fs. 1); y, Certificado Médico de 17 de enero de 2023, emitido por Edwin Pacheco Barrios con Matricula profesional P-788, dando un diagnóstico de diabetes mellitus tipo II descompensado, neuropatía diabética, anemia y fiebre tifoidea (fs. 2). II.2. Cursa Título Ejecutorial PPD-NAL-158880, donde acredita que el impetrante de tutela obtuvo la propiedad denominada Colonia Corpus Cristy con una superficie de 27114 ha (fs. 5 y vta.); y, Folio Real con Número de Matrícula 2.20.1.01.0002167 -traspaso masivo INRA-, acreditando la propiedad del accionante (fs. 7 a 8). II.3. Mediante nota presentada por el solicitante de tutela el 23 de noviembre de 2022, dirigida a Huiza Tapia -demandado-, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Caranavi, solicitó certificación y/o informe sobre su propiedad adjuntado un plano georeferencial (fs. 22 a 24). II.4. Por Informe Técnico CITE: GAMC/SMTOP/DATC/REPM/1273-2022 de 12 de diciembre, pronunciada por el Gobierno Autónomo Municipal de Caranavi, en respuesta a la citada nota, señaló que: según las coordenadas del gráfico la propiedad del impetrante de tutela se encuentran fuera del área urbana; las distancias de aires de ríos conforme al art. 31 inc. d) de la Ley Nacional 482 de los Gobiernos Autónomos Municipales, son de 25 m² a cada lado del borde de su máxima crecida, riachuelos, torrenteras y quebradas con sus lechos, aires y taludes hasta su coronamiento (fs. 25 a 26). II.5. Cursa Título de Propiedad correspondiente al Gobierno Autónomo Municipal de Caranavi, inscrito en Derechos Reales el 27 de septiembre de 2022, bajo la matrícula 2.20.1.01.003442, con una superficie de 158 912,60 m². También se presentó la Ley Autonómica Municipal 15/2021, promulgada en octubre de 2021, que regularizó el derecho propietario del área de equipamiento.
El accionante denunció la vulneración de su derecho a la propiedad privada, al trabajo; a una vejez digna con calidad y calidez humana; a la consulta previa como miembro de una Colonia Indígena Originaria Campesina; y, a la información, seguridad jurídica y certeza; toda vez que, es propietario de la parcela 19 de la Colonia Corpus Cristy del Municipio de Caranavi del departamento de La Paz, con una superficie de 2.7114 ha, mediante Título Ejecutorial PPD-NAL-158880, Resolución Suprema 04330 de 14 de octubre de 2013 y Certificado Catastral CC-T-LPZ05369/2022 de 21 de octubre; no obstante, reconoció que aun estaba pendiente el saneamiento una superficie adicional de 1.1686 ha, correspondiente a la parcela “19-A”, que su persona ocupó durante más de veinte años, desarrollando actividades agrícolas en dicha área. Sin embargo, el 27 de diciembre de 2022, personal del Gobierno Autónomo Municipal de Caranavi ingresó sin notificación previa, destruyendo con maquinaria pesada, cultivos y viviendas rústicas hechos que fueron que fueron presenciados por su hermano; posteriormente, el 11 de enero de 2023, en ausencia del solicitante de tutela ingresaron nuevamente a su predio, aplanando el terreno y destruyendo toda evidencia de vivienda y pertenencias; dichas acciones se ejecutaron sin respaldo legal ni garantías procesales, constituyéndose en una vía de hecho vulnerando sus derechos fundamentales invocados ut supra. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La acción de amparo constitucional, consagrada en el art. 128 de la CPE, como una acción de defensa contra actos u omisiones ilegales o indebido de los servidores públicos y personas particulares, individuales o colectivas, que restrinjan supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Norma Suprema y la ley; en este mismo sentido el art. 51 del Código Procesal Constitucional (CPCo), prevé que esta acción tutelar “…tiene el objeto de garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica, reconocidos por la Constitución Política del Estado y la Ley, contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de las y los servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir”. En esa comprensión el Tribunal Constitucional Plurinacional en su jurisprudencia constitucional expresó que la acción de amparo “Se constituye entonces en una de las acciones de defensa más amplia en cuanto al alcance de su ámbito de tutela y protección de derechos, rigiendo para su interposición, los principios de inmediatez y subsidiariedad, conforme lo establece