B.IA.LEGAL

SCP 0776/2024-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 6 de septiembre de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
6 de septiembre de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Dr. Petronilo Flores Condori
Expediente
52206-2022-105-AAC
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante a través de su representante legal denuncia la vulneración su derecho a la propiedad; puesto que, el Alcalde hoy accionado mediante Resoluciones Administrativas de Adjudicación -240/14, 250/14, 232/14, 253/14 todos de 11 de noviembre de 2014; 202/14 y 199/14 ambos de 28 de octubre del citado año; y, 013/15 de 29 de enero de 2015-, procedió a adjudicar terrenos de su propiedad en favor de terceras personas, ante lo cual interpuso los recursos de revocatoria, los mismos que no fueron resueltos dentro del plazo legal, ante lo cual; y, en mérito al silencio administrativo negativo, planteó recursos jerárquicos, mismos que tampoco fueron resueltos, por cuya razón, pidió que se aplique el silencio administrativo positivo y que consiguientemente se anule las citadas Resoluciones Administrativas de Adjudicación impugnadas; sin embargo, fuera de todo plazo legal, el Alcalde ahora accionado, mediante Decretos Ediles -378/2021, 373/2021, 374/2021, 375/2021, 376/2021, 382/2021 y 377/2021- todas de 21 de octubre, rechazó sus recursos de revocatoria; y, como consecuencia de las ilegalidades, la Directora Jurídica hoy coaccionada, obrando sin competencia, mediante Informes Legales DIR JUR. -080/2022, 082/2022, 081/2022, 077/2022, 076/2022, 078/2022 y 079/2022- de 2 de marzo, resolvió los recursos jerárquicos, siendo que no tiene competencia para ese efecto. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 119 de 20 de octubre de 2022, cursante de fs. 493 vta., a 495 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Respecto al principio de inmediatez en la acción de amparo constitucional
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0776/2024-S3 Sucre, 6 de septiembre de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 52206-2022-105-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 119 de 20 de octubre de 2022, cursante de fs. 493 vta., a 495 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Johnny Edwin Saavedra Ramírez en representación legal de Elena Beatriz Ramírez Torrez Vda. de Antaki contra Raúl Gonzalo Alvis Claudio, Alcalde; y, Mariela Justiniano Padilla, Directora Jurídica, ambos del Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La accionante a través de su representante legal, por memoriales presentados el 15 y 29 de septiembre de 2022, cursantes de fs. 153 a 162 y 209 a 211, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Es propietaria de un terreno con una superficie de 1.194 ha, con 7340 m, registrado en la Oficina de Derechos Reales (DD.RR.), bajo la matrícula computarizada 7.01.2.01.0007095, Asiento A-2 de 14 de mayo de 2018, ubicado en Cotoca, provincia Andrés Ibáñez del departamento de Santa Cruz. Resulta que el Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca del departamento de Santa Cruz, adjudicó 7 ha, dentro del perímetro del terreno, a siete personas particulares, como si se tratase de terrenos municipales, a través de las siguientes Resoluciones Administrativas de Adjudicación: a) 240/14 de 11 de noviembre de 2014, sobre un lote de terreno de 9.999,67 m, en favor de Mónica Patricia Arana Becerra; b) 250/14 de igual fecha, de un lote de terreno de 9.999,60 m, en favor de Abdón Gilberto Zurita Vargas; c) 232/14 de la misma fecha, sobre un lote de terreno de 9.999,62 m, otorgado en favor de Mauricio Arturo Zurita Pacheco; d) 202/14 de 28 de octubre de 2014, de un lote de terreno de 9.999,53 m en favor de Kristiane Roca Vaca; e) 253/14 de 11 de noviembre de ese año, sobre el lote de terreno de 9.999,62 m, en favor de José Luis Roca Carrillo; f) 013/15 de 29 de enero de 2015, de un lote de terreno de 9.999,47 m2, en favor de Karla Andrea Roca Vaca; y, g ) “232/14” de 11 de noviembre de 2014, sobre el lote de terreno de 9.999,67 m, en favor de Sergio Andrés Zurita Pacheco. Al percatarse que todas esas Resoluciones Administrativas de Adjudicación vulneraban su derecho consagrado por el art. 56 de la Constitución Política del Estado (CPE) y que dichas adjudicaciones fueron aprobadas con base a la Constitución Política del Estado abrogada, así como la Ley de Municipalidades -Ley 2028 de 28 de octubre de 1999-actualmente abrogada por la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales (LGAM) -Ley 482 de 9 de enero de 2014-, formuló recursos de revocatoria contra las Resoluciones Administrativas de Adjudicación -240/14, 250/14, 232/14, 202/14, 013/15, 253/14 y 199/14-. Al no recibir respuesta a sus recursos de revocatoria dentro del plazo de veinte días que prevé el art. 65 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA); el 1 de junio de 2021, planteó recursos jerárquicos contra las citadas siete resoluciones administrativas, mismos que tampoco fueron respondidos; por lo que, el 12 de octubre de ese año, interpuso silencio administrativo positivo. Mereciendo respuesta fuera del plazo legal previsto por el art. 65 de la LPA, emitiéndose siete Decretos Ediles, 373/2021, 374/2021, 375/2021, 376/2021, 377/2021, 378/2021 y 382/2021 todos de 21 de octubre, emitidos por el Alcalde ahora accionado. Como consecuencia de las ilegalidades en las que incurrió el Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca del departamento de Santa Cruz, la Directora Jurídica hoy coaccionada mediante siete Informes Legales DIR JUR. 076/2022, 077/2022, 078/2022, 079/2022, 080/2022, 081/2022 y 082/2022, todos de 2 de marzo, dirigidos a su persona, “Vía el Alcalde Municipal”, resolvió sus recursos jerárquicos, dando por concluida la vía administrativa, vulnerando y usurpando funciones; puesto que, de acuerdo al art. 66.IV de la LPA, la autoridad competente para resolver los recursos jerárquicos, es la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), calidad que no tiene la nombrada Directora con los citados Informes Legales, con los cuales fue notificada el 15 de igual mes de 2022, a las 15:30 horas en el tablero de la Secretaría General de la citada entidad municipal. Además, debe considerarse que es un área que no corresponde a la mancha urbana; ya que, la Ley “Municipal Autonómica N° 011/2017”, que fue remitida para su homologación al Viceministerio de Autonomías, dependiente del Ministerio de la Presidencia, no fue homologada, según se refiere en la carta de 23 de julio de 2019; es así que, la Resolución Administrativa (RA) AD 01/2018 de 19 de febrero, resolvió la extinción del proceso de homologación.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

