Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 8 de julio de 2025
Concede en parte la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la seguridad jurídica, a la defensa y al debido proceso en su elemento de principio de celeridad; puesto que, al ser beneficiado con sanciones alternativas, se dispuso que se libre mandamiento de libertad; sin embargo, hasta la interposición de esta acción de defensa; el mismo no fue entregado al Centro de Rehabilitación Palmasola de Santa Cruz para su materialización. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; 2) De la legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo jurisdiccional en acciones de libertad; y, 3) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 22/22 de 15 de octubre de 2022, cursante de fs. 13 vta. a 14 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimoprimera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto a los derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de principio de celeridad en la modalidad de acción de libertad traslativa o de pronto despacho, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.
a) Disponer que el mandamiento de libertad emitido el 14 de octubre de 2022, en favor del accionante, sea remitido de manera inmediata al Centro de Rehabilitación Palmasola de Santa Cruz a efectos de su ejecución, salvo que por el transcurso del tiempo esto ya hubiese sido efectuado. 2º Exhortar a la Jueza de Sentencia Penal Decimoprimera de la Capital del departamento de Santa Cruz, que en futuras acciones tutelares puestas a su conocimiento, remita todos los actuados pertinentes ante esta instancia constitucional a efectos de la resolución de la causa en fase de revisión, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
3º DENEGAR la tutela solicitada, con referencia a los derechos a la seguridad jurídica y a la defensa, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página. La hoja 13 del PDF es imagen: su texto se leyó con reconocimiento óptico y puede tener algún error de lectura.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0776/2025-S1 Sucre, 8 de julio de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 53379-2023-107-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 22/22 de 15 de octubre de 2022, cursante de fs. 13 vta. a 14 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Selma Marlene Zambrana Flores en representación sin mandato de Herlan Sergio Hurtado Hurtado contra Caly Erika Barrancos Rojas, Jueza y Elvis Gustavo Valverde Cortez, Secretario, ambos del Juzgado de Instrucción Penal Decimosexto de la Villa Primero de Mayo de la Capital del departamento de Santa Cruz.
El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 14 de octubre de 2022, cursante de fs. 1 a 5 vta., manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 bis del Código Penal (CP), solicitó audiencia de procedimiento abreviado en siete oportunidades; sin embargo, dicho verificativo fue diferido debido a que la Jueza ahora accionada dio lugar a las peticiones de suspensión de la parte denunciante; asimismo, las actas de las anteriores audiencias no fueron transcritas; tampoco se firmaron los oficios de remisión de detenido, bajas médicas de la autoridad judicial hoy accionada; además, se señalaron las audiencias fuera del plazo para tal efecto, y se le atribuyó que su persona no encargó las notificaciones; por lo que, peregrinó desde julio de 2022 hasta el 19 de septiembre de igual año, fecha en la que recién se celebró la audiencia de procedimiento abreviado; sin embargo, se puso la excusa de que no se pudo llevar su mandamiento de libertad; ya que, no fue librado por la indicada autoridad judicial, aduciendo que no hubiesen funcionarios de apoyo jurisdiccional. No obstante, a lo mencionado solicitó acceder al beneficio de las sanciones alternativas establecidas en la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia; sin embargo, la respectiva audiencia hasta la interposición de esta acción de defensa no fue celebrada.
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la seguridad jurídica, a la defensa y al debido proceso en su elemento de principio de celeridad; citando a tal efecto los arts. 22, 23.I, 115, 116, 120 y 178 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga que se ordene a la Jueza ahora accionada que libre de manera inmediata el mandamiento de libertad, al encontrarse ilegalmente detenido.