el art. 129 de la Ley Fundamental; denotándose de la naturaleza de esta acción su objeto de protección y resguardo de derechos en el marco de los valores y principios ético-morales establecidos en la Constitución Política del Estado, contribuyendo desde la justicia constitucional a efectivizar y materializar esos valores y principios para una vida armoniosa, con equidad, igualdad de oportunidades y dignidad, entre otros valores, en los que se sustenta el Estado Plurinacional y que son parte de la sociedad plural”. Entonces, la acción de amparo constitucional es una acción de defensa que: “…establece un procedimiento de protección cuyo objeto es el restablecimiento inmediato y efectivo de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados, a través de un procedimiento judicial sencillo, rápido y expedito, frente a situaciones de lesión provenientes de la acción u omisión de servidores públicos o particulares; siempre que el ordenamiento jurídico ordinario no prevea un medio idóneo y expedito para reparar la lesión producida”; empero, conforme a su naturaleza jurídica precedentemente citada, su activación procede sobre la base de los principios constitucionales de inmediatez y subsidiariedad, salvo supuestos excepcionales plenamente justificados. No obstante, la jurisprudencia constitucional determinó que las medidas de hecho constituyen uno de los supuestos que se sustraen al principio de subsidiariedad de manera excepcional bajo la denominación de flexibilización al principio de subsidiariedad, porque no solo afecta derechos fundamentales y garantías constitucionales, sino compromete la concepción de la naturaleza misma del Estado Plurinacional Comunitario con Autonomías, lo que justifica la consideración de la excepción a la subsidiariedad que disciplina la acción de amparo constitucional y que posibilita a la jurisdicción constitucional ingresar al análisis de fondo de la cuestión planteada para una eventual tutela si corresponde.
Sin ingresar a especificidades, corresponde señalar que la SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, dentro de la sistematización de las subreglas procesales de activación de la acción de amparo constitucional vinculadas a medidas de hecho, con relación a la carga probatoria, citando a la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre, estableció que el peticionante de tutela debe cumplir la siguiente regla general: “…i) Acreditar de manera objetiva la existencia de actos o medidas, asumidas sin causa jurídica, es decir en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos; y, ii) Estar circunscrita a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción ordinaria…”.
La SCP 0890/2013 de 20 de junio, recogiendo entendimientos respecto a los hechos controvertidos en la acción de amparo constitucional, tanto del anterior Tribunal Constitucional como del actual Tribunal Constitucional Plurinacional, estableció que la naturaleza jurídica de la citada acción de defensa, tutela derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado y la ley, que hubieran sido afectados y lesionados por actos u omisiones ilegales o indebidas de autoridades o personas particulares y no puede ingresar a dilucidar hechos que sean controvertidos ni reconocer derechos; los que deben ser dirimidos por la jurisdicción ordinaria; al respecto, en el Fundamento Jurídico III.5, establece que:
…el anterior Tribunal Constitucional ha desarrollado lo siguiente: a) La SC 1370/2002-R de 11 de noviembre, expresó: “…que el ámbito del Amparo Constitucional como garantía de derechos fundamentales, no alcanza a definir derechos ni analizar hechos controvertidos, pues esto corresponderá -de acuerdo al caso- a la jurisdicción judicial ordinaria o administrativa, cuyos jueces, tribunales o autoridades de acuerdo a la materia, son las facultadas para conocer conforme a sus atribuciones específicas las cuestiones de hecho. En este sentido, la función específica de este Tribunal, en cuanto a derechos fundamentales, sólo se circunscribe a verificar ante la denuncia del agraviado, si se ha incurrido en el acto ilegal u omisión indebida y si ésta constituye amenaza, restricción o supresión a derechos fundamentales”; b) La SC 278/2006-R de 27 de marzo, señaló: “…el recurso de amparo constitucional es un mecanismo instrumental para la protección del goce efectivo