La accionante a través de su representante legal denuncia la vulneración de su derecho a la propiedad; citando al efecto los arts. 56 de la CPE; 2 y 17.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 2 y 21.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se declaren nulas las Resoluciones Administrativas de Adjudicación 240/14, 250/14, 232/14 todas de 11 de noviembre; 202/14 de 28 de octubre; “202/2014 de 28 de octubre”; “0132/2015” de 29 de enero y 199/14 de 28 de octubre.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 20 de octubre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 491 a 493, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de las autoridades accionadas

Raúl Gonzalo Alvis Claudio, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca del departamento de Santa Cruz; a través de su representante legal, mediante informe presentado el 11 de octubre de 2022, cursante de fs. 397 a 400, manifestó que: 1) En primer término cuestiona la competencia de la Sala Constitucional; ya que, si los “ciudadanos” se consideran agraviados por las resoluciones o leyes citadas por cualquiera de los niveles de gobierno, pueden activar la acción abstracta o concreta de inconstitucionalidad, no siendo la acción de amparo constitucional la vía idónea para dejar sin efecto una resolución no judicial; puesto que, por disposición del art. “2” de la Ley de Creación de las Salas Constitucionales -Ley 1104 de 27 de septiembre de 2018-, los Vocales Constitucionales no tienen competencia para ello; si lo hicieran estuvieran cometiendo los delitos de prevaricato y de resoluciones contrarias a la Constitución y la ley; 2) Es oportuno recordar que cualquier resolución administrativa municipal, goza de presunción de constitucionalidad, tanto en la forma como en el fondo, por mandato de los arts. 4 del Código Procesal Constitucional (CPCo) y 5 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP); por lo que, mientras el Tribunal Constitucional Plurinacional no declare su inconstitucionalidad, las resoluciones administrativas municipales se presumen constitucionales; 3) El derecho propietario que alega la accionante no fue vulnerado; puesto que, dicho derecho se encuentra vigente entre tanto no sea anulado por autoridad competente, determinación que no pudo asumir el Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca del referido departamento, ni “ningún municipio de Bolivia”, ya que implicaría aceptar un título de derecho propietario sobre otros derechos propietarios; dicha decisión debe ser dejada a la justicia ordinaria, de lo contrario, con seguridad “irán a la cacería” de todo asentamiento humano que existe dentro de la superficie de su título que cuenta con 1.194 ha, con 7.340 m, incluyendo a dos comunidades originarias existentes en la zona; es decir, que ese título de propiedad se encuentra en sobreposición a una gran “masa (…) cotoqueña”, lo cual generaría una caos y violencia; por lo que, piden que se declaren incompetentes, tal como lo hicieron en la acción de cumplimiento, debiendo actuarse en ese caso con la misma interpretación; 4) El Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca del departamento de Santa Cruz; en la fecha en la que se dictaron las “resoluciones recurridas año 2014”, no tenía conocimiento del mencionado título de derecho propietario, que como lo reconoce la accionante, data de 1953; 5) De acuerdo a la certificación adjuntada, la homologación de la Ley Municipal 11/2017 que declara la delimitación de la mancha urbana del municipio de Cotoca del citado departamento, se encuentra en trámite, ya que tiene plena vigencia; 6) Las siete Resoluciones Administrativas de Adjudicación fueron ingresadas el 2013 cuando aún se encontraba vigente la Ley de Municipalidades en mérito a la “Resolución Municipal 047/2022”, que aprueba el Reglamento de Adjudicaciones Municipales, que se encontraba vigente según la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley de Gobierno Autónomos Municipales -se entiende de la Ley 482-, conforme lo interpretó la SCP “0067/2015” que declaró la constitucionalidad de la Disposición Transitoria de la Ley 044 de 8 de octubre de 2010; por lo que, se puede aplicar la misma interpretación a la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 482; 7) Resulta falso que no dio respuesta a los siete recursos de revocatoria; ya que, el accionante, actuando con mala fe, presentaba un memorial y se ausentaba maliciosamente para no notificarse; como se acredita por la prueba que se adjunta al informe, se le exigió algunos requisitos de presentación para acreditar su interés legítimo y derecho subjetivo; empero, los mismos no fueron cumplidos; además, en “fecha” -no señala- se declaró una ampliación de plazo para la presentación de dichos requisitos formales para un recurso de revocatoria, siendo notificada dicha ampliación al accionante en fecha -no señala- en el tablero municipal; aun así, fuera de norma, interpuso silencio administrativo, pretendiendo una respuesta afirmativa y que el “Alcalde” considere la nulidad de las siete adjudicaciones definitivas -240/14, 250/14, 232/14, 202/14, 013/15, 253/14 y 199/14-, correspondiendo a los jueces competentes dilucidar la nulidad, anulabilidad o un mejor derecho propietario, según corresponda; la accionante pretendió utilizar el silencio administrativo como una respuesta positiva, contrariando el art. 17.V de la LPA; 8) Si en la errónea lógica de la accionante las siete resoluciones administrativas de adjudicación eran impugnables, vía recurso de revocatoria, el mismo debió ser interpuesto dentro de los diez días siguientes de conocida la norma impugnada; considerándose que la primera resolución fue emitida el 11 de noviembre de 2014, debió ser impugnada hasta el 21 del mismo mes y año, lo que no sucedió con ninguna de las siete resoluciones administrativas; puesto que, dicho recurso recién fue interpuesto el 9 de septiembre de 2020, cuando ya pasaron “2190” días desde que se hizo pública la primera actuación y de haberse dictado dichas resoluciones administrativas de adjudicación, adecuando su actuación a la causal de improcedencia prevista por el art. 53.3 del CPCo; 9) Respecto a los siete recursos de revocatoria, se le dio respuesta a los mismos, mediante Decretos Ediles 377/2021, 382/2021, 376/2021, 375/2021, 374/2021, 373/2021 y 378/2021, todos