Celebrada la audiencia virtual el 15 de octubre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 12 a 13 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogada, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: a) Se produjeron suspensiones atribuibles al Órgano Judicial; ya que, ante la presentación de los memoriales solicitando las respectivas audiencias, los mismos no tenían respuesta en el plazo oportuno o “...salía con una fecha atrasada…”(sic) cuando ya no se podía poner en conocimiento de las partes; posteriormente, se señaló un nuevo verificativo, que igualmente fue suspendido; puesto que, la víctima no se encontraba no obstante de que fue notificada y siendo que el art. 328.II del Código de Procedimiento Penal (CPP), establece que las audiencias no pueden ser suspendidas si la víctima o querellante no asiste, siempre y cuando hubiese sido notificada; b) El “día de ayer” -se entiende 14 de octubre de 2022-, a las 10:30 horas, se celebró la respectiva audiencia en la que fue beneficiado con sanciones alternativas, y la Jueza ahora accionada dispuso que se libre mandamiento de libertad; por lo que, hubo un tiempo prudente para materializar el mismo; c) La autoridad judicial hoy accionada informó que el indicado mandamiento de libertad fue librado el “día de ayer”; sin embargo, aquello es errado; ya que, por la tarde su abogada se encontraba en el Juzgado de Instrucción Penal Decimosexto de la Villa Primero de Mayo de la Capital del departamento de Santa Cruz y el referido mandamiento de libertad no se encontraba en el cuaderno de control jurisdiccional, es más a instrucción verbal del Secretario ahora coaccionado se les informó que -el mandamiento de libertad- recién podrían llevarlo “…el dia lunes porque podría haber cierta parcialidad…” (sic), siendo aquello alejado de la realidad, considerando que el mandamiento de libertad debe ser librado inmediatamente; d) El señalado Juzgado es descentralizado y se encuentra alejado; sin embargo, se proporcionó todos los medios correspondientes para que el mandamiento de libertad sea llevado al Centro de Rehabilitación Palmasola de Santa Cruz, es más se le esperó al Auxiliar del citado Juzgado en el referido Centro de Rehabilitación hasta las 17:00 horas; sin embargo, no se entregó el indicado mandamiento de libertad; y, e) Lo que se busca es proteger el derecho a la libertad; ya que, su persona al contar con una Resolución de 14 de octubre de 2022, que lo benefició con la aplicación de una sanción alternativa y se le concedió la libertad, la misma no fue materializada; ya que, continuaba privado de libertad en el indicado Centro de Rehabilitación, ocasionándose una detención indebida.
Caly Erika Barrancos Rojas, Jueza de Instrucción Penal Decimosexta de la Villa Primera de Mayo de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante informe de 15 de octubre de 2022, cursante de fs. 9 a 10, manifestó que: 1) Los antecedentes descritos en el memorial de acción de libertad adolecen de lógica jurídica al fundamentarse en actos de presuntas suspensiones de audiencia; asimismo, no tienen conexión con el petitorio, denotando incongruencia; 2) El accionante únicamente enunció citas legales sin efectuar una explicación respecto a la manera en la que hubiesen sido vulnerados sus derechos; 3) De la revisión del cuaderno de control jurisdiccional se puede evidenciar que el mandamiento de libertad ya fue librado; 4) En cuanto a la vulneración del derecho a la libertad, se hizo énfasis que el accionante se encuentra en la condición del condenado y fue beneficiario de sanciones alternativas; por lo que, su autoridad realizó todos los actos y actuados procesales en tiempo hábil y oportuno; la correspondiente audiencia fue celebrada el 14 de octubre de 2022, al igual que el mandamiento de libertad fue librado en esa fecha y no puede ser entregado a los abogados litigantes; ya que, solamente los funcionarios de apoyo jurisdiccional pueden presentarlos ante la Secretaría del Gobernador del Centro de Rehabilitación Palmasola de Santa Cruz, conforme a lo establecido por el art. 18 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) -Ley 2298 de 20 de diciembre de 2021-; y, 5) El Juzgado que se encuentra a su cargo no cuenta con vehículo oficial, ni con oficial de diligencias como tampoco con una gestora de procesos, para que puedan notificar con el indicado mandamiento de libertad al Gobernador del referido Centro de Rehabilitación, lugar donde se encuentra el accionante. Por todo lo mencionado pidió que la tutela solicitada sea denegada, al no existir derecho alguno que hubiese sido vulnerado; ya que, el mandamiento de libertad ahora extrañado ya fue emitido. Elvis Gustavo Valverde Cortez, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Decimosexto de la Villa Primero de Mayo