de los derechos fundamentales por parte de las personas, por tanto protege dichos derechos cuando se encuentran consolidados a favor del actor del amparo, no siendo la vía adecuada para dirimir supuestos derechos que se encuentren controvertidos o que no se encuentren consolidados, porque dependen para su consolidación de la dilucidación de cuestiones de hecho o de la resolución de una controversia sobre los hechos; porque de analizar dichas cuestiones importaría el reconocimiento de derechos por vía del recurso de amparo, lo que no corresponde a su ámbito de protección, sino sólo la protección de los mismos cuando están consolidados; por ello, la doctrina emergente de la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, también ha expresado que el recurso de amparo no puede ingresar a valorar y analizar hechos controvertidos”; c) La SC 0680/2006-R de 17 de julio, señaló: “…que a través del amparo no es posible dilucidar hechos controvertidos ni reconocer derechos, sino únicamente protegerlos cuando se encuentran debidamente consolidados…”; d) La SC 0675/2011-R de 16 de mayo, concluyó: “…que el recurrente, ahora accionante, al presentar la acción tutelar debe acompañar los elementos probatorios suficientes que comprueben la titularidad de los derechos que reclama como vulnerados, pues si el Tribunal no tiene certeza sobre la veracidad de los hechos expuestos por encontrarse en controversia, no puede pronunciarse sobre el fondo del asunto por no constituir una instancia de resolución de causas ordinarias, correspondiendo sólo la protección de derechos consolidados a favor del accionante”; y, e) La SC 1539/2011 de 11 de octubre, expresó: “…que quien acude a esta vía extraordinaria, debe acreditar su titularidad respecto de los derechos cuya tutela solicita, de manera que no será posible plantear la acción de amparo constitucional invocando derechos que se encuentren en disputa…”. El actual Tribunal Constitucional en su Jurisprudencia Constitucional desarrolló al punto, entre ellos señalamos las siguientes: 1) La SCP 0145/2012 de 14 de mayo, concluyó: “De donde se extrae, que la resolución de hechos controvertidos o el reconocimiento de derechos, delimita la competencia de la jurisdicción constitucional”; 2) La SCP 998/2012 de 5 de septiembre refirió: “…debe establecerse además que la finalidad de la justicia constitucional en su ámbito tutelar, es el resguardo a derechos fundamentales, por cuanto, a través de esta instancia, no pueden analizarse hechos controvertidos cuya definición está encomendada al Órgano Judicial, por tal razón, la carga probatoria atribuible a la parte peticionante de tutela para vías de hecho, debe estar circunscrita a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción ordinaria”; y, 3) Asimismo, la SCP1130/2012 de 6 de septiembre, desarrolló, en sentido de que si bien se puede activar directamente la acción de amparo constitucional, cuando existan medidas de hecho, prescindiendo del principio de subsidiariedad, pero también restringe y limita, cuando concurre hechos controvertidos, así, refiere: “…si bien debe garantizarse para los afectados con vías de hecho una tutela constitucional efectiva y un real acceso a la justicia constitucional, por la naturaleza de estos actos ilegales graves, (…) consolidar así la justicia material, debe establecerse deberes o cargas probatorias para la parte peticionante de tutela; en ese orden, para la determinación de las mismas, debe considerarse como punto de inicio que las vías de hecho se configuran por la realización de actos y medidas al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, por tanto, la carga probatoria a ser realizada por el peticionante de tutela, debe acreditar de manera objetiva la existencia de actos o medidas, asumidas sin causa jurídica, es decir en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos. En este contexto, debe establecerse además que la finalidad de la Justicia Constitucional en su ámbito tutelar, es el resguardo a derechos fundamentales, por cuanto, a través de esta instancia, no pueden analizarse hechos controvertidos cuya definición está encomendada al Órgano Judicial, por tal razón, la carga probatoria atribuible a la parte peticionante de tutela para vías de hecho, debe estar circunscrita a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción ordinaria.