del 21 de octubre, lo que implica que su petición fue atendida, con respuesta negativa a su petición; empero, de forma fundamentada y motivada; 10) En cuanto a la tutela del derecho propietario, que alegan tener desde 1953, surge el cuestionamiento de por qué no hicieron el registro en la entidad municipal, o por qué no aparece en los registros del Instituto Nacional de Reforma Agraria; ya que, nunca presentó certificación, plano o certificado catastral de la entidad que supuestamente le dio el título ejecutorial; apareciendo ahora, pretendiendo registrarlo por encima de la comunidad “Itapaqui” y parte de la comunidad de “Cosorio”, ambas de la jurisdicción de Cotoca del departamento de Santa Cruz, generando conflicto y provocando procesos de avasallamiento por terceros que pretenden registrar sus transferencias derivadas del título indicado; por lo que, señala que la justicia no debería prestarse para apañar esos actos delincuenciales; y, 11) Solicita que se declare incompetentes para conocer la problemática planteada, al ser de competencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, vía acción de inconstitucionalidad; o en su caso, se declare la improcedencia de la acción de amparo constitucional, por hacer caso omiso a las resoluciones que les exigía la presentación de requisitos formales para acreditar su interés legítimo y derecho subjetivo, como ser certificados de catastro, planos de uso de suelos, pagos de impuestos, y por hacer caso omiso a la ampliación de plazos, lo que se adecua a la causal de improcedencia prevista por el art. 53.3 del CPCo, se deniegue la tutela a la propiedad privada por existir una controversia de derecho propietario que corresponde a la justicia ordinaria dilucidar y determinar quién tiene mejor derecho propietario. Mariela Justiniano Padilla, Directora Jurídica del Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca del departamento de Santa Cruz; mediante informe presentado el 11 de octubre de 2022, cursante de fs. 397 a 400, reiteró de manera íntegra el contenido del Informe del Alcalde ahora accionado; asimismo, en audiencia manifestó que en la fecha en la cual se efectuaron las adjudicaciones no era Directora Jurídica; ya que, asumió dicho cargo en “abril de 2019”; y, que el Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca del departamento de Santa Cruz -se entiende que de acuerdo- al “art. 302 numeral 10” tiene el registro catastral de los predios; que se hacen los registros catastrales en mérito a la “Resolución Municipal 047/2002”; y la Ley 482, que en su disposición transitoria, dispone que se sigan tramitando los procesos que iniciaron con anterioridad, y que no se atribuyó ninguna competencia; ya que, los siete Informes Legales DIR JUR. -080/2022, 082/2022, 081/2022, 077/2022, 076/2022, 078/2022 y 079/2022- a los que se alega fueron emitidos en respuesta a los siete Decretos Ediles -377/2021, 382/2021, 376/2021, 375/2021, 374/2021, 373/2021 y 378/2021-, emitidos por el “honorable alcalde”, en el cual se hacía conocer que su trámite fue rechazado debido a que fue presentado extemporáneamente y no así como lo estaría haciendo ver el abogado de la accionante.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Abdón Gilberto Zurita Vargas y Sergio Andrés Zurita Pacheco, a través de su abogado en audiencia, manifestaron que: i) La accionante no presenta un título que hubiese sido emitido por el INRA o alguna entidad del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra; ii) Se interpuso la acción de amparo constitucional sobre hechos “controversiales”, pretendiendo que el Tribunal Constitucional Plurinacional dirima sobre el derecho propietario, que no fue dirimido por la jurisdicción agroambiental o civil ni en materia administrativa; iii) La accionante debió acudir previamente a la vía penal; iv) Tampoco se cumplió con el principio de subsidiariedad; ya que, previamente debió activarse la vía agroambiental, civil o penal; asimismo, hace constar que existe en trámite un proceso penal iniciado por su poderdante contra Rosmery Choque Callejas, Alfredo Echeverría Guardia, Elena Beatriz Ramírez Torres y Johnny Edwin Saavedra Ramírez, por la supuesta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, manipulación informática y uso indebido de influencias; por lo que, no se encontrarían agotadas las instancias o recursos para la protección del derecho de propiedad; puesto que, la acción de amparo constitucional seria improcedente; v) Pide que se declaren nulas las resoluciones administrativas; empero, se cuestiona dónde estuvo la accionante desde el 2014 -año en el que fueron emitidas dicha resoluciones- hasta el 2022 para no ejercer su derecho; apareciendo y registrando recién en “mayo de 2018” un derecho por una supuesta sucesión hereditaria; vi) Es incongruente la fundamentación respecto a la petición efectuada en la acción de amparo constitucional; y, vii) No se presentó ninguna prueba sobre su derecho propietario; por lo que, pide que se deniegue la tutela solicitada. José Luis Roca Carrillo, Karla Andrea Roca Vaca, Kristiane Roca Vaca, Mónica Patricia Arana Becerra y Mauricio Arturo Zurita Pacheco no asistieron a la audiencia de consideración de la presente acción de amparo constitucional, pese a sus notificaciones cursantes a fs. 481, 482, 483, 484 y 487.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 119 de 20 de octubre de 2022, cursante de fs. 493 vta., a 495 vta., denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: a) Que la accionante siendo notificada el 15 de marzo de 2022, con el Informe Legal 077/2022, que en su criterio resuelve el recurso jerárquico, y que la presente acción de amparo constitucional fue presentada el 15 de septiembre de ese año, se advierte que la acción tutelar fue presentada exactamente el día que vencía el plazo de los seis meses, lo que implicaría que se cumplió el principio de inmediatez; b) La parte hoy accionada señaló que adjudicó los predios con base a lo establecido por el art. 302.10 de la CPE; asimismo, en audiencia se señaló que al predio de 1.154 ha que se encuentra en la comunidad de “Itapaqui” o “Cosorio”, no ingresó todavía el INRA a efectuar el saneamiento a objeto de establecer si existe o no sobreposición de derecho propietario, o si dicho predio cumple la función social o función económica social; por su parte, la