de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante informe de 15 de octubre de 2022, cursante a fs. 11 y vta., manifestó que: i) El “día de ayer”, -14 de octubre de 2022-, se celebró la audiencia de aplicación de sanciones alternativas del accionante, en la cual la Jueza ahora accionada dispuso diferentes sanciones en su favor y ordenó que se libre el mandamiento de libertad, situación que puede evidenciarse del acta que cursa en el cuaderno de control jurisdiccional, motivo por el que no se hubiese producido vulneración al derecho a la libertad; ya que, su persona dio cumplimiento a lo ordenado por la autoridad judicial hoy accionada, tal como se puede advertir del cuaderno de control jurisdiccional donde se encuentra el mandamiento de libertad; ii) El referido Juzgado no cuenta con vehículo institucional, oficial de diligencias o una gestora de procesos para que se pueda notificar con el correspondiente mandamiento de libertad al Centro de Rehabilitación Palmasola de Santa Cruz; y, iii) Del memorial de acción de libertad no se puede apreciar cuál sería el agravio o la conducta con la que su persona hubiese ocasionado vulneración de derechos, como tampoco se observa prueba presentada por el accionante, lo que demuestra la falta de verdad y la temeridad con la que el nombrado obró. Por todo lo mencionado pidió que la tutela solicitada sea denegada.
La Jueza de Sentencia Penal Decimoprimera de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante Resolución 22/22 de 15 de octubre de 2022, cursante de fs. 13 vta. a 14 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: a) De la revisión del cuaderno de control jurisdiccional se evidenció que en la audiencia de 14 de octubre de 2022, a las 10:00 horas, el accionante fue beneficiado con sanciones alternativas y se dispuso que por secretaría se libre el mandamiento de libertad en favor del nombrado, verificativo que concluyó a las 10:30 horas; y las respectivas notificaciones fueron diligenciadas a las 10:40 horas al Ministerio Público y a las 10:42 horas al accionante; asimismo, cursa el citado mandamiento de libertad de la misma fecha, en tres ejemplares; b) Se debe considerar que la audiencia que se celebró en la indicada fecha concluyó a las 10:42 horas, conforme a la última notificación que cursa en obrados, y si bien el mandamiento de libertad debe ser librado de manera inmediata no se puede desconocer que el Juzgado de Instrucción Penal Decimosexto de la Villa Primero de Mayo de la Capital del citado departamento, se encuentra en un lugar alejado para que pueda dejar el mandamiento de libertad en la Oficina Gestora de Procesos del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento; ya que, al ser un Juzgado descentralizado no cuenta con Gestora Procesal; c) El indicado Juzgado únicamente tiene a un Auxiliar quien se encarga de la atención al público, recepción de memoriales y notificaciones, y si bien también se encuentra el Secretario ahora coaccionado, no se debe dejar pasar por alto que el accionante no es el único privado de libertad, y que el citado Secretario no puede ausentarse por dos horas para dejar el mandamiento de libertad en el Centro de Rehabilitación Palmasola de Santa Cruz y desatender sus funciones ocasionando la suspensión de audiencias, la misma situación con el auxiliar quien debe notificar a otros privados de libertad; d) No se debe olvidar que el indicado Juzgado debe atender cesaciones de la detención preventiva, sanciones alternativas o una suspensión condicional de la pena, que también conlleva una prioridad; e) Lo que pudo observar es que generalmente reciben los mandamientos de libertad hasta el mediodía a efectos de que se realicen las gestiones y pueda salir al día siguiente, en ese sentido, al ser un día viernes y ser un Juzgado desconcentrado a su criterio es razonable que tenga un plazo prudente para que efectúe la logística y organización en el mismo, evitando que el público no se quede sin atención, no se suspendan audiencias, debiendo ser ese plazo de veinticuatro horas para que puedan organizarse y remitir el mandamiento de libertad al citado Centro de Rehabilitación; f) Consideró que no se vulneró el derecho a la libertad del accionante; ya que, solicitó en cuestión de minutos la entrega del mandamiento de libertad; es decir, no se está frente a un plazo excesivamente vencido, “…estamos hablando de que se solicita por parte del accionante que en el instante se entregue y se traslade a entregar el mandamiento de libertad…” (sic) no obstante se tiene bastante carga procesal; y, g) El mandamiento de libertad se encuentra en el cuaderno de control jurisdiccional, únicamente que los Juzgados desconcentrados, lamentablemente no tienen la facilidad para entregar el mismo a la Gestora de Procesos del Tribunal Departamental de Justicia del señalado departamento y ésta unidad sea quien remita el mandamiento de libertad al referido Centro de Rehabilitación; por lo que, la situación del Juzgado de Instrucción Penal Decimosexto de la Villa Primero de Mayo de la Capital del citado departamento, es comprensible; ya que, no cuenta con los funcionarios para que se queden en dicho Juzgado a efectos de atención al público; por lo que, no pudo evidenciar que la Jueza y el Secretario ahora accionados hubiesen retardado el indicado mandamiento de libertad o vulneraron al derecho a la libertad del accionante.