Entendimiento que ha sido asumido en la SCP 0151/2018-S2 de 30 de abril.
El accionante denunció la vulneración de sus derechos a la propiedad privada, al trabajo; a una vejez digna con calidad y calidez humana; a la consulta previa como miembro de una Colonia Indígena Originaria Campesina; y, a la información, seguridad jurídica y certeza toda vez que Refiere ser propietario de la parcela 19 en la Colonia Corpus Cristy del municipio de Caranavi, con una superficie de 2,7114 ha (Dos hectáreas con siete mil ciento catorce metros cuadrados), registrada mediante Título Ejecutorial y Resolución Suprema 04330 de 14 de octubre de 2013; adicionalmente, ocupó por más de veinte años la parcela “19-A” y que aún estaría en proceso de saneamiento su derecho propietario; consiguientemente, el 27 de diciembre de 2022, personal del Gobierno Autónomo Municipal de Caranavi ingresó sin notificación previa al accionante a la parcela 19-A, destruyendo cultivos y viviendas rústicas; posteriormente, el 11 de enero de 2023, en su ausencia, volvieron a ingresar al predio, con el objetivo de eliminar toda evidencia de ocupación; ambas intervenciones carecieron de respaldo legal y garantías procesales, constituyéndose en vías de hecho que habrían vulnerado sus derechos fundamentales. Por su parte, el Gobierno Autónomo Municipal de Caranavi-demandado-, señaló que cuenta con derecho propietario sobre la parcela “19-A” ya que de acuerdo a las facultades emanadas de la Constitución Política del Estado en su art. 302 y en aplicación del art. 31 inciso d) de la Ley 482, Ley de Gobiernos Autónomos Municipales, la Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial del GAMC declaró la parcela 19-A un bien municipal de dominio público por encontrarse justamente en el cauce de un río. De los antecedentes del caso, se establece que el accionante Luis Quispe Callimia, identificado con Cédula de Identidad 2337380, nació el 18 de octubre de 1958, por lo que pertenece al grupo de personas de la tercera edad y padece diabetes mellitus tipo II, neuropatía diabética, anemia y fiebre tifoidea, conforme al Certificado Médico de 17 de enero de 2023, emitido por el profesional Edwin Pacheco Barrios (Conclusión I). Asimismo, acredita propiedad sobre la Colonia Corpus Cristy, con una superficie de 2,7114 ha (Dos hectáreas con siete mil ciento catorce metros cuadrados), registrada mediante Título Ejecutorial PPD-NAL-158880 y Folio Real con Matrícula 2.20.1.01.0002167, a su nombre (Conclusión II). El 23 de noviembre de 2022, el solicitante de tutela presentó una nota dirigida al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Caranavi, solicitando certificación sobre su propiedad (Conclusión III); misma que fue respondida mediante Informe Técnico CITE: GAMC/SMTOP/DATC/REPM/1273-2022 de 12 de diciembre, señalando que su predio se encuentra fuera del área urbana y que las franjas de protección a ríos y cuerpos de agua se rigen por lo dispuesto en el art. 31 inc. d) de la Ley 482, con una distancia de 25 metros a cada lado de los bordes de su máxima crecida (Conclusión IV). El Gobierno Autónomo Municipal de Caranavi, adjuntó documentación que acredita la titularidad de la parcela 19-A a nombre del GAMC, incluyendo el Título de Propiedad inscrito en Derechos Reales el 27 de septiembre de 2022, bajo la matrícula 2.20.1.01.003442, con una superficie de 158 9120 m², como también presentó la Ley Autónoma Municipal 15/21, promulgada en octubre de 2021, que regularizó el derecho propietario del área de equipamiento (Conclusión V).