accionante alegaría que tiene consolidado su derecho propietario desde 1952, como efecto de las resoluciones administrativas, emitidas en ese tiempo por el Consejo Nacional de Reforma Agraria; y que como tal, ese derecho lo tiene registrado en la Oficina de DD.RR., porque se encuentra dentro del registro público que establece la norma; ante esa situación se tiene que existirían hechos controvertidos y derechos que se encuentran en contraposición; situación que este “tribunal de garantías” no puede ingresar a resolver; ya que, esos hechos controvertidos deben ser resueltos por la jurisdicción ordinaria; y, c) Asimismo, en esa audiencia se informó que existe un proceso penal que se encuentra en etapa de investigación, en el cual se encuentra como denunciada la accionante y su representante legal -Johnny Edwin Saavedra Ramírez-, donde también se está investigando el presunto hecho delictivo de manipulación informática “y otros”, que otorgarán mayores insumos a las autoridades competentes para resolver esa problemática; ante esa situación “ese tribunal” no puede ingresar a resolver; puesto que, existen otros medios y vías por las cuales la parte accionante puede hacer prevalecer su derecho a la propiedad y la nulidad de las resoluciones, aspectos que no son de competencia de la Sala Constitucional.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Constan memoriales presentados el 9 de septiembre de 2020, dirigidos al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca del departamento de Santa Cruz; por el que, Johnny Edwin Saavedra Ramírez en representación legal de Elena Beatriz Ramírez Torrez Vda. de Antaki -ahora accionante-, interpuso recursos de revocatoria contra las Resoluciones Administrativas de Adjudicación: 1) 240/14 de 11 de noviembre de 2014 (fs. 19 a 20); 2) 199/14 de 28 de octubre de 2014 (fs. 21 a 22); 3) 202/14 de igual fecha ( fs. 23 a 24); 4) 232/14 de 11 de noviembre de 2014 (fs. 25 a 26); 5) 253/14 de similar fecha (fs. 27 a 28); y, 6) La Resolución Administrativa “N° 006/2020” (fs. 29 a 30). II.2. Cursan memoriales presentados el 1 de junio de 2021, dirigidos al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca del departamento de Santa Cruz; mediante los cuales, la accionante formuló recursos jerárquicos, alegando en todos ellos que los recursos de revocatoria que presentó no hubiesen sido resueltos dentro del plazo legal, dichos recursos jerárquicos son interpuestos con relación a los recursos de revocatoria que formuló contra las Resoluciones Administrativas de Adjudicación: i) 240/14 (fs. 59 a 62); ii) 199/14 (fs. 63 a 66); iii) 202/14 (fs. 67 a 70); iv) 013/15 de 29 de enero de 2015 (fs. 71 a 74); v) 232/14 (fs. 75 a 78); y, vi) 253/14 (fs. 79 a 82). II.3. Por memoriales presentados el 12 octubre de 2021, ante el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca del departamento de Santa Cruz; la accionante formuló con la suma “interpone silencio administrativo positivo, cumplimiento del art. 67 ley N° 2341” (sic) alegando que el 6 de septiembre de 2019, planteó recursos de revocatoria y que transcurrió el plazo otorgado por ley para emitir resolución -da entender que no se lo ha hecho- y que el 1 de junio de 2021, interpuso recursos jerárquicos, los cuales no fueron resueltos dentro del plazo previsto por el art. 67 de la LPA, pide se emita un decreto edil, mediante los cuales se declare expresamente la nulidad de las Resoluciones Administrativas de Adjudicación: a) 232/14 (fs. 41 a 43); b) 202/14 (fs. 44 a 46); c) 013/15 (fs. 47 a 49); d) “232/14” (fs. 50 a 52); e) “202/14” -siendo lo correcto 253/14- (fs. 53 a 55); f) 250/14 de 11 de noviembre de 2014 (fs. 56 a 58); g) 240/14 (fs. 59 a 62); y, h) 199/14 (fs. 63 a 66). II.4. Cursan los siguientes Decretos Ediles emitidos por Raúl Gonzalo Alvis Claudio, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca del departamento de Santa Cruz -ahora accionado-: 1) 378/2021 de 21 de octubre, mediante el cual rechazó el recurso de revocatoria a la Resolución Administrativa de Adjudicación 199/14 y se rechazó el silencio administrativo por estar pendiente el plazo ampliado (fs. 84 a 86); con el cual se notificó a la accionante el 13 de enero de 2022 (fs. 83); 2) 373/2021 de 21 de octubre, por el que rechazó el recurso de revocatoria a la Resolución Administrativa de Adjudicación 013/15 y se rechazó el silencio administrativo por estar pendiente el plazo ampliado (fs. 88 a 90); con el cual se notificó a la accionante el 13 de enero de 2022 (fs. 87); 3) 374/2021 de 21 de octubre, mediante el cual rechazó el recurso de revocatoria a la Resolución Administrativa de Adjudicación 253/14 y se rechazó el silencio administrativo por estar pendiente el plazo ampliado (fs. 92 a 94); con el cual se notificó a la accionante el 13 de enero de 2022 (fs. 91); 4) 375/2021 de 21 de octubre, por el que se rechazó el recurso de revocatoria a la Resolución Administrativa de Adjudicación 202/14 y se rechazó el silencio administrativo por estar pendiente el plazo ampliado (fs. 96 a 98), con el cual se notificó a la accionante el 13 de enero de 2022 (fs. 95); 5) 376/2021 de 21 de octubre, mediante el cual se rechazó el recurso de revocatoria a la Resolución Administrativa de Adjudicación 232/14 y se rechazó el silencio Administrativo por estar pendiente el plazo ampliado (fs. 100 a 102), con el cual se notificó a la accionante el 13 de enero de 2022 (fs. 99); 6) 382/2021 de 21 de octubre, mediante el cual se rechazó el recurso de revocatoria a la Resolución Administrativa de Adjudicación 250/14 y se rechazó el silencio administrativo por estar pendiente el plazo ampliado (fs. 104 a 106), con el cual se notificó a la accionante el 13 de enero de 2022 (fs. 103); y, 7) 377/2021 de 21 de octubre, por el cual se rechazó el recurso de revocatoria a la Resolución Administrativa de Adjudicación 240/14 y se rechazó el silencio administrativo por estar pendiente el plazo ampliado (fs. 108 a 110); con el cual se notificó a la accionante el 13 de enero de 2022 (fs. 107). II.5. Constan los siguientes Informes Legales emitidos por Mariela Justiniano Padilla, Directora Jurídica del Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca del departamento de Santa Cruz -hoy coaccionada-: i) DIR JUR. 080/2022 de 2 de marzo, en respuesta al memorial presentado el 14 de enero de 2022, mediante el cual se hace