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. No consta documentación adjunta a la acción de libertad; por lo que, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional emitirá su pronunciamiento considerando lo alegado por el accionante en su memorial de acción de libertad (fs. 1 a 5 vta.), presentado el 14 de octubre de 2022 a las 14:12 horas, lo manifestado en la respectiva audiencia de consideración de la citada acción de libertad (fs. 12 a 13 vta.) y la Resolución 22/22 de 15 de octubre de 2022, emitida por la Jueza de garantías (fs. 13 vta. a 14 vta.).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la seguridad jurídica, a la defensa y al debido proceso en su elemento de principio de celeridad; puesto que, al ser beneficiado con sanciones alternativas, se dispuso que se libre mandamiento de libertad; sin embargo, hasta la interposición de esta acción de defensa; el mismo no fue entregado al Centro de Rehabilitación Palmasola de Santa Cruz para su materialización. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; 2) De la legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo jurisdiccional en acciones de libertad; y, 3) Análisis del caso concreto.
La SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, señala que: “La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a la libertad física como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo por constituir un derecho inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima con el propósito que este derecho, goce de protección especial cuando se pretenda lesionarlo o esté siendo amenazado de lesión. A ese efecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una lesión a producirse o correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida.
Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, el que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del que se encuentra el hábeas corpus instructivo, que se admite cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado con el derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos; debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-.
Con ese razonamiento, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, por cuanto la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad” (las negrillas son nuestras).
La SCP 0223/2018-S2 de 22 de mayo, establece que: “…a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado…” (las negrillas nos corresponden).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la seguridad jurídica, a la defensa y al debido proceso en su elemento de principio de celeridad; puesto que, al ser beneficiado con sanciones alternativas, se dispuso que se libre mandamiento de libertad; sin embargo, hasta la interposición de esta acción de defensa; el mismo no fue entregado al Centro de Rehabilitación Palmasola de Santa Cruz para su materialización. Ahora bien, establecido el problema jurídico a resolver, es preciso referir que conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho tiene la finalidad de acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos fundamentales.
Bajo ese entendimiento jurisprudencial a continuación se analizará la actuación de la Jueza y del Secretario ahora accionados.
Respecto a Caly Erika Barrancos Rojas, Jueza de Instrucción Penal Decimosexta de la Villa Primera de Mayo de la Capital del departamento de Santa Cruz De acuerdo a lo manifestado por el accionante, se tiene que en la audiencia celebrada el 14 de octubre de 2022, fue beneficiado con sanciones alternativas y se dispuso que se emita mandamiento de libertad en su favor; sin embargo, el mismo no fue remitido ante el Centro de Rehabilitación Palmasola de Santa Cruz para su ejecución; en ese sentido, la Jueza ahora accionada en el informe presentado en esta acción de defensa señaló que evidentemente el citado mandamiento de libertad no fue remitido al referido Centro de Rehabilitación debido a que son los funcionarios de apoyo jurisdiccional quienes deben presentarlo ante el Gobernador de ese Centro de Rehabilitación conforme establece el art. 18 de la LEPS; asimismo, que al ser un Juzgado descentralizado no contaba con un vehículo oficial, ni con oficial de diligencias como tampoco con una Oficina Gestora de Procesos.