En ese contexto, de la lectura de antecedentes y de lo señalado por las partes, se advierte que: a) Conforme a la Resolución Suprema 04330 de 14 de octubre de 2010, el impetrante de tutela fue beneficiario del proceso de saneamiento exclusivamente con la parcela 19, mientras que el derecho propietario originario del terreno correspondía a José Sánchez Aduviri; b) La existencia del lote 19-A no fue acreditada mediante documental fehaciente por el accionante, toda vez que toda la prueba presentada por el mismo, cursante en el expediente, hace referencia exclusivamente al lote 19, generando así duda razonable respecto a la identificación del predio reclamado; c) El espacio en el cual habrían ocurrido los hechos denunciados forma parte de una zona de equipamiento municipal debidamente consolidada, cuya legalidad se encuentra respaldada por una ley municipal, informes técnicos y jurídicos, así como cartografía emitida por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA); d) Finalmente se tiene que existe título de propiedad correspondiente al Gobierno Autónomo Municipal de Caranavi, inscrito en Derechos Reales el 27 de septiembre de 2022, bajo matrícula 2.20.1.01.003442, con una superficie de 158 9120 m². En mérito a lo expuesto, lógicamente se refleja la existencia de derechos confrontados o controvertidos y tomando en cuenta que el recurso de amparo constitucional constituye un mecanismo de protección destinado exclusivamente a tutelar el goce efectivo de derechos fundamentales que se encuentren consolidados; empero, no es una vía idónea para dirimir hechos controvertidos ni definir derechos cuya existencia esté en disputa, ya que tales cuestiones competen a la jurisdicción judicial ordinaria o administrativa, conforme a las atribuciones específicas de cada autoridad; en este sentido, el rol del Tribunal Constitucional Plurinacional se limita a verificar si existe un acto u omisión que represente amenaza, restricción o supresión a derechos fundamentales, sin que le corresponda valorar ni resolver controversias fácticas cuya dilucidación sea indispensable para establecer la titularidad del derecho invocado. Consiguientemente, ante la denuncia realizada por el accionante, se evidencia que el Gobierno Autónomo Municipal de Caranavi es titular del predio en disputa, por lo que es menester señalar que en observancia a los principios de contradicción e igualdad, con la suficiente carga argumentativa y probatoria para dilucidar y definir la situación jurídica, el peticionante de tutela, debió acompañar prueba suficiente y fehaciente que compruebe su titularidad de la parcela 19-A. Respecto del derecho a la propiedad privada, en el caso de autos, si bien el Gobierno Autónomo Municipal de Caranavi presentó documentación que acredita titularidad sobre el denominado lote 19-A, también se constató que el accionante, Luis Quispe Callimia, cuenta con registro en Derechos Reales únicamente respecto al lote 19, bajo la matrícula 20.1.01.00.02167, conforme a saneamiento otorgado por el INRA; pues al no haberse demostrado la existencia de un derecho propietario consolidado sobre el lote 19-A, y tratándose de una controversia de hecho, se concluye que el accionante, si considera vulnerado su derecho de propiedad, deberá acudir a la vía ordinaria correspondiente, por lo expuesto, de la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, no le corresponde a la justicia constitucional dilucidar hechos controvertidos ni reconocer derechos que no están debidamente consolidados. En cuanto al segundo agravio relacionado con el derecho al trabajo, se tiene que, el accionante alegó que, habría realizado plantaciones en el predio reclamado, las cuales habrían sido destruidas por maquinaria del Gobierno Autónomo Municipal de Caranavi, sin embargo, no existe evidencia clara del daño causado ya que no presentó fotografías ni videos que acrediten el ingreso de maquinaria con el objetivo de destruir los plantines mencionados, consiguientemente, al no haberse presentado elementos probatorios suficientes y objetivos que acrediten el daño alegado, no se pudo verificar una vulneración efectiva al derecho invocado por el accionante. En cuanto al agravio invocado por el accionante relacionado con su condición de persona adulta mayor, corresponde realizar un análisis a partir de los elementos probatorios incorporados en el expediente