conocer a la accionante, que su interposición de silencio administrativo positivo, no amerita la emisión de otro decreto edil o resolución alguna; puesto que, ese ya fue resuelto por el “artículo” segundo del Decreto Edil 377/2021; toda vez que, debió seguir su curso a partir de la emisión del indicado Decreto; por consiguiente, los demás recursos de ley; por lo que, se le hace conocer a través del “presente” Informe Legal, que la vía administrativa ya finalizó según el “art. 69 inc. a).” (fs. 112 a 116); con el cual fue notificada la recurrente -accionante-, el 15 de marzo de 2022 (fs. 111); ii) DIR JUR. 082/2022 de 2 de marzo, en respuesta al memorial presentado el 14 de enero de igual año, mediante el cual, hace conocer a la accionante, que su interposición de silencio administrativo positivo, no amerita la emisión de otro decreto edil o resolución alguna; ya que, ese ya fue resuelto por el “artículo” segundo del Decreto Edil 382/2021; puesto que, debió seguir su curso a partir de la emisión del indicado Decreto; por consiguiente, los demás recursos de ley; por lo que, se le hace conocer a través del “presente” informe legal, que la vía administrativa ya finalizó según el “art. 69 inc. a).” (fs. 118 a 122), con el cual fue notificada la accionante el 15 de marzo de 2022 (fs. 117); iii) DIR JUR. 081/2022 de 2 de marzo, en respuesta al memorial presentado el 14 de enero de ese año, mediante el cual hace conocer a la accionante, que su interposición de silencio administrativo positivo, no amerita la emisión de otro decreto edil o resolución alguna, pues ese ya fue resuelto por el “artículo” segundo del Decreto Edil 376/2021; toda vez que, debió seguir su curso a partir de la emisión del indicado decreto; por consiguiente, los demás recursos de ley; por lo que, se le hace conocer a través del “presente” Informe Legal, que la vía administrativa ya finalizó según el “art. 69 inc. a).” (fs. 124 a 128), con el cual fue notificada la accionante el 15 de marzo de 2022 (fs. 123); iv) DIR JUR. 077/2022 de 2 de marzo, en respuesta al memorial presentado el 14 de enero del mismo año, mediante el cual hace conocer a la accionante, que su interposición de silencio administrativo positivo, no amerita la emisión de otro decreto edil o resolución alguna; ya que, ese ya fue resuelto por el “artículo” segundo del Decreto Edil 378/2021; puesto que, debió seguir su curso a partir de la emisión del indicado decreto; por consiguiente, los demás recursos de ley; por lo que, se le hace conocer a través del “presente” Informe Legal, que la vía administrativa ya finalizó según el “art. 69 inc. a).” (fs. 130 a 134), con el cual fue notificada el 15 de marzo de 2022 (fs. 129); v) DIR JUR. 076/2022 de 2 de ese mes, en respuesta al memorial presentado el 14 de enero de igual año, mediante el cual hace conocer a la accionante, que su interposición de silencio administrativo positivo, no amerita la emisión de otro decreto edil o resolución alguna; toda vez que, ese fue resuelto por el “artículo” segundo del Decreto Edil 375/2021; puesto que, debió seguir su curso a partir de la emisión del indicado decreto; por consiguiente, los demás recursos de ley; por lo que, se le hace conocer a través del “presente” Informe Legal , que la vía administrativa ya finalizó según el “art. 69 inc. a.” (fs. 136 a 140), con el cual fue notificada la accionante el 15 de marzo de 2022 (fs. 135); vi) DIR JUR. 078/2022 de 2 de marzo, en respuesta al memorial presentado el 14 de enero del citado año, mediante el cual hace conocer a la accionante, que su interposición de silencio administrativo positivo, no amerita la emisión de otro decreto edil o resolución alguna; ya que, ese ya fue resuelto por el “artículo” segundo del Decreto Edil 374/2021; puesto que, debió seguir su curso a partir de la emisión del indicado decreto; por consiguiente, los demás recursos de ley; por lo que, se le hace conocer a través del “presente” Informe Legal , que la vía administrativa ya finalizó según el “art. 69 inc. a).” (fs. 142 a 146), con el cual la accionante fue notificada el 15 de marzo de 2022 (fs. 141); y, vii) DIR JUR. 079/2022 de 2 de marzo, en respuesta al memorial presentado el 14 de enero de igual año, mediante el cual hace conocer al accionante, que su interposición de silencio administrativo positivo, no amerita la emisión de otro decreto edil o resolución alguna; puesto que, ese ya fue resuelto por el “artículo” segundo del Decreto Edil 373/2021, ya que, debió seguir su curso a partir de la emisión del indicado decreto; y por consiguiente, los demás recursos de ley; por lo cual, se le hace conocer a través del “presente” Informe Legal, que la vía administrativa ya finalizó según el “art. 69 inc. a).” (fs. 148 a 152), con el cual la accionante fue notificada el 15 de marzo de 2022 (fs. 147).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante a través de su representante legal denuncia la vulneración su derecho a la propiedad; puesto que, el Alcalde hoy accionado mediante Resoluciones Administrativas de Adjudicación -240/14, 250/14, 232/14, 253/14 todos de 11 de noviembre de 2014; 202/14 y 199/14 ambos de 28 de octubre del citado año; y, 013/15 de 29 de enero de 2015-, procedió a adjudicar terrenos de su propiedad en favor de terceras personas, ante lo cual interpuso los recursos de revocatoria, los mismos que no fueron resueltos dentro del plazo legal, ante lo cual; y, en mérito al silencio administrativo negativo, planteó recursos jerárquicos, mismos que tampoco fueron resueltos, por cuya razón, pidió que se aplique el silencio administrativo positivo y que consiguientemente se anule las citadas Resoluciones Administrativas de Adjudicación impugnadas; sin embargo, fuera de todo plazo legal, el Alcalde ahora accionado, mediante Decretos Ediles -378/2021, 373/2021, 374/2021, 375/2021, 376/2021, 382/2021 y 377/2021- todas de 21 de octubre, rechazó sus recursos de revocatoria; y, como consecuencia de las ilegalidades, la Directora Jurídica hoy coaccionada, obrando sin competencia, mediante Informes Legales DIR JUR. -080/2022, 082/2022, 081/2022, 077/2022, 076/2022, 078/2022 y 079/2022- de 2 de marzo, resolvió los recursos jerárquicos, siendo que no tiene competencia para ese efecto. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Respecto al principio de inmediatez en la acción de amparo constitucional

Con relación al principio de inmediatez, la SCP 0457/2021-S1 de 17 de septiembre, señala “El plazo de caducidad de seis meses para la interposición de la acción de amparo constitucional en mérito al principio de inmediatez, fue inicialmente establecido en el AC 0112/99-R de 7 de septiembre de 1999, el citado entendimiento fue asumido también por las SSCC 0252/00-R, 0091/01-R y 0217/01-R, entre otras. Posteriormente, la SC 0544/2002-R de 13 de mayo[1], aclaró con más precisión los seis meses para el plazo de caducidad; y este criterio, fue asumido de manera uniforme por las SSCC 0703/2002-R, 0720/2002-R, 0632/2003-R y 0560/2003-R, entre otras.

Asimismo, la SC 1353/2003-R de 16 de septiembre[2], indicó que el plazo de seis meses se interrumpe con la interposición de un recurso constitucional; luego, la SC 0814/2006-R de 21 de agosto[3], aclaró que el cómputo del plazo se suspende durante la interposición y tramitación del referido recurso constitucional, y luego, se reinicia a partir de la notificación con la resolución o sentencia constitucional.

Finalmente, el art. 129.II de la CPE, en relación a la inmediatez establece que: ‘La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial’; asimismo, el art. 55.I del CPCo, refiere expresamente que: ‘La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho’.

Entendimiento que también fue asumido por la SCP 0003/2019-S2 de 19 de febrero”.

III.2. Análisis del caso concreto

La accionante a través de su representante legal denuncia la vulneración su derecho a la propiedad; puesto que, el Alcalde hoy accionado mediante Resoluciones Administrativas de Adjudicación -240/14, 250/14, 232/14, 253/14 todos de 11 de noviembre de 2014; 202/14 y 199/14 ambos de 28 de octubre del citado año; y, 013/15 de 29 de enero de 2015-, procedió a adjudicar terrenos de su propiedad en favor de terceras personas, ante lo cual interpuso los recursos de revocatoria, los mismos que no fueron resueltos dentro del plazo legal, ante lo cual; y, en mérito al silencio administrativo negativo, planteó recursos jerárquicos, mismos que tampoco fueron resueltos, por cuya razón, pidió que se aplique el silencio administrativo positivo y que consiguientemente se anule las citadas Resoluciones Administrativas de Adjudicación impugnadas; sin embargo, fuera de todo plazo legal, el Alcalde ahora accionado, mediante Decretos Ediles -378/2021, 373/2021, 374/2021, 375/2021, 376/2021, 382/2021 y 377/2021- todas de 21 de octubre, rechazó sus recursos de revocatoria; y, como consecuencia de las ilegalidades, la Directora Jurídica hoy coaccionada, obrando sin competencia, mediante Informes Legales DIR JUR. -080/2022, 082/2022, 081/2022, 077/2022, 076/2022, 078/2022 y 079/2022- de 2 de marzo, resolvió los recursos jerárquicos, siendo que no tiene competencia para ese efecto. De la revisión de los antecedentes cursantes en obrados, se advierte que por memoriales presentados el 9 de septiembre de 2020, ante el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca del departamento de Santa Cruz, mediante el cual la accionante, interpuso recursos de revocatoria contra las Resoluciones Administrativas de Adjudicación: a) 240/14; b) 199/14; c) 202/14; d) 32/14; e) 253/14 y f) La Resolución Administrativa “N° 006/2020” (Conclusión II.1.).

Ante la falta de respuesta a sus recursos de revocatoria, la accionante, mediante memoriales presentados el 1 de junio de 2021, dirigido al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca del departamento de Santa Cruz, formuló recursos jerárquicos, alegando en todos ellos que los recursos de revocatoria que presentó no hubiesen sido resueltos dentro del plazo legal (Conclusión II.2.).

Sin embargo, posteriormente, el Alcalde ahora accionado emitió los siguientes Decretos Ediles 1) 378/2021, mediante el cual rechazó el recurso de revocatoria a la Resolución Administrativa de Adjudicación 199/14 y se rechazó el silencio administrativo por estar pendiente el plazo ampliado; 2) 373/2021 por el que rechazó el recurso de revocatoria a la Resolución Administrativa de Adjudicación 013/15 y se rechazó el silencio administrativo por estar pendiente el plazo ampliado; 3) 374/2021, mediante el cual rechazó el recurso de revocatoria a la Resolución Administrativa de Adjudicación 253/14 y se rechazó el silencio administrativo por estar pendiente el plazo ampliado; 4) 375/2021 por el que se rechazó el recurso de revocatoria a la Resolución Administrativa de Adjudicación 202/14 y se rechazó el silencio administrativo por estar pendiente el plazo ampliado; 5) 376/2021, mediante el cual se rechazó el recurso de revocatoria a la Resolución Administrativa de Adjudicación 232/14 y se rechazó el silencio Administrativo por estar pendiente el plazo ampliado; 6) 382/2021 por el que rechazó el recurso de revocatoria a la Resolución Administrativa de Adjudicación 250/14 y se rechazó el silencio administrativo por estar pendiente el plazo ampliado; 7) 377/2021, mediante el cual se rechazó el recurso de revocatoria a la Resolución Administrativa de Adjudicación 240/14 y se rechazó el silencio administrativo por estar pendiente el plazo ampliado. Con dichos Decretos Ediles se notificó a la accionante el 13 de enero de 2022 (Conclusión II.4.).

Previamente se debe precisar que, en el marco de la supletoriedad de las normas de la Ley del Procedimiento Administrativos respecto a los trámites administrativos municipales, se debe referir que el art. 66.IV de la LPA, establece que la autoridad competente para resolver los recursos jerárquicos será la Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad, o la establecida por la reglamentación especial para cada sistema de 1 SCP 0090/2021-S1 de 26 de mayo, estableció que: “De acuerdo al art. 2 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) -Ley 2341 de 23 de abril de 2002-, es posible aplicar la Ley de Procedimiento Administrativo en el ámbito municipal, pero de manera supletoria, es decir, en aquellos aspectos en los que la Ley especial encuentre algún vacío. En ese sentido, la norma actualmente vigente es la Ley de Ley de Gobiernos Autónomos Municipales (LGAM) -Ley 482 de 9 de enero de 2014-, que de acuerdo al art. 1, tiene por objeto regular la estructura y funcionamiento de los Gobiernos Autónomos Municipales de manera supletoria, señalando en el art. 2 que la ‘…Ley se aplica a las Entidades Territoriales Autónomas Municipales que no cuenten con su Carta Orgánica Municipal vigente, y/o en lo que no hubieran legislados en el ámbito de sus competencias’[1].

Conforme a ello, la Ley de Procedimiento Administrativo aún es aplicable en el ámbito municipal, en todos los aspectos no regulados por la Carta Orgánica y normativa municipal, si corresponde, o la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales (…).

En ese sentido, la SCP 0003/2018-S2 de 21 de febrero, luego del análisis de la Ley de Municipalidades abrogada -Ley 2028 de 28 de octubre de 1999-, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización Administrativa “Andrés Ibáñez” y la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales, efectúa el siguiente razonamiento en el Fundamento Jurídico III.4:

…en vigencia de la Ley de Municipalidades (abrogada), era posible aplicar la Ley de Procedimiento Administrativo en el ámbito municipal, pero de manera supletoria; es decir, en aquellos aspectos en los que la ley especial encuentre algún vacío; no obstante, dado que la Ley de Municipalidades había previsto los recursos de revocatoria y jerárquico y los plazos para su interposición en los arts. 140 y 141, estos eran de aplicación preferente en relación a la Ley de Procedimiento Administrativo, que también regulaba el recurso de revocatoria y jerárquico en sus arts. 64 al 67 dado que esta última venía a ser la norma de carácter general, en resumen dado que, tanto la Ley de Municipalidades como la Ley de Procedimiento Administrativo, disciplinaban la interposición del recurso de revocatoria como el jerárquico, al ser la primera de las nombradas la norma específica se aplicaba está en detrimento de la norma general que era la segunda.

Empero, en el contexto normativo que rige actualmente en Bolivia, al haber abrogado la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales, la Ley de Municipalidades; y toda vez que de la lectura del texto de la primera normativa legal, se tiene que la misma no prevé específicamente sobre los recursos administrativos recursivos, ni pormenores de su tramitación en el ámbito municipal, es decir que, no trata del recurso de revocatoria ni jerárquico, resulta permisible que se aplique los recursos de revocatoria y jerárquico, configurados en la Ley de Procedimiento Administrativo de manera supletoria, que tiene carácter general ante la falta de previsión de la norma especial.