Ahora bien, de acuerdo a lo fundamentado en la Resolución 22/22, la Jueza de garantías, señaló que la audiencia de aplicación de sanciones alternativas celebrada el 14 de octubre de 2022, y en la que se dispuso que se libre mandamiento de libertad en favor del accionante, concluyó a las 10:30 horas; las notificaciones fueron diligenciadas a las 10:40 horas al Ministerio Público y a las 10:42 horas al accionante; asimismo, indicó que el señalado mandamiento de libertad de la indicada fecha cursaba en el expediente; no obstante, conforme a lo manifestado por el accionante en esta acción de defensa, el referido mandamiento de libertad no fue elaborado hasta en horas de la tarde, es más considerando que el Juzgado de Instrucción Penal Decimosexto de la Villa Primero de Mayo de la Capital del departamento de Santa Cruz se encuentra alejado, se proporcionó los medios correspondientes para que el Auxiliar del mismo remita el citado mandamiento de libertad al Centro de Rehabilitación Palmasola de Santa Cruz; empero, hasta las 17:00 horas de la misma fecha, no se concretó dicha remisión.
En ese sentido, se tiene que si bien, la función de remitir el mandamiento de libertad ante el Centro de Rehabilitación Palmasola de Santa Cruz, es del personal de apoyo jurisdiccional, no obstante, la dirección y control del manejo de despacho y de los funcionarios de apoyo jurisdiccional recae sobre la autoridad judicial conforme a lo previsto en la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional; asimismo, se debe recordar que toda autoridad, tiene el deber de atender con prioridad las solicitudes en las que este de por medio el derecho a la libertad, en ese sentido la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, señaló que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables…”; en consecuencia, la Jueza ahora accionada en la situación concreta en análisis, asumió una conducta pasiva frente a la dilación producida en cuanto a la remisión del mandamiento de libertad ante el indicado Centro de Rehabilitación, más aun considerando que dicho mandamiento de libertad debe ser tramitado en el día en concreción del derecho a la libertad; por lo que, al omitir actuar bajo los principios constitucionales de celeridad, eficacia y eficiencia previstos en el art. 180.I de la CPE, corresponde conceder la tutela solicitada respecto al derecho a la libertad y al debido proceso en su elemento de principio de celeridad en la modalidad de acción de libertad traslativa o de pronto despacho. Elvis Gustavo Valverde Cortez, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Decimosexto de la Villa Primero de Mayo de la Capital del departamento de Santa Cruz
Con carácter previo, resulta necesario precisar que los funcionarios de apoyo jurisdiccional adquieren legitimación pasiva cuando: “a) incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; b) la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado” (SCP 0043/2018-S1); asimismo, respecto a la acción de libertad, dicha legitimación se activa en el caso de que la vulneración de derechos emerja del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones encomendadas a dichos servidores de apoyo jurisdiccional, con la aclaración que el acto ilegal no necesariamente tiene que ser jurisdiccional, si no que incluye también las omisiones de diligencias administrativas. En el marco de ese entendimiento jurisprudencial, de lo manifestado por el accionante en la audiencia de consideración de esta acción de defensa, se tiene que se les indicó que a instrucción verbal del Secretario ahora coaccionado, el mandamiento de libertad recién podría ser llevado el día lunes; por su parte el nombrado en el informe presentado en la acción tutelar en análisis manifestó que cumplió con sus funciones al momento de la emisión del mandamiento de libertad; sin embargo, olvidó que de conformidad con el art. 94.12 de la Ley del Órgano Judicial, tiene la obligación de supervisar y controlar las labores de las y los servidores de apoyo judicial; en consecuencia, asumió una actitud pasiva ante la dilación en la remisión del citado mandamiento de libertad del accionante al Centro de Rehabilitación Palmasola de Santa Cruz, más aun considerando que se encontraba de por medio el derecho a la libertad del nombrado, y que al ser día viernes y en caso de no ejecutarse el indicado mandamiento de libertad el accionante tendría que pasar el fin de semana privado de manera indebida; en ese sentido, se tiene que la SCP 0193/2014-S3 de 25 de noviembre señala que: “…Exhortar a Régimen Penitenciario y a los Tribunales Departamentales de Justicia, para que en coordinación adopten los procedimientos o mecanismos necesarios para la ejecución de los mandamientos de libertad emitidos los días viernes, en observancia al principio de celeridad, ya que de acuerdo a la Ley de Ejecución Penal y Supervisión y la jurisprudencia constitucional, todo el trámite que implica el cumplimiento al mandamiento de libertad, debe ser realizado en el día, para no lesionar los derechos constitucionales como la libertad” (las negrillas son nuestras).