y de los principios constitucionales y legales que protegen a este grupo vulnerable; en ese sentido, la autoridad constitucional pudo verificar que Luis Quispe Callimia pertenece al grupo etario de personas de la tercera edad, lo cual fue acreditado mediante certificado médico emitido por el especialista en diabetología, Dr. Edwin Pacheco, en el que también se establece que el accionante presenta afecciones de salud vinculadas a su condición crónica. Conforme a la Ley 369, General de las Personas Adultas Mayores, el Estado tiene el deber de garantizar una protección reforzada a este sector de la población, reconociendo su situación de vulnerabilidad y promoviendo condiciones de vida digna, acceso a la salud, al trabajo, y a un entorno libre de discriminación o maltrato. Del mismo modo, el art. 67 de la Constitución Política del Estado establece que las personas adultas mayores tienen derecho a una vejez digna, con calidad y calidez humana. No obstante, al realizar el análisis fáctico de la intervención llevada a cabo por el Gobierno Autónomo Municipal de Caranavi, no se evidenció que el accionante hubiera estado presente en el lugar al momento de los hechos denunciados, ni que se le hubiera causado un agravio directo relacionado con su integridad física, su salud, o su trato digno; tampoco cursan en obrados elementos que demuestren la existencia de acciones u omisiones por parte de la entidad edil que hubieran configurado una vulneración específica y concreta a los derechos fundamentales del accionante en su calidad de adulto mayor. En este contexto, si bien se reconoce la condición de adulto mayor del accionante y el deber reforzado del Estado de garantizarle especial protección, no se encontraron elementos suficientes que permitan afirmar que su edad o condición médica hubiesen sido afectadas por actos materiales o decisiones atribuibles al Gobierno Autónomo Municipal. En el marco del conflicto territorial suscitado, se evidenció que los representantes de ambas comunidades manifestaron expresamente que el conflicto respecto al predio en cuestión se encontraba superado, toda vez que renunciaron de manera voluntaria a cualquier pretensión sobre dicho terreno; tal decisión se habría adoptado en consideración a los efectos provocados por la corriente del río, que alteró las condiciones físicas y los límites naturales de los predios colindantes; de igual forma, reconocieron que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) habría ejecutado con anterioridad el proceso de saneamiento y titulación de los lotes respectivos, determinando de manera clara los límites de cada predio asignado. A partir del conjunto probatorio cursante en obrados, se advierte que el predio identificado como “19 A” se encuentra actualmente registrado como propiedad legal del Gobierno Autónomo Municipal de Caranavi; sin embargo, si el ahora accionante cuestiona tal derecho propietario, tendrá que acudir ante la instancia ordinaria para dilucidar tales extremos, mismos que no pueden ser dilucidados por la jurisdicción constitucional, mediante la presentación de una acción de amparo constitucional. En consecuencia, en el marco de los hechos probados, se tiene que el accionante no logró demostrar las vías de hecho denunciadas de su parte, conforme lo establecido por el FJ III2 de la presente sentencia constitucional, ni se evidenció la existencia de una vulneración concreta a los derechos fundamentales; es así que en atención a los razonamientos expuestos precedentemente y ante la existencia de hechos controvertidos que la tutela constitucional no está destinada a definir derechos o consolidarlos, correspondiendo denegar la tutela solicitada. De lo expresado precedentemente, se tiene que el Juzgado Publico de la Niñez y Adolescencia e Instrucción penal Primero de Caranavi del departamento de La Paz, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 07/2023 de 18 de mayo, cursante de fs. 131 a 134 vta., pronunciada por el Juzgado Publico de la Niñez y Adolescencia e Instrucción penal Primero de Caranavi del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por el citado Juzgado. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0776_2025-S3.pdf · páginas 1 a 16.
Huella digital del PDF (SHA-256): 8d39b46a63b644e27bcdcbc25e850168387f7bb0e034d8d7492e06d384f01e81
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