En ese orden, aquellas resoluciones de carácter definitivo o actos administrativos que tengan carácter equivalente en el ámbito municipal, pueden ser impugnados a través de los mecanismos del recurso de revocatoria y jerárquico previstos en los art. 64 y 66 de la LPA, dado que su aplicación se reitera es supletoria, siendo por lógica consecuencia aplicable también los plazos administrativos señalados en dicha norma”.

organización administrativa. En el presente caso; toda vez que, las Resoluciones Administrativas de Adjudicación 240/14, 199/14, 202/14, 232/14, 253/14, 013/15, 250/14 y “N° 006/2020”, fueron emitidas por Wilfredo Añez Carrasco -2014- y Ramón Ayala Céspedes -2015-Alcaldes del Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca a su turno; los recursos de revocatoria fueron planteados y resueltos por el Alcalde hoy accionado, quien resulta ser la Máxima Autoridad Ejecutiva de la referida entidad Municipal ; es decir, que la nombrada autoridad municipal carece de superior jerárquico, en el marco de lo establecido por el art. 69 de la LPA; lo cual implica que no existía posibilidad de plantear recurso jerárquico.

Por otra parte, amerita precisar que conforme establece el art. 65 de la LPA, el plazo para resolver el recurso de revocatoria es de veinte días -hábiles-; empero, si al vencimiento de dicho plazo, no se dictó resolución, el recurso se tendrá por denegado pudiendo el interesado interponer el recurso jerárquico, este último en los casos que procede. Ahora bien, considerando que los recursos de revocatoria fueron presentados el 9 de septiembre de 2020 (Conclusión II.1.), al cabo del plazo de los veinte días hábiles siguientes, sin haberse dictado las resoluciones del recurso de revocatoria, en el marco de lo dispuesto por el art. 65 de la LPA, dichos recursos se tenían por denegados; puesto que, como se tiene dicho, en ese caso, no procedía el recurso jerárquico, ya que a partir de ese momento, la accionante tenía abierta la vía constitucional. Por consiguiente, la presente acción de amparo constitucional, presentada el 15 de septiembre de 2022; es decir, casi dos años después de agotada la vía administrativa, se encuentra fuera del plazo de caducidad de los seis meses, previsto por el art. 129.II de la CPE. Se debe aclarar, que la ulterior presentación errónea de los recursos jerárquicos, fue el 1 de junio de 2021, no tienen la virtud de interrumpir el plazo de caducidad, ya que conforme establece la SC 0079/2007-R de 23 de febrero, en casos en los cuales se reclaman los actos u omisiones vulneradores de derechos ante instancias no competentes o por medios no idóneos, éstos no pueden suspender ni interrumpir el plazo de seis meses de caducidad de la acción de amparo constitucional; puesto que, al no ser mecanismos legales, no pueden generar una consecuencia jurídica habilitante para impedir la prescripción del derecho a acceder a dicho recurso.

Inclusive considerando los Decretos Ediles 378/2021, 373/2021, 374/2021, 375/2021, 376/2021, 382/2021, y 377/2021, emitidos por el Alcalde ahora accionado, que resolvieron -extemporáneamente- los recursos de revocatoria, todos ellos notificados a la recurrente -accionante- el 13 de enero de 2022 (Conclusión II.4.), la presente acción tutelar fue presentada después de vencido el plazo de caducidad de los seis meses para interponer esta acción tutelar. Finalmente, en cuanto a la Directora Jurídica hoy coaccionada, respecto a que supuestamente habría resuelto los recursos jerárquicos mediante Informes Legales DIR JUR. -080/2022, 082/2022, 081/2022, 077/2022, 076/2022, 078/2022 y 079/2022-, no corresponde ingresar al análisis de fondo, ya que ese hecho carecer de absoluta relevancia constitucional. En efecto, la jurisprudencia constitucional en la SCP 0401/2021-S3 de 28 de julio, estableció que “…si la problemática formulada no se encuentra revestida de la trascendencia que permita dilucidar una exigencia de actuación jurisdiccional en sede constitucional, no será posible ingresar a efectuar análisis alguno sobre la misma al no tener el sentido jurídico y connotación fáctica que justifique la apertura de la labor constitucional tutelar y que eventualmente se plasme en un reproche de fondo” (las negrillas nos corresponden). En el presente caso como se tiene dicho, la vía administrativa se agota con la resolución del recurso de revocatoria; en razón que su resolución le corresponde al Alcalde, que resulta ser la Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca del departamento de Santa Cruz, no teniendo ningún sentido jurídico examinar si la Directora Jurídica ahora coaccionada, resolvió o no los recursos jerárquicos a través de sus Informes Legales; razón por la cual, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 119 de 20 de octubre de 2022, cursante de fs. 493 vta., a 495 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

Notas al pie

2 El art. 65 la Ley del Procedimiento Administrativo, señaló que: “(Plazo y Alcance de la Resolución).- El órgano autor de la resolución recurrida tendrá para sustanciar y resolver el recurso de revocatoria un plazo de veinte (20) días, salvo lo expresamente determinado de acuerdo a reglamentación especial establecida para cada sistema de organización administrativa aplicable a los órganos comprendidos en el Artículo 2° de la presente Ley. Si vencido el plazo no se dictare resolución, el recurso se tendrá por denegado pudiendo el interesado interponer el Recurso Jerárquico.”

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0776_2024-S3.pdf · páginas 1 a 16.

Huella digital del PDF (SHA-256): bcadfe15719f0ae773b55a71f95b1b70d2c093bde1268377371a63cd9f6b8681

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