Por todo lo mencionado, el Secretario ahora coaccionado, al incumplir y desconocer sus funciones y no efectuar el control y seguimiento respectivo al Auxiliar del Juzgado de Instrucción Penal Decimosexto de la Villa Primero de Mayo de la Capital del departamento de Santa Cruz, ante la evidente dilación de la remisión del mandamiento de libertad emitido en favor del accionante, ocasionó la vulneración del derecho a la libertad del nombrado, situación que conlleva a que su legitimación pasiva sea activada; ya que, no existió justificativo alguno para no observarse el principio de celeridad en la tramitación de la libertad del accionante, desatendiendo ese derecho fundamental, considerando que el mismo debe ser atendido en el día y que hasta la interposición de esta acción de defensa no fue remitido ante el Centro de Rehabilitación Palmasola de Santa Cruz, efectivamente se vulneró el derecho denunciado; por lo que, corresponde también conceder la tutela solicitada.
Finalmente, respecto a la denuncia de vulneración a los derechos a la seguridad jurídica y a la defensa del accionante, no se advierte que se hubiese efectuado ninguna argumentación; ya que, el nombrado se limitó a señalarlos; por lo que, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional no puede analizar tal extremo, correspondiendo denegar la tutela solicitada en cuanto a los mencionados derechos.
Otras consideraciones
Finalmente, corresponde referirnos a la actuación de la Jueza de garantías, que a efectos de la resolución del caso concreto consideró actuados que no fueron remitidos ante este Tribunal Constitucional Plurinacional para su revisión, como ser el acta de audiencia de aplicación de sanciones alternativas de 14 de octubre de 2022, las respectivas notificaciones y el mandamiento de libertad; ya que, al ser estos documentos en los cuales fundó su razonamiento en la Resolución 22/22, correspondía que los mismos sean remitidos en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 38 del Código Procesal Constitucional (CPCo); por lo que, se exhorta a la Jueza de garantías, que para futuras acciones tutelares puestas a su conocimiento, remita todos los actuados pertinentes ante esta instancia constitucional a efectos de la resolución de la causa en fase de revisión. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 22/22 de 15 de octubre de 2022, cursante de fs. 13 vta. a 14 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimoprimera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto a los derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de principio de celeridad en la modalidad de acción de libertad traslativa o de pronto despacho, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.
a) Disponer que el mandamiento de libertad emitido el 14 de octubre de 2022, en favor del accionante, sea remitido de manera inmediata al Centro de Rehabilitación Palmasola de Santa Cruz a efectos de su ejecución, salvo que por el transcurso del tiempo esto ya hubiese sido efectuado. 2º Exhortar a la Jueza de Sentencia Penal Decimoprimera de la Capital del departamento de Santa Cruz, que en futuras acciones tutelares puestas a su conocimiento, remita todos los actuados pertinentes ante esta instancia constitucional a efectos de la resolución de la causa en fase de revisión, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
3º DENEGAR la tutela solicitada, con referencia a los derechos a la seguridad jurídica y a la defensa, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0776_2025-S1.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): 25dfe9137e209c6cb6a342f71b6b32656550d7c9fddcfb3888b6ae7fcaed812e
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →